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Bizkaia. Administración pública

Artículo principal Bizkaia

La administración pública de Bizkaia está marcada por el devenir histórico del principal organismo foral: la Juntas Generales, desde su origen medieval hasta nuestros días.

En la búsqueda de antecedentes a las Juntas territoriales medievales se ha pensado en ocasiones en la asamblea general de los vecinos de las aldeas (conventus publicos vincinorum), que para García de Valdeavellano, que estaba pensando en un ámbito peninsular, podían ser un vestigio de la solidaridad vecinal de los comarcanos de las primitivas comunidades locales o "marcas" germánicas. La institución aludida tiene sin embargo alcance local, no territorial, y se registra en áreas que formaron parte del reino toledano. Sabemos de las pretensiones de los reyes visigóticos de hacer efectivo su dominio sobre el territorio vascónico; se conoce también la relación más o menos pacífica del País Vasco más occidental, de la terra alavesa, con el Reino de Asturias, después de León. Es casi seguro que entre el siglo VIII y el XI el área vizcaína, al menos de la Bizkaia nuclear (y de las zonas colindantes del Duranguesado, Oñate, Álava) vivió una situación peculiar por su condición periférica respecto de los nacientes Reinos de Navarra y de Asturias que se desarrollaban al oriente y el occidente.

La carencia de fuentes cronísticas o diplomáticas impide hacer afirmaciones sobre las instituciones locales y territoriales de Bizkaia en este período; la similitud de las condiciones de civilización permitiría pensar, sin embargo, en la emergencia de instituciones como el conventus publicus vincinorum o algo similar, conocidas en otros territorios. Recordemos que desde las primeras menciones políticas indirectas del territorio en el siglo X, Bizkaia aparece vinculada gubernativamente al Reino de Pamplona: se halla claramente integrada en el área política navarra en el siglo siguiente, a la que se mantendrá adscrita, con alguna alternancia castellana, hasta finales del siglo XII. Las Encartaciones y la Bizkaia nuclear, y después el Duranguesado, formarán parte en lo sucesivo, desde los comienzos del siglo XIII, del Reino de Castilla. La integración fue compatible con la constitución de un amplio poder señorial de naturaleza política singular, aunque ciertamente no soberano, sobre los tres territorios citados. El poder gubernativo fue ejercido hereditariamente hasta 1379 por una familia de antiguo arraigo en el área occidental de Vasconia y recayó en la fecha citada en los titulares de la Corona de Castilla. A partir de 1379 los que gobiernan en Bizkaia operan con un doble título: el de Rey, que confiere el regnum, la soberanía, y el de Señor, que conlleva la titularidad del amplio poder señorial ganado durante varias centurias. Junto al Rey, al Señor, está la comunidad organizada que posee su propio Derecho. La relación dialéctica entre ambos elementos institucionales irá configurando el sistema foral vizcaíno a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna.

Señores (documentados) de Bizkaia hasta la incorporación a la Corona Castellana en 1379
Enneco López "Ezkerra"(1043-1076?)
Lope Iñiguez(1076?-1092)
Diego López de Haro I(1093-1124)
Lope Díaz de Haro I(1124-1170)
Diego López de Haro II(1170-1214)
Lope Díaz de Haro II "Cabeza Brava"(1214-1236)
Diego López de Haro III(1236-1254)
Lope Díaz de Haro III(1254-1288)
Diego López de Haro IV(1288-1289)
María Díaz De Haro I(1289-1295; 1310-1322;1326-1334)
Diego López de Haro V "El Intruso"(1295-1310)
Juan de Haro "El Tuerto"(1322-1326)
Alfonso XI de Castilla(1329-1334)
María Díaz De Haro II(1334-1349)
Nuño de Lara y Díaz de Haro(1350-1352)
Juana Núñez de Lara(1352-1358)
Pedro I de Castilla(1358-1366)
Tello de Vizcaya(1358-1370: de hecho)
Juana Manuel(1369-1371)
Juan I de Castilla(1371-1390)

Son dos los elementos definitorios de la entidad política de Bizkaia:

a) De un lado el poder jurisdiccional del Señor sobre el conjunto del territorio, sobre las tres Terras articuladas en virtud del mayorazgo (Bizkaia nuclear, Encartaciones y Duranguesado), ámbito jurisdiccional al que se añadirá después el bloque de Villas. El poder jurisdiccional único permite al oficial señorial supremo, el prestamero, ejercer su autoridad en todas las Terras y ámbitos del Señorío, y lo mismo ocurrirá después con su sucesor el Corregidor, oficial encargado de representar y ejecutar la política de los Reyes y Señores.

b) La asistencia a unas Juntas Generales comunes por cuestiones de Fuero también común. Hay que destacar que la concurrencia a una Junta General común constituye inicialmente la única expresión política de la vinculación entre todos los habitantes del Señorío, si bien la asamblea trata de muy pocas cuestiones que interesen al conjunto de bloques.

En la evolución de la Junta General habría que distinguir dos fases o períodos. De un lado la consolidación de una Junta General de la Bizkaia propiamente dicha o Bizkaia nuclear, y de otro la integración relativa en dicha Junta General de los territorios del Duranguesado y de las Encartaciones, tras la constitución del mayorazgo en el siglo XIII, así como del Cuerpo de Villas creado posteriormente. Hay algunas cuestiones previas que se deben abordar antes de seguir el hilo de esta Junta General. Se trata de la personalidad institucional de cada una de las Terras y Cuerpos que forman el mayorazgo vizcaíno, que disponen a su vez de sus propios órganos públicos de gobierno. En efecto, tanto las Encartaciones como el Duranguesado y las Villas creadas en los siglos XIII y XIV cuentan con Juntas particulares y con oficiales propios. Incluso dentro del bloque territorial central, la Bizkaia nuclear, existen Juntas particulares en las distintas Merindades que la integran.

  • Encartaciones.

Podemos suponer con Escarzaga que a la Junta General que se celebraba bajo el roble o en la casa torre de Avellaneda, centro geográfico de la Encartación, acudían todos los hijosdalgo de la Tierra. Así lo asegura al menos el texto de la Ordenanza de Gonzalo de Moro en 1394. De hecho, conocemos Juntas multitudinarias de encartados celebradas en la centuria siguiente. En virtud de un proceso mal conocido, la Junta General se hace más restrictiva: de estar constituida por todos los encartados se pasa a la integración por los representantes de los concejos. En la Edad Moderna acuden ya los apoderados de los diez concejos o repúblicas: Güeñes, Zalla, Gordexola, Sopuerta, Galdames, Arcentales, Trucíos, Carranza, los Cuatro y Tres Concejos del Valle de Somorrostro (de un lado Musques, Zierbana, Abanto de Yuso y Abanto de Suso y de otro Santurtzi, Sestao y Trapagaran-San Salvador del Valle). Sorprende hoy la capacidad de actuación de la Junta general encartada. Intervino en la aprobación de la Ordenanza de Gonzalo Moro de 1394, y elaboró y aprobó el llamado Fuero Viejo de 1503 que iba a regir durante 70 años y que ni tan siquiera fue presentado a la confirmación real. Es más: la interpretación auténtica de ambos cuerpos legales corresponde a la asamblea encartada. La Junta General elige a los cargos públicos propios del territorio y recibe el juramento del Corregidor de guardar el Fuero propio del territorio.

  • Duranguesado.

No menos antigua era la asamblea del Duranguesado aludida en el Fuero de los Labradores de la Merindad. Desde una época que no se puede precisar, en cualquier caso a lo largo del Bajo Medievo, acudían los durangueses a Gerediaga para celebrar sus Juntas. A partir de un momento de difícil fijación temporal, pero que debe ser coetáneo al cambio que también acontece en Avellaneda y en Gernika, la participación universal de los durangueses se sustituye por la presencia de apoderados municipales. Los fieles regidores de las anteiglesias de Abadiño, Berriz, Mañaria, Iurreta, Garay, Zaldibar, Arrazola, Axpe, Apatamonasterio e Izurza se congregan o en asambleas extraordinarias en la pequeña campa acotada de Gerediagagana, centro geográfico de la Merindad, y en Juntas ordinarias habidas en Gurutziaga y luego en el caserío de Astola. Las asambleas extraordinarias de Guerediagagana tenían lugar en Pascuas de Resurrección, del Espíritu Santo o de Navidades. Destaquemos también la amplitud del papel desempeñado por la Junta duranguesa. La especificidad normativa del territorio desapareció sin embargo al generalizarse la aplicación de las fuentes de Derecho propias de la Tierra Llana de la Bizkaia nuclear. También aquí la asamblea recibe el Corregidor, que jura el Fuero del Señorío, nombra a los cargos propios del territorio, designa a los apoderados de la Merindad en la Junta de Gernika, vela por la integridad de la jurisdicción duranguesa, distribuye el cupo de infantes asignados, efectúa los repartimientos de las cargas generales del Señorío correspondientes a la Merindad y establece el sistema de repartimiento de los gastos específicos de la Merindad.

  • El cuerpo de las villas y ciudad.

Al lado de los dos bloques territoriales periféricos contemplados aparece en la historia medieval vizcaína un bloque institucional, territorialmente discontinuo: el cuerpo de las 21 Villas y Ciudad que llegarían a ser llamadas en segundo lugar a la Junta General tras la Tierra Llana. Entre 1199 que se constituye el villazgo de Balmaseda y 1375 y 1376, fechas del aforamiento de Ugao-Miraballes y de Mungia, Larrabetsu y Rigoitia, otras diecisiete villas fueron erigidas en territorios del mayorazgo de la casa de Bizkaia: Orduña y Bermeo, 1299 y 1236; Lanestosa, 1287; Plentzia y Bilbao, 1299 y 1300; Portugalete, Lekeitio y Ondarroa, 1322, 1325 y 1327; Markina, 1355; Elorrio, 1356; Gernika y Guerricaiz (Munitibar), 1366. No es posible detenerse aquí en la descripción de las características propias de estos municipios privilegiados que poseían un ámbito jurisdiccional propio segregado del sistema general de administración propia de la Tierra Llana, y peculiares fuentes del Derecho, particularmente del Derecho privado distintas del Derecho consuetudinario autóctono de la Tierra Llana. En muchas villas regirá como Derecho privado el general del Reino de Castilla. Interesa subrayar de entrada que existían problemas estructurales entre la Tierra Llana de los bloques territoriales y las Villas: el problema originario y de fondo está ligado al patrimonio señorial, es decir, a la cuestión de cuáles eran las propiedades territoriales y derechos en el Señorío de la familia que gobierna en Bizkaia. Hay un precepto fundamental en el Fuero Viejo, que debiera ser el punto de partida de una amplia investigación. El citado texto dice lo que sigue:

"Otrosí los vizcaínos que havrían de fuero e uso y de costumbre que el Señor de Vizcaya que non pueda mandar fazer billa ninguna que sea en Vizcaia sino estando en la Junta de Guernica, tañidas las cinco bocinas e consintiendo en ello todos los vizcaínos, por cuanto todos los montes e usos e exidos son del Señor de Vizcaia y de los fixodalgo e pueblos a medias, e billa ninguna non se pueda fazer ni pueda mandar fazer ni le dar término alguno que non se faga en lo de los fixosdalgo e pueblos".

En el momento de la creación de las villas a los pobladores de las mismas, se les asigna las propiedades del Señor existentes en el ámbito jurisdiccional del término, y los derechos compartidos con los demás fijosdalgos. La cuestión de la amplitud de los límites jurisdiccionales concedidos a cada villa tenía una gran trascendencia respecto al status de los habitantes de la Tierra Llana situados en las anteiglesias colindantes y hasta de las incluidas dentro de la demarcación de la Villa. Conocemos los graves enfrentamientos de Bilbao y Gernika y las anteiglesias circundantes, también los de Portugalete y Bermeo e incluso de Markina. El problema se concreta en que las Villas reclaman en su totalidad la extensión territorial atribuida en las cartas pueblas fundacionales y determinados privilegios económicos que afectaban negativamente a la libertad de comercio en el entorno territorial. Hay razones para suponer que las Villas acudieron a la Junta General desde el momento fundacional. Hay algún indicio de que en el Medievo la presencia tuviera carácter representativo, frente a la asistencia general de los habitantes de la Tierra Llana.

Resulta más difícil destacar el particularismo institucional del bloque territorial al que ya hemos llamado Bizkaia nuclear, puesto que sus propios órganos de representación y gobierno llegaron a convertirse en las instituciones comunes del Señorío. Sabemos que ya en la Baja Edad Media la tierra comprendida entre los ríos Nervión y Deba, es decir, la Bizkaia nuclear, se halla compartimentizada en unidades administrativas denominadas Merindades. La figura de un Merino Mayor de Vizcaya está documentada en el siglo XI, y aunque haya que aguardar a 1394 para encontrar la primera definición sistemática y vigorosa de las seis Merindades vizcaínas (Busturia, Uribe, Arratia, Bedia, Zornoza y Mungia o Markina, además de la de Durango) hay que tener en cuenta que las cartas pueblas fundacionales de Villas contenían alusiones a las Merindades. Sobre estas unidades administrativas, bien delimitadas por accidentes geográficos, van a operar oficiales señoriales específicos -prestameros y merinos-, encargados de ejecutar mandamientos y disposiciones judiciales, de notificar convocatorias a las Juntas; y magistrados con jurisdicción, los llamados alcaldes de Fuero, que realizaban periódicamente un itinerario judicial. La merindad se constituye en ámbito de organización política de la comunidad. Algunas cartas pueblas parecen aludir a Juntas de Merindad. A una asamblea de este carácter de Uribe se refiere Lope García de Salazar, y el Fuero de 1526 alude expresamente a la Junta de Merindad.

