Politikariak eta Kargu publikoak

Ardanza Garro, José Antonio

Político vizcaíno nacido en Elorrio el 10 de junio de 1941.

Hizo sus primeros estudios en el Seminario Diocesano de Derio y luego en los jesuitas de Durango. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, trabajó como asesor jurídico de Caja Laboral Popular desde 1969 hasta 1983. Simpatizante en su juventud de EGI, tras la legalización del partido se afilió al PNV en 1979.

En las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco, celebradas este último año, fue elegido alcalde de la localidad guipuzcoana de Arrasate/Mondragón, cargó que desempeñó hasta 1983. Fue Juntero electo de Gipuzkoa elegido en los comicios de 3 de abril de 1979; reelegido por la circunscripción Deba-Garaia en los del 8 de mayo de 1983. El 30 de mayo de ese año es elegido Diputado General de Gipuzkoa.

Al sobrevenir la crisis del PNV, la Asamblea Nacional del mismo, a propuesta del EBB, lo propone, el 21 de diciembre de 1984, como candidato a Lehendakari del Gobierno Vasco en sustitución del cesado Carlos Garaikoetxea. Lo será desde enero de 1985 hasta enero de 1999.

Su partido inició en la Asamblea Nacional de 1988, lo que vino en llamarse el "espíritu del Arriaga" y la búsqueda de "la comodidad dentro de España". Ese mismo año, el 12 de enero, Ardanza propició y organizó el Pacto de Ajuria-Enea (Documento nº 1), un reagrupamiento de las fuerzas vascas en torno a la lucha contra el terrorismo de ETA.

Pero, debido a enconos entre los firmantes y a la dificultad de la empresa, el pacto fue languideciendo. Un último intento, el "Plan Ardanza. Un acuerdo sobre el final dialogado" (Documento nº 2 ) fue presentado por el Lehendakari a la Mesa de Ajuria Enea en marzo de 1998.

Pero, el PNV, liderado siempre por Arzalluz, cambiaba de rumbo: el 12 de septiembre de 1998 se firmaba el Acuerdo de Lizarra-Garazi. V Unos días después, ETA declaraba un alto al fuego indefinido. En este contexto se celebraron nuevas elecciones autonómicas tras las que Ardanza fue sustituido por Juan José Ibarretxe.

Es Presidente, desde entonces, del operador vasco de telefonía Euskaltel.

  • Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi. (12 de enero de 1988)

Transcurridos casi once años desde las primeras elecciones democráticas, el terrorismo es un fenómeno que persiste entre nosotros. Su erradicación sigue siendo hoy, por tanto, un objetivo común fundamental de la acción de todas las instituciones y fuerzas democráticas. El combate contra el terrorismo es, por encima de todo, el combate de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte, de la libertad frente a la imposición. Es, en consecuencia, el esfuerzo por hacer prevalecer los principios éticos en que se asienta la convivencia en una sociedad civilizada ante quienes los niegan.

La recuperación de las libertades democráticas y, en concreto, la aprobación, mediante referéndum, del Estatuto de Gernika constituyen dos acontecimientos decisivos, que introducen en la Comunidad Autónoma del País Vasco una situación política radicalmente distinta de la anterior.

Desde esta perspectiva, los partidos firmantes queremos insistir en que cualquier referencia que en el Acuerdo se haga a problemas políticos del Pueblo Vasco, al desarrollo estatutario o a las relaciones que la Comunidad Autónoma Vasca vaya a mantener con la Comunidad Foral de Navarra, no puede entenderse en ningún caso ni como justificación del terrorismo ni como condición, contrapartida o moneda de cambio para el cese de la violencia terrorista, que no tiene ningún tipo de justificación en esta sociedad. Esta condena y rechazo de ETA la hacemos los partidos vascos desde la legitimidad, que nos confiere la defensa democrática y pacífica del autogobierno para nuestro pueblo.

Porque el Estatuto de Gernika -resultado de un largo y, a veces, difícil proceso de negociaciones, que desembocaron en un auténtico pacto entre los representantes de la Asamblea de Parlamentarios Vascos y los de la Comisión Constitucional del Congreso- constituye un punto de encuentro de la voluntad mayoritaria de los vascos y el marco jurídico del que la sociedad vasca se dota, en un determinado momento histórico, para acceder al autogobierno y regular la convivencia pacífica, representando, en consecuencia, la expresión legítimamente refrendada de la propia voluntad y un logro histórico sin precedentes en la historia contemporánea del Pueblo Vasco, aun cuando no recoja, como es obvio, todas y cada una de las reivindicaciones de los diversos sectores representativos de la pluralidad de intereses de la sociedad.

El mismo Estatuto contiene además en su propio texto los mecanismos necesarios, igualmente refrendados por la voluntad popular, para poder acceder a su eventual reforma. Más aún, como expresión de respeto y reconocimiento de las profundas aspiraciones al autogobierno que el Pueblo Vasco ha demostrado a lo largo de su historia, el propio Estatuto refrendado, en su Disposición Adicional, hace reserva expresa de los derechos que a dicho Pueblo hubieran podido corresponder en virtud de su historia y a cuya actualización, mediante la expresión de su voluntad en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, aquél no renuncia por la aceptación del actual régimen de autonomía.

