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Navarra. Historia

La convocatoria de elecciones municipales para abril de 1931 supone la vuelta a la normalidad electoral de 1923, rota por Primo de Rivera con la suspensión de las corporaciones municipales poco después del golpe militar. Durante el mes de marzo de 1931 los partidos políticos navarros, al igual que en el resto, preparan candidaturas para los ayuntamientos y la inminente campaña electoral. Al mismo tiempo, la prensa informa a sus lectores de los contactos mantenidos por los partidos de derechas para presentarse en coalición al ayuntamiento de Pamplona. El acuerdo alcanzado en la capital es un ejemplo a seguir para el resto de Navarra. Tres candidaturas se disputan las concejalías en Pamplona: la Antirrevolucionaria (mescolanza de integristas, liberales, personas afines al periódico "Diario de Navarra" y jaimistas, con predominio de estos últimos) la Revolucionaria (formada por la Conjunción republicano-socialista" y la Nacionalista (con personas afectas al Centro Vasco de Iruña y su periódico "La Voz de Navarra").

Las tres candidaturas ser repiten en Tafalla y Estella; las dos primeras están presentes en Tudela, Alsasua, Aoiz y en la mayoría de las poblaciones de la Ribera. La ley electoral de 1907 recogía dos posibilidades para designar nuevas corporaciones municipales: por el artículo 29 y por sufragio popular. Se aplicaba el artículo 29 y por sufragio popular. Se aplicaba el artículo 29 cuando el número de aspirantes a concejal era igual o menor que el de puestos a cubrir; en estos casos la proclamación de concejales se realizaba de modo automático entre los aspirantes. En las elecciones de 1931 se fijó para el cinco de abril la aplicación del artículo 29, como domingo anterior a las votaciones generales. Ese día fueron designados 1.103 concejales -el 53 % del total-, lo que indica que algo más de la mitad de los puestos a cubrir en los ayuntamientos navarros no recibieron el respaldo de las urnas. Sólo 28 de estos concejales pertenecían a la Conjunción o bien podían considerarse de extracción social baja. Mientras tanto continuaba la campaña electoral para las votaciones del 12 de abril. Una campaña con el dilema Monarquía-República como fondo en los mítines de los partidos, sin olvidar los problemas locales de aguas, tierras comunales, luz, leña, pastos..., de mayor atractivo para los oyentes que la cuestión del cambio de régimen.

Los oradores de la Conjunción republicano-socialista hacían hincapié, sobre todo, en la reversión de comunales y corralizas a los pueblos, vieja aspiración de los municipios de la Ribera, que tendría solución -afirmaban- en la futura República. Por su parte, la derecha navarra avisaba en mítines y panfletos de los peligros que corría la Religión ante un posible triunfo de la candidatura Revolucionaria, pero callaba que igual suerte corría la Monarquía alfonsina. El domingo de las votaciones, el día 12, apenas registra incidentes graves, si exceptuamos la rotura de urnas en Azagra cuando los votos se volvieron desfavorables a la candidatura de izquierdas. En esta jornada la victoria corresponde otra vez a la derecha: casi con total seguridad pueden adscribirse 765 concejales a la derecha -el 77 % del total electo-, 134 a la izquierda -el 13 %-, y el resto corresponde a Otros y sin datos. A destacar el triunfo de los primeros en Pamplona, Estella, Tafalla, Valtierra, Lodosa, Carcastillo, Arguedas; la izquierda obtiene mayorías en Tudela, Caparroso, Villafranca, Buñuel, Cascante, Falces y Castejón, como lugares más representativos. El triunfo de la derecha en la capital -17 concejales por 12 sus oponentes- no admite dudas. Sería Pamplona una de las siete capitales de provincia donde la Conjunción no triunfó en la histórica jornada del 12 de abril (Bilbao y San Sebastián fueron para la izquierda, Vitoria también para la derecha). En Pamplona las noticias que llegaban desde Madrid empañaban la satisfacción de la derecha por los resultados.

El lunes ya se hablaba de la inminente salida del rey hacia el exilio y la proclamación de la República. Cuando el Comité republicano-socialista de Pamplona recibe confirmación oficial de la renuncia al trono por parte de Alfonso XIII, los elementos de izquierda salen a la calle en la tarde del 14 para festejar el cambio de régimen. Las nuevas autoridades presiden manifestaciones populares en Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, pero se niegan a recibir el poder de manos de las autoridades monárquicas mientras no reciban instrucciones del Gobierno Provisional. En días posteriores los concejales electos, si eran de izquierdas, y Comités republicanos locales se hacen cargo de los ayuntamientos, para inmediatamente dejar paso por orden gubernativa a las nuevas corporaciones salidas del 12 de abril, excepto en aquellos municipios que hubieran presentado reclamaciones electorales -normalmente bajo la acusación de presiones de los propietarios agrícolas a los arrendatarios y jornaleros y por compra de votos. La proclamación de la II República en Navarra puede, por tanto, ser calificada de pacífica. La normalización de la vida administrativa en los ayuntamientos coincide con la toma de posesión, el 17, del primer gobernador civil de la II República, Jesús Ruiz del Río, y los primeros decretos del Gobierno Provisional publicados en el Boletín Oficial de Navarra.

Entre otros asuntos, la primera autoridad de la provincia debe resolver los expedientes sobre posibles irregularidades cometidas en las pasadas elecciones, protestas lógicamente suscritas por los perdedores (en Pamplona por los nacionalistas). La aceptación gubernativa de estas reclamaciones dejaba a los ayuntamientos en manos de Comisiones Gestoras (con hombres afines a la nueva situación política). Las atribuciones que la Ley de Fueros de 1841 concedía a la Diputación Foral sobre los municipios navarros hacía de esta institución una pieza clave en la vida política. La postura que la Diputación adoptase ante situaciones como la de abril facilitaría la aceptación pacífica de la República o su contestación más o menos violenta, como había ocurrido en el siglo XIX frente a los liberales. A la Diputación y a los nuevos gobernantes interesaba, por ello, conseguir una transmisión pacífica de poderes. Bastaba una declaración de respeto al régimen privativo de Navarra por parte de las autoridades republicanas. Una vez alcanzado este compromiso por boca del nuevo ministro de la Gobernación, Miguel Maura, comienza a negociarse la fórmula para sustituir a los últimos diputados de la Monarquía.

La Diputación saliente (amalgama de conservadores, carlistas y un nacionalista -Irujo-) apoyaba una renovación de sus miembros con hombres salidos del Consejo Administrativo de Navarra y mostraba su rechazo a todo intento de nombramiento gubernativo para la Diputación Foral de Navarra, por ser opuesto -decían- a la Ley Paccionada de 1841. La Conjunción quería para Navarra una Diputación de mayoría republicano-socialista, formada por hombres salidos de las urnas de abril. Al final predominó la postura de la izquierda, apoyada plenamente desde el Gobierno Civil. El día 21 tomará posesión en Pamplona la primera Comisión Gestora republicana; por primera vez será presidida la Diputación por un socialista, el médico de Alsasua Constantino Salinas. De los siete diputados, cinco pertenecían a Conjunción. Los comicios del 31 de mayo obligan otra vez a la presentación de nuevas candidaturas y a repetir la campaña electoral. La izquierda, ayer perdedora, pretende conseguir mayorías en los ayun- tamientos merced al nuevo clima político. La esperanza en las reformas prometidas por el Gobierno Provisional -los recientes decretos para el campo del socialista Largo Caballero preanunciaban la futura Ley de Reforma Agraria- favorecía claramente a los candidatos republicano-socialistas, si bien la ola de incendios de edificios religiosos en los últimos días podía restarles votos.