En la Edad Moderna apenas se documenta la actividad de esta instancia institucional; existe sin embargo una modalidad reducida de Junta General de Vizcaya, la denominada Junta General de Merindades a la que era preceptivo que acudieran al menos representantes de todas estas demarcaciones. No podemos asegurar si el silencio documental sobre su actividad obedece a la ausencia de actas y de registros de las reuniones, o al hecho de su práctica extinción por absorción de su papel por la Junta General de Gernika, en la que, las anteiglesias estaban articuladas por Merindades.

Con la Junta General acontece lo que ocurre con tantas otras instituciones medievales: son bien conocidas en el Bajo Medievo pero resulta excepcional, cuando no imposible, hallar testimonios de su existencia en el período anterior a 1200. La Junta General o algún antecedente de la misma pudiera estar aludida en dos diplomas de 1053 y de 1075, que documentan cuestiones de propiedad o de transmisión de bienes inmuebles: Enneko Lupiz Señor de Bizkaia, autorizaba un acto en presencia "omnium seniorum de Vizcaia" y el abad de San Millán y el párroco de Abadiño resuelven un problema de términos mediante perquisa "cum senioribus et homines de terra".

El bajo medievo.En los siglos XIII y XIV la Junta es aludida en reiteradas ocasiones por lo que se pueden diseñar con cierta seguridad los trazos de su estructura y de sus funciones; en el siglo XV, el Fuero Viejo y el Ordenamiento de Chinchilla, además de otros textos cronísticos y diplomáticos, se ocupan suficientemente de la Junta General.

  • Asistentes.

La primera nota a destacar es que todos los vizcaínos varones parecen acudir a la Junta General. La afirmación encuentra fundamentos en diversos textos que hablan en unas ocasiones de "todos los omes buenos de Vizcaia", en otros de "todos los fijosdalgo de Vizcaia assí de la Fermandad como los otros caballeros, escuderos de Vizcaia", de "los vizcaínos e villas" o, en un texto más explícito, "nos los vizcaínos, assí los fijosdalgo como los de las villas". De los textos cabe también inferir algún protagonismo superior dentro de la asamblea de los cabezas de linaje, protagonismo compatible con la presencia universal, incluso la de aquéllos que por no tener tierras propias, por ser meros "labradores" de solar ajeno, no encajan en un concepto estricto de hijosdalgo. En 1394 Gonzalo Moro da cuenta de la presencia de "los procuradores de villas como los solares e fijosdalgo e labradores de la Tierra Llana". Aunque resulten admisibles las objeciones a una asistencia constante de este último grupo social, la generalidad de la asistencia por la vía de los hijosdalgo quedaría corroborada por Gonzalo Moro, cuando afirma que "en la dicha tierra comúnmente todos son hijosdalgo". No es posible evaluar el número de asistentes de la Tierra Llana a la Junta General medieval. Hay que tener en cuenta obviamente los datos poblacionales del Señorío.

  • Funciones.

Aceptación y homenaje al Señor y juramento. A la hora de tipificar una relación de las funciones de la Junta podríamos empezar describiendo aquellas actuaciones que se han considerado más solemnes y que de algún modo expresan el rango y el papel que ha llegado a alcanzar la comunidad de los vizcaínos en el Señorío. En primer lugar el acto doble que materializa y actualiza la existencia del Señorío: el reconocimiento y el homenaje al Señor y el juramento de éste de observar el Fuero de la tierra. Al testimonio que sobre este acto aporta la Crónica de Fernado IV, se pueden añadir los detalles rituales que contiene la escritura de 1356. La lectura del Fuero Viejo permite obtener una imagen vívida del acto de la jura, cuyo ritual se podría contrastar después con lo que dice Pedro López de Ayala, que, como Señor de territorio colindante, tenía motivos para saber lo que ocurría en Bizkaia.

"Lo que a de jurar el Rey e Señor de Vizcaia e donde e como. Otro sí el dicho Rey e Señor de Vizcaia quando viniere a Vizcaia para facer el dicho juramento a las puertas de la villa de Bilbao, fa de fazer prometimiento en las manos de algunos de los vecinos de Bilbao, que él promete como Rey e Señor de tener e guardar a las Villas e Tierras Llanas de Vizcaia e durangueses y de las Encartaciones, e a los moradores en ellas e en cada una de ellas, todos sus privilejios e franquezas e libertades e fueros e usos e costumbres e tierras e merzedes que del an, según que los hobieron en los tiempos pasados y les fueron guardados. E después a de venir a Arechabalaga e los vizcaínos anlo de recibir e vesarle las manos por Señor, y después a de tornar a Santemeteri y Zeledón que es iglesia, y alli a de fazer juramento sobre el cuerpo de Dios consagrado y teniéndolo el clérigo en las manos, estando rebestido, que él que vien e verdaderamente guardará e terná e fará a los vizcaínos y a las Encartaciones e durangueses, así caballeros como escuderos fijosdalgo e labradores, todas las franquezas e libertades e fueros e usos e costumbres que ellos an e tobieron en los tiempos pasados fasta aqui e las otras merzedes que del Rey su padre, asi como Señor de Vizcaia, y de los otros Señores tobieron en la manera y forma que de ellos tobieron y de ellas usaron. Y después verná a Guernica so el árbol donde se acostumbra fazer la Junta, las cinco bozinas tañidas, y allí, con acuerdo de los vizcaínos, si algunos fueros son buenos de quitar y otros de enmendar, alli los fará quitar y dar otros de nuevo si menester fuere con el dicho acuerdo, e confirmar todas las libertades e franquezas e fueros e usos e costumbres que los vizcaínos han e otras merzedes que los dichos vizcaínos tobieron e han del Rey y de los Señores pasados, en la manera que de las dichas otras merzedes usaron fasta aqui. E después a de ir a Bermeo y a de ir a Santa Eufemia y en el altar de Santa Eufemia a de poner la mano sobre el cuerpo de Dios consagrado, estando el clérigo rebestido teniéndolo en las manos que vien e verdaderamente tener e goardar las libertades e franquezas e privilejios e usos e costumbres de los vizcaínos, asi de las Villas como de las Tierras Llanas de Vizcaia e de las Encartaciones e de Durango, tobieron fasta aqui en la manera en que los hobieron".

Debemos a un lienzo de Francisco de Mendieta sobre la jura de Fernando el Católico en 1476, una de las excepcionales oportunidades de conocer gráficamente uno de los episodios más relevantes de la vida institucional de Bizkaia.

Relación de Reyes de Castilla que juraron en Gernika los Fueros de Bizkaia independientemente de su juramento en la Corte:

Reyes de Castilla: Alfonso XI en 1333, Juan I el 20 de diciembre de 1371.

Reyes de Castilla y señores de Bizkaia: Enrique III el 12 de agosto de 1393 (antes lo hizo en Aretxabalagane y Larrabetsu), Enrique IV el 2 de marzo de 1457. El 10 de mayo en Bermeo. Fernando el Católico el 30 de julio de 1476. Luego, en los otros lugares juraderos. Isabel la Católica el 17 de setiembre de 1483 representada por su mayordomo mayor Alfonso de Quintanilla. Antes, el día 16 en Larrabetsu.

  • Actividad legislativa.

Pondremos énfasis en la intervención de la asamblea puesto que ciertamente, y con la excepción de lo dicho para la Encartación, no existen antecedentes de este carácter en la Historia legislativa peninsular. La asamblea popular de los vizcaínos desempeña un papel insólito en el campo legislativo. Hay que contrastar sus actuaciones con lo que sabemos de la elaboración de los códigos y cuerpos de Derechos de los reinos y territorios peninsulares, en los que la intervención de los órganos representativos de la comunidad política es mucho más limitada. En 1394 en la redacción de Capitulado de la Hermandad, el Corregidor fue asistido por dos representantes de cada Merindad y un procurador por Villa, así como representantes de los "solares". El texto fue leído capítulo por capítulo, con el compromiso del Corregidor, reiterado varias veces, de suprimir cualquier prescripción contraria a Fuero. Casi sesenta años más tarde, en 1452, es la Junta misma la que designa la Comisión de Expertos en Derecho consuetudinario que ha de compilar el Derecho de Bizkaia. El texto fue leído, precepto por precepto, ante la Junta General, que resolvió sobre su adecuación al Derecho vivido con la expresión "vala, vala". Y se produjo el hecho insólito, también vivido por los encartados en el siglo siguiente, de acordar la puesta en vigor del texto, sin aguardar a la confirmación real, como era universalmente requerido en el Derecho de la época, aunque, obviamente, la Junta General procede a la solicitud de confirmación.

Al contemplar la capacidad legislativa de la Junta, sobrepasando el tiempo medieval en el que estamos ahora situados, veamos las actuaciones de la asamblea en la elaboración del Fuero Nuevo de 1526 y en la Concordia de 1630. La Junta operó de manera algo distinta en la elaboración del Fuero Nuevo de 1526. Aquí se puso el acento en la constitución de una Comisión de expertos, que tendría que reformar el Fuero Viejo de 1452, suprimiendo, modificando y añadiendo, según el caso. Por voluntad de la asamblea, tendría que ser sometido al examen y aprobación de su órgano delegado, el Regimiento; la Junta designó también a la Comisión de Diputados y Regidores que debía presentar el texto a la confirmación real. La Junta acude al mismo procedimiento de denominación de una Comisión para la redacción del articulado de la Concordia de 1630 que sentó las bases de la Bizkaia institucional moderna, al romper la dualidad entre Villas y Tierra Llana. La Junta, que se tomó tiempo para estudiar el texto propuesto, hizo que se diera lectura al Capitulado varias veces, hasta que concedió su aprobación.

  • Pase foral.

No se puede decir que sea privativo del Derecho vasco el establecimiento de medios de protección del sistema normativo propio. Existen antecedentes vizcaínos en este sentido anteriores a 1452. Es en esta fecha, sin embargo, cuando se consagra solemnemente el principio en el Fuero Viejo:

"Otro sí cualquier carta que el Señor de Vizcaia diere contra Fuero de Vizcaia que sea obedecida y no cumplida."

Y llega a eximir de culpa al que matare a quien traiga a Bizkaia carta del Rey por apelación judicial, y tras ser castigado por ello por el prestamero, vuelva con una sobrecarta. El Ordenamiento de Chinchilla de 1487 negó rotundamente el ejercicio del derecho y su fundamento legal. La prohibición del ejercicio del pase foral la extendía el Capitulado tanto a las Villas como a la Tierra Llana, y se castigaba con la pena de muerte. Algo dice acerca de la aplicación del Ordenamiento de Chinchilla, el hecho de que el Fuero Nuevo de 1526, que recibió confirmación real, vuelve a instituir el pase foral. La Ley XI del Título I establece

"que habían por Fuero y Ley y franqueza y libertad de cualquier carta o provisión real que el dicho Señor de Vizcaia diere o mandare dar o proveer, que sea o ser pueda contra las Leyes y Fueros de Vizcaia, directe o indirecte, que sea obedecida y no cumplida".

El pase foral fue aplicado con regularidad a lo largo de la etapa foral, con mayor o menor energía según el estado de la relación de fuerzas. El ejercicio del pase producía normalmente profunda irritación en los órganos de la Monarquía. El Señorío defendió enérgicamente lo establecido en la Ley XI del Título I del Fuero Nuevo.

GMZ

Durante más de dos centurias la tierra vasca se vio sacudida por conflictos internos de etiología no bien definida y de excepcional intensidad. La incidencia de tales enfrentamientos en los más diviersos campos de la vida colectiva ha sido descrita en una abundante bibliografía que no ha conseguido suministrar, sin embargo, un conocimiento satisfactorio de lo que significaron las luchas de bandos.

Creemos que la perduración de la lucha de bandos afectó de manera muy directa a la Junta General. Así tenía que ser si la sociedad vizcaína estaba trastornada por los episodios bélicos y si los linajes predominantes, los parientes mayores, tenían capacidad de movilizar y de hacer girar en su órbita militar a verdaderas comunidades de linajes, y si como hemos visto, unos y otros, todos, acuden a la asamblea de Gernika, parece natural que no habían de faltar motivos de enfrentamiento y de tensión. No obstante, fue la Junta General la que aprobó en 1394 las Ordenanzas de Gonzalo Moro, un cuerpo de Derecho que contenía un rol de delitos que tipificaban penalmente habituales actuaciones banderizas y que creó toda una organización colectiva para luchar contra la criminalidad.

