La posibilidad de construir un sistema educativo vasco, partiendo de las propuestas escolares desde Euskal Herria durante el siglo XIX y XX es una evidencia, históricamente constatable. La puesta en marcha de los sistemas educativos "nacionales" por parte de los estados francés y español supuso la uniformidad, la obligatoriedad y la gratuidad. Con ello se imponía la "lengua nacional" y la eliminación de los patois en territorio del estado francés, y del euskara, a pesar del reconocimiento de que esta lengua era la mayoritaria sobre todo en las zonas rurales. No obstante, debido a la vigencia de los Fueros en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta 1876, -en Iparralde ya se habían perdido con la Revolución Francesa y en Navarra en 1841- se conseguía una excepción respecto al nombramiento de maestros y a la inspección del estado, incluso en una ley tan importante como la ley Moyano de 1857. La inspección del estado, tanto en Francia como en España, fue especialmente beligerante con la imposición de las "lenguas nacionales", aunque eran conscientes de la dificultad de imponerla debido al predominio del euskara.
Antes de la desaparición de los fueros en 1876, durante la Segunda Guerra Carlista, y durante un corto periodo de tiempo (1875-76), las diputaciones establecieron una Junta Superior de Instrucción Pública y Sanidad y otra de Instrucción Primaria en Vizcaya y Guipúzcoa, respectivamente, que serán los órganos de decisión en la enseñanza, en el territorio dominado por los carlistas. Las bases sobre las que actuaron estas juntas afectaban a todo la enseñanza primaria, defendiendo el nombramiento de maestros, la inspección propia, la enseñanza católica y la introducción del euskara en la enseñanza. Así pues, durante la vigencia de los fueros, las diputaciones vascongadas demostraron una constante vigilancia sobre aquellas disposiciones del Gobierno central que atentasen sobre los mismos, llegando a dirigirse a la Reina en demanda del respeto al fuero. Por primera vez las diputaciones defenderían la cultura y la lengua vasca como elemento propio frente a la imposición de la legislación estatal. Con la pérdida de los fueros también se perdieron las atribuciones políticas, aunque los Conciertos económicos mantendrían las atribuciones administrativas de las diputaciones.
Desde finales del XIX y primer tercio del siglo XX, se asiste tanto en Francia como en España a unos procesos de afrancesamiento y españolización a cargo de los respectivos sistemas educativos nacionales. La escuela y el magisterio van a ser los agentes de estos procesos. El único ámbito donde podrá utilizarse el euskara será la enseñanza del catecismo, aunque ya en 1902 España prohibirá la enseñanza de la doctrina cristiana en una lengua diferente al castellano. En este contexto, la reformulación del nacionalismo español coincide con el auge paulatino de los nacionalismos catalán y vasco y los éxitos electorales que irán logrando en ayuntamientos, diputaciones y Cortes. El hecho de que estos dos nacionalismos surgiesen en las zonas más desarrolladas, les otorgaba un elemento añadido de modernidad, debido al mayor dinamismo y a la escasa vinculación con el sistema político ya caduco de la Restauración. Dentro de la ideología nacionalista elaborada por Sabino Arana, la educación va a ser un tema importante. Son los años de crítica al maestro "maketo" y, en muchos casos, de rechazo de la escuela pública, así como el surgimiento de las primeras ikastolas, como solución alternativa a la escuela españolizadora y laica. Esta situación durará hasta la Guerra Civil española, manteniendo la crítica al sistema educativo español, sobre todo con referencia a dos de los pilares que lo fundamentan: la enseñanza primaria y el magisterio. Así pues, el primer nacionalismo veía en la escuela española el germen que introducía el laicismo y negaba las señas de identidad del pueblo vasco, pudiendo ser acusada de escuela españolizadora, tanto por el uso del castellano, como de los símbolos de la bandera y los himnos españoles, que introducían un patriotismo extraño entre los niños vascos. Esta postura irá moderándose a lo largo del tiempo, destacando los ejes mayores de sus preocupaciones en la situación del euskara, el magisterio y las reformas y descentralización de la enseñanza. Esta evolución coincide con la propia evolución del nacionalismo vasco. En este proceso las aportaciones de Eusko Ikaskuntza fueron relevantes en cuanto a las propuestas de una escuela y universidad vascas, con profesorado propio.
