Concepto

Franquismo

Se denomina franquismo a la dictadura dirigida por el militar español Francisco Franco Bahamonde entre 1936 y 1975. Su inicio se entronca en el golpe de estado que parte de la cúpula del ejército dirige contra la II República el 18 de julio de 1936 con el fin de detener las reformas sociales, económicas, políticas y culturales que estaban en marcha en ese momento. En ese mismo año, el 1 de octubre, los militares golpistas eligieron a Franco como su máximo dirigente, Generalísimo. La estructura del régimen, que empieza a construirse y fortalecerse desde ese momento, se mantuvo, si bien con ciertos cambios, tras el final de la guerra en abril de 1939 hasta la muerte del dictador, en 1975, siendo evidentes ciertas continuidades en parte de los aparatos del estado en los años posteriores.

Esta dictadura debe entenderse en el contexto de los regímenes fascistas europeos, no sólo por el apoyo dado por Italia y Alemania durante la guerra, sino también por las características y comportamientos políticos compartidos con ellos. Ahora bien, tras el final de la II Guerra Mundial el régimen franquista experimentó algunos cambios, más en el plano discursivo que en el estructural, para asegurarse su supervivencia en el marco de la guerra fría. En esta línea, de haberse presentado como enemigo de la democracia y el sufragio pasó a autodenominarse "enemigo y vencedor del comunismo", siendo buena prueba de ello el acuerdo logrado con EE.UU. en 1953.

La represión fue el fundamento principal del régimen, especialmente durante la guerra y la posguerra. En total fueron asesinadas en torno a 150.000 personas en todo el estado, de ellas unas 100.000 durante la guerra, y el resto en la posguerra. El número de personas encarceladas, además, alcanzó el máximo del siglo en 1940, llegado a 280.000, cifra a la que hay que añadir los 90.000 prisioneros englobados en los Batallones de Trabajadores y los miles de prisioneros encerrados en campos de concentración. En total, unas 400.000 personas estuvieron en cautividad tras terminar la guerra, y otras tantas tuvieron que marchar al exilio.

Esto no quiere decir, de todos modos, que el nuevo dictador gobernara únicamente gracias a la represión, ya que fue capaz de poner en funcionamiento instituciones sólidas, hechas a su medida, y también de realizar cambios en la política económica a lo largo del tiempo. Como se verá a continuación, además del miedo, también construyó nuevos consensos compartidos con sus aliados políticos y sociales, en Euskal Herria fundamentalmente con la burguesía industrial y con buena parte de los propietarios agrarios.

Para organizar esos apoyos políticos, y al mismo tiempo controlarlos, el nuevo y único partido político creado en 1937, FET y de las JONS, fue una herramienta muy efectiva. En él fueron integradas las diferentes familias políticas, carlistas, falangistas o derechistas monárquicos, en un equilibrio inestable que fue controlado y manejado en su propio favor por el propio dictador. Entre estos, los carlistas tenían especial fuerza en Euskal Herria, algo que tuvo especial relevancia de cara al control de Álava y Navarra por parte de los alzados en julio de 1936. En correspondencia, esta fuerza política tuvo una destacada presencia en las instituciones locales y provinciales, si bien con el tiempo algunos sectores del carlismo se fueron distanciando del régimen.

Además del partido único, otra serie de instituciones formaron también los cimientos del nuevo régimen: las cortes, las diputaciones y los ayuntamientos, todos ellos bajo control directo del dictador, merced al sistema establecido para su elección, la llamada "democracia orgánica". Junto a ellos, el ejército llegó a consolidarse como "columana vertebral" del estado, no sólo como garante del orden establecido, sino también como de cara a labores de gestión, ya que en los primeros años fueron numerosos los militares que dirigieron carteras ministeriales. Todas estas instituciones, además, tuvieron el apoyo de otra no estrictamente estatal, pero muy ligada al régimen, la iglesia, ya que la política del "nacional-catolicismo" extendió su influencia a toda la vida social. Al fin y al cabo, esa fue la manera que tuvo Franco de premiar la ayuda recibida desde el principio de la guerra y su denominación como "cruzada".

