El fracaso final de la dictadura primorriverista, pese a sus indudables logros en cuanto al desarrollo económico, cuya política proteccionista favoreció al País Vasco en general y a Bizkaia en particular -desarrollo de las industrias siderúrgica y naviera, construcción de carreteras, impulso del ferrocarril, embalses como el de Gorbea (Álava), etc.- es puramente político. En efecto, concluida la guerra en Marruecos, Primo de Rivera pretendía con el establecimiento del Directorio civil, comenzar la fase constituyente con el fin de instituir un nuevo tipo de legalidad.
Esta transformación se llevaría a cabo siguiendo tres procedimientos a través de un plebiscito -convenientemente promovido y preparado por la Unión Patriótica en septiembre de 1926- que Primo consideraría como un respaldo nacional a su política. La posterior convocatoria de una Asamblea Nacional sería el marco "parlamentario" necesario para confeccionar un proyecto de Constitución que culminara el proceso. El hecho de que la Asamblea fuera de carácter consultivo y que sus componentes fueran mayoritariamente adictos al Gobierno, unido a un proyecto constitucional donde se establecían un notable aumento de las facultades del poder ejecutivo y un recorte en los derechos de los ciudadanos, hicieron prácticamente inviable esta fase constituyente. Estos factores, junto a los movimientos conspiratorios, el descontento de parte del Ejército, la reorganización de la oposición, etc., contribuirían decisivamente al distanciamiento de la opinión pública respecto del régimen, y a la retirada del apoyo de las derechas que auspiciaron a Primo de Rivera.
El aislamiento del dictador le obligó a presentar su dimisión en enero de 1930. El general Berenguer, su sucesor, formó un gobierno de mayoría conservadora con la única finalidad de retomar a la normalidad constitucional. En febrero de 1930 decretó la disolución de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos. A las mismas accedieron quienes antes del 13 de septiembre de 1923 hubieran sido elegidos. Esta medida tropezó con serias dificultades porque el 24 de febrero se llegó a un acuerdo firmado por las dos ramas del nacionalismo vasco con los jaimistas y republicanos de Vizcaya, al que se sumaron los socialistas bilbaínos, de no ocupar cargos públicos en las Diputaciones y Ayuntamientos más que por medio del ejercicio de la soberanía popular. Los nacionalistas vascos respetaron el acuerdo en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pero no en Navarra por cuanto Irujo fue diputado foral y Cunchillos concejal en Pamplona. Ambos manifestarían, en la toma de posesión, la necesidad de celebrar elecciones lo antes posible. En tales circunstancias, la mayoría de los nuevos cargos fueron ocupados por políticos dinásticos. Sin embargo, el devenir político de Euskal Herria, quedó enmarcado en el desarrollo de dos acontecimientos importantes: la unión de la familia nacionalista y la creciente disyuntiva entre Monarquía o República.
Si desde el punto de vista político el nacionalismo vasco fue reprimido durante la Dictadura, desde el plano estrictamente cultural, que engloba un sentimiento de conciencia de la nacionalidad, salía reforzado como consecuencia de la labor de renovación cultural euskaldún gracias a entidades como la Sociedad de Estudios Vascos, la Academia de la Lengua Vasca, junto a individualidades que, como Barandiarán, Aranzadi, etc., fomentaron la difusión y conocimiento de la cultura vasca. Recoger estos frutos políticamente significaba la necesidad de reorganizarse buscando la unidad de la familia nacionalista. A este fin primordial contribuyeron todos los trabajos, todas las encuestas celebradas durante 1930. Las dos ramas del nacionalismo se reunieron en la Asamblea de Bergara en noviembre de 1930 donde quedó constituido el PNV unificado.
Desde la caída de Primo de Rivera, esta disyuntiva de Monarquía o República se convirtió en el auténtico leit motiv de la política española. A ello contribuyeron factores tales como la defección de la causa monárquica de destacados políticos como Alcalá Zamora, Miguel Maura y Sánchez Guerra, la desorganización de los partidos monárquicos, las alianzas de los partidos republicanos propugnando -con el socialista Prieto a la cabeza- la constitución de bloques antidinásticos regionales a los que se sumarán los nacionalistas.
El Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 significó la plasmación del deseo de instaurar la República con la promesa de fomentar el Estatuto de autonomía para Cataluña e implícitamente para aquellas regiones que lo demandasen. Los nacionalistas vascos no acudieron a la reunión en el Casino donostiarra y esta circunstancia les acarreó dos claros inconvenientes: la escisión de un grupo de nacionalistas que constituyó, tras el Manifiesto de San Andrés de 1930, el partido Acción Nacionalista Vasca, que propugnaba los principios de no confesionalidad, de democracia republicana y la disposición a entablar relaciones con partidos izquierdistas, republicanos, etc., siempre que reconocieran la personalidad propia del País Vasco, y, por último, la animosidad con que el PNV fue acogido una vez proclamada la República.
El aislamiento del Gobierno de Berenguer quedó patente al convocar elecciones generales en febrero de 1931, cuando la mayoría de las fuerzas políticas acordó abstenerse y la dos figuras del liberalismo monárquico, Romanones y García Prieto, dejaron claro que se presentarían en las Cortes para pedir constituyentes. Berenguer dimitió y su sucesor el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril, cuyas consecuencias son conocidas. Proclamada la República -Eibar fue la primera localidad donde se izó la bandera tricolor-, comenzaba una etapa de esperanza para unos y de recelo para otros.