Concepto

Matxinadas

En el siglo XVIII el tercer estado era el estamento más numeroso en Europa y dentro de él predominaba el campesinado, cuyas condiciones de vida sufrieron un claro empeoramiento, si ya de por sí no eran lo bastante precarias: aumento de la presión señorial en momentos de dificultades, falta de equilibrio en la propiedad, endeudamiento o proletarización fueron algunos de los síntomas del mismo. A ello se sumó el progresivo recorte del uso de los comunales, hasta entonces un recurso complementario imprescindible para completar las economías campesinas, a consecuencia de la acción desvinculadora de las oligarquías locales, lo que aceleró su empobrecimiento, provocando importantes crisis de subsistencia en toda la geografía europea: en toda Europa entre 1709 y 1710 y en 1720; en Francia y Alemania entre 1740 y 1741; en España e Italia entre 1764 y 1766; en Centroeuropa y Francia -conocida como la Guerra de las Harinas- entre 1771 y 1775,; y en toda Europa en 1789. De todas formas, la peor de las situaciones fue la que vivió el campesinado de Centroeuropa, que entre el siglo XV y el siglo XVIII sufrió la denominada "segunda servidumbre".

El ambiente conflictivo entre los siglos XVII y XVIII estuvo marcado por numerosos factores que lo explican. En primer lugar, las políticas reformistas llevadas a cabo por Austrias y Borbones, en pos de una mayor uniformización y centralización. En segundo lugar, las contradicciones internas de la propia sociedad vasca. En tercer lugar, la jerarquización y estamentalización de la sociedad. En cuarto lugar, el proceso de oligarquización de las autoridades provinciales y locales. No obstante, si existe un factor clave por encima de los demás ése es la especulación, que llevará las condiciones de vida del campesinado hasta el más insufrible de los extremos. En contra de lo que se ha manifestado en numerosas ocasiones, las economías campesinas, pesqueras o artesanas hacía tiempo que estaban mercantilizadas. No obstante, con el paso del tiempo y la complicación y globalización de los mercados, sus entresijos fueron cayendo paulatinamente en manos de intermediarios, dando así menos posibilidades a los consumidores de controlar las leyes de la oferta y la demanda y de amoldarlas a sus propios intereses. Ésa fue, en última instancia, la razón de que sus condiciones y su situación se complicaran.

La palabra machinada procede del término machín, nombre con el que coloquialmente se conocía a San Martín, patrón de los ferrones y herreros. Con ese nombre se denominaba a los ferrones y a todos aquellos campesinos relacionados con la manufactura del hierro. De todas formas, con el tiempo dicha palabra ha pasado a convertirse en sinónimo de conflicto. Aunque entre los siglos XVI y XVIII se produjo un gran número de conflictos en suelo vasco, en general la historiografía vasca distingue cinco machinadas: la Machinada de la Sal de 1631, la Machinada de las Aduanas de 1718, la Machinada de la Carne de 1755, la Machinada de los Cereales de 1766 y la Zamacolada de 1804. En la mayoría de los motines y machinadas de la época las características fueron similares:

  1. Los amotinados no sólo pertenecían a las clases bajas.
  2. El malestar podía explotar ante cualquier novedad o rumor.
  3. La pasividad inicial de los poderosos permitía el fortalecimiento del movimiento.
  4. La violencia era selectiva, siguiendo criterios simbólicos y rituales.
  5. El tiempo era el peor enemigo de este tipo de movimientos, puesto que cuanto más tiempo pasaba, mayor margen de respuesta y organización permitía a los poderes fácticos.
  6. El restablecimiento del orden solía ser sangriento.
  7. En el caso de los conflictos urbanos las causas eran esencialmente el hambre, los impuestos y los excesos cometidos por las oligarquías, mientras que en el de los conflictos rurales destacan el fortalecimiento del régimen señorial, el recorte de los derechos tradicionales del campesinado y la presión fiscal del Estado.
  8. En última instancia, dichos motines supusieron la ruptura y destrucción de las comunidades campesinas.
  9. Protestaban contra la corrupción y las veleidades políticas al grito de "Viva el rey y muera el mal gobierno", pero no pretendían cambiar el sistema político imperante, por eso precisamente se les cosidera motines o revueltas y no revoluciones.

