Debido a que la II. Guerra Carlista había estallado en 1872, la I. República, aparte de en la capitales vascas, pasó bastante desapercibida por Euskal Herria. Aun así, los gobiernos liberales de las cuatro provincias vascas tuvieron que reconocer la República, por prever que el no hacerlo les acarrearía más problemas.
La Diputación de Araba se reunió por primera vez el 17 de febrero de 1873 y después se dirigió a los alaveses pidiéndoles que se alejaran de las "pasiones políticas" e informando de que acataba las decisiones que se tomaran en Madrid, siempre y cuando en la capital del Estado se siguieran respetando los fueros, usos y costumbres, creencias, sentimientos y libertades que gozaban estas tierras. Para la Diputación de Bizkaia fueron excesivas las condiciones impuestas por los alaveses, y aunque en el fondo demostraron estar de acuerdo, apoyaron la opinión de los guipuzcoanos que defendieron que no era el momento más idóneo para discutir sobre esos temas.
La Diputación de Bizkaia se reunió al día siguiente de declararse la República. Acordaron respetar y reconocer la nueva forma de Gobierno, siempre y cuando aquella respetara las instituciones especiales que regían la provincia. Por otro lado, en Bilbao se concedió la libertad a los 43 presos federales apresados en la sublevación de noviembre de 1872.
La Diputación de Gipuzkoa declaró que seguiría luchando "sin cuartel" contra el carlismo, y que al igual que las demás Diputaciones, respetarían las decisiones tomadas por el Gobierno de la República, mientras en Madrid siguieran respetando los "derechos forales" de Gipuzkoa. Después, hacía un llamamiento en nombre de los fueros para calmar a la sociedad.
La actitud de la Diputación de Navarra se caracterizó por su esfuerzo en mantener vigente la ley de 1841. Dicha ley, según los navarros, debía continuar siendo la base de las relaciones entre la provincia y el Estado. A poco de declararse la República, al igual que las otras diputaciones vascas, la navarra se dirigió al pueblo para hacer saber que acataban el nuevo orden del Estado.
Aunque las Diputaciones no se reunieron en una asamblea oficial, cada una mandó sus comisionados para tratar el tema con el Gobierno y desde Madrid se garantizó que no habría cambios en la situación de las provincias hasta elegir las nuevas Cortes Constituyentes.
Las elecciones generales se celebraron en mayo de 1873, y Euskal Herria se caracterizó por la gran abstención del electorado. Los carlistas habían abandonado las Cortes en 1872 y no volvieron e ellas hasta 1879. La mayoría de los elegidos resultó ser federal: Pedro Martínez de la Hidalguía por Álava, Galo Aristizabal Ibarzabal por Gipuzkoa, Agustín Sarda, Francisco Huder y Santiago Jiménez por Nafarroa, y Cosme Echevarrieta, Bernabé Larrinaga, Nemesio de la Torre Mendieta por Bizkaia. Además de estos, también obtuvieron su asiento, el alavés radical Ramón Xerica, los guipuzcoanos Justo María Zabala Radical y Cayo Vea Murgui conservador, y los navarros radicales Ezcarti y Serafín Olave.
En 1 de enero de 1873 se reunieron las Cortes Constituyentes y comenzó el debate para dar una estructura federal al Estado. El 17 de julio se presentó el proyecto de la constitución federal que nunca llegó a aplicarse. Las provincias vascas, dentro de estos nuevos planteamientos, intentaron dejar claras sus posturas.
Las Junta Particular de Araba se declaró en contra del proyecto de la constitución, porque creía que era lesivo para la situación especial del que gozaban las provincias vascas, y con la reagrupación de estas provincias en el Cantón Regional Vascongado, perderían la autonomía y los derechos conservados hasta entonces: libertad de culto, separación entre iglesia y Estado, servicio militar, obligaciones fiscales...
En cambio, la Diputación de Bizkaia, tras reunirse el 3 de julio, decidió esperar y no publicar ningún veredicto hasta conocer bien las bases de la futura constitución.
En Gipuzkoa, las Juntas Generales de Tolosa se reunieron en verano de 1873 y redactaron un comunicado en donde se requerían garantías para la continuidad de los fueros. Además, declararon la necesidad de que cada provincia constituyera un Estado federal con constitución propia, para la cual podrían servir los fueros, defendiendo los derechos históricos y las instituciones que los protegían.
En junio de 1873, los navarros decidieron que Nafarroa debía de ser un Estado federal aparte, fuera del Cantón Regional Vascongado. Castelar había sugerido en la constitución que Nafarroa sería parte de la nueva federación, pero los navarros consiguieron que en el proyecto de la constitución Nafarroa apareciera como un Estado federal más, el número 17. Sin embargo, la II. Guerra Carlista y las desavenencias con el Estado supusieron una gran losa para la Diputación y un día antes de que Pavía diera el golpe de estado, los diputados navarros presentaron su dimisión.
La dureza que iba tomando el enfrentamiento en todo Euskal Herria, imposibilitó por parte de las instituciones cualquier intento serio de gobernar las provincias. En enero, Pavia dió el Golpe de Estado y se puso en marcha una república unitaria dominada por los monárquicos, que el 29 de diciembre de 1874 derivó en el Golpe de Estado de Martínez Campos, definitivo para la desmantelamiento de la República. En Euskal Herria sin embargo, la Guerra Carlista continúo hasta febrero de 1876.