Abolición. Fue en 1820 cuando se ordenó la implantación de la Aduana en los puertos del litoral y en la frontera con Francia. Pero en 1823 se decidió de nuevo que retrocedieran a su anterior instalación en la línea del Ebro. Y con todo ello se originó un grave problema provincial: La pugna abierta entre la Ciudad de San Sebastián y la provincia, provocándose el divorcio de la capital con las Juntas Generales. El tema de dicha disputa es interesantísimo y en este momento solamente lo hemos de esbozar. Las razones planteadas en su día, parece que eran las siguientes: San Sebastián, a quien se unieron Pasajes y Berastegi, pretendían la protección aduanera en defensa de los intereses del Puerto de San Sebastián, que al parecer, padecía las consecuencias de las directrices estatales encaminadas a que las mercancías de ultramar fuesen a otros puertos a fin de poder aplicar el Estado de aranceles correspondientes. Esto afectaba a las empresas comerciales entonces organizadas en nuestra capital, sobre todo en sus relaciones con América. Por otra parte, la incipiente industria de la zona y algunas ferrerías -de ahí el voto de Berastegi- esperaban y contaban con la protección arancelaria para desarrollar sus negocios. En definitiva, un problema de intereses. La provincia se mantenía totalmente unida en su oposición a las pretensiones donostiarras, manteniendo a ultranza la defensa del Fuero.
La pugna fue extraordinaria y prueba de ello son los términos en que se pronunciaba la comisión designada por la Junta de Azpeitia, para informar sobre la actitud del Ayuntamiento de San Sebastián. Dice así en uno de sus párrafos:
"...corporaciones compuestas en gran parte de advenedizos en el país, mayormente si atendemos a que siendo constante que en esta provincia han adquirido sus capitales a beneficio del régimen foral, faltan altamente a la gratitud, ofendiendo con falsedades a las exenciones de este país...".
Resultado de todo este pugilato fue la Real Orden por la que se estableció el pago de derechos en el propio Puerto de San Sebastián, para los llamados "coloniales". Pero como la Junta estimaba todo ello un auténtico contrafuero, mantuvo su lucha consiguiendo dejar en suspenso lo anteriormente acordado. En definitiva se libraba una verdadera batalla en Madrid entre los comisionados de las dos tendencias, sin más paréntesis que el provocado por la guerra civil. Pero la situación litigiosa se mantuvo con lenguaje fuerte:
"... los fueros han sido siempre el arma de espantajo que se ha opuesto a las reformas útiles e indispensables...".
Se mantenía que con el traslado de las Aduanas del Ebro al Bidasoa:
"...prosperaría la industria, las fábricas que se han arruinado con la competencia extranjera se restablecerán en breve y darán ocupación a un gran número de brazos. Se crearán nuevas manufacturas, se utilizarán los descubrimientos recientes de la industria, se derramarán los productos guipuzcoanos por todas las provincias...".
Por contra, la Diputación que en reiteradas ocasiones había hecho saber su postura, se dirigió al Gobierno denunciando la rebeldía del Ayuntamiento de San Sebastián. Y el municipio de San Sebastián en la posición adoptada en el litigio lleva a pensar y se plantea la posible anexión a Navarra puesto que ésta aceptaba el traslado de las Aduanas al Pirineo. Las cosas, como se ve, iban degenerando y con todo ello se fue colaborando en forma directa a la desaparición de los Fueros. El clima creado y las distintas incidencias qué surgieron en la época, dan lugar a que se publique el Decreto de 20 de octubre de 1841 por el cual los Ayuntamientos y las Diputaciones así como la organización judicial se regirían por las mismas normas que para el resto de España; las leyes se ejecutarían en las Vascongadas sin restricción y las Aduanas se colocarían en las fronteras y costas. Los intereses creados estaban dando la puntilla al régimen foral. Todos pretendían tener razón y es evidente que algunos no la tenían o por lo menos no tanta como pretendían. Los que representaban los intereses donostiarras sostenían que la protección era fundamental para crear y desarrollar sus negocios e industrias. Los representantes provinciales tenían una opinión contraria. Hoy mismo se sigue recordando aquellas épocas sin que coincidan los criterios; muchos mantienen que la floreciente industria guipuzcoana se debe fundamentalmente a la protección arancelaria y por tanto la ubicación de las Aduanas es el punto de partida a cuya sombra se organiza la actual y espléndida empresa guipuzcoana. Lo cierto es que dos grandes grupos se enfrentaron bajo los títulos de moderados y progresistas y en este último epígrafe se incluyeron los representantes de los intereses de San Sebastián. Hoy no sabríamos cómo calificarlos ni qué juicio emitir sin pensarlo muy detenidamente y estudiar las verdaderas causas que originaron el conflicto y matizar debidamente el juego de intereses que se desarrolló. Y para que se vea que el planteamiento tiene su base, vamos a transcribir el siguiente párrafo:
"Cada País, dicen éstos, debe dedicarse con preferencia a aquella industria rural o fabril en que a libre concurrencia pueda competir con ventaja con los productos de otras Naciones adquiriendo lo que le hace falta de los de otra especie, que no podría conseguir en el mismo territorio con igual economía de gastos. Toda competencia obtenida a expensas de trabas puestas al libre comercio es dañosa en consecuencia y tal vez llegará un tiempo en que las potencias, que van modificando mucho el ramo de las Aduanas, las supriman todas por común acuerdo y utilidad".
