Concept

Guerra Civil 1936-1939

En Vasconia los resultados de las elecciones legislativas de febrero-marzo de 1936 reflejaron una lucha política triangular: las derechas del Bloque contrarrevolucionario (Comunión Tradicionalista, Renovación Española y la CEDA) obtuvieron ocho diputados (los siete de Navarra y uno por Álava); el PNV, ubicado en el centro político, logró nueve escaños (cinco en Bizkaia y cuatro en Gipuzkoa), y las izquierdas del Frente Popular ( PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Comunista de Euskadi y Acción Nacionalista Vasca) consiguieron siete (cuatro en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y uno en Álava). Teniendo en cuenta el número de los diputados, cabe apuntar la existencia de un triángulo político casi equilátero en la Vasconia de 1936. Esto era cierto en Euskadi (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), donde había un equilibrio de fuerzas entre esos tres bloques, pero en modo alguno en Navarra, donde la hegemonía derechista era absoluta al copar toda su representación en las Cortes y controlar la importante Diputación Foral.

Tras la victoria electoral del Frente Popular en España y la formación del Gobierno republicano de Azaña, el nacionalismo de José Antonio Aguirre y el socialismo de Indalecio Prieto llegaron a una entente cordial con el Estatuto de autonomía como mínimo común denominador. Esto facilitó su rápida discusión en la Comisión de Estatutos de las Cortes, que abrevió mucho el texto refrendado por el pueblo vasco en noviembre de 1933, siguiendo los criterios de Prieto, presidente de dicha Comisión, asumidos por Aguirre, secretario de la misma; de ahí que haya sido denominado "el Estatuto de las izquierdas".

En la primavera de 1936, la proximidad de su aprobación parlamentaria contribuía a integrar al nacionalismo en el régimen republicano, lo cual coadyuvó a que Bizkaia y Gipuzkoa viviesen una situación mucho menos conflictiva que de 1931 a 1934, en contraste con la violencia política y social desatada en otras zonas de España. A diferencia de Euskadi, Navarra continuó siendo un foco de intenso antirrepublicanismo, pues el carlismo aceleró la preparación del golpe potenciando su nutrida organización paramilitar, el Requeté, sustentado en los jóvenes de la Agrupación Escolar Tradicionalista. Por eso, la dinámica imperante fue la conspiración contra la República, favorecida porque su director, el general Emilio Mola, era el jefe de la Comandancia militar de Pamplona, donde pudo conspirar a sus anchas. Aunque con dificultades por no ser monárquico tradicionalista, Mola acabó llegando a un acuerdo con el carlismo navarro del conde de Rodezno, que se sumó masivamente al pronunciamiento militar del 18 de julio. En una situación similar se encontraba Álava, en donde el carlismo era la primera fuerza política, pero no tenía la neta hegemonía de Navarra. Su líder José Luis Oriol, de familia capitalista bilbaína, apoyó con dinero y con armas la sublevación, cuya cabeza en Vitoria fue el teniente coronel Camilo Alonso Vega.

Así pues, en las cuatro provincias coexistían dos dinámicas políticas antagónicas tras las elecciones de 1936: en Bizkaia y Gipuzkoa había una clara mayoría a favor de la autonomía y la República, fruto del entendimiento entre el PNV y el Frente Popular; en cambio, en Álava y, sobre todo, en Navarra la mayoría era enemiga del régimen republicano y se preparaban conjuntamente el golpe militar y la insurrección carlista. En suma, Estatuto versus conspiración era la dualidad clave de Vasconia en la coyuntura crucial de 1936. El estallido de la Guerra Civil confirmó esta disyuntiva y la división territorial en dos zonas enfrentadas: por un lado, Gipuzkoa y Bizkaia, con el Gobierno republicano; por otro, Álava y Navarra, con el ejército sublevado. Igualmente, las fuerzas políticas se polarizaron en dos frentes: el nacionalismo vasco y las izquierdas defendieron a la República, las derechas apoyaron a los alzados en armas contra ella.