Tanto las disposiciones, positivas que contiene como estas reservas cautelares, unidas a la Disposición Adicional Primera y a las posibilidades que ofrece el artículo 150.2 de la Constitución, hicieron que el Pueblo Vasco viera en el Estatuto de Gernika un instrumento válido para la progresiva satisfacción de sus aspiraciones y lo refrendara por amplia mayoría.

Incluso algunos sectores, que habían continuado utilizando la violencia para la consecución de sus fines políticos, supieron apreciar la novedad de la situación creada a raíz de su aprobación, abandonaron la actividad violenta y decidieron su incorporación a la actividad política dentro del marco mayoritariamente aprobado.

Hoy es el día, sin embargo, en que, pasados ya ocho años desde la aprobación del Estatuto, ciertos sectores, en contra de la voluntad mayoritaria, clara y reiteradamente expresada por su pueblo, continúan utilizando la violencia como medio de imponer modelos políticos alternativos, que, además de no haber podido articularse hasta ahora en una oferta política clara, han resultado siempre minoritarios en cuantos procesos electorales se han producido.

Por otra parte, el uso legítimo y reprobable del terrorismo, además de suponer la expresión más dramática de la intolerancia y del exclusivismo, un inadmisible desprecio de la voluntad popular y un atentado contra los derechos fundamentales de la persona, continúa acumulando sobre la sociedad vasca desastrosas consecuencias en los aspectos morales, sociales, políticos y económicos, que se ven sustancialmente distorsionados y deteriorados por su causa.

Más aún, la llamada violencia política, sea cual fuere su utilidad respecto de los fines que los propios violentos afirman perseguir, se ha demostrado ya en nuestro País, dotado de instituciones democráticas, no sólo ineficaz, sino perjudicial para la consecución efectiva del autogobierno, a que el Pueblo Vasco aspira, erigiéndose así en un importante obstáculo para la satisfacción de sus aspiraciones.

Ya en marzo de 1985, el Parlamento Vasco adoptó, en circunstancias muy concretas, una postura decidida contra la utilización de la violencia para la consecución de fines políticos, negándole cualquier pretensión de suplantar la voluntad popular.

Hoy se puede constatar con satisfacción que en la sociedad vasca se ha extendido e intensificado el deseo de alcanzar su definitiva pacificación. Van haciéndose cada vez más frecuentes las llamadas al abandono del terrorismo ya la participación de todos los sectores, desde sus respectivas posiciones legítimamente discrepantes, en la resolución progresiva, por las vías democráticas e institucionales, de los graves problemas que tiene planteados el País.

La sociedad vasca, que ha optado mayoritariamente por la vía estatutaria, ha adquirido ya una conciencia clara de que ni la violencia política ni los planteamientos de quienes la exculpan o justifican deben condicionar su posicionamiento democrático y mayoritario, de modo que la persistencia del uso de la fuerza no pueda servir ni de argumento para intentar acceder a mayores cotas de autogobierno que las democráticamente aprobadas, ni de freno a la plena satisfacción de sus aspiraciones mayoritarias, actitudes ambas que redundarían en la quiebra de su confianza democrática.

Convencidos, por tanto, de que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad es la que pasa por el estricto respeto de la voluntad popular, dirigimos un llamamiento a quienes aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, por respeto a esa misma voluntad popular, abandonen las armas y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos.

Tal llamamiento lo hacemos además desde la constatación de que son estos cauces democráticos los únicos que pueden conducir a la resolución de los problemas que tiene planteados nuestra sociedad. Debemos constatar, a este respecto, los indudables avances que se han producido en nuestro País a raíz de la aprobación y del desarrollo del Estatuto, que han sido posibles gracias a actitudes de diálogo y negociación. v Al mismo tiempo, no podemos dejar de constatar la preocupación que se ha ido produciendo en sectores de la sociedad vasca, que entienden que ni el ritmo ni algunos de los contenidos del desarrollo estatutario han correspondido a lo que pudieron esperar cuando se aprobó el Estatuto.

Esta preocupación, que no invalida los logros conseguidos en estos ocho años de desarrollo estatutario ni, mucho menos, los métodos democráticos con que se han alcanzado, debe servirnos de estímulo para intensificar la disposición al diálogo y al acuerdo como vías eficaces para la resolución de los conflictos políticos y para el mantenimiento de la confianza depositada en el Estatuto.

En tal sentido, los partidos firmantes del presente Acuerdo asumimos el compromiso de trabajar en un clima de acuerdo básico, y de consenso que oriente también hoy la interpretación y aplicación del Estatuto, de modo que cuantos creyeron que éste iba a constituir un instrumento eficaz para resolver el profundo contencioso vasco refuercen su confianza en él y se resuelvan los problemas pendientes en el pleno cumplimiento de sus contenidos.

Así, pues, los partidos abajo firmantes aprobamos el siguiente Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi:

1. El Estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular, expresado mediante el sistema de sufragio libre. Este Parlamento rechaza. en consecuencia, la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en Euskadi por entender que, además de constituir una práctica éticamente execrable y de acarrear desastrosas consecuencias de todo orden para nuestro pueblo, representa la expresión más dramática de la intolerancia, el máximo desprecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos.

En tal sentido, nos reafirmamos íntegramente en la Resolución unánime sobre la violencia, aprobada por este Parlamento el 14 de marzo de 1985, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.

