La legalización de las ikastolas. El proceso de legalización de las ikastolas es una clara muestra de la actitud que históricamente han mostrado los Gobiernos centrales de Madrid en materia de enseñanza en vascuence. Las ikastolas se desarrollaron en plena época franquista, en un clima de represión por una parte y de una cierta tolerancia por otra. En 1965, tras larga espera y mucha insistencia, fue legalizada la ikastola "Resurrección M.ª de Azkue", ubicada en Bilbao. La documentación que se había presentado estaba avalada por Euskaltzaindia, pero su legalización era una excepción que sólo se entendía conociendo los modos de funcionamiento de la burocracia franquista. En 1966 y 1967 Euskaltzaindia, sin duda animada por la legalización de la ikastola bilbaína, mostró ante el Ministro de Educación y Ciencia su preocupación por el porvenir de la lengua y le instó para que fuese introducida en las escuelas. A las buenas palabras del Ministro le siguió en 1968 una circular del Gobernador Civil de Guipúzcoa fechada el 19 de julio, en la que sin mencionar la palabra ikastola ni el vascuence, advierte sobre la existencia de "numerosos niños inscritos en centros no autorizados" y de "varios miles de niños que asisten a centros que escapan de todo control". Pero el Gobernador Civil va más lejos y para evitar que la situación se agrave toma una serie de disposiciones: 1. Prohibición de apertura de nuevos centros sin autorización y exigencia a los alcaldes del cumplimiento de esta disposición. 2. Los responsables de los centros no autorizados deberán presentar su petición de legalización en el plazo más breve. 3. A título de información el Gobernador Civil hace saber que la legalización de los centros está regulada por la O. M. de 15 de noviembre de 1945. Ante esta angustiosa situación las ikastolas tratan de buscar una salida. Permanecer en la ilegalidad, en el supuesto de que ello fuera posible, suponía para los alumnos carecer del Libro de Escolaridad, único documento válido para poder cursar los estudios medios y esto, naturalmente, inquietaba a los padres. Ante este estado de cosas la Asamblea de Padres se dirigió a la Iglesia Diocesana, puesto que ella poseía capacidad jurídica suficiente para legalizar sus propios centros de enseñanza. La iglesia local prestó entonces su apoyo y la mayoría de las ikastolas de Guipúzcoa fueron legalizadas bajo la responsabilidad de las parroquias y de algunas órdenes religiosas, como escuelas primarias diocesanas. Otras ikastolas fueron legalizadas como centros privados, siguiendo el articulo 27 de la Ley de Instrucción Primaria, y el resto a través de fórmulas tales como sociedad anónima y sociedad cooperativa. En 1969 otra circular del Gobierno Civil ordenaba la clausura de los preescolares. En esta ocasión la vía de legalización fue el reconocimiento de estos centros como Centros de Catequesis de la Iglesia. Este mismo año de 1969 la Asamblea de Padres y la Diócesis tomaron el acuerdo de fundar la Federación Diocesana de Ikastolas. Este acuerdo duró hasta el año 1978 en que, ante las nuevas perspectivas políticas, la Federación de Guipúzcoa decidió abandonar la tutela eclesiástica y transformarse en institución civil.