Conforme pasaron los años, se dieron también cambios significativos en diversos aspectos. La década de los cuarenta fue espacialmente dura, con una represión muy intensa y un estancamiento económico que llevó consigo un aumento del hambre y la pobreza. Hasta la década de los cincuenta no se superó el PIB per cápita anterior a la guerra, con muy tenues medidas de cara a liberalizar la actividad económica. La década del desarrollo, en cualquier caso, fue la de los sesenta, en la que las economías vasca y española se vieron favorecidas por el rápido crecimiento que se estaba dando en toda Europa, fortaleciendo el proceso de industrialización en algunas zonas, como Bizkaia y Gipuzkoa, o dando inicio a ese mismo proceso en otras mucho más agrícolas, como era el caso de Álava o Navarra. En los últimos años, de todos modos, los conflictos se intensificaron, con un fortalecimiento de la oposición política y sindical, con nuevas iniciativas culturales y con la crisis que empezaba a azotar a las economías capitalistas desarrolladas, factores todos ellos que imposibilitaron la pervivencia del régimen una vez muerto el dictador.



Desde un primer momento, la violencia y la represión fueron las herramientas principales de quienes protagonizaron el golpe de estado contra la II República, siguiendo fielmente una de las instrucciones que Mola: "hay que extender el terror". En Euskal Herria, la represión fue especialmente dura en la Ribera de Navarra, donde los sublevados asesinaron a la mayor parte de las 3.131 personas fusiladas en Navarra. Así pues, también aquí se puede afirmar que la represión, al igual que en el resto del estado, fue especialmente intensa en zonas en las que se había desarrollado una fuerte conflictividad en torno a la propiedad de la tierra y las condiciones de vida de los jornaleros: las cuencas del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, fundamentalmente en el verano y otoño de 1936. En el resto de territorios vascos el número de personas asesinadas fue mucho más bajo: 406 en Álava, 1.004 en Gipuzkoa y 906 en Bizkaia. Desde Gipuzkoa mucha gente tuvo la posibilidad de huida hacia Bizkaia o Iparralde, mientras que para cuando las tropas fascistas entraron en Bizkaia, en junio de 1937, había cambiado ya en cierto modo la política hacia los prisioneros, con un sistema de clasificiación llevado a cabo en los campos de concentración. Además, las nuevas autoridades debían cuidar de manera especial la retaguardia industrial, ya que la actividad de las fábricas rápidamente se reorientó hacia la guerra, con la colaboración entusiasta de la patronal, y para ello era imprescindible mantener una mano de obra cualificada. De todos modos, la represión se mantuvo como un pilar del régimen en las siguientes décadas, tanto en Euskal Herria como en el resto del estado.

Otra modalidad represiva fue el establecimiento de toda una red de trabajos forzados. En la primavera de 1937 la Junta Técnica del Estado, dirigida por Franco, puso en marcha un sistema para obligar a trabajar a los prisioneros, y ese mismo año empezó a trabajar en las minas de Bizkaia el primer Batallón de Trabajadores. Se crearon los campos de concentración para clasificar a los prisioneros, y de ellos partieron los batallones de trabajo, tanto durante la guerra como en la posguerra, para trabajar en el frente de guerra, en las vías férreas, en tareas de reconstrucción urbana (Gernika, Eibar, Zornotza, Bilbo...), en fábricas (Naval, Dinamita, Babcock...) o en carreteras del Pirineo. En total, por lo menos 36.736 cautivos estuvieron trabajando en Euskal Herria. En el conjunto del Estado, más de 90.000 lo hicieron hasta 1940 en Batallones de Trabajadores, y más de 45.000 desde entonces hasta diciembre de 1942 en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Muy pronto se pusieron en marcha también las normas jurídicas que legitimaron la represión y que facilitaron el juicio, encarcelamiento o asesinato de muchos de los cautivos, como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1940, o la Ley de Seguridad del Estado, de 1941. Asimismo, durante la guerra el nuevo ministro de Justicia, Conde de Rodezno, procedió a una reestructuración del sistema judicial y carcelario, siendo su base el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, encargado de regular el trabajo de los presos y presas, su comportamiento en prisión y de controlar a sus familiares. En este caso, la solidaridad de estas redes familiares fue fundamental para aliviar en parte la situación de las personas encarceladas, que soportaban unas míseras condiciones de vida y recibían escasísima comida.