Desde el 19 de julio los militares rebeldes y miles de voluntarios carlistas se apoderaron de Navarra y de casi toda Álava (salvo los valles cantábricos, próximos a Bilbao), imponiendo la contrarrevolución, y se lanzaron a la reconquista de Gipuzkoa, haciendo de Navarra una especie de nueva Covadonga. Inmediatamente, persiguieron a las izquierdas y al PNV, clausurando su prensa y sus centros. La represión fue muy cruenta en Navarra con más de dos mil fusilados, a pesar de ser el mayor feudo derechista y de la ausencia de guerra en el territorio foral, hasta el punto de que el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, aun siendo muy favorable a los sublevados, les exhortó a "no más sangre", a finales de 1936.

En cambio, el golpe de Estado fracasó por completo en Bizkaia y Gipuzkoa. En Bilbao las tropas no salieron de los cuarteles de Garellano y los jefes implicados en él fueron detenidos. A diferencia de las otras provincias, el gobernador civil, el republicano José Echeverría Novoa, permaneció en su puesto y fue el presidente de la Junta de Defensa de Vizcaya, el organismo revolucionario integrado por el Frente Popular, la CNT y el PNV, que gobernó esta provincia durante el verano de 1936. En general, dicha Junta logró controlar la situación y mantener el orden público, con la grave excepción del asesinato de más de un centenar de presos en dos barcos-prisiones fondeados en la ría de Bilbao (caso del ex diputado liberal Gregorio Balparda) como represalias por los bombardeos de la aviación rebelde sobre Bilbao y su comarca.

En San Sebastián hubo sublevación militar, si bien tardía y mal organizada, y las fuerzas obreras necesitaron una semana para aniquilarla, tomando los cuarteles de Loiola. El poder republicano desapareció, al marcharse el gobernador civil Jesús Artola, y fue sustituido por una Junta de Defensa, presidida por el diputado del PSOE Miguel Amilibia y dominada por socialistas, comunistas y anarquistas. En Gipuzkoa, en especial en la zona de San Sebastián a Irun, tuvo lugar una revolución efímera, pues el ejército de Mola conquistó la provincia en agosto y septiembre. En ella se produjeron graves desmanes por los más extremistas, que asaltaron las cárceles de San Sebastián, Tolosa y Hondarribia y mataron a varios cientos de presos derechistas (entre ellos, el católico José María de Urquijo y los ex diputados tradicionalistas Joaquín Beúnza y Víctor Pradera), a pesar de los intentos del PNV por impedirlo desde la Comisaría de Orden Público. En Gipuzkoa, salvo en la Junta de Azpeitia (presidida por el diputado Manuel Irujo), donde organizó sus milicias, el PNV no controlaba la situación, pues su representación fue muy minoritaria en las Juntas de Defensa de San Sebastián, Irun y Eibar, de hegemonía izquierdista. La actuación del PNV fue escasa en la importante batalla del Bidasoa por la frontera con Francia, que cayó en manos de los sublevados en los primeros días de septiembre, siendo una pérdida relevante para la República.

Esta pasividad de la mayoría del nacionalismo vasco en la primera fase de la guerra en Euskadi, antes de la aprobación del Estatuto, obedeció a varios motivos. El PNV era un partido católico y moderado, que en la República había evolucionado en sentido democrático-liberal, pero que no formaba parte del Frente Popular, ni se hubiese aliado con él de no ser por la Guerra Civil. Esta coyuntura excepcional le forzó a tomar partido, pues su neutralidad era imposible. Sin entusiasmo, como reconoció a posteriori su dirigente Juan Ajuriaguerra, presidente del BBB, y a costa de algunas defecciones, sobre todo en Navarra y Álava, el PNV optó por la República, porque con ella tenía el Estatuto al alcance de la mano, objetivo imposible de conseguir con las derechas españolas unitaristas y golpistas. Esta decisión trascendental, auténtica prueba de fuego de su evolución democrática, la publicó enseguida en su diario oficial Euzkadi (Bilbao, 19 de julio de 1936). Pero durante el verano la autonomía vasca no era aún una realidad política, sino tan sólo un proyecto de ley en las Cortes. Además, los obispos de Vitoria, Mateo Múgica, y Pamplona, Marcelino Olaechea, habían considerado ilícita (Non licet) la unión de los nacionalistas vascos católicos con los republicanos y socialistas contra los carlistas y demás católicos españoles, en su pastoral del 6 de agosto. Ante ello, los dirigentes nacionalistas consultaron a varios clérigos vascos, quienes apoyaron su actitud, y enviaron a Roma al canónigo Alberto Onaindia con un Informe para el Vaticano justificando su comportamiento en la Guerra de España.

