Concept

Concierto Económico

El objeto de este trabajo es examinar desde un punto de vista económico el sistema específico impositivo del sur del País Vasco y, consiguientemente, la relaciones impositivas y de finanzas públicas que se dan entre las instituciones vascas y la hacienda central.

Uno de los aspectos fundamentales de la teoría económica es la relativa a la hacienda pública, el cual analiza la economía del sector público y, así mismo, el sector público en su sentido amplio. Ciertamente tiene en cuenta todas las actividades económicas de la administración pública, tanto la relativa a la empresa pública, de la administración central, regional o, en nuestro caso, de las administraciones autonómicas, provinciales, municipales, etc. Por otra parte, este sector público dispone de sus ingresos y gastos, absolutamente especiales, si los comparamos con el sector privado. Por lo tanto, el ámbito que estudia la hacienda pública puede ser muy amplio y, aun así, no acontecerá de esa forma en lo que respecta al contenido del libro que tiene entre manos, dado que se examinarán las relaciones financieras existentes y vinculadas a los referidos impuestos.

Tras el siglo XIX, los cuatro Territorios Históricos del Sur del País Vasco y el gobierno central se hallaban bajo el régimen de concierto económico, dado que el pacto y concierto económico se tornaron como residuo del sistema foral tradicional. De esa forma, el origen de estos sistemas impositivos especiales lo encontramos al término de la primera guerra carlista (1833-1839). De hecho, la Ley Paccionada de 1841 se materializó entre los gobiernos de Navarra y España y, consecuentemente, se puso en marcha el Concierto Económico que ha conocido Navarra de forma ininterrumpida. Sin embargo, los otros tres territorios históricos, esto es Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, no procedieron de la misma manera, y, de alguna manera, continuaron con el antiguo sistema. Aún así, tras la finalización de la segunda guerra carlista, el Presidente Cánovas del Castillo obligó a los territorios vascos a cumplir la Constitución Española de 1876, pero posibilitó la materialización del Pacto Económico.

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con carácter previo a la puesta en marcha de su concierto económico, procedieron a materializar en dichos territorios grandes modificaciones económicas, sobre todo en Bizkaia y, en menor medida, en Gipuzkoa. De hecho, desde Enkarterri al Ibaizabal se dió comienzo a la realización de infraestructuras de transporte desde las minas de hierro, se incrementó la organización de las finanzas, dado que en 1857 nació el Banco de Bilbao que tanta importancia tuvo en la manufactura del hierro y en otros tantos sectores económicos. En Gipuzkoa, por el contrario, la fabricación de papel y tela, serán las protagonistas. En general, para cuando dió comienzo la segunda guerra carlista, se daban las condiciones adecuadas para el primer "take off" de la industralización que conocería la economía vasca.

La Constitución Española de 1876 ubicó a los Territorios Históricos vascos al mismo nivel que al resto de las provincias del estado, aunque para entonces Navarra conservaba su especificidad como consecuencia de la Ley Paccionada de 1841; al año siguiente, 1877, renovó el Concierto Económico tras incorporar las modificaciones que la situación requería; por lo tanto, Navarra ya había adoptado el camino en sus relaciones con el gobierno central. En el año 1878 se materializaría el primer Concierto Económico para el resto de los territorios vascos, el cual por mediación del Real Decreto de 28 de febrero de 1878, se aprobó para un plazo de 8 años.

Existen razones para la puesta en vigor del Concierto Económico, pero no se puede decir que haya conocimientos objetivos. De hecho, algunos refieren que la recaudación impositiva se dejó en manos de las Diputaciones Forales como consecuencia de que no había ningún dato en relación a la propiedad rural ni urbana, ni de la riqueza, imposibilitando en los Territorios Históricos el establecimiento y exigencia impositivas; la ausencia de estadísticas debió de dificultar, al parecer, la exigencia en forma debida de los impuestos. Y por último, a la burguesía debía de ofrecersele alguna satisfacción al objeto de que aprobara la Constitución dado que los liberales vascos ya habían comenzado a sufrir las consecuencias perjudiciales que se derivaban de la pérdida de los fueros.

En el primero de los Conciertos Económicos destacaría tres grandes campos. Por una parte, están los impuestos pactados, como los impuestos sobre la ganadería, agricultura, industria, comercio, sal, etc y otros. Sin embargo, por cada uno de los impuestos al gobierno central se le debía abonar una determinada cuantía económica o subcupo cuyo sumatorio constituía la totalidad del cupo; de esta manera se determinaba la cuantía que cada Territorio Histórico debía de abonar a la hacienda central; las Diputaciones Forales disponían la facultad de crear nuevos impuestos, pero el gobierno central debía, con carácter previo, otorgar su autorización y aprobar un cupo añadido puesto que cada impuesto se hallaba vinculado con el cupo.

En segundo lugar, se exponen las competencias de las Diputaciones Forales. De hecho, el gobierno central no se responsabilizará de las carreteras, de la educación, de la salud etc. Y por último, la responsabilidad sobre las actividades presupuestarias de lo municipios así como la participación en su financiación corresponderá a las Diputaciones Forales.

De esta manera entró en vigor el Concierto Económico y tan pronto concluyó el plazo, el Proyecto de Ley de 29 de junio de 1887 estableció el segundo Concierto Económico. En dicho Concierto se incrementa el cupo en un 50%, a pesar del deseo de las Diputaciones Forales de incrementar en un 42%, pero sin embargo logran que la vigencia no dispusiera de fecha. Aún así, este segundo Concierto dispuso de una vigencia muy breve dado que debían de pactarse los nuevos impuestos y, el día 1 de febrero de 1894, por mediación de un Real Decreto, se aprobó el tercer Concierto.

Como consecuencia del Tercer Concierto Económico se debía de abonar al gobierno central un mayor Cupo, esto es, un millón de pesetas más, de los cuales Bizkaia aportaría 700 mil y Gipuzkoa los 300 mil restantes; pero se incorporarán los nuevos impuestos en dicho Concierto y consiguientemente los resultados impositivos de las Diputaciones Forales también se verán incrementados. Entre los nuevos impuestos pactados se encuentran los relativos al impuesto de la renta de los trabajadores de las instituciones oficiales de la provincia así como de los trabajadores de los Ayuntamientos, los impuestos sobre tráfico de mercancías y viajeros así como impuestos sobre automóviles de lujo. Posteriormente, en el año 1900, se establecieron los impuestos sobre casas de juego, electricidad y consecuentemente el Cupo también se adecuó.

El Cuarto Concierto Económico fue aprobado en virtud del Real Decreto 13 de diciembre de 1906 y la gran mayoría de los agentes sociales vascos contempló este nuevo Decreto con agrado. En el mismo se puede destacar el hecho de haberse aprobado para un plazo de 20 años, el Cupo se incrementó en 2,5 millones de pesetas y manteniéndose el mismo en dicha cifra hasta el año 1916; a partir de dicha fecha se incrementaría anualmente en 500.000 pesetas; por lo tanto, se fue introduciendo, de alguna manera, el criterio de actualización del cupo, a pesar de que no tuviera ningún nexo con el desarrollo económico. En el año 1920 se aprueban nuevos impuestos como el impuesto sobre minas y el timbre sobre los paquetes.

Como se ha dicho, la vigencia del cuarto Concierto Económico fue de 20 años, pero, aproximadamente, unos 18 meses antes de la finalización de dicho plazo, se dio comienzo a las negociaciones del quinto Concierto Económico. El motivo del adelanto de esta negociación reside en la crisis que sufría la minería de la zona de Bizkaia; de hecho, las empresas mineras no podían pagar los créditos y consiguientemente, las entidades bancarias se hallaban en peligro dado que la incidencia de la crisis llegó también a las instituciones financieras; y las entidades crediticias se dirigieron a la Diputación Foral de Bizkaia en solicitud de ayuda ante lo cual dicha institución consideró conveniente negociar el nuevo Concierto Económico, dado que era ya muy criticado dicho sistema impositivo específico en el ámbito de Madrid y, también por los extendidos rumores que sobre su renovación existían en el sur de Euskal Herria.

En dicha situación, la oligarquía de Bilbao tuvo mucha influencia en las instituciones de Madrid y, al final, el Ministro Calvo Sotelo otorgó la aprobación al quinto Concierto Económico, el cual sería aprobado en virtud del Real Decreto de 9 de junio de 1925. A diferencia de los anteriores Conciertos Económicos, este quinto lo desarrollaba un reglamento, de fecha 24 de diciembre de 1926. Posteriormente, en el periodo correspondiente a la guerra civil española, el general Franco suprimió el Concierto Económico a Bizkaia y Gipuzkoa, mientras se mantuvo el de Araba; esta medida es de fecha 27 de julio de 1937.

Las características fundamentales de este Concierto Económico son las siguientes: en primer lugar, el Cupo básico se establece en 40 millones, a pesar de que las Diputaciones Forales proponían que debía de ser de 37 millones de pesetas y el Gobierno Central de 60 millones; la vigencia se amplió a veinticinco años, es decir, cinco años más que el anterior; cada cuatro años el Cupo se ampliaría, para llegar en el último año, 1951 a cincuenta millones de pesetas; se introdujeron trece nuevos impuestos y la cifra relativa de negocios adquirió fuerza en el territorio común y se aplicaría a las sociedades que tenían negocios en los territorios forales; para realizar el seguimiento del Concierto se constituyó una comisión mixta y entre sus cometidos se contemplaba la inspección de los resultados de cada uno de los impuestos y en virtud de dichos resultados se determinaba el Cupo.

El quinto Concierto Económico estuvo en vigor en Araba hasta el año 1951, no así en los otros dos territorios, y Araba, por su cuenta, negoció el sexto que estuvo en vigor hasta el año 1976. En sustitución de éste, firmó el séptimo, pero en dichos años la situación comenzó a cambiar y en octubre del año siguiente a la aprobación de la Constitución en el año 1978, se aprobó el Estatuto de Autonomía, el cual establecía la naturaleza y desarrollo del Concierto Económico. Este Concierto Económico es la Ley 12/81 de 13 de mayo de 1981. Por lo tanto, después de dos años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, se desarrolló el apartado relativo a la Hacienda Pública de dicho Estatuto, que estuvo en vigor hasta el 24 de mayo de 2002.

Por lo tanto, éstos son, aunque a modo de resumen, los antecedentes del Concierto Económico. Resulta evidente, que los Conciertos Económicos son contrarios a la Constitución actualmente en vigor y que dicho sistema impositivo ha funcionado correctamente, no manifestándose ningún indicio de privilegio, aun cuando por parte de los dirigentes de Madrid se han realizado imputaciones en dicho sentido, en su deseo de suprimirlos al objeto de establecer en todo el territorio estatal un único sistema impositivo. Hoy día también hay mucha gente que realiza planteamientos de esta naturaleza, partidarios de suprimir este sistema impositivo específico foral.

En lo que al contenido del Concierto Económico respecta, pueden destacarse innumerables características entre las que, la más significativa, puede decirse, es el carácter de texto susceptible de modificación, dado que puede adecuarse constantemente. Para ello, hay procedimientos establecidos en la Disposición Adicional segunda del Concierto Económico. De conformidad con dicha disposición, si se modificara el sistema impositivo estatal, si se creara un nuevo impuesto y se modificara la normativa relativa a alguno de los impuestos, ambas Administraciones deben de negociar la adecuación del texto e incorporarlo en la ley. En dicho sentido, estas modificaciones fueron evidentes en el Concierto Económico en vigor para el periodo 1981-2001, dada la modificación sustancial que en la misma se produjo. Todas ellas se exponen líneas más abajo, más concretamente dentro del epígrafe A); en los epígrafes B) y C), sin embargo, se expondrán muchas otras características.

a) Modificaciones más Importantes

Puede destacarse que una de las características del Concierto Económico es su posibilidad de adaptación. El Concierto, como es sabido, es una ley y una ley, cualquiera que sea, ha de modificarse cuando dispone de lagunas. La ley debe de servir para regular las relaciones sociales, en este caso, las relaciones de tipo impositivo y financiero, y cuando se sospecha que dichas relaciones han de normativizarse de otra manera, se ha de modificar. Se procedió de esa forma, en más de una ocasión, en el Concierto Económico del año 1981. En el Concierto se establecieron los mecanismos para realizar modificaciones, tal y como recogía la Disposición Segunda y, consiguientemente, ello ha acarreado el hecho de que las cosas hayan funcionado mejor.

