La Liga Vizcaína de Productores fue uno de los más significativos grupos de interés surgidos para impulsar y perseguir una determinada política económica en el momento de la transformación del Estado liberal decimonónico español en un Estado demoliberal y de la movilización corporativa que acompañó a esta transformación.
Fundación y primeros años
La Liga (LVP) nació en 1894, al calor de la protesta, promovida por los industriales catalanes, contra los tratados y convenios comerciales que desvirtuaban nivel proteccionista del Arancel de 1891. Este arancel fue fruto, para la historiografía reciente, de la necesidad de Cánovas de dotarse de un instrumento que le proporcionara una sólida y fuerte posición negociadora ante la próxima renovación de los convenios y tratados comerciales; y, por ello, fue el resultado de la acumulación de peticiones de los principales sectores económicos del país (productores de trigo castellanos y empresas del textil y la metalurgia catalanas, en particular), cuyas demandas fueron incluso sobreelevadas, lo que configuró un proteccionismo "de aluvión", carente de criterio económico y de estrategia de desarrollo productivo. Para los grandes establecimientos siderúrgicos surgidos en Bizkaia en los años 1880, orientados, en principio y en buena medida, a la exportación de lingote, el arancel no resultaba particularmente proteccionista, pues la introducción del material destinado a la construcción ferroviaria o a la construcción naval, el principal mercado potencial de sus productos, estaba regida por unas tarifas especiales, de hecho librecambistas.
A finales de los años 1880, un cambio en la coyuntura del mercado siderúrgico europeo, vinculado a la difusión de los procedimientos Thomas y Siemens-Martín, obligaría a las empresas vizcaínas del sector a volver hacia el mercado nacional. Y se sumaron a la campaña del empresariado catalán contra los tratados comerciales en un mitin que, por haberse declarado el estado de sitio en Barcelona, se trasladó a Bilbao, donde se celebró a finales de 1893. Las conclusiones de este acto reivindicaban: el rechazo de los tratados de comercio en trámite de aprobación; el mantenimiento por diez años del statu quo arancelario y la supresión de sus tarifas especiales; y la constitución de asociaciones regionales de productores, para la defensa de sus respectivos intereses, y su integración en una asociación nacional, para la defensa de los principios comunes.
Éste fue el origen de la Liga Nacional de Productores (LNP) y, en su marco, de la LVP. La primera, nacida también en 1894, dejaría prácticamente de funcionar tras el éxito que obtuvo al conseguir la paralización de los tratados, por varios factores: por el desinterés de diversas organizaciones regionales en mantener una entidad de este tipo; por el recelo de la catalana Fomento del Trabajo Nacional (la más importante entidad patronal española, refundada en 1889, aunque sus orígenes lejanos se remontaban a finales del siglo XVIII, y los más próximos, a los años del Sexenio democrático) a quedar subsumida en una organización de ámbito español; y, también, por las divergencias entre diversas burguesías catalanas (algunas de las cuales, aprovecharon la fundación de la LNP para constituir nuevas entidades adscritas a ella, como la Liga de Productores de Barcelona y la Liga de Productores del Principado de Cataluña, más orientada hacia los intereses de la agricultura catalana).
Por su parte, la LVP, que tuvo un carácter siderometalúrgico, aunque en principio se integraron en ella empresas de otros sectores, centró sus esfuerzos, tras su constitución, en la organización de la LNP (con la cual y para cual nació) y en la batalla contra las tarifas especiales del Arancel para los productos siderometalúrgicos. Desplegaron en ella todos los medios a los que acudía un grupo de interés: la propaganda ante la opinión pública; la búsqueda de alianzas y apoyos con otras organizaciones empresariales o fuerzas económicas; y la presión, a través de escritos, visitas personales, etc., ante los poderes públicos, bien fuera el ejecutivo, el Parlamento o los organismos consultivos de la Administración. Y lograron su objetivo con la aprobación de la ley de septiembre de 1896, que sustituía las tarifas especiales para el material de ferrocarriles que entrara en España por unos derechos aduaneros, en general, muy similares, e incluso algo inferiores, a los derechos que esos materiales tenían en el Arancel de 1882, considerado librecambista.
La afirmación de un nacionalismo económico
Logrados sus más inmediatas reivindicaciones, la LVP perdió vitalidad a partir de 1897 y, con la disolución de la LNP a principios de 1899, atravesó su momento más crítico, por las dudas de Altos Hornos -a diferencia de la Vizcaya- sobre la conveniencia de su sostenimiento (que se solventaron mediante una simplificación de su funcionamiento y una reducción de su presupuesto). Pero perviviría y, como expresión de los planteamientos intelectuales de un Pablo Alzola, seguiría trabajando -particularmente, desde su revitalización al calor de la nueva campaña arancelaria iniciada en 1903-1904 y tras su reconocimiento como corporación oficial, en 1909, en una larga etapa en la que estuvo presidida por Federico Echevarría, que ya había estado al frente de la Comisión organizadora del mitin de 1893- en favor de una concepción de una economía y una política económica nacionales, a través de dos objetivos estratégicos, la protección del mercado nacional y el fomento de la industria nacional, que desembocarían, después de la I Guerra Mundial, en la articulación de un capitalismo nacionalista español.