En Pamplona la candidatura Antirrevolucionaria pasa a denominarse Católico-Fuerista (formada en torno al lema "Religión y Fueros", en clara alusión a la quema de conventos y a la campaña estatutaria promovida por los nacionalistas, la Conjunción presenta a los mismos hombres y los nacionalistas deciden abstenerse de la lucha electoral. En los treinta municipios restantes que celebran elecciones (casi todos ellos en la Ribera), el tema agrario y la cuestión religiosa son banderas que enarbolan los dos grupos antagónicos -derechas e izquierdas- en que se había dividido la sociedad navarra, apenas mes y medio después de proclamarse la II República. La normalidad electoral es también la tónica general del domingo 31 de mayo, excepto en Arguedas, Funes, Carcastillo y Milagro donde las urnas son destrozadas por elementos de izquierda. Los resultados de la jornada, una vez repetida la elección de los cuatro municipios, dan como vencedores absolutos a los candidatos de derechas -154 concejales-; la izquierda con sus 149 concejales obtiene, sin embargo, la mayoría en ayuntamientos tan significativos como Tafalla, Corella, Caparroso, Valtierra, Lodosa y Peralta. En Pamplona 15 puestos consigue la izquierda y 14 la derecha, en consecuencia la alcaldía de la capital navarra recae en un hombre de la Conjunción, el republicano Mariano Ansó.

JVI

(1931). A la proclamación de la República española y del Estado Catalán el 14 de abril sucedió una gran oleada de manifestaciones afines en todas las provincias. La constitución el día 15 de un Gobierno provisional catalán basado en el pacto de San Sebastián suscitó, como era de esperar, entusiasmos, recelos, envidias y mimetismos. Si en un principio la agitación autonomista (Movimiento de Alcaldes) recorre sólo Bizkaia y Gipuzkoa, el movimiento no ha de tardar en contagiar su entusiasmo a Álava y Navarra, máxime cuando las quemas de conventos e iglesias en España (10-12 de mayo) ponen de manifiesto las ventajas que una autonomía aislacionista puede reportar a efectos de preservar la catolicidad y el dominio de la Iglesia sobre toda Vasconia.

El Movimiento de Alcaldes (Estornés, tesis, cit. ) gestado, el mismo 14 de abril en que la renovación de ayuntamientos acarrea la implantación de la II República en España, fue una ola de fondo hábilmente dirigida por el nacionalismo vasco confesional. Merced a este movimiento el PNV recuperaba el tiempo perdido durante la Dictadura, tratando -y consiguiendo- liderar a gran parte de la derecha sociológica autonomista vasca desorientada por los súbitos acontecimientos. Más de 400 ayuntamientos de 548 se adhirieron entre mayo y junio a esta Campaña, 82 de 89 en Gipuzkoa, 189 de 267 en Navarra, 59 de 77 en Álava y 90 de 115 en Bizkaia. La agitación autonomista fue especialmente intensa en Navarra donde dio lugar, pese a la oposición de los sectores afines a "Diario de Navarra", a reuniones y asambleas de cendeas, distritos y valles y propició un acercamiento de las fuerzas de la derecha (incluidos nacionalistas) que casi culminó en coalición electoral en torno al Estatuto único cara a las elecciones parciales del 31 de mayo.

Ayuntamientos sustentadores del Movimiento de Alcaldes.

Sangüesa. Ay. compuesto de 7 antirrevolucionarios (jaimistas), 3 republicanos y un "fuerista". Alcalde: Agustín Blanco.

Abárzuza. Ay. compuesto de 5 antirrevolucionarios y 3 indefinidos. Alcalde: Faustino Azanza.

Amescoa Baja. Ay. compuesto de 9 monárquicos. Alcalde: Gregorio Ulíbarri.

Aranaratxe. Ay. compuesto de 6 antirrevolucionarios. Alcalde: Martín Ruiz.

Eulate. Ay. elegido el 12 de abril, de derechas. Comisión gestora desde el 7 de mayo. 5 republicanos, 1 liberal y 1 independiente en mayo. Alcalde (junio): Miguel Andueza.

Larraona. Ay. compuesto por 6 antirrevolucionarios. Alcalde Cayetano de Ulibarri.

Movimiento de alcaldes. Mayorías políticas de los ayuntamientos adheridos.

Movimiento de alcaldes
Mayorías políticas de los ayuntamientos adheridos
* Conjunciones de dinásticos, carlistas y derecha católica en general.
Antirrevolucionaria (*)115,5Ayuntamiento
Monárquica31Ayuntamiento
Sin filiación15Ayuntamiento
Bloque republicano-socialista9Ayuntamiento
Sin especificar8Ayuntamiento
Carlista5Ayuntamiento
Católica4Ayuntamiento
Independiente2Ayuntamiento

Orden decreciente de adhesión (en relación con la población)
al Movimiento de Alcaldes
Navarra: (339.220 h. de derecho)
Adhesiones consignadas189 de 267 ayuntamientos
Pobl. que representan202.2154h.; 59,6 % del total
Denegaciones consignadas3 de 267 ayuntamientos
Recurso a lo que decida Diput.21 de 267 ayuntamientos
Pobl. que representan (Deneg. y Rec.)80.468 h.; 23,73 % del total
Pbol. de los ay. sin evaluar16,6 % del total

Municipios que denegaron su participación y/o se sumaron
a las iniciativas de la CG de la Diputación
TipologíaPoblaciónLenguaAyuntamiento
Denegaron
AnsoainCuenca Pamplona1.591CastellanoMonárquico
Los ArcosTierra Estella2.303CastellanoCG/Independientes
TudelaRibera10.511CastellanoBloque
Se adhieren "a lo que acuerde la Diputación"
AlsasuaNudo ferroviario2.578CastellanoBloque
AraquilRural2.355EuskaraAntirrevolucionario
ArtajonaAgrícola2.721CastellanoDerechas
BakaikuRural424EuskaraAntirrevolucionario
CabanillasRibera997CastellanoDer./CG/Bloque
CascanteRibera3.879CastellanoBloque
CastejonNudo ferroviario1.576CastellanoBloque
ZiordiaRural531EuskaraSin filiación
ElayoRural267CastellanoAntirrevolucionario
JavierRural248CastellanoAntirrevolucionario
LabaienRural690CastellanoAntirrevolucionario
LarraunRural3.599Euskara(Desconocido)
LerinAgr./Rib. estellesa3.413Cast./Eusk.Monárquico
LumbierAgr./Centro comarcal1.959CastellanoMonárquico
OtxagabiaRural1.269CastellanoAntirrevolucionario
OlejuaRural180Cast./Eusk.Antirrevolucionario
PamplonaCapital33.281CastellanoBloque
San AdriánRibera1.355CastellanoMonárquico
SansoainRural158CastellanoAntirrevolucionario
SartagudaRibera1.215CastellanoMon./CG/Bloque
TorralbaRural507CastellanoAntirrevolucionario
TulebrasRibera193CastellanoMonárquico
UlzamaRural2.508Cast./Eusk.Antirrevolucionario
UrdiainRural747EuskaraAntirrevolucionario
ValtierraRibera2.229CastellanoMon./Bloque
VillafrancaRibera3.153CastellanoBloque
VillamayorRural214CastellanoMonárquico

Desbordados por este movimiento, las ensimismadas e indecisas Comisiones Gestoras de las cuatro Diputaciones van a adoptar a fines de mayo unas normas unitarias conjuntas para la confección detextos autonómicos, normas que entran en abierta contradicción con las tesis municipalistas. El Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, gestado entre 1930-1931, esperado tanto por las Gestoras como por el movimiento de Alcaldes, verá la luz el 31 de mayo en estas circunstancias. Dicho Estatuto contemplaba otra vez el Laurak Bat, es decir, la constitución de un Estatuto Vasco mediante la confederación paritaria de Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Estado que, a su vez, quedaría vinculado a la República española. Entre sus disposiciones las había que contentaban a las izquierdas y las que se rendían a las exigencias de las derecha. Eran los partidos políticos los que habían de dictaminar sobre la procedencia del mismo.

