El principal objetivo del plan era eliminar algunos obstáculos de cara a poder insertar la economía española en la dinámica de crecimiento que se estaba dando en Europa. En esa dirección, fueron fundamentales la devaluación de la peseta, la liberalización del comercio exterior y la atracción de capitales extranjeros. Esto último, junto con las remesas enviadas por los inmigrantes y las traídas por los turistas, posibilitó equilibrar el déficit de la balanza comercial española. Esta liberalización, de todos modos, fue compatible con la planificación estatal, reflejada en los Planes de Desarrollo de 1964 y 1969. En Euskal Herria, la iniciativa del estado central fue complementada por las Diputaciones, fundamentalmente en Navarra, donde se impulsó la actividad industrial. Como se puede ver, la intervención pública también estuvo presente en la nueva reorientación económica, en la que tuvo un fuerte protagonismo el nuevo grupo de políticos vinculado al Opus Dei, los llamados tecnócratas.
Así pues, a partir de 1955, y sobre todo de 1960, se produjo un cambio estructural en las economías vasca y española. A la par del rápido crecimiento de la producción y del desarrollo industrial, se intensificó el proceso de urbanización, con nuevos barrios para los inmigrantes llegados de áreas rurales. Nuevas fábricas se situaron en la ría de Bilbao, diversos valles guipuzcoanos y las cuencas de Vitoria y Pamplona, y esa expansión del mercado laboral también favoreció el crecimiento del empleo femenino. Al mismo tiempo, se intensificaron también los movimientos migratorios, tanto dentro de Euskal Herria como desde otras zonas del estado español, en un momento de despoblación de diversas áreas rurales, en nuestro caso sobre todo en la montaña navarra. Esas migraciones, de todos modos, se dieron en todo el estado, también hacia otros países europeos (Alemania, Francia, Suiza...) a los que se dirigieron unos dos millones de emigrantes españoles entre 1950 y 1975.
El crecimiento demográfico es otra de las transformaciones de la época, en el caso vasco principalmente debido a la inmigración. Entre 1950 y 1970, por ejemplo, las cuatro provincias pasaron de tener 1.444.172 habitantes a 2.343.503, un crecimiento que también se debe explicar en función de la caída de la tasa de mortalidad, ya iniciada a principios del siglo XX, y el aumento de la natalidad, en el contexto del llamado baby boom.
Al igual que en el resto de Europa, la dinámica desarrollista llegó a sus límites en los años finales de la dictadura. Los conflictos laborales, las limitaciones del modelo fordista y la dependencia de la energía barata, visibilizada con el aumento de los precios del petróleo en 1973, tambalearon las bases del modelo de crecimiento de las últimas décadas. En España, además, la crisis económica coincidió con la crisis política de la dictadura.
Durante estos años del desarrollismo también se intensificaron los conflictos sociales, gracias a la reorganización del movimiento obrero resurgido en la década de los cincuenta, y también a nuevos grupos políticos y culturales.
Para empezar, hay que tener en cuenta la nueva estrategia que impulsa la oposición en el mundo del trabajo, con el fin de aprovechar las escasas posibilidades que brindaba el sindicalismo vertical. Así, surgió una especie de doble estructura, ya que muchos delegados que obtenían representación en el sindicato vertical participaban a la vez en las asambleas que iban surgiendo en las fábricas, siendo estas asambleas el gérmen de las Comisiones Obreras, en las que generalmente tenían más influencia los militantes del PCE, excepto en Navarra, donde el grupo izquierdista ORT tuvo un peso especial. En estas comisiones fue haciéndose visible la conciencia de clase de los perdedores de la guerra, largamente silenciada, algo que se refleja perfectamente en la novela Riomundo, de Jon Maia. Al fin y al cabo, la transmisión de la cultura política de muchas zonas rurales salió a superficie en los nuevos barrios obreros de Madrid, Cataluña o Euskal Herria. Además, se desarrolló una nueva cultura del trabajo impulsada también por el catolicismo de base, con grupos como HOAC. En Navarra, en concreto, buena parte de los trabajadores que participaron en movilizaciones sindicales y huelgas provenía de grupos vinculados con la iglesia, e incluso de un entorno cultural carlista.
Además, la ley de 1958 sobre convenios de empresa abrió una posibilidad, a través de los Jurados de Empresa, para conseguir mejoras descentralizadas, siendo este el momento del inicio de una nueva dinámica huelguística. Entre ellas tuvo especial repercusión la de 1962, y tras ella otras muchas, como la huelga de Bandas en Etxabarri, en 1966 y 1967, que se prolongó durante 163 días y terminó con la declaración del estado de excepción, o la de Motor Ibérica, en Navarra, en 1973. En todas ellas se visibilizaron las características de esta nueva situación: dinámicas unitarias, asamblearismo y un amplio apoyo social. Además, las pequeñas huelgas tenían un efecto multiplicador, ya que en caso de haber represalias se iniciaban otras nuevas por solidaridad en fábricas cercanas.
Las protestas de estos momentos superaron con mucho el ámbito laboral para dirigirse al corazón del régimen, con nuevas dinámicas políticas y culturales que tenían un protagonismo creciente, algo que se vivió de manera muy intensa en Euskal Herria. Por un lado, en 1959 nació un nuevo grupo, Euskadi Ta Askatasuna, ETA, cuya actividad no se limita a las acciones armadas, sino que dio también un fuerte impulso al nacionalismo vasco de izquierdas, dando continuidad al camino abierto en los años de la II República por Acción Nacionalista Vasca. A nivel cultural también surgieron iniciativas ricas e innovadoras en todo el estado, en Euskal Herria ligadas muchas veces a la reivindicación de la normalización del euskara. Entre ellas, sin duda, debe subrayarse la actividad de los cantautores, que combinaba la acción política y cultural, facilitando su presencia pública.
En ese contexto, los últimos cinco años de la dictadura fueron especialmente conflictivos, de modo que el régimen volvió a desplegar sus herramientas represivas: detenciones, torturas y asesinatos. El estado de excepción se aplicó en varias ocasiones, y si bien las sentencias a muerte del proceso de Burgos, en 1970, no llegaron a aplicarse, en 1974 fue ejecutado el militante libertario Puig Antich, y al año siguiente, semanas antes de la muerte de Franco, fueron fusilados 3 miembros del FRAP y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975.
Con el dictador a punto de morir, era evidente que el deseo de cambio era compartido por grandes sectores de la sociedad española, pero el franquismo también mantenía sus apoyos, además del control de los aparatos del estado. Por eso, a pesar de que la dictadura terminó el 20 de noviembre de 1975, los años siguientes fueron especialmente conflictivos, ya que estaba en cuestión la continuidad de la estructura política del régimen.