Por otra parte, la expulsión de las órdenes y congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza de Francia entre 1904 y 1914, en virtud de los decretos del ministro Combes, supuso la llegada de las mismas a las provincias vascas peninsulares. Muchas de ellas, en particular los Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle, encontraron cobijo en Gipuzkoa logrando crear una red de escuelas y colegios que alcanzarían un prestigio y consideración dentro de la enseñanza popular. En algunos casos los Hermanos de La Salle procedían de poblaciones vascas en territorio continental, conocedores del euskara y, con el tiempo, surgieron muchas vocaciones desde las provincias vascas que permitieron el uso del euskara y la creación de textos escolares en esta lengua. La estabilidad de La Salle en el territorio vasco ha sido permanente desde su llegada en 1904.
En los años de auge del nacionalismo vasco se producirán una serie de experiencias educativas y de planteamientos pedagógicos innovadores que, sin dejar de reivindicar el pensamiento original del primer nacionalismo, van sentando las bases de una escuela, de un magisterio y de la presencia del euskara en la vida escolar, en consonancia con los presupuestos nacionalistas. En el País Vasco continental la ambigüedad sobre el euskara será permanente, sin que se produzcan experiencias educativas de relieve. En este proceso es importante el surgimiento de la Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza en 1918 y la serie de actividades realizadas, sobre todo los congresos, que son la expresión de una sociedad plural, pero también con nuevas propuestas en todos los ámbitos de la vida social, incluido el escolar. Los temas preferentes de dichos congresos son: la situación del euskara en una sociedad bilingüe y la búsqueda de un magisterio adecuado a las necesidades educativas. La creación de las "escuelas de barriada" en Bizkaia y las "escuelas rurales" en Gipuzkoa, son también dos muestras para intentar solucionar el analfabetismo rural a partir de una fórmula pedagógica que incluía la enseñanza en euskara en las zonas vasco hablantes. Estas experiencias pueden considerarse como antecedentes a las políticas lingüísticas que surgirán con posterioridad, reconociendo las zonas de predominio del euskara o del castellano. Además de estos significados momentos, la política general de las diputaciones vascas, sobre todo las de Gipuzkoa y Bizkaia estaban dispuestas a apoyar una serie de actividades para promocionar la cultura vasca y el euskara, bien fuese a través de subvenciones a instituciones, bien concediendo ayudas a la publicación de textos en euskara. En este sentido se publicarán una serie de textos escolares para ser utilizados en dichas escuelas. Todas estas propuestas escolares son experiencias concretas en un contexto donde el sistema educativo estaba completamente centralizado.
También las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa promovieron la creación de las denominadas escuelas de artes y oficios con el objetivo de modernizar la formación profesional y adecuarla a las nuevas necesidades productivas de dichas provincias. De esta manera se respondía a una demanda social para la formación profesional de los obreros y las mujeres, que era escasamente contemplada en la legislación estatal y que logró un éxito sin precedentes en este tipo de formación y empleo.
Mientras que en el País Vasco continental continuará la reivindicación de la cultura y la lengua vascas, con experiencias de introducción del euskara en algunos centros escolares o de formación de maestros promovidos por la Iglesia, la experiencia más significativa en este ámbito se producirá en el estado español, con la llegada de la Segunda República. La Constitución republicana intentó dar respuesta al problema de los nacionalismos regionales, que se presentó ante las Cortes como la "cuestión catalana" y que significaba una solución novedosa de compromiso entre los partidarios de un Estado federal y los de un Estado unitario. Esta solución se denominaba "Estado integral", que entonces sonó de forma extravagante. La República admitía las autonomías regionales, con un laborioso proceso de aprobación de los estatutos, y también estableció una descentralización, no uniforme, que impedía la federación de regiones. El logro de los estatutos de autonomía para Cataluña (1932) y el País Vasco (octubre de 1936) va a significar un cambio importante en la estructura del Estado, más descentralizado, así como el control de la enseñanza a cargo de estas dos comunidades. Se trata de dos ensayos diferentes y en contextos políticos distintos, pero que son muestra de una concepción nueva en las atribuciones educativas del Estado. Desde esta perspectiva, este modelo tan solo preveía la posibilidad de que en las comunidades con una lengua diferente pudiese existir una doble red escolar la regional y la central, controladas por los gobiernos autonómicos respectivos. Todo ello dentro de un programa de reformas contemplado en la Constitución de 1931: la escuela unificada, el laicismo escolar y la autonomía educativa de las regiones autónomas.
