LAS CONFERENCIAS POLÍTICAS. Las Conferencias políticas de los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra.
"Conferencias" políticas Irurac bat. Las Juntas, Congresos, Conferencias o Reuniones que protagonizaron los comisionados de las distintas provincias de la Vasconia occidental constituyeron un exponente de sentido de solidaridad y convergencia político-institucional. A partir de 1800 las mencionadas "Conferencias políticas" se transformaron en un organismo público de coordinación política, sancionado por la máxima autoridad real. En adelante, podrían asimilarse a una suerte de Juntas Generales Vascongadas, de carácter subsidiario respecto a las Juntas Generales de cada territorio o provincia. El conjunto de actas de las Conferencias permite una evaluación acerca de dos problemas historiográficos y sociales de la sociedad vasca actual: la inserción de los territorios de Vasconia en el nuevo Estado liberal español y la articulación político-institucional interna de los vascos. No obstante, surgen por doquier en las actas otros temas de no menor importancia, en los que vislumbramos una particular forma de entender la organización y práctica de la administración pública.
El símbolo de las tres manos unidas y el lema Irurac bat, propio de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, se convirtió en la divisa de los comisionados de las tres provincias, con cuyo símbolo sellaban y lacraban las actas, a partir de las Conferencias de 1816. El Irurac bat pasó a simbolizar la unión política de la tres. En 1859 se inventó la bandera común, que, sobre fondo rojo, llevaba grabada la mencionada divisa. En 1866 se ideó e impulsó desde la Diputación navarra la política del Laurac bat, con éxito más bien efímero. Véase NAVARRA . Mientras tanto, en la Vasconia continental los intelectuales Antoine d'Abbadie y Josef Augustín Chaho, en 1837, dedicaron su obra sobre los estudios gramaticales del euskara a los siete países vascos (Zazpi Uskal Herrietako uskalduner)(1) . Véase ZAZPIAK BAT . Hiru, lau, zazpi (tres, cuatro, siete) son las expresiones numéricas que expresan una plural dimensión institucional y organizativa del espacio político vasco.
El símbolo de las tres manos unidas y el lema Irurac bat, propio de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, se convirtió en la divisa de los comisionados de las tres provincias, con cuyo símbolo sellaban y lacraban las actas, a partir de las Conferencias de 1816. El Irurac bat pasó a simbolizar la unión política de la tres. En 1859 se inventó la bandera común, que, sobre fondo rojo, llevaba grabada la mencionada divisa. En 1866 se ideó e impulsó desde la Diputación navarra la política del Laurac bat, con éxito más bien efímero. Véase NAVARRA . Mientras tanto, en la Vasconia continental los intelectuales Antoine d'Abbadie y Josef Augustín Chaho, en 1837, dedicaron su obra sobre los estudios gramaticales del euskara a los siete países vascos (Zazpi Uskal Herrietako uskalduner)(1) . Véase ZAZPIAK BAT . Hiru, lau, zazpi (tres, cuatro, siete) son las expresiones numéricas que expresan una plural dimensión institucional y organizativa del espacio político vasco.
Aproximación a la entidad real de las Conferencias: representación gráfica del número de actas de las Conferencias políticas. El número de actas de Conferencias firmadas, rubricadas selladas por los comisionados de las Juntas Generales y / o Diputaciones resulta un excelente indicador del creciente protagonismo que alcanzaron. Con frecuencia, las Conferencias se prolongaban durante varios días, pero todas las sesiones se incluían en una única acta. En estos casos contabilizamos el número de actas firmadas y rubricadas.
Asistían a las Conferencias los comisionados nombrados para tal fin por las Juntas Generales, acompañados por los consultores de cada provincia. En el curso del siglo XIX los Diputados Generales respectivos acompañados del consultor eran los representantes más asiduos. De este modo acudían por Bizkaia y Gipuzkoa los dos Diputados Generales junto con el consultor y en Álava el Diputado General, un padre de provincia y el consultor.
Durante el tiempo de los Conciertos Económicos, posterior a la legalidad foral, fueron los diputados de cada provincia los que acudían a las Conferencias. En 1904 o 1917 asistió el Cronista de las Provincias Vascongadas, Carmelo Echegaray, quien redactó los distintos mensajes autonómicos dirigidos al Gobierno central y al Rey. De alguna manera cumplía el papel de los antiguos consultores.
El Secretario de la Diputación anfitriona era quien levantaba el acta de la reunión.
Asistían a las Conferencias los comisionados nombrados para tal fin por las Juntas Generales, acompañados por los consultores de cada provincia. En el curso del siglo XIX los Diputados Generales respectivos acompañados del consultor eran los representantes más asiduos. De este modo acudían por Bizkaia y Gipuzkoa los dos Diputados Generales junto con el consultor y en Álava el Diputado General, un padre de provincia y el consultor.
Durante el tiempo de los Conciertos Económicos, posterior a la legalidad foral, fueron los diputados de cada provincia los que acudían a las Conferencias. En 1904 o 1917 asistió el Cronista de las Provincias Vascongadas, Carmelo Echegaray, quien redactó los distintos mensajes autonómicos dirigidos al Gobierno central y al Rey. De alguna manera cumplía el papel de los antiguos consultores.
El Secretario de la Diputación anfitriona era quien levantaba el acta de la reunión.
Estadísticas de las reuniones. A continuación vamos a representar gráficamente algunos aspectos de las Conferencias, relacionadas con el número y lugares de reunión. El momento de mayor protagonismo de esta institución se sitúa entre 1839 y 1876, en un periodo de reformulación y adaptación del derecho histórico foral a la Constitución liberal española.
Actas de Conferencias y número de actas de Conferencias: 1775-1936
Actas de Conferencias y número de actas de Conferencias: 1775-1936
| Totales | 1755-1877 | 1878-1936 | Total |
| Bergara Bilbao Vitoria-Gasteiz Tolosa Donostia-San Sebastián Arrasate/Mondragón Zumarraga Durango Elorrio Orduña Azpeitia Llodio Madrid Pamplona/Iruña | 57 50 50 19 6 7 4 1 4 2 1 1 | 42 28 53 4 3 2 | 57 92 78 19 59 7 8 1 4 2 1 1 3 2 |
| Total | 202 | 132 | 334 |
Lugares y ritual. Los lugares de reunión de las Conferencias, siguiendo la tradición, fueron las sedes de las Diputaciones. La convocatoria corría a cargo de la Diputación designada por turno.
La presidencia era ocupaba por la Diputación anfitriona y, en general, las sesiones duraban más de un día. A fines del siglo XIX y durante el siglo XX, las Conferencias se reunían ordinariamente durante el período estival en San Sebastián, aprovechando que la ciudad se convertía en la capital política del Estado por la presencia de ministros y personas vinculadas a la institución monárquica. Durante el periodo, 1876-1936, en comparación con el período 1816-1876 resulta un porcentaje menor de reuniones, alrededor del 36% del total. La introducción de nuevos medios de comunicación directa, tales como el teléfono, influyó en el descenso de reuniones formales, reservándose éstas al debate y resolución de las estrategias políticas generales.
La presidencia era ocupaba por la Diputación anfitriona y, en general, las sesiones duraban más de un día. A fines del siglo XIX y durante el siglo XX, las Conferencias se reunían ordinariamente durante el período estival en San Sebastián, aprovechando que la ciudad se convertía en la capital política del Estado por la presencia de ministros y personas vinculadas a la institución monárquica. Durante el periodo, 1876-1936, en comparación con el período 1816-1876 resulta un porcentaje menor de reuniones, alrededor del 36% del total. La introducción de nuevos medios de comunicación directa, tales como el teléfono, influyó en el descenso de reuniones formales, reservándose éstas al debate y resolución de las estrategias políticas generales.
Bibliografía sobre las Conferencias. El alavés Ramón Ortiz de Zárate, en su obra Compendio Foral de la Provincia de Álava (1857), dedicó un capítulo a las Conferencias Afirmó que "la identidad de derechos y la mancomunidad de origen, de lengua, de costumbres y de intereses no podían menos de unir en fuertes y estrechos lazos las tres provincias hermanas". En consecuencia "las más importantes órdenes y medidas dictadas para el País Vasco alcanzan a las tres provincias, tienen por necesidad que reunirse a tratar o conferenciar de los negocios comunes"(2) . La obra de A. Marichalar y C. Manrique, editada en 1868, realizaba una breve mención a las Conferencias como organismo común de las tres provincias(3) . Posteriormente, Gorosábel(4) , en el capítulo titulado "de las cosas con las provincias vecinas", se refiere a las Conferencias e incluso expone como hipótesis que su antigüedad de hecho se remonta a 1779, al periodo en el que la política arancelaria de la Monarquía borbónica apretó con el fin de alterar la ubicación de las aduanas y, por ende, el status económico de espacio franco que gozaban los habitantes vascos.
R. Becerro de Bengoa publicó una breve descripción de las Conferencias en 1877 interpretándolas en términos políticos, en una coyuntura marcadamente incierta para el devenir de las instituciones públicas forales, con la siguiente valoración: "Cada una de estas provincias constituye dentro de la federación o fraternidad euskara una especie de estado independiente y autonómico y las tres están unidas en la identidad de la sangre y de la ley formando el Irurac bat de nuestro original y primitivo pueblo"(5) . Esta idea la copiarán y reproducirán otros autores, tales como Mañé y Flaquer y G. Desdevises du Dezert(6) . Éste último, inspirándose en la interpretación de R. Becerro de Bengoa, concluyó que las actas de las Conferencias son el reflejo del Estado Vascongado: "L'acte était scellé du grand sceau de l'Irurac-Bat, l'État vascongade, triple et un"(7) .
En el período postforal de los Conciertos Económicos Nicolás Vicario y de la Peña dedicó al tema un espacio destacado en su libro sobre las Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, explica con detalle la perduración del sistema de reunión en las Conferencias y realiza un análisis comparativo de las Conferencias en tiempos del Régimen Foral, es decir anteriores a 1876 y las organizadas con posterioridad, por las Diputaciones Provinciales. En su opinión "Desde que la autonomía vascongada se puso en tela de juicio y fue objeto de frecuentes ataques, la necesidad de unirse para la común defensa las tres Diputaciones fue mayor, y por lo tanto las Conferencias se hicieron más frecuentes. Por estas consideraciones se comprende que las Conferencias no se celebrasen en el periodo de engrandecimiento autonómico mientras rigieron los destinos de España la dinastía de Austria y primeros años de la dinastía de Borbón, para aparecer en uso frecuente durante la última década del siglo XVIII y todo el siglo XIX"(8) . Para Nicolás Vicario las Conferencias de las Diputaciones vascas llegaron a constituir una institución de carácter autónomo cuyas decisiones obligaban.
J. Ariztimuño menciona las Conferencias y las interpreta políticamente como un precedente inmediato del Estatuto de Autonomía. En su opinión, el Estatuto plebiscitado de 1933 se inspiró, por lo que respecta a los órganos de gobierno, en la tradición de las Conferencias(9) .
Habrá que esperar a la voz "Conferencias" del Diccionario Enciclopédico Vasco para que Bernardo Estornés Lasa le otorgue un apartado específico, recuperando su memoria y significado histórico(10) . Sin embargo, y frente a lo que podría deducirse de la última frase del artículo en cuestión ("La ley de 1876, en la que se abolía la soberanía foral, alcanzó también a las Conferencias"), es preciso señalar, como se puede colegir de las actas, que las Conferencias pervivieron en el régimen de Conciertos Económico-administrativos y constituyeron, en ocasiones, una suerte de foro de debate y asamblea que suplía la carencia de una institución común representativa. Por ejemplo en 1917, para la aprobación del manifiesto la reunión común de los diputados provinciales se constituyó en Asamblea.
En la bibliografía más reciente encontramos menciones y comentarios sobre las Conferencias en los estudios de G. Monreal, M. Vázquez de Prada y J.L. Orella, E. Alonso, O. Diaz. En 1981 I. Olábarri incorporó el tema de las Conferencias a la publicística política(11) .
La publicación del corpus de las Actas de Conferencias en 1995,(12) ha servido para una renovada ponderación y evaluación de las Conferencias políticas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava y ocasionalmente también de Navarra en el marco del sistema foral de Vasconia.
R. Becerro de Bengoa publicó una breve descripción de las Conferencias en 1877 interpretándolas en términos políticos, en una coyuntura marcadamente incierta para el devenir de las instituciones públicas forales, con la siguiente valoración: "Cada una de estas provincias constituye dentro de la federación o fraternidad euskara una especie de estado independiente y autonómico y las tres están unidas en la identidad de la sangre y de la ley formando el Irurac bat de nuestro original y primitivo pueblo"(5) . Esta idea la copiarán y reproducirán otros autores, tales como Mañé y Flaquer y G. Desdevises du Dezert(6) . Éste último, inspirándose en la interpretación de R. Becerro de Bengoa, concluyó que las actas de las Conferencias son el reflejo del Estado Vascongado: "L'acte était scellé du grand sceau de l'Irurac-Bat, l'État vascongade, triple et un"(7) .
En el período postforal de los Conciertos Económicos Nicolás Vicario y de la Peña dedicó al tema un espacio destacado en su libro sobre las Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, explica con detalle la perduración del sistema de reunión en las Conferencias y realiza un análisis comparativo de las Conferencias en tiempos del Régimen Foral, es decir anteriores a 1876 y las organizadas con posterioridad, por las Diputaciones Provinciales. En su opinión "Desde que la autonomía vascongada se puso en tela de juicio y fue objeto de frecuentes ataques, la necesidad de unirse para la común defensa las tres Diputaciones fue mayor, y por lo tanto las Conferencias se hicieron más frecuentes. Por estas consideraciones se comprende que las Conferencias no se celebrasen en el periodo de engrandecimiento autonómico mientras rigieron los destinos de España la dinastía de Austria y primeros años de la dinastía de Borbón, para aparecer en uso frecuente durante la última década del siglo XVIII y todo el siglo XIX"(8) . Para Nicolás Vicario las Conferencias de las Diputaciones vascas llegaron a constituir una institución de carácter autónomo cuyas decisiones obligaban.
J. Ariztimuño menciona las Conferencias y las interpreta políticamente como un precedente inmediato del Estatuto de Autonomía. En su opinión, el Estatuto plebiscitado de 1933 se inspiró, por lo que respecta a los órganos de gobierno, en la tradición de las Conferencias(9) .
Habrá que esperar a la voz "Conferencias" del Diccionario Enciclopédico Vasco para que Bernardo Estornés Lasa le otorgue un apartado específico, recuperando su memoria y significado histórico(10) . Sin embargo, y frente a lo que podría deducirse de la última frase del artículo en cuestión ("La ley de 1876, en la que se abolía la soberanía foral, alcanzó también a las Conferencias"), es preciso señalar, como se puede colegir de las actas, que las Conferencias pervivieron en el régimen de Conciertos Económico-administrativos y constituyeron, en ocasiones, una suerte de foro de debate y asamblea que suplía la carencia de una institución común representativa. Por ejemplo en 1917, para la aprobación del manifiesto la reunión común de los diputados provinciales se constituyó en Asamblea.
En la bibliografía más reciente encontramos menciones y comentarios sobre las Conferencias en los estudios de G. Monreal, M. Vázquez de Prada y J.L. Orella, E. Alonso, O. Diaz. En 1981 I. Olábarri incorporó el tema de las Conferencias a la publicística política(11) .
La publicación del corpus de las Actas de Conferencias en 1995,(12) ha servido para una renovada ponderación y evaluación de las Conferencias políticas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava y ocasionalmente también de Navarra en el marco del sistema foral de Vasconia.
Junta, Unión, Congreso y Conferencias. La primera denominación que recibió la reunión de los representantes de las tres provincias en la ciudad de Vitoria fue la de Junta. En realidad los comisionados de las tres Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava acordaron en el siglo XVI reunirse fundando una nueva Junta. Hasta la fecha no se han encontrado actas de estas reuniones y las referencias a las mismas son escasas(13) . Es preciso resaltar que en la Junta se hallaba representada una ciudad como la de Vitoria, lo que nos permite contemplar la complejidad de los cuerpos institucionales del Antiguo Régimen y, por lo tanto, resulta impropio proyectar realidades posteriores a tiempos pretéritos.
En el siglo XVII se firmó un acuerdo entre los comisionados de Gipuzkoa y Álava. Éste acuerdo fue denominado "Unión". Trece años después, en 1701, cuando proyectaron una reunión los comisionados de Gipuzkoa, Bizkaia y Villa de Oñati la invitación habla de una Conferencia: "dar principio a la conferencia sobre lo condusente a la forma de Almazenar el fierro y lavores que de el hazen en el distrito de Vs y mio"(14) . La Junta General, reunida en Deba, nombró diputados que "puedan conferir, discurrir y resolber los medios y plantas que tuvieren por mas combenientes". En el acta declaraban que han "conferido largamente" y se refieren a otro "Congreso" que celebraron con anterioridad en Durango.