En total, había unas 400.000 personas estaban encerradas al final de la guerra, lo cual provocó la reutilización de multitud de edificios. En Euskal Herria, por ejemplo, se convirtieron en campos de concentración la Universidad de Deusto, el colegio de los Jesuitas de Orduña o el monasterio de Iratxe, entre otros. Entre las cárceles la más famosa fue el fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, especialmente dura ya que las celdas estaban excavadas bajo tierra, y especialmente famosa ya que 795 presos protagonizaron la fuga de 1938. También se crearon cárceles exclusivamente dedicadas a mujeres, como las de Amorebieta o Saturraran. En los años de posguerra fue difícil mantener una población reclusa tan numerosa (hay que tener en cuenta que en las cárceles de antes de la guerra no había más que 15.000 presos), de modo que en la década de los cuarenta el número de personas encarceladas descendió progresivamente, al tiempo que se construían nuevas cárceles.

El nuevo régimen también castigó económicamente a los vencidos, utilizando para ello multas y expropiaciones, con escaso control judicial durante la guerra, y desde 1939 a través de la Ley de Responsabilidades Políticas. Así, muchas familias perdieron tierras, casas u otros bienes, en muchos casos después de que alguno de sus miembros hubiera sido previamente asesinado o encarcelado. Del mismo modo, también hubo miles de personas despedidas de su puesto de trabajo a raíz de los procesos de depuración puestos en marcha en la administración pública y en empresas.

Este proceso de depuración fue especialmente intenso en la enseñanza, donde muchos profesores y profesaras perdieron su trabajo al tiempo que se reorganizaba, de arriba abajo, el sistema educativo. En la misma dirección, la represión fue también intensa en el ámbito de la cultura, en el que se cortaron múltiples iniciativas puestas en marcha en los años de la II República, como teatros o ateneos populares, escuelas libres, ikastolas, así como otras destinadas al fomento de lenguas minorizadas, como el euskara.

Además, hay que tener en cuenta que la represión, basada en valores de género, se dirigió de una manera específica contra las mujeres. Fueron muchas menos las fusiladas, pero miles de ellas fueron humilladas públicamente y sufrieron diversas agresiones sexuales. Además, el nuevo régimen eliminó las conquistas sociales en los años de la República restableciendo el código civil de 1889, según el cual las mujeres casadas quedaban en posición dependiente respecto a sus maridos.

Como es evidente, esta política represiva quiso provocar un cambio radical, paralizando la actividad social y política de millones de personas que podían ser incómodas para el régimen mediante el terror y el exterminio. Como ha señalado el historiador Javier Rodrigo, el franquismo hizo una muy alta inversión inicial en violencia, lo que le hizo posible, en buena medida, su pervivencia en el tiempo. Tan grande fue, además, esa inversión, que le permitió, a medida que pasaron los años, descender el número de personas encarceladas y aplicar la pena de muerte de modo mucho más restrictivo, si bien sin renunciar nunca a ella, como demuestran los fusilamientos de 1975.

La dictadura franquista debe ser entendida como una de las variantes de los regímenes fascistas de los años 30, a pesar de que, como cualquier régimen político, tenga sus propias características y su propia evolución.