Pero la constitución de la Junta General deparaba una ocasión excepcional para concentrar contendientes de los bandos oñacino y gamboíno. Se conocen en la segunda mitad del siglo XIV algunos episodios de tensión. Sólo los oñacinos acudieron a la recepción del Corregidor Juan García de Santo Domingo. Al poco tiempo, en 1465, los gamboínos atentaron contra él tan pronto como inició sus actuaciones judiciales. Tuvieron que acudir en su defensa 2.000 oñacinos. Lo que ocurría en las Juntas, si damos crédito a la Ordenanza, no era precisamente ejemplar. Habla el texto de los:

"alborotos e escándalos e denegación de justicia, e desobediencias, e gastos e costas, e otros males e inconvenientes que suelen acaescer e de fecho se suelen cometer, e notoriamente se an cometido en las Juntas de la Tierra Llana".

En aquel círculo de violencia y de turbulencia, era difícil que cualquier grupo social tuviera fuerza suficiente para imponer una solución de paz. Es posible que algunos grupos sociales de las villas afectados en sus bienes y rentas por el clima de hostilidades y mejor articulados para interesar a los Reyes en el problema, reunieran condiciones mejores para la búsqueda de soluciones. El poder real tenía las dos condiciones precisas para intervenir eficazmente, autoridad no discutida, y capacidad de movilización y utilización de fuerza. Por lo que concierne a las Juntas Generales, los Reyes decidieron debilitarlas acordando algunas medidas en el denominado Ordenamiento de Chinchilla de 1487. Por un lado prohibieron terminantemente a las Villas la asistencia a la asamblea, limitaron la celebración de Juntas de la Tierra Llana con prohibición de presencia de parientes mayores, y negaron por último el ejercicio del pase foral. Las sanciones a aplicar a las autoridades incumplidoras de Villas eran drásticas, pues perdían el cargo y los bienes y se les derribaban sus casas.

GMZ

Registremos ahora los principales hitos de la modernización de las Juntas Generales. Son muchas las causas y concausas que inciden en el proceso: hemos hablado del Ordenamiento de Chinchilla, que posiblemente constituye una manifestación de un cambio social profundo que hizo necesaria una adaptación y remodelación de las viejas estructuras institucionales y jurídicas del Señorío. En efecto, en un lapso de tiempo relativamente corto, con la superación del mundo de los banderizos y el establecimiento de un nuevo orden, se producen en Bizkaia cambios significativos. Desde los primeros años del siglo XVI los vizcaínos no se sentían satisfechos con el Fuero Viejo, un cuerpo normativo compuesto hacía apenas medio siglo. En el mismo período en que elaboran un código nuevo que iba a regir varios siglos, se opera una honda mutación en el procedimiento de integración de la Junta General y aparece el Regimiento General, un órgano ejecutivo delegado de la asamblea. Del Regimiento de constitución reducida derivará a su vez, posteriormente, la Diputación.

En el Medievo la Junta carecía de oficiales propios y estables por lo que en el desarrollo de sus sesiones desempeñan un papel relevante los oficiales territoriales, es decir, el Prestamero, Corregidor, Alcaldes de Fuero, Alcaldes de Hermandad, etc., y un escribano de la Junta. No aparecen, sin embargo "diputados" permanentes. En la segunda mitad del siglo XVI debieron institucionalizarse figuras relacionadas con la Junta General que sabemos que elige a dos letrados, dos diputados, dos procuradores y dos escribanos. Tiene mayor importancia la creación en 1500 del Regimiento General, concebido como un órgano delegado de la Junta. El texto de la Ordenanza dice que se toma el acuerdo "por quitar las Juntas Generales que muy a menudo se suelen hazer e porque mejor e más retamente la república sea regida y gobernada". La denominación procede de los doce Regidores nombrados por dos años por la asamblea, que, juntamente con los oficiales de Junta antes citados y el Corregidor, se habían de reunir tres veces al año para "entender en la buena gobernación e regimiento de la república del dicho Condado". Veremos después, al hablar de las Villas, que la creación de este órgano nuevo en el árbol institucional vizcaíno no altera el peculiar equilibrio institucional de los bloques territoriales de Bizkaia.

  • De las Merindades a las anteiglesias.

El cambio más importante y significativo que acontece en la Junta General moderna es el paso de la asistencia universal de los vizcaínos a la integración por apoderados de las anteiglesias de la Tierra Llana y de los demás bloques territoriales o cuerpos del Señorío. El tránsito, si vale la expresión, de la democracia directa a la democracia respresentativa. Un acta de Junta General de 1463 da cuenta de "diputados" de la Tierra Llana. En el acta del juramento de Fernando el Católico se hace una enumeración de junteros y en la primera acta conocida del siglo siguiente, en 1526, aparece la primera relación de apoderados de anteiglesias, ordenada por Merindades, y de villas. En el terreno de las hipótesis cabe pensar en motivaciones demográficas, pudo pesar la paulatina integración y consolidación institucional de las villas y anteiglesias; podemos considerar también el cambio como una exigencia de la superación de la lucha de bandos, es decir, como un efecto de las restricciones impuestas por el Ordenamiento de Chinchilla, que habría presionado en favor de un compromiso consistente en un sistema distinto de integración. Una Junta reducida y por tanto más manejable sería la solución a los problemas que plantea una asamblea multitudinaria cuando existe conflictividad social.

La anteiglesia emerge como la entidad institucional que tiene derecho a la representación en Junta. No es éste el momento de describir el desarrollo y la evolución de los municipios rurales vizcaínos definidos por el Padre Henao como:

"templos parroquiales de repúblicas y concejos de Vizcaya, que constan de casas, apartadas unas de otros, sin muro ni cerca común, porque el puesto donde se juntan sus moradores a elegir fieles o regidores, a dar poderes para pleitos y tratar de cosas tocantes a gobierno, es delante de dichas iglesias, en las mañanas de días festivos. Por esta causa a iglesias y concejos acomodaron el nombre de anteiglesias lo cual se comprueba con el que tienen en vascuence que es eleiateak" (eleiz ateak, según Iturriza).

Aludida como una realidad institucional consolidada en el siglo XIV, en la primera mitad del siglo XVI se baraja un concepto legal de anteiglesia, cuya existencia como institución pública precisaría de determinados requisitos. En concreto se podría hablar de anteiglesia cuando un núcleo de población reunía estos tres elementos: hallarse encuadrada en una parroquia -en lenguaje de época disponer de "pila e sacramento e altares e enterroria"-, la consideración como ámbito autónomo de recaudación de impuestos -pagar "del chancel ordinario y otras décimas para el servicio de su alteza y para el salario de los oficiales de dicho Señorío y para puentes y calzadas del"- y la disposición de autoridades propias de fieles regidores. Unos 25 núcleos de población de Bizkaia reunían alguna de estas características, parroquias o fieles regidores, pero no llegaron a ser reconocidos como anteiglesias por la Junta General, ni, en consecuencia, admitidas como entidades representadas en la asamblea. Sólo Derio consiguió en 1688 ver reconocidas sus aspiraciones como miembro activo y pasivo de la Junta General.

En el proceso de cambio del sistema de representación conviene anotar un hecho significativo. En el llamamiento bajo el árbol a las entidades convocadas existe un orden constante con un sistema de precedencia que refleja las vicisitudes por las que atravesó el proceso de integración institucional del Señorío. En lo que concierne a la Tierra Llana hay que destacar que los 72 representantes de las anteiglesias son llamados por orden de Merindades. En primer lugar los 26 apoderados de Busturia, encabezados por Mundaka, después los dos de la Merindad de Markina y los tres de Zornoza, a continuación los treinta y dos apoderados de la amplia y populosa Merindad de Uribe, seguidos del juntero de la Merindad de Bedia, y por último los siete representantes de Arratia. Ya hemos dicho que en la Merindad de Uribe se consigue el reconocimiento tardío de una anteiglesia, Derio, que era llamada en último lugar.

  • Integración del cuerpo de Villas en la Junta General.

El Ordenamiento de Chinchilla abrió la posibilidad legal de celebrar Junta de villas. La celebración no ha quedado documentada, pero por referencias indirectas sabemos de su existencia. El Capitulado de Chinchilla debió contribuir a la pacificación civil, pero atizó la dualidad conflictiva entre las Villas y la Tierra Llana y aportó fundamento legal a las grandes crisis de la relación entre los bloques. En 1513 intentaron las Villas romper su comunidad con la Tierra Llana. En el año siguiente pretendieron constituirse en un ente "en sí y por sí", formando un cuerpo político separado del Señorío, con Corregidor propio, o al menos, con oficiales exclusivos, sello distinto al del Señorío, etc... Ambos intentos fueron frenados por el poder real. Por distintos motivos, pero singularmente como consecuencia de las tensiones de algunas Villas y su entorno de Tierra Llana, antes aludidas, estalla en la última década del siuglo XVI una crisis virulenta y de extraordinaria magnitud que no se solventará hasta 1630. En un plano ideológico se produce una discusión que quiere dilucidar quién es quién en Bizkaia: ¿estaba compuesto el Señorío por dos bloques iguales, la Tierra Llana y las Villas, o la Tierra Llana es lo general y las Villas una parte adherida al Señorío para los asuntos comunes? La lógica inherente a la defensa de la primera posición lleva a las Villas a reclamar Juntas y Regimiento y autoridades propias, sello específico, y a comprometerse en pleitos y más pleitos ante la Chancillería de Valladolid. En cualquier caso, en una y otra crisis, la Junta General es la institución menos cuestionada.

Las asambleas conjuntas de los procuradores de la Tierra Llana, las Villas, la Encartación y la Merindad de Durango fueron la norma general y la Junta particular de sólo la Tierra Llana la excepción. No se puede decir lo mismo del Regimiento General, el órgano de gobierno delegado de la Junta General: cuando estallan las crisis, las Villas preferirán un Regimiento específico, y se resisten a tratar los asuntos comunes del Regimiento General, exigiendo la previa recepción de memoriales, cuya discusión había de llevarse a cabo en Conferencias. A pesar de que los Regimientos comunes continuaron celebrándose incluso entre 1572 y 1593, el período más conflictivo, un arreglo producido este último año hizo variar la actitud institucional de las Villas. De conformidad con el arreglo de 1593, los oficiales del Señorío se reunían por la mañana con la Tierra Llana, por la tarde con las Villas y acto seguido con ambos bloques "para tratar de las cosas universales y generales". Reparemos sin embargo en la composición de este Regimiento común en el que las Villas disponen de la mayoría, puesto que sus 21 procuradores se congregan con los dos diputados, dos sindicatos y doce regidores de la Tierra Llana. La posición de las Villas en la Junta General era por el contrario de ostensible minoría: sus 21 procuradores se enfrentaban en la asamblea a los 71 apoderados de las anteiglesias de la Tierra Llana. De ahí que a partir de esa fecha prefieran que los asuntos generales se traten en Regimiento común y dejan de acudir a 15 de las 52 Juntas Generales subsiguientes.

Ni que decir tiene que el punto de vista de la Tierra Llana era precisamente el opuesto. La ingobernabilidad del Señorío y los males que se derivaban eran evidentes. De ahí los intentos de resolver los problemas. En el proyecto de arreglo de 1609 se consagraba una vez más a la Junta General como centro del poder de la comunidad del Señorío distinguiendo entre la ordinaria anual y la extraordinaria que se convocaría para recibir y jurar al Rey, recepción del Corregidor, elaboración y reforma de las Leyes, quebrantamientos de Fuero y en caso de guerra o de servicios de armas a Su Majestad. Pero las propuestas de arreglo naufragaban al tratar de establecer equilibrios de poder de los bloques en el seno del Regimiento General y ello a pesar de las proclamaciones de que todos los procuradores constituían "una república, una comunidad y una Junta". El juez mayor reprochaba en 1615 a los vizcaínos los gastos y disgustos de los pleitos y el riesgo que suponía para el sistema foral la debilidad interna. El establecimiento de una tregua fue el más elevado compromiso que pudo arrancar de las partes contendientes con sus sugerencias de arreglo. La Junta General de 2 de marzo de 1628 inició la solución. Dos años costó obtener el acuerdo que fue aprobado en la Junta General de 11-IX-1632. La constitución de Bizkaia como ente político, con las características peculiares que tuvo hasta la terminación de la etapa foral, arranca de la Concordia de 1630, completada con el acuerdo con la Merindad de Durango y con algunos municipios encartados que examinaremos más adelante.

La medieval dualidad entre Tierra Llana y Villas quedaba superada y equiparada hasta donde fue posible el estatus jurídicopúblico de Villas y anteiglesias: se quería llegar a una situación "sin diferencia del Señorío o Villas porque todo ha de ser una república sin ninguna distinción". Por lo que se refiere a la Junta General, la Concordia borraba los efectos negativos del Ordenamiento de Chinchilla. En adelante las Villas se consideran obligadas a acudir a la Junta General y adquieren la facultad de elección activa y pasiva en las elecciones de oficiales del Gobierno Universal. Este órgano de gobierno, en sus modalidades de Regimiento o Diputación, se constituye en la única representación de ambos bloques (también del Duranguesado y parcialmente de la Encartación). Quedó por otra parte estatuida la igualdad de los bloques en cuanto a la contribución a las cargas fiscales. La Concordia abrió por otra parte a las Villas la posibilidad de acogerse al Derecho consuetudinario autóctono de la Tierra Llana, que había sido recogido en el Fuero Nuevo de 1526.