A mediados de septiembre, coincidiendo con la pérdida de San Sebastián y el desmoronamiento del frente guipuzcoano, una comisión del PNV, encabezada por Aguirre y Ajuriaguerra, negoció en Madrid con el presidente Largo Caballero y el ministro Prieto su ingreso en el Gobierno republicano a cambio de la inmediata entrada en vigor del Estatuto. En la última semana de septiembre y la primera de octubre se consumó de pleno derecho el pacto político y militar del PNV con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos: el nombramiento de Manuel Irujo como ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero, la aprobación del Estatuto por las Cortes republicanas reunidas en Madrid y la formación del Gobierno provisional de Euskadi, de coalición PNV/Frente Popular.

El Estatuto vasco, cuyo modelo fue el catalán de 1932, creaba una región autónoma con las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, aunque de hecho sólo pudo aplicarse en esta última y en pequeños enclaves de las otras dos: los valles cantábricos y la zona de Eibar a Elgeta. Su contenido fue mucho más limitado que el proyecto plebiscitado en 1933, desapareciendo las menciones a una futura integración de Navarra y a una posible restauración foral, caras al PNV, debido a estar inspirado por las izquierdas, que no eran foralistas, si bien mantuvo la vigencia del Concierto económico de 1925 como base de la Hacienda autónoma.

Su texto se dividía en cinco títulos (disposiciones generales, extensión de la autonomía, organización del País Vasco, Hacienda y modificación del Estatuto), con tan sólo catorce artículos, que se centraban en la enumeración de las competencias autonómicas y apenas regulaban los poderes ejecutivo y legislativo. Una disposición transitoria, consecuencia de la guerra, establecía un procedimiento urgente y excepcional para nombrar al presidente y a su Gobierno, ante la imposibilidad material de celebrar elecciones al Parlamento vasco. En cumplimiento del mismo, el líder carismático del PNV José Antonio Aguirre fue elegido lehendakari, por unanimidad de los concejales vascos que pudieron votar, el 7 de octubre de 1936 en la Casa de Juntas de Gernika.

A partir de la vigencia del Estatuto y la formación del Gobierno de Aguirre, el curso de la Guerra Civil en Euskadi se modificó de forma sustancial, tanto por darse un viraje hacia el orden y la moderación como por cambiar de manos el poder político: la hegemonía pasó de las Juntas de Defensa, que desaparecieron, al Gobierno vasco, del Frente Popular al PNV En efecto, este partido ostentó la Presidencia y las principales Consejerías, que eran auténticos Ministerios: Defensa (también Aguirre), Justicia y Cultura (Jesús María Leizaola), Gobernación (Telesforo Monzón) y Hacienda (Heliodoro de la Torre). Los cinco partidos del Frente Popular desempeñaron más carteras, pero mucho menos importantes: Industria (Santiago Aznar), Trabajo, Previsión y Comunicaciones (Juan de los Toyos) y Asistencia Social (Juan Gracia), del PSOE; Comercio y Abastecimientos (Ramón María Aldasoro), de Izquierda Republicana; Sanidad (Alfredo Espinosa), de Unión Republicana; Obras Públicas (Juan Astigarribia), del Partido Comunista de Euskadi, y Agricultura (Gonzalo Nárdiz), de Acción Nacionalista Vasca. Quedó excluido del Ejecutivo vasco, por la negativa del PNV, el sindicato anarquista CNT, que formó parte de los Gobiernos republicano y catalán. Fue un Gabinete presidencialista pues Aguirre concentró muchos poderes y funciones en su doble condición de lehendakari y consejero de Defensa y al militarizarse buena parte de la industria, la justicia, la sanidad... No sufrió ninguna crisis en Euskadi y su única baja fue el consejero Espinosa, apresado y fusilado por los franquistas en junio de 1937.

