La deportación como solución final. A comienzos del siglo XIX vemos aparecer, junto con una mayor intervención del Estado, la idea de deportación a cargo del mismo. En 1802 la prefectura de los Bajos Pirineos planea una operación conjunta franco-navarra. La noche del 6 de diciembre el virrey establece un cordón en la frontera de las dos Navarras. Una redada en las subprefecturas de Mauleón y Bayona finalizará con 500 presos de ambos sexos en las cárceles de San Juan de Pie de Puerto y de Bayona destinados a ser desembarcados en alguna playa de Ultramar. Pero la necesidad de reclutas para la guerra contra Inglaterra impidió la deportación: todos los varones fueron enviados a servir al Emperador con las armas en la mano, y las mujeres, tras permanecer más de un par de años en la Rochela, fueron puestas en libertad volviendo al cabo del tiempo. En 1806 se repite la operación llevandóseles a Rochefort con la intención aunque infructuosa de enviarlos a la Luisiana. Acabarán regresando, poco a poco, a San Juan de Luz, Ciburu y otras poblaciones vascas costeras. El vizconde de Belzunce se quejará, casi cuarenta años después (Mémorial des Pyrénées del 18 de enero) de que el Gobierno haya reclutado gitanos para reforzar la policía fronteriza en vez de deportarlos, en masa, a Argelia. En 1848 es el Consejo del distrito de Mauleón el que pide al Consejo General que los gitanos que no poseyeran bienes muebles fueran llevados a Cayena. Todas estas peticiones son desestimadas ya que se reconoce, como lo hacen las autoridades laburdinas en un informe de 1852, "qu'il-y-a dans l'idée de frapper de proscription une population presque tout entière, quelque chose qui répugne á nos moeurs et á l'état actuel de notre législation", aunque se pida al Consejo General que se libre al país de una "horde de cinq á six cents malfaiteurs, étrangère aux deux arrondissements (de Mauleón y Bayona)."