El progresismo vasco. Fue desde el principio la diputación de Bizkaia, de composición moderada, la que llevó el liderato político del país durante la I Guerra Carlista; le siguen, más o menos cerca, las diputaciones alavesa y guipuzcoana y, en un principio, la navarra. Disiente totalmente de sus directrices el ayuntamiento progresista de San Sebastián, único organismo político vasco en aprobar el Estatuto Real: "La Ciudad de San Sebastián se congratula de entrar sin reserva en la familia: España debe ser una" (23 de abril de 1834). Esta situación empeora con el motín de la Granja (agosto 1836) y el recrudecimiento de la guerra. Las diputaciones vascas son disueltas y al constituirse las respectivas diputaciones provinciales, la de Gipuzkoa y la de Navarra basculan abiertamente al campo abolicionista. Por estas fechas, la casi totalidad del territorio vasco se halla controlado por los carlistas. Por ello, en las elecciones del 26 de febrero de 1836, en las que sólo pueden votar "todos los ciudadanos que viviesen bajo la inmediata protección de las fortificaciones ocupadas por las tropas de la reina D.ª Isabel II" (R. D. 21-VIII-1836), el resultado favorece al abolicionismo progresista que ha podido "preparar" a su guisa la confrontación electoral. Hombres como Joaquín M.ª Ferrer y José Manuel Collado (por Gipuzkoa), Francisco de Espoz y Mina (por Navarra) y Martín de las Heras (por Bizkaia) se constituyen en "portavoces válidos" del liberalismo vasco mientras el moderantismo vizcaíno, pierde su tiempo en estériles alegatos que caerán indefectiblemente en saco roto. Tal clima y tales relaciones de fuerzas son los que rodean a la exposición sobre el "arreglo" de los Fueros navarros hecha por Yanguas y Miranda que, aprobada por la diputación provincial navarra, servirá de base a la Ley de Fueros de 1841 . Tal es también el ambiente radicalizado con el que chocará la proclama de Paz y Fueros (Muñagorri estaba ligado al moderantismo), abocada desde sus inicios al fracaso. En vísperas, pues, de celebrarse el Convenio de Vergara, el progresismo vasco se arroga -mediante diputaciones no forales y elecciones efectuadas en sólo las capitales y minúsculas zonas de territorio liberado- la representatividad del país conduciéndolo a la supresión de los fueros. En Navarra, donde los progresistas se habían hecho también con la diputación provincial, ésta, arrogándose de una representatividad fruto de la guerra, firma la Ley de Fueros por la cual Navarra pierde sus facultades soberanas aunque sin mediar un acto militar (16 de agosto de 1841 ).