En el segundo decenio del siglo XVIII se formó en Madrid la Real Congregación de Naturales y Originarios de las tres Provincias Vascongadas que agrupaba a los naturales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. Y otro dato significativo fue la creación en 1764 de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, que celebró en el último tercio del siglo XVIII asambleas anuales donde se dieron cita periódicamente las elites gobernantes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.
En el último tercio del siglo XVIII, frente a otras denominaciones, generalizaron el nombre de Conferencia para definir las conversaciones y reuniones que realizaban los comisionados de las Juntas Generales o de las denominadas "Comunidades" o Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Así pues, el término Conferencia se refiere a una entrevista o conversación para tratar asuntos político-administrativos. En el Derecho Internacional Conferencia es sinónima de reunión. A mediados del siglo XVIII Larramendi denomina Conferencias a sus reflexiones escritas en un estilo dialogado(15) .
Cuando dichas conversaciones y reuniones interinstitucionales recibieron la sanción real en 1800 se acuñó de modo definitivo el término Conferencias. Durante el siglo XIX los documentos se referían a las Conferencias de las tres provincias hermanas Irurac bat.
Los libros de actas encuadernados en el Archivo de la Secretaría de la Diputación de Bizkaia fueron titulados como "Conferencias de las Diputaciones hermanas" o "Conferencias de las provincias Vascongadas Irurac bat". Dada la naturaleza de los temas tratados, éstas pueden calificarse genéricamente de políticas.
A partir de 1816 las actas reflejaron una explícita voluntad de convergencia para impulsar una intervención política común. Las actas comenzaron a sellarse y lacrarse con la divisa que perteneció a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, las tres manos unidas con el lema Irurac bat.
Si tenemos presente que las Conferencias se celebraron hasta 1936, en lugar de denominarlas "Conferencias forales", parece que los términos "Conferencias políticas Irurac bat" o el de "Conferencias políticas de las provincias vascongadas Irurac bat" se ajustan mejor a la realidad institucional.
En el siglo XVII se firmó un acuerdo entre los comisionados de Gipuzkoa y Álava. Éste acuerdo fue denominado "Unión". Trece años después, en 1701, cuando proyectaron una reunión los comisionados de Gipuzkoa, Bizkaia y Villa de Oñati la invitación habla de una Conferencia: "dar principio a la conferencia sobre lo condusente a la forma de Almazenar el fierro y lavores que de el hazen en el distrito de Vs y mio"(14) . La Junta General, reunida en Deba, nombró diputados que "puedan conferir, discurrir y resolber los medios y plantas que tuvieren por mas combenientes". En el acta declaraban que han "conferido largamente" y se refieren a otro "Congreso" que celebraron con anterioridad en Durango.
En el segundo decenio del siglo XVIII se formó en Madrid la Real Congregación de Naturales y Originarios de las tres Provincias Vascongadas que agrupaba a los naturales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. Y otro dato significativo fue la creación en 1764 de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, que celebró en el último tercio del siglo XVIII asambleas anuales donde se dieron cita periódicamente las elites gobernantes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.
En el último tercio del siglo XVIII, frente a otras denominaciones, generalizaron el nombre de Conferencia para definir las conversaciones y reuniones que realizaban los comisionados de las Juntas Generales o de las denominadas "Comunidades" o Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Así pues, el término Conferencia se refiere a una entrevista o conversación para tratar asuntos político-administrativos. En el Derecho Internacional Conferencia es sinónima de reunión. A mediados del siglo XVIII Larramendi denomina Conferencias a sus reflexiones escritas en un estilo dialogado(15) .
Cuando dichas conversaciones y reuniones interinstitucionales recibieron la sanción real en 1800 se acuñó de modo definitivo el término Conferencias. Durante el siglo XIX los documentos se referían a las Conferencias de las tres provincias hermanas Irurac bat.
Los libros de actas encuadernados en el Archivo de la Secretaría de la Diputación de Bizkaia fueron titulados como "Conferencias de las Diputaciones hermanas" o "Conferencias de las provincias Vascongadas Irurac bat". Dada la naturaleza de los temas tratados, éstas pueden calificarse genéricamente de políticas.
A partir de 1816 las actas reflejaron una explícita voluntad de convergencia para impulsar una intervención política común. Las actas comenzaron a sellarse y lacrarse con la divisa que perteneció a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, las tres manos unidas con el lema Irurac bat.
Si tenemos presente que las Conferencias se celebraron hasta 1936, en lugar de denominarlas "Conferencias forales", parece que los términos "Conferencias políticas Irurac bat" o el de "Conferencias políticas de las provincias vascongadas Irurac bat" se ajustan mejor a la realidad institucional.
Las relaciones institucionales entre los comisionados de las Juntas Generales de los territorios de Vasconia y el proyecto de institucionalización en las Conferencias en 1793. En el nuevo contexto sociopolítico y económico del siglo XVI se forjaron nuevas instituciones articuladoras. Por un lado, las Juntas Generales contribuyeron a modular progresivamente la diversa concurrencia de poderes, mientras que, por otro lado, los mercaderes de Bilbao consiguieron separarse del Consulado de Burgos y crearon un nuevo consulado en 1511, cuya jurisdicción se extendía al ámbito de las tres provincias.
En 1520 tenemos noticias de una Junta Mixta de Procuradores de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y ciudad de Vitoria. Según la información indirecta que poseemos, acordaron "Resistir a los mandamientos Reales de sus magestades e de sus gouernadores en su nonbre"(16) , una actitud que se repetirá a lo largo del tiempo. En la Junta General celebrada en Azkoitia el Procurador de la Ciudad de San Sebastián, Juan Pérez de Egurza, criticó diversos acuerdos adoptados por la Junta particular en Usarraga en 1520. Entre otras cosas manifestó: "Yten que aveys votado e nombrado çiertas personas e diputados de vuestros lugares para la asygnacçion questa fecha para se juntar los comisarios e procuradores desta provinçia con los procuradores del condado de vizcaya e con los procuradores de la ciudad de vitoria e prouinçia de alaba en çierto dia del mes de dezienbre que biene en la Raya de las dichas prouinçias, e que no aveys querido nonbrar ni aveys nonbrado ningua persona de la dicha villa de san sebastian ni de las otras de su voto (...) E para el dicho vuestro proposito aveys votado e mandado hazer la dicha junta de usarraga para el dicho dia martes que biene, e diputado las personas e procuradores vezinos de las dichas vuestras villas e lugares para se juntar con los procuradores e diputados de vizcaya, vitoria e alaba, e non aveys querido nonbrar nin aveys nonbrado ninguna persona de las dichas villas de san sebastian, vergara, elgoibar, fuenterauia e de las otras villas que son de su voto"(17) . En este documento aparece la celebración de una Junta de rango superior, que articulaba los poderes trabados en el ámbito vascongado. Pero no hemos encontrado testimonios documentales acerca de la continuidad de este tipo de encuentros institucionales, entre comisionados de las tres Juntas Generales, hasta la segunda mitad del siglo XVIII.
Sin embargo, hay otros aspectos de la vida socio-económica y política que abundan en el reconocimiento progresivo de un grado de comunidad entre los tres cuerpos de provincia, como por ejemplo, el espacio aduanero, y el Real Decreto de 2 de Febrero de 1644 que reconoció la identidad de los Fueros de las tres provincias vascongadas. En esta coyuntura, el 1 de noviembre de 1660 las tres provincias se unieron para acordar la formación de un tercio vascongado que se dirigiese a la conquista de Portugal(18) . Véase TERCIO .
La comunidad de intereses entre las tres y la conflictividad interprovincial, en temas concretos como el de la fiscalidad de la vena o el trazado del camino de Orduña eran fenómenos coetáneos en el tiempo. Gorosábel, siguiendo la documentación que se conserva en el Archivo General de Gipuzkoa, narró las diversas disputas y acuerdos que protagonizaron las provincias vascongadas o hermanas.
El 22 de febrero de 1688 Gipuzkoa y Álava firmaron una Unión y Concordia en la que prevalecieron los acuerdos para el desarrollo del comercio, y en 1701 Bizkaia, Gipuzkoa y Oñati firmaron otro acuerdo sobre la producción de hierro y su comercialización. Hay que reseñar que en el acta se cita otro "Congreso" anterior, celebrado en Durango, del que no hemos encontrado acta documental alguna.
Desde el siglo XV tanto Bizkaia como Gipuzkoa firmaron acuerdos bilaterales, los Tratados de buena correspondencia, con la provincia vasca de Labort (Lapurdi), en la Monarquía francesa, lo cual nos muestra la versatilidad que para los acuerdos tenían las formaciones político-institucionales subsidiarias en tiempos de las Monarquías absolutas(19) . Los acuerdos de facerías, entre valles y localidades de ambas vertientes de la frontera franco-española, sirven para contextualizar los pactos firmados con Labort, ya que los tratados de facería se extendían al mar.(20)
Tras el fracaso del traslado de las aduanas en 1717, en consonancia con las medidas formuladas en los decretos de nueva planta, en 1727 se dictaron nuevos acuerdos, que fortalecieron el libre comercio. No obstante, el discurso de defensa del sistema foral tuvo que armarse con nuevos argumentos, y en ese contexto el sujeto vascongado surgió como nuevo sujeto político, aunque de hecho en términos jurídico-políticos sólo existían alaveses, vizcainos y guipuzcoanos. En las reflexiones de Fontecha y Salazar, a mediados del siglo XVIII, en el Escudo de la más constante fe y lealtad, los vascongados aparecen como sujetos políticos: "En todos aquellos tiempos no pudieron ser conquistados de tantas, tan poderosas y soberbias Naciones; y todas ellas de necesidad hubieron de levantar la mano de la obra dexando a los Vascongados en su nativa libertad, como gentes bravas fuertes conquistadores y defensores de si mismos y de su Patria"(21) . En su obra realiza diversas referencias a vizcainos, guipuzcoanos y alaveses.
Por otra parte, Larramendi planteó diversas alternativas hipotéticas ante una eventual desaparición de los Fueros(22) .
La institucionalización pública de los vascos comenzó a vislumbrar procesos de integración y convergencia en torno a instituciones comunes. En el caso de Navarra perduró la conciencia de su especificidad institucional y su status de Reino. Basta citar, a título de ejemplo, la declaración de la Diputación del Reino de Navarra en 1777: "que ningún derecho de un Estado puede tener fuerza en otro ya que Navarra no dependio de Castilla y antes de que pudiera formarse ese derecho (las Partidas) que alegaba (el fiscal de la Cámara de Castilla) ya hubo leyes y reyes en Navarra".
En 1520 tenemos noticias de una Junta Mixta de Procuradores de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y ciudad de Vitoria. Según la información indirecta que poseemos, acordaron "Resistir a los mandamientos Reales de sus magestades e de sus gouernadores en su nonbre"(16) , una actitud que se repetirá a lo largo del tiempo. En la Junta General celebrada en Azkoitia el Procurador de la Ciudad de San Sebastián, Juan Pérez de Egurza, criticó diversos acuerdos adoptados por la Junta particular en Usarraga en 1520. Entre otras cosas manifestó: "Yten que aveys votado e nombrado çiertas personas e diputados de vuestros lugares para la asygnacçion questa fecha para se juntar los comisarios e procuradores desta provinçia con los procuradores del condado de vizcaya e con los procuradores de la ciudad de vitoria e prouinçia de alaba en çierto dia del mes de dezienbre que biene en la Raya de las dichas prouinçias, e que no aveys querido nonbrar ni aveys nonbrado ningua persona de la dicha villa de san sebastian ni de las otras de su voto (...) E para el dicho vuestro proposito aveys votado e mandado hazer la dicha junta de usarraga para el dicho dia martes que biene, e diputado las personas e procuradores vezinos de las dichas vuestras villas e lugares para se juntar con los procuradores e diputados de vizcaya, vitoria e alaba, e non aveys querido nonbrar nin aveys nonbrado ninguna persona de las dichas villas de san sebastian, vergara, elgoibar, fuenterauia e de las otras villas que son de su voto"(17) . En este documento aparece la celebración de una Junta de rango superior, que articulaba los poderes trabados en el ámbito vascongado. Pero no hemos encontrado testimonios documentales acerca de la continuidad de este tipo de encuentros institucionales, entre comisionados de las tres Juntas Generales, hasta la segunda mitad del siglo XVIII.
Sin embargo, hay otros aspectos de la vida socio-económica y política que abundan en el reconocimiento progresivo de un grado de comunidad entre los tres cuerpos de provincia, como por ejemplo, el espacio aduanero, y el Real Decreto de 2 de Febrero de 1644 que reconoció la identidad de los Fueros de las tres provincias vascongadas. En esta coyuntura, el 1 de noviembre de 1660 las tres provincias se unieron para acordar la formación de un tercio vascongado que se dirigiese a la conquista de Portugal(18) . Véase TERCIO .
La comunidad de intereses entre las tres y la conflictividad interprovincial, en temas concretos como el de la fiscalidad de la vena o el trazado del camino de Orduña eran fenómenos coetáneos en el tiempo. Gorosábel, siguiendo la documentación que se conserva en el Archivo General de Gipuzkoa, narró las diversas disputas y acuerdos que protagonizaron las provincias vascongadas o hermanas.
El 22 de febrero de 1688 Gipuzkoa y Álava firmaron una Unión y Concordia en la que prevalecieron los acuerdos para el desarrollo del comercio, y en 1701 Bizkaia, Gipuzkoa y Oñati firmaron otro acuerdo sobre la producción de hierro y su comercialización. Hay que reseñar que en el acta se cita otro "Congreso" anterior, celebrado en Durango, del que no hemos encontrado acta documental alguna.
Desde el siglo XV tanto Bizkaia como Gipuzkoa firmaron acuerdos bilaterales, los Tratados de buena correspondencia, con la provincia vasca de Labort (Lapurdi), en la Monarquía francesa, lo cual nos muestra la versatilidad que para los acuerdos tenían las formaciones político-institucionales subsidiarias en tiempos de las Monarquías absolutas(19) . Los acuerdos de facerías, entre valles y localidades de ambas vertientes de la frontera franco-española, sirven para contextualizar los pactos firmados con Labort, ya que los tratados de facería se extendían al mar.(20)
Tras el fracaso del traslado de las aduanas en 1717, en consonancia con las medidas formuladas en los decretos de nueva planta, en 1727 se dictaron nuevos acuerdos, que fortalecieron el libre comercio. No obstante, el discurso de defensa del sistema foral tuvo que armarse con nuevos argumentos, y en ese contexto el sujeto vascongado surgió como nuevo sujeto político, aunque de hecho en términos jurídico-políticos sólo existían alaveses, vizcainos y guipuzcoanos. En las reflexiones de Fontecha y Salazar, a mediados del siglo XVIII, en el Escudo de la más constante fe y lealtad, los vascongados aparecen como sujetos políticos: "En todos aquellos tiempos no pudieron ser conquistados de tantas, tan poderosas y soberbias Naciones; y todas ellas de necesidad hubieron de levantar la mano de la obra dexando a los Vascongados en su nativa libertad, como gentes bravas fuertes conquistadores y defensores de si mismos y de su Patria"(21) . En su obra realiza diversas referencias a vizcainos, guipuzcoanos y alaveses.
Por otra parte, Larramendi planteó diversas alternativas hipotéticas ante una eventual desaparición de los Fueros(22) .
La institucionalización pública de los vascos comenzó a vislumbrar procesos de integración y convergencia en torno a instituciones comunes. En el caso de Navarra perduró la conciencia de su especificidad institucional y su status de Reino. Basta citar, a título de ejemplo, la declaración de la Diputación del Reino de Navarra en 1777: "que ningún derecho de un Estado puede tener fuerza en otro ya que Navarra no dependio de Castilla y antes de que pudiera formarse ese derecho (las Partidas) que alegaba (el fiscal de la Cámara de Castilla) ya hubo leyes y reyes en Navarra".
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, primera institución estable de unión y referencia común para la elite dirigente de las tres provincias bascongadas. La R.S.B.A.P. fundada en 1764-1765 fue la institución que más eficazmente contribuyó a la difusión del culto a la "nación bascongada". El primer artículo de la Sociedad evocaba nuevas preocupaciones: "El objeto de esta Sociedad es el de cultivar la inclinación y el gusto de la Nación Bascongada hacia las Ciencias, Bellas letras y Artes, corregir y pulir sus costumbres; desterrar el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias, y estrechar más la unión de las tres Provincias Bascongadas de Alaba, Vizcaya y Guipúzcoa"(23) . De esta manera, la unión de las provincias o de las naciones, como también son calificadas, fue uno de los objetivos primordiales.
