El 15 de febrero de 1932, el joven nacionalista vasco Francisco Idiáquez e Indo dio muerte en Getaria (Gipuzkoa) al republicano Ciriaco Gachaga, de 38 años, pescador, natural de Motrico. Parece ser que el primero le había dicho a Gachaga que "no era hombre", ya que unas veces acudía al Círculo Nacionalista y otras al Republicano. Habiéndose encontrado al día siguiente, Idiáquez le hirió con una gubia de carpintero, a consecuencia de lo cual murió cinco minutos más tarde. Este crimen político exacerbó los ánimos de ambos bandos y alcanzó una magnitud jamás imaginable. El Centro Nacionalista de Guetaria fue clausurado. El entierro de la víctima constituyó una verdadera manifestación de duelo.
Los diversos centros republicanos de la provincia hicieron donativos por su viuda, su madre política y sus dos hijos adoptivos. En una reunión en el Centro Republicano Autónomo se acordó el pedir la destitución del alcalde de Guetaria, Antonio Alegría; del cura párroco, Nicasio Larrea; y del juez municipal, Vicente Sorazu: a los dos primeros por nacionalistas al tercero, por ser demasiado transigente en el caso. El 27 de marzo del mismo año se organizó un acto de desagravio a la familia Gachaga. La vista de la causa se inició con gran expectación el 21 de febrero de 1933. El grupo republicano presentó como acusadores a los señores Sotos y Vega de Seoane (Fermín)
Presidió el tribunal el presidente de la Audiencia, José de la Campa, y con él lo formaban los magistrados Cirilo Barcáiztegui y José Cobián. El ministerio fiscal lo representó el fiscal de la República, José Seijas. El procesado fue defendido por Ignacio Usandizaga. Como testigos figuraron, entre otros, su hermano Cecilio y el alcalde de Guetaria. Para la mayoría de los que testificaron hubo necesidad de recurrir a intérpretes, ya que desconocían el castellano. Concluida la vista, se le condenó a 21 años, 6 meses y 21 días de prisión menor, pero se le incoó el expediente de rebaje de pena por creer el Jurado que dicha pena era excesiva. Del interés con que se siguió el proceso da una idea el hecho de que el día 22 de febrero el periódico La Voz de Guipúzcoa hiciera una segunda edición para San Sebastián. En los días siguientes, los periódicos de cada partido romperán lanzas en defensa de su postura en el caso. El periódico republicano La Voz de Guipúzcoa escribirá:
"Y habrá que pensar a qué trato, en las relaciones sociales y políticas, se hace acreedor el partido que reclame la libertad del condenado Francisco Idiáquez. Nadie, ni en la derecha ni en la izquierda, puede transigir en la lucha o en la amistad, con los que se atreven a injuriar a la justicia, y a pedir que el autor de la muerte de un hombre goce de impunidad, mediante una rectificación del fallo de los tribunales"
(Con rigor de serenidad: sobre la condena recaída por el asesinato de Guetaria, 24 de febrero de 1933, 1.ª página).
Al día siguiente, el mismo periódico escribirá en primera página en términos más fuertes:
"En esa conspiración contra la paz ciudadana y jurídica en las Vascongadas, lo que menos importa a los que la promueven es la libertad del condenado. Los enemigos de la República y de Vasconia -nada hace tanto daño a nuestro País como la Historia, unas veces auténtica, otras falsa, de las guerras civiles- se mueven a impulsos de un sentimiento revanchista porque creen -ellos sabrán la razón- que, al sentenciarse a Francisco Idiáquez, se ha condenado al sector político a que pertenece el autor de la muerte de Ciriaco Gachaga. Nosotros no compartimos ese criterio que vemos exteriorizado en las páginas de un periódico, cuando éste habla del "honor vasco" y de la "injusticia cometida". Pero si ellos lo dicen, no hemos de oponer ninguna objeción a lo que proclaman con tanta tenacidad".