Tal cambio significativo quedó de manifiesto en el programa, moderado y nada revolucionario, que Aguirre hizo público al constituir su Gobierno el mismo día 7 de octubre en Gernika. Su contenido reflejaba la hegemonía nacionalista al hacer hincapié en estos aspectos: el respeto a la libertad religiosa y la seguridad del clero, el mantenimiento del orden público y la creación de la policía foral (Ertzaña), el sometimiento de los presos políticos y militares a los tribunales de justicia, la protección del modesto industrial y comerciante, el acceso de los trabajadores a los beneficios de las empresas y de los campesinos a la propiedad de los caseríos y las tierras que cultivaban, la enseñanza y la cooficialidad del euskera, la salvaguarda y el fomento de las "características nacionales del pueblo vasco", etc.

La política realizada por el Gobierno vasco fue en gran medida la preconizada por el PNV en los ámbitos más importantes que se hallaban bajo su jurisdicción: la defensa y el ejército, la economía y la hacienda, la justicia y el orden público, la educación y la cultura, la cuestión religiosa y las relaciones internacionales, desarrolladas por el presidente Aguirre. El Frente Popular de Euskadi no desapareció, pero llevó "una vida raquítica" desde la formación del Gobierno autónomo, según reconoció su Comité Central. Su programa, publicado en el diario "El Liberal" (Bilbao, 11 de marzo de 1937), no coincidía con el gubernamental en temas básicos de la política económica (nacionalizaciones) y de la política militar (unificación de las milicias de partidos y sindicatos), en los cuales se impusieron los postulados del PNV, que no quiso perder el control de sus batallones (Euzko Gudarostea), ni nacionalizar la banca y las grandes fábricas, como Altos Hornos de Vizcaya, cuya producción cayó en picado durante los meses de guerra.

En la primera semana de octubre, el frente militar quedó estabilizado en el límite entre Gipuzkoa y Bizkaia, así como entre esta ultima provincia y Álava, y permaneció sin alteraciones hasta el 31 de marzo de 1937, pues la única ofensiva del ejército vasco sobre Legutiano fracasó en los primeros días de diciembre de 1936. Durante ese medio año de relativa tranquilidad, el Gobierno vasco construyó la administración autonómica sobre el reducido territorio que controlaba, y la ensanchó de tal manera que absorbió casi todas las competencias de las restantes administraciones (municipal, provincial y estatal), sobrepasando ampliamente la letra del Estatuto. En ello influyó mucho la coyuntura bélica y el aislamiento del frente Norte del resto de la zona republicana, pero también el deseo del PNV de crear un Estado vasco, su meta política, pues la autonomía era sólo un "escalón de libertad", según resaltó su portavoz al día siguiente de la aprobación del Estatuto (Euzkadi, 2 de octubre de 1936).

De octubre de 1936 a junio de 1937, el Gobierno de Aguirre transformó lo que era un Estatuto de mínimos en una autonomía de máximos y convirtió Euskadi, que nació entonces por vez primera en la historia como entidad jurídico-política, en un pequeño Estado semi-independiente, cuya capital fue Bilbao, con todos sus atributos: mantuvo relaciones exteriores a través de sus delegaciones en el extranjero, sobre todo en Francia y Gran Bretaña; formó el ejército regular de Euskadi, con unos cuarenta mil soldados encuadrados en noventa batallones de partidos y sindicatos (veintiocho del PNV, trece del PSOE, nueve de las Juventudes Socialistas Unificadas, ocho del P.C. de Euskadi, ocho republicanos, siete de la CNT, cuatro de ANV, tres de ELA-STV, dos de Euzko Mendigoizale Batza y ocho oficiales), ejército mandado políticamente, e incluso militarmente en mayo de 1937, por Aguirre como consejero de Defensa; constituyó la marina auxiliar de guerra con unos pocos barcos bacaladeros (bous) que libraron un desigual combate contra el crucero franquista "Canarias" (batalla de Matxitxako, 5 de marzo de 1937); acuñó moneda y expidió pasaportes; concedió indultos y reorganizó la justicia, con la Audiencia Territorial y los Tribunales Popular, Militar y Económico-Administrativo Superior de Euskadi; creó la Universidad vasca, con la Facultad de Medicina en el Hospital Civil de Bilbao, y numerosos organismos de todo tipo: la Academia Militar, la Cruz Roja, los Consejos de Obras Públicas, de Cultura y de Trabajo, los Colegios Notarial y de Profesores de Euskera, etc., según consta en el voluminoso Diario Oficial del País Vasco (Bilbao, 1936-1937).