En 1765 se presentaron el Plan del discurso previo a la Historia Nacional de las tres Provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, las Instrucciones para escribir la Historia Nacional y, por último, la Idea general de la Nación Bascongada y señaladamente de la Provincia de Guipúzcoa(24) .
Las Conferencias, organizadas a partir de 1775, pueden considerarse como la herencia política más destacada que logró transmitir la práctica científica y cultural de la Sociedad Bascongada. La dimensión Bascongada de sus asambleas ordinarias, con una periodicidad anual, contribuyó a difundir y cuajar entre la elite un sentimiento de pertenencia patriótica común. La patria en esos años significaba un sentimiento de pertenencia y adhesión local que, en este caso, se refería al territorio vascongado(25) . Véase NACIÓN . La Junta General anual de la Sociedad Bascongada también generó una intensa sociabilidad en el seno de las elites dirigentes y una opinión pública vascongada. La Sociedad Bascongada actuó en calidad de institución invitada y asesora de las Diputaciones en las Conferencias de 1775 y 1780 celebradas en Bergara y Mondragón.
Por último, conviene recordar que las tres Diputaciones financiaron diversas cátedras de la Universidad de Oñati, conviertiéndose ésta en una institución común de las tres desde 1780 hasta su desaparición en 1842.
En 1774 las Juntas de Gipuzkoa ("Congreso general de mis Pueblos", según reza el encabezamiento de la resolución), ante la decadencia que sufría la producción y venta del hierro y sus derivados, como consecuencia de la introducción del hierro extranjero, nombraron 6 comisionados "para que de inteligencia con los Cavalleros que V.S. (si le pareciere punto digno de a su atención) el Señorío de Bizcaya y villa de Oñate nombrasen, puedan hacer los recursos que les parezcan más conducentes al intento concurriendo a un tiempo nuestras representaciones a fin de que puedan tener mayor eficacia para conseguir y establecer la observancia de las reales Cédulas e inclinar el real animo de S.M."(26) . La resolución iba dirigida a la Diputación de Álava el 7 de julio de 1774 y sin duda puede considerarse como el punto de arranque de una renovada colaboración institucional entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
La iniciativa tuvo una respuesta inmediata. Lo cierto es que para el 10 de agosto de 1774 Álava había comisionado al Diputado General, Carlos Antonio Otazu y Moyúa, mientras que, por su parte, las Juntas Generales de Bizkaia comisionaron a Francisco Zumelzu, Enrique Arana, Fernando Cayetano Barrenechea, Vicente Ramón Larrínaga, todos ellos vecinos de Bilbao, así como a Pedro Franciso Abendaño y Juan Antonio Letona, vecinos de Igorre (Bizkaia). La villa de Oñati (Gipuzkoa), por su lado, nombró a Miguel Nicolás Sarría y Juan Xavier Plaza.
La "Junta Extraordinaria de las tres Provincias y villa de Oñate" comenzó en Bergara el 16 de mayo de 1775, en la sala de Juntas de la R.S.B.A.P..(27) También acudieron varios individuos de la R.S.B.A.P. en calidad de invitados. Esta Sociedad redactó de forma autónoma una representación en el mismo sentido que el resto de los comisionados. Las gestiones lograron casi inmediatamente su fruto porque el 28 de mayo de 1776 el Rey restableció la Real Cédula del 29 de abril de 1702. Una feliz colaboración que sin duda sirvió para corroborar la eficacia de la unión de las tres provincias.
Pero coetáneamente en el gobierno de la Monarquía se preparaba la aplicación de la nueva política arancelaria entre cuyas medidas se preveía el traslado de las aduanas.
En 1778 Bilbao y San Sebastián quedaron excluidos de la lista de puertos de comercio libre y directo con América. Más adelante, por Real Órden de 17 de mayo de 1779, las provincias vascas se convirtieron en extranjeras a efectos comerciales e industriales; por lo tanto, los productos vascos, en su calidad de extranjeros, debían pagar los correspondientes recargos de extranjería para su exportación a las Indias o al interior de Castilla, porque según Muzquiz "aunque los Naturales de dichas Provincias son acreedores a los beneficios que se conceden en el reglamento de 12 de octubre de 1778, para que logren el fomento de sus fábricas industria y comercio, parece preciso proporcionarlo sin desatender a los reales intereses y sin perjudicar lo adelantamientos de las manufacturas de las otras provincias". Así pues, "el Señorío de acuerdo con Guipúzcoa y Alava y oyendo a la Sociedad de Amigos del País proponga el medio que sea practicable en las tres Provincias para la observancia del Reglamento de 12 de octubre de 1778", es decir, que debían inventarse un nuevo reglamento o unos nuevos capitulados, desde su condición de territorios extranjeros en España, a efectos económicos. La Real Orden comunicada por Muzquiz concluía de la siguiente manera: "Comunica esta Resolución al Señorío de Vizcaya, para que de acuerdo con Guipúzcoa y Álava diga a la Sociedad, y proponga el medio indicado al principio, debiendo tener presente la Resolución que tomó S.M. a Consulta del Consejo y comuniqué a V.S. en 2 de Abril del año próximo pasado, de que concedería la habilitación del Puerto de Bilbao para el comercio libre a Indias, cuando las Aduanas interiores de Vitoria, Orduña y Balmaseda se pasasen a la Costa del Mar de Vizcaya. Aranjuez 17 de mayo de 1779".
La reunión de Bergara, en 1775, puede ser considerada como la inaugural, pero la de Durango (1777) fundamenta la continuidad de las Conferencias. El acuerdo aparecía con la siguiente denominación: "Decreto de los caballeros de las tres Muy Nobles y Muy Leales Provincias Bascongadas como comisionados de éstas". Es decir, acordaron un decreto de instancia "Bascongada" y más tarde, en 1780 al término de las Conferencias de Mondragón, editaron otro decreto de las provincias Vascongadas.
No hemos encontrado el acta de la reunión celebrada en 1775 en Bergara correctamente firmada y rubricada por los asistentes, pero disponemos de un documento en copia que refleja sus acuerdos.
La Conferencia de Durango era de suma importancia, porque, con la creación del veedor de Cádiz para controlar las exportaciones de hierro, nació el primer funcionario dependiente de la institución común de las Conferencias: el veedor de Cádiz, que debía controlar e inspeccionar el hierro que se embarcaba en la ciudad gaditana con destino a América. El 9 de marzo de 1778 se publicó un anuncio en Cádiz en el que se difundía su labor de control en nombre de "las provincias de Guipúzcoa, Alava, Villa de Oñate y Señorío de Vizcaya". El abono del salario del veedor será el punto de fricción entre las provincias. El porcentaje de contribución de cada una de las tres provincias a los gastos comunes será motivo de debate permanente en las sucesivas Conferencias. Bizkaia y Gipuzkoa aportaban su cuota con cargo al presupuesto ordinario; sin embargo, Álava entendía que debían asumirlo los ferrones de la provincia como personas directamente beneficiadas por la acción del veedor. El comisionado de Bizkaia Enrique Arana se dirigió a los Diputados de Álava para que modificaran su visión, ya que el desarrollo de la industria del hierro fomentaba el resto de las actividades económicas, tales como el carboneo y el tráfico; además, "sería una lástima que este pequeño incidente sirviese de obstáculo a la implantación de un objetivo que debe ser de la atención de todo el País Vascongado y por cuyo logro tanto se ha trabajado". Evidentemente, traslucían dos formas de concebir la administración pública. En la elite de Bizkaia se percibía una visión moderna de la gestión político-administrativa y un intento de intervenir en el proceso económico desde las instituciones públicas. El mencionado comisionado de Bizkaia recordó y defendió la eficacia lograda por las Conferencias, ya que, en su opinión, "una Junta de los comisionados en que podrá hacerse más que en muchos meses por escrito"; 20 años más tarde, en otra coyuntura, esta idea fue refutada por el Diputado General de Bizkaia.
Le sigue la Conferencia de Mondragón de 1780, en la que debatieron en profundidad estos problemas, acordándose una estrategia de resistencia frente a cualquier cambio, pues la integridad del Fuero, en opinión de los dirigentes allí reunidos, era la fuente y garantía del bienestar económico y social. La Conferencia se reunió "para conferir y tratar sobre los cinco capítulos que con Real Orden de fecha de diez y siete de mayo de mil setecientos setenta y nuebe comunicó al Señorío de Vizcaya el Excmo. Señor D. Miguel de Muzquiz". En la mesa de la reunión se expusieron diversos informes evaluando las consecuencias económicas y políticas del reglamento. Prevalecieron las tesis de la nobleza titulada con bienes patrimoniales en tierras, según las cuales todo cambio en el sistema foral podría acarrear su desaparición y por ende su calidad de vida(28) .
En este contexto y en el de la guerra declarada entre España y la Convención Francesa debemos ubicar la celebración de la Conferencia de Bilbao, del 30 de agosto al 2 de septiembre en 1793.
En 1765 se presentaron el Plan del discurso previo a la Historia Nacional de las tres Provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, las Instrucciones para escribir la Historia Nacional y, por último, la Idea general de la Nación Bascongada y señaladamente de la Provincia de Guipúzcoa(24) .
Las Conferencias, organizadas a partir de 1775, pueden considerarse como la herencia política más destacada que logró transmitir la práctica científica y cultural de la Sociedad Bascongada. La dimensión Bascongada de sus asambleas ordinarias, con una periodicidad anual, contribuyó a difundir y cuajar entre la elite un sentimiento de pertenencia patriótica común. La patria en esos años significaba un sentimiento de pertenencia y adhesión local que, en este caso, se refería al territorio vascongado(25) . Véase NACIÓN . La Junta General anual de la Sociedad Bascongada también generó una intensa sociabilidad en el seno de las elites dirigentes y una opinión pública vascongada. La Sociedad Bascongada actuó en calidad de institución invitada y asesora de las Diputaciones en las Conferencias de 1775 y 1780 celebradas en Bergara y Mondragón.
Por último, conviene recordar que las tres Diputaciones financiaron diversas cátedras de la Universidad de Oñati, conviertiéndose ésta en una institución común de las tres desde 1780 hasta su desaparición en 1842.
En 1774 las Juntas de Gipuzkoa ("Congreso general de mis Pueblos", según reza el encabezamiento de la resolución), ante la decadencia que sufría la producción y venta del hierro y sus derivados, como consecuencia de la introducción del hierro extranjero, nombraron 6 comisionados "para que de inteligencia con los Cavalleros que V.S. (si le pareciere punto digno de a su atención) el Señorío de Bizcaya y villa de Oñate nombrasen, puedan hacer los recursos que les parezcan más conducentes al intento concurriendo a un tiempo nuestras representaciones a fin de que puedan tener mayor eficacia para conseguir y establecer la observancia de las reales Cédulas e inclinar el real animo de S.M."(26) . La resolución iba dirigida a la Diputación de Álava el 7 de julio de 1774 y sin duda puede considerarse como el punto de arranque de una renovada colaboración institucional entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
La iniciativa tuvo una respuesta inmediata. Lo cierto es que para el 10 de agosto de 1774 Álava había comisionado al Diputado General, Carlos Antonio Otazu y Moyúa, mientras que, por su parte, las Juntas Generales de Bizkaia comisionaron a Francisco Zumelzu, Enrique Arana, Fernando Cayetano Barrenechea, Vicente Ramón Larrínaga, todos ellos vecinos de Bilbao, así como a Pedro Franciso Abendaño y Juan Antonio Letona, vecinos de Igorre (Bizkaia). La villa de Oñati (Gipuzkoa), por su lado, nombró a Miguel Nicolás Sarría y Juan Xavier Plaza.
La "Junta Extraordinaria de las tres Provincias y villa de Oñate" comenzó en Bergara el 16 de mayo de 1775, en la sala de Juntas de la R.S.B.A.P..(27) También acudieron varios individuos de la R.S.B.A.P. en calidad de invitados. Esta Sociedad redactó de forma autónoma una representación en el mismo sentido que el resto de los comisionados. Las gestiones lograron casi inmediatamente su fruto porque el 28 de mayo de 1776 el Rey restableció la Real Cédula del 29 de abril de 1702. Una feliz colaboración que sin duda sirvió para corroborar la eficacia de la unión de las tres provincias.
Pero coetáneamente en el gobierno de la Monarquía se preparaba la aplicación de la nueva política arancelaria entre cuyas medidas se preveía el traslado de las aduanas.
En 1778 Bilbao y San Sebastián quedaron excluidos de la lista de puertos de comercio libre y directo con América. Más adelante, por Real Órden de 17 de mayo de 1779, las provincias vascas se convirtieron en extranjeras a efectos comerciales e industriales; por lo tanto, los productos vascos, en su calidad de extranjeros, debían pagar los correspondientes recargos de extranjería para su exportación a las Indias o al interior de Castilla, porque según Muzquiz "aunque los Naturales de dichas Provincias son acreedores a los beneficios que se conceden en el reglamento de 12 de octubre de 1778, para que logren el fomento de sus fábricas industria y comercio, parece preciso proporcionarlo sin desatender a los reales intereses y sin perjudicar lo adelantamientos de las manufacturas de las otras provincias". Así pues, "el Señorío de acuerdo con Guipúzcoa y Alava y oyendo a la Sociedad de Amigos del País proponga el medio que sea practicable en las tres Provincias para la observancia del Reglamento de 12 de octubre de 1778", es decir, que debían inventarse un nuevo reglamento o unos nuevos capitulados, desde su condición de territorios extranjeros en España, a efectos económicos. La Real Orden comunicada por Muzquiz concluía de la siguiente manera: "Comunica esta Resolución al Señorío de Vizcaya, para que de acuerdo con Guipúzcoa y Álava diga a la Sociedad, y proponga el medio indicado al principio, debiendo tener presente la Resolución que tomó S.M. a Consulta del Consejo y comuniqué a V.S. en 2 de Abril del año próximo pasado, de que concedería la habilitación del Puerto de Bilbao para el comercio libre a Indias, cuando las Aduanas interiores de Vitoria, Orduña y Balmaseda se pasasen a la Costa del Mar de Vizcaya. Aranjuez 17 de mayo de 1779".
La reunión de Bergara, en 1775, puede ser considerada como la inaugural, pero la de Durango (1777) fundamenta la continuidad de las Conferencias. El acuerdo aparecía con la siguiente denominación: "Decreto de los caballeros de las tres Muy Nobles y Muy Leales Provincias Bascongadas como comisionados de éstas". Es decir, acordaron un decreto de instancia "Bascongada" y más tarde, en 1780 al término de las Conferencias de Mondragón, editaron otro decreto de las provincias Vascongadas.
No hemos encontrado el acta de la reunión celebrada en 1775 en Bergara correctamente firmada y rubricada por los asistentes, pero disponemos de un documento en copia que refleja sus acuerdos.
La Conferencia de Durango era de suma importancia, porque, con la creación del veedor de Cádiz para controlar las exportaciones de hierro, nació el primer funcionario dependiente de la institución común de las Conferencias: el veedor de Cádiz, que debía controlar e inspeccionar el hierro que se embarcaba en la ciudad gaditana con destino a América. El 9 de marzo de 1778 se publicó un anuncio en Cádiz en el que se difundía su labor de control en nombre de "las provincias de Guipúzcoa, Alava, Villa de Oñate y Señorío de Vizcaya". El abono del salario del veedor será el punto de fricción entre las provincias. El porcentaje de contribución de cada una de las tres provincias a los gastos comunes será motivo de debate permanente en las sucesivas Conferencias. Bizkaia y Gipuzkoa aportaban su cuota con cargo al presupuesto ordinario; sin embargo, Álava entendía que debían asumirlo los ferrones de la provincia como personas directamente beneficiadas por la acción del veedor. El comisionado de Bizkaia Enrique Arana se dirigió a los Diputados de Álava para que modificaran su visión, ya que el desarrollo de la industria del hierro fomentaba el resto de las actividades económicas, tales como el carboneo y el tráfico; además, "sería una lástima que este pequeño incidente sirviese de obstáculo a la implantación de un objetivo que debe ser de la atención de todo el País Vascongado y por cuyo logro tanto se ha trabajado". Evidentemente, traslucían dos formas de concebir la administración pública. En la elite de Bizkaia se percibía una visión moderna de la gestión político-administrativa y un intento de intervenir en el proceso económico desde las instituciones públicas. El mencionado comisionado de Bizkaia recordó y defendió la eficacia lograda por las Conferencias, ya que, en su opinión, "una Junta de los comisionados en que podrá hacerse más que en muchos meses por escrito"; 20 años más tarde, en otra coyuntura, esta idea fue refutada por el Diputado General de Bizkaia.