La Machinada de la Sal de 1631 tuvo lugar en Bizkaia entre septiembre de 1631 y mayo de 1634. Desde comienzos del siglo XVII existió un importante malestar en el Señorío, coincidiendo con el intento de establecer el servicio de Millones en 1601, hecho que provocó ciertos motines. Seis años después, en diciembre de 1607, se produjeron encendidas protestas contra el sistema de representatividad y el regimiento de la villa de Bilbao, puesto que a consecuencia del proceso de oligarquización que se estaba produciendo en su seno, el pueblo llano tenía cada vez más difícil defender sus intereses. Por otro lado, a fin de mantener su prestigio internacional, la Corona castellana, de la mano del Conde-duque Olivares, puso en marcha una serie de medidas uniformistas y centralistas. La "Unión de Armas" trató de repartir el peso del mantenimiento del Imperio español entre todos los súbditos por igual. Hasta la fecha, todo el peso había recaído sobre la propia Castilla, mientras que el resto de territorios, entre ellos los territorios vascos, quedaban exceptuados. El proyecto del Conde-duque Olivares se puso en marcha en 1625, tratando de que todos los territorios que formaban la Corona aportasen y colaborasen de igual manera en el mantenimiento del Imperio, pero ello iba en contra del ordenamiento legal y foral de algunos territorios. El propio Señorío de Vizcaya, gracias a su sistema foral, disfrutaba ya desde el siglo XVI de cierta exención fiscal, por lo que no contribuía al Servicio Ordinario, al Servicio Extraordinario o al Servicio de Millones; únicamente pagaba a la hacienda real el Real Pedido. La imposición del nuevo impuesto o gabela sobre la sal provocó el alza de los precios de los alimentos y demás productos, abriendo las puertas a la especulación, en un momento en el que las malas cosechas de años anteriores habían obligado a las provincias marítimas vascas a importar cereales desde Andalucía: muchos productos se extraían a Gipuzkoa y Lapurdi, poniendo en peligro el abastecimiento. Sumado a ello, en 1630 la hacienda real obligó al Señorío a pagar los derechos sobre la lana, a pesar de haber estado exento hasta la fecha.

El aumento de la presión fiscal provocó la radicalización del pueblo, poniendo en cuestión el propio gobierno del Señorío. Finalmente, el 18 de julio de 1631 la revuelta explotó, cuando las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya decretaron una nueva leva de soldados, la prohibición de compraventa de sal y el pago de un nuevo Pedido Real. Las medidas aplicadas a la sal aumentaron su precio en un 40 %, perjudicando claramente a pescadores, campesinos, artesanos y pequeños mercaderes, es decir, tanto a productores como a consumidores. No se debe olvidar que la sal era un componente esencial y tenía numerosas aplicaciones: salazón y conserva del pescado y la carne, alimento del ganado, beneficio y confección de pieles. Sin embargo, aprovechando el tumulto, los mercaderes hicieron sus propias peticiones: compraventa libre del hierro y la lana, anulación de las tasas aduaneras y libre introducción de ganado. El malestar aumentó el 24 de septiembre de 1631, cuando un grupo de campesinos de Guernica entró por la fuerza en las Juntas Generales que se estaban celebrando en dicha localidad. En octubre de 1632 la situación se recrudeció cuando las Juntas Generales aceptaron un nuevo Pedido, para lo que decidieron repartir por toda Bizkaia el pago de 424.314 maravedís, y el representante real, Alonso de Enríquez, trató de cobrar nuevos impuestos. Además, el sustituto temporal del corregidor estableció el precio de la sal en 25 maravedís, 11 de ellos como impuesto. Esa fue la decisión que encendió la mecha entre el pueblo llano de Bilbao, entre octubre y diciembre. Los machinos asesinaron a Domingo de Castañeda, procurador del Tribunal del corregimiento. Los ánimos se calmaron el 10 de diciembre de 1632, coincidiendo con la vuelta del corregidor, Lope de Morales. No obstante, en febrero de 1633 Bilbao se volvió a rebelar, aprovechando que las Juntas Generales se estaban celebrando en la villa. En esta ocasión las peticiones de los amotinados fueron más allá: defensa foral, retirada de la prohibición de venta de sal, anulación del nombramiento de representantes y oficiales concejiles, anulación de las nuevas imposiciones, anulación de la obligación del pago de tasas en Vitoria y Elgoibar, no imposición de cargas al hierro exportado a Castilla, prohibición de la importación de vino de Ribadavia y castigo de Fernández del Campo, sustituto del corregidor, y sus secuaces, por cometer contrafuero.

La radicalización del movimiento provocó ciertas fisuras entre los amotinados. Los mercaderes se alejaron de la machinada, propiciando así un acercamiento hacia las autoridades. Finalmente, en abril de 1634 el rey cejó en sus pretensiones y prometió cumplir el fuero y retirar la prohibición sobre la venta de sal. De todas formas, la represión hizo acto de presencia y el día 20 de abril un destacamento real entró en Bilbao al mando del guipuzcoano Juan Alonso de Idiáquez, con orden de capturar y ejecutar a los cabecillas. Finalmente, sin embargo, dicha orden únicamente fue aplicada sobre seis personas, mientras que el resto fue indultado.