  • La Merindad de Durango.

A lo largo de la Edad Moderna el Duranguesado estuvo ligado al Señorío por múltiples lazos institucionales que expresan la homogeneidad entre sus estructuras económicas, sociales y culturales y la de la Tierra Llana. Del Derecho escrito propio de la Merindad no queda rastro al concluir el Bajo Medievo. Se aplicaron al Duranguesado directamente todos los cuerpos de Derecho del Señorío (Cuaderno Penal de Juan Núñez de Lara de 1342, Ordenanza de Gonzalo Moro de 1394, Fuero Viejo de 1452, y Fuero Nuevo de 1526). Existieron sin embargo problemas de relación con el Señorío particularmente en lo concerniente al mantenimiento de la primera instancia judicial que correspondía a la Merindad y a la cuota de contribución a los gastos comunes, fijada en una doceava parte del total. Generó tensiones la presencia en el Regimiento común de los cuatro bloques: desde la resistencia duranguesa a ocupar el último asiento que le corresponde, al número de votos que se le había de asignar al territorio. La forma de participación de la Merindad en la Junta General varió a lo largo de la Edad Moderna. Hemos visto ya que la Junta General de la Tierra Llana, Villas, Encartaciones y Merindad de Durango fue la asamblea ordinaria, de ahí que casi siempre eran convocados. Las once anteiglesias de la Merindad, tan pronto como recibían el mandamiento, se reunían en la Junta de Astola para sortear el nombre del fiel que había de acudir. Se trata por tanto de una asistencia limitada a un solo apoderado y que además no participa en la elección de oficio del Señorío.

En 1628, cuando parecía que se solventaban los problemas entre las Villas y la Tierra Llana, la Merindad quiso aprovechar la coyuntura integradora y alegó que:

"era una de las siete Merindades de dicho Señorío y en todo y por todo se govierna por sus Fueros, le admita en sus elecciones de oficio de Diputados, Síndicos Generales, Regidores, Secretarios y Tesoreros de este Señorío, con doce votos por las doce anteiglesias que tiene dicha Merindad y que desde luego se allanan a que contribuirán por fogueras... según y como contriburen y pagaren las anteiglesias sitas en las otras Merindades".

La comisión que nombró la Junta para estudiar la petición defraudó las expectativas de los durangueses. Reconocieron la homogeneidad institucional con el resto del Señorío, pero sólo concedieron a la Merindad dos votos, uno oñacino y otro gamboíno, aunque sí aceptaban la contribución igualitaria por fogueras y la necesaria asistencia a la Junta de Gernika. Se les respetaba la primera instancia. Hubo de transcurrir más de un siglo para que se produjera una mejora. En 1740 se atribuyeron al Duranguesado cinco apoderados. En el siglo XIX cuenta con once votos en la Junta en completa asimilación en cuanto a la participación en la asamblea con las anteiglesias de la Tierra Llana.

  • Las Encartaciones.

La peculiaridad institucional de la Encartación en la Edad Moderna, destacada en otro lugar para el Medievo, era compatible con nexos de carácter estructural en casi todos los órdenes, si se excluye el lingüístico, con el resto del Señorío. Común era el fondo jurídico consuetudinario: es posible que se aplicara en la tierra encartada el Cuaderno de Juan Núñez de Lara de 1342, sabemos que se recibe con alguna modificación la Ordenanza de Gonzalo Moro de 1394, y el Fuero específico del territorio, el de 1503, estaba ampliamente inspirado en el Fuero Viejo. Ya para 1576 habían hecho dejación de su propia Compilación para aceptar plenamente la vigencia del Fuero Nuevo de Bizkaia. La convergencia indicada explicaría el hecho de que sin considerarse Bizkaia estrictamente, ya a finales del siglo XVI un ilustre encartado como García de las Landeras Puente muestra un indudable patriotismo vizcaíno. Nadie discute las instituciones privativas de la Encartación, pero la relación con el Señorío se agria a lo largo del período por distintos motivos. Unas veces son las intromisiones del Corregidor en la primera instancia exclusiva ante las autoridades judiciales del territorio, otras se discute ásperamente la contribución encartada a los gastos suscitados por los negocios de interés común, fijada en una cuota -la sexta parte- o en una cantidad fija.

Un motivo de constante tensión fue la participación en el Regimiento, planteada por la Encartación con criterios de proporcionalidad a la contribución a los gastos comunes. Que la Encartación participaba en la Junta de Gernika desde el Medievo lo acredita el hecho de que entre los cinco montes en que se hacía sonar la bocina convocadora se encontraba el Ganekogorta y el Kolitxa, y a una Junta celebrada en 1451 -cuenta García de Salazar- acudieron "todos los mejores de la Encartación a la Junta que... se fazía en Guernica". En el período aludido se reajusta el sistema representativo, se produce el cambio puesto que en los comienzos de la Edad Moderna un sólo apoderado, el Síndico, provisto de un solo voto representaba a todos los concejos del territorio. ¿A qué se debió esta deficiente representación? Pudo pesar la fuerte personalidad de la Encartación, que se resiste a la asimilación, como pudo pesar la distancia de Gernika y el costo de los desplazamientos. En cualquier caso cabe subrayar que la intervención encartada estaba limitada a materias comunes de Fuero o al cumplimiento de obligaciones que se referían a todo el Señorío y que carecían de elegibilidad activa y pasiva para oficios del Señorío. A la Encartación llegó el eco del movimiento de integración suscitado en 1628 en los demás bloques institucionales del Señorío. Al requerimiento de una autoridad encartada se responde, con alguna voz en contrario, que se "estén del modo que hasta aquí", "que a la Encartación no le está bien dicha unión", y se rechazan las invitaciones del Señorío. Se temían los repartimientos comunes y sobre todo que se iba "a perder la autoridad de esta República en gobernarse de por sí, y ser dueña y señora, y siéndolo sujetarse a que otro la gobierne porque la venga el tener el gobierno de tarde en tarde respecto de ser los votos en pequeño número para el que tiene el Señorío...".

La unanimidad no era completa en cuanto a la defensa del particularismo encartado. El valle de Gordexola se había sentido interesado desde 1628 en el proceso de unificación y tras vencer la resistencia del propio bloque encartado, firmaba en 1642 la escritura de incorporación al Señorío, seguido el mismo año por Güeñes. En 1668, 1672 y 1682 se incorporaron Zalla, Galdames y los Tres Concejos del Valle de Somorrostro. El llamado grupo de Repúblicas unidas al Señorío quedaron, en lo que se refiere a la posición, dentro de la Junta General y del Señorío, con un estatus similar a las anteiglesias de la Tierra Llana, salvo en la primera instancia judicial. Quedaron fuera las Repúblicas no unidas, Sopuerta, Arcentales, Trucíos, Carranza y los Cuatro Concejos del Valle de Somorrostro. Fuera y en pleitos con las incorporadas a cuenta de los gastos que sucitaban el mantenimiento de las instituciones privativas del territorio encartado, resueltos a través de transacciones más o menos duraderas. Como consecuencia de las disensiones habidas con los órganos de gobierno del Señorío, las Repúblicas unidas rompieron en 1740 los nexos establecidos en el siglo precedente retornando a la situación anterior a la incorporación.

La unión definitiva se realizó al terminar el siglo XVIII: en 1799 aceptaron la homogeneización vizcaína los siete concejos del valle de Somorrostro y los valles de Gordexola y Carranza. Al año siguiente se incorporaban Trucíos y Güeñes; por tanto al doblar el siglo, en el comienzo mismo de la contemporaneidad, la Encartación desaparece como entidad política. Los últimos vestigios que subsisten de un pasado institucional propio son la Audiencia de Avellaneda y la cárcel.

  • Otras entidades.

Cabe anotar que algunas entidades territoriales y municipales que en el medievo tuvieron una relación más o menos esporádica con la Junta General quedaron excluidas de la misma, en contra de su voluntad y la del Señorío. Es el caso de Limpias, Colindres y Castro Urdiales, definitivamente marginadas a lo largo del siglo XVI. No fueron coronados por el éxito los intentos de aproximación al Señorío realizados por estos municipios en las postrimerías del siglo XVII y en los comienzos del siglo XVIII. Fueron más antiguas y mucho más estrechas las relaciones entre los Valles de Ayala y Orozko y el Señorío. La comunidad de aplicación del Derecho Civil autóctono, el reconocimiento de la condición vizcaína a efectos de avecindamientos y la participación intermitente en el reparto de infantes constituían lazos que en algunos momentos se pretendió que tuvieran traducción en la representación en la Junta de Gernika. La dependencia jurisdiccional de la familia de Ayala, debilitada después del posicionamiento de D. Pedro de Ayala, rebisnieto del Canciller, en pro de las Comunidades, facilitó un proceso de integración del Valle de Orozko que alcanzó en el siglo XVIII. En cuanto al Valle de Ayala, pudo más la atracción de la Hermandad de Alava que el interés vizcaíno por conseguir la integración.

  • Entes componentes.

La composición de la Junta General de su época de madurez, es decir a partir del siglo XVIII, es un resultado del proceso de convergencia que acabamos de explicar, reflejado en el orden de llamamiento que exponemos a continuación:

1. Tierra Llana
Merindad de Busturia
1 Mundaka14 Gauteguiz Arteaga
2 Pedernales15 Kortezubi
3 Axpe de Busturia16 Natxitua
4 Murueta17 Ispaster
5 Forua18 Bedarona
6 Lumo19 Murelaga
7 Ugarte de Mugica20 Nabarniz
8 Libano De Arrieta21 Guizaburuaga
9 Mendata22 Amoroto
10 Arrazua23 Mendata
11 Ajangiz24 Berriatua
12 Ereño25 Zenarruza
13 Ibarrangelua26 Arbazegi
Merindad de Markina
27 Jemein28 Markina-Etxebarria
Merindad de Zornoza
29 Amorebieta31 Ibarruri
30 Etxano
Merindad de Uribe
32 Gorozika48 Berango
33 Barakaldo49 Sopelana
34 Abando50 Urduliz
35 Deusto51 Barrika
36 Begoña52 Gorliz
37 Etxebarri53 Laukiniz
38 Galdakao54 Gatika
39 Arrigorriaga55 Lemoiz
40 Arrankudiaga56 Maruri Xatabe
41 Lezama57 Basigo De Bakio
42 Zamudio Arteaga58 Meakaur De Morga
43 Loiu59 Mungia
44 Sondika60 Gamiz
45 Erandio61 Fika
46 Leioa62 Fruiz
47 Getxo63 Meñaka
Merindad de Bedia
64 Lemona
Merindad de Arratia
65 Iurre69 Dima
66 Arantzazu70 Olabarrieta (Zeberio)
67 Kastillo Y Elexabeitia71 Ubidea
68 Zeanuri
Merindad de Uribe
72 Derio
Villas y ciudad
73 Bermeo84 Ermua
74 Bilbao85 Elorrio
75 Durango86 Villaro (Areatza)
76 Orduña87 Mungia
77 Lekeitio88 Larrabetzu
78 Gernika89 Miravalles
79 Balmaseda90 Gerrikaiz
80 Plentzia91 Rigoitia
81 Portugalete92 Otxandio
82 Markina93 Lanestosa
83 Ondarroa
3. Concejos de la Encartación
94 Güeñes98 Galdames
95 Karranza99 Zalla
96 Arcentales100 Gordexola
97 Trucios
Cuatro Concejos (101 Musques, 102 Ziérbana, 103 Abanto de Yuso, 104 Abanto de Suso)
Tres Concejos (105 Santurtzi, 106 Sestao, 107 Trapagaran-San Salvador del Valle)
4. Merindad de Durango
108 Abadiño114 Zaldibar
109 Berriz115 Arrazola
110 Mallabia116 Axpe
111 Mañaria117 Apatamonasterio
112 Iurreta118 Izurza
113 Garay
5. Valle de Orozco119

Requisitos exigidos: los requisitos exigidos a los apoderados eran los siguientes: habían de ser vizcaínos originarios o estar en posesión de carta ejecutoria de hidalguía ganada en juicio contradictorio, tener vecindad en el Señorío con diez años de antelación y vecindad en la entidad municipal o territorial representada. A partir del siglo XVII se les exige la capacidad de leer y escribir en romance, y muy a menudo se solicita el apoderamiento de personas idóneas y capaces.

Estatuto del procurador: los gastos de desplazamiento, los de alojamiento y comida, y los salarios devengados en los días empleados, eran atendidos por las Repúblicas con ayudas de costa a los apoderados, bien mediante una cantidad fija o mediante una asignación por día. Por otra parte los procuradores tenían la garantía de no ser apresados durante los días de Junta y en los desplazamientos motivados por la asistencia a la misma.