Además de la represión, otra de sus bases fue el poder y el ensalzamiento del máximo dirigente, como en otras dictaduras fascistas, en este caso tomando el calificativo de Generalísimo o Caudillo. De él partieron la mayor parte de medidas políticas, y en cualquier ámbito de la vida social o política podían leerse, escucharse o verse expresiones de alabanza hacia su persona. Esta dictadura nace durante la misma guerra, cuando el 1 de octubre de 1936 Franco se hace con el control político del bando rebelde. A partir de entonces, su poder no hace sino consolidarse, sacando partido de las tensiones que se vivían a su alrededor. De esta manera hay que entender su iniciativa de creación de un partido unificado con carlistas y falangistas, o el difícil equilibrio que supo mantener entre las diferentes familias políticas en los años de posguerra. El tiempo demostró que Franco tuvo la habilidad de mantenerse en el poder, pero ese mérito debe entenderse también como fruto de la necesidad política que tenían las fuerzas que apoyaron el golpe, ya que era su fuerza y su poder lo que garantizaba su verdadero objetivo: mantener la sociedad bajo un estricto control.

Al fin y al cabo, él posibilitó la pervivencia del régimen, realizando las adaptaciones necesarias para amoldarse a los vaivenes de la política exterior una vez terminada la guerra. También acertó a la hora de planificar su sucesión, ya que contentó a parte del carlismo al adquirir el compromiso de reinstaurar la monarquía, pero aplazando este cambio para después de su muerte, y quedando en sus manos la designación del futuro rey. Así, en 1947 se aprobó la Ley de Sucesión, pero la designación oficial de Juan Carlos no se realizó hasta 1969, aprovechando Franco todo ese lapso de tiempo para consolidar su poder personal.

Al igual que en otros regímenes fascistas, un sólo partido político estaba legalizado, en este caso Falange Española Tradicionalista y de las JONS, nacido en 1937. A través de esta unificación Franco eliminó los elementos más incómodos que podía haber en cada tendencia, y creó un partido a su medida. El partido, además, tenía secciones específicas para dirigir y controlar la vida de algunos sectores sociales, como la Sección Femenina o el Frente de Juventudes. Con la ley de 1957 (Ley de Principios Fundamentales del Movimiento) se establecían algunos cambios, pero siguió manteniendo su importancia durante toda la dictadura, ya que jugaba un papel clave en la organización sindical y parlamentaria, aún a pesar de que una nueva familia política, los llamados tecnócratas, ocuparan buena parte de los cargos durante la década de los sesenta.

Aún siendo una dictadura unipersonal, Franco quiso dar un cierto barniz democrático a su régimen una vez terminada la guerra. Según la propaganda, esa participación debía limitarse a los organismos naturales de la organización social, y de ningún modo establecerse mediante un sistema de pluralidad de partidos y elecciones libres que no podían traer más que la fragmentación social y la inestabilidad. Se le dio el nombre de democracia orgánica, basada en dos organizaciones: las cortes y los ayuntamientos. Las cortes se constituyeron según lo establecido en la ley de 1942, y los parlamentarios, procuradores en el lenguaje de la época, se dividían en cuatro grupos: los miembros de la administración del estado, los representantes del sindicato vertical, los del tercio familiar (elegidos por un sufragio totalmente controlado) y los designados directamente por Franco, sistema que también fue utilizado en los ayuntamientos.

En el caso de las diputaciones, prácticamente fueron vaciadas de poder por el carácter centralista del régimen, siendo los gobernadores civiles, designados por el propio Franco, las máximas autoridades provinciales. Los estatutos de autonomía aprobados en la II República, el vasco y el catalán, fueron suprimidos, y en el caso de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa se derogó el Concierto Económico con el decreto ley del 23 de junio de 1937, en el que se las calificaba como provincias traidoras. En el caso de Álava y Navarra, sin embargo, las diputaciones mantuvieron ciertas competencias. Estas denominadas Diputaciones Forales firmaron el concierto económico con el estado, en el caso de Navarra en 1941 y 1969 y en el de Álava en 1952, de manera que las élites locales se valieron de la recaudación fiscal para afianzar su poder político.