El Estatuto General del Estado Vasco y sus hijos navarros. El EGEV proporcionaba por fin un texto-ponencia a las diversas fuerzas políticas enfrentadas. Algo más de una semana va a durar la corta vida del EGEV antes de acabar transformado en dos textos antagónicos. En este lapso de tiempo la mayoría de los partidos vascos va a examinar y/o enmendar el mismo a su guisa. ANV y el Partido Republicano Autónomo van a ser los únicos que admitan el texto tal como salió de los troqueles de Eusko-Ikaskuntza. El PNV, primero, y la Comunión Tradicionalista, luego, acentuarán su carácter etnocéntrico y recabarán para el Estado Vasco la facultad de establecer relaciones directas con Roma. Los socialistas, remodelan los órganos rectores de la futura comunidad primando el carácter demográfico sobre el territorial, es decir, volcando interesadamente el Estatuto hacia Bizkaia. Finalmente, los integristas harán una lectura teocéntrica y aislacionista del mismo y el Partido Federalista se atrincherará en la vieja fórmula monoprovincial ya conocida. El primer derivado del EGEV va a ser el Estatuto de Estella. Estando ya firmada la convocatoria de elecciones generales el Movimiento de Alcaldes convoca un Mitin monumental en Estella para dos semanas antes (28 de junio).

Su propósito es sancionar un nuevo Estatuto con las modificaciones de los nacionalistas y de los tradicionalistas (enaltecimiento de Navarra, concordato con la Santa Sede, diez años de residencia, etc.). Pero dicho Movimiento liderado por el PNV de Bizkaia tropezó con dos grandes disidencias. Por una parte el Mitin de Afirmación Católica convocado en Pamplona el mismo día le demostró que el carlismo podía ser un aliado pero no una mera comparsa. Por otra que el nacionalismo de Navarra no deseaba divorciar su acción de la de su Comisión Gestora, es decir, que sintonizaba en mayor medida que otros, con la sensibilidad republicana. Y esto se puso de manifiesto en los síes condicionados, entre los cuales el del líder del Movimiento en Navarra y alcalde de Sangüesa Blanco, a lo aprobado en Estella. Ello se debe a que la Diputación navarra republicana había creado a mediados de mayo una Comisión Autonómica compuesta por elementos de diferente procedencia política y que dicha Comisión ofrecía serias garantías de imparcialidad y de eficacia.

Efectivamente, a diferencia de lo acaecido en las otras provincias, esta Comisión consiguió desviar hacia sí a un número importante de ayuntamientos que creemos estaban abocados a sumarse o se habían ya sumado al Movimiento de Alcaldes. Inició este proceso la CG del ayuntamiento de Pamplona que, el 20 de mayo, acordó adherirse a cuantos acuerdos adoptara la Diputación en orden a la formación de un Estatuto. El 22 del mismo mes era el eyuntamiento de Tudela el que hacía otro tanto seguido de 26 municipios. La Comisión inició sus trabajos el 19 de mayo, abriendo una información pública de 15 días para que las Corporaciones, entidades y personas particulares presentaran sus iniciativas. Concurrieron a la misma el ayuntamiento de Ansoain, Justo Garrán, ex diputado provincial y en Cortes, y los notarios Alejandro Lanz, decano del Colegio de Notarios, y Federico Oficialdegui, vecino de Peralta. El 15 de junio, es decir, al siguiente día de la Asamblea de Estella, la Comisión entregaba a la Diputación su dictamen consistente en:

a) Un Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro, segundo hijo, por orden cronológico del EGEV.
b) Un Proyecto de Estatuo exclusivamente navarro.
c) Un Proyecto de Constitución política interior de Navarra.

Acompaña a estos textos una Exposición de Principios Fundamentales y una Opinión Razonada, señalando como más idóneo para Navarra el Estatuto único Vasco-Navarro:

"Navarra, según queda demostrado, no pierde un ápice de sus facultades y personalidad y pacta como soberana la creación del Estado Vasco Navarro y el reconocimiento de ese Estado, como Estado miembro de la República Federal Española, y lo pacta en uso de su perfectísimo derecho, por entender que el País Vasco constituye una entidad natural con personalidad propia, y porque tal es el designio de su voluntad soberana.

No hay desmembración de soberanía ni renunciamiento de derechos a favor del Estado Vasco-Navarro y se produce, en cambio, la inmensa ventaja de la fuerza que da la unión íntima de esas cuatro regiones, o mejor pudiera decirse ex-Estados, que aparte de comunidad de lengua y raza, han mantenido vínculos estrechos de todo orden, y perdieron su libertad y soberanía al promulgarse aquella Ley de 25 de octubre de 1839, que al decir que se confirmaban los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra los abolió injustamente" (...)

"En resumen, Navarra, sin perder ninguna de las preeminencias que su situación como Estado federeado le reportaría, adquiere la inmensa e inapreciable ventaja de hacer valer sus derechos por intermedio de un Estado Federado que representa una población y un territorio importantísimo, aumentando con ello las probabilidades de consideración y buen trato de que ha de ser objeto dentro de una federación de pueblos ibéricos".

El 22 de junio, al día siguiente de la aprobación por las cuatro CCGG reunidad del EGEV de la Sociedad de Estudios Vascos, la Diputación de Navarra daba su visto bueno a lo acordado por la Ponencia convocando a todos los ayuntamientos de la provincia a una Asamblea a celebrar el 13 de julio, es decir, después de las elecciones del 28 en las que la Coalición Católico Fuerista (carlistas, liberales conservadores y el PNV), aglutinada en torno al "Estatuto que Navarra apruebe", obtiene el 63,7 % de los votos:

Elecciones a Cortes Constituyentes del 28-VI-1931
CANDIDATOSPARTIDOSVOTOS
Miguel Gortari ErreaCoalición catól.-fuer.46.684
Rafael Aizpún SantaféCoalición catól.-fuer.46.674
José Antonio Aguirre LecubeCoalición catól.-fuer.46.441
Joaquín Beunza RedínCoalición catól.-fuer.46.117
Tomás Domínguez ArévaloCoalición catól.-fuer.46.051
Mariano Ansó ZunzarrenCoalición republ.-social.27.191
Emilio Azarola GresillónCoalición republ.-social.27.033

Para cuando se reunen, pues, los representantes de los municipios navarros, las derechas han ganado las elecciones en Navarra y se ha constituido la Minoría Vasco-Navarra "Pro Estatuto" centrada en torno al Estatuo de Estella y al que "Navarra entera acuerde para sí", es decir, sin desestimar en esta provincia por la CG.

A la Asamblea acuden 242de los 267 ayuntamientos de Navarra. Tras una discusión inicial sobre el tipo de voto -proporcional o capitativo- a utilizar en la misma, se aceptó el criterio de que fuera proporcional y que el acuerdo final fuera sometido al referéndum de los electores de la provincia. Dos posturas se dibujan entonces en la Asamblea; la de aquéllos que solicitan se efectúe un estudio suplementario sobre la parte económica de los Estatutos y la del alcalde de Sangüesa que manifiesta que "la mayor parte de los ayuntamiento tiene ya criterio formado y que siendo asunto urgente no debía aplazarse la reunión". Dado el "número considerable" que se pronunció por la primera postura, el Presidente accedió a la petición y declaró suspendida la Asamblea "hasta nuevo señalamiento". Este llegó el 10 de agosto de ese año. Acudieron a la Asamblea todos los ayuntamientos de Navarra salvo 17. Muchas corporaciones habían estado previamente reuniéndose en Estella, Aoiz, Villaba, Tudela, Mugaire, Tafalla y Pamplona.