Este comentario iba dirigido sin duda contra el Partido Nacionalista Vasco y contra su periódico El Día de San Sebastián. Dicho organismo defendía la tesis de que debía ser revisada la causa de Idiáquez, ya que los jurados no habían entendido las preguntas a que les sometió el Tribunal por no entender bien el castellano. El día 25 del mismo mes, los acusadores, Carlos Sotos y Fermín Vega de Seoane, manifestaron que no tenían inconveniente en que se revisase el proceso:
"Ante la campaña de El Día pro-revisión de la causa criminal seguida contra Francisco Idiáquez, hemos adoptado una actitud de serenidad. Esperábamos que el ampuloso "yo acuso" concretase responsabilidades y culpables. No ha sido así, y, por el contrario, lo que se hace es discutir el discernimiento integral de los miembros del jurado que contestaron el veredicto... Es para nosotros un honor y un deber manifestar públicamente nuestro ofrecimiento incondicional para colaborar por la revisión del proceso ante un jurado que con discernimiento autónomo absuelva o condene a la vista de lo actuado, y no ante el que sin elementos de juicio para formar su criterio se muestre hoy contra sus propios actos propicio a la absolución".
Por su parte, el Gobernador Civil de Guipúzcoa hizo un llamamiento a la concordia y en una nota del día 27 de febrero enviada a la prensa decía que "el asunto en su aspecto impresionante debe darse por liquidado". El PNV había ido más allá del caso en si, como ya lo había puesto de manifiesto El Día, en un artículo aparecido en primera página el 24 de febrero:
"Pero alzamos también nuestra voz como vascos, porque en ese proceso han quedado vejados y ultrajados los derechos de Euskalerria. Aquí, en nuestra propia casa, en nuestro mismo hogar, se ha cometido un atentado al Derecho Natural, que no tiene nombre y que pide una reparación inmediata y urgente, si es que queda un poco de decoro y dignidad en los corazones vascos. Se ha cometido un aten tado inaudito contra el Derecho Natural, contra el sentido común y contra el honor del Pueblo Vasco, al entregar en nombre de la Justicia un requerimiento escrito en una lengua que la mayoría de los miembros del Jurado no entendía, y al que, sin embargo, debía contestar en conciencia y de cuyo fallo dependía la absolución o condenación de un hombre. Los magistrados entregaron el veredicto, escrito en castellano, a un Jurado cuyos miembros, en su mayoría -de ocho, cinco- no entendían ni imperfectísimamente siquiera el castellano.
Y esos 5 jurados, que no conocen el castellano en absoluto, tienen que contestar unas preguntas que no comprenden y sin que haya un intérprete que les traduzca y explique lo que en las preguntas del veredicto se contiene. ¿Cómo hemos de calificar los vascos este procedimiento judicial que así inutiliza la acción elevada de la justicia y que así humilla y pisotea los sentimientos de la raza vasca, que ni siquiera reconoce el derecho de que los euskaldunes en nuestra propia casa podamos utilizar nuestra lengua, ni aun para la sublime misión de la administración de la justicia? ¿Por qué y con qué derecho se arroja a nuestra lengua del augusto lugar donde la justicia se administra? ¿Es que nuestra lengua es un idioma que merece el ultraje y el desprecio de no ser admitida como medio y expresión de la noble función judicial y se la arroja como a pestilento y son los vascos euskaldunes parias miserables, seres desgraciados y abyectos esclavos a quienes la ley no les consiente que se les hable en su propio idioma ni aun para dictar un veredicto trascendentalísimo?"