Asistencia: bien sea por el interés que suscitaban las cuestiones colectivas o bien por la constricción inherente a las sanciones impuestas a los apoderados que no comparecían a la Junta, la asistencia a la asamblea era óptima. En el momento en que eran 101 las entidades representadas enviaban un total de entre 130 y 150 apoderados. No era excepcional la presencia de un par de apoderados por entidad. Los procuradores solían ser los fieles de las anteiglesias o miembros del Regimiento de las Villas, alcaldes fundamentalmente, pero también Síndicos y Regidores.

  • Convocatoria.

En la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, la convocatoria se producía obligatoriamente por el Corregidor a instancia de los dos Síndicos, tras comunicar con los Diputados. A partir de un cierto momento se reconoció a cualquier anteiglesia la capacidad de convocatoria de los Síndicos. En la centuria antes citada el derecho de convocatoria corresponde al gobierno del Señorío, que concretaba normalmente los puntos fundamentales del orden del día. En lo que concierne a la comunicación de la convocatoria, olvidado en antiguo sistema de tañido de las cinco bocinas en los cinco montes, propio del período medieval de asistencia universal, se expedían nueve mandamientos a los prestameros y merinos que lo hacían llegar a las anteiglesias. En cuanto a las Villas, desde 1630, se les hacía llegar por correo repartido por veredas, procedimiento que al poco tiempo se generalizó para todos.

  • Periodicidad.

La costumbre antigua de reunir la Junta cuatro veces al año había quedado obsoleta en la segunda mitad del siglo XVI, período en que se observa una completa irregularidad en cuanto a la reunión de la Junta. La evolución obedece a la creación del Regimiento que atendía mejor al gobierno y a la administración ordinaria del Señorío. Desde 1610 correspondía a los Síndicos, tras comunicar con los Diputados, la decisión del cuándo, de la oportunidad de celebración, teniendo en cuenta que al menos cada dos años debía convocar una Junta Electoral y que cualquier anteiglesia podía solicitar la celebración. De hecho a lo largo de la Edad Moderna lo habitual solía ser una o dos reuniones anuales. En cuanto a la evolución del tiempo empleado en las reuniones se advierte que mientras en el siglo XVI las sesiones sólo duran un día, en la centuria siguiente se emplea normalmente más de un día y en el siglo XVIII la regla tiende a ser los tres o más días de reunión.

  • Lugar de celebración.

Ya en el siglo XV Gernika se afianza como lugar de celebración de las Juntas frente a Aretxabalaga e Idoibalzaga. Hay que destacar que los predios donde estaban situados el roble y la iglesia juradera pertenecían a la jurisdicción de la anteiglesia de Lumo, y por tanto formaba parte de la Tierra Llana y no del villazgo guerniqués. El término era propiedad, la única existente, de la comunidad del Señorío, y en consecuencia la Junta y el Regimiento ostentaban el patronato de la iglesia juradera. Antes de la erección del actual edificio de la Junta existían tres elementos: en primer lugar el conjunto integrado por el viejo árbol, que contaba con 300 años cuando Iturriza escribió su Historia General, junto a una tribuna cubierta, situada en un promontorio donde se colocaba la Presidencia y una plaza aneja enmarcada por asientos de cal y canto, que fue rodeada por una reja de madera para aislar y proteger a los apoderados. La pequeña ermita juradera medieval fue reedificada por el Corregidor Gonzalo Moro, en los comienzos del siglo XV. Estaba situada a unos 15 pasos del árbol y atendida permanentemente por una freila.

A partir de 1612 y pensando en el uso como lugar de Congreso, se inicia la recomposición y el arreglo de la ermita, colocando asientos de piedra a ambos lados, abriendo ventanas e instalando vidrieras. También se reparó la casilla adosada a la ermita que contenía el Archivo de Bizkaia. Hasta el inicio del siglo XVII "so el árbol" era el único lugar en que se podía celebrar la Junta, es decir en la tribuna y en la plaza. Sólo la recepción del juramento de los Reyes y de los corregidores y tenientes podía tener lugar en la ermita, por lo que el traslado de la asamblea a la ermita o a otros lugares por cualquier motivo -aguaceros o mal tiempo u otros avatares- obligaba a volver a constituir la Junta repitiendo el llamamiento a los apoderados. La celebración de la Junta so el árbol presentaba serios reparos. En la segunda mitad del siglo XVII la costumbre había variado. La primera sesión para el ajuste de poderes se efectuaba so el árbol, para continuar después en la ermita juradera.

  • Actividad formal.

Constitución de la Junta. Tras la reunión de junteros y Diputación, y efectuado el llamamiento según la matrícula antigua, los secretarios examinaban los poderes y, a continuación, los junteros pasaban a la iglesia. El Síndico comunicaba los asuntos que se habían de debatir, generalmente propuestos por este oficial; sin embargo hay ocasiones en que una o varias entidades representadas presentan en las Juntas memoriales, peticiones, etc. En la práctica los particulares podían contar con la posibilidad de que sus negocios tuvieran acceso a la consideración de la asamblea.

Tramitación de los asuntos. Para la preparación de resoluciones sobre determinadas materias de examen complejo la Junta designaba a una Comisión con el mandato de preparar un examen para el pleno. Era habitual que se sometiera al gobierno muchos de los asuntos presentados al Congreso. No era posible ocupar indefinidamente a la Junta y había, por otra parte, muchas cuestiones de carácter técnico que requerían una atención que la asamblea no podía dispensar. Era el caso de los problemas de economía pública, cuestiones de defensa y los más variados temas. Habitualmente casi todas las resoluciones eran adoptadas tras un debate y por consenso unánime. Cuando el consenso ordinario se rompía se procedía a la "reducción a votos", según un procedimiento singular. Fijadas las alternativas, los poderhabientes salían del recinto y eran llamados por el secretario según el orden tradicional. Entraban uno a uno en el templo y comunicaban a la Presidencia la postura de su República. Realizado el escrutinio, el Corregidor proclamaba el resultado mayoritario. A destacar el uso de la llamada protesta, declaración pública efectuada por un miembro o por un grupo de miembros de la Junta para apartarse de un acuerdo o parte del mismo, con el objeto de exonerarse de sus resultas y fundamentar una eventual actuación judicial. El Corregidor, disconforme con resoluciones de la Junta que lesionaban las prerrogativas de los órganos de la Monarquía, protestaba a menudo los acuerdos de la Junta. La voluntad de la Junta era materializada en los Decretos que redactaban los secretarios y que eran leídos antes de levantar la sesión final. Las actas de Juntas y Regimientos del Señorío se conservan desde 1558. Con objeto de custodiarlas se crea a finales del siglo XVI el empleo de archivero.

  • Actividad electoral.

Regimiento general y particular. Las mismas razones de gasto e incomodidad que favorecieron la creación por la Junta del Regimiento General, motivaron el que este órgano de gobierno delegara en un órgano de composición más reducida la resolución de determinados asuntos (apertura de cartas reales y de la correspondencia urgente, resolución de los asuntos menores, etc.). Se puede decir que desde la primera reunión el llamado Regimiento Particular, por contraposición al General, tendría la misma complejidad constitutiva de las Juntas y del Regimiento General, y así tendremos el Particular de la Tierra Llana al que asisten el Corregidor, Diputados, Síndicos y Letrados, y el Particular conjunto en el que también toman parte las tres cabezas de tercio de las Villas (Bermeo, Bilbao y Durango), y al que excepcionalmente se invitaba a las Encartaciones y a la Merindad de Durango. La Concordia de 1630 ayudó a superar la confusión de órganos: desaparecidas todas las modalidades de Regimiento General, se simplifica también el Regimiento Particular en una modalidad única, que desde 1645 se denominaría Diputación General..

La Diputación carecía originalmente de un ámbito competencial propio y no podía actuar si no existía una delegación expresa o tácita de un cometido concreto. Su emancipación institucional se vio favorecida por un intento de resolución de delimitación de competencias de la Junta General en 1695 que quiso "reconocer qué materias, usos y cosas se deben determinar y decidir por los Diputados Generales, sin consenso de los Regidores, y en cuáles han de juntarse y convocarse para su resolución, y cuáles se han de remitir a Juntas Generales y de Merindades". A partir de esta fecha aparece la Diputación como un órgano independiente: sus actos tienen el mismo valor que los del Regimiento y ambos órganos se van a denominar indistintamente "Govierno Unibersal del Señorío". La evolución institucional va a tender a lo largo del siglo XVIII a marginar al Regimiento, que aparece cada vez más como un órgano menos funcional y operativo, al tiempo que gana fuerza la Diputación.

Una vez superados los enfrentamientos civiles, la división en bandos sirvió de soporte dentro de cada municipio para agrupar a los vecinos en parcialidades electorales de los oficios de gobierno local. El mismo valor tendrá la parcialidad para el agrupamiento de anteiglesias y villas en las elecciones de oficios del Regimiento y de agentes del Señorío. En lo que concierne a las anteiglesias, que hasta 1630 eran las únicas que tenían derecho a participar en la nominación de cargos de gobierno, la adcripción de sus apoderados a la parcialidad oñacina o gamboína dependía de la decisión adaptada por la mayoría de los vecinos. Las Villas tuvieron que realizar la opción correspondiente en la fecha indicada. La casuística de la opción interna del ente representado dio lugar a que los municipios se agruparan electoralmente en tres sectores, el de las repúblicas fijas oñacinas, las fijas gamboínas y el bloque de los que alternaban en oñacinos y gamboínos, y el caso singular de la anteiglesia de Murueta. En 1714 desapareció este último grupo, asignándose a una u otra parcialidad que quedaron igualadas en cincuenta miembros.

El procedimiento electoral estaba sujeto a las prescripciones de las Ordenanzas de 1500 y 1548 y a lo dispuesto en la Concordia de 1630. Después de agotar los asuntos pendientes se hacía el llamamiento a las repúblicas oñacinas que introducían su nombre en una bolita de plata. Un niño de corta edad extraía de un cántaro sucesivamente hasta tres boletas, cuyos titulares eran proclamados por el Corregidor como electores de la parcialidad. Lo mismo se hacía con las repúblicas gamboínas. Abandonaban las iglesias los demás apoderados y el Corregidor tomaba a cada uno de los seis electores el juramento de proponer a personas idóneas y capaces. Cada una de las parcialidades procedía a continuación a realizar actos electorales sucesivos para elegir a la mitad de todos los oficios -dos Diputados, dos Regidores, primero y segundo Síndicos, Tesorero y dos Consultores o Letrados del Regimiento-. Los electores declaraban los nombres que eran introducidos en las boletas que iban a voltearse y se extraían los nombres del Diputado General de la parcialidad y su suplente. El mismo procedimiento se empleaba para la elección del Síndico y de los Consultores. Por lo que concierne a los Regidores, cuatro de cada parcialidad quedaban nombrados por el mero hecho de haber sido propuestos en la nominación de los diputados, y para los dos restantes se seguía el procedimiento descrito. El Tesorero se elegía por ambas parcialidades por años alternos.

GMZ

El desarrollo de la Junta en el siglo XIX sufrió algunas alteraciones que conviene destacar. Téngase en cuenta que las formaciones políticas del Antiguo Régimen, tienen unas funciones políticas limitadas, centradas en la administración de la Justicia y en la Defensa. A pesar de los planteamientos intervencionistas ilustrados, la actividad de fomento del siglo XVIII no deja de ser algo embrionario. La Revolución industrial provoca una expansión del aparato del Estado, sin consideración a la autolimitación principal del "laisser faire, laissez passer". La foralidad constituía a Bizkaia en una forma política autónoma: el desarrollo político general de la época al tiempo que favorece el crecimiento del aparato estatal fortaleció también los poderes autonómicos de los territorios vascos.

De ahí que se vive una situación contradictoria. En 1841 se amputaron elementos esenciales de la foralidad (pase foral, aduanas, justicia), pero al mismo tiempo los órganos de gobierno autonómico subsistentes, Juntas y Diputación, se afianzan y despliegan un rico haz competencial que les permite desempeñar un importante papel en la vida pública. La añoranza foral puede tener algo que ver con el optimismo político que produjo la expansión y el fortalecimiento de los órganos políticos en la última etapa de régimen privativo. Unas anotaciones finales sobre el desarrollo material de las Juntas. Registremos en primer lugar el remozamiento de la infraestructural material de Gobierno y de las Juntas. La sensibilidad respecto de la dignidad política de la institución lleva a proyectar en 1826 la erección de un edificio de mayor prestancia para la asamblea y la demolición de la venerable ermita medieval.

En lo que concierne a la convocatoria indica Marichalar que "hoy se expide la convocatoria por el jefe de la provincia, que toma en la circular el título foral de Corregidor. En la convocatoria se especifican los puntos que se han de tratar, y los pueblos nombran sus representantes". Del carácter de la Junta y de su periodicidad dice que "las Juntas ordinarias se celebran cada dos años, generalmente por el mes de julio, pero si en el intervalo hay algún asunto de gran interés, no se presenta obstáculo para celebrar Juntas extraordinarias".