El clima a favor del Estatuto Vasco-Navarro era óptimo. Lo prohijaba la CG de la Diputación navarra que había manifestado comprensión hacia el Movimiento de Alcaldes, apertura hacia las gestiones de ANV, y sincera voluntad de virtualizar la autonomía de Navarra. Era ésta, además, la garante de una política democrática en lo tocante al espinoso tema de las corralizas y bienes comunales de los ayuntamientos con problemas de propiedad agraria y esto era importante sobre todo en aquéllos cuya sensibilidad nacionalista era escasa. Tal era el caso de Tudela y su distrito. La capital ribera había aprobado por fin, el 8 de julio, el Estatuto Vasco-Navarro, con el voto particular de Cuadra, Ansó, Goñi y Cabezudo sobre régimen de enseñanza y cementerios, aprobación del Estatuto y "reciprocidad de derechos entre Navarra y los demás ciudadanos españoles". Días después lo apoyaba públicamente la Agrupación Republicana de Tudela y, el 6 de agosto, lo hacían los ayuntamientos del distrito pidiendo no se discutiera la cuestión religiosa (García Umbón, 1987). Habiéndose efectuado a satisfacción el estudioeconómico, favorable al Estatuto, se procedió a votar obeniéndose el siguiente resultado:

  • A favor del Estatuto Vasco-Navarro

229 ayuntamientos, de 267, cuyos votos, computados conarregldo a la población de derecho de sus respectivos municipios, representaban a 304.351 votos y al 88,34 % de la población.

  • A favor del Estatuto Navarro

Adiós, Cirauqui y Dicastillo con 2.808 votos y el 0,82 %de la población navarra.

  • Por ningún Estatuto

Armañanzas, Cabanillas, Caparroso, Ziordia, Fitero, Isaba, Jaurrieta, Larraga, Lodosa, Mélida, Mendabia, Mendaza, peralta, Sartaguda, Torres del Río y Valtierra. Total, dieciseis Ayuntamientos que representan 30.290 votos y el 8,80 % de la población de la provincia.

  • Por una Autonomía Regional inespecificada

Olazagutía y Urdiain con 2.561 votos.

El Estatuto Vasco-Navarro fue, pues, aprobado por la inmensa mayoría de los ayuntamientos navarros que representaban al 89,5 de los votantes de los ayuntamientos presentes. Tanto las corporaciones de derecha como las de izquierda votaron al EVN de forma abrumadora. A continuación se procedió a enmendar el texto. Así fue cómo, a propuesta de Pamplona, se cambió la sede primera (Vitora) establecida por la SEV -y aceptada por la ponencia navarra- por Pamplona, seguida por Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y se añadió un epígrafe otorgando plena autonomía para el gobierno y dirección de sus intereses peculiares a los organismos locales. Pero, por la tarde, iba a romperse la unanimidad alcanzada. Obedeciendo tal vez a un acuerdo secreto pactado por el alcalde de Sangüesa y la CG de la Diputación, el representante de Estella expuso a la aprobación de los ayuntamientos las enmiendas introducidas al EGEV en la Asamblea de Estella.

Algunas fueron rechazadas, otras progresaron. Fue derrotada la tendente a exigir diez años de residencia a los no naturales de la comunidad autónoma -recuérdese que Navarra es un país de enorme emigración entre los dos siglos, no existiendo, por el contrario, inmigración alguna- para obtener derechos políticos. Prevaleció la que asignaba a los municipios el régimen de cementerios y la que eliminaba las facultades reservadas al Estado español en materia de relaciones entre la Iglesia y el Estado, carácter de la enseñanza y el régimen de cultos, que eran otorgadas al Estado Vasco. El gran elemento de discordia era introducido pese al voto en contra de 55 variados ayuntamientos (entre los cuales Pamplona, Tafalla, Tudela y gran parte de la Ribera) con 147.977 votos, frente a 165 con 172.026 votos, es decir, por un estrecho margen de 7,5 % de diferencia a favor del estellismo. A continuación, y a propuesta también del delegado de Estella, la Asamblea acordó que el euskara sólo tuviera carácter de lengua oficial "en aquellos territorios que se demarquen como euskaldunes, por constar que puedan ser comprendidos por las Autoridades y Corporaciones a quienes vayan dirigidos".

Tema crucial fue la adopción de una fórmula para la aprobación definitiva del Estatuto -recordemos que la República aún no había establecido norma alguna- y en él encalló finalmente la Asamblea. El representante de Estella manifestó que, habiéndose aprobado el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro casi por unanimidad y discrepando la Asamblea tan solo en algunas enmiendas, la fórmula que procedería emplear era la del plebiscito, debiéndose votar por el Estatuto Vasco-Navarro "con o sin las enmiendas aprobadas en la Asamblea". El resultado no dejaba apenas lugar a dudas. Pero los representantes de Pamplona y de Tudela y el diputado Soriano arguyeron entonces que no era posible aceptar esta fórmula "porque, siendo varias las enmiendas aprobadas, pudiera suceder que muchos quisieran aceptar unas y rechazar otras, y en los términos planteados no podría hacerse tal distinción", añadiendo que, a su juicio, no cabía otra cosa que "acoplar al proyecto de la Ponencia las enmiendas introducidas, formando así un cuerpo total con el Estatuto aprobado y sobre ese proyecto abrir el plebiscito" para que los votantes lo aprobaran o rechazaran en toda su integridad. Intervinieron, en vano, otros representantes -las actas no especifican quiénes- en la discusión haciendo resaltar, de forma profética, el peligro de que el Estatuto, con las enmiendas aprobadas -es decir, "estellizado" en parte- no fuera aceptado por gran proporción de los electores y que por ello pudiera perecer totalmente la autonomía que se pretendía.

La Asamblea acordó a la postre que la fórmula de votación del plebiscito fuera la de la aceptación o rechazo, en su totalidad,del proyecto de Estatuto que había sido aprobado, comprendidas en él las enmiendas introducidas por medio de todos los acuerdos anteriormente adoptados. No se votaría, de esta forma, a uno u otro Estatuto sino al Estatuto "estellizado" o nada. Por último se decidió, aprobar en todas sus partes el proyecto de Constitución Política Interior de Navarra propuesto por la Ponencia. Desde este momento el Estatuto vasco-navarro llevaba plomo en el ala. La reacción de las izquierdas no se hizo esperar; Tudela volvió a asumir el liderato antiestellista negándose a dejarse representar por los católico-fueristas y la polarización acaecida en las Vascongadas se enseñoreó también de Navarra. 156 alcaldes acudirían a Madrid a presentar el Estatuto de Estella sin cumplimentar el acuerdo adoptado.

(1932-1936). Tras las asambleas de municipios reseñadas, el proceso del Estatuto Vasco entró en una nueva fase al quedar definitivamente relegado el proyecto de Estatuto de Estella, por contener en su articulado disposiciones contrarias a la Constitución que se estaba redactando en estos momentos. El decreto de 8 de diciembre de 1931 señalaba los trámites necesarios para la aprobación de un Estatuto, dentro de la Constitución, y concedía a las Comisiones Gestoras de las Diputaciones -de mayoría republicano-socialista y nombradas por el Gobierno- la dirección del proceso autonómico. Según este decreto, deberían celebrarse primero asambleas provinciales de ayuntamientos, en las que cada provincia debía decidir únicamente si quería un Estatuto único para todo el País, o Estatutos uniprovinciales o ningún Estatuto. Posteriormente, se redactaría el anteproyecto, que sería sometido a la aprobación de una asamblea conjunta de ayuntamientos, del cuerpo electoral y, por último, de Parlamento. Las Gestoras convocaron las respectivas asambleas de ayuntamientos para el 31 de enero de 1932 en las cuatro capitales. En Navarra, la Junta Regional Carlista dejó en libertad a sus seguidores para acudir a la asamblea y votar a favor del Estatuto Vasco-Navarro, pero recordó que la Comunión se abstenía de colaborar con las Gestoras y prefería la reintegración foral, aun sin ser enemiga del Estatuto en abstracto.

