La Constitución de 1978 define España1 como un Estado social y democrático de derecho y opta por un régimen político con forma de monarquía parlamentaria descentralizada. Esta forma jurídica actual es resultado del proceso de formación histórica del Estado y de la nación española. A diferencia de los Estados de su entorno, el español ha sufrido un proceso de formación especialmente convulso, en el que los enfrentamientos entre las fuerzas modernizadoras y los contra-movimientos arcaizantes han sido constantes.
El carácter cíclico de esa evolución no puede ocultar el desequilibrio existente entre los periodos progresistas y reaccionarios. Durante los primeros, se avanzaba en el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, así como en el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado, sobre todo desde el final del periodo Isabelino, de la mano del progresismo de corte federal. Las fórmulas de gobierno en los breves periodos modernizadores han oscilado entre la monarquía constitucional y la república. En los periodos reaccionarios, sin embargo, los regímenes han sido de monarquía autoritaria o limitada, cuando no puramente dictatoriales. Con la curiosa excepción de la Constitución de Cádiz (1812) que, aun siendo la primera carta magna liberal, consagraba la confesionalidad del Estado, en los periodos progresistas la separación iglesia-Estado ha sido una constante, a diferencia de lo ocurrido en los periodos conservadores.
La convulsa historia española de los dos últimos siglos que esta imagen trata de reflejar, es algo distinta a la de los Estados europeos vecinos. La particularidad de España respecto a los países de su entorno se fundamenta en una serie de características diferenciales, entre las que destacan:
- La debilidad relativa de la revolución burguesa en España y, por tanto, del liberalismo decimonónico, y la correlativa existencia de fuertes movimientos antiliberales, cuya competencia mutua no se resuelve en el ámbito de una opinión pública consolidada, sino en el de la pugna fratricida. El resultado previsible es el intervencionismo militar y los constantes enfrentamientos civiles que sacudieron España en los dos últimos siglos.
- La debilidad del proyecto nacional español, fuertemente contestado por pueblos, como el catalán, el vasco o el gallego que desde antiguo defendían una personalidad política diferenciada, y que finalmente desarrollaron proyectos nacionales alternativos, precisamente en los territorios social y económicamente más pujantes del Estado.
- La pérdida de las colonias, precisamente cuando las potencias europeas comenzaban la constitución de sus imperios globales, y, por tanto, el aislamiento español respecto de los procesos democratizadoras que esas naciones vivieron al compás de su expansión territorial.
- El estallido tardío de una guerra civil en al que confluyen debates del siglo XIX, ya superados en Europa -descentralización, forma de Estado, cuestión religiosa...-, con una de las cuestiones ideológicas fundamental a dilucidar en el siglo XX: la opción entre los modelos de Estado demo-liberales, fascistas o socialistas. La larga dictadura franquista, sostenida por los intereses geoestratégicos de la guerra fría, no hizo sino acentuar el aislamiento español.
- La definitiva llegada de la democracia a España en el último tercio del siglo XX se produce en un contexto global de contracción de los derechos sociales, civiles y políticos alcanzados a partir del gran pacto histórico del Estado del bienestar, en la posguerra europea.