Un día más tarde, el mismo periódico insertaba en primera página un amplio articulo en el que aparecian declaraciones autógrafas del presidente del Jurado, Ruperto Marieta, y de los jurados José Machain y Julio Mendía, en las que daban cuenta del escaso o nulo conocimiento que poseían del idioma castellano. Esta edición fue recogida en parte por la policía. Varios periódicos se unieron a la campaña iniciada por El Día: La Gaceta del Norte, de Bilbao, publicó el día 24 un artículo titulado: El fallo del jurado en la causa de Guetaria; Euzkadi, de Bilbao, escribió el mismo día Rumores y comentarios alrededor de la condena del nacionalista de Guetaria Francisco de Idiáquez; y La Constancia del día 23 titulará un articulo: La condena de Francisco Idiáquez. Para el domingo 5 de marzo del mismo año el PNV organizó un mitin a fin de pedir que se reconociesen al euskera todos sus derechos en la administración de la justicia y en el que debían tomar parte las siguientes personalidades: Teodoro Ernandorena, Manuel Irujo, Maxpons, José Antonio Aguirre y Telesforo de Monzón.
La autoridad gubernativa lo prohibió y no se pudo llevar a cabo. Dos días antes, los dos abogados acusadores y el abogado defensor visitaron al ministro de Justicia para pedirle la revisión de la causa. El ministro Albornoz manifestó que existía un fondo moral para llegar a la revisión. El 1 de agosto de 1933 se celebró en San Sebastián la causa contra Ruperto Marieta, Julio Mendía y José Machain, miembros del jurado en la causa de Idiáquez, ya que habían faltado contra el artículo correspondiente de la Ley del Jurado que establecía que las deliberaciones del tribunal popular han de permanecer secretas. Se les condenó a un año, 4 meses y 2 días de suspensión, multa de 250 pesetas y el pago de la tercera parte de las costas procesales. En los días siguientes el periódico El Día publicó en primera página varios artículos en los que defendía el derecho natural del euskera a ser usado en los tribunales de justicia.
En las mismas fechas, la Voz de Guipúzcoa daba cuenta a sus lectores de que gracias a los republicanos de la región Idiáquez se hallaba en la cárcel de Ondarreta (San Sebastián) y no en el penal de Santoña. Por su parte, los nacionalistas creían que ello se debía a las gestiones de los diputados nacionalistas Horn Areilza y Basterrechea. El 10 de agosto se declaraba que Idiáquez había sido trasladado a Santoña. El periódico El Día escribía:
"Con inquebrantable constancia reclamaré, sin desfallecer, por la libertad del injustamente condenado. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Todo el tiempo que necesario fuere"
(10 de agosto de 1933, 1.ª página).
El mismo día se decía que el diputado a Cortes por Vizcaya, José de Horn Areilza, había recibido una carta del presidente de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo en Madrid, comunicándole que dicha Sala había procedido a rebajar la condena a Francisco Idiáquez a ocho años y un día de prisión. Para El Día este rebaje de pena era obra de los esfuerzos de Horn y de Jesús de Leizaola. El mismo Horn había intervenido en el frustrado traslado anterior de Idiáquez, consiguiendo del Director General de Prisiones que fuese vuelto de Bilbao a Ondarreta.
Por su parte, mil vecinos de Guetaria pidieron al Ayuntamiento que gestionase una demanda de todo el país solicitando la revisión de la causa. Este se dirigió a todos los municipios del País Vasco sugiriéndoles que se sumasen a la campaña revisionista del procesado Idiáquez (9 de agosto de 1933). Días más tarde (25 de agosto), se hacía pública la noticia de que la revisión del proceso Idiáquez había sido desechada por el ministro de Justicia, basándose en que no había medio legal previsto para que el fallo condenatorio fuese revisado. En un comentario a esta noticia, El Día escribía:
"El proceso Idiakez será, a no tardar, en Euzkadi un emblema de guerra y acción. A medida que pase el tiempo sin ser satisfecha la justicia, el pueblo vasco ha de hacer del inocente Idiakez el santo y seña de sus reivindicaciones. Idiakez es el grito estridente y constante que llama a los vascos para que despierten al sentir herido y sangrante a su lengua racial menospreciada y pisoteada y que, por no guardársele los respetos debidos, ha sido condenado quien a juicio de los mismos jueces no debió serlo"
(Comentario del momento: Idiakez y el estatuto, 29 de agosto de 1933, 1.º página).