La primera modificación importante la recoge la Ley 49/85 de 27 de diciembre de 1985. En virtud de dicha Ley, se adecuó al Concierto Económico el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). De hecho, el estado español se iba a incorporar el día 1 de enero de 1986 a la Comunidad Europea y, por lo tanto, estaba obligada a sustituir el Impuesto General sobre Tráfico de Empresas por el Impuesto sobre el Valor Añadido y consiguientemente, el Concierto Económico se tuvo que modificar.

La segunda modificación se realizó mediante la Ley 2/90 de 8 de junio de 1990. En virtud de dicha Ley se adecuó al Concierto Económico la Ley Normalizadora de Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos. Dicha Ley modificó el sistema impositivo local al tiempo que creó nuevos impuestos. Y puesto que el Concierto Económico contempla impuestos, tasas y precios públicos, el viejo texto se tuvo que adecuar.

Ese mismo año, el Concierto Económico modificó el contenido de los impuestos sobre sociedades dado que nueve años de experiencia dejaron en evidencia las disfunciones que originaba dicho apartado; además el nuevo Convenio o Pacto Económico de Navarra recogía ya la cuestión de las operaciones relativas de forma mucho más objetiva, y dicho aspecto se adjuntó al texto de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Impuesto sobre el Valor Añadido también quedó afectado por el nuevo contenido del Impuesto sobre Sociedades y dicho impuesto también recogió la anteriormente mencionada Ley 27/90 de 29 de diciembre de 1990.

La cuarta modificación la materializó la Ley 11/93 de 13 de diciembre de 1993, puesto que a través de ella se adecuaron el IVA y los impuestos especiales al Concierto Económico. El motivo de dicha adecuación ha de situarse en la trayectoria que respecto de la armonización fiscal había comenzado la Unión Europea. Es conocido que en dicho año se incrementó la libre circulación de bienes con el fin de que se facilitaran las relaciones comerciales entre los estados miembros; y los muchos obstáculos que el IVA ofrecía hasta entonces, se eliminaron. De esa manera, el sistema impositivo del estado español se acercó al del resto de los estado miembros, y por ende, el de la Comunidad Autónoma Vasca.

De este modo, se deseaba evitar las filas de camiones que se formaban en las fronteras y la adquisición, al objeto de la recaudación del IVA, quedó en manos de los destinatarios de los bienes y el aprovechamiento de los rendimientos derivados de dicho impuesto llegó a constituirse en competencia de las Haciendas de dichos territorios siempre que la compraventa se formalizara fuera del estado de origen aunque dentro de la unión europea.

Por último, la Ley 38/97 de 4 de agosto de 1997 recoge las modificaciones más importantes que ha conocido este Concierto Económico y, además, dichas modificaciones afectan a más de un impuesto. Para empezar, en el sistema impositivo del Estado español, surgía un nuevo impuesto indirecto, es decir, el impuesto sobre las primas de seguros, y se tuvo que introducir en el Concierto Económico, en calidad de impuesto indirecto. Además de ello, se modifica el ámbito de armonización entre las dos administraciones, el impuesto de no residentes, impuesto sobre las personas físicas, el impuesto de sociedades y los impuestos especiales también se incorporaron al Concierto Económico tras desaparecer los monopolios estatales. Como consecuencia de todas estas modificaciones, las compensaciones quedaron muy mermadas en el cálculo del cupo y, consecuentemente, su importe líquido se incrementó.

Todas estas modificaciones perfeccionaron el Concierto de 1981 y el texto del año 2002 incorporará dichas modificaciones juntamente con otras que también se añadirán. Pero estas modificaciones no impulsarán la aprobación del nuevo Concierto, sino que el propio Concierto Económico de 1981 mencionaba su vigencia durante 20 años, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2001. Por todo ello, se negoció otro Concierto para los nuevos tiempos.

b) Otras Caracteristicas

Relaciones financieras e impositivas. El Concierto Económico vigente entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado regula las relaciones de las finanzas e impuestos públicos, sin ningún género de duda. De esa manera, al aplicar la Ley General para la Estabilidad Presupuestaria, la Ley 18/2001 de 13 de diciembre de 2001 concretamente, al igual que en Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca dispondrá de trato especial, con motivo de sus competencias impositivas.

Vigencia indeterminada. Los Conciertos Económicos conocidos hasta la fecha han dispuesto una duración determinada, salvo el segundo y el actualmente en vigor. El hecho de que la duración sea indefinida tiene aspectos positivos dado que garantiza seguridad jurídica, pero en el segundo Concierto Económico dicho aspecto no sirvió para mucho puesto que es el que menos tiempo permaneció vigente, de 1887 a 1894; con motivo de tener que introducir nuevos impuestos, el Concierto Económico se desarrolló inmediatamente negociándose el tercero que estuvo en vigor entre los años 1894 y 1906.

El Concierto Económico actualmente en vigor tiene una duración indeterminada y resulta muy ventajoso para la economía y la sociedad, agentes económicos, sobre todo para los empresarios dado que otorga la posibilidad de actuar de forma más segura desde el ámbito impositivo.

Por otra parte, tampoco el Estatuto de Autonomía tiene plazo y dado que el Concierto Económico se ubica en dicho Estatuto, es razonable, que el Concierto tenga también duración indeterminada.

Ley pactada. El texto del Concierto Económico lo acuerda una comisión mixta y posteriormente, se presenta en artículo único al Parlamento Español, el cual lleva incorporado el texto articulado. La Ley tiene un artículo y por lo tanto, se puede aprobar o rechazar. Hasta la fecha el texto acordado en la comisión mixta ha prosperado y por dicho motivo, se refiere que es una Ley pactada. Existen para el desarrollo de este Concierto Económico, otras dos comisiones además de la mencionada comisión mixta.

Capacidad Normativa Fiscal. El último Concierto Económico que estuvo en vigor reconocía a las Juntas Generales de los Territorios Históricos competencia normativa en materia fiscal y el actualmente vigente también lo contempla. Por lo tanto, serán las Juntas Generales las instituciones que en cada territorio aprueben la normativa fiscal y el Parlamento Vasco, con el fin de establecer una mínima coordinación entre los tres territorios, aprobó la Ley 3/89 de 30 de mayo de 1989, denominada Ley para la Mutua Cooperación, Coordinación y Armonización Fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por mediación de la cual se deriva el órgano de coordinación fiscal en el que participan tres miembros del Gobierno Vasco, siendo los restantes tres los responsables de las Diputaciones Forales.

Autonomía en la gestión de los impuestos. Las Haciendas Forales de las Diputaciones Forales, cada una en su Territorio, dispondrán de plena autonomía en la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los impuestos. Por lo tanto, las Haciendas Forales dispondrán de las mismas competencias y autonomía que cualquier Hacienda Pública del estado, excepción hecha de la Alta Inspección, que corresponde al Estado.

Riesgo Unilateral. El Concierto Económico significa que el estado no tomará parte en la financiación pública de los servicios de la Comunidad Autónoma del País Vasco si éstos ya se encuentran transferidos. Si en alguna Comunidad Autónoma del territorio común la oferta de algún servicio público no llegara al nivel mínimo establecido por el estado, éste le ayudará para que exista una oferta que alcance dicho nivel. Para ello, el estado establece una partida presupuestaria en sus presupuestos generales. Pero dicha partida en la Comunidad Autónoma del País Vasco no es susceptible de utilización, tampoco en Navarra, por disponer de sistema foral y por lo tanto, asumir el riesgo de forma unilateral.

El cupo vinculado a gastos. Hasta el anterior Concierto Económico, el Cupo se calculaba en base al ingreso impositivo pactado. Pero en el Concierto Económico 1981-2001, se modificó la metodología para el cálculo del Cupo y se determina en función del gasto público que el Estado realiza en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el Concierto actual está también en vigor esta misma metodología sin apenas variaciones.

c) Comisiones

Comisión Mixta del Concierto Económico. De entre todas las comisiones que actúan en relación con el Concierto Económico, la más importante es la Comisión Mixta, compuesta por 12 miembros. De todos ellos, seis son representantes del Gobierno Central, tres del Gobierno Vasco y uno de cada una de las Diputaciones Forales. El texto del Concierto que ha de salir de esta Comisión se aprobará unánimemente.

Entre las funciones de esta Comisión, las más destacadas son las siguientes: 1) acordar las modificaciones del Concierto; 2) materializar el trabajo en común y la coordinación que exija la estabilización presupuestaria; 3) acordar la metodología para el cálculo del Cupo; 4) acordar los tres miembros de la Comisión de Arbitraje, aun cuando la designación formal la realizarán el Ministro de Hacienda y el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y así mismo, acordará las normas de funcionamiento de la Junta Arbitral; 5) Si hubiera necesidad respecto a los impuestos y finanzas, se acordará en dicha Comisión.

Comisión para la evaluación y coordinación normativa. Es una comisión compuesta por 8 miembros. Cuatro de ellos son representantes de la Administración Central y los otros cuatro, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tres actúan en nombre de las Diputaciones Forales y, el cuarto, representa al Gobierno Vasco.

Las funciones de esta Comisión son las siguientes: 1) evaluar las modificaciones normativas que han de hacerse en el Concierto Económico; 2) resolver los problemas que surjan en los puntos de conexión ; 3) realizar cuando proceda estudios adecuados con el fin de unir los sistemas normativos de los territorios forales y territorio común; 4) examinar los problemas surgidos entre las Diputaciones Forales y la Administración Central en el ámbito de la inspección; 5) utilizar medios adecuados e intercambiar información entre las dos Administraciones fiscales al objeto de que la recaudación impositiva sea cómoda y eficiente.

Comisión de arbitraje. Según ya se ha dicho, esta Comisión la componen tres sabios y expertos miembros, aprobados por la Comisión Mixta de Concierto Económico, con nombramiento para seis años. Si cualquiera de estos miembros dejare su puesto de trabajo, está prevista su sustitución.

Entre los cometidos de esta Comisión podemos destacar los siguientes: 1) resolver, en el supuesto en que surjan conflictos entre las Diputaciones Forales y la Administración de cualquier Comunidad Autónoma o la Administración Central; 2) si el impuesto entre sociedades y el IVA correspondiera a más de una Administración, en base a los puntos de conexión, proceder al reparto de los resultados de ambos impuestos; 3) resolver los conflictos que surjan entre las Administraciones relativos a las relaciones impositivas individuales, tras comprender adecuadamente este Concierto Económico; 4) resolver los problemas que pudieran surgir con motivo de la sede de los contribuyentes; 5) resolver los conflictos que pudieran surgir en las administraciones afectadas con motivo de las transferencias. Por último, la Comisión fundamentará en derecho sus resoluciones y propondrá fórmulas concretas para la ejecución de las mismas; y sus resoluciones podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

El artículo 157.1 de la Constitución del estado español establece cuales son los recursos financieros de la comunidades autónomas, que serán desarrollados por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por otra parte, dado que en última instancia no es nada más que el desarrollo jurídico y consecuencia de la Constitución, establece algo más. De esta manera, el tercer Título del Estatuto de Autonomía se refiere a la Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como el resto de las Comunidades Autónomas, puesto que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene también todo el derecho a disponer de su propio patrimonio y, por lo tanto, el grupo político que corresponda, más en concreto el Gobierno, dispondrá de sus presupuesto públicos al objeto de desarrollar su programa político.