Le sigue la Conferencia de Mondragón de 1780, en la que debatieron en profundidad estos problemas, acordándose una estrategia de resistencia frente a cualquier cambio, pues la integridad del Fuero, en opinión de los dirigentes allí reunidos, era la fuente y garantía del bienestar económico y social. La Conferencia se reunió "para conferir y tratar sobre los cinco capítulos que con Real Orden de fecha de diez y siete de mayo de mil setecientos setenta y nuebe comunicó al Señorío de Vizcaya el Excmo. Señor D. Miguel de Muzquiz". En la mesa de la reunión se expusieron diversos informes evaluando las consecuencias económicas y políticas del reglamento. Prevalecieron las tesis de la nobleza titulada con bienes patrimoniales en tierras, según las cuales todo cambio en el sistema foral podría acarrear su desaparición y por ende su calidad de vida(28) .
En este contexto y en el de la guerra declarada entre España y la Convención Francesa debemos ubicar la celebración de la Conferencia de Bilbao, del 30 de agosto al 2 de septiembre en 1793.
La Conferencia de Bilbao en 1793: primer proyecto de unión entre las tres provincias bascongadas e institucionalización de las Conferencias. En las Juntas Generales de Gipuzkoa celebradas en Elgoibar en 1791 decidieron nombrar una comisión para entrevistarse con Juan Baustista Eguía, veedor de hierro en Cádiz. El informe proponía a las autoridades la conveniencia de negociar sobre este tema con el Señorío de Bizkaia, al menos una vez al año.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa comisionaron a Joaquín Barroeta Sarauz Aldama y a Pedro Martín Larrumbide para la realización de sus propósitos. Por otro lado, había surgido el tema de la conversión de los Vales Reales con los "sobrantes de propios y arbitrios" de los pueblos, lo cual creó cierta inquietud en las provincias vascas; la Diputación de Gipuzkoa transmitió su preocupación a Álava y Bizkaia. Simón Bernardo de Zamácola convocó una Conferencia de las tres provincias para el 26 de noviembre de 1792 en la posada de Otxandio, pero finalmente se pospuso. Sin embargo, se celebraron en Bilbao el 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 1793. Es preciso recordar que España y Francia se habían declarado la guerra en el mes de marzo y el País Vasco era escenario bélico privilegiado. Véase REVOLUCIÓN FRANCESA .
El orden del día de las Conferencias, según nos manifiesta Prudencio María Verástegui, era "tratar del veedor de fierro en Cádiz, de establecer para lo sucesivo iguales Juntas anuales, de los medios legítimos de recobrar nuestros fueros y derechos, de aclarar algunos artículos que pueden interrumpir nuestra armoniosa correspondencia; y en fin de todo aquello que se considere ser de interés común de las tres. El recargo de derechos sobre nuestro frutos y manufacturas y los medios de afianzar más nuestra recíproca amistad son los artículos que interesan a nuestras poblaciones"(29). Esta Conferencia contaba con unos objetivos ciertamente ambiciosos y novedosos en relación con la tradición político-institucional vigente, ya que trataba de institucionalizar sólidamente una instancia común de dirección política.
Unos años antes, en 1787, se había creado en Madrid la Junta Suprema de Estado, "organismo colegiado del Rey con sus ministros". Este organismo es el antecedente inmediato del futuro Consejo de Ministros inaugurado por Fernando VII el 19 de noviembre de 1823, en plena revancha absolutista. Por lo tanto, no debe extrañarnos que las Juntas Generales de las tres provincias trataran de fundar una Junta permanente común, tal y como se había consolidado en el seno de la R.S.B.A.P., para poder exponer y debatir sus problemas internos, y para tratar los referidos a las relaciones bilaterales con los organismos de gobierno de la Monarquía.
Los comisionados que se reunieron en 1793 fueron nombrados por las respectivas Juntas Generales. El acta es una excelente síntesis de los problemas y preocupaciones con las que se enfrentaban los dirigentes y gobernantes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a fines del siglo XVIII.
En el primer párrafo expusieron su "deseo de conservar sus Fueros, Franquezas y Libertades" ante las novedades introducidas en los últimos años. A renglón seguido aparecen los temas relacionados con el hierro, el veedor de hierro en Cádiz, la exportación de mineral de hierro, la prohibición que impedía la libre circulación del dinero, los géneros extranjeros y los impuestos con los que eran cargados los productos de la protoindustria vasca en las aduanas. Les preocupaba "mejorar la Constitución del País y consolidar la Hermandad que desean perpetuar". En Francia se había proclamado la nueva Constitución, mientras que la elite dirigente vasca, que en términos sociales estaba representaba por una aristocracia rentista fundida con frecuencia con la burguesía comercial de las urbes y pretendía perfeccionar la constitución histórica, de manera que el edificio social no sufriese quebranto ni revolución, sino reforma, pudiendo conservar su protagonismo político y su dirección política.
El primer acuerdo que tomaron los representantes de las "comunidades" consistió en la convocatoria de Juntas entre comisionados de los tres territorios, en el mes de mayo, antes de la celebración de las respectivas Juntas Generales ordinarias de cada provincia. Se regularon las convocatorias, e incluso se solicitó un impuesto ("medio real de vellón en cada quintal de todo el fierro que se embarque"), para hacer frente a los gastos que generaba el primer "funcionario" de la nueva estructura. La creación de un impuesto es la señal inequívoca por la cual el nuevo organismo aspira a consolidarse como una institución de representación permanente. Incluso acordaron establecer una acción colectiva conjunta en Madrid entre los tres agentes que operaban en nombre de cada una de las "comunidades".
Los acuerdos de 1793 representan la carta fundacional del sistema de las Conferencias, y en las sucesivas actas serían la fuente de referencia y de autoridad. El carácter programático, pero también de acción de gobierno común, quedó patente en los compromisos que contrajeron cada una de las delegaciones de provincia. Las Conferencias acordaban una periodicidad anual y se constituían en Junta.
En 1794 se produjo la ofensiva de los ejércitos de la Convención Francesa y los intentos de pacto con el invasor desde un sector de la nobleza que había inspirado los acuerdos de Conferencias de 1793. Pese a la proclamación de independencia de Guipúzcoa (30), fue administrada como un país conquistado. Mientras tanto, la Junta de Merindades de Bizkaia, después del desplome de las defensas en la frontera española y de la estabilización del frente en la línea del Deba, consecuente con los acuerdos suscritos el año anterior, propuso una unión para la organización de la defensa de las tres provincias y la villa de Oñati.
Sin embargo, los representantes de Álava, en la reunión celebrada el 6 de diciembre de 1794 en Vitoria, respondieron que "solamente exigía el que se acordase entre ella y el Señorío (sin perder de vista el socorro de Gipuzkoa) un recíproco servicio para el caso de verse invadida cualquiera de las dos contratantes y que esto fuese según el numero de gentes que tenían en sus términos"(31).
Finalizada la Guerra de la Convención en 1795, cada provincia se disponía a restablecer la normalidad administrativa y política.
En primer lugar, debían liquidar la enorme deuda que habían acumulado durante la guerra, ya que, según se establecía en el Fuero, en caso de invasión las provincias asumían los gastos de defensa. En Bizkaia se firmó un acuerdo entre el Señorío y el Consulado por el que se establecía un sistema fiscal que gravaba los productos de consumo y tráfico (1796).
La Diputación extraordinaria de Gipuzkoa, el 14 de diciembre de 1796, estimó la utilidad de las Conferencias y la Junta General de Gipuzkoa reunida el siguiente año en Azpeitia acordó impulsar la Junta de comisionados de las tres provincias, para lo cual nombraron 5 comisionados. José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, el 28 de julio del mismo año se dirigió a Bizkaia y Álava pensando en "el bien que resultaría a las tres Provincias exentas en general y a cada una de ellas en particular de que se pusiesen en planta las Conferencias anuales entre los comisionados de ellas con arreglo a los capítulos preliminares formados en Bilbao el día 2 de noviembre de 1793"(32). El Diputado General de Álava, Hortuño Aguirre, apoyó la idea y asumió su responsabilidad, ya que le correspondía por turno la convocatoria de la mencionada Conferencia. Sin embargo, los Diputados Generales de Bizkaia respondieron que lo comunicarían a la Junta General, lo cual significaba el aplazamiento de la Conferencia al menos un año, ya que la Junta General debía celebrarse en julio de 1798. Los Diputados de Bizkaia se extrañaron de que la Junta General de Gipuzkoa hubiera propuesto que se le suprimiese a Bizkaia la facultad para la introducción de tabaco por mar. Además, las discrepancias entre las provincias se extendían a otras materias, tales como los impuestos sobre la vena y otros artículos de consumo que se introducían desde los puertos de Bizkaia.
Los Diputados Generales de Gipuzkoa y Álava mostraron una profunda decepción por la actitud de los Diputados Generales de Bizkaia. El 12 de septiembre de 1797 José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, escribía al de Álava lo siguiente: "de que tan poco aprecio va haciendo el Señorío poniéndonos en necesidad de que se rompan los apreciables vínculos de nuestra hermandad con él y que sufran los naturales de las tres comunidades las fatales consecuencias que pudiera acarrearles esta desunión". Por su lado, los Diputados Generales de Bizkaia manifestaban: "últimamente me parece haber dado siempre a V.S. (dirigiéndose a Gipuzkoa) pruebas de que deseo continuar la buena correspondencia y armonía que nos conviene. No creo haber hecho cosa alguna opuesta a sus fueros y derechos al paso que yo he experimentado lo contrario, siendo así que lejos de ir contra los respectivos fueros, debiéramos contribuir a ampliarlos en lo posible conforme al espíritu e intención uniforme de los Comisionados". Pero las Juntas Generales de Bizkaia, el 14 de julio de 1798, acordaron "que no tenía por necesaria su anual celebración, pudiéndose acordar y promover los intereses comunes por medio de una correspondencia regular y seguida entre las respectivas Diputaciones". Por otra parte, permanecía el cuadro de arbitrios que acordaron años atrás. En resumen, esta decisión suponía la ruptura, ya que Bizkaia se negaba a participar en las Conferencias y en consecuencia se negaba a negociar el cobro de los impuestos a los habitantes de las provincias hermanas.
En esa coyuntura el Diputado General de Álava Hortuño Aguirre, Marqués de Montehermoso, gestionó la convocatoria para el 11 de junio de 1799, a la que acudieron representantes de Gipuzkoa, pero no "la representación del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya como lo prometió en la últimas Conferencias"(33). En esta Conferencia recordaron la unión que ambas provincias suscribieron en 1688 y se dirigieron a los Diputados Generales de Bizkaia conminándoles a cumplir los compromisos contraídos en 1793. Ante la ambigua respuesta de Bizkaia, acordaron suspender el pago del salario del veedor de Cádiz y recargar "los géneros y efectos que pasan a su distrito (Bizkaia) desde estas Provincias". Es decir, iniciaron una estrategia de confrontación. Las Conferencias concluyeron con el firme propósito de convocarlas ajustándose al capitulado o compromiso aprobado en 1793.
Pero un factor externo va a crear las condiciones necesarias y servirá de excusa para recuperar la colaboración entre las tres hermanas: la creación por el gobierno de la Monarquía de la Junta de la Caja de Reducción de Vales Reales (deuda pública adquirida por comerciantes y nobleza)(34). La distribución que estableció la Junta preveía 1.697.500 reales a Bizkaia, 1.758.750 reales a Gipuzkoa, 1.043.750 reales a Álava.
La Junta de Merindades de Bizkaia del 9 de noviembre de 1799 acordó crear una comisión con Gipuzkoa y Álava para repartir los fondos de la Caja de Reducción y Consolidación del Crédito de los Vales Reales. El 13 y 14 de diciembre las tres comunidades celebraron una nueva Conferencia. Las diferencias de fondo subsistieron, pero se restableció de nuevo el organismo de las Conferencias como instancia de reunión y deliberación directa entre representantes de las tres Juntas Generales.
Sin embargo, el Corregidor de Gipuzkoa, Alfonso Durán, se opuso a la legalidad de acuerdo suscrito en 1799 entre Álava y Gipuzkoa, acontecimiento que desembocó en la legalización expresa de las Conferencias entre los representantes forales mediante la sanción real de las Conferencias en 1800, impulsado por el ministro Mariano Luis Urquijo.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa comisionaron a Joaquín Barroeta Sarauz Aldama y a Pedro Martín Larrumbide para la realización de sus propósitos. Por otro lado, había surgido el tema de la conversión de los Vales Reales con los "sobrantes de propios y arbitrios" de los pueblos, lo cual creó cierta inquietud en las provincias vascas; la Diputación de Gipuzkoa transmitió su preocupación a Álava y Bizkaia. Simón Bernardo de Zamácola convocó una Conferencia de las tres provincias para el 26 de noviembre de 1792 en la posada de Otxandio, pero finalmente se pospuso. Sin embargo, se celebraron en Bilbao el 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 1793. Es preciso recordar que España y Francia se habían declarado la guerra en el mes de marzo y el País Vasco era escenario bélico privilegiado. Véase REVOLUCIÓN FRANCESA .
El orden del día de las Conferencias, según nos manifiesta Prudencio María Verástegui, era "tratar del veedor de fierro en Cádiz, de establecer para lo sucesivo iguales Juntas anuales, de los medios legítimos de recobrar nuestros fueros y derechos, de aclarar algunos artículos que pueden interrumpir nuestra armoniosa correspondencia; y en fin de todo aquello que se considere ser de interés común de las tres. El recargo de derechos sobre nuestro frutos y manufacturas y los medios de afianzar más nuestra recíproca amistad son los artículos que interesan a nuestras poblaciones"(29). Esta Conferencia contaba con unos objetivos ciertamente ambiciosos y novedosos en relación con la tradición político-institucional vigente, ya que trataba de institucionalizar sólidamente una instancia común de dirección política.
Unos años antes, en 1787, se había creado en Madrid la Junta Suprema de Estado, "organismo colegiado del Rey con sus ministros". Este organismo es el antecedente inmediato del futuro Consejo de Ministros inaugurado por Fernando VII el 19 de noviembre de 1823, en plena revancha absolutista. Por lo tanto, no debe extrañarnos que las Juntas Generales de las tres provincias trataran de fundar una Junta permanente común, tal y como se había consolidado en el seno de la R.S.B.A.P., para poder exponer y debatir sus problemas internos, y para tratar los referidos a las relaciones bilaterales con los organismos de gobierno de la Monarquía.
Los comisionados que se reunieron en 1793 fueron nombrados por las respectivas Juntas Generales. El acta es una excelente síntesis de los problemas y preocupaciones con las que se enfrentaban los dirigentes y gobernantes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a fines del siglo XVIII.
En el primer párrafo expusieron su "deseo de conservar sus Fueros, Franquezas y Libertades" ante las novedades introducidas en los últimos años. A renglón seguido aparecen los temas relacionados con el hierro, el veedor de hierro en Cádiz, la exportación de mineral de hierro, la prohibición que impedía la libre circulación del dinero, los géneros extranjeros y los impuestos con los que eran cargados los productos de la protoindustria vasca en las aduanas. Les preocupaba "mejorar la Constitución del País y consolidar la Hermandad que desean perpetuar". En Francia se había proclamado la nueva Constitución, mientras que la elite dirigente vasca, que en términos sociales estaba representaba por una aristocracia rentista fundida con frecuencia con la burguesía comercial de las urbes y pretendía perfeccionar la constitución histórica, de manera que el edificio social no sufriese quebranto ni revolución, sino reforma, pudiendo conservar su protagonismo político y su dirección política.
El primer acuerdo que tomaron los representantes de las "comunidades" consistió en la convocatoria de Juntas entre comisionados de los tres territorios, en el mes de mayo, antes de la celebración de las respectivas Juntas Generales ordinarias de cada provincia. Se regularon las convocatorias, e incluso se solicitó un impuesto ("medio real de vellón en cada quintal de todo el fierro que se embarque"), para hacer frente a los gastos que generaba el primer "funcionario" de la nueva estructura. La creación de un impuesto es la señal inequívoca por la cual el nuevo organismo aspira a consolidarse como una institución de representación permanente. Incluso acordaron establecer una acción colectiva conjunta en Madrid entre los tres agentes que operaban en nombre de cada una de las "comunidades".