Por su parte, un importante sector de la izquierda navarra, encabezado por el alcalde de Santesteban y diputado radical-socialista Emilio Azarola, consideraba perjudicial para Navarra el Estatuto Vasco-Navarro y abogaba por el proyecto de Estatuto Navarro. El 31 de enero, mientras en las demás capitales vascas el Estatuto único era aprobado por abrumadora mayoría, en Pamplona sesenta y nueve ayuntamientos -entre abstenciones y votos a favor del Estatuto Navarro o de ningún Estatuto- se opusieron al Estatuto Vasco-Navarro. No obstante, ciento sesenta ayuntamientos, que representaban casi el setenta por ciento de la población navarra, se manifestaron a favor del Estatuto Vasco-Navarro. En la asamblea, los ayuntamientos navarros aprobaron, a propuesta de Azarola, una enmienda por la que el porcentaje de dos tercios del censo electoral que la Constitución exigía tanto en la definitiva asamblea de ayuntamientos como en el plebiscito debería aplicarse no sólo a la comunidad autónoma en trance de constitución, sino también a Navarra sola. Este acuerdo era consecuencia del temor de los representantes navarros a que el proyecto de Estatuto que se redactara fuera contrario a los intereses particulares de Navarra.

La asamblea de 31-I-1932 en Navarra
Nº de ayuntamientosHabitantes% de poblacion
Estatuto Vasco-Nav.160209.47964,4
Estatuto Navarro3628.8918,9
Ningún Estatuto2166.55320,5
Abstención1220.0046,2
Total129324.967100

Aprobado el Estatuto único, la comisión encargada de redactar el proyecto realizó su trabajo con rapidez. De ella formaban parte tres navarros: Rufino García Larrache, republicano, que representaba a la Gestora de la Diputación; el católico independiente Rafael Aizpún, designado por la Comisión de alcaldes, y Salvador Goñi, concejal del Ayuntamiento de Pamplona, que representaba al PSOE. El denominado Estatuto de las Gestoras -cuya redacción se terminó en marzo de 1932- era mucho más largo y completo que el anterior proyecto; se ajustaba a la Constitución de la República y -a diferencia del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos- primaba el poder unitario vasco sobre el de las Diputaciones. Los representantes en el Parlamento Vasco serían elegidos en su mitad proporcionalmente por el electorado de todo el País Vasco, y la otra mitad paritariamente por cada una de las provincias.

Este proyecto fue aprobado por la Comisión de alcaldes y por las Gestoras, que convocaron la asamblea de ayuntamientos para el 19 de junio de 1932 en Pamplona. En las semanas anteriores, las Gestoras y el PNV desarrollaron una intensa campaña de propaganda, cuyo máximo exponente en Navarra fue la publicación del bisemanario autonomista Por Navarra. Ante la asamblea, los diversos partidos políticos fueron expresando su opinión. El PNV y ANV fueron los que con más empeño contribuyeron a la propaganda del Estatuto. La Comunión Tradicionalista estaba profundamente dividida, y así quedó claro en la nota que la Junta Vasconavarra de la Comunión hizo pública dejando en libertad a sus afiliados. El diputado Joaquín Beunza se declaró fervoroso partidario del Estatuto, mientras el conde de Rodezno adoptaba una actitud ambigua. Los concejales carlistas de Pamplona acabaron votando en contra del Estatuto, por considerarlo caro, laico, antiforal y separatista.

Por su parte, los diputados Rafael Aizpún y Miguel Gortari, futuros dirigentes del grupo cedista Unión Navarra, declararon que, a pesar de ciertas reticencias, votarían a favor del Estatuto. Esta actitud fue duramente criticada por Diario de Navarra y por su director Raimundo García, "Garcilaso". También los socialistas y la mayor parte de los republicanos navarros se oponían al Estatuto Vasco-Navarro. La Agrupación Socialista de Pamplona decidió aconsejar el voto negativo, por "encontrar equivocado el criterio mantenido en el Estatuto sobre unidad étnica del País Vasco-Navarro". El Partido Radical-Socialista también adoptó una posición semejante, y afirmó que Navarra no debía formar parte de ese "teórico núcleo llamado País Vasco-Navarro". No obstante, varios concejales radical-socialistas y el propio presidente de la Agrupación de Pamplona se dieron de baja en el partido, como protesta por la actitud antiautonomista del radical-socialismo navarro.

Por último, ni siquiera los azañistas de Acción Republicana -que acabaron decidiendo esperar a lo que resultara de la asamblea de ayuntamientos- adoptaron una posición rotundamente favorable al voto afirmativo. La excepción a la postura general de la izquierda navarra la constituyeron los miembros republicanos y socialistas de la Gestora provincial, y el diputado a Cortes Mariano Ansó, que apoyaron claramente el Estatuto Vasco-Navarro. Los miembros del Partido Nacionalista Vasco -en especial los de Navarra- eran conscientes de las dificultades que, a causa de la falta de apoyo unánime tanto por parte de la derecha como de la izquierda, comenzaban a sentirse en Navarra. El panorama se ensombreció aún más para los autonomistas cuando, el 16 de junio, el Ayuntamiento de Pamplona (compuesto por quince concejales de izquierdas y catorce de derechas) votó en contra del proyecto. La ausencia de seis concejales republicano- socialistas permitió a los ediles derechistas inclinar la decisión del Ayuntamiento de la capital hacia el voto negativo.

El hecho era importante, no sólo por el peso numérico de la población de Pamplona, sino también porque su ejemplo fue seguido por otros municipios navarros. El 19 de junio de 1932 se reunieron en el Teatro Gayarre de Pamplona más de quinientos representantes de ayuntamientos de las cuatro provincias. Al iniciarse la asamblea, Emilio Azarola -a pesar de la oposición de José Antonio de Aguirre y del también radical-socialista Ramón María Aldasoro- consiguió la suspensión de la sesión, con objeto de permitir una reunión previa de los representantes navarros, en la que el alcalde de Santesteban intentó atraer a los reunidos hacia el voto negativo. Reanudada la asamblea general de ayuntamientos -y tras unos momentos de gran confusión-, se realizó la votación del Estatuto, que fue aprobado por vizcainos, guipuzcoanos y alaveses y rechazado por los navarros. Sólo ciento nueve de los doscientos sesenta y siete representantes de los municipios navarros votaron a favor del proyecto autonómico. El número de habitantes opuestos al Estatuto (más de doscientos quince mil, sumando abstenciones y votos en contra) era muy superior a los ciento treinta y cinco mil favorables al mismo. Estos estaban muy lejos de la mayoría, y más aún de los dos tercios del censo electoral, exigidos por la enmienda aprobada en la asamblea de enero de 1932. Al finalizar la votación, el presidente de la Comisión Gestora de Bizkaia reconoció que, ante el resultado de la votación de Navarra, era preciso reelaborar el proyecto, adaptándolo solamente a Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Las causas de la decisión navarra de 1932 han sido objeto de discusión por los historiadores.

Está claro que el entusiasmo carlista por la autonomía disminuyó notablemente -sobre todo en Navarra- en cuanto el problema estatutario se separó de la cuestión religiosa. Pero también es claro que la negativa navarra al Estatuto en junio de 1932 fue producto -como ya demostró Martin Blinkhorn- de la división tanto de la derecha como de la izquierda navarra, lo que mostraba que había unas razones profundas -distintas de las causas partidistas coyunturales- que incidían sobre el conjunto de la población navarra. El cuadro que presentamos -elaborado a partir de los datos de Virto sobre la filiación política de los ayuntamientos navarros a finales de 1932 o, en su defecto, en la primavera de 1931- confirma las conclusiones de Blinkhorn sobre la actitud de los grupos políticos navarros ante el Estatuto. Un cuarenta y cuatro por ciento de los municipios de derechas votaron a favor del Estatuto, mientras sólo el treinta y dos por ciento de los ayuntamientos de izquierda apoyaron el proyecto autonómico. Incluso considerando -como parece lógico deducir- que la casi totalidad de los ayuntamientos independientes, indeterminados y los que se calificaban de "republicanos de derecha" eran en realidad municipios derechistas, el porcentaje de representantes municipales de la izquierda navarra que se opuso al Estatuto en junio de 1932 fue muy superior al de la derecha.