Tan gran concentración de poderes en manos del primer Gobierno vasco contribuyó a hacer de la Euskadi autónoma una especie de oasis dentro de la España republicana, consecuencia de la naturaleza singular de la Guerra Civil en Bizkaia y del predominio alcanzado por el PNV Este denominado "oasis vasco", de índole política y religiosa, se manifestó en varios hechos diferenciales significativos con respecto a la República.

  • El respeto a la Iglesia

Una de sus mayores peculiaridades consistió en que el País Vasco fue la única comunidad española donde se dio una auténtica guerra civil entre católicos, que enfrentaba a dos grandes partidos confesionales, el PNV y la Comunión Tradicionalista. La hegemonía del PNV hizo que en Bizkaia no se desencadenase la cruenta persecución religiosa de la zona republicana, sino que la Iglesia fuese respetada y el culto subsistiese. Más aún, una parte del clero vasco, proclive al nacionalismo, colaboró con el Gobierno autónomo, tanto en la cultura y la enseñanza como en el ejército (los capellanes de los gudaris o soldados nacionalistas).

Paradójicamente, la autonomía religiosa, que fue imposible con el Estatuto de Estella en 1931, existió de hecho con el Estatuto de 1936, aunque no figuraba en su texto. Esta cuestión fue muy esgrimida por la propaganda del Gobierno vasco, que realizó dos cortometrajes de temática religiosa: Entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias y Semana Santa en Bilbao (1937). Y tuvo gran trascendencia política, pues desmentía la justificación de la Guerra Civil como una cruzada por los generales sublevados y los obispos españoles, en especial el cardenal-primado de Toledo, Isidro Gomá, quien sostuvo una polémica pública con José Antonio Aguirre acerca del significado de la contienda: su causa no era religiosa sino social y económica, según el lehendakari. En este terreno, en el País Vasco se dio una situación inversa a la existente en el resto de España: los militares rebeldes desterraron a Roma al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, pese a apoyarles, fusilaron a dieciséis sacerdotes por considerarles nacionalistas (entre ellos, el ideólogo del PNV José Ariztimuño, "Aitzol") y encarcelaron a bastantes clérigos vascos, marchando otros al exilio en Francia y en América.

  • La ausencia de revolución social

A diferencia también de la España republicana, en la Euskadi autónoma no se produjo una revolución socioeconómica, pues no hubo colectivizaciones industriales o agrarias por parte de los sindicatos. El Gobierno vasco procuró controlar las grandes empresas y los bancos, por medio del Comité de la Banca Vasca, pero sin nacionalizarlos, y respetar la propiedad privada, salvo las incautaciones necesarias para el esfuerzo bélico y de propiedades de destacados derechistas partidarios de los sublevados (caso de los diarios bilbaínos La Gaceta del Norte, del católico José María de Urquijo, y El Pueblo Vasco, de la familia monárquica Ybarra). La política social llevada a cabo por el Gabinete de Aguirre se inspiró en la doctrina socialcristiana, asumida por el PNV y el sindicato ELA-STV, intentando aplicar en algunas empresas su idea del salario familiar, lo cual fue criticado por periódicos del Frente Popular como El Liberal y Euzkadi Roja.