Inmersos ya en el articulado del Estatuto, en el artículo 41 se refiere a que las relaciones de orden tributario entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado se regularán mediante el Concierto Económico, pero toda la competencia sobre los impuestos pactados, se aprueba expresamente a favor de las Instituciones de los Territorios Históricos. De hecho, dichas Instituciones dispondrán en cada Territorio Histórico de la facultad y competencia para "mantener, establecer y regular el régimen tributario".

El citado artículo ofrece asimismo más detalles. Las Diputaciones Forales, asimismo, dispondrán de competencia para la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos. La excepción la constituyen los monopolios fiscales y rentas de aduanas que para sí las reserva el Estado. Por lo tanto, el sistema impositivo pactado es de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco pero su materialización corresponde a la Hacienda de las Diputaciones Forales.

El mencionado artículo 41 del Estatuto de Autonomía, entre otras cosas, establece que la Comunidad Autónoma Vasca abonará al estado un Cupo al objeto de financiar los gastos que éste realice en la Comunidad Autónoma Vasca. Las Diputaciones Forales, en última instancia, serán quienes abonen al Gobierno de Madrid. De hecho, el gobierno central realiza gastos en la Comunidad Autónoma del País Vasco con el fin de materializar sus competencias y dichos gastos hay que financiarlos de alguna manera, concretamente, a través del Cupo. Pero bajo este concepto de Cupo no se contemplan únicamente los gastos ordinarios y los gastos de inversiones, dado que también se incluye el fondo de cooperación, tal y como posteriormente se comentará; por lo tanto, el concepto de Cupo es muy amplio, y no únicamente la definición concreta que refiere la legislación puesto que tiene un contenido más complejo.

Continuando con el texto, el Estatuto de Autonomía refiere cuáles serán los ingresos más importantes de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Euskadi . En ese sentido, en su artículo 42 se manifiesta la lista de los siguientes ingresos públicos que, de hecho, son estos los de mayor importancia.

1) Las aportaciones que efectúen las tres Diputaciones Forales a la Hacienda General del Pais Vasco, 2) los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad Autónoma, 3) los ingresos obtenidos mediante incrementos que sobre los impuestos establezca la Comunidad Autónoma Vasca, 4) los ingresos procedentes de las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, 5) ingresos obtenidos por emisión de Deuda Pública, 6) Tasas, y 7) ingresos obtenidos por otras diversas fuentes.

El ingreso más importante, sin duda, se halla en la primera fuente de ingresos. Por lo tanto, las Diputaciones Forales realizan en primer lugar la recaudación impositiva, puesto que, al fin y al cabo, los impuestos que aparecen transferidos o, mejor dicho, pactados, los materializan las Diputaciones Forales y posteriormente, una parte de ese montante recaudado, de conformidad con la Ley de Aportaciones , la transferirán a la Hacienda Autónoma. Más concretamente, el porcentaje de las aportaciones que realizan las Diputaciones Forales es aproximadamente el 91% de todos los ingresos del Gobierno.

Este ingreso público no se menciona en el artículo 157 de la Constitución y, por lo tanto, da la impresión de que existe una laguna en el ordenamiento jurídico. De hecho, en el resto de las comunidades autónomas, a excepción de la de Navarra, el citado artículo es de aplicación, no así en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Cómo se supera dicha laguna? La respuesta a ello la encontramos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, puesto que en la misma se reconoce el sistema foral y el hecho de que justamente el Concierto Económico se basa en el desarrollo de dicho sistema.

Bizkaia y Gipuzkoa mantuvieron en vigor, con posterioridad a 1878, su Concierto Económico, si bien el general Franco en el año 1937 les suprimió dicho Concierto, aprobado en el año 1925, acusándolas de provincias traidoras en la guerra civil, y tras el restablecimiento de la democracia, a los referidos territorios se les normalizó nuevamente su situación. Dicha normalización lo fue gracias a la Constitución de 1978 y al Estatuto de Autonomía del año 1979. Por ello, en el año 1981 se aprobó el Primer Concierto Económico de los tiempos modernos, que estuvo en vigor en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hasta el año 2002.

El plazo de vigencia del citado Concierto Económico fue hasta el 31 de Diciembre de 2001 y, por lo tanto, había que aprobar uno nuevo, pero dado los problemas que existieron, la aprobación se retrasó unos meses, en las que se puso en entredicho el espíritu del pacto. Por último, aunque transcurridos ya cinco meses, el nuevo sistema impositivo pactado lo constituye la Ley 12/2002 de 23 mayo de 2002. Al igual que el texto de 1981, el correspondiente al año 2002 no es totalmente invariable y se modificará con la periodicidad que se requiera utilizando el procedimiento que se recoge en la Disposición Adicional Segunda del Concierto Económico.

La referida ley otorga competencias a las Instituciones de los Territorios Históricos para "mantener, establecer y regular en el ámbito de estos Territorios" el sistema impositivo estatal. Por lo tanto, las Juntas Generales de los Territorios Forales mantienen la competencia normativa. Pero todas las competencias sobre importaciones no así las provenientes de la Unión Europea y los Monopolios Fiscales, pertenecen al estado, y a pesar de que en este nuevo texto no se mencionen expresamente, los recaudará la Hacienda Pública Estatal y será ella quien disponga todas las competencias, aun cuando posteriormente queden reflejados en el Cupo y en los ajustes. Entre los monopolios fiscales se incluyen las quinielas y muchas otras apuestas y loterías estatales. Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, en las rentas de aduanas no se incluyen los IVA surgidos como consecuencia de las compras realizadas de bienes y servicios en la Unión Europea, dado que dicho impuesto lo recaudará la Hacienda Pública Estatal fronteriza y, en el caso de Euskal Herria, las Diputaciones Forales.

La facultad para la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los impuestos que constituyen el sistema impositivo de los Territorios Históricos corresponde a las Diputaciones Forales. Por lo tanto, en cada territorio habrá una Hacienda Foral y para el abono a cada una de ellas, habrán de cumplirse unas condiciones, pero, en principio, dispondrán de todas las facultades de cualquier hacienda, a pesar de que la alta inspección se la reserve la Hacienda Estatal.

Como se ha referido, cada Territorio dispondrá de su Hacienda Foral, pero, entre ellas, bien obligadas, bien por la práctica, se han coordinado y armonizado; a dichos efectos se aprobó la Ley 3/1989 de 30 de mayo de 1989. Por otra parte, las Haciendas Forales deben cumplir los acuerdos impositivos internacionales aprobados por el Estado Español, especialmente los procedentes de la Unión Europea. Por lo tanto, las normas de armonización procedentes de la Unión Europea, sea el IVA, sea el impuesto sobre sociedades o cualquier otro impuesto, todas estas modificaciones, habrán de tener su reflejo en el Concierto Económico.

Por otra parte, ha de destacarse que los sistemas impositivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del territorio común han de estar armonizados tal y como exige el mercado único, aun cuando ello no debe significar, exactamente, que todos los impuestos deban de ser iguales, dado que puede haber muchos matices o diferencias. Dichos matices se materializan en las normativas fiscales y el texto vigente, menciona cuatro principios fundamentales al objeto de que se hallen armonizados los dos sistemas fiscales, esto es: el del territorio común y el de los territorios forales.

En base a la primera de las normas de armonización, en los Territorios Históricos se utilizarán los mismos conceptos, terminología y sistematización impositiva, siendo éstos los que se deriven de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, relativa a la Ley General Tributaria. Este será, por lo tanto, el ámbito en el que se moverá el sistema impositivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo tanto, la autonomía se limitará, dado que a fin de cuentas, las normas impositivas que se aplicarán en todo el estado, así como todas las especificaciones técnicas relativas a las mismas, serán idénticas.

Además de lo dicho, existen, de hecho, otras condiciones. Concretamente, cuando se adopten medidas fiscales, ha de tenerse en cuenta que la presión fiscal real de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha de ser semejante (equivalente o similar) al del resto de los territorios del estado. Y ello supondría que para medir dicha presión fiscal, habría que establecer un método detallado y similar. Además, hay que diferenciar muy bien la presión fiscal nominal y real, o efectiva, puesto que la ley puede decir una cosa y en la práctica, darse una realidad distinta. De hecho, no resulta extraño que en innumerables impuestos exista fraude con el efecto consiguiente de que ello no hace más que desvirtuar los rendimientos impositivos, lo cual influye en la presión fiscal.

Asimismo, el estado dispondrá de la plena competencia normativa, de gestión, de inspección, de revisión y recaudación sobre los derechos de importación, pero también sobre los impuestos especiales e IVA que originen dichas importaciones. La competencia relativa a la alta inspección corresponde al estado, pero la hacienda central, juntamente con el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales procederán a trabajar con el fin de lograr los mejores rendimientos impositivos.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Patrimonio Neto [IPN] son impuestos pactados y además de aplicar la normativa autónoma, el abono se realizará a la Hacienda Foral que corresponda. Las tres normas forales aprobadas en diciembre de 1998 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa incorporan el IRPF. Por otra parte, las Diputaciones Forales exigirán dicho impuesto cuando el sujeto pasivo sea residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, la mayoría de los contribuyentes que vivan en la Comunidad Autónoma de Euskadi se incluyen en dicho ámbito, pero existen, de hecho, casos dudosos para cuya aclaración existen los denominados puntos de conexión. Dichos puntos de conexión cumplen la función de una raya, estableciendo de forma clara cuál es el sujeto pasivo que se ubica en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo tanto, le serán de aplicación las normas forales, así como el abono a las Diputaciones Forales. Caso de que surgieran discrepancias en dicha determinación, la función aclaratoria de dichas dudas, corresponde a la Comisión de Evaluación y Coordinación Normativa y a la Comisión de Arbitraje.

De esta forma, si un contribuyente vive en dos territorios , realizará su declaración en el territorio que mayor tiempo haya residido, aplicándosele la normativa inherente al mismo. Pero existen, de hecho, supuestos más complejos. En concreto, si un contribuyente ha residido en territorio común 160 días, en Araba 100 días y en Gipuzkoa 105 días, qué es lo que ocurre. En principio, se observa que en la CAV ha residido 205 días, mientras que en territorio común ha residido 160 días y, por lo tanto, corresponde aplicar la normativa foral quedando bajo la competencia de la Hacienda Foral; por el hecho de que ha residido más tiempo en Territorio Foral que en territorio común; pero, después, como en Gipuzkoa ha residido mayor tiempo que en Alaba, las obligaciones fiscales deberá realizarlas en Gipuzkoa, con aplicación de la normativa correspondiente a la misma.

Si este criterio no es el adecuado por el hecho de que ha residido el mismo número de días en los dos territorios, o porque es difícil saber en cuál de los territorios ha residido mayor número de días, en dicho caso habrá de identificarse el territorio que ha conseguido la mayor base imponible; de esta manera se sabe qué normativa ha de aplicarse y a qué Hacienda Foral debe abonarse. El tercer criterio es el relativo a la última residencia, con el fin de conocer la normativa aplicable y si el ingreso corresponde al territorio común o a la CAV. Por último, si la declaración se realiza como unidad familiar, y la vivienda ordinaria se disfruta en territorios distintos, entonces, la competencia sobre el IRPF la tendrán las instituciones del territorio del miembro que obtenga la mayor base liquidable; aún así, este último criterio no será válido en el IRPF del año que viene, dado que la declaración se individualizará y desaparecerá la unidad familiar.

La competencia normativa, por otra parte, llega a todos los apartados del IRPF, tanto para los supuestos en el que se trabaje por cuenta ajena como para aquellos para los que se trabaje por cuenta propia. Como es normal, se utilizarán los mismos criterios para el cálculo de la renta del capital mobiliario en territorio común y en territorios forales al objeto de que no surjan diferencias territoriales en la circulación de capitales. Esta cuestión es muy corriente en la Unión Europea donde se habla de mercado único, pero existen estados miembros privilegiados como Luxemburgo y Países Bajos.