Por otra parte, es claro también que la mayor parte de los ayuntamientos más rotundamente opuestos al Estatuto Vasco-Navarro estaban en la Ribera, mientras que la zona norte -que conservaba con mayor intensidad las características culturales vascas- tendía a apoyar más unánimamente las aspiraciones autonómicas, independientemente de vinculaciones partidistas. Por otra parte, el sentimiento "navarrista" fue alimentado también por el carácter más centralista del proyecto de Estatuto de 1932 frente al de 1931, de orientación confederal. Esta fue seguramente la causa de que los representantes municipales navarros -que en enero de 1932, cuando ya el Estatuto había perdido su carácter de arma político-religiosa, habían acordado la integración en el País Vasco autónomo- decidieran en la asamblea de junio la separación de Navarra, ante el temor de que su personalidad se viera ahogada por el unitarismo del proyecto de Estatuto de las Gestoras.

Resultado de la asamblea de 19-VI-32
Composición política de los ayuntamientos
NoAbstenciónTotal
Pamplona3437980
Estella28321171
Aoiz2632765
Tafalla188228
Tudela314623
TOTAL10912335267
Fuente: Elaboración propia de V.M. Arbeloa: Navarra ante los Estatutos y
J.J. Virto: Las elecciones municipales de 1931 en Navarra.
NoAbstenciónTotal
Derecha39381188
Izquierda2338970
PNV1--1
Republicanos de derecha913325
Independientes2027552
Indeterminados83516
Heterogéneos94215
TOTAL10912335267

El resultado de la asamblea de junio de 1932 en relación con Navarra fue objeto de una polémica que comenzó casi inmediatamente después de su conclusión. El diario nacionalista La Voz de Navarra y la agrupación "Acción Autonomista", constituida en Pamplona en agosto de 1932 e integrada por personas de diversos partidos políticos, iniciaron una campaña para tratar de revocar el resultado de la asamblea. Se basaban, para ello, en una doble argumentación. Por una parte, afirmaban que debía declararse la invalidez moral de la votación a causa del gran número de coacciones y falseamientos de votos que se dieron en torno a la misma. En segundo lugar, aseguraban que el Estatuto estaba legalmente aprobado, ya que la cláusula introducida por los ayuntamientos navarros el 31 de enero de 1932 era anticonstitucional, pues envolvía, dentro de la igualdad establecida entre las cuatro provincias, un privilegio ilegítimo, producto de la voluntad unilateral de una de las partes federadas.

Lo cierto era que el problema de las coacciones y votos en contra del mandato favorable otorgado por algunos ayuntamientos -varios de ellos comprobados documentalmente por J.M. Jimeno Jurio (1977)- no tenía solución jurídica sencilla, tratándose de una votación de segundo grado. Por otra parte, desde el punto de vista constitucional, hubiera sido posible seguir adelante con el Estatuto único para las cuatro provincias, amparándose en la decisión de los ayuntamientos navarros de enero de 1932 de integrar la región autónoma vasca. Sin embargo, desde el punto de vista político esta alternativa era inviable y así lo reconocieron incluso los nacionalistas, que veían muy difícil obtener a partir de este momento no sólo las dos terceras partes del censo electoral navarro, sino incluso una mayoría simple a favor del Estatuto Vasco-Navarro en Navarra. A pesar de ello, continuaron en los meses siguientes los intentos de conseguir la reincorporación de Navarra al Estatuto. En marzo de 1933, las Gestoras de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia invitaban a la de Navarra a hacer efectiva su incorporación, con objeto de proceder a la celebración del plebiscito.

La Gestora acordó que se reuniera la misma comisión -integrada por miembros de todos los partidos políticos de Navarra- que había dictaminado el Estatuto de 1931. Esta comisión propuso el nombramiento de una ponencia mixta ayuntamientos-partidos políticos, que se encargaría de estudiar el asunto. Pero a pesar del interés de los nacionalistas en que esta ponencia diera validez a la asamblea de Pamplona, computando como afirmativos los votos de los representantes municipales navarros que habían votado en contra del mandato otorgado por su ayuntamiento, la Gestora de Navarra ni siquiera llegó a designar a los miembros de la mencionada ponencia. En noviembre de 1933 el Estatuto era mayoritariamente aprobado en referéndum por Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pasando a continuación a las Cortes, donde el proyecto estaría prácticamente bloqueado desde la primavera de 1934 hasta febrero de 1936.

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, la Diputación de Navarra -elegida en 1936, la Diputación de Navarra -elegida en 1935 por el sufragio indirecto de los ayuntamientos y controlada por la derecha- lanzaba la idea de aprobar un Estatuto para Navarra, tomando como base el proyecto de Estatuto Navarro redactado en el verano de 1931. La idea fue apoyada por los carlistas, pero a la oposición nacionalista se sumó la de Diario de Navarra y de parte de la CEDA, que entendían que un proyecto de Estatuto Navarro era antiforal, por lo que debía irse únicamente a un "amejoramiento" del Fuero de Navarra. El intento derechista -de carácter en buena parte defensivo respecto al Estatuto Vasco- no prosperó, y de hecho estuvo prácticamente paralizado entre mayo y junio de 1936. Por su parte, el proyecto de Estatuto Vasco había comenzado de nuevo a discutirse en las Cortes, y se esperaba su pronta aprobación. Esta circunstancia fue aprovechada por el Frente Popular de Navarra para-variando la postura de la izquierda en 1932- solicitar la incorporación -si no inmediata, sí en un futuro no muy lejano- de Navarra al Estatuto Vasco. El 15 de junio, los dirigentes navarros del Frente Popular enviaban un escrito al Presidente del Congreso de los Diputados en este sentido.

  • Escrito del Frente Popular de Navarra a la Presidencia

"Ha llegado a conocimiento de este Comité del Frente Popular Navarro que la Comisión de Estatutos del Parlamento no acepta el artículo adicional del Estatuto vasco plebiscitado, por el que se permitía la posibilidad de la incorporación de Navarra, previas las formalidades de la Constitución, al Estatuto vasco. La enemiga de esta posibilidad procede de las derechas, que sistemáticamente han venido boicoteando la formación de Estatutos. que se opusieron al Estatuto Vasco-Navarro, que se han apuesto después al vasco y, que ahora quieren dificultar la incorporación de Navarra, para no dejarle otra posibilidad que la del Estatuto navarro aislado o dejarla a la deriva, sin acogerse a la fórmula constitucional; todo por odio a la República y a la Constitución. Porque esas mismas derechas, que sumaban la mayoría de los ayuntamientos navarros, en diversas asambleas tenidas al efecto, en momentos en que no confiaban en otra posibilidad acordaron se formulase un proyecto de Estatuto Vasco-Navarro.