Tampoco en las instituciones locales o provinciales hubo garantías para la libre participación política, y por eso los ayuntamientos estuvieron casi siembre en manos de personas de confianza para el régimen, siendo la presencia de carlistas especialmente notable en Euskal Herria. Ahora bien, es precisamente en la capital navarra, en el ayuntamiento de Pamplona, donde encontramos un caso que puede calificarse como excepción a nivel estatal, ya que un grupo de concejales empezó a utilizar los resquicios que ofrecía el sistema de tercios con apoyo del sector más aperturista del carlismo y de cristianos de base, -HOAC en esos momentos- adquiriendo cada vez más protagonismo en el ayuntamiento y creando una tensión cada vez mayor con el gobierno.

Por otro lado, no podemos dejar de lado al mencionar el entramado institucional el papel del ejército. La dictadura tuvo un carácter militar desde sus propios comienzos, y con el código militar fueron juzgados y condenados miles de hombres y mujeres. Además, el estado de guerra, que otorgaba competencias especiales al ejército, fue mantenido hasta 1947. Debe ser remarcado, en este sentido, que los militares tuvieron una presencia muy notable en los altos cargos de la administración, siendo buena muestra de ello el hecho de que hasta 1945 el 42,8% de los puestos de ministros fueran ocupados por ellos. Esta presencia no se limitó a cuestiones relacionadas con el ejército, sino que se extendió en múltiples ámbitos, como el de la planificación industrial, ya que fue un militar, J. A. Suances, quien dirigió el INI desde 1941 hasta 1961.

A pesar de que hablamos de partido único, hay que tener en cuenta que las bases políticas del régimen no constituían un bloque monolítico, siendo el carlismo y el falangismo los principales grupos. La Falange tenía una presencia muy limitada antes del golpe de estado, pero tanto el discurso como la organización paramilitar le posibilitó integrar durante la guerra a gran parte de la derecha tradicional. Uno de sus principales hombres fuertes, R. Serrano Suñer, impulsó la postura más filonazi en los inicios de la guerra, que llevó a la organización de la División Azul, pero a partir de 1942 este grupo perdió cierta influencia, sobre todo como consecuencia de las novedades en el desarrollo de la guerra mundial.

Por otro lado, los carlistas fueron el grupo más estructurado y con más apoyó social de los que se sumaron al golpe de estado en el conjunto de Euskal Herria, especialmente en Navarra. Ya durante la II República había empezado a organizarse de manera paramilitar, ayudado por el dictador italiano Benito Mussolini, de modo que llegó a julio de 1936 con una milicia compuesta de miles de hombres armados. De todos modos, la influencia del carlismo fue mucho más allá de su potencial armado, ya que en los años de posguerra controló buena parte de las instituciones vascas, si bien con unas discrepancias cada vez mayores dentro de sus filas, y también con los falangistas. Con estos últimos la tensión llegó a su punto álgido tras el atentado de Begoña, en 1942, al desatarse una crisis en los ayuntamientos de las capitales vascas y presentar su dimisión los alcaldes de Bilbao, San Sebasián y Pamplona. Estas discrepancias no revelaban una apuesta por la democratización del régimen, pero sí que mostraron que se estaba abriendo una brecha entre éste y ciertos sectores del carlismo.

Por último, dentro de las fuerzas políticas hay que mencionar también la derecha tradicional católica, que se vio fortalecida a partir de 1943 con los cambios progresivos en política internacional. Ahora bien, estas familias políticas, a pesar de sus discrepancias, coincidieron en su férrea defensa del régimen, y constituyeron un bloque bastante homogéneo, si bien no monolítico.