No hubo conflictos laborales ni sociales pese a la penuria económica e incluso el hambre que sufrió la población vizcaína, agravada por la llegada de decenas de miles de refugiados de Gipuzkoa y por el bloqueo marítimo de Bilbao por parte de la armada franquista. Al mantenimiento de la paz social coadyuvó la buena labor de los Departamentos socialistas de Trabajo y Asistencia Social. Este último organizó comedores y alojamientos colectivos para los necesitados y los refugiados, cuyos gastos sufragó con los beneficios obtenidos gracias a la incautación de los cines y teatros de Bilbao. El cine, en especial comedias americanas y españolas, fue el espectáculo más popular y el principal medio de distracción de la población para evadirse de la trágica coyuntura bélica.

  • Un pluralismo mayor que en el resto de España

Durante el año escaso que duró la guerra en Bizkaia, el pluralismo no desapareció por completo, si bien se redujo por la represión contra las derechas. Pero el espectro político y sindical vasco era más amplio que en las zonas republicana y franquista, pues abarcaba desde los católicos del PNV y ELA-STV hasta los anarquistas de la CNT, pasando por los cinco partidos integrantes del Frente Popular de Euskadi, además del grupo independentista radical Euzko Mendigoizale Batza, cuyo portavoz fue el semanario bilbaíno Patria Libre, continuador del Jagi-Jagi de la República. Buena prueba de ello fue la numerosa prensa de Bilbao (con una treintena de diarios, semanarios y revistas), en la cual se publicaron controversias políticas entre nacionalistas, socialistas y comunistas sobre el carácter de la guerra en Euskadi o las relaciones entre el problema nacional y la cuestión social. La prensa anarquista (la revista Horizontes y el periódico CNT del Norte) fue la más crítica con la actuación moderada del Gobierno vasco y, por ello, la que más padeció la censura gubernativa, que afectó también a los diarios socialista (El Liberal, de Prieto), comunista (Euzkadi Roja) y nacionalista de izquierda (Tierra Vasca).

  • Una justicia de excepción, pero moderada en su actuación

El respeto a la ley y la humanización de la guerra caracterizaron la gestión del Gobierno autónomo, que enseguida puso en libertad a todas las mujeres presas e intentó canjear a unos dos mil quinientos prisioneros derechistas por los presos vascos en las cárceles franquistas, pero no tuvo éxito en la negociación a través de la Cruz Roja Internacional. El Tribunal Popular de Euskadi, compuesto por magistrados y jurados designados por los partidos y sindicatos, juzgó exclusivamente los delitos relacionados con la guerra y actuó con mesura y ponderación. En comparación con lo sucedido en las zonas franquista y republicana, el número de penas capitales ejecutadas en Bizkaia (diecinueve) no fue muy elevado y se debieron a los delitos de rebelión militar, espionaje y traición, siendo fusilados nueve militares, dos falangistas, dos carlistas, dos alemanes y los cónsules de Paraguay y Austria (el espía Guillermo Wakonigg). En la Euskadi autónoma no existieron checas y la vida de los presos políticos fue respetada; pero hubo una grave excepción: el 4 de enero de 1937, tras un bombardeo aéreo, la muchedumbre enfervorizada asaltó las cárceles de Bilbao y mató a 224 presos, entre ellos el tradicionalista Juan Olazábal y los monárquicos Pedro Eguillor y Adolfo Careaga. Éste fue el mayor baldón que afectó al Gobierno vasco, el cual asumió su responsabilidad y nombró un juez especial, el diputado del PNV Julio Jáuregui, quien procesó a los principales responsables: milicianos de sendos batallones de la CNT ("Malatesta") y la UGT ("Asturias"). A partir de entonces, el Ejecutivo de Aguirre reforzó la guardia de las cárceles y garantizó la seguridad de los presos derechistas, todos los cuales fueron puestos en libertad la víspera de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao en junio de 1937.