En comparación con lo que establecía el Concierto Económico de 1981, con la adhesión se ha dado un gran salto, a pesar de que en las modificaciones de 1997 se consignaran las mismas competencias que actualmente están aprobadas; por lo tanto, en la CAV ya existe la posibilidad de constituir tablas autónomas de adhesión en todas las actividades empresariales. De esta manera, si las obras o servicios se realizan en la CAV y se ofrecen desde aquí, el montante retenido lo recabarán las Diputaciones Forales; si los trabajos o servicios se materializan en dos territorios, dichas actividades se considerarán que están realizadas en la CAV siempre que el trabajador estuviera adscrito a un centro de trabajo establecido en la CAV, aún cuando el trabajo lo realizara en territorio común. Además de ello, se puede concluir que si los centros de trabajo estuvieran en los dos territorios y los trabajadores realizan su actividad en ambos, las retenciones las obtendrían en las dos haciendas en proporción a las operaciones.

En el momento de percibir las pensiones, si los beneficiarios tuvieren su residencia en la CAV, aunque los abonos los realizasen la Seguridad Social, el Inem, los planes de pensiones o la BGAEK, las Haciendas Forales dispondrían de competencias sobre el ingreso de estas retenciones. Las retenciones que se realicen sobre los miembros de los consejos de administración se incluirán, siempre que todas las operaciones societarias se realizaren en la CAV, en las Haciendas Forales; pero, si las operaciones se realizaren en los dos territorios, entonces, se incluirá tanto en las Haciendas Forales como en la Hacienda Central en proporción a las operaciones relativas. Las retenciones sobre los funcionarios del estado las percibirá la Hacienda central en el supuesto de que los abonos los efectuare dicha administración, pero no sucederá lo mismo si los pagadores fueran empresas públicas u organismos autónomos. En estos casos, la competencia para percibir las retenciones corresponde a las Haciendas Forales. Por su parte, el montante económico percibido por la administración central se tendrá en cuenta en el momento de calcular el Cupo, en el apartado Compensaciones.

Por último, aun cuando las retenciones se realicen en función del domicilio, se aplicará la misma tasa de retención que la que corresponde al territorio común en las actividades económicas, en los resultados de capital mobiliario (títulos) y en algunas modificaciones de valor patrimonial.

Existen, de hecho, innumerables actividades que posibilitan el hecho de que el domicilio se ubique tanto en un territorio como en otro como consecuencia de las tasas de retención. Realmente, si la tasa de retención de una actividad es menor en los Territorios Históricos, las personas que actuaran en esta actividad ubicarían el domicilio fiscal en los mismos. La influencia de distintas tasas de retención, sobre todo, la soportarían las personas residentes en zona fronteriza. Para evitarlo, cuando se trata de rendimientos de actividades económicas, caso de que el sujeto obligado al pago ostente su domicilio fiscal en la CAV, procederá a abonar el montante económico que corresponda en la Hacienda Foral procedente, pero, en cualquier caso, se le aplicarán las tasas de retención de Territorio común, porque han de ser iguales. Asimismo y a tenor de lo dicho, se utilizarán las mismas tasas de retención en los intereses, en el capital mobiliario y en innumerables rendimientos patrimoniales.

El impuesto sobre el patrimonio neto (IPN) es un impuesto pactado y se le aplicará la normativa autónoma. Las competencias sobre este impuesto corresponden a las Diputaciones Forales en el supuesto de que el domicilio habitual del declarante, al igual que en el caso del IRPF, esté ubicado en los Territorios Históricos, aplicándose los mismos criterios que hemos utilizado en el IRPF al definir el domicilio.

Sin embargo, no es relevante la ubicación del patrimonio, siempre que radique en Territorio común y el domicilio habitual del declarante radique en la CAV, si además de aplicar la normativa autónoma que corresponda, lo que ha de abonar lo haga a la Diputación Foral que corresponda. Cuestión distinta resulta si el declarante que dispone de domicilio habitual en la CAV, lo traslada fuera del territorio español. En dicho supuesto, dispone de dos opciones: como primera opción, que la declaración la efectúe en la Diputación Foral que corresponda, a pesar de que para ello debe manifestarlo expresamente, o en segundo lugar, declararlo en virtud de obligaciones reales en el supuesto de que la mayoría de derechos y patrimonio radiquen en la CAV.

El tercer impuesto pactado es el relativo a las sociedades (IS). Este impuesto también se incluye en el ámbito de la normativa autonómica en los supuestos en los que la sede societaria se ubique en la CAV, pero si en el ejercicio económico anterior el volumen de negocio de esa sociedad hubiere superado los 6 millones de euros y el 75% de dicho volumen se hubiere realizado en Territorio común, en dicho supuesto, le sería de aplicación la normativa común. Con posterioridad, los rendimientos originados por dicho impuesto se repartirán en función de las operaciones relativas entre las haciendas.

Y la segunda excepción consiste en que, cuando una sociedad tuviere su domicilio fiscal en territorio común o de la Comunidad Autónoma Vasca y hubiere obtenido un volumen negocios en el año anterior superior a 6 millones de euros, todos ellos en la CAV, en dicho supuesto, la sociedad quedaría sujeta a la normativa autónoma correspondiendo el abono íntegro a las Diputaciones Forales.

Pero, ¿qué ocurre en el supuesto de que una sociedad en el ejercicio anterior haya obtenido un volumen de negocio inferior a 6 millones de euros?. En estos casos se puede concluir que si la sociedad dispone de sede fiscal en la CAV la normativa a aplicar sería la de dicha Comunidad Autónoma y además todo el impuesto lo abonaría a las Diputaciones Forales, aun cuando las operaciones se realizaren en los dos territorios. Y por el contrario, si la sede social la tuviere en territorio común, además de aplicar la normativa común, la totalidad del abono del impuesto se realizará en la hacienda central.

Hoy día las empresas tienen inclinación y necesidad de proceder conjuntamente, dado que en muchos de los supuestos les es imposible competir. De hecho, para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto los contratistas prefieren hacer una oferta global y, consiguientemente, las empresas han de asociarse al objeto de acometer en su totalidad el proyecto. Consecuentemente, existe más de una fórmula asociativa. Entre ellas, tenemos a las "asociaciones de interés económico" (AIE) y "uniones temporales de empresas" (UTE). En ambos casos, en la CAV existe capacidad para otorgar normas forales caso de que todas las empresas que la constituyan estuvieren bajo normativa foral. Pero estas asociaciones no han de abonar impuesto de sociedades alguno. Pero, en cambio, al calcular la base imponible que corresponda a cada miembro de la sociedad, al incrementársele los beneficios de dicha sociedad, habrá de abonar el impuesto que corresponda.

Los grupos fiscales o conjuntos fiscales también dispondrán de normativa autónoma, si estuvieren bajo dicho régimen, tanto la sociedad matriz como todas sus dependientes. Y la normativa común, en el supuesto de que tanto a la sociedad matriz como a todas las dependientes, les correspondiera la normativa del Territorio común. Pero, las sociedades que se insertan en el ámbito de la normativa vasca se excluirán de dichos grupos, de manera que dichas sociedades quedarán bajo la normativa de la CAV. De todas formas, será el Estado quien realizará todas las definiciones y características de estos grupos.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones se ubica en el grupo de los impuestos pactados, disponiendo las Diputaciones Forales la facultad y poder normativo en los siguientes supuestos:

1) Cuando el causante de la sucesión tenga su domicilio en la CAV, 2) En las donaciones de bienes inmuebles, si estos radicaran en la CAV y el receptor de la donación tuviere su domicilio habitual en la CAV, respecto del resto de derechos y bienes (muebles), y 3) los bienes adquiridos como consecuencia de transmisión "mortis causa", o el obtenido por los beneficiarios del seguro de vida como consecuencia del fallecimiento, si el domicilio del causante estuviere en la CAV a la fecha del devengo.

Por su parte, en el momento de la materialización del derecho para el nacimiento del impuesto, se aplicará la normativa común cuando el causante o el receptor de la donación hubiere cambiado su residencia a la CAV en un plazo inferior a 5 años, aun cuando el abono se hiciera a las Diputaciones Forales. Ello supone que la normativa de la CAV será mucho más ventajosa que la de territorio común y con el fin de evitar beneficios se le establece dicho plazo al sujeto pasivo.

Examinando la normativa de dicho impuesto, se puede manifestar que otorga a las Instituciones Forales unos grandes recursos al desarrollar normas relativas a dicho impuesto. Pero a partir de 1977 el resto de las comunidades autónomas han adquirido la capacidad normativa relativa a dicho impuesto, y debido a la competencia impositiva, las diferencias impositivas pueden ser muy pequeñas. Sin embargo, las instituciones vascas disponen de total competencia normativa, no así muchos de los parlamentos de las comunidades autónomas de territorio común, dado que deben cumplir innumerables limitaciones y condiciones, a diferencia de la CAV y Navarra.

Normalmente, una sociedad realiza su actividad comercial en territorio común y territorios históricos, y el lugar donde se imputan los beneficios anuales (o pérdidas), en cual de los territorios se han originado, es difícil de saber, aun cuando su actividad haya sido homogénea. Por lo tanto, si una sociedad realiza sus compraventas en los dos territorios, territorio común y históricos, ¿como sabemos los beneficios que ha obtenido la sociedad en cada uno de los dos territorios? Para ello, en el año 1981, año en el que se aprobó el Concierto Económico, se establecieron muchos criterios y dichos criterios se basaban en el valor de los inmuebles societarios, en el valor de las ventas, y en el domicilio tanto de la dirección como de la administración. No así en el texto modificado aprobado en el año 1990.

A partir del año 1991 el texto antiguo quedó modificado y el texto del año 2002 lo mantiene de la misma forma. El texto actual toma en cuenta la procedencia de los bienes y servicios producidos por la sociedad, al menos en un gran porcentaje. El valor de las salidas o la contraprestación será la base para el cálculo de los negocios relativos. Pero a los ingresos que suponen dichas contraprestaciones ha de deducírsele el I.V.A.

Actualmente hemos de tener en cuenta que una sociedad, normalmente dispone de más de una empresa. Si una sociedad tuviere únicamente una factoría, está claro, en base al Concierto Económico actualmente en vigor, que todas sus operaciones se entienden realizadas en el territorio en el que radica su sede. De hecho, las sociedades de esta tipología en el supuesto de tuviere operaciones de menos de 6 millones de euros o más de esa cantidad, no tendría ningún problema para saber si los abonos debiera de realizarlos a las haciendas forales o a la hacienda central, dado que si la factoría estuviere en los territorios históricos correspondería el abono a los primeros y a los segundos si radicare en territorio común.

Los problemas surgen cuando la factoría está radicada en los dos territorios. Cuando las factorías se ubican en los dos territorios, el reformado Concierto Económico, de forma clara, imputará a uno u otro territorio las operaciones de una sociedad, si esta produce beneficios. En base a dicho texto, se considerará que la operación tiene lugar en los Territorios Históricos si la entrega de los bienes muebles se realiza desde los centros de transformación o de los centros de trabajo ubicados en la CAV. Ahora, si los centros de producción o de trabajo se hallaren en los dos territorios, si la operación se desea imputar a la CAV, el proceso de fabricación final habrá de realizarse en la CAV. Por lo tanto, no será suficiente, por ejemplo, traer los bienes de Madrid a la CAV y venderlos desde el almacén de Donostia, para manifestar que la operación está realizada en los Territorios Históricos, puesto que para ello se solicita la realización de la transformación o proceso de trabajo, lo cual en el caso mencionado, no existe.

