La especulación fue un problema permanente en la tierras vascas, también en el caso de la carne. Precisamente esa fue la causa de la machinada de 1755. Desde la década de los años veinte del siglo XVIII se incrementó considerablemente la exportación de carne vacuna desde Bizkaia y Gipuzkoa hacia Álava y Castilla. Dicha exportación únicamente era prohibida en tiempos de inflación (1695, 1702, 1709, 1712, 1714, 1740, 1741, 1742, 1752 y 1754). Gipuzkoa intentó acabar con las prácticas de los revendedores en 1755 prohibiendo a los campesinos vender en los mercados y obligándoles a respetar la preferencia de compra de los abastecedores locales. Además las instituciones provinciales establecieron la periodicidad de los mercados, prohibieron la exportación de los animales a los pueblos circunvecinos y establecieron un sistema de precios semitasado, fortaleciendo de esa forma el papel de las instituciones locales, ya que debían velar por la aplicación de dichas medidas. Pero los campesinos y pequeños propietarios, que eran dueños de animales y gracias a las ventas a los especuladores obtenían unos ingresos complementarios esenciales, no aceptaron las medidas. Los especuladores acudían directamente a comprar a los caseros, ahorrándose de esa forma los gastos de transporte. Además, a pesar de obtener precios algo más bajos, las ventas realizadas a los revendedores eran más seguras, puesto que así no competían con otros vendedores ni sufrían las exigencias de los abastecedores oficiales. Los campesinos necesitaban liquidez y no podían arriesgarse a esperar obtener precios justos, puesto que el mantenimiento del ganado era caro y cualquier eventualidad en la cosecha podía dar al traste con todas sus esperanzas.
En la primavera de 1754 Gipuzkoa, motu proprio y sin la correspondiente aquiescencia del Consejo de Castilla, prohibió la exportación de ganado vacuno y la obligación de venderlo en los mercados provinciales. A consecuencia de ello, muchos tratantes fueron detenidos y los campesinos fueron acusados de realizar ventas ilícitas. Tras los duros inviernos de los años 1754 y 1755 -se produjeron importantes heladas y nevadas- las cosechas de hierba y nabo fueron muy malas, dejando a los campesinos sin el sostén para sus animales, obliglándoles a vender dichos animales. Cerradas las puertas de la exportación, los campesinos se vieron obligados a llevar sus animales a los mercados provinciales. Sin embargo, siendo la competencia muy alta, muchos no pudieron llevar a cabo la venta y quedaron al borde del precipicio, sobre todo en el valle del Deba. A decir verdad, los abastecedores preferían comprar el ganado en Francia, para de esa forma poder sacarlo a los mercados extraprovinciales, especular y obtener mayores rendimientos y beneficios. Por ello, muchos campesinos, a pesar de ser ilícito, viendo que la venta en los mercados locales era casi imposible y difícilmente podían mantener el ganado, se atrevieron a venderlos fuera de la provincia.
Para acabar con estas prácticas se tomaron algunas medidas. El 20 de agosto de 1754 la provincia decidió que los mercados que se celebraban semanalmente en Segura y Ordizia los lunes y jueves, respectivamente, se celebrasen alternativamente cada quince días todos los lunes. A los abastecedores de la provincia se les obligaba a acudir a ambas, quedando prohibida la reventa. En caso de que los vendedores de cada localidad quisiesen vender el ganado a los abastecedores locales, estos estaban obligados a comprárselo; en caso de concurrir muchos vendedores, lo más necesitados tendrían prioridad. En caso de que el abastecimiento quedase garantizado, los vendedores podrían llevar el ganado sobrante a un máximo de seis kilómetros a la redonda, siempre dentro de los límites provinciales. El ganado infractor sería detenido y vendido y sus propietarios deberían hacer frente a los gastos de la acusación y a una multa. Pero el reglamento no fue respetado y el fraude continuó. En realidad, los decretos fortalecieron las prácticas especulativas y el contrabando. El 21 de marzo de 1755 la Diputación de Guipúzcoa solicitó al Alcalde de Sacas que exigiese referencia exacta del ganado importado a todo aquel que desde Álava, Rioja o cualquier otro destino fuese a Francia a comprar ganado. De igual modo debía actuar con los abastecedores guipuzcoanos y con aquellos que compraban ganado para las labores agrícolas. Las extracciones únicamente se podrían practicar de mediar el permiso provincial. Pero finalmente los campesinos de las cuencas del Urola y del Deba llevaron su ganado a Vitoria, puesto que no pudieron venderlo en el mercado de Bergara. La primavera de 1755, ante las numerosas denuncias y visto el escaso éxito de las medidas adoptadas, sobre todo en Mondragón, Eskoriatza, Aretxabaleta y Bergara, la Diputación de Guipúzcoa finalmente tomó conciencia de la magnitud del problema. Las denuncias acusaban a vecinos de las cuencas del Deba y del Urola, de extraer sus animales hacia Vitoria por Oñati y con la aquiescencia y permiso del alcalde de Salinas de Léniz. Fueron los propios campesinos los que solicitaron a las instituciones que prohibiesen a los abastecedores guipuzcoanos importar ganado vacuno desde Francia o cualquier otro lugar y les obligasen a acudir a los mercados y ferias. Precisamente, siendo como era el principal centro vacuno de la provincia, los campesinos solicitaron el establecimiento de otra feria en Mondragón, una vez por semana. De esa forma, serían cuatro las ferias libres existentes en Gipuzkoa: Bergara y Segura existían desde 1742 -la última desaparecería junto a la de Tolosa- Ordizia se había puesto en marcha en 1752, y ahora Mondragón.
Los pueblos movilizados en 1755 son los mismos que lo hicieron en 1718. Ante el evolución de los acontecimientos, las Juntas Generales que se estaban celebrando en Elgoibar, decidieron dar marcha atrás y suspender momentáneamente los decretos de prohibición. Los mencionados decretos pretendían proteger a los consumidores ante las prácticas especulativas, pero no tuvieron en cuenta que los campesinos que vivían cerca de la frontera de Álava y Navarra vivían precisamente de la libertad de exportación de carne. La oposición a los decretos comenzó en Bergara y en los pueblos de alrededor, puesto que fue allí donde aparecieron los primeros pasquines, aunque posteriormente se extendió por otros doce pueblos de las cuencas del Deva y el Urola: primero, Zegama, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Ataun, Ordizia y Berástegui por el sur, precisamente fronterizos con Álava y Navarra, y posteriormente Salinas de Léniz, Eskoritza, Aretxabaleta y Mondragón, en la frontera con Álava.
Los precursores e impulsores de la machinada fueron los pequeños propietarios y arrendatarios rurales, uniéndoseles posteriormente el pueblo llano, como protesta ante los decretos de las Juntas Generales y, de alguna forma, ante aquellos jauntxos y mandatarios que monopolizaban el gobierno local. En opinión de algunos autores, fue un intento inconsciente de romper con los encorsetados esquemas de la economía local y regional y en favor de una economía libre y liberal. Los gobernantes respondieron con prontitud formando un contingente militar que apenas encontró resistencia. Por tanto, la machinada fue cortada de raíz casi antes de iniciarse. Consiguieron paralizar los decretos, pero muchos de los amotinados hubieron de hacer frente a multas y al secuestro de sus bienes. La paz se restableció de inmediato, pero de momento no se le encontró solución al problema de fondo, poniendo así la semilla de la siguiente machinada.