Cuando en 1996 un grupo de mujeres manifestó su intención de incorporarse en igualdad al Alarde, la reacción mayoritaria fue violentamente contraria. Sobre los argumentos se impusieron las descalificaciones sexuales e identitarias: quienes defienden la igualdad son "de fuera" o "traicionan al Pueblo", mientras que quienes defienden la desigualdad son "el Pueblo" o "se han integrado". Las descalificaciones se acompañan de agresiones físicas, verbales, psicológicas, boicots, intentos de linchamiento, etc., y no se limitan al día del Alarde, sino que perduran, aún amortiguados, durante todo el año.
Ante la imposibilidad de un Alarde municipal discriminatorio, y aunque se reivindica "el de siempre", "Tradicional" y el "del Pueblo" -como en Irun-, la opción discriminatoria se organiza siguiendo el modelo donostiarra de las sociedades privadas, se autofinancia y realiza cuantas modificaciones al ritual considera necesarias para impedir el acceso igualitario a las mujeres. Pese a designarse cumplidores del voto, junto con el cabildo eclesiástico, obvian la actual no presencia del ayuntamiento (cabildo secular) en el rito.