El 3 de setiembre se reunieron en el Hotel Londres de San Sebastián las siguientes personalidades: Ignacio de Usandizaga, defensor de Francisco Idiáquez; los diputados a Cortes: Leizaola, Aguirre y Horn; y en representación del "Gipuzko Buru Batzar, Ernandorena y Arteche. En esta reunión se trató del recurso de casación del caso de Idiáquez. Varios meses más tarde (12 de abril de 1934) los periódicos difundían la siguiente noticia:
"En la Comisión de Justicia se ha acordado por unanimidad admitir un voto particular de D. José Horn incluyendo en la amnistía el caso de los jurados que intervinieron en el caso Idiakez. También se ha aceptado por mayoría otro voto particular por el que se agrega un artículo que hace posible la revisión de la causa Idiakez. Este segundo voto ha sido aceptado por mayoría: ... entre los votantes, el señor Bilbao, de los nacionalista vasca"
(El Día, 1.ª página).
Ocho días más tarde (20 de abril), el mismo periódico publicaba en primera página la siguiente noticia: Se incorpora al proyecto de amnistía la reparación del atropello cometido con Francisco Idiáquez. Al mismo tiempo el diputado nacionalista por Alava, Landáburu, manifestaba que en virtud de la amnistía y a consecuencia de una enmienda de Horn se había conseguido la revisión de La causa. El presidente de la República, Alcalá Zamora, parece que discrepaba en algunos preceptos de la ley de amnistía, tales como el caso Idiáquez. Sin embargo, el Gobierno no le prestó el refrendo necesario para proceder a la devolución de la ley. Fue firmada la amnistía el 24 de abril de 1934. A raíz de la misma cayó el Gobierno.
El 13 de julio llegaba la noticia de que el Tribunal Supremo había acordado la revisión de la causa Idiáquez. Con tal motivo la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco de Guetaria dirigió una circular a todas las entidades patrióticas solicitando la apertura de una suscripción, con el fin de sufragar los gastos de revisión de la causa. Su defensor, Usandizaga, presentó un escrito en el que pedía la vuelta a San Sebastián de su patrocinado y su libertad provisional bajo fianza. Para que la revisión de la causa fuese correcta se ordenó que antes debía cerciorarse bien si los componentes del jurado sabían bien el castellano. Esto no agradó a los nacionalistas ya que "el euskera, como vehículo para la administración de justicia entre euskaldunes, es relegado y postergado, no pudiendo integrar el Jurado, conquista de la democracia en la acción judicial, aquellos ciudadanos indígenas que no conozcan otra lengua que la suya propia, la que recibieron de sus padres, la que únicamente tienen obligación de conocer (Los nacionalistas y la revisión de la causa de Idiakez, El Día, 25 de julio de 1934, 1.ª página).
Finalmente, el 22 de setiembre de 1934 se llevó a cabo la revisión de la causa en la Audiencia de San Sebastián. Los jurados fueron elegidos de entre gente que conocía bien el castellano. La revisión dio como resultado la absolución y libertad de Idiáquez. El Tribunal apreció que actuó en defensa de su hermano Cecilio y para evitar su muerte. El Día festejaba el triunfo de su causa con el siguiente titular en primera página: La justicia ha rehabilitado a un hombre, un pueblo y una raza (23 de setiembre de 1934). El mismo día, el periódico La Voz de Guipúzcoa escribía en términos conciliatorios el artículo titulado: Reflexiones obligadas. Generosidad y odio en el pueblo, publicado en páginas interiores (p. 7), como queriendo quitar importancia al hecho. Sin duda alguna, la revisión de la causa de Idiáquez constituyó un triunfo de la fuerza del PNV y, sobre todo, de algunos de sus más destacados representantes.