2 a. El Estatuto de Gernika representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco y constituye, en consecuencia, la norma institucional básica de que se ha dotado para acceder a su autogobierno, por lo que su asunción o acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación.

2 b. El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca y contribuirá de manera decisiva al reforzamiento de la democracia y de la convivencia pacífica, por lo que todos los firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad. A tal efecto, a través de una Comisión Institucional del Parlamento Vasco, se procederá, en un clima de entendimiento básico, a fijar, con el mayor consenso posible, los criterios del Parlamento sobre el alcance del pleno desarrollo del Estatuto.

2 c. Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad. quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobiemo y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo Pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Unica del Estatuto, lo hubiera podido corresponder.

2 d. Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que sólo a los ciudadanos navarros corresponde decidir sobre su propio futuro.

Las diferentes opciones políticas planteadas en torno a la relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca tienen su cauce de realización democrática en el marco de la Constitución, del Estatuto de Gernika y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que contemplan la posibilidad de su incorporación al régimen autonómico vasco si así lo deciden los ciudadanos navarros, la celebración de convenios para la gestión y prestación de servicios propios, así como de acuerdos de cooperación.

Habida cuenta de que la relación con el Territorio Foral de Navarra es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esa relación y la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes.

3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, contando con el apoyo activo de los representantes del pueblo vasco, está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz.

Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en la materia por parte del Gobierno Vasco en consonancia con el Acuerdo unánime del Parlamento Vasco del 16 de octubre de 1987, y en desarrollo del Artículo 17 del Estatuto de Autonomía.

4. Ante la violación sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, abogando por una solución democrática y respetuosa de los derechos humanos frente al problema de la violencia, compartimos la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.

5. Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los han cometido o los pudieran todavía cometer, colaboración que debe producirse acorde con los principios que rigen las relaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos.

6. Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.

7. Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia sólo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca.

8. Hacemos, igualmente, un llamamiento a quienes, aun ostentado representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.

9. En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento Vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.

10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

11. La defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere en la actualidad de una ley de carácter especial, por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e inmediación judicial.

12. Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987.

13. La gravedad de situación de crisis que atraviesa la economía con sus secuelas de paro, especialmente entre los jóvenes, y de marginación de los sectores menos favorecidos de la sociedad, que adquiere en nuestro caso un carácter diferencial derivado de la especial naturaleza del tejido industrial vasco y de la perpetuación de un clima de violencia, que dificulta la recuperación de nuestra economía a través de la inversión, refuerza nuestro empeño por lograr una situación normalizada.

Urgimos a las instituciones públicas a intensificar las medidas necesarias para superar las graves consecuencias sociales de la crisis económica y para impulsar desde el sector público la creación de las condiciones precisas para la recuperación de la economía de Euskadi, al tiempo que nos comprometemos a crear el clima propicio de pacificación y normalización que anime la confianza inversora imprescindible para la economía vasca.

14. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que, individualmente y a través de las asociaciones ciudadanas, sindicales, empresariales y profesionales en que se integran, trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad. Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.

15. Invitamos a todas las instituciones vascas -Juntas Generales, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, asumiendo el sentir de este Parlamento, se sumen a este acuerdo para la Normalización y la Pacificación y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr la plena instauración de la convivencia democrática en Euskadi.

Por ello y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en la próxima reunión de las respectivas instituciones.

16. El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del Acuerdo de Madrid, de 5 de noviembre de 1987.

17. Al objeto de propiciar el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes hoy no aceptan la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, solicitamos al lehendakari continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país".

Y, en prueba de conformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman, en Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 1988

Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español (PSE-PSOE), Eusko Alkartasuna (EA), Euskadiko Ezkerra (EE), Alianza Popular (AP), Centro Democrático Social (CDS).

Un acuerdo sobre el final dialogado

Documento presentado a la Mesa de Ajuria Enea en marzo de 1998 por el Lehendakari del Gobierno Vasco José Antonio Ardanza Garro.

"En la reunión del pasado 16 de enero presenté a los miembros de la Mesa un documento para la reflexión y el debate. En él se proponían a modo de alternativas dos posibles tareas que podría acometer la Mesa en lo que queda de legislatura, de modo que sus trabajos quedaran de cara al futuro.

La primera tarea consistía en limitar el trabajo de la Mesa, en lo que queda de legislatura, a poner orden en sus filas y reducir al mínimo las actuales discrepancias públicas entre los partidos. La segunda, más ambiciosa, perseguía propiciar un acuerdo de fondo sobre el horizonte final de "salida dialogada", que todos consideramos inevitable, y diseñar, a partir de dicho acuerdo, una estrategia activa y global de pacificación.

Los miembros de la Mesa consideraron que la primera tarea, con ser absolutamente necesaria, no iba a resultar suficiente para restablecer el consenso con garantías de estabilidad y se inclinaron por abordar la segunda a partir de las líneas de reflexión marcadas en el mencionado documento. Entendieron, además, que tal decisión daba cumplimiento al compromiso de abordar la llamada segunda fase de la Mesa, tal y como fue adoptado en reunión del 21 de febrero de 1997 (punto 4 del documento de aquella fecha). A raíz de esa decisión, he mantenido conversaciones con representantes de cada uno de los Partidos de la Mesa, así como con el presidente del Gobierno central y los máximos líderes de los partidos de ámbito estatal. Todos ellos conocen el documento presentado en la reunión del 16 de enero.