Y, en el folleto en que se recogen los distintos proyectos, la ponencia encargada por la Diputación de Navarra; compuesta por personalidades de distintas ideologías políticas. entre ellas dos tan representativas en el campo de las derechas como D. Rafael Aizpún y D. Miguel Gortari, actualmente diputados a Cortes, aconsejaron a Navarra el Estatuto Vasco-Navarro. En aquel momento, repetimos, no encontraron otra posibilidad, pero en cambio hicieron después que la asamblea General de Ayuntamientos rechazase el Estatuto formulado (que después fue plebiscitado en las Vascongadas) porque en aquel momento corrieron nuevas esperanzas de derrumbamiento de la República y de restauración monárquico-fascista. La enemiga de las derechas contra los Estatutos ha sido constante; y ahora, al boicotear la incorporación de Navarra al Estatuto vasco, persiguen que, ante la amenaza que pudiera cernirse contra los restos forales, que disfruta Navarra, no quedase más solución que la del Estatuto navarro; este Estatuto aislado vendría a confirmar y afianzar el dominio de las derechas en Navarra, a proveerse ellas de mayores facultades para mantener sojuzgado al pueblo navarro, a impedir que el contacto y trabazón con la democracia vasca diera a las izquierdas de Navarra una mayor representación y fuerza que mermase su poderío y sus privilegios. Que el Estatuto navarro fuese una cosa mezquina, que no pudiese desenvolver por falta de área y población las magníficas posibilidades derivadas de fas facultades autonómicas que concede la Constitución, y que, en definitiva, este Estatuto navarro no responda a esa nueva ideología, a esa nueva estructuración del cuerpo español que persigue la Constitución, todo esto poco les importa. Lo que buscan es precisamente hacer abortar esas nuevas ideas de estructuración nacional, de democratización del pueblo, para reforzar su posición y, su mando en Navarra.

No sabemos qué forma de Estatuto podrá elegir Navarra, pero lo inaudito de las derechas es que, desde ahora, pretendan matar la posibilidad de la incorporación al Estatuto vasco, que ya en ocasiones anteriores, en principio, acordaran los ayuntamientos navarros. Esto es lo que las derechas pretenden y han propuesto en la Comisión de Estatutos; y seguramente las izquierdas no han conocido íntimamente la razón de esta oposición, que es la expresada, en esquema, en este escrito. El Comité del Frente Popular Navarro quiere salir al paso de la maniobra de las derechas, interesando del Gobierno y de la Comisión deEstatutos que quede abierta la posibilidad de incorporación de Navarra al Estatuto vasco. Porque conocemos además las dificultades para la incorporación, de no expresarse esta posibilidad en la ley, por no figurar expresamente en la Constitución la forma de incorporación de una provincia a una región autónoma. El Frente Popular Navarro ruega pues a todas los elementos integrantes del Frente Popular que no desamparen a las izquierdas navarras, no dejando otra posibilidad para Navarra que la del Estatuto aislado, en lucha con unas derechas crecidas en su poderío; y, al contrario, procuren facilitar la entrada de Navarra en el Estatuto vasco, proporcionando una mayor comunidad de fuerzas de izquierda y de afanes de democratización social entre las cuatro provincias y secundando así las altas finalidades de estructuración espiritual y, social de España que persigue la Constitución. Pamplona, 15 de junio de 1936. Firman: El presidente del Comité del Frente Popular Navarro, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Acción Nacionalista, Partido Socialista, Partido Comunista, Juventud de Izquierda Republicana. Juventud Socialista, Juventud Comunista y Unión General de Trabajadores".

Hay que destacar que esta petición estaba motivada -más que por las ventajas que el Estatuto pudiera acarrear a Navarra- por el temor al predominio de la derecha en Navarra y por la mayor comunidad de fuerzas de izquierda que proporcionaría la vigencia del Estatuto Vasco en Navarra. El hecho fue que, cuando estalló la sublevación militar de julio de 1936, ni se había conseguido la aprobación del Estatuto Vasco, ni se habían dado pasos serios para la consecución de un Estatuto Navarro. En octubre de 1936 las Cortes de la República aprobaban, en plena guerra civil, el Estatuto Vasco, del que había sido suprimida incluso la posibilidad de una futura incorporación de Navarra.

SDP

Elecciones generales del 19 de noviembre de 1933
CandidatosPartidos%Votos
Elegidos:
Tomás Domínguez ArevaloTradicionalista70,890.007
Javier Martínez de MorentínTradicionalista81.590
Rafael AizpúnUnión Navarra77.690
Luis ArellanoTradicionalista73.425
Esteban BilbaoTradicionalista72.211
Raimundo GarcíaIndependiente72.775
Padre José GafoIndependiente64.148
Restantes:
Julia Alvarez ResanoSocialista1422.280
Ricardo ZabalzaSocialista9,121.627
Tiburcio OsacarSocialista3,420.877
Salvador GoñiSocialista1,820.482
Gregorio AnguloSocialista0,820.652
Manuel IrujoNacionalista14.953
J.A. AguirreNacionalista14.265
Julio EchaideNacionalista13.449
Félix IzcoNacionalista13.222
Serapio EsparzaNacionalista13.436
Fernando RomeroRadical5.075
Francisco OliverRadical5.889
Orosio CristobalenaRadical5.141
José Martínez de UbagoRadical4.248
Serafín YanguasRadical4.888
Arcadio IbañezRadic.-socialista2.828
Félix LuriRadic.-socialista2.724
José ArancetaComunista963
Jesús SáezComunista1.881
Juan MendiolaComunista1.053
Vicente ZozayaComunista1.275
Augusto UrabayenComunista948

Elecciones generales del 16 de febrero de 1936
CandidaturasVotosVotantes% (media)
Coalición de derechas79.60162,11
Rafael Aizpún82.859
Tomas Domínguez Arévalo81.770
Miguel Gortari80.253
Javier Martínez de Morentín79.224
Luis Arellano78.861
Jesús Elizalde78.159
Raimundo García76.082
Frente Popular33.75926,34
Juan Carlos Basterra34.987
Constantino Salinas33.912
Ramón Bengaray33.903
Aquiles Cuadra33.120
Jesús Monzón32.874
PNV14.79911,55
Manuel Irujo14.799

Aunque discutido por autores derechistas de la época republicana, la existencia del problema agrario en Navarra durante la Segunda República es un tema común en las obras de los historiadores más contemporáneos. Es de destacar, sin embargo, que todavía buena parte de los argumentos que demuestran algunos aspectos de dicho problema, están basados en obras anteriores a la proclamación del nuevo régimen democrático del 14 de abril. Son mencionables las obras de Félix Amorena, José Joaquín Montoro Sagasti y Felipe Arin y Dorronsoro, para percibir la importancia de algunos grandes señoríos nobiliarios, la trayectoria de privatización de bienes de propios y comunes en no pocos pueblos navarros a lo largo del siglo XIX, y los intentos de recuperación de los mismos por parte de algunos ayuntamientos y grupos de vecinos a comienzos de este siglo. Ya en estos trabajos se traslucen algunas constantes de dicho problema agrario.

En primer lugar, su ubicación en la zona ribereña navarra (Merindad de Tudela, y zonas importantes de las de Tafalla y Estella). Esto fue debido a la revalorización económica del uso agrícola de la tierra, que supuso la introducción de nuevas técnicas que permitieron, a diferencia de lo ocurrido en el siglo XIX, conquistar nuevas tierras para el cultivo y modificar el anterior uso del suelo, lo cual motivó importantes cambios sociales, allí donde se produjeron con mayor fuerza dichas transformaciones. Aunque este fenómeno afectó, en mayor o menor grado, todas las zonas de la provincia, fue en la Ribera donde se dieron con mayor intensidad. Es aquí donde encontramos una constante introducción de maquinaria (segadoras, nuevos arados, atadoras, etc.), utilización de abonos químicos (particularmente los superfosfatos), nuevos cultivos intensivos (remolacha, alfalfa, maíz, etc.), importantes extensiones roturadas por vez primera (en las Bardenas, corralizas y otras grandes extensiones dedicadas hasta entonces para pastos), con lo que resultó que la malparada agricultura navarra, en grave crisis a finales del XIX, se recuperó de tal forma que, llegó a colocar en el mercado estatal algunas de sus producciones más importantes a comienzos de la segunda década del siglo.