Normalmente, cuando se vende un bien mueble, su instalación también lo realiza la misma sociedad y en el momento de facturar, de una parte se manifiesta el valor del bien y, de otra lo que ha de abonarse por la instalación. Si los bienes de esa naturaleza se crean y se instalan en la CAV, no habrá, en dicho supuesto, ningún problema para afirmar dónde se realizan las operaciones. Pero, si el bien se entrega desde la CAV y se instala en territorio común, la operación se complica. En estos casos, si el importe abonado por la instalación del bien es inferior al 15% de la factura total, toda la operación se considerará realizada en la CAV. En el supuesto inverso, esto es, si la prestación se realizase en territorio común y la instalación en la CAV, para el caso de que la contraprestación fuera inferior al 15%, la operación de dicha instalación se imputaría al territorio común.

Si la actividad societaria consiste en la producción de electricidad, para que los suministros se consideren realizados en la CAV, por lo tanto las operaciones, los centros de producción de electricidad deberán estar ubicados en la CAV. Pero, si los centros de producción de electricidad se ubican en los dos territorios, los Impuestos de Sociedades que originen dichas empresas se distribuirán en proporción a la producción.

Cuando se trata de bienes muebles y para la realización de la entrega material al comprador de dichos bienes haya realizarse transporte al otro territorios, en dichos casos, la entrega, se considerará realizada en el territorio en el comience la expedición, no así en el territorio en el que finalice el transporte. Por lo tanto, si un bien se transporta de la CAV a Andalucía, la entrega se tendrá por hecha como si fuera realizada en la CAV, dado que la facturación se realizará en dicha comunidad, a pesar que el abono se realice en territorio receptor; y en estos casos, el Impuesto de Sociedades corresponde a las Haciendas Forales de la CAV.

Cuando se trata de bienes inmuebles y dichos bienes residen en los territorios de la CAV, cualquier operación que se realizare sobre el bien, se imputará a la CAV y, al contrario si el bien inmueble se hallare en territorio común.

A otro distinto nivel se encuentran los servicios. Y es sabido, que si una sociedad ofrece sus servicios desde la CAV, se considerará la entrega como realizada desde los Territorios Históricos y la operación se imputará a las Haciendas Forales de la CAV. Pero si el receptor de dicho servicio fuera un bien inmueble y dicho inmueble se hallare fuera de la CAV, entonces, a pesar que los servicios estuvieran realizados u ofertados desde la CAV, no se le imputará a dicha comunidad y si, en cambio, al territorio común.

Posteriormente, en innumerables casos, el determinante del lugar en que se realice la operación, será el domicilio fiscal de las sociedades, dado que es muy complejo determinarlo de otra manera. Dentro de estos supuestos, se hallan sociedades que tienen las siguientes actividades:

1) Producción agrícola, producción forestal, ganadería o pesca y entregas realizadas por armadores o asociaciones de recogida de bienes naturales, en el supuesto de que los bienes que perciban todas estas empresas sean naturales y no haya transformación de dichos bienes sino simplemente recogida en la actividad laboral. 2) servicios de transporte, aun cuando sean servicios de mudanza o de traslado, así como los remolques y grúas. 3) las sociedades de alquiler de medios de transporte y 4) Si las sociedades cuya actividad se deja de mencionar en este apartado, tuvieren su domicilio fiscal en la CAV, abonarán el impuesto sobre sociedades en las Diputaciones Forales, puesto que se considerará que las operaciones se realizan en el lugar en el que radique el domicilio fiscal.

De forma resumida, se ha de decir que a la hora de definir una operación, ha de tenerse en cuenta desde dónde se da, el lugar desde el cual se ofrece el bien o servicio. Las excepciones determinarán el tipo de bien que corresponda para realizar el abono en virtud del criterio del domicilio fiscal. Posteriormente, a la hora de realizar los pagos impositivos, a cada bien se imputará la proporción de dichas operaciones. De forma análoga, si tuvieren derecho a devolución. Por lo tanto, a la hora de imputar a un territorio o a otro en lo que a abonos impositivos se refiere, se realizará en los porcentajes de las operaciones que se realizaren en dichos territorios y por lo tanto, han de quedar claramente determinados el lugar desde donde se realizan las entregas y las contraprestaciones de las mismas.

Por lo tanto, es factible conocer de qué forma se distribuyen las operaciones de una sociedad; entonces se calculará que valor han tenido tanto en un territorio como en otro y en dicha proporción se distribuyen los beneficios de dicha sociedad, y por lo tanto, el impuesto que se derive. Se realizará la declaración de los beneficios que se calculan de esa manera y es fácil conocer la cuantía impositiva que habrá de abonársele a cada una de las Haciendas -Foral o Central-, así como la normativa que le sea de aplicación.

A los impuestos indirectos se les aplicará la normativa común y por lo tanto, existirá una armonización real entre los Territorios Históricos y el territorio común. Estos impuestos, de hecho, han de disponer de idénticos principios básicos, normas sustantivas, hechos impositivos, exenciones, creaciones, bases y tasas impositivas. Sin embargo, las Juntas Generales de los Territorios Históricos dispondrán de la facultad de establecer plazos de liquidación y modelos declarativos. Pero los modelos declarativos, al menos habrán de reflejar la información de los modelo de declaración del territorio común y los plazos de liquidación no se diferenciarán mucho de los territorios comunes a los Históricos. Por ello, respecto al contenido, esencialmente, dichos impuestos serán totalmente idénticos en los dos territorios.

Lo dicho se aplicará al IVA. Antes del 1 de enero de 1986, con carácter previo a que el estado español fuera miembro de la Unión Europea, estaban en vigor el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, Impuesto de Lujo, el Impuesto de Utilización del Teléfono, la desgravación a las exportaciones, etc. y se daba algo similar a lo que actualmente se da, es decir, había de aplicárseles a todos estos impuestos la normativa común. De hecho, al formar parte de la Comunidad Europea, el estado español y, consiguientemente la CAV (Territorios Históricos) fijaron, en sustitución del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, el IVA. Esto es así porque el Concierto Económico así lo ordena; el pacto impositivo que se establece a nivel internacional ha de cumplirse también en la CAV y por lo tanto, la adecuación del IVA se realizó cuando la Unión Europea así lo solicitó. Y obviamente, con este impuesto no se pudo dividir la unión del mercado estatal español y por ende, de ello se derivó el establecimiento a todos los niveles de las mismas normas. Asimismo, quedaron pendientes de suprimir los impuestos de aduanas y en la reunión que en 1989 mantuvo el Consejo Económico y Financiero Europeo (ECOFIN), se adoptó el compromiso de suprimir dicho impuesto el día 1 de enero de 1993.

Así, a partir de 1993, en la Unión Europea comenzó a funcionar el mercado único, lo cual conllevó la modificación de la naturaleza de las compra-ventas internas, dado que las normas de mercado exterior ya no servían. Por lo tanto, en vez de importación, los servicios y bienes que un estado miembro compre a otro llegaron a considerarse como "adquisiciones" comunitarias internas; esto es, las operaciones no se considerarán como importaciones. Además el impuesto se abonará en función del destino, esto es, el IVA que se origine se abonará en el estado en donde se adquieran los servicios y bienes, lo cual conlleva a que por parte de los estados miembros se adopten las medidas correspondientes al objeto de que se materialice el abono impositivo efectivo; entre tanto, las operaciones que se realicen en el propio estado miembro, el abono del IVA se realizará en función del criterio de origen. Con el fin de que todo ello se materializase debidamente, se han adoptado multitud de controles administrativos al objeto de que el fraude sea más difícil de realizar.

De conformidad con las normas de la Unión Europea, el adquirente, obligatoriamente deberá presentar todos los datos para calcular la cuota del IVA con las deducciones posibles, tanto en las operaciones internas del estado como entre los estados miembros. Además de lo dicho, las tasas impositivas y sus importes deben de ser equivalentes al objeto de evitar distorsiones en el mercado. Asimismo, el control electrónico de estas operaciones debe estar en manos de todos los estados miembros, con el fin de que no se produzca fraude. Aún así, se defrauda en muchas ocasiones dado que es muy fácil realizarlo ocultando los bienes procedentes del exterior en connivencia con el adquirente, puesto que al pasar las fronteras internas no es necesario realizar ningún tipo de declaración a diferencia de lo que ocurre con los bienes procedentes de cualquier otro estado.

Los sujetos pasivos abonaran el IVA a la Diputación Foral si su domicilio fiscal radica en la CAV, independientemente de en qué territorio realicen sus operaciones y el importe de las mismas, si se diera el caso de que en el año anterior hubiere sido inferior a los 6 millones de euros. A la inversa, también funciona dicho criterio, esto es, en el supuesto que el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en territorio común y las operaciones realizadas en el año anterior hubieren sido inferiores a 6 millones de euros, en cuyo caso el abono se realizará a la hacienda central.

En el momento del abono del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el sujeto pasivo tiene únicamente un centro de trabajo no existe excesivo problema en cuanto a determinar cuál de las haciendas debe ser la recaudadora. Pero, si el sujeto pasivo tiene sus empresas o lugares de trabajo en dos territorios, en dicho supuesto los pagos impositivos se realizarán en función de las operaciones relativas. Sea lo que fuere se utilizan idénticos criterios que los empleados para el cálculo relativo del Impuesto sobre Sociedades siendo que el sujeto pasivo en este caso, el contribuyente, es mucho más amplio, dado que además de las Sociedades se contemplan todo tipo de personas, tanto físicas como jurídicas, que realicen cualquier tipo de facturación. Por lo tanto, la distribución del IVA se realizará en función de la entrega de los bienes y servicios.

Pero todas las operaciones, superiores a 6 millones de euros, si se realizan en la CAV, independientemente del lugar donde radique el domicilio fiscal, el pago de la totalidad del IVA de efectuará a las Diputaciones Forales.

Ahora se ha de añadir el supuesto de las adquisiciones intracomunitarias. De hecho, habrá de abonársele a las Diputaciones Forales, al adquirir nuevos medios de transporte en el supuesto de que se trate de entidades que estén libres del abono del IVA o personas físicas, siempre que se matriculen en la CAV. En general, cuando se trate de otras adquisiciones intracomunitarias y cuando éstas superen el montante económico establecido por ley y cuando los adquirentes no tengan derecho a la deducción del impuesto, siempre que el domicilio fiscal de éstos radique en la CAV, realizarán el abono a las Diputaciones Forales. Y por el contrario, si los servicios o bienes se venden desde la CAV en alguno de los estados miembros de la comunidad europea, dichos bienes y servicios se prestan sin IVA y estableciéndose dicho el impuesto en el territorio del adquirente.

Dentro del Concierto Económico, en 1997 se introdujeron Impuestos Especiales y lo mismo ha ocurrido con el nuevo Concierto, actualmente en vigor. Los Impuestos Especiales se incardinan dentro de la normativa común, a pesar que los modelo de declaración, deban, al menos, recoger los datos del territorio común y de que las fechas de abono puedan ser distintas. Dichos impuestos se establecerán sobre el alcohol y sus derivados, cerveza, hidrocarburos, tabacos, electricidad e innumerables medios de transporte.

Los Impuestos Especiales sobre lo producido, por otra parte, se abonarán a las Diputaciones Forales en el supuesto de que el impuesto se haya devengado en la CAV. Pero, cuando se trata del Impuesto Especial sobre Diversos Medios de Transporte, las Diputaciones Forales lo solicitarán en el supuesto de que el vehículo este matriculado en la CAV; como excepción, es posible incrementar en un 10% la tasa estatal que debe aplicarse a este impuesto. Para finalizar, cuando se trate de persona física, el vehículo se matriculará en aquel territorio donde dicha persona física tenga el domicilio fiscal.