En los territorios vascos, debido a las circunstancias en las que se aprobó el Estatuto (1 de octubre de 1936), en plena Guerra Civil, y a la escasa incidencia territorial en su ámbito de actuación, -el Gobierno provisional actuó en Bizkaia y parcialmente en Álava y Gipuzkoa-, no tuvo tiempo de desarrollar todas sus capacidades. No obstante, en la medida de lo posible, e incluso sobrepasando las competencias reconocidas, debido a la situación bélica y al escaso control ejercido por el Estado, el gobierno provisional de Euzkadi, a través de su Departamento de Cultura logró desarrollar una amplia legislación, que afectaba sobre todo a la enseñanza primaria y universitaria. En la política educativa de este departamento tuvo influencia la experiencia catalana, así como los presupuestos educativos desarrollados por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, y también el clero, a diferencia de Cataluña y del resto del Estado. El objetivo educativo del Departamento de Cultura consistía en la defensa de la enseñanza del euskara y en euskara, siguiendo el modelo educativo de la Federación de Escuelas Vascas, cuya red escolar había logrado ir implantándose y que consistía en mantener la enseñanza en euskara y del castellano en las zonas vascohablantes y en castellano y del euskara en las castellanohablantes. Modelo ya ensayado en las escuelas de barriada de Bizkaia y en las rurales de Gipuzkoa, y que fue patrocinado por la agrupación de mujeres del PNV. Asimismo, el Gobierno de Euzkadi promovió la creación de las Escuelas de Euzkadi, de escasa incidencia y con el mismo modelo organizativo de las escuelas vascas.
A pesar de que las características de esta enseñanza estuviesen regidas por los principios nacionalistas, manifestándose como popular, social y democrática, lo cierto es que las realizaciones fueron escasas y se mantuvieron en la mera declaración de intenciones. Dentro del Departamento de Cultura se organizaría toda una serie de organismos que abarcaban desde el Consejo de Cultura de Euzkadi y Direcciones generales, hasta la Inspección; además gran parte de la actuación del Gobierno Provisional estuvo dirigida a solucionar los problemas de la infancia en el conflicto bélico. Paralelamente el Ministerio de Instrucción Pública desarrollaría sus propias medidas descentralizadoras a través del Comisariado de Enseñanza, la Delegación Nacional de Enseñanza en Euzkadi, la Junta Provincial de Enseñanza de Bizkaia, el Consejo Provincial de Primera Enseñanza de Bizkaia y los consejos locales. Todo este entramado institucional era difícilmente explicable teniendo un gobierno autónomo, pero las competencias del Estado y de la autonomía así lo exigían.
El franquismo supuso una vuelta al pasado en muchos ámbitos, también en el de la centralización educativa, pero sobre todo no se puede olvidar las nefastas consecuencias de la Guerra Civil con la depuración del magisterio y el exilio de tantos maestros y maestras no afines al régimen. La eliminación de las competencias autonómicas en 1938 y el imperio de la escuela nacional católica va a tener una larga duración; con la hegemonía de una nueva escuela dominada por los valores tradicionales de patria, religión, imposición del castellano, separación de clases y sexo y curriculum único. La escasa resistencia de las diputaciones de las "provincias traidoras" serían frenadas por la imposición de un Estado centralista.