Dichas conversaciones han puesto de manifiesto un desigual grado de aceptación de las propuestas contenidas en el documento, pero en ninguna de ellas se ha revelado la actitud de rechazo frontal al mismo. Nadie ha presentado tampoco una contrapropuesta alternativa, aunque si han adelantado objeciones concretas, tanto de oportunidad como de contenido, a ciertos aspectos del documento.

Todos han aceptado, en cualquier caso, que lo que en él se expone puede servir de punto de partida para un debate y eventual consenso de los partidos en torno a la superación definitiva de la violencia que sufre nuestro país a causa del terrorismo de ETA.

Siendo esto así y, con el fin de facilitar el análisis y el debate del documento, me ha parecido llegado el momento de entregarlo a los miembros de la Mesa con las siguientes modificaciones.

Primero y, dado que la decisión adoptada fue la de abordar la segunda tarea, el presente documento omite, por innecesario, todo lo que en el original se refería a la primera. Segundo, se han modificado algunas expresiones y añadido algunas consideraciones a raíz de las conversaciones mantenidas con los partidos. Y, tercero, se ha completado la propuesta con referencias a aquellos artículos del acuerdo de Ajuria Enea en los que, sin citarlos, se sustentaba.

Dicho esto, se recoge a continuación la propuesta de debate que se hacía en el documento del 16 de enero: Para un acuerdo sobre el final dialogado.

La segunda tarea, es decir, la de propiciar un acuerdo de fondo sobre el horizonte final de "salida dialogada" y diseñar, a partir de dicho acuerdo, una estrategia activa y global de pacificación, exige un debate sincero y discreto sobre ciertos problemas de calado político. La pregunta básica que habríamos de contestar podría formularse, más o menos, de la siguiente manera: qué puede y quiere hacer nuestro sistema democrático para propiciar el doble objetivo de que 1) ETA deje de intervenir en política, mediante la llamada "lucha armada" ( el terrorismo) y 2) la disidencia política que la apoya (Herri Batasuna) se integre definitivamente en la actividad política propia del sistema democrático.

No se trata, como es obvio, de insistir ahora en aquellas respuestas en las que ya estamos de acuerdo. Así, por ejemplo, la necesidad de una correcta y eficaz acción policial y judicial o la conveniencia de mantener la presión política y social son ya, para todos nosotros, sobreentendidos en los que no hace falta insistir. La pregunta pretende ir más lejos de lo ya acordado y suscitar una respuesta conjunta precisamente en aquel terreno en el que, hasta el momento, no hemos logrado ponernos de acuerdo, Ahora bien, si en algo no estamos de acuerdo hoy es en la concepción que cada uno se ha hecho del horizonte final en que habrá de superarse definitivamente la violencia. Éste es, por tanto, el terreno que debe ser trabajado de manera prioritaria. El acuerdo de Ajuria Enea prevé, y todos consideramos inevitable y hasta deseable, un horizonte final de diálogo ("final dialogado"). Pero, más allá de las palabras que usamos en común, mantenemos profundas diferencias en torno al significado que le damos. La expresión "final dialogado" se convierte así en una especie de "muletilla" carente de significado unívoco y concreto.

Este desacuerdo sobre el "horizonte final" no es irrelevante para el proceso de pacificación. Su superación no puede ser tampoco aplazada por mucho tiempo, alegando, por ejemplo, que, "como tal horizonte vendrá al final del proceso, ya lo diseñaremos cuando lleguemos al final". Porque ocurre, más bien, que el desacuerdo sobre el "horizonte final" pone en entredicho muchos de los acuerdos que ya teníamos alcanzados sobre el proceso que conduce a él. Y es que, a falta de un acuerdo sobre el "horizonte final", surgen las dudas y los recelos sobre la procedencia o improcedencia de ciertos pasos importantes que han de darse a lo largo del proceso.

Procede, por tanto, saber ya desde ahora si todos queremos llegar al mismo fin para poder ponemos de acuerdo sobre los pasos que conducen a él. La pregunta sobre el "horizonte final" no es, pues, ni prematura ni inoportuna. Su respuesta resulta, más bien, imprescindible para poder diseñar una estrategia global de pacificación.

De otro lado, es evidente que, hoy por hoy, no podemos ofrecer un diseño acabado de ese horizonte final. Pero sí podemos descartar, ya desde ahora, algunos elementos que no cabe razonablemente esperar que se incluyan en él y definir otros que es razonable prever que estarán presentes. De esto va el siguiente razonamiento.