Los acuerdos de 1793 representan la carta fundacional del sistema de las Conferencias, y en las sucesivas actas serían la fuente de referencia y de autoridad. El carácter programático, pero también de acción de gobierno común, quedó patente en los compromisos que contrajeron cada una de las delegaciones de provincia. Las Conferencias acordaban una periodicidad anual y se constituían en Junta.
En 1794 se produjo la ofensiva de los ejércitos de la Convención Francesa y los intentos de pacto con el invasor desde un sector de la nobleza que había inspirado los acuerdos de Conferencias de 1793. Pese a la proclamación de independencia de Guipúzcoa (30), fue administrada como un país conquistado. Mientras tanto, la Junta de Merindades de Bizkaia, después del desplome de las defensas en la frontera española y de la estabilización del frente en la línea del Deba, consecuente con los acuerdos suscritos el año anterior, propuso una unión para la organización de la defensa de las tres provincias y la villa de Oñati.
Sin embargo, los representantes de Álava, en la reunión celebrada el 6 de diciembre de 1794 en Vitoria, respondieron que "solamente exigía el que se acordase entre ella y el Señorío (sin perder de vista el socorro de Gipuzkoa) un recíproco servicio para el caso de verse invadida cualquiera de las dos contratantes y que esto fuese según el numero de gentes que tenían en sus términos"(31).
Finalizada la Guerra de la Convención en 1795, cada provincia se disponía a restablecer la normalidad administrativa y política.
En primer lugar, debían liquidar la enorme deuda que habían acumulado durante la guerra, ya que, según se establecía en el Fuero, en caso de invasión las provincias asumían los gastos de defensa. En Bizkaia se firmó un acuerdo entre el Señorío y el Consulado por el que se establecía un sistema fiscal que gravaba los productos de consumo y tráfico (1796).
La Diputación extraordinaria de Gipuzkoa, el 14 de diciembre de 1796, estimó la utilidad de las Conferencias y la Junta General de Gipuzkoa reunida el siguiente año en Azpeitia acordó impulsar la Junta de comisionados de las tres provincias, para lo cual nombraron 5 comisionados. José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, el 28 de julio del mismo año se dirigió a Bizkaia y Álava pensando en "el bien que resultaría a las tres Provincias exentas en general y a cada una de ellas en particular de que se pusiesen en planta las Conferencias anuales entre los comisionados de ellas con arreglo a los capítulos preliminares formados en Bilbao el día 2 de noviembre de 1793"(32). El Diputado General de Álava, Hortuño Aguirre, apoyó la idea y asumió su responsabilidad, ya que le correspondía por turno la convocatoria de la mencionada Conferencia. Sin embargo, los Diputados Generales de Bizkaia respondieron que lo comunicarían a la Junta General, lo cual significaba el aplazamiento de la Conferencia al menos un año, ya que la Junta General debía celebrarse en julio de 1798. Los Diputados de Bizkaia se extrañaron de que la Junta General de Gipuzkoa hubiera propuesto que se le suprimiese a Bizkaia la facultad para la introducción de tabaco por mar. Además, las discrepancias entre las provincias se extendían a otras materias, tales como los impuestos sobre la vena y otros artículos de consumo que se introducían desde los puertos de Bizkaia.
Los Diputados Generales de Gipuzkoa y Álava mostraron una profunda decepción por la actitud de los Diputados Generales de Bizkaia. El 12 de septiembre de 1797 José Soroa, Diputado General de Gipuzkoa, escribía al de Álava lo siguiente: "de que tan poco aprecio va haciendo el Señorío poniéndonos en necesidad de que se rompan los apreciables vínculos de nuestra hermandad con él y que sufran los naturales de las tres comunidades las fatales consecuencias que pudiera acarrearles esta desunión". Por su lado, los Diputados Generales de Bizkaia manifestaban: "últimamente me parece haber dado siempre a V.S. (dirigiéndose a Gipuzkoa) pruebas de que deseo continuar la buena correspondencia y armonía que nos conviene. No creo haber hecho cosa alguna opuesta a sus fueros y derechos al paso que yo he experimentado lo contrario, siendo así que lejos de ir contra los respectivos fueros, debiéramos contribuir a ampliarlos en lo posible conforme al espíritu e intención uniforme de los Comisionados". Pero las Juntas Generales de Bizkaia, el 14 de julio de 1798, acordaron "que no tenía por necesaria su anual celebración, pudiéndose acordar y promover los intereses comunes por medio de una correspondencia regular y seguida entre las respectivas Diputaciones". Por otra parte, permanecía el cuadro de arbitrios que acordaron años atrás. En resumen, esta decisión suponía la ruptura, ya que Bizkaia se negaba a participar en las Conferencias y en consecuencia se negaba a negociar el cobro de los impuestos a los habitantes de las provincias hermanas.
En esa coyuntura el Diputado General de Álava Hortuño Aguirre, Marqués de Montehermoso, gestionó la convocatoria para el 11 de junio de 1799, a la que acudieron representantes de Gipuzkoa, pero no "la representación del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya como lo prometió en la últimas Conferencias"(33). En esta Conferencia recordaron la unión que ambas provincias suscribieron en 1688 y se dirigieron a los Diputados Generales de Bizkaia conminándoles a cumplir los compromisos contraídos en 1793. Ante la ambigua respuesta de Bizkaia, acordaron suspender el pago del salario del veedor de Cádiz y recargar "los géneros y efectos que pasan a su distrito (Bizkaia) desde estas Provincias". Es decir, iniciaron una estrategia de confrontación. Las Conferencias concluyeron con el firme propósito de convocarlas ajustándose al capitulado o compromiso aprobado en 1793.
Pero un factor externo va a crear las condiciones necesarias y servirá de excusa para recuperar la colaboración entre las tres hermanas: la creación por el gobierno de la Monarquía de la Junta de la Caja de Reducción de Vales Reales (deuda pública adquirida por comerciantes y nobleza)(34). La distribución que estableció la Junta preveía 1.697.500 reales a Bizkaia, 1.758.750 reales a Gipuzkoa, 1.043.750 reales a Álava.
La Junta de Merindades de Bizkaia del 9 de noviembre de 1799 acordó crear una comisión con Gipuzkoa y Álava para repartir los fondos de la Caja de Reducción y Consolidación del Crédito de los Vales Reales. El 13 y 14 de diciembre las tres comunidades celebraron una nueva Conferencia. Las diferencias de fondo subsistieron, pero se restableció de nuevo el organismo de las Conferencias como instancia de reunión y deliberación directa entre representantes de las tres Juntas Generales.
Sin embargo, el Corregidor de Gipuzkoa, Alfonso Durán, se opuso a la legalidad de acuerdo suscrito en 1799 entre Álava y Gipuzkoa, acontecimiento que desembocó en la legalización expresa de las Conferencias entre los representantes forales mediante la sanción real de las Conferencias en 1800, impulsado por el ministro Mariano Luis Urquijo.
Mariano Luis Urquijo y la Sanción Real de las Conferencias en 1800. En las Juntas Generales de Gipuzkoa, celebradas en Villafranca (Ordizia) el 12 de julio de 1799, cuando los comisionados informaron de la Conferencia mantenida con Álava y la ausencia de Bizkaia, el Corregidor Alfonso Duran mostró su sorpresa y oposición a que Gipuzkoa firmara acuerdos con otra provincia como Álava, con desconocimiento del Corregidor, y preguntó si los acuerdos que se habían informado en las Juntas Generales estaban confirmados o aprobados por S.M. el Rey, a lo cual los dirigentes de Gipuzkoa le respondieron que no(35). Para demostrar que implícitamente se hallaban legalizadas tales reuniones en Conferencias, la argumentación de los dirigentes de Gipuzkoa se realizó en los siguientes términos: "pero estas Conferencias no pueden llamarse Juntas, sino unas meditaciones o proposiciones para ser presentadas al examen de las Juntas Generales de ambas comunidades que se congregan con las aprovaciones de S.M. que expone y desea el Sr. Corregidor y no tienen ni reciven fuerza alguna sin que sean consentidas y adoptadas por ellas y por otra presente aun S.M. tiene virtualmente aprovadas estas conferencias por haber admitido los recursos hechos desde ellas en virtud de Comisión especial de las provincias sin haber mandado su cesación y siendo tan antiguas estas conferencias que ya se halla inserta".
El Corregidor, no contento con tal razonamiento, manifestó que debía "conservar ilesa la real autoridad de V.A. y proporcionar también a la Junta General mayores aciertos", y concluyó diciendo "que unas Juntas tan formales necesitaban como lo son los cuerpos que la componen Real Aprobación". Para junio estaba anunciada la celebración de la Junta anual o Conferencia, y el Corregidor deseaba que le fuera dictada por la autoridad superior la conducta que debía adoptar, pero en principio pensaba que no debía autorizar su celebración. Escribía esto el 18 de abril de 1800 y el fiscal, el 17 de mayo siguiente, informó en los siguientes términos: "poniendo en la consideración del Consejo varios reparos que encuentra en que se lleve a efecto el decreto de la referida provincia y la de Álava para celebrar anualmente y guardando alternativa en cuanto al local", y continúa: "que tales Juntas y asociaciones han sido siempre prohibidas como sujetas a infinitos inconvenientes políticos, mayormente que se tratan en ellas asuntos que tienen relación inmediata con el gobierno, como fueros y privilegios provinciales, tributos... y aun cuando se hayan autorizado circunstancialmente algunas"; el fiscal opina: "que se libre provisión al Corregidor de Guipúzcoa y al Diputado General de Álava para que en lo sucesivo no permita que se celebren tales Juntas ni otras algunas sin previa licencia del Rey o de esta superioridad". El Consejo de Gobierno (36) aceptó el razonamiento del fiscal y acordó que "tales Juntas y Asociaciones han sido generalmente prohibidas y por tanto se dicte su suspensión"; en los mismos términos le fue comunicado al Corregidor de Gipuzkoa.
El agente en Corte por Gipuzkoa, Errazquin, procuró impedir su prohibición manifestando los beneficios que reportaban tales reuniones (37). Pero fue la decidida intervención de Mariano Luis Urquijo, Secretario de Estado interino a la sazón, la que al fin logró la necesaria Sanción Real para su celebración (38). La resolución fue inmediatamente comunicada al Gobernador del Consejo y a los Diputados Generales de las tres Diputaciones.
La comunicación que dirigió, firmada y rubricada, Mariano Luis Urquijo al Gobernador del Consejo decía lo siguiente:
"En consideración a que desde tiempo inmemorial se han juntado Comisionados de las Provincias de Alaba y Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya a conferir y tratar en asuntos del Real Servicio y de interés común de las tres Comunidades, lo que se ha continuado hasta ahora que el Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa ha denunciado al Consejo el último Convenio de dicha Provincia con la de Alaba relativo a que continúen los tratados anualmente por medio de Comisionados de una y otra: ha resuelto S.M. que las tres expresadas Comunidades puedan juntarse en los términos referidos, y como se ha practicado hasta aquí en cualquiera ocasión y tiempo que lo estimen conveniente mandando al mismo tiempo al Consejo suspenda todo procedimiento sobre la delación insinuada; y declarando que esta no ha sido capaz de ofender a la inviolable pureza de sentimientos y operaciones de las Provincias de Guipúzcoa y de Alaba; lo que comunico a V.E. de Real orden para la inteligencia y cumplimiento del Consejo.
Dios guarde a V.E. en muchos años. Palacio 16 de Julio 1800"(39).
En adelante, esta Real Orden sería esgrimida como instrumento de legitimación política y las Conferencias podían asimilarse a las Juntas Generales. Además, si bien en origen el conflicto se refería al acuerdo de Gipuzkoa y Álava, la Real Orden nombra explícitamente a las tres provincias.
El acta de la Junta de Comisionados celebrada en Bilbao el 19 de diciembre de 1800 evoca la nueva situación jurídica que habían alcanzado las mencionadas reuniones. No utilizaron el argumento histórico de la tradición inmemorial, sino el de "congregados según el convenio aprobado por su Majestad en su real orden de 16 de Julio de este año". El primer acuerdo que adoptaron consistía en lo siguiente: "que continúen las Juntas y Conferencias que se consideren necesarias para que en todos los asuntos y negocios de común y recíproco interés procedan las Provincias armoniosamente con la unión y conformidad que conducen para lograr el acierto a que aspiran en todas sus resoluciones con arreglo al capitulo 18 de las Conferencias de dos de noviembre de 1793" (el mencionado capítulo insiste en la acción común frente a las reales órdenes transmitidas a cualquiera de las tres provincias). Además, acordaron enviar colectivamente una representación al Rey exponiendo la crisis de la economía vasca como consecuencia del cordón arancelario que se había establecido en sus límites interiores.
Las Conferencias de 1801 abordaron de nuevo los problemas intraprovinciales pendientes: los impuestos que se exigían en Bizkaia sobre el mineral de hierro y demás artículos de importación consumidos por los habitantes de Gipuzkoa y Álava, que no tuvieron resolución alguna. Estas provincias no conseguían una carta de naturaleza que les equiparara a los Bizkaia. En el tema de las hidalguías y avecindamientos, a pesar de que en 1800 Álava y Gipuzkoa habían establecido un mutuo reconocimiento, no serían aceptados como hidalgos, es decir, en igualdad de derechos que los habitantes de Bizkaia, hasta 1816.
En 1801 también se produjo un acuerdo entre las tres provincias para la entrega de los reos que la Justicia reclamase. Comenzaba a forjarse un espacio judicial común (40).
El tema de la contribución al ejército de tierra era motivo de preocupación para las autoridades forales. En 1803, en nombre del Rey, solicitaron a las provincias exentas (Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra) dos mil hombres para el ejército. Este servicio fue completado con leva de mendigos y vagos (41). Existió coordinación entre las cuatro provincias, pero no consta un acta de reunión.
El Diputado General de Álava, José Joaquín Salazar, de nuevo trató de tomar la iniciativa en 1804 para recuperar la convocatoria ordinaria de las Conferencias "para recobrar nuestras franquezas abolidas o limitadas así por modernas Reales Órdenes, como por acuerdos del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya" (42). De su interpretación podemos deducir que una de las provincias hermanas también contribuía a destruir los principios del ordenamiento foral alavés, que aspiraba a equiparse con los derechos que gozaban los vizcainos en su territorio. El cuadro de agravios podría resumirse en los siguientes puntos:
1.- Que se exima al tabaco que se introduce en Álava con destino al consumo interior.
2.- Que la vena de Somorrostro no sea gravada para "las pocas ferrerías" que funcionan en Álava. Además este impuesto aumentó en 1796 y en sucesivos años, de manera que en 1806 llegaba a 1 real por quintal de vena exportada.
3.- Que el Rey "restituya la franqueza de introducir moneda ganados y frutos de Castilla".
4.- Que se puedan transportar los productos manufacturados a Castilla libres de impuestos de extranjería.
En Bizkaia, después de los acontecimientos de la Zamacolada (1804), la Diputación no estaba en condiciones de emprender acciones políticas comunes, ya que se impuso, entre otras medidas un riguroso control militar de las instituciones.
Tanto las iniciativas de 1804 como las de 1806 para convocar una Conferencia no tuvieron éxito. Con las guerras napoleónicas se cerraba un ciclo de Conferencias políticas, concretamente la fase del surgimiento.
El Corregidor, no contento con tal razonamiento, manifestó que debía "conservar ilesa la real autoridad de V.A. y proporcionar también a la Junta General mayores aciertos", y concluyó diciendo "que unas Juntas tan formales necesitaban como lo son los cuerpos que la componen Real Aprobación". Para junio estaba anunciada la celebración de la Junta anual o Conferencia, y el Corregidor deseaba que le fuera dictada por la autoridad superior la conducta que debía adoptar, pero en principio pensaba que no debía autorizar su celebración. Escribía esto el 18 de abril de 1800 y el fiscal, el 17 de mayo siguiente, informó en los siguientes términos: "poniendo en la consideración del Consejo varios reparos que encuentra en que se lleve a efecto el decreto de la referida provincia y la de Álava para celebrar anualmente y guardando alternativa en cuanto al local", y continúa: "que tales Juntas y asociaciones han sido siempre prohibidas como sujetas a infinitos inconvenientes políticos, mayormente que se tratan en ellas asuntos que tienen relación inmediata con el gobierno, como fueros y privilegios provinciales, tributos... y aun cuando se hayan autorizado circunstancialmente algunas"; el fiscal opina: "que se libre provisión al Corregidor de Guipúzcoa y al Diputado General de Álava para que en lo sucesivo no permita que se celebren tales Juntas ni otras algunas sin previa licencia del Rey o de esta superioridad". El Consejo de Gobierno (36) aceptó el razonamiento del fiscal y acordó que "tales Juntas y Asociaciones han sido generalmente prohibidas y por tanto se dicte su suspensión"; en los mismos términos le fue comunicado al Corregidor de Gipuzkoa.