En lo que se refiere a la oposición política, la iniciativa más importante en estos años fue la guerrillera, con la entrada en 1944 de miles de combatientes antifascistas organizados por el navarro Jesús Monzón desde Francia, sobre todo por el valle de Aran, aunque también varios grupos entraron por Navarra. Ahora bien, este grupo poco pudo hacer en el interior y fue fuertemente reprimido. Buena parte de la sociedad se encontraba exhausta, resignada y atemorizada, y los apoyos esperados desde el exterior, por parte de las fuerzas aliadas, tampoco llegaron nunca.

Las primeras medidas económicas del franquismo se dirigieron, en gran medida, a desactivar las reformas de la II República, y eso se reflejó principalmente en la agricultura, con la devolución de tierras a sus antiguos propietarios. La nueva política económica se inspiró en la puesta en marcha por Mussolini, especialmente en la Carta del Laboro, que sirvió como modelo para el Fuero del Trabajo. Esta política pretendía solucionar la crisis que estaba atravesando el capitalismo durante los años 30 con una fuerte intervención del estado que tuviera como ejes el corporativismo y la autarquía. Para ello se puso en marcha una dinámica de control y represión sobre el movimiento obrero, prohibiendo el sindicalismo independiente e imponiendo el sindicato único, vertical y oficial, con la Ley de Unidad Sindical de 1940.

Al mismo tiempo se impulsaba una política autárquica basada en un discurso ultranacionalista, con el fin de impulsar la industria y la agricultura nacional, si bien las herramientas que se diseñaron a tal fin, (Servicio Nacional del Trigo, en 1940, y el INI -Instituto Nacional de Industria-, en 1941), fueron claramente ineficaces. Resultado de esta política de intervención fue el control total del mercado. Las familias tenían una cartilla de racionamiento, para poder comprar un mínimo de productos básicos, y las empresas tuvieron que funcionar con unas cuotas asignadas que garantizaran el aprovisionamiento de materias primas y fijaran los precios. Este sistema, de todos modos, no cumplía sus cometidos, de modo que se organizó con complicidad del estado un fuerte mercado paralelo, el llamado estraperlo, que proporcionó grandes ganancias a empresas y propietarios agrícolas. En consecuencia, los niveles de producción anteriores a la guerra no se superaron hasta la década de los 50.

El fracaso económico, de todos modos, tuvo claros efectos de cara a la distribución de la riqueza, ya que las clases superiores multiplicaron sus beneficios en un clima empobrecimiento generalizado. Los empresarios vascos, por ejemplo, vieron con satisfacción como se incrementaban sus cuentas de beneficios, y los mayores propietarios de tierras en Navarra, a pesar del estancamiento posbélico de la producción, aprovecharon esta situación para legalizar aprovechamientos fraudulentos de tierras comunales.

El nivel de consumo de las clases trabajadoras se redujo notablemente, ya que los precios crecieron, sobre todo en el mercado negro, muy por encima de los salarios, de modo que se produjo una caída drástica de los salarios reales, cuyos niveles prebélicos no se recuperaron hasta 1960. En consecuencia, se extendieron el hambre y la subalimentación, algo que se reflejó también en la estatura de los niños y adolescentes de esos años. Al fin y al cabo, los niveles de consumo alimentario de los años de la II República no se superaron hasta los años sesenta.

En esta difícil situación se organizaron las primeras protestas en el mundo laboral. A pesar del peso de la represión y el eco de las matanzas, la rabia proporcionó impulso a la protesta, si bien con menos fuerza que en décadas posteriores, siendo muestra de ello la huelga general de 1947 en las zonas industriales de Gipuzkoa y Bizkaia, convocada por todas las fuerzas sindicales opositoras y también por el Gobierno Vasco en el exilio. Cuatro años más tarde, en 1951, se produjo otra oleada huelguística en Barcelona, Madrid y Euskal Herria, siendo muy significativo en este último caso las movilizaciones ocurridas en Pamplona, en las que participaron también algunos sectores del carlismo y del catolicismo de base. En esta misma década, de nuevo en 1956 asistimos a nuevas huelgas de trabajadores y estudiantes.