En el País Vasco continental se producirá un conjunto de textos legales atendiendo las demandas de la enseñanza "dialectal", y de la historia y la geografía locales, aunque sin demasiado efecto práctico, pues desaparecerán tras la Liberación y no volverán a recuperarse más que tímidamente a partir de la Ley Deixonne de 1951 y un conjunto de normas legales hasta 1986. En este contexto el surgimiento de la asociación Ikas, en 1959, será una referencia para este tipo de reivindicaciones.
Las nuevas necesidades sociales y económicas en los años sesenta reclamaban una modernización de la enseñanza primaria, que se conseguiría con la Ley General de Educación de 1970, que sentara las bases para las reformas posteriores en la legislación educativa. No obstante, esta ley no supuso un cambio sustancial en el reparto territorial de competencias, pero sí acentuó el proceso de racionalización del centralismo en el ámbito periférico. Además, esta ley supuso la introducción por primera vez de la enseñanza de las lenguas "vernáculas" en 1975.
El proceso de transición democrática, tras la muerte de Franco puso en evidencia la necesidad de una nueva organización territorial del Estado, que tomará cuerpo en la Constitución de 1978 con el "Estado de las Autonomías", que significará una ruptura del centralismo hasta entonces imperante. Fue la época del denominado consenso tratando de conciliar las distintas propuestas ideológicas en una época donde democracia y autonomía estaban en el mismo nivel de reivindicación social. Esta Constitución, en cierto sentido, será también generadora de un nuevo nacionalismo hasta entonces desconocido, el "nacionalismo constitucional". Si el artículo 2º de la Constitución fue producto de un consenso entre las diversas concepciones sobre la nación que en su momento mantenían los diversos partidos políticos con mayor representación, el artículo 27 sobre el derecho a la educación fue una transacción entre la derecha y la izquierda. Es decir, entre quienes defendían los importantes intereses eclesiásticos en la educación y quienes asumían una concepción pública de la educación y los intereses de las clases populares; entre la libertad de enseñanza y el principio de igualdad. El pacto escolar consistió en conciliar estos dos principios.
El resultado de la nueva situación constitucional supuso una ruptura del centralismo del sistema educativo. Así pues, las comunidades autónomas podían asumir cuantas competencias figuren en sus estatutos de autonomía, excepto las reservadas al Estado, y el comienzo del ejercicio de las mismas está marcado por el traspaso de funciones y servicios, desempeñados y gestionados hasta entonces por la administración central, y de los recursos financieros. Este modelo de organización territorial y de competencias permite hablar de la educación, dentro del ordenamiento jurídico, como una materia compartida o recurrente entre el Estado y las comunidades autónomas. Los pactos autonómicos de 1992 y las reformas de los diferentes estatutos asumiendo mayores competencias en 1994, sobre todo en la enseñanza, y obteniendo las mismas competencias plenas que las comunidades que desde el inicio las tenían, marcan un punto de inflexión en las trasformaciones competenciales del Estado y consagran una fórmula hasta entonces no manifiesta: "sistema educativo nacional", reservada para la administración general del Estado en su seguimiento y evaluación.
No es posible olvidar que uno de los elementos más significativos de todo el proceso de cambios y rupturas en el orden administrativo en educación, no se produce al margen o ignorando unas realidades educativas que tenían su propia trayectoria histórica. Se trata del desarrollo de una serie de alternativas o de experiencias educativas que surgieron durante el franquismo y que, con la transición y el desarrollo estatutario, conseguirían un cierto reconocimiento legal: los movimientos de renovación pedagógica y de asociaciones de padres, andereños, profesorado e instituciones culturales que pretenden llevar el el euskara a la escuela, o la creación de una red educativa con el surgimiento de las ikastolas en el caso del País Vasco. Estas experiencias serán unas realidades escolares que tendrán que adaptarse a la nueva situación de la lengua dentro del entramado legal. Una de las cuestiones que deja claro el proceso seguido por las ikastolas, desde su concepción inicial como un movimiento popular hasta el lento proceso de institucionalización, es la intervención sobre el sistema educativo vasco de una política educativa que ha pretendido diluir la cultura escolar de las ikastolas -con marcadas características diferenciadas del resto de las redes escolares- en una mera formalización entre la enseñanza pública y privada, a partir de la aceptación de la legislación común del Estado. En este marco legal, el paso de la resistencia a la plasmación efectiva de un modelo escolar diferente, como es el de las ikastolas, ha supuesto una lucha permanente por recuperar la identidad nacional a través de experiencias educativas innovadoras, pero también organizativas.
