Como hemos señalado, desde finales de la década de los 50 asistimos a la puntual aparición de comisiones de trabajadores en la mayoría de las empresas en conflicto. La lógica del momento es que esta comisión negocie directamente con la empresa, o bien, en aquellos casos en los que no es reconocida por la patronal, que ésta delegue en el Jurado, siendo éste el interlocutor oficial que negocia en nombre de la comisión. Ciertamente, a pesar de que la voluntad de estas primeras expresiones asamblearias es la de estabilizarse, lo cierto es que en la mayor parte de los casos, estas comisiones se diluyen tras el fin de los conflictos, aunque el núcleo más activo de los militantes obreros mantenga una mínima organización. Sin embargo, las circunstancias que siguen a la huelga de 1962 permiten un salto cualitativo que se concreta en la estabilización y difusión a escala provincial de estas lógicas de organización obrera. Así, como consecuencia del despido de varios de los trabajadores tras las citadas huelgas, nace la Comisión Obrera Provincial de Bizkaia (COPB) con el objetivo de gestionar ante las autoridades la vuelta al trabajo de los obreros represaliados (Garmendia, 1996; Ibarra, 1993). Concretamente, a partir de las CCOO de cada empresa se nombra una comisión de 12 trabajadores representativos de 48 empresas vizcaínas, que por razones de seguridad finalmente se reduce a 5 delegados: 4 de ellos provenientes de la HOAC y otro del PCE. Más tarde, en 1966, nace la Comisión Obrera provincial de Gipuzkoa (COPG), conformada en un encuentro en el que participan del militantes de ETA-Berri, dos del PCE y uno de las JOC (Ibarra, 1993).
A juicio de Ysás (2008), el modelo que comienza a estabilizarse en todo el Estado y, como hemos visto, en Euskadi también, puede caracterizarse a partir de varias premisas vinculadas con la definición de las CCOO como movimiento sociopolítico, unitario y democrático. Así, se rechaza una estrategia sindical constreñida al centro laboral, para plantearse la defensa de los intereses de los trabajadores desde lógicas mucho más amplias, vinculadas también con la democratización del Régimen. En paralelo, la apuesta unitaria pretendía hacer de este movimiento un paraguas que permitiera agrupar a todos los trabajadores, rechazando la división sindical de las centrales históricas. Se consideraba que la unidad obrera era una condición indispensable para una acción colectiva con mínimas posibilidades de éxito. Finalmente, la apuesta democrática se concretaba en la centralidad de las asamblea como instrumento de movilización y protección de la clase trabajadora.
Si bien su orientación movimentista y democrática es incuestionable, el caracter unitario de las CCOO pronto es cuestionado. De una parte, las centrales históricas se distancian rápidamente del movimiento asambleario que nace a finales de la década de los 50, que podía cuestionar su legitimidad histórica. De otra parte, el importante peso que el PCE tiene en el seno de estas organizaciones precipita ciertas desconfianzas que cristalizan en la salida de muchos independientes y de los activistas de USO de las CCOO de Bizkaia. En Gipuzkoa, de igual forma, la COPG sucumbe a las diferencias entre el PCE y ETA-Berri solo un año después de su nacimiento. Este contexto de divisón debilita el incipiente movimiento, a lo que se une el fin del ciclo aperturista del régimen que se concreta en una nueva lógica represiva que limita de forma extraordinaria la libertad de acción de estas estructuras, hasta que finalmente, en 1967, el Tribunal Supremo ilegaliza CCOO.
A pesar de todo, en 1967 se asiste en Euskadi a un repunte en la conflictividad laboral que tiene como epicentro a la huelga de Bandas. Así, la existencia de una coordinación a nivel provincial (COPB) se une a la importancia de un jurado combativo y consecuente con las reivindicaciones obreras, surgido a partir de la apuesta por participar en las elecciones sindicales de 1966. Estos elementos hacen que la huelga asuma unos contornos altamente conflictivos pudiendo considerarse éste el ejemplo del "enfrentamiento más duro sostenido por los trabajadores vascos en los años del franquismo" (Ibarra, 1993. 119). Este conflicto, que se salda con el despido de 32 trabajadores y el inicio de un periodo de represión sin parangón, a pesar de todo, visualiza la creciente importancia de formas de lucha que marcan al movimiento obrero en los años posteriores.
Uno de los ejes centrales de este nuevo modelo es una perfecta combinación entre instrumentos legales e ilegales. Como hemos mencionado, la promulgación de la Ley de Convenios requería de una flexibilización en los mecanismos de representación obrera que es aprovechado por las CCOO. Así, aunque se boicotean las elecciones de 1963 (al condicionarse la participación con la readmisión de los despedidos), en 1966 los representantes de este incipiente movimiento sindical asumen una participación activa en las elecciones al objeto de copar parte de los cargos sindicales electivos. En consecuencia, se combinan estrategias asamblearias de toma de decisiones con la posibilidad de trasladar las reivindicaciones a los responsables empresariales gracias a la existencia de representantes legitimados por los obreros en forma de enlaces o jurados. Este modelo abierto, en paralelo, se fortalece con una estructura más clandestina encargada de la coordinación de las comisiones y de la preparación de acciones reivindicativas. Una dualidad de la estrategia legal e ilegal, a su vez, que se aplica en la propia táctica del movimiento, el cual se sirve de fórmulas reguladas de canalización de las demandas, así como de estrategias transgresoras de la legalidad que se concretan en un creciente número de huelgas, manifestaciones y paros de actividad. Finalmente, el nuevo movimiento obrero compatibiliza paulatinamente reivindicaciones estrictamente laborales con reivindicaciones de creciente naturaleza política. En este sentido, las movilizaciones solidarias sirven de punto de conexión entre lógicas conflictivas que tienen un origen estrictamente laboral, surgiendo en una determinada fábrica, para extenderse posteriormente a otros centros de trabajo en forma de paros solidarios, acabando finalmente en huelgas generales y movilizaciones en las calles en las que la demanda de democratización se hace cada vez más explícita. Una demanda de democratización que es constante a partir del Proceso de Burgos.