No hay mayor novedad en lo que se refiere a la elegibilidad: "tienen derecho para elegir representantes todos los vecinos y las cualidades de elegibilidad son naturaleza originaria o propiedad territorial en Vizcaya".

A mediados del siglo XIX las Juntas tenían una duración de entre diez y quince días. Al amparo de la libertad de asistencia de terceros a las sesiones podían llegar a reunirse hasta 400 personas en la galería alta que bordea el área dedicada al asiento de los apoderados.

El ritual preparatorio de la Junta quedó establecido durante el siglo XIX en estos términos. "Todos los que han de asistir a la Junta se reúnen en la Villa de Guernica el día señalado, y desde allí en solemne procesión marchan y se colocan en el pórtico construido debajo del árbol tradicional". Pocos detalles nuevos aporta Echegaray: "Llegado el día de celebración de la Asamblea, los apoderados, presididos por la Diputación General, se dirigían en procesión solemne desde la Casa Consistorial de Guernica al pórtico construido so el árbol tradicional".

Resultaría excesivo hacer una descripción del ámbito material de competencias de la Junta. En cualquier caso hay que tener en cuenta la siguiente observación de Echegaray: "el poder de la Junta General tenía una restricción terminante y definida. Era que no podía tratar jamás de ningún asunto judicial ni contencioso; si en algún tiempo iban los pleitos en última instancia a la Junta General, ésta se limitaba a designar Diputados que fallaran el negocio, absteniéndose ella cuerdamente de intervenir en él".

Antes de la constitución y apertura de la asamblea se recogía del nuevo Corregidor el juramento de observancia del Fuero. La precedencia del acto se explica por la copresidencia de este importante funcionario gubernativo, del que se quería obtener un compromiso de respeto al sistema foral.

El desarrollo de la Junta decimonónica es descrita por Marichalar y Manrique en estos términos:

"el secretario de la Diputación va llamando uno por uno a los pueblos, según el órden númerico, empezando por las anteiglesias y después las villas. Los representantes van acudiendo a medida que se los llama, y depositan sus poderes en dos mesas de mármol colocadas delante del árbol. Concluido este acto, se trasladan todos al salón de Juntas donde se dice la misa del Espíritu Santo en el altar de Nuestra Señora de la Antigua, situado sobre el banco de la presidencia. Concluida la misa se despeja el salón, y en la puerta vuelve el secretario a llamar a los representantes, quienes uno por uno entran de nuevo en el local. Reunidos todos dentro en número a veces de más de doscientos cincuenta, se sientan indistintamente, sin guardar orden de puestos".

En relación con la existencia de Comisiones, Marichalar se limita a decir que "para simplificar las discusiones, suelen nombrarse comisiones que examinan los negocios y emiten dictamen, que casi siempre es aprobado". Son muchos más explícitas las noticias aportadas por Echegaray cuyo interés justifica su transcripción literal.

"Para el examen de los asuntos de que había que tratar, se nombraban comisiones permanentes, a las que se pasaban todos los expedientes que la Diputación hubiere despachado durante el bienio. Las comisiones en los últimos tiempos que se reunieron las Juntas eran, generalmente, de Fueros, Instrucción Pública, Culto y clero, Caminos, Hacienda y cuentas, Suministros y Expedientes Memoriales, sin perjuicio de nombrar otras especiales, cuando la gravedad o índole del asunto así lo requería.. Las comisiones estudiaban todos los expedientes, para lo cual deliberaban con detenimiento, y llamaban en su seno a los Diputados, a fin de que diesen explicaciones o contestaran a los cargos que contra ellos se formularan; y después emitían sobre cada asunto un razonable informe que se sometía a las deliberaciones de la Junta General".

La conciliación en la Junta del uso de las lenguas habladas en el Señorío es también objeto de consideración por los autores que estamos citando.

"Generalmente se discute en castellano -dirán Marichalar y Manrique- vertiéndose luego las discusiones al vascuence. No arredra a los procuradores su escasa instrucción ni poca facilidad en expresarse, para tomar la palabra y herir con mucha frecuencia las dificultades, debiéndose algunas veces a las observaciones de un hombre rudo, el acierto en las decisiones".

Y el cronista Echegaray:

"de ordinario se discute en castellano, y en tal caso se vertían al vascuence las manifestaciones de los oradores para que todos los apoderados pudiesen entenderla mejor; muchos de éstos cuando tenían que exponer su sentir, lo expresaban en euskera y un intérprete vertía al castellano lo que aquéllos decían en la lengua privativa y multisecular de la tierra".

La votación seguía realizándose con arreglo a los criterios tradicionales. Tampoco se advierten variaciones sustanciales en el régimen de protestas contra los acuerdos adoptados por la asamblea.

"Las votaciones eran siempre nominales -dice Echegaray-. Se llamaba a los pueblos por el orden foral, y quedaba anulado el voto del pueblo cuyos apoderados, cuando éstos sean dos, se mostraban discordes entre sí; se admitían las abstenciones, pero eran de todo punto inútiles, puesto que los acuerdos se adoptaban a nombre del Señorío. El pueblo o pueblos que se creían perjudicados por algún acuerdo, protestaban en el acto, o antes de que se aprobase el acta de la sesión en que aquel se había adoptado; el Síndico procurador general del Señorío formulaba, seguidamente, una contraprotesta a nombre del país. La protesta tenía por objeto que el pueblo que se considerase agravado pudiera, previa obtención del testimonio del Decreto, acudir en alzada al Señor para que el asunto se ventilase, en juicio contradictorio, entre el Señorío y la localidad recurrente. La sentencia que recayese era definitiva. Por este procedimiento jamás podía ser ahogada la voz de las minorías, a las que quedaba el recurso de la apelación".

De la comparación con el procedimiento empleado en la etapa anterior resalta el escrupuloso respeto a una tradición electoral observada sin interrupción durante más de trescientos años.

La toma de posesión del Regimiento y de la Diputación, se verificaba siempre con posterioridad al acto de elección. Quedaba lejos la costumbre de los siglos de la Edad Moderna de prestar el juramento y de realizar la toma de posesión en la posada del Corregidor, en la Casa Consistorial bilbaina, en Begoña, e incluso en Bermeo. Desde finales del siglo XVII el Regimiento asume sus funciones en la iglesia jesuítica de los Santos Juanes, precisamente el día dedicado al fundador de la Compañía. Desde la expulsión de la orden en 1767 y hasta la conclusión de la etapa foral, la solemne ceremonia se celebró el día 31 de julio en la iglesia del Señor Santiago.

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Si bien la abolición foral se ha datado siempre el 21 de julio de 1876, fecha de la ley que aplicaba la modificación foral de 1839 con la introducción de la obligación a las provincias Vascongadas de contribuir al esfuerzo nacional en hombres (quintas) y dinero (impuestos), en realidad la desaparición de las Diputaciones Forales no será efectiva hasta el año siguiente. Precisamente la Diputación foral vizcaína fue la primera en tomar el camino de la disolución, el 5 de mayo de 1877, reemplazada por una Diputación provincial interina, nombrada por el Gobernador Civil con personajes con amplia trayectoria en la administración foral y por supuesto proclives a llegar a un entendimiento con Cánovas para solucionar de una vez el espinoso problema de los Fueros. El entendimiento culminó en 1878 con la entrada de las Provincias Vascongadas en el "concierto económico" general.

El 5 de mayo de 1877 la Diputación Foral de Bizkaia fue definitivamente disuelta por Cánovas como medio de llegar a un acuerdo, buscado desde abril de 1876 pero infructuoso por la decidida oposición de los intransigentes vizcainos, que permitiera una continuidad del sistema administrativo foral pero con las novedades del servicio militar y del pago de impuestos. Cuando a fines de ese año las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Alava siguieron el mismo camino, sobre un modelo de relaciones ya establecido con los vizcainos, y por separado se llegó a un acuerdo de incorporación de las Provincias Vascongadas al "concierto económico" general. Esta expresión del preámbulo del R. D. de 28 de febrero de 1878 causó fortuna, de forma que desde primeros de los años 80 del siglo XIX ya se conoció el peculiar sistema de relación económico-administrativa de las Diputaciones Vascongadas con el Estado como Concierto Económico Administrativo o, abreviadamente, Concierto Económico.

El Concierto Económico se define como una disposición gubernamental -generalmente no pasaba del rango de Real Decreto- que fijaba una cantidad alzada anual (cupo) que cada Diputación vascongada habría de abonar al Ministerio de Hacienda en equivalencia de las recaudaciones de ciertos impuestos (llamados concertados) a las que renunciaba el Estado. Las Diputaciones harían frente a estas sumas con recursos provenientes de los mecanismos de exacción o rentas propias sin ninguna relación obligatoria con los impuestos concertados. El acuerdo genérico tenía una duración variable, desde los ocho años del de 1878 hasta los veinticinco del de 1926. Un dato a retener es que las Diputaciones no tenían ninguna obligación a recaudar los impuestos concertados, por ello no se convertían en meras subrogadas el Ministerio, sino que se hacían cargo del abono del cupo concertado a costa de sus propios ingresos. Estaba a su albedrío recaudar los impuestos concertados o no, y si lo hacían lo estaba asimismo aplicar unas tarifas a su conveniencia. No busquemos una coordinación o una reglamentación igual, porque no la hubo. Cada Diputación optó por su propio modelo de financiación (dentro de un marco general común del país) que no solo la separaba del Ministerio de Hacienda, sino que también lo hacía de las otras dos. Los acuerdos de coordinación tributaria entre las tres Diputaciones, o incluso con Navarra, tendrán que esperar hasta los años 20 de este siglo. Por otra parte, el Concierto Económico no contenía sólo acuerdos de naturaleza fiscal, sino que respetaba las atribuciones económicas y administrativas "que vinieran ejerciendo" las Diputaciones. No es decir nada nuevo que nunca se fijaron tales atribuciones, lo que representaba, al unísono un problema y una ventaja. Problema: no había un texto legal a que acudir en caso de dudas o disputas entre distintas esferas de la Administración. Ventaja: siempre cabía decir que la competencia, la que fuera, había sido ejercida por la Diputación o por un Ayuntamiento desde antiguo.

Estos planteamientos administrativos y fiscales, como es fácil suponer, no eran compartidos por las Diputaciones Vascongadas y el Gobierno. Así que se sucedieron conflictos fiscales y administrativos. Las renovaciones del Concierto, que lo diferenciaban del Convenio navarro, tuvieron dos orígenes. En unos casos por caducidad del acuerdo económico prefijado, tal es el caso de la renovación de 1887, 1906 y 1926, o bien por modificaciones establecidas en la normativa fiscal del Estado (1894). En algunas ocasiones se produjeron modificaciones parciales -sin llegar a variar esencialmente nada del contenido del Concierto salvo el cupo (1898, 1900)- bien fuera por variación normativa (1898-1900-1904) o bien por simple aumento programado de los cupos entre un acuerdo y otro (1916). La elevación de las cantidades pactadas, el cupo, trajo en muchas ocasiones la variación en los tributos concertados fuera total o parcialmente. Por ejemplo en 1900, con la reforma de Villaverde, tarifas de la Contribución Industrial pasaron al nuevo impuesto de Utilidades, de forma y manera que los cupos se hubieron de modificar para incluir estas tarifas, e incorporar otras propias del nuevo impuesto. Así que, según se sucedieron las modificaciones parciales o renovaciones, se incrementaron el número de tributos concertados, además lógicamente de las propias cifras.

Respecto a las cuantías de los cupos hay que hacer diversas consideraciones. En primer lugar no se puede encontrar, porque no la hubo, una absoluta correspondencia entre la potencialidad real de las recaudaciones con los cupos. Los cálculos, cuando se hicieron (1878), fueron siempre aproximados porque lo más corriente fue ajustar los incrementos de los tributos en función de un tanto alzado líquido, que era realmente lo que se negociaba.