Estas movilizaciones eran señal de que se estaban produciendo algunas transformaciones sociales, y también en la economía se fueron dando muestras de dinamismo, si bien muy limitadas. La situación seguía siendo difícil, pero es innegable que se dieron cambios importantes, al desaparecer algunas de las expresiones del férreo control estatal de la economía, como las cartillas de racionamiento, y superar la producción industrial la del sector primario, de modo que algunos historiadores han calificado esta década de los 50 como de bisagra. De todos modos, los problemas siguieron acumulándose, dejando muy al descubierto las limitaciones de la política económica. Por eso, para asegurar su supervivencia, se puso en marcha en 1959 el Plan de Estabilización.

El principal objetivo del plan era eliminar algunos obstáculos de cara a poder insertar la economía española en la dinámica de crecimiento que se estaba dando en Europa. En esa dirección, fueron fundamentales la devaluación de la peseta, la liberalización del comercio exterior y la atracción de capitales extranjeros. Esto último, junto con las remesas enviadas por los inmigrantes y las traídas por los turistas, posibilitó equilibrar el déficit de la balanza comercial española. Esta liberalización, de todos modos, fue compatible con la planificación estatal, reflejada en los Planes de Desarrollo de 1964 y 1969. En Euskal Herria, la iniciativa del estado central fue complementada por las Diputaciones, fundamentalmente en Navarra, donde se impulsó la actividad industrial. Como se puede ver, la intervención pública también estuvo presente en la nueva reorientación económica, en la que tuvo un fuerte protagonismo el nuevo grupo de políticos vinculado al Opus Dei, los llamados tecnócratas.

Así pues, a partir de 1955, y sobre todo de 1960, se produjo un cambio estructural en las economías vasca y española. A la par del rápido crecimiento de la producción y del desarrollo industrial, se intensificó el proceso de urbanización, con nuevos barrios para los inmigrantes llegados de áreas rurales. Nuevas fábricas se situaron en la ría de Bilbao, diversos valles guipuzcoanos y las cuencas de Vitoria y Pamplona, y esa expansión del mercado laboral también favoreció el crecimiento del empleo femenino. Al mismo tiempo, se intensificaron también los movimientos migratorios, tanto dentro de Euskal Herria como desde otras zonas del estado español, en un momento de despoblación de diversas áreas rurales, en nuestro caso sobre todo en la montaña navarra. Esas migraciones, de todos modos, se dieron en todo el estado, también hacia otros países europeos (Alemania, Francia, Suiza...) a los que se dirigieron unos dos millones de emigrantes españoles entre 1950 y 1975.

El crecimiento demográfico es otra de las transformaciones de la época, en el caso vasco principalmente debido a la inmigración. Entre 1950 y 1970, por ejemplo, las cuatro provincias pasaron de tener 1.444.172 habitantes a 2.343.503, un crecimiento que también se debe explicar en función de la caída de la tasa de mortalidad, ya iniciada a principios del siglo XX, y el aumento de la natalidad, en el contexto del llamado baby boom.

Al igual que en el resto de Europa, la dinámica desarrollista llegó a sus límites en los años finales de la dictadura. Los conflictos laborales, las limitaciones del modelo fordista y la dependencia de la energía barata, visibilizada con el aumento de los precios del petróleo en 1973, tambalearon las bases del modelo de crecimiento de las últimas décadas. En España, además, la crisis económica coincidió con la crisis política de la dictadura.

Durante estos años del desarrollismo también se intensificaron los conflictos sociales, gracias a la reorganización del movimiento obrero resurgido en la década de los cincuenta, y también a nuevos grupos políticos y culturales.