PREMISAS

1. Por lo que se refiere al mundo ETA/HB y tratando de hacer un ejercicio de realismo político, resulta razonable prever lo siguiente:

a) ETA no va a renunciar a su "lucha armada" como consecuencia de una derrota policial. Esto es, al menos, lo que todos decimos, incluido el Ministerio del Interior. Más de 30 años de lucha "antiterrorista" desde posiciones dictatoriales y democráticas parecen avalar esa creencia común. No es, pues, razonable pensar, por nuestra parte, en una victoria policial.

b) No es razonable prever tampoco que ETA vaya a renunciar a la "lucha armada" ni que HB vaya a incorporarse a la actividad política propia del sistema democrático en razón de una especie de "conversión" forzada o espontánea, a las bondades del actual sistema. Por mucho que nos gustara que así fuera o por exigible que lo consideremos desde el punto de vista ético y democrático, no es razonable pensar que vayan a abandonar lo que ellos viven como 30 años de lucha y sufrimiento a cambio de nada o, por decirlo más explícitamente, a cambio del statu quo constitucional y estatutario. Ellos temen que tal "conversión" sería interpretada, por propios y extraños, como una rendición en toda regla.

En este sentido, si la "derrota policial" queda descartada, tampoco es previsible por mucho que nos duela que se produzca una "derrota política" tan cruda y brutal como la aquí expresada. No es pues razonable prever que se produzca una especie de "desistimiento" colectivo en ese mundo.

La comparación con lo que ocurrió con los polimilis no parece procedente a este respecto. Lo que aquellos hicieron aprovechando la transición a la democracia y al autogobierno, no parece repetible en una situación de democracia asentada y aquejada, según ellos, de notables vicios acumulados. Así pues, la renuncia de ETA a la "lucha armada" y la incorporación de HB al actual sistema constitucional y estatutario no es previsible que se produzcan "sin más", es decir, como resultado de una especie de "conversión" o "desistimiento", bien sea espontáneo o forzado por las circunstancias ( eficacia policial, acción policial, aislamiento político, presión social. ..).

c) Siendo esto así ni derrota policial ni derrota política en términos de desistimiento, el abandono de lo que ETA considera su "lucha armada" y la incorporación de HB a la actividad política democrática requerirán, desde su punto de vista, de algo que ellos puedan interpretar como un incentivo político que los justifique ante su propia gente. Por lo que sabemos, tal incentivo no parece que pueda ser otro que un diálogo tal llámenlo ellos "negociación" y nosotros "final dialogado" que sea susceptible, al menos en principio, de incidir efectivamente en el actual sistema constitucional y estatutario.

De momento, ésta sería la constatación más atrevida que podríamos hacer en común: Un final dialogado que sea susceptible, en principio, de incidir en el actual sistema jurídico- político, parece ser el requisito mínimo que ETA y HB exigirían para abandonar la violencia (ETA) e incorporarse a los procedimientos democráticos (HB).

2. A la inversa, mirando el proceso desde la perspectiva de los partidos políticos, deberíamos saber a estas alturas, al menos, lo siguiente:

a) Ningún Gobierno democrático va a entablar un diálogo político (resolutivo del problema) con una organización "terrorista" en ejercicio. No es sólo cuestión de legitimidad democrática. Se trata de una imposibilidad fáctica. Ningún Gobierno lo resistiría. La necesidad, por tanto, de un "cese de hostilidades" por parte de ETA, previo a cualquier diálogo político (resolutivo), es absoluta.

b) No es razonable tampoco prever que el final dialogado (el diálogo político resolutivo) pueda tener como protagonistas a un Gobierno democrático y a una organización terrorista, aun cuando ésta se encuentre en situación de "alto el fuego". A estas alturas, cabe excluir, por múltiples razones (de legitimidad y de viabilidad fáctica) la escenificación de tal bilateralidad. Si, como se decía más arriba, la carta política del diálogo final es para ellos uno de los requisitos ineludibles (véase I.c), quienes deban soportarla tendrán necesariamente que ser agentes políticos legitimados. No cabe, por tanto, contemplar como viable la hipótesis de un diálogo político y resolutivo ( "negociación" o "final dialogado") entre el Gobierno y ETA.

c) El diálogo político final (resolutivo) no podrá suponer ni, de un lado, hacer tabla rasa de lo que el sistema democrático ha ido construyendo hasta ahora (Constitución, Estatuto, instituciones de autogobierno) ni, de otro, considerar cerrado el proceso en los límites de lo hasta ahora construido. Tanto lo uno como lo otro equivaldría a obligar a uno u otro interlocutor a negarse a sí mismo y su propia razón de ser (no hablo de la "razón de ser del "terrorismo", que no tiene ninguna, sino de la razón de ser de lo que en él subyace: la disidencia cívico-política de una notable porción de la sociedad que, girando en torno al "terrorismo", no está dispuesta a aceptar el statu quo).

El diálogo político resolutivo no podrá, por tanto, ni a) aceptar condiciones previas que nieguen la razón de ser de uno de los interlocutores (reconocimiento previo, por ejemplo, del derecho de autodeterminación) ni b) poner límites fijados de antemano que nieguen la razón de ser del otro (la Constitución o el Estatuto como límites infranqueables).

Éstas son, más o menos matizadas, las premisas. No contienen o, al menos, no pretenden contener juicios de valor y tratan de evitar cualquier tipo de voluntarismo. Vienen, en suma, dictadas por la realidad y por la experiencia que de ella hemos acumulado a lo largo de los años. Nuestra tarea consiste ahora en elaborar, a partir de ellas y sin hacernos trampas en el solitario, una estrategia global que, además de ser legítima desde el punto de vista democrático, tenga visos, al menos a priori, de viabilidad. No basta con aceptar, en teoría, el final dialogado, la responsabilidad de quien debe resolver el problema consiste en delimitar primero en qué consistiría ese diálogo y en propiciar después las condiciones que lo hagan posible; es decir, en diseñar primero el horizonte final que nos resulte aceptable y en conducir después el proceso hacia ese horizonte (y no hacia otro).