Asimismo, en el año 2001 se creó un impuesto especial para la financiación de metas concretas y el mismo se halla también incorporado en el Concierto Económico. En concreto, se refiere este nuevo impuesto al Impuesto sobre Venta al Por Menor de Diversos Hidrocarburos, y su objeto es aportar financiaciones para la mejora del sistema sanitario. El impuesto se regulará por la normativa estatal y las tasas impositivas podrán modificarse en los márgenes que posibiliten las normas; aún así la facultad normativa tanto para los modelos de declaración como para los plazos de abono será competencia de las Juntas Generales de los Territorios Históricos y si el centro de venta al por menor reside en la CAV, el abono se realizará a las Diputaciones Forales. Pero, si el consumidor final de dicho producto lo compra en un centro radicado en la CAV y lo consume en otra comunidad, no corresponde la recaudación de este impuesto a las Diputaciones Forales, a diferencia del caso contrario en que sí les corresponde; si las compras de este combustible se realizan en cualquier estado de la Unión Europea y se consumieran en la CAV, el impuesto sobre el consumo de este tipo de bienes corresponde a las Haciendas Forales.

En el año 1997 se introdujo en el sistema impositivo un nuevo impuesto; de hecho, se creó el Impuesto sobre la Prima de Seguros y puesto que el impuesto es transversal, tuvieron que incorporarlo al Concierto Económico. Obviamente, este tipo de impuestos exige normativa común, a pesar de que los modelos de declaración y los plazos de abono puedan ser diferentes en los dos territorios, pero caso de que el riesgo y compromiso se dé en la CAV, el abono se realizará a las Diputaciones Forales en las operaciones de capitalización y seguro.

De esa manera, se entiende que el riesgo se ubica en la CAV en el supuesto de darse las siguientes condiciones: a) tratándose de inmuebles, si éstos radicaren en la CAV; b) si dentro del seguro de inmuebles se introducen también los movientes; c) cualesquiera movientes, excepto vehículos, si dichos bienes se encuentran en un poseedor ubicado en la CAV; d) pudiera suceder que el mismo seguro tuviera inmuebles radicados tanto en territorio común como en la CAV, en cuyo caso se realizarían dos pagos a las Haciendas de dichos territorios en función del valor de los inmuebles radicados en cada uno de ellos.

Cuando el seguro es sobre los vehículos, sea cual fuere su naturaleza, si la persona o institución que tiene matriculado el vehículo ostenta su domicilio habitual en la CAV, deberá abonar a la Hacienda Foral que le corresponda. Si el peligro lo origina el viaje o el hecho de estar fuera de la CAV y en dicho supuesto se está durante 4 meses o menos, en el supuesto de que se materialice el contrato de seguro en la CAV, el impuesto que le corresponda será para la Hacienda Foral. Si no se tratara de estos supuestos que hasta ahora se han referido, pero el tomador del seguro, sea persona física o jurídica y tenga su domicilio fiscal en la CAV, deberá realizar el pago a alguna de las Diputaciones Forales.

Se considerará que el compromiso radica en la CAV si, para el supuesto de tratarse de personas físicas, en el momento de realizar el seguro de vida, la parte contratante tiene su domicilio habitual en la CAV; y en el caso de las personas jurídicas, si la sede social o la sede de las sucursales se encuentra en la CAV, el compromiso se realizará aquí y, por tanto, también en el pago. En otros casos, se considerará que se realiza el compromiso de la capitalización o seguro en la CAV si la parte contratante realiza su actividad económica desde la CAV y, por lo tanto, habrá de abonar a la Diputación Foral que corresponda.

Existen, de hecho, dos impuestos indirectos que pudieran tener una normativa autónoma. Se trata, concretamente, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los cuales se incardinan bajo la normativa autonómica si no originan influencia alguna en inversiones y capital; en los supuestos de letras de cambio o envíos se aplicará la normativa común; así, en todos estos supuestos se trata de evitar las ventajas legales y no se aplicarán normativas autónomas. Por su parte, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales habrá de abonarse a las Diputaciones Forales caso de que cumpla las condiciones que se acaban de mencionar.

Así, este impuesto podremos dividirlo en tres grandes capítulos: a) transmisiones económico-patrimoniales; b) operaciones societarias; y c) actos jurídicos documentados. En la primera se grava la transmisión económico-patrimonial de cualquier clase, tanto sean patrimoniales como derechos, de toda persona jurídica o física; además de lo dicho los prestamos, fianzas y impuestos sobre alquileres también se contemplan en dicho capitulo. En el segundo, se gravan las operaciones societarias, concretamente, la constitución de sociedades, su ampliación o reducción de capital así como la distribución y disolución al objeto de hacer frente de las pérdidas societarias con la aportación que realicen los socios; y cuando una sociedad que no reside en la unión europea traslada la sede de su dirección al estado español. En el tercer capítulo se gravan los documentos notariales, mercantiles y administrativos.

Por lo que se puede observar, la competencia normativa sobre los impuestos del segundo de los capítulos posibilitaría la creación de privilegios en la CAV, dado que se podría distorsionar el mercado de capitales. De hecho, si en la CAV el impuesto sobre operaciones societarias de cualquier clase fueran más ventajosas o suaves, muchas de las que se operasen en territorio común vendrían a materializarse a la CAV y por ello se deriva la aplicación de la normativa común, aún cuando posteriormente el abono impositivo se realice a las Haciendas Forales; sin embargo los modelos de declaración y los plazos de abono se pueden normativizar, pero deben de ser bastante similares. Además de los impuestos referidos, los relativos al envío postal y letras de cambio se regirán por la normativa común. Por lo tanto todos los impuestos que se incluyen dentro de los apartados a) y c) se regirán por la normativa autónoma.

Por otra parte las obligaciones impositivas que surjan de cualquier tipo de derechos o dación de garantía o transmisiones económicas relativas a bienes inmuebles, se abonaran en las Haciendas Forales de la CAV siempre y cuando dicho bien radique en la CAV.

Las obligaciones impositivas que surjan de los derechos de cualquier clase o crediticias o de bienes semovientes, transmisiones patrimoniales, bienes muebles, se abonaran en las Haciendas Forales de la CAV en el supuesto de que el adquirente sea persona física y su domicilio fiscal radique en la CAV; también en el supuesto de que sea persona jurídica y su domicilio fiscal radique en la CAV. Pero en el supuesto de acciones, obligaciones y casos análogos se adoptara el lugar donde se realice la operación a los efectos de determinar en bien que ha de abonarse.

Actualmente, la compraventa de acciones, derechos de suscripción, participaciones societarias, obligaciones y títulos de naturaleza análoga y abonos impositivos, se realizarán en el territorio en el que se formalice la operación. Y, por ultimo en la constitución de hipotecas mobiliarias, o dicho de otra manera en los supuestos de aeronaves, buques, embarcaciones y supuestos análogos, este impuesto se abonará en el territorio en el que se formalice la garantía.

Por otra parte en los supuestos de préstamos, fianzas, rentas mobiliarias y constitución de pensiones sea persona física la prestataria, arrendataria, fiadora o pensionista y su domicilio habitual se ubique en la CAV, el impuesto que surja de dichas operaciones se abonara en las Diputaciones Forales; y en el supuesto de que fuera persona física, respecto de las mismas operaciones, el abono impositivo se realizara en el mismo territorio en el que reside la dirección fiscal de la persona jurídica.

Pero cuando los préstamos son con garantías reales, siendo hipotecas inmobiliarias, las Diputaciones Forales dispondrán de toda facultad para la recaudación impositiva, siempre y cuando los bienes inmuebles se ubiquen en la CAV. Y en el supuesto caso de que los bienes inmuebles estuvieran en los dos territorios, el impuesto que habría de pagarse se realizara en función del valor de dichos bienes tanto en un territorio como en el otro.

En los casos siguientes según sea el territorio en el que radique el domicilio fiscal el abono del impuesto procederá en dicho territorio en el supuesto de: 1) Constitución de nuevas sociedades así como fusión y liquidación. 2) Incremento o disminución del capital societario así como su fusión, etc.

En estas operaciones la casuística es muy amplia, pero, normalmente el domicilio fiscal nos facilitara el ámbito para el pago del impuesto.

En los Actos Jurídicos Documentados el abono se realizara en el lugar en el que se materialice el documento. Pero, si cualquier documento se realizara en la CAV, el impuesto que de dicho documento derivara se abonaría a las Haciendas Forales.

Este Concierto Económico prevé los nuevos impuestos indirectos que pudiera crear el estado. De hecho, dispondrá de las mismas tasas impositivas, hechos impositivos, normativa general y principios básicos análogos al territorio común.

Por último, tenemos el Impuesto sobre el Juego, el cual está pactado y, en general dispondrá de normativa autónoma, aun cuando la determinación del sujeto pasivo y de los hechos impositivos equipare el estado para todo su ámbito territorial. Pero las diputaciones forales otorgaran las autorizaciones de juego correspondientes siempre y cuando se realicen en la CAV.

Las tasas, asimismo, se incluyen dentro del Concierto Económico y por lo tanto, corresponde a las Diputaciones Forales la obtención de los rendimientos derivados de las mismas siempre que el dominio de ellas sea público y obliguen al pago a quienes los utilicen u obtengan aprovechamientos; igualmente si la actividad para ofrecer servicios la realicen las Diputaciones Forales.

Por ultimo, los impuestos locales se incardinarán en el ámbito de la normativa autónoma y dispondrán de sus particularidades en cada uno de los Territorios Históricos. Por otra parte los impuestos locales son los siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y muchos otros impuestos locales.

La lista de los ingresos que dispone el Gobierno Vasco, ha sido ofrecida con anterioridad. A continuación, se determinará en qué porcentaje se distribuyen dichos ingresos.

Tabla 1: Ingresos de la CAV en 2003
Concepto Millones euros %
Fuente: Gobierno Vasco
Impuestos indirectos7,10 0,1
Tasas y otros ingresos44,70 0,7
Transferencias comunes5645,97 91,3
Ingresos patrimoniales43,68 0,7
Inversiones reales0,65 0,0
Transferencias de capital44,97 0,7
Modificaciones de activos financieros7,93 0,1
Modificaciones de pasivos financieros390,00 6,3
Ingresos en general6185,00 100,0

En la tabla 1 se puede observar de forma evidente que el ingreso más importante del Gobierno procede de las Diputaciones Forales, concretamente, un 91,30 % aproximadamente. Para la realización de dicha distribución se reunió el Consejo Vasco de Finanzas Públicas y dicho Consejo los distribuyó de conformidad con la Ley de Aportaciones 6/2002 de 4 de Octubre de 2002. De esa forma, las tres Diputaciones Forales son conocedoras de sus aportaciones tanto verticales -al Gobierno Vasco- como horizontales -el quantum que cada una de las Diputaciones debe aportar- a realizar. Asimismo, se muestran muchas otras fuentes de ingreso, pero si deducimos las financiaciones pasivas, 6,3%, poco más se obtiene. Por lo tanto, los ingresos públicos restantes no son tan evidentes.

En la tabla 2 se observan los ingresos de las Diputaciones Forales. De hecho, son las Diputaciones Forales quienes ejecutan las operaciones impositivas pactadas y por ello son tan importantes, dado que las operaciones de la mayor parte del dinero público las materializan dichas instituciones.

Tabla 2: Ingresos de las Tres Diputaciones Forales. 2003
Concepto Millones euros %
Fuente: Gobierno Vasco
Impuestos directos3.938,6743,6
Impuestos indirectos4.585,6850,7
Tasas y otros ingresos121,061,3
Transferencias comunes171,651,9
Transmisiones patrimoniales24,090,3
Transm. inversiones reales11,450,1
Transferencias de capital77,540,9
Modificaciones de activos financieros11,700,1
Modificaciones de pasivos financieros96,871,1
Ingresos en general9.038,72100,0

En la segunda tabla se observa que las Haciendas Forales recaban el 43,6 % del total de los ingresos públicos por vía de impuestos directos en el que el IRPF es el impuesto de mayor importancia. Le siguen los impuestos indirectos, los cuales superan la mitad de los ingresos públicos, concretamente el 50,7 %; de entre los impuestos indirectos, el más dadivoso es el IVA. Los restantes impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, tienen un peso específico menor. Estos últimos tres impuestos, a pesar de ser de gran importancia, aún así, quedan a mucha distancia si las comparamos con el IRPF o el impuesto del IVA.