Como antecedente al movimiento de las ikastolas, que surge a partir de 1960, las Etxe-eskolak de Donostia desarrolladas en torno a la figura de Elbira Zipitria, entre 1946 y 1969, son una expresión de la escolarización en euskara. A partir de la década de los sesenta del siglo XX se producirán una serie de cambios sociales, políticos, culturales y educativos que incidirán en un periodo de recuperación; introduciendo un elemento nuevo en la concepción del nacionalismo tradicional y en el papel reivindicativo que debe tener la lengua y la cultura vascas. El nacionalismo tradicional, cuya referencia a la recuperación lingüística era meramente testimonial, se encontrará con unos nuevos planteamientos donde la lengua es el eje de la articulación discursiva. La recuperación de identidad nacional debía pasar por la recuperación de la lengua, y ésta tenía que estar presente en la escuela.
En este contexto, debemos insertar el surgimiento del movimiento de las ikastolas, como respuesta a la necesidad de escolarización en el idioma y cultura propios, con la creación de diversos centros en Bizkaia y Gipuzkoa, a los que se sumarán los de Pamplona y Vitoria en 1964, y en Bayona en 1969. En este último año es cuando se crea la Federación de Ikastolas de Guipúzcoa y del País Vasco continental, siguiéndole las de Álava en 1974, Navarra 1976 y Vizcaya 1977. En 1988 se creará la Confederación de Ikastolas.
Si las experiencias escolares anteriores se movían en un ámbito de clandestinidad tolerada y afectaban escasamente a la organización escolar, las ikastolas que se van creando se mueven en otros marcos de referencia, tanto por los cambios de la realidad social como de la ideología nacionalista emergente. Las ikastolas surgirán con unas referencias donde la necesidad de producción de material escolar y libros de texto serán elementos imprescindibles para el proceso de escolarización en lengua vasca. Es preciso insistir en la necesidad de estudiar la producción de textos escolares en función de las demandas que se ocasionan debido a las nuevas realidades sociales y escolares, y sus consecuencias en el currículo.
En la evolución de las ikastolas hay que reseñar dos periodos diferenciados. El primero, que abarca la década de los sesenta, caracterizado por la precariedad de medios, protección eclesial, autogestión, autofinanciación, locales precarios, profesorado sin titulación, autoabastecimiento pedagógico, etc., y el segundo periodo que se inicia a partir de la paulatina legalización que ofrece la Ley General de Educación de 1970 hasta la Constitución de 1978, en el que existe una cobertura legal, una expansión de las ikastolas, nuevas construcciones, profesorado titulado, elaboración de materiales pedagógicos, etc., permaneciendo la ikastola como una escuela alternativa y con una conciencia de construcción de un tipo de escuela vasca diferenciada. Por lo tanto, el periodo comprendido entre 1960 y 1975-78 es de gran importancia para sentar las bases de una nueva red de escolarización, desconocida en el sistema educativo español, y que con el transcurrir de los acontecimientos políticos se aposentaría como una referencia obligada para la construcción de la escuela pública vasca y, en su entorno, la posibilidad de un sistema educativo vasco. Son años de lucha antifranquista donde las alternativas pedagógicas juegan un papel fundamental, incluida la opción que había que tomar frente a la elaboración de textos escolares. Con todo, hay que señalar que hasta la asunción por parte del Gobierno Vasco de las transferencias educativas, no tomará cuerpo institucional y administrativo todo el sistema educativo vasco en los niveles no universitarios.