Conviene evitar ya desde ahora un posible malentendido. Lo que aquí se propone no parte de la existencia de un supuesto "déficit democrático" que nuestro sistema padecería y tendría la obligación de subsanar para superar la violencia. Sólo parte de un hecho: la profunda división política y social que existe en la sociedad vasca, y persigue un único objetivo: alcanzar una mayor integración política y la reconciliación "horizonte final". No nos preguntamos, por tanto, qué debe hacer la democracia para corregir sus supuestos déficits, sino qué puede y quiere hacer para superar la falta de integración que de hecho sufre la sociedad vasca. La legitimidad democrática del sistema no está en cuestión.

A esto es a lo que vengo refiriéndome desde el principio al hablar de nuestra responsabilidad de diseñar una "estrategia global de pacificación". Las medidas policiales y judiciales (la aplicación de la ley) son necesarias. Igualmente lo son otras medidas, como la presión social, el discurso político, etcétera. Pero deben quedar englobadas en un marco más amplio, en el que esté incluido ese diseño de "final dialogado". Además de presionar (firmeza y unidad democráticas), es necesario señalar un portillo de salida ( diálogo democrático). Para contribuir a ese diseño, cuya ausencia entre nosotros es quizá el fallo más clamoroso de esta mesa desde que definió los grandes principios en enero de 1988, podrían adelantarse las siguientes líneas de reflexión.

LA PROPUESTA

1. Condiciones de posibilidad del diálogo

a) ETA deberá interiorizar, antes que nada, que tiene que dejar de ejercer la "lucha armada" (el terrorismo) para que pueda iniciarse un diálogo político productivo. Nuestro discurso a este respecto ha de ser unívoco y sostenido. No cabe diálogo político resolutivo mientras ETA se mantenga en ejercicio.

b) Es difícil responder por cuánto tiempo deberá ETA dejar el ejercicio de la lucha armada con el fin de hacer creíble su voluntad inequívoca de acabar con el conflicto violento. Parece razonable pensar que, a estas alturas del proceso, sería exigible un "cese, ilimitado en el tiempo" con el compromiso, por la otra parte, de un inicio y un fin prefijados del periodo de diálogo político.

c) Para este cese, ETA querrá conocer de antemano el diálogo que nos proponemos. Hacérselo saber parece imprescindible. La falta de este conocimiento por parte de ETA o, lo que es lo mismo, nuestra indefinición al respecto, es lo que (entre otras razones evidentes) ha permitido que, hasta ahora y con la excepción quizá de enero de 1989, todas las treguas lanzadas por ETA hayan tenido una intención meramente táctica. Ahora se trataría de que ETA no pueda manejar las treguas a su gusto, sino de que las anuncie y mantenga en respuesta a una oferta concreta de pacificación. No podemos estar a merced de las treguas de ETA, sino que ETA debe poner la tregua a merced de la paz.

d) También la opinión pública deberá conocer el marco general del eventual diálogo. En una sociedad democrática y abierta, seria imposible sustraer a la sociedad un asunto de esta envergadura, al menos en sus rasgos esenciales. De otro lado, la implicación de la opinión pública resulta conveniente, toda vez que su capacidad de neutralizar iniciativas políticas es enorme. El proceso debe ser entendible, asumible y plausible para la opinión pública democrática porque necesita su complicidad.

2. Los interlocutores

a) ETA deberá asumir que, en cuanto tal organización, no podrá ser interlocutor en ese eventual diálogo político resolutivo. No lo soportarían los interlocutores de la otra parte ni la opinión pública. Es cuestión de pragmatismo (además de legitimidad). Los interlocutores deberán estar legitimados por su representatividad popular. HB deberá, por tanto, asumir directamente la interlocución. La bilateralidad Gobierno ETA en un diálogo político resolutivo (negociación) debe quedar excluida de antemano. El discurso de los partidos debería ser también unívoco y sostenido en esto. Es la manera más eficaz de convencer a ETA de la inutilidad de su empeño en continuar con la violencia, que en este proceso sobra y estorba ETA tiene que entenderlo y asumirlo. El diálogo, si se da, no será consecuencia de la violencia, sino de su cese.

b) Los interlocutores deberán ser, por tanto, sólo y exclusivamente los partidos representativos. Más aún, el protagonismo deberá recaer, en una primera instancia, sobre los partidos representativos de la sociedad vasca. El problema es, ante todo y sobre todo, un problema vasco, aunque consista en la problemática y contradictoria interpretación que los vascos hacemos de un asunto que concierne también a terceros: la cuestión nacional. Nosotros somos los que, en principio, tenemos que llegar a un arreglo.