Cuando la casa Borbón llegó a España trató de establecer el mismo sistema uniformizador y centralizador existen en su natal Francia, lo que provocó ciertos cambios en la política llevada hasta la fecha por los Austrias. El tratado de Utrecht, firmado en 1713, tuvo consecuencias negativas para España, puesto que perdió sus posesiones en Italia y los Países Bajos. La primera mitad del siglo XVIII asistió al intento de España y los Borbones de recuperar dichos territorios, para lo cual era imprescindible acometer profundas reformas en el sistema hacendístico. Con ese fin, se trató de modificar el sistema aduanero imperante. El 31 de agosto de 1717 el rey ordenó el traslado de las aduanas a la costa y a las fronteras de Francia y Portugal. Esta medida tuvo una repercusión especial en las provincias vascas. Hasta entonces las aduanas que afectaban a dichos territorios habían permanecido en el interior, concretamente en Orduña, Balmaseda, Vitoria y Navarra. De esa forma, los productos importados desde el extranjero y los productos vascos exportados al exterior apenas pagaban impuestos -por ello durante el siglo XVIII se les denominaría "provincias exentas"-. Dichos productos pagaban impuestos cuando eran introducidos en Castilla, no antes. Por tanto, la exención de las provincias vascas daba la oportunidad de que los productos se pudiesen vender a precios tasados y dignos, protegiendo así la supervivencia de los consumidores y garantizando la paz social. Sin embargo, la Real Orden de 1717 ponía todo el sistema en entredicho.

De cualquier forma, dicha medida no tuvo igual repercusión en todos los territorios vascos, teniendo en cuenta que una de las aduanas estaba situada en Vitoria y que Álava era capaz de autoabastecerse con su propia producción, y que Bizkaia y Gipuzkoa dependían de las importaciones de cereal. La reforma tuvo dos consecuencias: perjudicó a los consumidores y dificultó la actividad del contrabando, una actividad esencial para dichos territorios y que jamás podrá ser valorada en su justa medida. Al mismo tiempo, la Real Orden supuso un contrafuero, poniendo por tanto en peligro un sistema político que siglo a siglo había sido protegido. A consecuencia de la mencionada decisión, en marzo de 1718, una vez verificado el traslado de aduanas, estalló la machinada en Bizkaia. El movimiento se extendió rápidamente por el interior de los territorios vascos, si bien los acontecimientos más graves se produjeron en Bizkaia y en el occidente guipuzcoano: el entorno de Bilbao, Gernika, Bergara, Mondragón, Mutriku, Deba, Elgoibar, Eibar, Placencia de las Armas, Elgeta, Aretxabaleta, Eskoriatza, Salinas de Léniz y Oñati. Por contra en el interior la machinada no tuvo mucha fuerza. En agosto de 1718 un recaudador de impuestos fue asesinado en Bilbao, y en Bermeo y Algorta las embarcaciones de los aduaneros fueron quemadas. Paulatinamente la situación se fue enrareciendo: los campesinos del entorno de Bilbao entraron en la villa en busca del corregidor a fin de neutralizar las medidas aplicadas. Pero el corregidor se negó a tomar tal compromiso. Las casas de los poderosos y jauntxos del Señorío, las villas y Bilbao fueron atacadas y destruídas y algunos de ellos asesinados: Enrique de Arana, Martín Antonio de Escoiquiz, alcalde de Bilbao, y Juan Gregorio Esterripa o el Marqués de Rocaverde. Los habitantes de Bilbao finalmente decidieron tomar las armas para protegerse de los campesinos. El movimiento pronto se extendió por todo el Señorío, Somorrostro, Portugalete y Bermeo, donde tres jauntxos fueron asesinados. En poco tiempo se extendió hacia Gipuzkoa, por el valle del Deba, donde muchos jauntxos y caballeros y sus pertenencias fueron atacadas. Así las cosas y visto lo que había ocurrido en Bizkaia, los poderosos crearon una fuerza armada creada por 400 hombres que garantizaran su seguridad. Visto cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, en septiembre las Juntas Extraordinarias de Gipuzkoa se reunieron en Tolosa para solicitar al rey que volviese a situar las aduanas en su antigua forma. El rey suspendió su decreto y respondió enviando una fuerza armada formada por 3.000 soldados al Señorío. Para enero de 1719 la machinada había llegado a su fin.

Fue entonces cuando se inició el distanciamiento entre los diferentes grupos de la sociedad vasca y surgieron diferentes interpretaciones en torno a los fueros. Aunque el traslado de las aduanas perjudicaba a campesinos y consumidores, los comerciantes y jauntxos estaban a favor, puesto que con los excedentes de los productos extranjeros importados y de los productos agrícolas de la tierra -que obtenían a través del cobro del diezmo, rentas y derechos- podían especular y obtener mayores beneficios.

A consecuencia de la represión de la machinada, 32 personas fueron condenadas a muerte, 31 en Bizkaia y tan sólo una en Gipuzkoa, y se decretaron condenas a cárcel, multas y secuestros de bienes. De todas formas, los amotinados consiguieron su principal objetivo: el 16 de diciembre de 1722 las aduanas retornaron al interior. Además, el 22 de diciembre de 1726 el rey indultó a los amotinados. A pesar de no existir vencedores ni vencidos, las heridas quedaron abiertas, como se pondría de relieve en las siguientes ocasiones.