Este dinamismo económico del sector primario se vio complementado con un incipiente desarrollo industrial, que redujo en un buen porcentaje la tasa de emigración de la zona ribereña. Si las consecuencias desde el punto de vista económico fueron importantísimas, no fueron menores desde el aspecto social, de forma que se produjeron movimientos sociales en torno a los propios problemas que suscitó todo este desarrollo. En concreto, comenzaron a reivindicarse con más fuerza las tierras que anteriormente habían pertenecido al común de los vecinos, y que habían sido privatizadas a lo largo del siglo XIX, principalmente por pago de deudas municipales por motivo de guerra, y por efecto de la legislación liberal desamortizadora. Las corporaciones reivindicantes o grupos de vecinos, comuneros, basaban sus argumentos en la diferencia existente en las escrituras de venta y los derechos arrogados por los actuales detentadores de las antiguas corralizas comunales. Las expectativas de mejoras económicas por parte de los corraliceros y la posibilidad de incremento de las mermadas rentas campesinas, a partir de movimiento roturador de comienzos de siglo, llevó a distintos grupos sociales navarros a enfrentamientos importantes, en ocasiones sangrientos, que se manifestaron en numerosas peleas, invasiones de fincas, pleitos, etc. por el control de la tierra.

Con estos precedentes es obvio que el problema agrario navarro fuera anterior a la proclamación de nuevo régimen. Precisamente una de las características que explican el apoyo popular en la zona corralicera a la recién instalada República, se sustentó en la esperanza de solución del problema agrario a partir de abril de 1931. De hecho, buena parte de la dinámica política provincial, desde los procesos electorales hasta las luchas por el control de la Gestora de la Diputación Provincial, la importancia de los sindicatos campesinos, tanto de izquierdas (UGT, CNT) como de derechas (Federación Católico Social Agraria), los programas de los distintos partidos, etc. nos hablan de la intensidad con que se vivió el problema agrario en Navarra. A ello hay que añadir los propios datos de carácter estructural, como la distribución de la población activa por sectores (1930, 60,8 % sector primario), los censos de propietarios agrícolas y de otras clases campesinas agrarias (18.823 jornaleros, según Nagore, 1932), y las fragmentarias informaciones que disponemos sobre la estructura de la propiedad territorial. A esta permanencia del problema agrario en el primer tercio del siglo, tuvo que hacer frente la nueva legislación republicana.

El problema corralicero quedó vinculado a la Ley de Reforma Agraria, en concreto a su Base 20, que permitía la recuperación de tierras de origen comunal. Las peripecias que sufrió esta Ley de Bases para su aprobación y consiguiente puesta en funcionamiento entre 1931 y 1933, y los posteriores cambios políticos hasta julio de 1936, impidieron que tuviera en la práctica unos efectos mínimos sobre el complejo problema agrario, hecho que afectó, por su estrecha vinculación a lo regulado en la ley general, a la no solución de los aspectos concretos de dicho problema de Navarra. Solamente a comienzos de julio de 1936, se aprobaron los primeros artículos de la Ley de Recuperación de Comunales, medidas esperanzadoras pero tardías debido a lo avanzado de la conspiración antirrepublicana. Si legalmente cambió de forma tangencial la situación en el agro navarro, desde el punto de vista práctico pocas experiencias culminaron con cierto éxito, si atendemos al objetivo de modificar en favor de los más desfavorecidos, la estructura de la propiedad o el uso que de la misma se hacía. En muy pocos pueblos se llegó a un acuerdo de compra o arrendamiento de las corralizas para uso y beneficio de los campesinos sin tierra o con pocos recursos (Murillo el Fruto, Mendavia, Lodosa, Cabanillas, ...).

Todo ello no significó la pasividad de los campesinos navarros, que dieron muestras de creciente movilización durante el primer bienio e incluso hasta octubre de 1934, fecha a la que siguió un período de inactividad organizativa principalmente debido a la represión. En Navarra, como en el resto del Estado, hubo otra serie de problemas que incidieron en los niveles de conflictividad social, tales como la lucha para el cumplimiento de los derechos constitucionales, las confrontaciones electorales, los convenios sectoriales, el peso de la Iglesia y la propia configuración de las fuerzas políticas navarras muy polarizadas entre un sector de derechas hegemónicas en la provincia (cuyo mayor peso recaía en el carlismo), una izquierda no despreciable al menos en la Ribera, Pamplona y otras localidades (en cuyo seno los partidos republicanos tenían menos fuerza que el PSOE), y un sector nacionalista, el PNV, que modificó sus planteamientos a lo largo del período en favor de posturas no tan enfrentadas con el régimen republicano. Sin embargo, fueron los conflictos en torno al problema agrario (corralizas, comunes, arrendamientos, salarios, Bases de Trabajo, Turno riguroso, etc.), los más numerosos entre 1931 y l936, manifestándose de distintas formas como huelgas (70), tumultos (103), sabotajes-atentados (84), roturaciones (113), incendios (238), daños (201), etc. Esto venía a demostrar que Navarra no era una provincia de vida idílica, apartada de las luchas entre las diversas clases y grupos sociales, aunque no por ello es comparable esta conflictividad con la que se produjo en zonas de Andalucía, Cataluña o Aragón.

De cualquier forma ni en Navarra ni en el resto de las zonas mencionadas fue este fenómeno conflictivo el provocador de la insurrección que estaba en marcha desde muchos meses antes, años incluso en el caso navarro. Que la primavera de 1936 fuera una época tranquila, desde el punto de vista de la conflictividad social, no impidió que el requeté navarro, de acuerdo con las fuerzas del ejército y escasos sectores civiles, se lanzara al golpe de Estado contra la República, argumentando en su favor la defensa del orden público y contra el complot revolucionario comunista (complot inexistente incluso para la derecha). Tras ese argot vino la "pacificación" de los espíritus y de los cuerpos, contabilizándose más de 2.789 personas asesinadas a cargo de los insurrectos. No es de extrañar que la mayoría de ellos fueran campesinos conscientes, afiliados a sindicatos de clase y pertenecieran en su mayoría a la Ribera, zona donde mayor porcentaje de voto frente populista se había producido. Era uno de los últimos episodios del problema agrario navarro, aunque no el último como el franquismo se encargaría de demostrar.

EMG

De 1932 a 1934 los nacionalistas navarros abren periódicamente batzokis por toda la geografía provincial. En octubre de 1931 se constituye oficialmente en Pamplona la Asociación política de mujeres patriotas, filial del Partido Nacionalista Vasco, denominada Emakume Abertzale Batza (E. A. B.). Sus actividades e iniciativas estaban orientadas principalmente hacia el aspecto social, cultural y benéfico. En 1936 habrá en Navarra doce asociaciones legales de Emakumes en las siguientes localidades: Aoiz, Arbizu, Elizondo, Estella, Pamplona, Leiza, Marcilla, Goizueta, Sesma, Sangüesa, Tafalla y Villaba. En 1933 se constituyó en Pamplona el Partido Acción Nacionalista Vasca (A. N. V.) (nacido en Bilbao en 1930).

Sus principios esenciales son: abandono del lema J. E. L. y propugnar la República como única forma de gobierno en España compatible con las libertades que defiende. Intenta conseguir para Navarra, unida al resto del País Vasco, el Estatuto único. En el orden religioso se define como aconfesional. Respecto a los problemas económico-sociales, defiende los derechos del proletariado. Y en el aspecto cultural pretende la difusión y el abaratamiento de la enseñanza hasta hacerla gratuita, abogando por la inmediata formación de la Universidad Vasca. Acción Nacionalista Vasca fue en la práctica un movimiento integrado por intelectuales y pequeños burgueses, sin muchos seguidores. En las elecciones municipales de 1931 se alió con Republicanos y Socialistas, sin lograr en Navarra ningún concejal. En 1935 ingresó en el Frente Popular. La guerra civil supuso el final de Acción Nacionalista Vasca.