Para empezar, hay que tener en cuenta la nueva estrategia que impulsa la oposición en el mundo del trabajo, con el fin de aprovechar las escasas posibilidades que brindaba el sindicalismo vertical. Así, surgió una especie de doble estructura, ya que muchos delegados que obtenían representación en el sindicato vertical participaban a la vez en las asambleas que iban surgiendo en las fábricas, siendo estas asambleas el gérmen de las Comisiones Obreras, en las que generalmente tenían más influencia los militantes del PCE, excepto en Navarra, donde el grupo izquierdista ORT tuvo un peso especial. En estas comisiones fue haciéndose visible la conciencia de clase de los perdedores de la guerra, largamente silenciada, algo que se refleja perfectamente en la novela Riomundo, de Jon Maia. Al fin y al cabo, la transmisión de la cultura política de muchas zonas rurales salió a superficie en los nuevos barrios obreros de Madrid, Cataluña o Euskal Herria. Además, se desarrolló una nueva cultura del trabajo impulsada también por el catolicismo de base, con grupos como HOAC. En Navarra, en concreto, buena parte de los trabajadores que participaron en movilizaciones sindicales y huelgas provenía de grupos vinculados con la iglesia, e incluso de un entorno cultural carlista.

Además, la ley de 1958 sobre convenios de empresa abrió una posibilidad, a través de los Jurados de Empresa, para conseguir mejoras descentralizadas, siendo este el momento del inicio de una nueva dinámica huelguística. Entre ellas tuvo especial repercusión la de 1962, y tras ella otras muchas, como la huelga de Bandas en Etxabarri, en 1966 y 1967, que se prolongó durante 163 días y terminó con la declaración del estado de excepción, o la de Motor Ibérica, en Navarra, en 1973. En todas ellas se visibilizaron las características de esta nueva situación: dinámicas unitarias, asamblearismo y un amplio apoyo social. Además, las pequeñas huelgas tenían un efecto multiplicador, ya que en caso de haber represalias se iniciaban otras nuevas por solidaridad en fábricas cercanas.

Las protestas de estos momentos superaron con mucho el ámbito laboral para dirigirse al corazón del régimen, con nuevas dinámicas políticas y culturales que tenían un protagonismo creciente, algo que se vivió de manera muy intensa en Euskal Herria. Por un lado, en 1959 nació un nuevo grupo, Euskadi Ta Askatasuna, ETA, cuya actividad no se limita a las acciones armadas, sino que dio también un fuerte impulso al nacionalismo vasco de izquierdas, dando continuidad al camino abierto en los años de la II República por Acción Nacionalista Vasca. A nivel cultural también surgieron iniciativas ricas e innovadoras en todo el estado, en Euskal Herria ligadas muchas veces a la reivindicación de la normalización del euskara. Entre ellas, sin duda, debe subrayarse la actividad de los cantautores, que combinaba la acción política y cultural, facilitando su presencia pública.

En ese contexto, los últimos cinco años de la dictadura fueron especialmente conflictivos, de modo que el régimen volvió a desplegar sus herramientas represivas: detenciones, torturas y asesinatos. El estado de excepción se aplicó en varias ocasiones, y si bien las sentencias a muerte del proceso de Burgos, en 1970, no llegaron a aplicarse, en 1974 fue ejecutado el militante libertario Puig Antich, y al año siguiente, semanas antes de la muerte de Franco, fueron fusilados 3 miembros del FRAP y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975.

Con el dictador a punto de morir, era evidente que el deseo de cambio era compartido por grandes sectores de la sociedad española, pero el franquismo también mantenía sus apoyos, además del control de los aparatos del estado. Por eso, a pesar de que la dictadura terminó el 20 de noviembre de 1975, los años siguientes fueron especialmente conflictivos, ya que estaba en cuestión la continuidad de la estructura política del régimen.

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