A pesar de no estar entre las tradicionales machinadas, este acontecimiento ocurrido en Vitoria ejemplifica perfectamente la ruptura social que se estaba produciendo en la sociedad vasca. Entre 1738 y 1748 se produjo un enfrentamiento entre el pueblo llano y las oligarquías de Vitoria. A finales de marzo de 1738 los habitantes de las 21 vecindades de Vitoria enviaron una lista de demandas a los gobernantes de la ciudad. La Compañía de Jesús quería erigir un colegio en ella, pero la mayoría de sus habitantes y el clero secular estaban en contra. No era ninguna novedad, puesto que los jesuítas lo llevaban intentando desde el siglo XVI. Sin embargo, en esta ocasión contaban con el apoyo de la nobleza y, por medio de ciertos subterfugios, lograron asentarse.

De todas formas, el levantamiento tenía también otras causas. Por un lado, detrás de la protesta estaban los mercaderes que, más que desplazar a la nobleza del poder, lo que pretendían era compartirlo con ella. La burguesía, a fin de proteger sus negocios e intereses, pretendía dominar el gobierno local, más aún visto cómo podían perjudicarles las medidas que los Borbones pretendían imponer en su tradicional sistema comercial, vinculado esencialmente al hierro y la lana. Las disputas entre Bilbao y Santander, entre 1738 y 1742, pusieron a Vitoria entre la espada y la pared. El ministro José Patiño quiso impulsar los caminos directos entre Burgos-Santander y Bilbao-Balmaseda u Orduña, marginando así a Vitoria. Finalmente, entre 1742 y 1748 la burguesía de Vitoria consiguió controlar el poder concejil, aunque por un corto lapso de tiempo. Por otro lado, el pueblo vertía numerosas acusaciones sobre los mandatarios: aumento de impuestos, malversación de fondos públicos y fraude electoral. En cualquier caso, se impulsaron medidas importantes para el futuro: se redactaron nuevas ordenanzas y se estableció un nuevo arancel sobre los productos que cruzaban Vitoria.

La especulación fue un problema permanente en la tierras vascas, también en el caso de la carne. Precisamente esa fue la causa de la machinada de 1755. Desde la década de los años veinte del siglo XVIII se incrementó considerablemente la exportación de carne vacuna desde Bizkaia y Gipuzkoa hacia Álava y Castilla. Dicha exportación únicamente era prohibida en tiempos de inflación (1695, 1702, 1709, 1712, 1714, 1740, 1741, 1742, 1752 y 1754). Gipuzkoa intentó acabar con las prácticas de los revendedores en 1755 prohibiendo a los campesinos vender en los mercados y obligándoles a respetar la preferencia de compra de los abastecedores locales. Además las instituciones provinciales establecieron la periodicidad de los mercados, prohibieron la exportación de los animales a los pueblos circunvecinos y establecieron un sistema de precios semitasado, fortaleciendo de esa forma el papel de las instituciones locales, ya que debían velar por la aplicación de dichas medidas. Pero los campesinos y pequeños propietarios, que eran dueños de animales y gracias a las ventas a los especuladores obtenían unos ingresos complementarios esenciales, no aceptaron las medidas. Los especuladores acudían directamente a comprar a los caseros, ahorrándose de esa forma los gastos de transporte. Además, a pesar de obtener precios algo más bajos, las ventas realizadas a los revendedores eran más seguras, puesto que así no competían con otros vendedores ni sufrían las exigencias de los abastecedores oficiales. Los campesinos necesitaban liquidez y no podían arriesgarse a esperar obtener precios justos, puesto que el mantenimiento del ganado era caro y cualquier eventualidad en la cosecha podía dar al traste con todas sus esperanzas.

En la primavera de 1754 Gipuzkoa, motu proprio y sin la correspondiente aquiescencia del Consejo de Castilla, prohibió la exportación de ganado vacuno y la obligación de venderlo en los mercados provinciales. A consecuencia de ello, muchos tratantes fueron detenidos y los campesinos fueron acusados de realizar ventas ilícitas. Tras los duros inviernos de los años 1754 y 1755 -se produjeron importantes heladas y nevadas- las cosechas de hierba y nabo fueron muy malas, dejando a los campesinos sin el sostén para sus animales, obliglándoles a vender dichos animales. Cerradas las puertas de la exportación, los campesinos se vieron obligados a llevar sus animales a los mercados provinciales. Sin embargo, siendo la competencia muy alta, muchos no pudieron llevar a cabo la venta y quedaron al borde del precipicio, sobre todo en el valle del Deba. A decir verdad, los abastecedores preferían comprar el ganado en Francia, para de esa forma poder sacarlo a los mercados extraprovinciales, especular y obtener mayores rendimientos y beneficios. Por ello, muchos campesinos, a pesar de ser ilícito, viendo que la venta en los mercados locales era casi imposible y difícilmente podían mantener el ganado, se atrevieron a venderlos fuera de la provincia.