Deberá aceptarse, por tanto, que el núcleo del problema no está en una confrontación Estado Euskadi, sino que consiste en la contraposición de opiniones vascas sobre lo que somos y queremos ser (también en relación con España, por supuesto).

c) Habrá de aceptarse también que el diálogo entre los partidos de representación vasca concierne al conjunto del Estado. En tal medida, las instancias representativas del Estado deberán participar en el proceso, lo que en principio ya viene garantizado a través de la representación vasca de los partidos de ámbito estatal. Así, los consensos que habrían de alcanzarse entre los partidos vascos serán también asumibles en el ámbito estatal. Más aún. El proceso que se propone debe contemplarse desde una perspectiva pragmática. No se pone en cuestión la soberanía ni su residencia, cuestiones que deben quedar obviadas. Más bien, desde la soberanía actualmente reconocida, se opta por un determinado procedimiento de resolución. Desde esta perspectiva, las instancias competentes del Estado, como parte concernida por el proceso, optan por y declaran de antemano su disposición a:

1) Dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca.

2) Hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar en las instituciones vascas.

3) Pactar con éstas su eventual incorporación al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos.

3. Los contenidos del diálogo

El diálogo político resolutivo versará sobre la llamada "cuestión nacional" (el modelo de autogobierno del que los vascos querríamos dotarnos). A partir de la situación existente y de la aceptación, al menos fáctica, de las instituciones de autogobierno actuales, cuya legitimidad democrática es incuestionable para nosotros, se negociaría una agenda, se acordaría un procedimiento y eventualmente se alcanzarían unos consensos cuyo nivel, para que sean suficientes, debe estar fijado de antemano. Todas las partes se comprometerían de antemano a acatarlos y ETA, en particular, habría de dejar claro, desde el inicio, que ni interferirá en el proceso ni volverá a su actividad violenta si los resultados no le satisfacen. El compromiso con los procedimientos democráticos ha de ser inequívoco y definitivo desde antes de iniciar el proceso.

La extensión del periodo de diálogo y negociación debería estar fijada de antemano. El proceso debería ser abierto en sus dos extremos, sin condiciones previas y sin límites de resultados. Un ejemplo: ni el reconocimiento de la autodeterminación podría ser condición previa para iniciar el proceso ni el mismo podría quedar excluido a priori como eventual resultado del consenso. Porque caso de ser resultado del consenso podría dejar de ser elemento de confrontación interna y externa para convertirse en instrumento de reconciliación.

Alcanzados los acuerdos, podría pensarse en un escalonamiento temporal de los acuerdos para hacerlos efectivos de modo que, sometidos a la prueba del tiempo (dos o tres años), pudieran sedimentar y ser presentados con mayor sosiego al refrendo popular. Este procedimiento supondría una garantía de solidez y suficiencia de los acuerdos alcanzados. Asimismo, el proceso debería cerrarse con un compromiso de adhesión leal y duradera por parte de los partidos implicados, de modo que lo acordado recibiera garantías suficientes de estabilidad y permanencia.

4. Cuestiones procedimentales

a) Con anterioridad a la apertura del proceso se requerirían intensos procesos de diálogo en varias direcciones con el fin de madurar la propuesta y hacerla viable. Tales procesos de diálogo exigirían máxima discreción. (¿Cómo lograrla?) Los diálogos deberían implicar: a los partidos de la Mesa, al Gobierno central, a la oposición estatal y al mundo de ETA y HB. Se requerirá además un intenso proceso de información a la opinión pública.

b) Sería conveniente disponer de un estudio serio sobre la cobertura jurídica del proceso, incluyendo una investigación sobre las posibilidades de la Constitución y el Estatuto Adicional Primera y Adicional Única respectivamente, así como la Disposición derogatoria y otras. A tener en cuenta, sin embargo, la dirección de todo el proceso debería ser eminentemente política y, desde una voluntad política decidida, cabría quizá una lectura constitucional y estatutaria que diera cabida a los consensos que pudieran alcanzarse.

c) Debatida y madurada la propuesta, debería formularse y presentarse de manera adecuada. Entonces habría que decidir quién o quiénes la presentan y cuándo y cómo se hace.

CONCLUSIÓN

Todo lo que antecede no es, como puede claramente deducirse, una propuesta formal de diálogo dirigido a ETA y HB. En el estadio actual es, simplemente, una propuesta para el acuerdo dirigida a los partidos que integran la Mesa de Ajuria Enea. Todos somos conscientes de que, en las actuales circunstancias, no se dan las condiciones para dirigir propuestas de este tipo al mundo de ETA/HB. Menos aún, si no están suficientemente acordadas entre nosotros.

Pero aclarado esto, las mismas circunstancias actuales son las que nos apremian a construir acuerdos sobre este asunto. La sociedad vasca no está dispuesta a que se le enquiste indefinidamente este problema y a tener que convivir con él sin esperanza de solución.

La propuesta que se hace suscitará, como es obvio, múltiples preguntas, recelos y resistencias. Es natural. Pero la gran pregunta que plantea y que debemos contestar es si servirá para alcanzar la paz. Si así fuera, todos los trastornos que provoca habrían merecido la pena.

De momento, sin embargo, se nos abre otro interrogante previo. Si nosotros, los partidos democráticos, alcanzáramos un acuerdo sólido en torno a una propuesta de este tipo, ¿no habríamos conseguido ya, sólo con ello, reforzar nuestra unidad y recuperar el liderazgo en el proceso de pacificación? Quizá sólo por esto merezca la pena su toma en consideración.