Fuente: elaboración propia sobre R. D. 28 de Febrero de 1878, Art. 14 de la Ley de Presupuestos de 1887-88, R.D. de 12 de Febrero de 1893 y de 1 de Febrero de 1894. R.O. de 9 de agosto de 1898. R.D. de 18 de enero, 1 y 9 de febrero de 1899 y R.D. de 25 de octubre de 1900, R.O. de 28 de octubre de 1904. R.D. 13 de diciembre de 1906, R.D. 23 de octubre de 1913, R.D. de 28 de julio de 1920. R.D. de 24 de diciembre de 1926.
Cupos teóricos concertados 1878-1920 (en pesetas)
AñoBizkaiaGipuzkoaÁlavaTotal
18781.277.081,001.098.501,00780.624,003.156.206,00
18871.931.223,001.581.684,00876.875,004.389.782,00
18943.201.587,002.044.130,00944.927,006.190.644,00
19003.348.227,002.088.610,00950.927,006.387.764,00
19064. 942.933,752.664.532,96970.432,618.577.899,32
19207.644.008,753.009.532,961.014.357,6111.667.899,32
Cupos líquidos concertados 1878-1926 (en pesetas)
AñoBizkaiaGipuzkoaÁlavaTotal
1878857.765,49655.777,02529.634,762.043.177,26
18871.286.649,00983.667,00529.632,002.799.948,00
18942.557.013,001.446.113,00597.684,004.600.810,00
18983.006.013,001.706.293,00693.684,005.405.990,00
18992.617.013,001.486.293,00602.684,004.705.990,00
19002.703.653,001.490.593,00603.684,004.797.930,00
19042.553.053,751.373.894,96548.119,614.475.068,32
19064.298.359,752.066.515,96623.189,616.988.065,32
19134.388.359,752.066.515,96623.189,617.078.065,32
19164.709.434,752.226.515,96642.114,617.578.065,32
19206.999.434,752.411.515,96667.114,6110.078.065,32
192628.380.000,0010.050.000,001.570.000,0040.000.000,00
193228.734.000,0010.177.000,001.589.000,0040.500.000,00

En realidad la cantidad finalmente pagada por cada Diputación trimestralmente a su respectiva Delegación de Hacienda obedecía a un cupo teórico calculado menos unos descuentos -otro elemento fundamental de distinción con el Convenio navarro- originados por los gastos que las Diputaciones provinciales tenían en sus funciones administrativas y económicas que en el resto del país eran a cargo del Estado. Tales eran los gastos originados por la construcción y mantenimiento de carreteras, por el mantenimiento de las respectivas Policías provinciales (Miqueletes, Forales y Miñones), además de los descuentos por gastos de recaudación. Estos descuentos, esclerotizados desde 1887, hacían que las cantidades efectivamente pagadas fueran menores que las aparecidas en los Reales Decretos de renovación del Concierto. Entre 1878 y 1881, a los descuentos fijados por el R. D. de febrero de 1878 se sumaron las cantidades abonadas por las Diputaciones para el mantenimiento de Culto y clero de su respectiva provincia, de forma que, realmente, la Diputación vizcaína pagó a la Hacienda central poco más de 300.000 pts. anuales. Frente al millón largo de cupo teórico la diferencia era muy considerable. Sin embargo, al congelarse los descuentos desde 1887 y al incrementarse los cupos, en las distintas renovaciones, aquellos cada vez supusieron un menor ahorro efectivo. En 1925, al calcularse el cupo líquido, se dio por supuesto un descuento en cantidad indeterminada.

Cabe preguntarse si estas cifras resultaban o no gravosas a las Diputaciones y a los propios contribuyentes. El esfuerzo para pagar los cupos dependía de una variable fundamental, además de su lógica cuantía, que no era otra que la propia capacidad de recaudación de cada Diputación. Según cómo recaudaran sus dineros las Diputaciones, en combinación de la propia coyuntura económica nos pueden dar las claves de la carga real que supusieron. En general no fueron gravosos en la medida en que las Diputaciones, salvo situaciones excepcionales, fueron capaces de establecer sus propias recaudaciones en función del esfuerzo a que las obligaban los cupos. La excepción la tenemos en los años 30 en Bizkaia, que sufrió una grave crisis industrial, por lo que debido a su dependencia del impuesto de Utilidades, que fundamentalmente gravaba las actividades empresariales, tuvo problemas para pagar unos cupos ya muy crecidos.

Contribuciones e impuestos concertados. 1878-1900
Fuente: Diputación de Bizkaia. Régimen del Concierto Económico y sus revisiones. Bilbao, 1927
18781887189318941900
Concierto EconómicoPrimera revisión generalRevisión parcialSegunda revisión generalRevisión parcial
Inmuebles, cultivo y ganaderíaIdemIdemIdemIdem
Industria y comercioIdemIdemIdemIdem
Derechos Reales y Transmisiones de bienesIdemIdemIdemConsidera comprendido el impuesto de Derechos Reales sobre concesiones aministrativas
Papel selladoIdemIdemIdemDeclara no comprendido el Timbre de negociación
Consumo de Cereales.Consumo de la salConsumosIdemIdemIdem
1% sobre pagosIdemIdem
Patentes de AlcoholesIdemIdem
Sueldos provinciales y municipalesIdem
Tarifas de viajeros y mercancías (Comprendía las vías terrestre marítima y fluvial)Amplía las líneas concertadas y excluye la vía marítima y los ferrocarriles mineros
Carruajes de lujoIdem
Asignaciones de ferrocarriles para gastos de inspecciónídem
Casinos y círculos de recreo
Utilidades, en parte incluida en el cupo industrial
Contribuciones e impuestos concertados. 1906-1926
Fuente: Diputación de Bizkaia. Régimen del Concierto Económico y sus revisiones. Bilbao, 1927
1906191319201925/26
Tercera revisión generalRevisión parcialRevisiones parcialesCuarta revisión general
Inmuebles, cultivo y ganaderíaIdemIdemIdemLo denomina Territorial
Industria y comercioIdemIdemIdemIdem
Derechos Reales y Transmisiones de bienesIdemIdemIdemIdem
Papel sellado(Especifica los conceptos comprendidos)IdemIdemTimbre sobre los productos envasadosLo denomina "Timbre"
Consumo de Cereales.Consumo de la salIdemIdemIdemIdem
1% sobre pagosIdemIdemIdem1, 20% sobre pagos
Patentes de AlcoholesDesaparece
Sueldos provinciales y municipalesQueda comprendido en Utilidades (cupo industrial)
Tarifas de viajeros y mercancíasLo denomina "Transportes por las vías terrestre y fluvial" Incluye más líneasIdemIdemIdem
Carruajes de lujoIdemIdemIdemIdem
Asignaciones de ferrocarriles para gastos de inspecciónIdemIdemIdemIdem
Casinos y círculos de recreoIdemIdemIdemIdem
Utilidades, en parte incluida en el cupo industrialIdemIncluye las compañías navieras vascongadasAplica la territorialidad. Incluye las de las Compañías minerasIdem
AlumbradoIdemIdemIdem
3% sobre el mineral (nuevos impuestos)Idem

El Concierto Económico tenía una consecuencia administrativa directal que era la amplia autonomía administrativa, directamente ligada y justificada por la autonomía económica. Es lógico pensar que la posibilidad de establecer los tributos concertados y, el establecimiento de arbitrios de consumo, les permitía disfrutar de ingresos propios, recaudados por sí o por medio de los Ayuntamientos, para sus propios gastos que no sólo eran los cupos sino su propio mantenimiento y los servicios que a bien tuvieran (carreteras, escuelas, policía, hospitales, etc.). Las Diputaciones provinciales vascongadas estaban organizadas exactamente igual que las del resto del reino, pero tenían señas peculiares que las diferenciaba de forma importante. Sólo hace falta ojear sus respectivos presupuestos para darnos cuenta de la amplia capacidad de maniobra que les brindaba la disposición de medios económicos propios y no fiscalizados por ningún Ministerio o Tribunal de Cuentas. De hecho sus acuerdos eran ejecutados directamente por el Presidente de la Corporación provincial y no por el Gobernador Civil, como en las de régimen común. Para empezar, y derivada directamente del Concierto, tenían una amplia autonomía fiscal. Podían establecer los impuestos concertados, o no; y de hacerlo podían establecer las mismas tarifas que el Ministerio de Hacienda, o no. Además, continuaron con el privilegio foral de establecer arbitrios de consumo que a bien tuvieran sobre las especies que les pareciera conveniente sin autorización ni previa ni posterior de ninguna otra instancia administrativa. En el caso vizcaíno se une la propiedad -excepcional en la España de la época- de un ferrocarril minero, el de Triano, construido en el período de entreguerras y que desde 1876 le reportó unos ingresos extraordinarios -no fiscales- en volumen importante, por lo que las cargas tributarias, genéricamente contempladas, eran menores a lo que por sus gastos hubieran debido corresponder. De esta forma, los tres soportes económicos de la Diputación (arbitrios, impuestos y rentas de Ferrocarril de Triano) le permitieron, hasta que las cargas financieras fueron de consideración y el ferrocarril minero comenzó a generar pérdidas, finales de los años 20, una posición económica desahogada y desde luego muy ventajosa para la provincia.

Los principales ingresos de la Diputación de Bizkaia provendrán, entre 1877 y 1900, de tres fuentes. En primer lugar del cobro de arbitrios de consumos sobre diversos productos de consumo (vino, alcoholes, sidra, frutas, aceite, sal, etc.). En segundo lugar por importancia encontramos los ingresos del ferrocarril de Triano. En realidad la propiedad de este ferrocarril minero permitió una doble financiación, en primer lugar la obvia que supuso su explotación, y en segundo lugar la posibilidad de financiar operaciones de crédito con garantía en la propiedad y/o los resultados del ferrocarril. De esta forma se consiguieron varios empréstitos del Banco de Bilbao. En tercer lugar encontramos, desde 1894, el comienzo del cobro de ciertos impuestos. Tales fueron, sobre todo, el de Derechos Reales, el Timbre y el de Transportes, encabezado a su vez con las Compañías de Ferrocarriles, que en principio no van a tener una gran participación en los ingresos pero, como veremos, tendrán un importante protagonismo en la siguiente fase. Las Compañías de Ferrocarril obtuvieron un beneficio suplementario en su explotación en la medida en que pagaban a la Diputación su parte del cupo total, pero recaudaban la tarifa del Ministerio de Hacienda a sus usuarios.

Entre 1900 y 1937 las vías de financiación de la Diputación de Bizkaia variaron por los aumentos de los cupos y de los gastos propios de su actividad, así como por el rendimiento decreciente del Ferrocarril de Triano. Por todo ello, desde 1910, se comenzaron a establecer diversos impuestos tales como la Contribución Territorial, la Industrial y de Utilidades que, sobre todo con el incremento de la actividad económica, supusieron una importante fuente de ingresos para la Diputación. Los arbitrios se fueron modificando paulatinamente para centrarse más en la fiscalidad de productos suntuosos (champagne), alcoholes y productos industriales (grasas industriales, gasolina) pero llegó un momento en que no se pudieron incrementar más. Por lo tanto será la actividad empresarial (las Utilidades sobre todo en su Tarifa 3ª -que gravaba los beneficios empresariales-) la que mantenga los ingresos de la Diputación. Ello no implica necesariamente que la presión fiscal fuera igual que en el resto del Estado, ni mucho menos, puesto que los impuestos se establecieron con tarifas inferiores o con bases imponibles distintas -y más reducidas- que la reglamentación general de forma que el beneficio del contribuyente vizcaíno -salvo en el caso de los impuestos indirectos- siguió siendo cierto.

Estos ingresos propios tenían su traducción en una administración privativa, con atribuciones confusas pero que la Diputación defendió tajantemente en la idea de que eran precisamente las que la legitimaban en el ejercicio de su papel intermediario entre el Ministerio de Hacienda y el contribuyente vizcaíno. La Diputación, por ejemplo, construía o colaboraba en la construcción con los pueblos de cárceles, hospitales (Santa Marina, Górliz) escuelas, mantenía una policía provincial de 100 hombres (los Miñones, popularmente conocidos como Forales), subvencionaba la construcción de ferrocarriles, obras públicas (puentes, carreteras, etc.) pagaba estancias de dementes fuera de la provincia hasta que construyó su manicomio en Bermeo, proyectó un modelo de buque pesquero estandar para el abaratamiento de su construcción, en 1925 emprendió un ambicioso programa de construcción de escuelas de barriada y un larguísimo etcétera. Todo esto lo pudo hacer, precisamente, por la libre disposición de sus propios recursos, salvo la parte a pagar como cupo obviamente.

Esta autonomía provincial continuaba en el terreno municipal. Si bien el Gobernador Civil tenía atribuciones puramente gubernativas en los consistorios (suspensión de ayuntamientos, por ejemplo) en cuanto al personal y presupuestos la dependencia de la Diputación era absoluta. Las Diputaciones autorizaban los presupuestos de los Ayuntamientos (en lugar del Ministerio de Gobernación), autorizaba sus arbitrios de consumos con la fijación de los tipos máximos, controlaba la liquidación de los mismos y subvencionaba obras concretas. En el aspecto del personal municipal también tuvieron mucho que decir las Diputaciones.

Frente a la tendencia desde el Gobierno central de establecer Cuerpos de funcionarios municipales (médicos, secretarios, veterinarios, etc.) las Diputaciones siempre mantuvieron la necesidad de la contratación de personas del país basándose en dos motivos. En primer lugar la necesidad de conocer la administración peculiar derivada directamente del Concierto y en segundo lugar, sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia, la necesidad de que el personal municipal conociera el euskera para entenderse con los administrados, requisito que en las oposiciones a los Cuerpos de funcionarios municipales en el Estado no era desde luego contemplado. Este razonamiento, esgrimido no sólo por nacionalistas sino también por preclaros liberales y conservadores, en realidad servía como otra especificidad más a la hora de que las Diputaciones siguieran controlando el funcionamiento y el personal municipal. En definitiva, aunque el uso de las atribuciones privativas que brindaba el Concierto pudo ser discutido desde determinados partidos políticos o campos de sensibilidad social (control municipal o elevada proporción de fiscalidad indirecta), lo evidente es que el sistema en sí, una vez comprobada su virtualidad y su permanencia desde mediados de los años 80, tuvo un amplio consenso en las provincias que mantuvieron muy celosas sus atribuciones propias, a veces a costa de duros enfrentamientos con el Gobierno.

