En los últimos años se ha asistido al nacimiento de un gran número de áreas de baja densidad en muchos municipios. Esto ha sido debido fundamentalmente a las ansias de recaudación de impuestos y tasas por parte de los municipios y al boom inmobiliario que convertía en buen negocio todo lo que tocaba con su varita. Esto se traducía en buenas ofertas al ciudadano, que tenía a su alcance la posibilidad de vivir en una zona de mucha mayor calidad de vida (al menos a priori) sin un gasto excesivo. El tiempo ha demostrado que para la sociedad en su conjunto esta forma de vida es mucho más cara, ya que dotar de servicios a estas zonas es mucho más caro y esta diferencia en las inversiones y sobre todo en la gestión y el mantenimiento (unas 5-10 veces más caro) deberían asumirla los habitantes de dichas zonas. Dichos servicios se concretan en redes de agua, saneamiento, electricidad, gas, comunicaciones y de su mantenimiento, de las redes de carreteras, del transporte público, de los centros educativos, de los centros de salud, del traslado de enfermos y personas mayores, de la seguridad, etc. Hasta el momento lo que pagan los habitantes de estas zonas por estos servicios suele ser lo mismo que pagan los habitantes de zonas urbanas más densas. El resto, obviamente, lo paga la sociedad en su conjunto.