Porque, definido el horizonte final, nos resultará más fácil juzgar la procedencia o improcedencia de todos los demás elementos que integran la lucha antiterrorista y el proceso de pacificación. No es momento de analizar ahora uno por uno, todos esos elementos: eficacia policial, acción judicial, política penitenciaria, presión social, discurso político a mantener, acercamiento o aislamiento de HB, contactos con ETA, etc. Lo que interesa subrayar es que tales elementos serán correctos o incorrectos en la medida en que conduzcan a un horizonte o nos desvíen de él. Éste debe ser el criterio para ponerlos en práctica y juzgarlos. Como criterio general, todo aquello que contribuya a hacer ver a ETA y HB la inutilidad de persistir en la violencia será conducente a ese horizonte. De lo que en esta propuesta se trata es precisamente de persuadir a ETA y HB de que el conflicto es menos útil, menos cómodo y menos rentable que su resolución.

Y para terminar, una última consideración.

En el proceso de pacificación, tal y como se concibió en el acuerdo de Ajuria Enea, la posibilidad de un final dialogado ha estado siempre presente. Se ha dicho a veces, sin embargo, que la insistencia en esa posibilidad debilita la lucha terrorista y fortalece (da alas) a los violentos. Ha ido instalándose así la tendencia a proscribir el término diálogo del lenguaje democrático en el contexto de dicha lucha por temor a dejar al descubierto una debilidad del sistema.

El planteamiento que en estas páginas se ha hecho parte de una convicción bien distinta. El diálogo, además de ser atributo irrenunciable del sistema democrático, constituye una de sus máximas fortalezas. Insistir en el diálogo, debilita las posiciones propias sólo cuando no se concretan, a la vez, sus condiciones y sus contenidos. Es decir, cuando se da a entender que, a través del diálogo, cualquier cosa es posible en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No cabe duda de que este error se ha cometido. Pero, cuando la oferta de diálogo viene acompañada de una clara delimitación de sus condiciones de posibilidad, de sus procedimientos y de sus contenidos, en vez de debilidad significa fortaleza. Tal es, creo yo, la oferta de diálogo de la que aquí se trata. Bajo estas condiciones, insistir en el diálogo y propiciarlo es siempre oportuno.

ANEXO

Conviene subrayar, para concluir, que lo que aquí se propone no es ajeno al razonamiento que subyace en el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. Está, por el contrario, basado en él. Podría decirse que no es, en el fondo, sino la explicitación de ideas que en aquel Acuerdo estaban sólo implícitas e insinuadas.

El esquema de diálogo final que se propone respeta escrupulosamente lo dicho en el artículo 10 del Acuerdo, en el que se remite a los partidos representativos el tratamiento de las cuestiones políticas.

Así se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

En cuanto a la posibilidad de una modificación del actual statu quo es algo que reiteradamente se menciona y se posibilita en el Acuerdo, con la sola condición de que tal modificación sea expresión democrática de la voluntad popular. A este respecto, el Acuerdo no hace sólo referencia a la posibilidad de reformar el Estatuto de Gernika, sino que remite también a las posibilidades de evolución en el autogobierno que contiene la Adicional única del mismo. Así, ya en el prólogo se afirma:

Más aún, como expresión de respeto y reconocimiento de las profundas aspiraciones al autogobierno que el pueblo vasco ha demostrado a lo largo de su historia, el propio Estatuto refrendado, en su Disposición Adicional, hace reserva expresa de los derechos que a dicho pueblo hubieran podido corresponder en virtud de su historia y a cuya actualización, mediante la expresión de su voluntad en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, aquél no renunció por la aceptación del actual régimen de autonomía.

Igualmente, en el articulo 2.c. se dice: "Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y la Única del Estatuto, le hubiera podido corresponder."

Lo cual nos remite a la Adicional Única del Estatuto: "La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncio del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico."

En el mismo sentido, el artículo 8 del Acuerdo defiende que: "La legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario la vía de la defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación."

Interpretando todos estos textos, la Mesa de Ajuria Enea ha hecho públicos diversos comunicados conjuntos, que subrayan las mismas ideas. Así, el 11 de enero de 1996, se afirmaba que:

"...El pueblo vasco puede encontrar cauces pacíficos y democráticos para hacer valer los derechos que pudieran corresponderle, toda vez que, en un proceso democrático, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento." Y, finalmente, el 25 de junio de 1996, respondiendo a la tregua que ETA acababa de ofrecer, la Mesa de Ajuria Enea decía:

"Nosotros reafirmamos nuestra sincera voluntad de paz y nuestro apoyo aun final dialogado del conflicto en los términos del punto 10 del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi de modo que sean los partidos vascos con representación parlamentaria los que avancen a través del diálogo, en la consecución de un consenso democrático que dé satisfacción razonable a las plurales opciones políticas de nuestra sociedad, consenso que, una vez alcanzado, nosotros nos comprometemos a respetar y a que sea respetado efectivamente en todos los ámbitos, utilizando para ello todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición." Y, tras exigir a ETA una serie de gestos que avalaran la sinceridad de su voluntad, proseguía:

"Nos comprometemos a iniciar un proceso sincero y abierto de diálogo entre todos los partidos políticos vascos con representación parlamentaria, que dé con un consenso capaz de integrar razonablemente todas las sensibilidades políticas de la sociedad vasca y de alcanzar su definitiva normalización y pacificación."