Obviamente los cargos en la Diputación provincial estuvieron muy disputados, en la medida en que desde la Diputación se establecían no sólo medidas de desarrollo de la economía provincial -como las de régimen común por otra parte- sino que tenía un ejercicio real de poder al fijar las tarifas tributarias, así como el control municipal. Es por todo ello que las elecciones provinciales tuvieron una importante relevancia. Los grupos políticos del sistema de la Restauración, y sus contrincantes, tuvieron un alto interés por colocar a sus principales hombres en la Diputación. De esta forma encontramos que personajes del calado de Pablo de Alzola, el conde de Aresti, Adolfo Urquijo Ybarra, Luis de Zavala o Ramón de la Sota y Aburto llegaran a ejercer el cargo de Presidente de la Diputación. Sus valiosas conexiones en la Corte, junto con las de sus correligionarios y parientes, supusieron una ventaja añadida a la hora de negociar las renovaciones del Concierto puesto que en última instancia, cuando ya no había arreglo posible, fue común acudir directamente al Rey Alfonso XIII, a su madre en tiempos de la Regencia, o al Presidente de Gobierno, para hacer variar de postura al Ministro de Hacienda de turno. Así pues, será la propia derecha dinástica -bajo variadas formas y no siempre unida- la que ocupe los asientos de la Diputación provincial en la mayoría de las ocasiones. Sólo quedará fuera de su control entre 1917-1919 sustituida por los nacionalistas de Sota y con la República por estar formada su Comisión Gestora por socialistas y republicanos nombrados directamente por el Gobernador Civil. Por lo demás los dinásticos utilizaron los mismos sistemas de corruptela electoral que en las elecciones generales y controlaron en su beneficio los resortes de poder que concedía a la Diputación el Concierto.

Diputados Provinciales de Bizkaia, 1890-1923
Fuente: REAL CUESTA, Javier. (1993): "Los partidos dinásticos en el País Vasco durante la Restauración (1876-1923)", en TUSELL, J. et al. Estudios sobrela Derecha española contemporánea. Madrid. UNED, p. 204.
DistritosCat. ForalCarl. Integr.NacionalistasDinásticosRep. Soc.Indep.
Bilbao241017111
Guernica3282311
Durango41441812
Marquina91814
Valmaseda1228
Totales2232100

Con la Guerra Civil, y la participación de las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa en el campo republicano, las Diputaciones continuaron su labor de recaudación fiscal mientras que el Gobierno Vasco se centró más en el campo de la política económica (moneda, precios, etc.). Tras la caída de Bilbao, en junio de 1937, la derogación del Concierto fue inmediata. La justificación fue el mal uso hecho de este privilegio y que se alzaran en armas, estas dos provincias, contra el Movimiento Nacional, "correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional" (Decreto-Ley de 23 de junio de 1937. B.O.E. 24 de junio de 1937). Álava -y Navarra- continuaron con su sistema, aunque desde 1940 la aproximación a la normativa general de hacienda fue cada vez mayor. La abolición del Concierto supuso para la Diputación vizcaína, además de la pérdida de capacidad en materia de hacienda, la pérdida de sus atribuciones privativas, carreteras (652 Km de los 1.182, 23 Km. que gestionaba), etc. En otra disposición, dictada por el general en Jefe del Ejército del Norte quedaron disueltos por colaborar con el bando republicano los Cuerpos de Miñones de Bizkaia y el de Miqueletes guipuzcoano.

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Sin embargo, los primeros intentos de recuperación del concierto comenzaron a los tres días de la publicación del decreto derogatorio lógicamente de forma muy reservada. Pero en el seno del régimen franquista no era fácil que la situación se enmendara. Desde el fin de la autarquía, a comienzos de los años sesenta, los vientos políticos comenzaron a cambiar. Tras diversas gestiones, tímidas y poco productivas, en los años 60 se desarrollaron intentos más serios en el seno de las Diputaciones, y fuera de ellas, para, como un primer paso, derogar el carácter sancionador del decreto de 1937 y en la medida de lo posible adquirir el Régimen especial de Carta provincial (posibilidad recogida en el art. 238 de la Ley de Régimen Local), que ya beneficiaba a Madrid y Barcelona. Tal demanda se cursó a Franco en 1964.

Sin embargo se percibe una diferente postura de las dos Diputaciones afectadas. Por una parte, la de Gipuzkoa pedía la derogación del Decreto y la vuelta al Concierto, pero la de Bizkaia aspiraba a la derogación del preámbulo y conseguir un régimen de Carta provincial. Esta distinción de objetivos pudiera deberse, más que a una diferente visión política del Concierto, a las posibilidades que concedía el régimen de Carta provincial a una provincia como Bizkaia más poblada, con núcleos de población más grande y con una amplia zona metropolitana. En el verano de 1966 el Gobierno se comprometió, sine die, a eliminar el preámbulo del Decreto de 1937. Dos años más tarde, ante las gestiones hechas por Javier de Ybarra, Presidente de la Diputación vizcaína, cerca de medios gubernamentales, con visita a Carrero Blanco incluida, se consiguió por fin la eliminación del discutido preámbulo. El BOE de 7 de junio de 1968 publicó un Decreto ley, con fecha del 6, por el que se modificaba el preámbulo del Decreto de 23 de junio de 1937. Se limitaba, previa aclaración de que el tono de tal preámbulo no se correspondía con la "laboriosidad que ha caracterizado siempre a dichas provincias dentro de la unidad nacional", a eliminar tres párrafos, por lo que las condiciones básicas de la abolición del Concierto seguían vigentes. Desde este punto, eliminado el motivo de derogación del Concierto, se supone que no habría justificación para la misma. Sin embargo el Gobierno de Franco se mantuvo firme en denegar cualquier tipo de posibilidad de vuelta del Concierto Económico.

Esta negativa al Concierto era bastante lógica si se tiene en cuenta la propia estructura del Estado en la época. Si se partía de una estructura centralizada, con una clara jerarquía y tutela administrativa de los poderes del Estado sobre las entidades locales no sorprende que se estuviera lejos de admitir la formación de un régimen especial, sobre todo si se tiene en cuenta que su esfera de actuación principal era una competencia tan importante, y tan delicada, como la de Hacienda. Ello no evitaba que el Gobierno estuviera tímidamente dispuesto a conceder algún tipo de autonomía administrativa según el modelo de Carta provincial pero nada más. La propia falta de acuerdo en el seno de las Diputaciones y entre las dos afectadas sobre el modo de avanzar en el proceso emprendido y hacia donde ir (Carta provincial o Concierto Económico) hizo imposible una postura común desde 1968 hasta los años finales del franquismo. Entre mediados de 1974 y fines de 1975 las gestiones de las Diputaciones se suceden en pos de la derogación completa del decreto de 1937, aunque la oposición dentro del régimen de volver a privilegios anteriores, e incluso la propia oposición de Franco a discutir el asunto en Consejo de Ministro, retrasó todo el proceso. Desde el Ministerio de la Gobernación se prepararon distintas disposiciones posibles para preparar una solución de recambio, pero, en octubre y noviembre de 1975 el asunto se atascó por la enfermedad de Franco, que como es bien sabido le llevaría a la tumba en noviembre de ese mismo año. Pero en el Consejo de Ministros (presidido por el príncipe Juan Carlos) del 7 de noviembre de 1975, dos semanas antes de la muerte de Franco, se aprobó un Decreto por el que, si no se derogaba el Decreto de 1937, sí se creaba una Comisión Especial para el establecimiento de un régimen administrativo en Bizkaia y Gipuzkoa. No se había conseguido ni la derogación del Decreto, ni mucho menos la recuperación del Concierto, pero algo era algo. Por otra parte el Gobierno utilizó la medida para intentar aplacar la creciente agitación política en el País Vasco en esos turbulentos momentos. Esta medida, junto con otras como la formación del Consorcio de Transportes, que gestionaría el futuro proyecto de Ferrocarril Metropolitano, se pueden entroncar, pues, más que como un intento serio de organización del territorio con una política de pacificación social. El Decreto del Ministerio de Gobernación, con fecha de 7 de noviembre de 1975, formaba una Comisión, en el seno del Instituto de Estudios de Administración Local, para la implantación de un régimen administrativo especial en Bizkaia y Gipuzkoa. Estaría formada por procuradores en Cortes, Consejeros Nacionales del Movimiento, Corporaciones locales y tenía un plazo de seis meses para presentar al Ministerio de Gobernación, y al Gobierno, su informe. El resultado inmediato de la actividad de esta Comisión, y del informe que redactó, fue el R.D.L. de 4 de marzo de 1977 (BOE del 17) que instauró las Juntas Generales en Bizkaia y Gipuzkoa -en forma distinta de su formación definitiva tras las primeras elecciones municipales de 1979-. Las Juntas de Álava, también disueltas en 1877, se recrearon en 1977 (R.D. de 2 de junio, BOE de 7 de julio). Y vinculado a ellas otro R.D.L. de 30 de octubre de 1976 (BOE de 6 de noviembre) por el que se derogaba por fin el Decreto de 23 de junio de 1937.

Sin embargo, la derogación del Decreto abolitorio no tenía como correlato la vuelta del Concierto, sino que en ambas provincias continuaría la legalidad común, mientras no se aprobaran definitivamente los regímenes especiales que estaban en estudio. De hecho, en las conclusiones de la Comisión -en la esfera de la Hacienda- no se hablaba para nada de la vuelta al régimen concertado -ni tomando como modelo el alavés- sino que se establecía una descentralización del gasto y del ingreso por medio de la transferencia de impuestos -excepto las aduanas- dentro de una unidad fiscal del país y soberanía estatal plena en el capítulo tributario. Sin embargo, todo este proceso de régimen especial y el proyecto de la Comisión no serían operativos en la medida en que con las elecciones de 15 de junio de 1977, que supusieron la definitiva entrada de los partidos políticos en el proceso de institucionalización y el comienzo de una vía diferente que llevaría al régimen pre-autonómico, el proceso político varió hacia otro camino, hacia la reforma política, la discusión de una nueva Constitución y, dentro de ella, el reconocimiento de los Estatutos de autonomía. En 1976, además, se renovó el Concierto de Álava, referente obligado para el arreglo final de la situación. La Constitución de 1978 -que amparó los derechos históricos de los territorios forales- prefiguró una nueva organización del Estado (el "Estado de las Autonomías") y, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, el Concierto Económico fue "renovado" en 1981. Por último diremos que, en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía se recogía, como medio de relación tributaria con el Estado, "el sistema foral tradicional de Concierto Económico o convenio". Es bien patente que el Concierto, inicialmente medida provisional de uniformización fiscal, producto de la "abolición foral" había quedado enmarcado en la foralidad como un sistema "tradicional", incluido en lo que se conoce genéricamente como Derechos Históricos. Sin embargo, la superposición de un Concierto Económico de índole provincial (no hay que olvidar el Concierto con Álava no eliminado tras la Guerra Civil) con el desarrollo de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca ha obligado a establecer un mecanismo de coordinación entre territorios históricos y ente autonómico tales como la Ley de Territorios Históricos (1983) que establece un principio de división de atribuciones entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales.

Frente al modelo provincial tradicional, en la actualidad el Gobierno Vasco se sitúa como puente entre Diputaciones y Gobierno central, al que paga el cupo concertado calculado con unas bases estadísticas más sólidas que en el pasado. Desde 1981, año en que se recupera plenamente el Concierto Económico, diversas novedades han obligado a actualizarlo. En 1986 hubo de modificarlo para incorporar, como tributo concertado, el IVA -establecido por la adhesión a la Unión Europea-. Según se modifique el espectro fiscal de la Comunidad Europea habrá que modificarlo si es cierto que se va a un mercado único y -dentro de él- a una fiscalidad uniforme. Además, en el 2000 se renueva con el problema que significa su entronque con la política general europea. Hoy mismo puede decirse que el horizonte de aplicación del Concierto Económico puede ampliarse en la medida en que parece próxima su reforma para incorporar los impuestos especiales y permitir una capacidad normativa mayor en el IRPF a las Diputaciones. De cualquier manera el Concierto Económico se ha convertido en la auténtica seña de identidad, y principal especifidad, de la Comunidad Autónoma Vasca.

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Actualmente las Juntas están compuestas por 51 apoderados, cuya misión es aprobar las normas forales y ejercer el control sobre la Diputación. Corresponde a las Juntas Generales la elección de Diputado General entre sus miembros, quien, a su vez, nombra a los demás componentes del equipo de gobierno de la Diputación. En ejercicio de su potestad, las Juntas Generales regularon la estructura orgánico-institucional básica del territorio en la norma foral de Organización del 5 de enero de 1983, regulación que fue desarrollada y completada mediante la norma foral de Gobierno y Administración y el propio Reglamento de las Juntas.

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