Kontzeptua

La Educación en Euskal Herria durante El Franquismo

Fue en la primera de estas etapas, aproximadamente hasta la entrada en vigor de la Ley sobre Educación Primaria de 1945, cuando los planteamientos educativos republicanos sufrieron mayor acoso, constituyéndose el bloque del profesorado, preferentemente el de Enseñanza Primaria, en el objetivo principal de los mandatarios franquistas. Así, al mes exacto de iniciada la guerra, el 19 de agosto de 1936, se emitía una Orden Ministerial en la que se invitaba a las autoridades locales a que comenzaran con la denominada "depuración de maestros y maestras", eufemístico término que dichas autoridades empleaban para aplicar las más duras sanciones y castigos a los integrantes del magisterio que no se habían adherido a la ideología del nuevo régimen o que sospechaban que simpatizaban con el anterior. La mayor o menor rigurosidad empleada a la hora de ejecutar estas sanciones iba a depender de la magnanimidad de los integrantes de las "Comisiones Depuradoras", sanciones que podían ir desde la suspensión de empleo y sueldo durante el tiempo que estos tribunales considerasen oportuno, hasta el destierro a otras provincias del Estado, el destierro al extranjero e, incluso, la ejecución de muchas de ellos.

Las consecuencias de esta labor de "limpieza magisterial" no se hicieron esperar y todo cuanto se había conseguido mejorar en el plano educativo durante el lustro republicano, fue inmediatamente hecho desaparecer, siendo quizás uno de los mayores errores del nuevo régimen en materia educativa el abandono del Estado de sus responsabilidades en la organización del sistema escolar. Este abandono por parte del Estado de su responsabilidad como garante del sistema educativo, derivó en lo que se denominó como sistema del "Nacional-catolicismo" que, como su propio nombre indica, estaba basado en dos pilares sobre los que durante años se iba a sustentar la educación española y, por ende, de Euskal Herria: Religión y Patria, Patria y Religión. La defensa y ejecución de este nuevo modelo educativo la llevaron a cabo entre dos instituciones con intereses muy distintos: la Iglesia y la Falange, estableciéndose una dura pugna entre ambas por el control de la educación, hasta el punto de que tuvo que ser el propio Franco quien mediara para resolver el conflicto. Su posición final fue a favor de la institución eclesiástica quien, a partir de entonces, controlará con una férrea disciplina toda la enseñanza primaria, dejando la Universidad en manos del partido político. Sin embargo, en una posición conciliadora por parte del dictador, a Falange le ofreció el control de determinadas asignaturas como la Educación Física, las Labores y Enseñanzas del Hogar que estudiaban las niñas y, por supuesto, una de las asignaturas claves del nuevo modelo educativo, la Formación del Espíritu Nacional. En definitiva, la educación quedaba en manos de la Iglesia y allá donde ésta no llegase lo debería de hacer el Estado, en lo que se conoció como la "subsidiariedad de la enseñanza", aspecto éste que queda claramente definido en la Ley sobre Educación Primaria de 1945 y que, entre otras cosas, venía a significar una vuelta atrás de varios siglos, esto es, una enseñanza dirigida a las clases pudientes y un abandono de los más necesitados.

Volviendo al profesorado y a las diferencias que se produjeron en unos u otros territorios vascos, debemos señalar que las consecuencias del proceso depurador fueron trágicas en todo el Estado, pero en el caso de Euskal Herria dichas consecuencias se agravaron en las provincias costeras por cuestiones lingüísticas. Comenzaremos por decir que a la finalización de la Guerra Civil, el índice de maestros y maestras descendió notablemente consecuencia del proceso depurador llevado a cabo por las autoridades del nuevo régimen, lo que se tradujo en una alarmante falta de docentes que pudieran desempeñar en las escuelas de Bizkaia y Gipuzkoa. Las soluciones que aportó el régimen franquista a esta situación fueron dos: una primera que consistió en enviar a estas provincias vascas centenares de maestros y maestras procedentes de otras provincias del Estado, mayoritariamente de las provincias limítrofes con Euskal Herria, Santander, Burgos, Zamora, Zaragoza,... pero también del propio país, concretamente de Navarra, y una segunda medida, inaceptable desde un punto de vista meramente pedagógico, como fue la de permitir el ejercicio de la profesión del magisterio a personas que no disfrutaban del título correspondiente que habilitaba para ello. Este segundo fenómeno se desarrolló principalmente en los centros privados de carácter religioso, cuyos "maestros y maestras" que podían ser curas, monjas o Hermanos, únicamente necesitaban el visto bueno de la superioridad jerárquica eclesiástica para poder ejercer, hecho éste que facilitó de forma rápida y sencilla la incorporación de este modelo de "profesorado".

En relación a la masiva llegada de profesorado foráneo, hay que destacar que la misma se encontró con uno de los problemas más graves de la educación en territorio vasco: el desconocimiento del idioma del profesorado de una gran parte del alumnado, principalmente el residente en las zonas euskaldunes, donde mientras el profesorado únicamente hablaba en castellano, el alumnado lo hacía en euskara, lo que convertía las aulas en un permanente foco de conflicto en el que los niños y las niñas eran claramente afectados por una situación no creada por ellos y que se traducía en castigos de todo tipo por incumplir la prohibición de hablar en euskara entre ellos.

Fue precisamente en esta etapa autárquica cuando las consecuencias económicas derivadas de la Guerra Civil afloraron en el régimen franquista, el cual fue ignorado y repudiado por un importante número de países desde el primer momento del levantamiento, pero principalmente a la finalización de la II Guerra Mundial, lo que provocó que Franco tuviera serias dificultades para mantener la economía del país, destrozada tras el conflicto bélico y sin ayuda exterior. Podemos decir que esta primera etapa de autarquía comienza a desaparecer coincidiendo con la llegada al Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Giménez, próximo a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), en 1951. Durante los cinco años en que Ruiz Giménez estuvo al mando del Ministerio, se intentó retomar la política de construcción de centros escolares, pero ello resultó imposible a pesar de que la etapa autárquica estaba llegando a su final. Mientras tanto, la situación del sistema educativo seguía careciendo de miles de aulas en las que acoger a miles de niños y niñas de corta edad que continuaban deambulando por las calles o eran empleados en trabajos no acordes con su edad.