El agente en Corte por Gipuzkoa, Errazquin, procuró impedir su prohibición manifestando los beneficios que reportaban tales reuniones (37). Pero fue la decidida intervención de Mariano Luis Urquijo, Secretario de Estado interino a la sazón, la que al fin logró la necesaria Sanción Real para su celebración (38). La resolución fue inmediatamente comunicada al Gobernador del Consejo y a los Diputados Generales de las tres Diputaciones.
La comunicación que dirigió, firmada y rubricada, Mariano Luis Urquijo al Gobernador del Consejo decía lo siguiente:
"En consideración a que desde tiempo inmemorial se han juntado Comisionados de las Provincias de Alaba y Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya a conferir y tratar en asuntos del Real Servicio y de interés común de las tres Comunidades, lo que se ha continuado hasta ahora que el Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa ha denunciado al Consejo el último Convenio de dicha Provincia con la de Alaba relativo a que continúen los tratados anualmente por medio de Comisionados de una y otra: ha resuelto S.M. que las tres expresadas Comunidades puedan juntarse en los términos referidos, y como se ha practicado hasta aquí en cualquiera ocasión y tiempo que lo estimen conveniente mandando al mismo tiempo al Consejo suspenda todo procedimiento sobre la delación insinuada; y declarando que esta no ha sido capaz de ofender a la inviolable pureza de sentimientos y operaciones de las Provincias de Guipúzcoa y de Alaba; lo que comunico a V.E. de Real orden para la inteligencia y cumplimiento del Consejo.
Dios guarde a V.E. en muchos años. Palacio 16 de Julio 1800"(39).
En adelante, esta Real Orden sería esgrimida como instrumento de legitimación política y las Conferencias podían asimilarse a las Juntas Generales. Además, si bien en origen el conflicto se refería al acuerdo de Gipuzkoa y Álava, la Real Orden nombra explícitamente a las tres provincias.
El acta de la Junta de Comisionados celebrada en Bilbao el 19 de diciembre de 1800 evoca la nueva situación jurídica que habían alcanzado las mencionadas reuniones. No utilizaron el argumento histórico de la tradición inmemorial, sino el de "congregados según el convenio aprobado por su Majestad en su real orden de 16 de Julio de este año". El primer acuerdo que adoptaron consistía en lo siguiente: "que continúen las Juntas y Conferencias que se consideren necesarias para que en todos los asuntos y negocios de común y recíproco interés procedan las Provincias armoniosamente con la unión y conformidad que conducen para lograr el acierto a que aspiran en todas sus resoluciones con arreglo al capitulo 18 de las Conferencias de dos de noviembre de 1793" (el mencionado capítulo insiste en la acción común frente a las reales órdenes transmitidas a cualquiera de las tres provincias). Además, acordaron enviar colectivamente una representación al Rey exponiendo la crisis de la economía vasca como consecuencia del cordón arancelario que se había establecido en sus límites interiores.
Las Conferencias de 1801 abordaron de nuevo los problemas intraprovinciales pendientes: los impuestos que se exigían en Bizkaia sobre el mineral de hierro y demás artículos de importación consumidos por los habitantes de Gipuzkoa y Álava, que no tuvieron resolución alguna. Estas provincias no conseguían una carta de naturaleza que les equiparara a los Bizkaia. En el tema de las hidalguías y avecindamientos, a pesar de que en 1800 Álava y Gipuzkoa habían establecido un mutuo reconocimiento, no serían aceptados como hidalgos, es decir, en igualdad de derechos que los habitantes de Bizkaia, hasta 1816.
En 1801 también se produjo un acuerdo entre las tres provincias para la entrega de los reos que la Justicia reclamase. Comenzaba a forjarse un espacio judicial común (40).
El tema de la contribución al ejército de tierra era motivo de preocupación para las autoridades forales. En 1803, en nombre del Rey, solicitaron a las provincias exentas (Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra) dos mil hombres para el ejército. Este servicio fue completado con leva de mendigos y vagos (41). Existió coordinación entre las cuatro provincias, pero no consta un acta de reunión.
El Diputado General de Álava, José Joaquín Salazar, de nuevo trató de tomar la iniciativa en 1804 para recuperar la convocatoria ordinaria de las Conferencias "para recobrar nuestras franquezas abolidas o limitadas así por modernas Reales Órdenes, como por acuerdos del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya" (42). De su interpretación podemos deducir que una de las provincias hermanas también contribuía a destruir los principios del ordenamiento foral alavés, que aspiraba a equiparse con los derechos que gozaban los vizcainos en su territorio. El cuadro de agravios podría resumirse en los siguientes puntos:
1.- Que se exima al tabaco que se introduce en Álava con destino al consumo interior.
2.- Que la vena de Somorrostro no sea gravada para "las pocas ferrerías" que funcionan en Álava. Además este impuesto aumentó en 1796 y en sucesivos años, de manera que en 1806 llegaba a 1 real por quintal de vena exportada.
3.- Que el Rey "restituya la franqueza de introducir moneda ganados y frutos de Castilla".
4.- Que se puedan transportar los productos manufacturados a Castilla libres de impuestos de extranjería.
En Bizkaia, después de los acontecimientos de la Zamacolada (1804), la Diputación no estaba en condiciones de emprender acciones políticas comunes, ya que se impuso, entre otras medidas un riguroso control militar de las instituciones.
Tanto las iniciativas de 1804 como las de 1806 para convocar una Conferencia no tuvieron éxito. Con las guerras napoleónicas se cerraba un ciclo de Conferencias políticas, concretamente la fase del surgimiento.
Consolidación de las Conferencias como órgano común de dirección política (1814-1876). Las Conferencias de 1816 suponen la recuperación de un marco de referencia y de opinión superior a las formaciones políticas, estructuradas en torno a las Juntas Generales de provincia, e inferior al Consejo de Castilla y al Rey, así como un punto de encuentro y reunión para la armonización de los criterios ante problemáticas internas comunes o para responder de forma conjunta a las iniciativas del Gobierno Monárquico. Durante el trienio liberal, abolido el régimen foral, las diputaciones provinciales se reunieron en Conferencia para acordar las cuestiones hacendísticas y fiscales.
A partir de 1823 el contenido de las actas de las Conferencias expone una problemática más compleja. El nuevo gobierno absolutista impulsó con mayor énfasis si cabe el poder absoluto del rey al tiempo que inauguraban reformas administrativas que conculcaban los poderes de las Diputaciones forales. Las Conferencias adquirieron un mayor relieve, hasta el punto que en las Conferencias de Mondragón de 1828 se debatieron los programas de reactivación económica, institucional y de difusión de la lengua vasca. El poder público vasco emergía como alternativa común a los tres territorios. Los acuerdos de las Conferencias adquirieron mayor énfasis referencial para la actividad ordinaria de cada una de las Diputaciones. La perspectiva de una reunión anual fue superada por la urgencia de los acontecimientos. Además, a medida que avanzaba el siglo, las Diputaciones de cada provincia percibían las limitaciones inherentes a su estructura provincial para abordar los servicios que la sociedad demandaba. Los "bascongados" aparecen en tanto sujeto político con derechos y deberes derivados de los Fueros, considerados en términos generales como Fueros semejantes y comunes a las tres provincias. Pero esto sólo podía ser cierto en la medida que se reconociera a los Fueros una dimensión de derecho público.
En el periodo de 1816 a 1833 las actas de las Conferencias dejan constancia de los siguientes temas:
- Problemas para la reactivación de la economía productiva.
- Definición de un cuerpo teórico fuerista y antiliberal para legitimar el poder político de las instituciones vascas, su "existencia política" en el marco de la Monarquía absoluta.
- Aduanas interiores, exención del servicio militar terrestre y la exención fiscal.
En 1818 en una de las actas de las Conferencias se manifestaba "que se restablezca el sistema foral", es decir, se extendió una sensación de progresivo quebranto del Régimen Foral.
A partir de 1834, comenzaron a publicarse las formulaciones jurídicas y políticas en favor de la compatibilidad del sistema foral y del régimen constitucional liberal, es decir el reconocimiento de la dimensión de derecho público a los Fueros. Durante la guerra se forjó el nacimiento del fuerismo liberal en términos genéricos, la fuerza ideológica y política que dominará en los siguientes 30 años. Esta formulación fue elaborada por los consultores de Bizkaia y Alava, Casimiro Loizaga y Blas Lopez con el concurso de otros personajes como F.Otazu o I. Ortes de Velasco (43).
La Ley de 25 de Octubre de 1839 permitió la introducción del régimen foral y su discurso político en los términos constitucionales del nuevo Estado-nación español. Los Fueros vascos eran reconocidos, pero debían ser modificados o adaptados al marco de la Constitución de 1837.
Durante el período comprendido entre 1839 y 1876, las Conferencias comunes se convirtieron en el organismo político que dirigió la política de arreglos forales. Frente a los intentos del poder central de establecer arreglos provinciales, siguiendo el modelo acordado con Navarra en 1841, los poderes públicos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, realizaron una política de intervención política común.
La política de convergencia también se institucionalizó en Madrid. En 1825 se acentuó la costumbre de coordinación entre los comisionados en Corte de las provincias vascas y a partir de 1840 se consolidaron estas reuniones entre los comisionados en Corte de las provincias vascas y se sumaron también los parlamentarios elegidos en los distritos electorales vascos.
Además instituyeron un día para recordar y conmemorar la fecha del convenio de Bergara. Este acto contribuyó mediante la acción simbólica y ritual a estrechar los lazos entre las tres provincias.
Entre 1839 y 1852 el arreglo foral o la modificación del régimen político y administrativo foral fue el tema que prevaleció en las Conferencias. Además acordaron en 1847 la concesión de premios literarios e históricos referidos al País Vasco-Navarro, la creación de un instituto vascongado en Bergara; pero Bilbao y Vitoria disponían de su propio proyecto de instituto, por lo que el de Bergara quedaba a merced de la Diputación de Gipuzkoa.
Frente al nuevo sistema tributario propugnaron la continuidad del sistema de los donativos ocasionales, una especie de cupo contributivo ya que computando los gastos de culto y clero que realizaban las Diputaciones en lugar del Estado, que compensaba la contribución que les atribuían los presupuestos generales del Estado.
Las Conferencias llegaron a representar un gobierno confederal a nivel de las tres provincias vascongadas. Las actas reflejan los acuerdos unánimes y las opiniones que debían prevalecer en la orientación de gobierno en cada una de las tres provincias. El proceso de decisión en temas políticos generales se transfiere de cada una de las Diputaciones a las Conferencias.
El temario de las Conferencias de noviembre de 1857 descubre la nueva función de gobierno que progresivamente adquirieron las reuniones: organización municipal, instrucción primaria, notariados, estadística, vías férreas y desamortización civil. La Reina era la instancia máxima a la que se dirigían las representaciones colectivas, en calidad de tribunal de apelación. Estos escritos también servían como mecanismo de consenso político entre los dirigentes de las tres provincias. Entre los temas que mayor polémica generaron se encuentra la aplicación de la Ley de Instrucción Pública de Moyano, que no reconocía las especificidades lingüísticas y culturales del País Vasco. Desde 1855 R. Ortiz de Zárate formuló una teoría sobre la política vascongada, según la cual los representantes vascos deberían anteponer los intereses del país a los propios, ya fuesen de partido o individuales. Además, junto a Nicasio Zabalza, vicepresidente ( por cuanto el jefe político ocupaba el cargo de presidente) de la Diputación provincial de Navarra, idearon la política de Laurac bat, la articulación político-administrativa de los cuatro territorios forales.
Las Conferencias de 1859 definieron el carácter de sus reuniones como "parte del régimen foral" y en 1865 serán calificadas como la instancia de "conservación de sus instituciones". Se puede afirmar que el proyecto de 1793 aparece ya como asumido y plenamente coronado en 1859.
Sin embargo, el 7 de julio de 1859 el Ministro de la Gobernación J. Posada Herrera prohibió cualquier reunión en Conferencias que no tuviera el expreso permiso del Gobernador. Su argumentación era la siguiente: "suponer que las Diputaciones forales de las Provincias Vascongadas, pueden reunirse cuando, como y donde les parezca para tratar de los asuntos que le acomode sin intervención de los Gobernadores sería sostener el principio absurdo y mas que absurdo peligroso e imposible en toda buena administración de que puede haber un Estado dentro de otro Estado y negar al Gobierno por consiguiente el derecho que la constitución y las leyes le dan de suprema vigilancia en todos los ramos de la administración" (44).
Las autoridades forales recurrieron a la Reina. Apelaban que las Conferencias eran reuniones privadas, que sus deliberaciones se sometían a las Juntas Generales y que la R.O. del l6 de junio de 1800 las sancionaba, siendo vigente la sanción por la ley del 25.X.1839. La Reina por Orden Real de 15 de febrero de 1861 desestimó los argumentos de las Diputaciones por la cual, siempre que se reúnan las Diputaciones, "ha de ser con conocimiento del Gobernador de la Provincia", porque tales reuniones tienen "verdadero carácter político" (45). Mientras transcurría este debate los dirigentes forales mostraron coetáneamente su apoyo y colaboración a los proyectos de Estado, realizando manifestaciones tales como que defenderán los sagrados intereses de la Nación: el trono, la religión, la libertad y el "decoro español" . En este sentido acordaron el apoyo económico y militar a la Guerra de Marruecos y más tarde en la de Cuba, para "contribuir al mantenimiento del nombre español".
El periodo del Sexenio Democrático fue pródigo en Conferencias. Se puede afirmar que en el País Vasco había nacido y consolidado una renovada conciencia de autogobierno político y administrativo en el marco constitucional español.
La Ley del 21 de Julio de 1876 y su aplicación significaron el fin del consenso y el nacimiento de nuevas reflexiones sobre el autogobierno, la inserción o integración en el Estado español. Los discursos nacionalitarios de inspiración españolista y/o vasquista, irrumpieron con vigor en el seno de la sociedad vasca.
A partir de 1823 el contenido de las actas de las Conferencias expone una problemática más compleja. El nuevo gobierno absolutista impulsó con mayor énfasis si cabe el poder absoluto del rey al tiempo que inauguraban reformas administrativas que conculcaban los poderes de las Diputaciones forales. Las Conferencias adquirieron un mayor relieve, hasta el punto que en las Conferencias de Mondragón de 1828 se debatieron los programas de reactivación económica, institucional y de difusión de la lengua vasca. El poder público vasco emergía como alternativa común a los tres territorios. Los acuerdos de las Conferencias adquirieron mayor énfasis referencial para la actividad ordinaria de cada una de las Diputaciones. La perspectiva de una reunión anual fue superada por la urgencia de los acontecimientos. Además, a medida que avanzaba el siglo, las Diputaciones de cada provincia percibían las limitaciones inherentes a su estructura provincial para abordar los servicios que la sociedad demandaba. Los "bascongados" aparecen en tanto sujeto político con derechos y deberes derivados de los Fueros, considerados en términos generales como Fueros semejantes y comunes a las tres provincias. Pero esto sólo podía ser cierto en la medida que se reconociera a los Fueros una dimensión de derecho público.
En el periodo de 1816 a 1833 las actas de las Conferencias dejan constancia de los siguientes temas:
- Problemas para la reactivación de la economía productiva.
- Definición de un cuerpo teórico fuerista y antiliberal para legitimar el poder político de las instituciones vascas, su "existencia política" en el marco de la Monarquía absoluta.
- Aduanas interiores, exención del servicio militar terrestre y la exención fiscal.
En 1818 en una de las actas de las Conferencias se manifestaba "que se restablezca el sistema foral", es decir, se extendió una sensación de progresivo quebranto del Régimen Foral.
A partir de 1834, comenzaron a publicarse las formulaciones jurídicas y políticas en favor de la compatibilidad del sistema foral y del régimen constitucional liberal, es decir el reconocimiento de la dimensión de derecho público a los Fueros. Durante la guerra se forjó el nacimiento del fuerismo liberal en términos genéricos, la fuerza ideológica y política que dominará en los siguientes 30 años. Esta formulación fue elaborada por los consultores de Bizkaia y Alava, Casimiro Loizaga y Blas Lopez con el concurso de otros personajes como F.Otazu o I. Ortes de Velasco (43).
La Ley de 25 de Octubre de 1839 permitió la introducción del régimen foral y su discurso político en los términos constitucionales del nuevo Estado-nación español. Los Fueros vascos eran reconocidos, pero debían ser modificados o adaptados al marco de la Constitución de 1837.