En línea del primer objetivo están, además de la mencionada ley de 1896, disposiciones como: la ley de julio de 1895 que prohibía la devolución de los derechos aduaneros o la introducción con exenciones arancelarias del material destinado a obras públicas y servicios del Estado (una reivindicación de la LVP, que no participó sin embargo en la aprobación de esta medida); la revisión parcial del Arancel, en 1899; y, sobre todo, el Arancel de 1906, un Arancel más completo y desarrollado que los anteriores, que consagró la tendencia proteccionista iniciada en el último decenio del siglo XIX y en cuya elaboración participó intensamente la LVP, desde el minucioso proyecto preparado para los productos de su interés tras una amplia información entre sus asociados, pasando por la Ley de Bases (preparada en una Comisión que estuvo presidida por Alzola), hasta la confección final del Arancel en la Junta de Aranceles y Valoraciones. Al mencionado objetivo apuntaba también la Ley de comunicaciones marítimas, de 1909, que buscaba, además, el fomento de las diversas actividades vinculadas a la construcción naval y la navegación; una ley que extendió el proteccionismo al sector naviero y que hubo de conciliar los diferentes intereses que confluían en dichas actividades (siderometalurgia, construcción naval, transporte marítimo ), razón por la que tardó en aprobarse casi veinte años desde que empezara a ser reivindicada por los empresarios siderometalúrgicos. Y, finalmente, el Arancel de 1922 que, como en el resto de una Europa afectada por la reorganización económica de postguerra y por la quiebra del patrón oro, incrementaba las tarifas aduaneras.
Al segundo de los objetivos señalados, el fomento de la industria nacional, contribuyeron la Ley de Protección a la Industria Nacional, de 1907, que disponía que se admitieran únicamente productos de la industria española en los contratos del Estado para todo tipo de servicios y obras públicas; la nueva Ley de Protección, de marzo de 1917; o la creación, en 1926, del Comité Regulador de la Producción Industrial que -también con una dimensión de protección del mercado nacional- tenía como misión legalizar la actividad de las nuevas industrias, controlando en particular la de las empresas extranjeras que desearan introducirse en la economía española, en la que sólo podrían operar a través de filiales españolas. También pudo contribuir al citado objetivo la presencia de la LVP en organismos como la Comisión Protectora de la Producción nacional, el Consejo Superior de Fomento o el Consejo de Economía Nacional.
La Liga Vizcaína en el panorama asociativo patronal de la provincia
Después del nacimiento de la oficial Cámara de Comercio, en 1886, para agrupar y representar todos los intereses empresariales y patronales, la Liga Vizcaína de Productores fue -tras la creación del Círculo Minero el mismo año- la segunda de las asociaciones patronales constituidas en Bizkaia como grupos de interés para reivindicar del Gobierno una determinada política económica, así como para asesorar a sus socios en asuntos profesionales, y de forma destacada, los fiscales. Después vendrían la Asociación de Navieros de Bilbao, en 1900; el Círculo de la Unión Mercantil (Centro Mercantil, en 1932), que agrupaba a los comerciantes; o la Agrupación de Sociedades Anónimas del Norte de España, para defender los intereses del cuarto gran sector económico (junto al minero, al siderometalúrgico y al naviero) de la provincia, el financiero, entre las más significativas.
De ellas nacieron, en algunos casos, asociaciones de defensa patronal, concebidas para hacer frente a las reivindicaciones obreras. Fue lo que ocurrió en el de la LVP. En un momento de debilidad y reorganización de la Liga, y también como expresión de las diferencias en su seno, entre los grandes, por un lado, y los pequeños y medianos empresarios siderometalúrgicos, por otro, la LVP fue, en buena medida, la entidad matriz desde la que se fundó, en 1898-1899, el Centro Industrial de Vizcaya (CIV) para defender a los patronos integrados en ella de las demandas obreras y asesorarles en todo lo relativo a las relaciones laborales.
A lo largo del primer tercio del siglo XX, la progresiva afirmación de un nacionalismo económico y la paralela articulación de una economía nacional (que tendría su reflejo institucional en la creación del Ministerio de Economía, en 1928, y que desembocaría en la autarquía de la postguerra civil) redujeron la primacía de las reivindicaciones de carácter económico de las que se ocupaba la LVP -asumidas, además, por otras entidades de mayor proyección, como la Federación Nacional de Industrias- en favor de la prioridad de las cuestiones sociales de las que se ocupaba el CIV. De ahí que se pueda apreciar no sólo una creciente confluencia entre la LVP y el CIV (ya en 1902 la LVP se trasladó a un local cedido por el Centro; ambas entidades se reorganizaron conjuntamente para estar representados en la Organización Corporativa Nacional, creada en 1926; fusionaron sus servicios en 1932, aunque mantuvieran su autonomía jurídica, orientadas respectivamente a las cuestiones económicas y a las cuestiones sociales; y formaron, finalmente, en 1934, la Federación de Entidades Industriales y Económicas de Vizcaya), sino también el creciente liderazgo del CIV, al menos desde los años 1930, en las gestiones que afectaban a los empresarios y patronos representados por ambas entidades, de tal forma que sería el CIV la entidad que encarnaría la continuidad del propio Centro y de la LVP, a través del franquismo, hasta el nuevo modelo de organización empresarial que cristalizó, tras la dictadura, en el último cuarto del siglo XX.
Ignacio ARANA PÉREZ (2008)