Para acabar con estas prácticas se tomaron algunas medidas. El 20 de agosto de 1754 la provincia decidió que los mercados que se celebraban semanalmente en Segura y Ordizia los lunes y jueves, respectivamente, se celebrasen alternativamente cada quince días todos los lunes. A los abastecedores de la provincia se les obligaba a acudir a ambas, quedando prohibida la reventa. En caso de que los vendedores de cada localidad quisiesen vender el ganado a los abastecedores locales, estos estaban obligados a comprárselo; en caso de concurrir muchos vendedores, lo más necesitados tendrían prioridad. En caso de que el abastecimiento quedase garantizado, los vendedores podrían llevar el ganado sobrante a un máximo de seis kilómetros a la redonda, siempre dentro de los límites provinciales. El ganado infractor sería detenido y vendido y sus propietarios deberían hacer frente a los gastos de la acusación y a una multa. Pero el reglamento no fue respetado y el fraude continuó. En realidad, los decretos fortalecieron las prácticas especulativas y el contrabando. El 21 de marzo de 1755 la Diputación de Guipúzcoa solicitó al Alcalde de Sacas que exigiese referencia exacta del ganado importado a todo aquel que desde Álava, Rioja o cualquier otro destino fuese a Francia a comprar ganado. De igual modo debía actuar con los abastecedores guipuzcoanos y con aquellos que compraban ganado para las labores agrícolas. Las extracciones únicamente se podrían practicar de mediar el permiso provincial. Pero finalmente los campesinos de las cuencas del Urola y del Deba llevaron su ganado a Vitoria, puesto que no pudieron venderlo en el mercado de Bergara. La primavera de 1755, ante las numerosas denuncias y visto el escaso éxito de las medidas adoptadas, sobre todo en Mondragón, Eskoriatza, Aretxabaleta y Bergara, la Diputación de Guipúzcoa finalmente tomó conciencia de la magnitud del problema. Las denuncias acusaban a vecinos de las cuencas del Deba y del Urola, de extraer sus animales hacia Vitoria por Oñati y con la aquiescencia y permiso del alcalde de Salinas de Léniz. Fueron los propios campesinos los que solicitaron a las instituciones que prohibiesen a los abastecedores guipuzcoanos importar ganado vacuno desde Francia o cualquier otro lugar y les obligasen a acudir a los mercados y ferias. Precisamente, siendo como era el principal centro vacuno de la provincia, los campesinos solicitaron el establecimiento de otra feria en Mondragón, una vez por semana. De esa forma, serían cuatro las ferias libres existentes en Gipuzkoa: Bergara y Segura existían desde 1742 -la última desaparecería junto a la de Tolosa- Ordizia se había puesto en marcha en 1752, y ahora Mondragón.

Los pueblos movilizados en 1755 son los mismos que lo hicieron en 1718. Ante el evolución de los acontecimientos, las Juntas Generales que se estaban celebrando en Elgoibar, decidieron dar marcha atrás y suspender momentáneamente los decretos de prohibición. Los mencionados decretos pretendían proteger a los consumidores ante las prácticas especulativas, pero no tuvieron en cuenta que los campesinos que vivían cerca de la frontera de Álava y Navarra vivían precisamente de la libertad de exportación de carne. La oposición a los decretos comenzó en Bergara y en los pueblos de alrededor, puesto que fue allí donde aparecieron los primeros pasquines, aunque posteriormente se extendió por otros doce pueblos de las cuencas del Deva y el Urola: primero, Zegama, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Ataun, Ordizia y Berástegui por el sur, precisamente fronterizos con Álava y Navarra, y posteriormente Salinas de Léniz, Eskoritza, Aretxabaleta y Mondragón, en la frontera con Álava.

Los precursores e impulsores de la machinada fueron los pequeños propietarios y arrendatarios rurales, uniéndoseles posteriormente el pueblo llano, como protesta ante los decretos de las Juntas Generales y, de alguna forma, ante aquellos jauntxos y mandatarios que monopolizaban el gobierno local. En opinión de algunos autores, fue un intento inconsciente de romper con los encorsetados esquemas de la economía local y regional y en favor de una economía libre y liberal. Los gobernantes respondieron con prontitud formando un contingente militar que apenas encontró resistencia. Por tanto, la machinada fue cortada de raíz casi antes de iniciarse. Consiguieron paralizar los decretos, pero muchos de los amotinados hubieron de hacer frente a multas y al secuestro de sus bienes. La paz se restableció de inmediato, pero de momento no se le encontró solución al problema de fondo, poniendo así la semilla de la siguiente machinada.

A pesar de ocurrir esencialmente en Bizkaia y Gipuzkoa, esta Machinada debe ser situada en un contexto más amplio para su perfecta comprensión, puesto que coincidió en el tiempo con los motines de provincias y el de Esquilache. Según los expertos en la materia, fueron los sectores contrarios al reformismo liderado por Esquilache quienes azuzaron al pueblo para que se amotinase del 23 al 25 de marzo de 1766. No obstante, las razones fueron diversas, tanto a largo como a corto plazo, de carácter estructural y coyuntural. Entre las primeras deben tenerse en cuenta las medidas reformistas de la dinastía Borbón, los límites de una agricultura esencialmente extensiva y tecnológicamente atrasada, los límites del mercado de cereales, la enajenación de la propiedad, el carácter extensivo de la agricultura, la proletarización y el empobrecimiento del campesinado, el fortalecimiento de la burguesía o la expansión del librecambismo. Entre las segundas estarían las malas cosechas que se produjeron a partir de 1763, la escasez de alimentos, la inflación de los precios, la especulación y las consecuentes dificultades de abastecimiento, el Real Decreto de 11 de julio de 1765, prohibiendo la tasa de cereales y permitiendo su libre comercio, y la oposición a los ministros extranjeros de Carlos III, sobre todo en torno a Esquilache. A pesar de que los amotinados obtuvieron alguna de sus demandas, Carlos III aprovechó el tumulto para acelerar sus reformas. Pero la principal víctima del suceso -además de Esquilache y los ministros italianos- fue la Compañía de Jesús, acusada de ser su principal instigadora y por ello expulsada del territorio bajo dominio español -España, Nápoles, Parma y América- en 1767.