Tabla 3: Aportaciones de las Diputaciones Forales al Estado y a al Gobierno Vasco. Año 2003
Concepto Millones euros %
Fuente: Euskadiko Kutxa
Cupo1.127,2716,8
Aportaciones5583,9083,2
Totales6.711,17100,0

La tabla 3 muestra las obligaciones financieras de las tres Diputaciones Forales respecto al Gobierno Vasco y Gobierno Central. En dicha tabla se observan el Cupo y las Aportaciones, pero el Cupo es líquido y no se determina de forma clara lo que realmente se abona al gobierno central dado que el Cupo bruto es otra cuestión tal y como en su cálculo se podrá ver.

Por último, en la tabla 4, veremos la distribución que realizan las Diputaciones Forales de sus recursos, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que también son los ingresos del estado, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos.

Tabla 4: Compromisos de las Diputaciones Forales respecto a las instituciones. 2003
Concepto Millones euros %
Fuente: Euskadiko Kutxa
Cupo1.127,2712,47
Aportaciones5583,9061,77
Capital Municipal576,786,38
Diputaciones Forales1750,8619,37

Tal y como se puede apreciar en la tabla 4, una gran arte del gasto general de las Diputaciones Forales, el 80%, esta comprometido institucionalmente, por lo que les resta para ellas mismas el 20%. Obviamente, al Estado hay que abonarle el Cupo, al Gobierno Vasco las Aportaciones Económicas y a los ayuntamientos el resto.

Entre las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado Español se dan innumerables flujos financieros y de los cuales, en este capitulo, dos de ellas tienen mucha relación. La primera tiene que ver con los presupuestos entre las dos administraciones y la otra con las desigualdades que originan los impuestos directos en la ejecución de abonos y recaudaciones.

Estas relaciones financieras deben de cumplir innumerables principios. De una parte se garantiza la autonomía financiera e impositiva de la CAV al objeto de materializar sus competencias, pero en cualquier caso teniendo en cuenta el principio de colaboración que subraya el Estatuto de Autonomía y la Constitución, aun cuando respecto de la ejecución de dicha colaboración poco se manifiesta; de otra parte existe el Fondo de Compensación Interterritorial; existe también una cuestión mas a resaltar que se refiere a los fondos de cooperación que recibe el Estado Español desde la Unión Europea.

Por otra parte, en el Concierto se especifica claramente que la CAV abonara a la Administración Central mientras la misma mantenga tanto sus propias competencias como las que se hallan pendientes de transferencia. Constituye un sistema similar al que se instituyo en el año 1981, quedando la determinación de la metodología en manos de la Comisión Mixta.

Por ultimo se ha de destacar la responsabilidad que las instituciones vascas ostentan sobre los municipios de la CAV, con lo que se asegura que el nivel de autonomía de estos municipios, cuando menos será equivalente al del territorio común. Por lo tanto, además de la autonomía respecto de los ingresos de los propios municipios, los cuales las percibirán mediante los correspondientes impuestos y tasas municipales, las instituciones Vascas tendrán que efectuar a los municipios aportaciones económicas al objeto de ejecutar sus competencias, de la misma manera que el estado garantiza a los municipios de territorio común.

Aun cuando la duración del Concierto Económico no tiene vencimiento, no ocurre lo propio con El Cupo, puesto que el mismo se ha de renovar quinquenalmente. Por lo tanto, tras cinco años se examina y se revisa, aprobándose la metodología del calculo del Cupo para el nuevo plazo quinquenal. Obviamente, al igual que el Concierto Económico, el Cupo se aprueba mediante ley en el Parlamento Español, tras obtener previamente la unanimidad en la Comisión Mixta, una vez la cual se presenta mediante en articulo único mientras su contenido constituye un anexo, pero dichos artículos son inmodificables en las dos cámaras dado que dicho cometido corresponde a la Comisión Mixta.

Incluso siendo así, el primer Cupo, el que estuvo en vigor a partir del año 1981, fue provisional y no tuvo carácter de ley. Si en cambio el segundo Cupo, el cual tuvo una vigencia temporal desde el año 1987 hasta el 1992, a pesar de ser aprobado en el año 1988 con similares efectos; algo parecido ocurrió con el Cupo del año 2002 dado que el nuevo Concierto se debió de haber aprobado en el año 2001 y con ello el Cupo correspondiente al periodo 2002 / 2006, pero no fue así y se tuvo que aprobar cuando dicho año había transcurrido ya en parte. Al día de hoy estamos en el periodo 2007 / 2010 y sin embargo no se ha aprobado la metodología para el calculo del Cupo de dicho periodo, aun cuando se supone que será semejante al anterior y que el índice de conflicto seguirá siendo equivalente.

Además de lo dicho, el Gobierno Central transfirió a las Comunidades Autónomas competencias en materia de sanidad así como los medios para la financiación de dichas competencias. La CAV asumió para si dichas competencias y siguiendo la lógica del Cupo tenia que abonar al Gobierno Central una menor cantidad. Pero en un principio, como consecuencia de la posición del PP respecto a los vascos y posteriormente el PSOE en la medida en que lo utilizaría como medio de presión para asegurar el apoyo del PNV, el abono del Cupo fue objeto de muchas incidencias, dado que las instituciones vascas deducían del Cupo el importe correspondiente a los gastos en materia de sanidad, a lo que el Gobierno Central respondía a las mismas descontando del monto que tenían que devolver de los ajustes a realizar por los impuestos indirectos. Por ultimo dicho incidente finalizo en el año 2005 y a las instituciones vascas se les admitió que en concepto de Cupo tuvieran que abonar una menor cantidad.

¿Pero que es el Cupo? El Cupo es el montante económico que la CAV debe abonar al Gobierno Central para financiar los gastos que el Gobierno Central realiza en la CAV en competencias de las cuales esta es titular y que aun no se han transferido a la CAV. Esta es, concretamente, la definición del Cupo.

Es obvio que el Gobierno Central realiza innumerables gastos en la CAV. Dichos gastos son los que realiza en virtud de sus propias competencias, puesto que así ordena la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Por otra parte todavía mantiene muchas otras competencias, como la relativa a la investigación, pendiente de transferencia a la CAV, siendo objeto de muchas tensiones en la relación entre las administraciones de Gasteiz y Madrid. Por lo tanto el Cupo financiara estas dos clases de competencias, pero en cualquier caso en la proporción que corresponda a la CAV. Y para ello se define el índice de imputación.

Aplicando el índice de imputación se cuantifica el Cupo y por lo tanto, los gastos que realiza, de forma detallada, el Gobierno Central en la CAV y los Cupos no tienen por que se análogos; no es sino una aproximación. Por ello, el Cupo, siguiendo el tenor de los gastos, se puede calcular de otra forma. Pero no se realiza de esa manera, y se cuantifica de forma general.

Al momento de calcular el índice de imputación se considero la carga de la economía del País Vasco y se comparó con el Estado. Utilizando cuantiosas variables macroeconómicas se aprobó que fuera un 6,24% para el primer Cupo y posteriormente dicho número se ha mantenido. Por otra parte se ha de manifestar, que esta cifra es de una importancia excepcional puesto que a fin de cuentas las decimas o tantos por ciento podría suponer mucho dinero para la CAV y por el contrario para el Gobierno Central es una cifra despreciable, dado que las cifras presupuestarias del mismo son mucho mas cuantiosas, y por lo tanto, relativamente, tiene una importancia mucho menor.

El ultimo Cupo que estuvo en vigor se aprobó para el periodo 2002 - 2006, El año base fue 2002 y a los siguientes cuatro se les aplico el índice de actualización. De esa manera al Cupo liquido base para la obtención del siguiente, se le aplico el índice de actualización correspondiente al año 2003 y se actuaría de la misma manera con la del año 2004...

Al igual que los anteriores Cupos, los gastos de las competencias que el Estado tiene asumidas serán el punto de origen. Para ello, al total de los gastos del Estado se descontaran todos los gastos de las competencias, calculadas a nivel estatal, transferidas a la CAV. Por otra Parte entre los gastos generales del estado se incluirán todas las cuotas de amortización e interés derivadas de la deuda pública estatal, subvenciones o transferencias realizadas a las instituciones públicas del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial. Después se aplicaran el índice de imputación, esto es el 6,24% al resultado anterior y ese será el Cupo Bruto. Por lo tanto se les aplicara a los gastos no asumidos el 6,24% y de ahí se derivara el Cupo bruto (véase anexo).

Posteriormente, al igual que en el Cupo anterior, tenemos las compensaciones, las cuales se mantienen en tres ámbitos: A) Por impuestos no pactados, B) Por ingresos del Estado no contributivos y C) por déficit público. A dichas cuantías se les aplica el 6,24%, y se descuentan del Cupo Bruto. Además de estas compensaciones, existe también una cuarta. Concretamente, se refiere en el numero dos del articulo sexto de la ley del Cupo y que es una compensación cualitativamente distinta en comparación con la anterior; mas en concreto los importes que se descontaran serán las retenciones realizadas sobre los alquileres de los trabajadores vascos de la Administración Central, por parte de la Hacienda Central.

Por otra parte los abonos que en la CAV se realicen con motivo de la financiación de los servicios públicos y en la sanidad de la seguridad social, serán compensados. Hasta la aprobación de este nuevo sistema de calculo, el mayor tesoro de la seguridad social constituía la compensación de dicho montante de conformidad con lo que la normativa vigente exigía; pero en base a la nueva normativa estos ingresos que corresponden a la CAV se incluyen en la determinación del Cupo, para distinguirlas del sistema anterior. Para calcular este importe se tendrán en cuenta los ingresos de todo el Estado a los cuales se aplicara el índice de imputación.

Una vez realizadas todas esas deducciones, habremos determinado el cupo líquido y esa será la cuantía que a la administración central del Estado se le habrá de abonar. Pero siempre teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo al año base.

¿Cómo se calcula el índice de actualización?

Este índice es una fracción en el cual el numerador lo constituirán los ingresos del Estado de cualquier año, obtenidos en concepto de impuestos pactados, pero no se tendrán en cuenta los ingresos alcanzados por medio de impuestos otorgados parcial o totalmente al resto de las comunidades autónomas, y el denominador, lo constituirán los ingresos obtenidos por los mismos conceptos en el año base; por lo tanto los ingresos tributarios del primer y segundo capítulos. Resumidamente escrito y teniendo en cuenta cuales son los impuestos concertados excluidos los susceptibles de cesión al resto de las comunidades autónomas, concretamente partes del IRPF como IVA, y todos los obtenidos por medio de Impuestos Especiales, si se divide con lo obtenido por dichos conceptos en el año base, el índice de actualización, se obtendrá para el año t; si 0 constituye el año base, con el índice de imputación para el año t el Cupo liquido quedará como sigue:

Por lo tanto el Cupo líquido del año t se obtendrá de esta manera: Clt = Cl0 x Iet

De todas formas, el Cupo de los presupuestos será provisional y una vez que se realicen todos los gastos e ingresos durante el año, se calculará el definitivo, realizándose los correspondientes ajustes o adecuaciones si las dichas dos cifras fuesen distintas. Pero, dichos ajustes o adecuaciones se realizan una vez finalizado el ejercicio económico y las diferencias se contemplan en los presupuestos del año siguiente.

Al igual que en el primer Cupo, en este segundo, si el gobierno central transfiese en el año base a la CAV alguna competencia, se deducirá del Cupo el importe que se calcula aplicando el porcentaje del 6,24% a todos los gastos que el estado realizare en dicha competencia, y viceversa, caso de transferir la CAV competencia alguna al gobierno central. En el caso de que fuese alguno de los años restantes, al gasto que durante ese año dispondrá la administración central en la competencia transferida se le aplicara el índice de imputación y el resultado se descontará del Cupo. Para los restantes años, habrá de estarse al Cupo base y se aplicará el índice de imputación a los importes abonados, a nivel estatal, por parte de la administración central en dicha competencia y el resultado se descontará del Cupo líquido del año base; posteriormente al referido "nuevo" Cupo líquido se le aplicará el índice de actualización al objeto de cuantificar el Cupo de t o del año que corresponda.