Durante el período comprendido entre 1839 y 1876, las Conferencias comunes se convirtieron en el organismo político que dirigió la política de arreglos forales. Frente a los intentos del poder central de establecer arreglos provinciales, siguiendo el modelo acordado con Navarra en 1841, los poderes públicos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, realizaron una política de intervención política común.
La política de convergencia también se institucionalizó en Madrid. En 1825 se acentuó la costumbre de coordinación entre los comisionados en Corte de las provincias vascas y a partir de 1840 se consolidaron estas reuniones entre los comisionados en Corte de las provincias vascas y se sumaron también los parlamentarios elegidos en los distritos electorales vascos.
Además instituyeron un día para recordar y conmemorar la fecha del convenio de Bergara. Este acto contribuyó mediante la acción simbólica y ritual a estrechar los lazos entre las tres provincias.
Entre 1839 y 1852 el arreglo foral o la modificación del régimen político y administrativo foral fue el tema que prevaleció en las Conferencias. Además acordaron en 1847 la concesión de premios literarios e históricos referidos al País Vasco-Navarro, la creación de un instituto vascongado en Bergara; pero Bilbao y Vitoria disponían de su propio proyecto de instituto, por lo que el de Bergara quedaba a merced de la Diputación de Gipuzkoa.
Frente al nuevo sistema tributario propugnaron la continuidad del sistema de los donativos ocasionales, una especie de cupo contributivo ya que computando los gastos de culto y clero que realizaban las Diputaciones en lugar del Estado, que compensaba la contribución que les atribuían los presupuestos generales del Estado.
Las Conferencias llegaron a representar un gobierno confederal a nivel de las tres provincias vascongadas. Las actas reflejan los acuerdos unánimes y las opiniones que debían prevalecer en la orientación de gobierno en cada una de las tres provincias. El proceso de decisión en temas políticos generales se transfiere de cada una de las Diputaciones a las Conferencias.
El temario de las Conferencias de noviembre de 1857 descubre la nueva función de gobierno que progresivamente adquirieron las reuniones: organización municipal, instrucción primaria, notariados, estadística, vías férreas y desamortización civil. La Reina era la instancia máxima a la que se dirigían las representaciones colectivas, en calidad de tribunal de apelación. Estos escritos también servían como mecanismo de consenso político entre los dirigentes de las tres provincias. Entre los temas que mayor polémica generaron se encuentra la aplicación de la Ley de Instrucción Pública de Moyano, que no reconocía las especificidades lingüísticas y culturales del País Vasco. Desde 1855 R. Ortiz de Zárate formuló una teoría sobre la política vascongada, según la cual los representantes vascos deberían anteponer los intereses del país a los propios, ya fuesen de partido o individuales. Además, junto a Nicasio Zabalza, vicepresidente ( por cuanto el jefe político ocupaba el cargo de presidente) de la Diputación provincial de Navarra, idearon la política de Laurac bat, la articulación político-administrativa de los cuatro territorios forales.
Las Conferencias de 1859 definieron el carácter de sus reuniones como "parte del régimen foral" y en 1865 serán calificadas como la instancia de "conservación de sus instituciones". Se puede afirmar que el proyecto de 1793 aparece ya como asumido y plenamente coronado en 1859.
Sin embargo, el 7 de julio de 1859 el Ministro de la Gobernación J. Posada Herrera prohibió cualquier reunión en Conferencias que no tuviera el expreso permiso del Gobernador. Su argumentación era la siguiente: "suponer que las Diputaciones forales de las Provincias Vascongadas, pueden reunirse cuando, como y donde les parezca para tratar de los asuntos que le acomode sin intervención de los Gobernadores sería sostener el principio absurdo y mas que absurdo peligroso e imposible en toda buena administración de que puede haber un Estado dentro de otro Estado y negar al Gobierno por consiguiente el derecho que la constitución y las leyes le dan de suprema vigilancia en todos los ramos de la administración" (44).
Las autoridades forales recurrieron a la Reina. Apelaban que las Conferencias eran reuniones privadas, que sus deliberaciones se sometían a las Juntas Generales y que la R.O. del l6 de junio de 1800 las sancionaba, siendo vigente la sanción por la ley del 25.X.1839. La Reina por Orden Real de 15 de febrero de 1861 desestimó los argumentos de las Diputaciones por la cual, siempre que se reúnan las Diputaciones, "ha de ser con conocimiento del Gobernador de la Provincia", porque tales reuniones tienen "verdadero carácter político" (45). Mientras transcurría este debate los dirigentes forales mostraron coetáneamente su apoyo y colaboración a los proyectos de Estado, realizando manifestaciones tales como que defenderán los sagrados intereses de la Nación: el trono, la religión, la libertad y el "decoro español" . En este sentido acordaron el apoyo económico y militar a la Guerra de Marruecos y más tarde en la de Cuba, para "contribuir al mantenimiento del nombre español".
El periodo del Sexenio Democrático fue pródigo en Conferencias. Se puede afirmar que en el País Vasco había nacido y consolidado una renovada conciencia de autogobierno político y administrativo en el marco constitucional español.
La Ley del 21 de Julio de 1876 y su aplicación significaron el fin del consenso y el nacimiento de nuevas reflexiones sobre el autogobierno, la inserción o integración en el Estado español. Los discursos nacionalitarios de inspiración españolista y/o vasquista, irrumpieron con vigor en el seno de la sociedad vasca.
Las Conferencias en tiempos del concierto económico-administrativo 1878-1936. En 1877 la conciencia de derrota se extendió no solamente entre los derrotados carlistas, sino paradójicamente también entre los sectores liberales del País Vasco que, después de haber apoyado la legalidad y combatir a los carlistas, fueron políticamente penados con la aplicación de la Ley de 21 de Julio de 1876. En adelante quedaban suspendidas las Juntas Generales, la pervivencia del Derecho Público Foral, y las instituciones forales derivadas de las mismas, siendo sustituidas las Juntas por las Diputaciones provinciales. Las Conferencias de las Diputaciones Forales fueron prohibidas. Pero a pesar de sus limitaciones la inercia socio-política de los poderes tradicionales y la voluntad de los dirigentes políticos pudo más que el centralismo legal.
Los nuevos diputados provinciales también sintieron la necesidad de coordinar su política, y así, en 1878, se reanudó la costumbre de las Conferencias de las nuevas diputaciones provinciales con algunas de las formalidades tradicionales. Ahora bien, la ruptura legal que provocó la Ley de 21 de Julio de 1876 también condicionó el carácter y el contenido de las Conferencias. Desde la aprobación tácita del sistema de Conciertos económico-administrativos, las reuniones de las Conferencias se convirtieron, por un lado, en un encuentro de carácter más técnico que político, con la única finalidad de armonizar las diferentes posturas frente a la administración central. Por otro lado, la inseguridad jurídica de la nueva coyuntura era palpable. Es por ello que algunos diputados comienzan a calificar la citada Ley de 21 de Julio de 1876 en términos de modificadora de los fueros, en lugar de derogatoria, para que de ese modo el sistema de Conciertos pudiera obtener una legitimidad histórica. Pero la ruptura jurídico-institucional parecía incuestionable, puesto que faltaba la instancia que podría haber legitimado los cambios, las Juntas Generales. En 1886 la elite vasca aspiraba a lograr la solidez jurídica de la autonomía administrativa, en un sentido similar al de Navarra.
En 1906 consiguieron firmar un concierto a 20 años vista y, asegurada la autonomía tributaria, las Diputaciones provinciales se plantearon iniciar la reclamación de la autonomía político-administrativa, esfera en la cual las facultades habían quedado seriamente mermadas. La idea de volver al estado de derecho perdido ("reintegración de su estado de derecho", "derechos de Vasconia" y "vida propia" son algunas de las expresiones que se repetían) subyace en las opiniones de la mayoría de los diputados durante los dos primeros decenios del siglo XX. (46)
En 1907 la Conferencia fue titulada "Asamblea". No era un lapsus, sino más bien el reconocimiento de una nueva realidad política.
El Mensaje de las Diputaciones provinciales al Gobierno, acordado en sesión ordinaria de una de las Conferencias, el 16 de Julio de 1917 en Vitoria, se titulaba Asamblea y actualizaba el enviado en 1904. En su contenido se dibujó el primer proyecto moderno de autonomía integral, una vía intermedia entre la reintegración foral y la autonomía fiscal-administrativa. C. Echegaray, cronista de la Provincias Vascongadas, y que a la sazón realizaba las antiguas funciones encomendadas a los consultores fue el redactor del texto básico. Véase MENSAJE DE LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS AL GOBIERNO DE SU MAGESTAD. En 1904 se interpretó por primera vez la idea de que el Concierto no era una concesión, sino un derecho del país.
En consecuencia, desde la práctica común de las Conferencias se articuló la plataforma autonomista; la "reivindicación total del sistema foral" sería un objetivo que siempre estuvo presente en la mente de la mayoría de los Diputados desde 1885. En Bizkaia se elaboró en 1917 el proyecto de Estatuto orgánico de la autonomía vasca. Y ante el fracaso del mismo, Ramón de la Sota propuso en 1920 la creación de un Consejo regional o administrativo, un paso intermedio entre el sistema de Conferencias y el Estatuto de Autonomía.
Este periodo se caracteriza también por una conjunción y colaboración con Navarra más intensa.
Desde 1897 se habían suscrito representaciones colectivas al Gobierno central por las "cuatro diputaciones hermanas". En 1899 las Conferencias se reunieron por primera vez en Pamplona y se habló en términos de Región foral referida a las "cuatro diputaciones hermanas". Parecía como si la idea del Laurac bat renaciera por razones prácticas de índole política. El objetivo no era otro que el de acumular fuerzas frente a la acción uniformizadora de los Ministros de Hacienda en aspectos tales como la tributación y la autonomía fiscal. Hubo proyectos comunes de las cuatro Diputaciones, por ejemplo, el de la creación de una Escuela de Agricultura; pero el único que prosperó fue el de la fundación de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza en 1918 para la inmediata consecución de la universidad vasca. En junio representantes oficiales de la Diputación de Navarra se desplazaron a Bilbao para participar directamente en la preparación del I Congreso de Estudios Vascos en Oñati (47).
En las Conferencias celebradas a partir de 1931 la participación de Navarra puede calificarse como de ordinaria y plenamente integrada.. Las actas de las Conferencias exhiben temas de carácter técnico-tributario. La formulación de los Estatutos de autonomía vació de contenido netamente político-ideológico a las Conferencias, pero el diseño implícito que conllevaba el sistema de Conferencias fue reflejado en la redacción del Estatuto sometido a plebiscito en 1933.
Durante la fase de los Conciertos económicos los protagonistas de las Conferencias eran los diputados de las Diputaciones provinciales. Pertenecían, sobre todo en Bizkaia, a la burguesía industrial, si bien perduró la presencia de los viejos terratenientes de título nobiliario.
Los nuevos diputados provinciales también sintieron la necesidad de coordinar su política, y así, en 1878, se reanudó la costumbre de las Conferencias de las nuevas diputaciones provinciales con algunas de las formalidades tradicionales. Ahora bien, la ruptura legal que provocó la Ley de 21 de Julio de 1876 también condicionó el carácter y el contenido de las Conferencias. Desde la aprobación tácita del sistema de Conciertos económico-administrativos, las reuniones de las Conferencias se convirtieron, por un lado, en un encuentro de carácter más técnico que político, con la única finalidad de armonizar las diferentes posturas frente a la administración central. Por otro lado, la inseguridad jurídica de la nueva coyuntura era palpable. Es por ello que algunos diputados comienzan a calificar la citada Ley de 21 de Julio de 1876 en términos de modificadora de los fueros, en lugar de derogatoria, para que de ese modo el sistema de Conciertos pudiera obtener una legitimidad histórica. Pero la ruptura jurídico-institucional parecía incuestionable, puesto que faltaba la instancia que podría haber legitimado los cambios, las Juntas Generales. En 1886 la elite vasca aspiraba a lograr la solidez jurídica de la autonomía administrativa, en un sentido similar al de Navarra.
En 1906 consiguieron firmar un concierto a 20 años vista y, asegurada la autonomía tributaria, las Diputaciones provinciales se plantearon iniciar la reclamación de la autonomía político-administrativa, esfera en la cual las facultades habían quedado seriamente mermadas. La idea de volver al estado de derecho perdido ("reintegración de su estado de derecho", "derechos de Vasconia" y "vida propia" son algunas de las expresiones que se repetían) subyace en las opiniones de la mayoría de los diputados durante los dos primeros decenios del siglo XX. (46)
En 1907 la Conferencia fue titulada "Asamblea". No era un lapsus, sino más bien el reconocimiento de una nueva realidad política.
El Mensaje de las Diputaciones provinciales al Gobierno, acordado en sesión ordinaria de una de las Conferencias, el 16 de Julio de 1917 en Vitoria, se titulaba Asamblea y actualizaba el enviado en 1904. En su contenido se dibujó el primer proyecto moderno de autonomía integral, una vía intermedia entre la reintegración foral y la autonomía fiscal-administrativa. C. Echegaray, cronista de la Provincias Vascongadas, y que a la sazón realizaba las antiguas funciones encomendadas a los consultores fue el redactor del texto básico. Véase MENSAJE DE LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS AL GOBIERNO DE SU MAGESTAD. En 1904 se interpretó por primera vez la idea de que el Concierto no era una concesión, sino un derecho del país.
En consecuencia, desde la práctica común de las Conferencias se articuló la plataforma autonomista; la "reivindicación total del sistema foral" sería un objetivo que siempre estuvo presente en la mente de la mayoría de los Diputados desde 1885. En Bizkaia se elaboró en 1917 el proyecto de Estatuto orgánico de la autonomía vasca. Y ante el fracaso del mismo, Ramón de la Sota propuso en 1920 la creación de un Consejo regional o administrativo, un paso intermedio entre el sistema de Conferencias y el Estatuto de Autonomía.
Este periodo se caracteriza también por una conjunción y colaboración con Navarra más intensa.
Desde 1897 se habían suscrito representaciones colectivas al Gobierno central por las "cuatro diputaciones hermanas". En 1899 las Conferencias se reunieron por primera vez en Pamplona y se habló en términos de Región foral referida a las "cuatro diputaciones hermanas". Parecía como si la idea del Laurac bat renaciera por razones prácticas de índole política. El objetivo no era otro que el de acumular fuerzas frente a la acción uniformizadora de los Ministros de Hacienda en aspectos tales como la tributación y la autonomía fiscal. Hubo proyectos comunes de las cuatro Diputaciones, por ejemplo, el de la creación de una Escuela de Agricultura; pero el único que prosperó fue el de la fundación de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza en 1918 para la inmediata consecución de la universidad vasca. En junio representantes oficiales de la Diputación de Navarra se desplazaron a Bilbao para participar directamente en la preparación del I Congreso de Estudios Vascos en Oñati (47).
En las Conferencias celebradas a partir de 1931 la participación de Navarra puede calificarse como de ordinaria y plenamente integrada.. Las actas de las Conferencias exhiben temas de carácter técnico-tributario. La formulación de los Estatutos de autonomía vació de contenido netamente político-ideológico a las Conferencias, pero el diseño implícito que conllevaba el sistema de Conferencias fue reflejado en la redacción del Estatuto sometido a plebiscito en 1933.
Durante la fase de los Conciertos económicos los protagonistas de las Conferencias eran los diputados de las Diputaciones provinciales. Pertenecían, sobre todo en Bizkaia, a la burguesía industrial, si bien perduró la presencia de los viejos terratenientes de título nobiliario.
Conclusión. La lectura de las actas de las Conferencias permite el conocimiento de las diversas interpretaciones que se han realizado sobre los derechos históricos vascos y su actualización. En realidad es una oportunidad para evaluar el grado de actualización que alcanzaron durante un determinado sistema constitucional así como las limitaciones de la dogmática jurídica para captar las cambiantes realidades sociopolíticas. Es posible, sin anacronismos, ponderar y medir el nivel de desarrollo teórico, ideológico y práctico logrado por el sistema foral en un periodo tan intenso y dilatado como el comprendido entre 1775 y 1936.Evidentemente lo que no podemos encontrar es referencia puntual al enorme desarrollo que ha conocido la problemática administrativa en los tiempos presentes tal y como reflejan las tareas públicas que han asumido los Estados modernos; pero qué duda cabe que subyace una filosofía o visión política. Entiendo que los orígenes y formación de las diversas culturas políticas, entre ellas las de los nacionalismos español y vasco en el País Vasco, pueden y deben ser reinterpretadas a la luz de esta fabulosa experiencia político-institucional que significó la organización de las Conferencias.
Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA
Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA
La colección de las actas de Conferencias, con excepción de las encontradas recientemente, puede consultarse en Agirreazkuenaga, J. (ed.): La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), Bilbao, Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, 1995, 2 vol.
Notas. 1.- Para el conocimiento de la historiografía y la emergencia de la "nacionalidad vasca" en los medios intelectuales y literarios de Bayona durante la primera mitad del siglo XIX, véase Goyhenetche, M.: Les basques et leur histoire, mithes et réalités, Baiona, Elkar, 1993, p. 232 y ss.
Abbadie A.Th. - Chaho J.A.: Etudes grammaticales sur la langue euskarienne, París, 1836.
2.- Ortiz de Zárate, R.: Compendio Foral de Álava (1857), Vitoria, 1971, pp. 133-134.
3.- Marichalar, A. y Manrique, C.: Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil de España. Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, (Madrid, 1868, 2ª ed.), facsímil, San Sebastián, 1968.
4.- Gorosábel, P.: Cosas memorables o Historia General de Guipúzcoa, (Tolosa, 1899-1901), facsímil, Bilbao, 1972, t. II, p. 135.
5.- Becerro de Bengoa, R.: El libro de Álava. Vitoria, 1877, p. 288.
6.- Mañé y Flaquer, J.: El oasis. Viaje por Vizcaya al final de su etapa foral, Barcelona, 1880, p. 253.
7.- Ibidem, p. 256.
8.- Vicario de la Peña, N.: Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, Madrid, 1903, p. 87.
9.- Urkina, J. (seud. de Ariztimuño, J.): La democracia en Euzkadi. Ensayo histórico-jurídico, Donostia, 1935.
10.- Estornés, B.: Diccionario Enciclopédico Vasco, San Sebastián, 1977, vol. VII, p. 454.
11.- Orella, J.L.: "Las conferencias forales", Eusko Ikaskuntza.Cuadernos de Sección. Derecho. 6, San Sebastián, 1989, pp. 367-377.
Olábarri, I.: "Las Conferencias", El Correo Español-El Pueblo Vasco, 1981. Según me cuenta J. Varela, en 1984-1985 el presidente de la Diputación Foral de Bizkaia, Sr. Makua, trató de revitalizar las Conferencias; pero finalmente, en razón de la coyuntura política, se optó por la suspensión de la convocatoria.
Diaz, O.: "Irurac bat": las conferencias políticas de las diputaciones vascas durante la Restauración (1874-1923)", Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, LIII, 1997-2, pp. 507-556.
Diaz, O.: "Reseña de la obra Agirreazkuenaga, J. (ed): La articulación político-institucional de Vasconia", Boletín Sancho el Sabio, nº 7, Vitoria-Gasteiz, 1997. Ofrece información sobre nuevas actas de Conferencias.
12.- Agirreazkuenaga J.(ed.): La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), Bilbao, Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, 1995, 2 vol.
13.- Azcona, T.: San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la Guerra de las Comunidades (1520-1521), San Sebastián, 1974, anexo documental nº 2.
14.- Archivo General de Gipuzcoa (A.G.G.), Inventario Munita, Sec. 2, nº 23-24.
15.- Larramendi, M.: "Conferencias curiosas, políticas, legales y morales sobre los Fueros de la M.N y M.L. Provincia de Guipúzcoa", Sobre los fueros de Guipúzcoa (ed. J.I. Tellechea), San Sebastián, 1983.
16.- Azcona, T.: San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la Guerra de las Comunidades (1520-1521), San Sebastián, 1974, anexo documental nº 2.
17.- Ibidem.
18.- Labayru, E.: Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1968, (ed. facs.) t.V, p. 416.
19.- Labayru, E.: op. cit., t. V, pp. 482-483. Gorosábel, P., op. cit., p. 153.
20.- Yturbide, P.: "Les Anciens Traités de Bonne Correspondance entre les Basques de France et ceux d'Espagne", Revista Internacional de Estudios Vascos, San Sebastián, 1922, pp. 179-220.
Cavailles, H.: "Une fédération pyrénéenne sous l'ancien régime", Revue Historique, nº 95, Paris, 1910, pp.12.
Veyrin P.: Les Basques de Labourd, de Soule, et de Basse Navarre leur histoire et leurs traditions, Arthaud, 1975, p.170.
21.- Fontecha y Salazar, P.: Escudo de la más constante fe y lealtad (Editado a mediados del siglo XVIII), Bilbao, 1866, p.24.
22.- Monreal, G.: "Larramendi: madurez y crisis del régimen foral", Manuel Larramendi Hirugarren Mendeurrena, 1690-1990, Andoain, 1992, 106 or. Monreal, G.: "Anotaciones sobre el pensamiento político tradicional vasco en el siglo XVI" In A.H.D.E., 50, 1980, pp. 971-1004.
23.- Estatutos de la Sociedad Bascongada de los Amigos de el País, Vitoria, 1765.
24.- A.T.H.A., Fondo Prestamero, Caja 11, nº 1-2 y 1-4. Véase OLÁBARRI, I.: "Proyectos historiográficos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" en I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 1986, p. 462.
25.- Godechot, J.: "Nation, Patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIII siècle", Actes du Colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe à l'époque de la Révolution Française et de Napoléon, Paris, 1973, pp.7-27.
26.- A.H.T.A., D.H. 209-12.
27.- "Mañana debe celebrarse aquí la Conferencia de los Comisionados de las tres Provincias y Villa de Oñate para tratar sobre la introducción del fierro extrangero. Uno de los de esta es Lili, por cuio medio hemos ofrecido a estos Cavalleros nuestra Sala de Juntas para la suia." (15-V-1775). La Ilustración Vasca. Cartas de Xavier María de Munibe, Conde de Peñaflorida a Pedro Jacinto de Alava, (Ed. J.I. Tellechea), Vitoria-Gasteiz, Eusko Legebiltzarra, 1987, p.343.
28.- A.G.G., I.D.-I.M., 1-13-44.
29.- Ibidem, suscrito por Prudencio María de Verástegui el 24 de octubre de 1793.
30.- Castillo, Tx.: "Ugazaba eta morroiaren arteko dialektika: Konbenzioko gerraren garaian (1793-1795), Euskal Herriaren historiaz (J. Agirreazkuenaga eta R. López Atxurra ed.), Bilbao, 1985.
31.- Archivo de la Casa de Juntas de Gernika (A.C.J.G.), Provincias Vascongadas, Reg. 1, leg. 5.
32.- A.T.H.A., D.H. 262, nº 2. A.G.G, I.M., 1-13-49.
33.- A.T.H.A., D.H. 265, nº 21.
34.- Zabala, A.: op.cit. pp.313-317.
35.- Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg.1978, nº 29.
36.- El Consejo se componía de los siguientes personajes: Castiel, Ysla, Paz Puente y Pastor. El Relator era el Licenciado Viérgol.
37.- A.G.G., I.M. 1-13-52 y 51.
38.- Escudero, J.A.: Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Regimen, Sevilla, 1975, pp. 28-34.
39.- A.H.N., Consejos, leg.1978, nº 29.
40.- A.G.G., I.M. 1-13-53.
41.- A.T.H.A., D.H. 265-2 "Alaba Guipuzcoa y Vizcaya con el Reyno de Navarra sobre la Real Orden de 4 de Julio en que se pide a las tres Provincias y Reyno dos mil hombres para remplazo del Ejército", 1803.
Gracia, J.: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), Bilbao 1993, pp161-167.
42.- Ibidem.
43.- Observaciones sobre la necesidad de examinar el régimen administrativo de las Provincias Vascongadas para fallar con acierto en esta materia. Madrid, noviembre de 1834. En la introducción del libro de Vidal-Abarca, J., Verastegui, F, Otazu, A.: Fausto de Otazu a Iñigo Ortes de Velasco. Cartas 1834-1841, Vitoria-Gasteiz, 1995. Vol.I, se atribuye con plausibilidad la autoría del citado folleto al consultor José Blas López, en colaboración de F. Otazu e I.Ortes de Velasco.
44.- A.C.J. G., Convenio de Vergara, Reg.8, leg. 8.
45.- A.C.J. G., Convenio de Vergara, Reg.8, leg. 8.
46.- Para una correcta contextualización de las Actas de las Conferencias del periodo de los Conciertos Económicos, las obras de J. de Orueta e Idoia Estornes son imprescindibles Orueta, J. de: Fueros y autonomía. Proceso del estatuto vasco, San Sebastián, 1934.
Estornés Zubizarreta, I.: La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1990, 728 pp.
47.- Diario Euzkadi, 11.5.1918.
Estornés Zubizarreta, I.: op.cit., el proceso completo.
Abbadie A.Th. - Chaho J.A.: Etudes grammaticales sur la langue euskarienne, París, 1836.
2.- Ortiz de Zárate, R.: Compendio Foral de Álava (1857), Vitoria, 1971, pp. 133-134.
3.- Marichalar, A. y Manrique, C.: Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil de España. Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, (Madrid, 1868, 2ª ed.), facsímil, San Sebastián, 1968.
4.- Gorosábel, P.: Cosas memorables o Historia General de Guipúzcoa, (Tolosa, 1899-1901), facsímil, Bilbao, 1972, t. II, p. 135.
5.- Becerro de Bengoa, R.: El libro de Álava. Vitoria, 1877, p. 288.
6.- Mañé y Flaquer, J.: El oasis. Viaje por Vizcaya al final de su etapa foral, Barcelona, 1880, p. 253.
7.- Ibidem, p. 256.
8.- Vicario de la Peña, N.: Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, Madrid, 1903, p. 87.
9.- Urkina, J. (seud. de Ariztimuño, J.): La democracia en Euzkadi. Ensayo histórico-jurídico, Donostia, 1935.
10.- Estornés, B.: Diccionario Enciclopédico Vasco, San Sebastián, 1977, vol. VII, p. 454.
11.- Orella, J.L.: "Las conferencias forales", Eusko Ikaskuntza.Cuadernos de Sección. Derecho. 6, San Sebastián, 1989, pp. 367-377.
Olábarri, I.: "Las Conferencias", El Correo Español-El Pueblo Vasco, 1981. Según me cuenta J. Varela, en 1984-1985 el presidente de la Diputación Foral de Bizkaia, Sr. Makua, trató de revitalizar las Conferencias; pero finalmente, en razón de la coyuntura política, se optó por la suspensión de la convocatoria.
Diaz, O.: "Irurac bat": las conferencias políticas de las diputaciones vascas durante la Restauración (1874-1923)", Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, LIII, 1997-2, pp. 507-556.
Diaz, O.: "Reseña de la obra Agirreazkuenaga, J. (ed): La articulación político-institucional de Vasconia", Boletín Sancho el Sabio, nº 7, Vitoria-Gasteiz, 1997. Ofrece información sobre nuevas actas de Conferencias.
12.- Agirreazkuenaga J.(ed.): La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), Bilbao, Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, 1995, 2 vol.
13.- Azcona, T.: San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la Guerra de las Comunidades (1520-1521), San Sebastián, 1974, anexo documental nº 2.
14.- Archivo General de Gipuzcoa (A.G.G.), Inventario Munita, Sec. 2, nº 23-24.
15.- Larramendi, M.: "Conferencias curiosas, políticas, legales y morales sobre los Fueros de la M.N y M.L. Provincia de Guipúzcoa", Sobre los fueros de Guipúzcoa (ed. J.I. Tellechea), San Sebastián, 1983.
16.- Azcona, T.: San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la Guerra de las Comunidades (1520-1521), San Sebastián, 1974, anexo documental nº 2.
17.- Ibidem.
18.- Labayru, E.: Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1968, (ed. facs.) t.V, p. 416.
19.- Labayru, E.: op. cit., t. V, pp. 482-483. Gorosábel, P., op. cit., p. 153.
20.- Yturbide, P.: "Les Anciens Traités de Bonne Correspondance entre les Basques de France et ceux d'Espagne", Revista Internacional de Estudios Vascos, San Sebastián, 1922, pp. 179-220.
Cavailles, H.: "Une fédération pyrénéenne sous l'ancien régime", Revue Historique, nº 95, Paris, 1910, pp.12.
Veyrin P.: Les Basques de Labourd, de Soule, et de Basse Navarre leur histoire et leurs traditions, Arthaud, 1975, p.170.
21.- Fontecha y Salazar, P.: Escudo de la más constante fe y lealtad (Editado a mediados del siglo XVIII), Bilbao, 1866, p.24.
22.- Monreal, G.: "Larramendi: madurez y crisis del régimen foral", Manuel Larramendi Hirugarren Mendeurrena, 1690-1990, Andoain, 1992, 106 or. Monreal, G.: "Anotaciones sobre el pensamiento político tradicional vasco en el siglo XVI" In A.H.D.E., 50, 1980, pp. 971-1004.
23.- Estatutos de la Sociedad Bascongada de los Amigos de el País, Vitoria, 1765.
24.- A.T.H.A., Fondo Prestamero, Caja 11, nº 1-2 y 1-4. Véase OLÁBARRI, I.: "Proyectos historiográficos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" en I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 1986, p. 462.
25.- Godechot, J.: "Nation, Patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIII siècle", Actes du Colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe à l'époque de la Révolution Française et de Napoléon, Paris, 1973, pp.7-27.
26.- A.H.T.A., D.H. 209-12.
27.- "Mañana debe celebrarse aquí la Conferencia de los Comisionados de las tres Provincias y Villa de Oñate para tratar sobre la introducción del fierro extrangero. Uno de los de esta es Lili, por cuio medio hemos ofrecido a estos Cavalleros nuestra Sala de Juntas para la suia." (15-V-1775). La Ilustración Vasca. Cartas de Xavier María de Munibe, Conde de Peñaflorida a Pedro Jacinto de Alava, (Ed. J.I. Tellechea), Vitoria-Gasteiz, Eusko Legebiltzarra, 1987, p.343.
28.- A.G.G., I.D.-I.M., 1-13-44.
29.- Ibidem, suscrito por Prudencio María de Verástegui el 24 de octubre de 1793.
30.- Castillo, Tx.: "Ugazaba eta morroiaren arteko dialektika: Konbenzioko gerraren garaian (1793-1795), Euskal Herriaren historiaz (J. Agirreazkuenaga eta R. López Atxurra ed.), Bilbao, 1985.
31.- Archivo de la Casa de Juntas de Gernika (A.C.J.G.), Provincias Vascongadas, Reg. 1, leg. 5.
32.- A.T.H.A., D.H. 262, nº 2. A.G.G, I.M., 1-13-49.
33.- A.T.H.A., D.H. 265, nº 21.
34.- Zabala, A.: op.cit. pp.313-317.
35.- Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg.1978, nº 29.
36.- El Consejo se componía de los siguientes personajes: Castiel, Ysla, Paz Puente y Pastor. El Relator era el Licenciado Viérgol.
37.- A.G.G., I.M. 1-13-52 y 51.
38.- Escudero, J.A.: Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Regimen, Sevilla, 1975, pp. 28-34.
39.- A.H.N., Consejos, leg.1978, nº 29.
40.- A.G.G., I.M. 1-13-53.
41.- A.T.H.A., D.H. 265-2 "Alaba Guipuzcoa y Vizcaya con el Reyno de Navarra sobre la Real Orden de 4 de Julio en que se pide a las tres Provincias y Reyno dos mil hombres para remplazo del Ejército", 1803.
Gracia, J.: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), Bilbao 1993, pp161-167.
42.- Ibidem.
43.- Observaciones sobre la necesidad de examinar el régimen administrativo de las Provincias Vascongadas para fallar con acierto en esta materia. Madrid, noviembre de 1834. En la introducción del libro de Vidal-Abarca, J., Verastegui, F, Otazu, A.: Fausto de Otazu a Iñigo Ortes de Velasco. Cartas 1834-1841, Vitoria-Gasteiz, 1995. Vol.I, se atribuye con plausibilidad la autoría del citado folleto al consultor José Blas López, en colaboración de F. Otazu e I.Ortes de Velasco.
44.- A.C.J. G., Convenio de Vergara, Reg.8, leg. 8.
45.- A.C.J. G., Convenio de Vergara, Reg.8, leg. 8.
46.- Para una correcta contextualización de las Actas de las Conferencias del periodo de los Conciertos Económicos, las obras de J. de Orueta e Idoia Estornes son imprescindibles Orueta, J. de: Fueros y autonomía. Proceso del estatuto vasco, San Sebastián, 1934.
Estornés Zubizarreta, I.: La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1990, 728 pp.
47.- Diario Euzkadi, 11.5.1918.
Estornés Zubizarreta, I.: op.cit., el proceso completo.