Tan pronto como terminó el motín madrileño, estallaron los motines de provincia. En los conflictos ocurridos en provincias, sin embargo, fueron otras las razones que estuvieron detrás de ellos. Mientras que en el caso de Madrid las claves hay que buscarlas en motivos políticos, los de provincias fueron motines de subsistencia. En éstos, las diferencias entre clases sociales y la polarización social se fueron incrementando a lo largo del siglo XVIII. La propiedad de la tierra cada vez estaba en menos manos, ya que a lo largo de dicho siglo se produjo una clara enajenación de la propiedad; la mayoría del campesinado era arrendatario y pocos eran los que contaban con ganado para trabajar sus tierras. Muchos campesinos, a fin de sobrevivir, se vieron obligados a trabajar fuera de casa, produciéndose una clara proletarización y un empeoramiento de sus condiciones laborales. Se debe tener en cuenta que en esta época más del 80 % de la producción de un campesino iba destinada al pago de rentas e impuestos, siendo el diezmo el más gravoso de todos, puesto que llegaba a significar el 90 % de dicha cifra. Por si fuera poco, la presión fiscal aumentó durante el período: para mantener la política exterior de los diferentes estados europeos y el nivel económico del clero y la nobleza. Finalmente, los bienes concejiles y comunales, que hasta la fecha habían sido un recurso complementario, entraron progresivamente en un proceso de privatización en favor de aquellos que asimismo controlaban la vida y el poder locales. Por tanto, la situación del estado llano empeoró durante el siglo XVIII, incrementando su malestar.

De cualquier forma, en los motines de provincias existieron dos grupos antagonistas. Por un lado, se situaban los campesinos productores, nobleza rural, intermediarios, especuladores, molineros y panaderos, y por otro los consumidores. En este caso, los amotinados procedían tanto de los pueblos circundantes como de las ciudades, puesto que fueron ellos quienes directamente sufrieron las prácticas especulativas y la inflación de los precios del cereal. Todas sus frustaciones las dirigieron hacia el resto de grupos, a los que culpaban de ser los responsables de la inflación. Los miembros del primer grupo mencionado trataron de obtener el mayor beneficio posible a costa de los consumidores. A pesar de que los problemas relacionados con la especulación no eran nuevos, empeoraron con el establecimiento del decreto de 1765. En opinión del rey y de sus ministros, las medidas implementadas beneficiarían y protegerían a los consumidores, puesto que, gracias a la competencia y a las leyes de la oferta y la demanda, el precio de los cereales descendería. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario y el decreto acabó beneficiando a los especuladores. Dichas medidas podían haber sido efectivas en caso de que hubiese exisitido un sistema de comunicaciones más avanzado en toda la península. De escasear el cereal en un punto, se podría abastecer a precios justos desde la cercanía o incluso desde el mar. Pero el problema eran los caminos, puesto que la España del siglo XVIII conservaba el sistema de caminos heredado de época romana y medieval: los caminos eran muy malos -hasta el siglo XIX España no contará con un sistema radial, cuyo kilómetro cero fuese Madrid, como ocurre en la actualidad-, los sistemas de transporte eran muy lentos -desde San Sebastián a Madrid los boyerizos y acemileros tardaban quince días-, y existían incontables aduanas y peajes, encareciendo el proceso. Por tanto, así las cosas, la competencia real era imposible y, por contra, el sistema dio vía libre a la especulación y al contrabando.