Existen, todavía, muchas cuestiones que han quedado por determinar. Por ejemplo ahí están las rentas de aduanas obtenidas del comercio exterior, y entre ellas los muchos desajustes producidos por el IVA e Impuestos Indirectos (I.I.). Puede ocurrir también que el importe recaudado por Impuestos Especiales o IVA interior sea inferior que el abonado por los contribuyentes; también puede ocurrir al contrario. Por lo tanto puede haber muchos casos no-normales y los problemas hay que solucionarlos y para ello se han de disponer de las herramientas adecuadas. A dicha herramienta le vamos a denominar sistema de ajuste.

En el sistema de ajuste se tienen en cuenta a los consumidores, al término de la fase del proceso productivo, dado que son contribuyentes indirectos. Por ello, si el nivel de consumo relativo de la CAV en el estado es c, cualquier ingreso por impuestos indirectos (IVA e I.I.) se ajustará a dicha proporción.

Si el porcentaje relativo a nivel estatal que por cualquier impuesto indirecto recauden las tres Haciendas Forales es d, dicha d representará la capacidad recaudatoria.

Ahora bien, si c=d, no habrá de hacerse ningún ajuste, dado que los impuestos abonados son, proporcionalmente, equivalentes a los recaudados.

Pero si c es ? d habrán de realizarse ajustes. De hecho, si c es mayor que d significa que los impuestos indirectos abonados por los vascos en concepto de los impuestos indirectos son superiores a los recaudados por las Haciendas Forales y por lo tanto, la hacienda central habrá de devolver la diferencia dado que lo que no se recauda en la CAV se habrá recaudado por la hacienda central. Y si fuere u ocurriere a la inversa, tal y como ha ocurrido con los hidrocarburos, a cuenta de Petronor, la Diputación Foral de Bizkaia recaudará muchos más de la que a ella le corresponde como ha ocurrido en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Y en este caso, la CAV habrá de devolver a la hacienda central en importe de los impuestos. Apliquemos ahora lo anteriormente referido.

Por mediación de estos ajustes el IVA e I.I. originados en el comercio exterior corresponden a la CAV, si dichos servicios o mercancías se consumen en dicha comunidad, a pesar de que la recaudación impositiva realice la hacienda central; por lo tanto, todos los ingresos impositivos surgidos de dicha manera serán entregados por el gobierno central a las haciendas forales de la CAV por cuanto que éstas nada han recaudado por dicho concepto exterior.

El índice de imputación que se utiliza para dicho cálculo es algo mayor que el utilizado para el cálculo del Cupo. En el Cupo se utiliza el 6,24%, pero en este ajuste (c) se utilizará el 6,875%. Una explicación de ésta diferencia podría residir en el nivel de consumo de los servicios y en los bienes exteriores. De hecho, se consumen más servicios y bienes importados que la media estatal. Y dicho aspecto se tiene en cuenta a la hora de realizar ajustes más reales. En el Cupo anterior en el ajuste del mercado exterior se utilizó el 6,24%, no así en los restantes posteriores.

El segundo ajuste y por lo tanto, el que al IVA interno de la CAV ha de adjudicársele, será la cifra que se obtenga a través de la siguiente fórmula: se multiplicará el 1,110% por el importe del IVA que se recaudaría realmente por dicho concepto en todo el estado.

En dicho ajuste se puede observar, en primer lugar, que relacionando lo recaudado en territorio común en los Territorios Históricos en concepto de IVA y realizada la deducción del importe del IVA relativo a las importaciones, como base, resulta, (d) 0,05643. Si a dicho número se le añade 0,01232 resulta 0,06875, es decir 6,875%, esto es: el porcentaje del IVA exterior que corresponde a la CAV. Por otra parte hemos de pensar que el nivel económico y de consumo de la CAV respecto al del estado ha de ser superior al 6,24%. El exceso de dicho importe se considera que pertenece a la CAV. A fin de cuentas los consumidores abonan el IVA y el consumo de la CAV es dicho porcentaje del 6,875%.

Existen, de hecho, otros ajustes: son los relativos a los impuestos especiales sobre fabricación. Dichos impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas de la misma, sobre Productos intermedios, sobre Cerveza, sobre la fabricación de Tabaco e Hidrocarburos. Por lo tanto han de considerarse dichos impuestos de forma individualizada y tras su examen han de realizarse las modificaciones que correspondan.

En aduanas el 7,130% de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas de la misma se adjudica a la CAV; por dichos conceptos impositivos a la CAV corresponde únicamente un 1,932% de lo recaudado en todo el estado y puesto que el importe abonado es del 7,130%, la diferencia (7,130-1,932= 5,198), se multiplicará por la cantidad que el estado recaude por dicho concepto cuyo resultado entregará la hacienda central a las Diputaciones Forales.

Por el impuesto sobre la Cerveza las Haciendas Forales percibirán el 7,130% de los Impuestos Especiales; y puesto que dentro de la CAV se recaudará el 1,731% respecto del total del estado, la diferencia (7,130 - 1,731 = 5,399) se le aplicará a lo recaudado en todo el estado y se entregará a las Diputaciones Forales.

Por último tenemos los Impuestos sobre Tabaco y Hidrocarburos y en este caso las cantidades recaudadas anteriormente en las aduanas por parte del estado constituyen al día de hoy competencia de las Diputaciones Forales. El ajuste interno, por lo tanto, se continuará realizando de igual manera que antiguamente. De hecho, en el caso de los hidrocarburos el 1,700% de lo recaudado en todo el estado se devolverá a la hacienda central, caso de que en Bizkaia se recaude más de lo que por su consumo le corresponda; en general en este producto se consume en la CAV el 6,560% del total del estado y se recauda el 8,260%; de ahí que este flujo sea negativo para la CAV. En el caso del tabaco se realizará también una liquidación impositiva.

Cupo para el año base (2002)
Se toman en cuenta en concepto de compensación los abonos realizados a la seguridad social por parte de los usuarios de la sanidad y otros servicios. En el año base, se le imputaron a la CAV 53,042 millones de euros y consiguientemente, el cupo abonado sin tener en cuenta la compensación realizada a Araba, supuso 1.027,621 millones de euros.
(*) Retenciones recibidas por la hacienda central
(**) En dicho importe se incluyen los gastos del INSERSO, INSALUD y Ertzaintza correspondientes a dicho año como si de gastos corrientes se trataran.
Millones euros
Presupuesto del Estado: Gastos
(menos)
144.104,165
Cargas asumidas por la CAPV (*)
(igual)
77.411,615
Gastos para las competencias del Estado66.692,550
Aplicado a cargas sin indice de exclusion:
Cupo bruto
(6,24 % x 66.692,550)
4.161,615
Compensaciones3.080,952
a) Impuestos no concertados:
3.097,191 x 6,24%
193,267
b) Ingresos no imponibles:
8.718,927 x 6,24%
554,061
c) Deficit Público:
32.916,367 x 6,24%
2.053,981
d) Impuestos directos concertados (*)279,643
CUPO LÍQUIDO (**)
(= Cupo bruto - compensaciones)
1.080,663
  • AIZEGA, Jose Maria (dir.). Concierto y Convenio: Jornadas de Estudio. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2002.
  • ARANBURU, Mikel. Provincias exentas. Convenio-Concierto: Identidad colectiva en la Vasconia Peninsular. San Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2006.
  • BADÍA DE la CALLE, J., El Concierto Económico de Alava y su legislación complementaria. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 1975.
  • BAKAIKOA, Baleren. "The Public Budget in the Basque Economy" . In First International Basque Conference in Northamerica. Fresno (USA): California State University of Fresno, 1985; pp. 84-105.
  • BAKAIKOA, Baleren. "Una visión del Concierto Económico y del Cupo en la Comunidad Autónoma Vasca". In Revista Vasca de Adminsitración Pública, nº 15. Enero-Abril, 1986; 145-165.
  • BAKAIKOA, Baleren. Autonomi Ogasunak eta Europako Komunitateko Aurrekontuak. Bilbao: Universidad Vasca de Verano, 1992.
  • BAKAIKOA, Baleren. "Inbertsiotarako zerga pizgarriak EAEn". In Eleria, nº 3, 1998; 23-30.
  • BELDARRAIN, Manuel, "El Concierto Económico como Conformador de un sistema de financiación autónoma". In Revista Vasca de Adminsitración Pública, nº 15, 1986.
  • BELDARRAIN, Manuel. El Concierto Económico y su Disposición Adicional 2ª, Oñati: IVAP, 1998.
  • BELTZA, El Nacionalismo Vasco. 1876-1937. Hendaya: Ed. Mugalde, 1974.
  • BENAVIDES, Leandro. Hacienda Pública. Lecturas y textos Legales. San Sebastián. 1981.
  • BURGO, Jaime Ignacio del, El régimen fiscal de Navarra. Pamplona: Diputación Foral de Navarra / Aranzadi, 1972.
  • BURGO, Jaime Ignacio del, Introducción al estudio del Fuero (Los Derechos Históricos de Navarra), Pamplona: Gobierno de Navarra. 1987.
  • CASTELLS, Antoni. Hacienda Autonómica: Una perspectiva de federalismo fiscal. Barcelona: Ariel, 1988.
  • CEBRIÁN, Lierni. Los recursos de la Hacienda General del País Vasco. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1994.
  • Delegación del Gobierno en el País Vasco. La Constitución. El Estatuto de Autonomía y Normas Institucionales de la Comunidad Autómona del País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Delegación del Gobierno, 1985.
  • EKONOMIAZ, nº 6, Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 1987
  • ELA. La fiscalidad en Euskal Herria en 1996: enquistamiento del fraude, Bilbao: Instituto Manu Robles-Arangiz, 1997.
  • ELCARTE, J., "La aplicación y desarrollo de la Ley del Concierto Económico". In Revista de Hacienda Autonómica y Local, tomo XX, nº 60, Septiembre/Diciembre, 1990; 403-419.
  • EUSKADIKO KUTXA. Urteko txostenak. Arrasate/Mondragón: Caja Laboral-Euskadiko Kutxa, 1985, 86, 2005, 2006.
  • Diputación Foral de Gipuzkoa, Ekonomia Ituna. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2003
  • HUCHA, F. de la, El régimen jurídico del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra. San Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2006.
  • JIMENO, R. y TAMAYO, V. Gipuzkoa y el estado: Relaciones fiscales y tributarias (1696-2005). San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2005.
  • JULIÁ, J. y SERVER, R. Fiscalidad de las Cooperativas, Barcelona: Pirámide, 1992.
  • JURADO, N. eta HERRERO, E. "Financiación de la CEE". In Herria 2.000 Eliza, nº 102, 1989.
  • LAMBARRI, C., LARREA, J.L. El Concierto Económico. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1991.
  • NAVARRO, M., "Kontzertuak eta Konbenioa: Atzo eta Gaur". In Euskal Herriko Ekonomi Lanen Bilduma. 1981. Bilbao-Oñati: Universidad Vasca de Verano/IVAP, 1983; 61-130.
  • POSTIGO, Carmen. Los Conciertos Económicos. San Sebastián: Haranburu, 1979.
  • RODRIGO, Marco Antonio. "La regulación de Sociedades en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Efecto en las entidades de Economía Social". Revista CIRIEC-Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 23, urria, 1996; 135-148.
  • ZUBIRI, Ignacio. El sistema del Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea, Bilbao: Círculo de Empresarios, 2000.
  • ZURITA, Manuel. Cien años de concierto económico. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 1977.