Leído esto se pudiera sospechar que dicho párrafo pertenece al preámbulo de las normas reguladoras del actual Mercado Común Europeo. Sin embargo forma parte de la carta remitida por la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa. a S. M. la Reina Gobernadora, con fecha 20 de octubre de 1837. Es decir, que esto lo señalaron, en definitiva, los que parecían retrógados, ya que los progresistas sostenían la tesis contraria. Ref. Carlos Blasco de Imaz "Los Fueros", 40.
La pugna fue extraordinaria y prueba de ello son los términos en que se pronunciaba la comisión designada por la Junta de Azpeitia, para informar sobre la actitud del Ayuntamiento de San Sebastián. Dice así en uno de sus párrafos:
"...corporaciones compuestas en gran parte de advenedizos en el país, mayormente si atendemos a que siendo constante que en esta provincia han adquirido sus capitales a beneficio del régimen foral, faltan altamente a la gratitud, ofendiendo con falsedades a las exenciones de este país...".
Resultado de todo este pugilato fue la Real Orden por la que se estableció el pago de derechos en el propio Puerto de San Sebastián, para los llamados "coloniales". Pero como la Junta estimaba todo ello un auténtico contrafuero, mantuvo su lucha consiguiendo dejar en suspenso lo anteriormente acordado. En definitiva se libraba una verdadera batalla en Madrid entre los comisionados de las dos tendencias, sin más paréntesis que el provocado por la guerra civil. Pero la situación litigiosa se mantuvo con lenguaje fuerte:
"... los fueros han sido siempre el arma de espantajo que se ha opuesto a las reformas útiles e indispensables...".
Se mantenía que con el traslado de las Aduanas del Ebro al Bidasoa:
"...prosperaría la industria, las fábricas que se han arruinado con la competencia extranjera se restablecerán en breve y darán ocupación a un gran número de brazos. Se crearán nuevas manufacturas, se utilizarán los descubrimientos recientes de la industria, se derramarán los productos guipuzcoanos por todas las provincias...".
Por contra, la Diputación que en reiteradas ocasiones había hecho saber su postura, se dirigió al Gobierno denunciando la rebeldía del Ayuntamiento de San Sebastián. Y el municipio de San Sebastián en la posición adoptada en el litigio lleva a pensar y se plantea la posible anexión a Navarra puesto que ésta aceptaba el traslado de las Aduanas al Pirineo. Las cosas, como se ve, iban degenerando y con todo ello se fue colaborando en forma directa a la desaparición de los Fueros. El clima creado y las distintas incidencias qué surgieron en la época, dan lugar a que se publique el Decreto de 20 de octubre de 1841 por el cual los Ayuntamientos y las Diputaciones así como la organización judicial se regirían por las mismas normas que para el resto de España; las leyes se ejecutarían en las Vascongadas sin restricción y las Aduanas se colocarían en las fronteras y costas. Los intereses creados estaban dando la puntilla al régimen foral. Todos pretendían tener razón y es evidente que algunos no la tenían o por lo menos no tanta como pretendían. Los que representaban los intereses donostiarras sostenían que la protección era fundamental para crear y desarrollar sus negocios e industrias. Los representantes provinciales tenían una opinión contraria. Hoy mismo se sigue recordando aquellas épocas sin que coincidan los criterios; muchos mantienen que la floreciente industria guipuzcoana se debe fundamentalmente a la protección arancelaria y por tanto la ubicación de las Aduanas es el punto de partida a cuya sombra se organiza la actual y espléndida empresa guipuzcoana. Lo cierto es que dos grandes grupos se enfrentaron bajo los títulos de moderados y progresistas y en este último epígrafe se incluyeron los representantes de los intereses de San Sebastián. Hoy no sabríamos cómo calificarlos ni qué juicio emitir sin pensarlo muy detenidamente y estudiar las verdaderas causas que originaron el conflicto y matizar debidamente el juego de intereses que se desarrolló. Y para que se vea que el planteamiento tiene su base, vamos a transcribir el siguiente párrafo:
"Cada País, dicen éstos, debe dedicarse con preferencia a aquella industria rural o fabril en que a libre concurrencia pueda competir con ventaja con los productos de otras Naciones adquiriendo lo que le hace falta de los de otra especie, que no podría conseguir en el mismo territorio con igual economía de gastos. Toda competencia obtenida a expensas de trabas puestas al libre comercio es dañosa en consecuencia y tal vez llegará un tiempo en que las potencias, que van modificando mucho el ramo de las Aduanas, las supriman todas por común acuerdo y utilidad".
Leído esto se pudiera sospechar que dicho párrafo pertenece al preámbulo de las normas reguladoras del actual Mercado Común Europeo. Sin embargo forma parte de la carta remitida por la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa. a S. M. la Reina Gobernadora, con fecha 20 de octubre de 1837. Es decir, que esto lo señalaron, en definitiva, los que parecían retrógados, ya que los progresistas sostenían la tesis contraria. Ref. Carlos Blasco de Imaz "Los Fueros", 40.