Las machinadas vascas tuvieron características específicas. No obstante, el principal problema fue también el de la especulación. Si bien las cosechas de 1763, 1764 y 1765 no fueron tan buenas como en años anteriores, no fueron tampoco tan malas. En aquella época, los principales cultivos eran el trigo y el maíz. El maíz, además, desde que comenzó a extenderse en el siglo XVII, permitió un sistema intensivo y complementario, permitiendo marginar el barbecho. Los campesinos producían tres o cuatro cosechas al año (trigo, maíz, legumbres y nabo), cubriendo así las necesidades humanas y animales. El trigo y maíz cultivados tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia acababan en manos de los notables rurales por medio del cobro de rentas, puesto que la gran mayoría del campesinado era arrendatario. Pero dichos notables tenían un problema: los fueros de ambos territorios prohibían la exportación de alimentos, por ello optaron por la exportación ilegal de los excedentes. Valiéndose del decreto de 1765 los comerciantes de San Sebastián, que acostumbraban a importar desde el extranjero los denominados "bastimentos", incrementaron la reexportación hacia otros puntos del Cantábrico, práctica hasta la fecha prohibida. Aprovechando dicha práctica, la Corona incrementó sus ataques e intentos en pos de trasladar las aduanas a la costa. A comienzos del año 1766 la Corona prohibió la reexportación de alimentos desde Gipuzkoa, bajo la excusa de la no existencia de aduanas en la costa. El Consulado de San Sebastián trató reiteradamente de obtener el permiso real para la exportación de trigo, hasta que finalmente en 1770 lo consiguió. En ese sentido, las reivindicaciones de los machinos son ciertamente reveladoras: equiparación de pesos y medidas en todas las localidades, control concejil y no particular de los excedentes obtenidos a través del cobro por parte del clero de las primicias, prohibición de extracción fuera de la jurisdicción de los excedentes locales o acceso libre a los comunales.

El decreto de 1765 transformó el sistema utilizado hasta entonces por los ayuntamientos en el campo del abastecimiento de cereales, dentro de lo que habitualmente se conoce como "economía moral": impulso de la producción local, control de pesos y medidas, prohibición de extracción de cereales hasta cubrir las necesidades propias, tasación de precios en los productos básicos. La burguesía donostiarra y la oligarquía propietaria, sin embargo, acogieron el decreto con satisfacción y se lanzaron a una salvaje especulación: los terratenientes cobraban la mayor parte de las rentas en especie, o bien los comerciantes compraban los cereales a bajo coste, para después almacenarlos a la espera de que la oferta y la demanda provocase la inflación de los precios. En cuanto tal supuesto se producía, unos y otros sacaban el producto al mercado con cuentagotas, obteniendo de esa forma pingües beneficios, en detrimento de los consumidores, teniendo además en cuenta que ellos nunca sufrían los vaivenes del mercado, gracias a dicho almacenamiento. Dichas prácticas especulativas provocaban hambrunas entre los consumidores, por los problemas de abastecimiento, que derivaban lógicamente en malestar y levantamientos. El año 1766 los especuladores exportaron a Navarra, Asturias y Galicia parte de la cosecha de cereal guipuzcoano (trigo y maíz) a fin de obtener mayores beneficios. Precisamente fue eso lo que provocó el inicio de la machinada en Azkoitia: un grupo de trabajadores que se hallaban en el Santuario de Loyola observaron como un carro, propiedad de uno de los jauntxos locales, se dirigía a San Sebastián cargado de cereales producidos en la localidad para su exportación. Partiendo de Azkoitia, el movimiento se fue expandiendo hacia el este y el oeste. Entre los amotinados se encontraban campesinos, artesanos y pescadores, perjudicados por la liberalización de los mercados y la anulación de las tasas, es decir, consumidores y pueblo llano. En términos generales, la machinada tuvo mayor impacto en el área noroccidental de Gipuzkoa, hasta el oriente vizcaíno. Comenzó en Azkoitia y Azpeitia y pronto se extendió por todos los pueblos de la cuencia del río Deba: Elgoibar, Eibar, Mondragón y Placencia de las Armas. Luego se dividió en dos ramales: uno hacia la costa, Deba, Mutriku, Zumaia, Zestoa, Getaria y Zarautz, y otro hacia el interior, en dirección al Goierri y Tolosaldea, donde entre el 15 y 19 de abril de 1766, concretamente en Asteasu, Alkiza, Zizurkil Aia, Régil, Goyaz y Beizama hubo ciertos altercados. Los conflictos más remarcables en Bizkaia se dieron en Ondarroa, Markina y Berriatua, y en Álava en Aramayo, aunque en Salvatierra y Vitoria hubo ciertos conatos.

Aunque las reivindicaciones variaron geográficamente, un tema fue coincidente: el precio de los cereales, bebidas y carnes y la frontal oposición a la libertad de comercio. Junto a ello, se situarían el aprovechamiento libre de los comunales, la regulación del cobro de rentas eclesiásticas, el restablecimiento de la moral pública y la participación del pueblo llano en los órganos de gobierno locales. En los motines no hubo muertes, pero sí importantes destrozos en las posesiones de los notables rurales. Los ayuntamientos fueron ocupados y los vecinos concejantes fueron obligados a firmar y cumplir sus condiciones y capitulaciones, en ciertos casos llegaron a amenazarles y vilipendiarles públicamente y a quemar o destruir sus palacios y posesiones.

Los defensores del orden residían en los principales centros mercantiles. Por un lado, San Sebastián y su entorno (Hernani, Urnieta, Andoain, Amasa-Villabona, Errenteria, Oiartzun, Irun y Hondarribia), y por otro los mercados y ferias interiores, esto es, Tolosa y Bergara, puesto que dichos personajes eran quienes actuaban como comerciantes e intermediarios, por tanto quienes recibían los beneficios de la especulación. Con la experiencia adquirida en 1718 y 1755, estos grupos reaccionaron inmediatamente. En abril y mayo, al comienzo de la machinada, distribuyeron a precios baratos trigo y maíz en los pueblos amotinados, como en 1718 reeditaron la Hermandad de las Villas, una en el alto Deba y la otra en San Sebastián y su entorno, y crearon un destacamento armado para llevar a cabo la represión militar. Bajo el mando de Manuel Antonio Arriola, alcalde de San Sebastián, y del coronel Kindelan, jefe de la guarnición irlandesa del Castilo de Urgull, compuesta por 300 soldados de San Sebastián y sus alrededores, recorrió pueblo a pueblo el escenario de la machinada. Le acompañaron los representantes de los principales linajes de la provincia: el Conde de Peñaflorida, los marqueses de San Millán y Narros, etc. A diferencia de otras machinadas, los machinos no lograron obtener sus reivindicaciones y el castigo fue realmente duro: aunque se redactaron algunas sentencias de muerte, finalmente no se cumplieron, pero sí se realizaron detenciones, secuestro de bienes, multas, encarcelamientos, extrañamientos, galeras, etc. Los participantes de cada pueblo fueron encausados criminalmente y condenados en la mayoría de los casos. Muchos de los acusados huyeron a Bizkaia, Francia o América. Por su parte, la Diputación tomó una serie de medidas para que las cosas volviesen a su cauce: retirada de la tasa sobre los cereales, rechazo de todos los acuerdos firmados bajo coacción, reestablecimiento de regimientos y concejos cerrados. Tras reprimir el levantamiento, San Sebastián repartió ciertas cantidades de cereal a precios justos y cada pueblo recibió la cantidad que precisaba. La única concesión a los machinos fue el establecimiento del cargo de "Diputado del Común" como representante del tercer estado, cuyo principal cometido era velar por el consumo y el abastecimiento. Por supuesto, la toma de decisiones quedó más que nunca en manos de la oligarquía. Este fue el primer acontecimiento que provocó la definitiva ruptura entre el pueblo llano y los poderosos, que se haría realidad posteriormente durante las guerras carlistas.

Las desavenencias entre la villa de Bilbao y el pueblo llano del Señorío de Vizcaya tenían un largo recorrido, pero a partir de 1792 las relaciones se enrarecieron más aún. En dicha fecha, el Diputado José Ramón Aldama, tratando de debilitar el monoplio comercial de Bilbao, presentó un proyecto para edificar un nuevo puerto en Mundaka. Pero dicho proyecto finalmente no se llevó a cabo, debido al inicio de la Guerra de la Convención. Al poco de finalizar dicho conflicto, en 1801 el escribano de Dima, Simón Bernardo de Zamacola retomó la misma idea, pero en esta ocasión en la anteiglesia de Abanto. Desde entonces el enfrentamiento entre los favorables y los contrarios se multiplicaron. Entre los favorables estaban aquellos mayorazgos y notables rurales que tenían intereses fuera de Bilbao. Entre los contrarios, por contra, las fuerzas económicas de Bilbao: el Consulado, los propietarios, los comerciantes y el clero. Las cosas empeoraron cuando Godoy mostró su apoyo a Zamacola y concedió su permiso para construir en Abanto el puerto de la paz por medio de un Real Decreto.

Pero la situación cambió en las Juntas Generales de 1804, cuando se extendió el rumor de que, a cambio del proyecto del puerto de la paz, la Diputación había concedido a Godoy un plan de leva militar. Ello era un contrafuero que, impulsado por los intereses de Bilbao, le hizo un flaco favor al proyecto del nuevo puerto. Primero se amotinaron los habitantes de Begoña y Abanto y luego el resto del Señorío, atacando los almacenes de armas del Señorío, al corregidor, al diputado general y a los síndicos, deteniendo a todo el que se cruzaba en su camino y obligando a celebrar nuevas Juntas Generales. En dichas Juntas el plan de leva fue sustituído por un donativo. Aunque Zamacola siguió contando con el apoyo de los pueblos del entorno de Arratia, en el resto del Señorío perdió su crédito. No obstante, el proyecto sobre el puerto de Abanto no fue marginado totalmente hasta la ocupación napoleónica. Las consecuencias de la machinada fueron gravosas tanto para Bilbao como para toda Bizkaia: 380 sentencias de castigo, extrañamientos, encarcelamientos, multas, secuestro de bienes, etc. Las tropas reales entraron en el Señorío dejando en suspenso por un período el régimen foral. Los gastos ocasionados por dichas tropas -unos cinco millones y medio de reales- corrieron a cargo de Bizkaia. Finalmente, el indulto llegó en 1807.

Como ya se ha adelantado, todas estas machinadas provocaron la ruptura de la sociedad vasca, dando lugar a dos grupos y concepciones diferenciadas: los favorables a la reforma foral y los que abogaban por mantener el status quo. En los años venideros, ambos grupos conformarían el partido carlista y el liberal, los blancos y los negros, quienes sumirían a las tierras vascas en una cruenta guerra civil.

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