Estos aspectos demuestran la singularidad de Euskadi en la Guerra Civil española. Además, fue entonces cuando la cuestión vasca alcanzó gran repercusión internacional, sobre todo debido a la destrucción de Gernika, con centenares de muertos, el 26 de abril de 1937, por el bombardeo masivo de la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana, que fue denunciado al mundo por el Gobierno de Aguirre y negado con mentiras por el Cuartel General de Franco y la Alemania de Hitler, quienes atribuyeron su destrucción a un incendio provocado por los propios republicanos y nacionalistas. Lo sucedido en Gernika tuvo el precedente del bombardeo de Durango, que causó unos trescientos muertos el 31 de marzo, día del inicio de la ofensiva de las tropas franquistas sobre Bizkaia. Ambos bombardeos aéreos eran el anuncio inequívoco de que el "oasis vasco" tocaba a su fin, porque el general Mola estaba dispuesto a cumplir su amenaza de arrasar Bizkaia si el Gobierno vasco no se rendía. Eso motivó la evacuación de más de veinte mil niños vascos, en su mayoría a Francia, en los meses de mayo y junio de 1937.

Aun contando con una superioridad considerable en artillería y abrumadora en aviación, el ejército de Franco necesitó tres meses para conquistar una provincia pequeña como Bizkaia ante la tenaz resistencia del ejército vasco, ayudado por batallones santanderinos y asturianos que con él componían el ejército del Norte de la República, mandado por los generales Llano de la Encomienda y Gámir Ulibarri.

A diferencia de su pasividad en Gipuzkoa en el verano de 1936, el PNV se volcó en la defensa de Bizkaia en la primavera de 1937, porque combatía por la autonomía de Euskadi y por ese Estado vasco emergente. Ambos perecieron con la toma de Bilbao, tras el asalto a su fallido cinturón de hierro, por los tercios de requetés carlistas el 19 de junio. Cuatro días más tarde, un decreto-ley de Francisco Franco derogó el Concierto económico a Gipuzkoa y Bizkaia como castigo de guerra, manteniéndolo en Álava, al igual que el Convenio de Navarra, por su mayoritario apoyo social a su bando. Y a finales de junio su ejército ocupó los últimos reductos de Bizkaia, de modo que todo el País Vasco quedó bajo el dominio del Estado franquista. El nuevo alcalde de Bilbao, el monárquico y falangista José María de Areilza, sentenció la desaparición de Euskadi, que para él "era una resultante del socialismo prietista, de un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra, por otro" (El Pueblo Vasco, Bilbao, 9 de julio de 1937).

En Bilbao y Barakaldo algunos batallones del PNV y los dos de Euzko Mendigoizale Batza optaron por dejar las armas y rendirse por considerar que carecía de sentido para ellos continuar la guerra fuera de Euskadi, cumpliéndose así el vaticinio del presidente Manuel Azaña, quien escribió en su Diario que los nacionalistas vascos no se batían por la República española sino "por su autonomía y semiindependencia" (31 de mayo de 1937). El Gobierno vasco, a través de una Junta de Defensa presidida por el consejero Leizaola, se negó a cumplir la orden del ministro de Defensa Prieto de destruir los altos hornos, pues se oponía a una política de tierra quemada. De ahí que la importante industria siderúrgica vizcaína pasase intacta a manos de las nuevas autoridades franquistas, quienes la militarizaron al servicio de su economía de guerra e incrementaron de forma notable su producción en poco tiempo. La caída de Bizkaia representó un quebranto sustancial para la República y desequilibró la guerra a favor del bando franquista.

Perdido su territorio, el Gobierno de Aguirre, la mayor parte de su ejército y decenas de miles de vascos se trasladaron a Santander, provincia controlada por el Frente Popular, donde cundió el malestar y el desánimo entre los nacionalistas vascos. Entonces la dirección del PNV, cuyo hombre fuerte era Juan Ajuriaguerra, decidió abandonar la contienda poniendo en práctica la denominada "solución italiana": las negociaciones con las autoridades italianas, iniciadas en mayo con el cónsul de Donostia-San Sebastián, el marqués de Cavalletti, proseguidas en julio con el viaje del canónigo Onaindia a Roma para entrevistarse con el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, y culminadas en agosto con los militares que mandaban el Corpo di Truppe Volontarie y luchaban con el ejército de Franco.

Al producirse la ofensiva de éste sobre Santander a mediados de agosto, el PNV retiró sus batallones del frente y los concentró en la zona de Laredo y Santoña. Allí trató de simular una derrota militar ante las tropas italianas a cambio de las condiciones negociadas con sus jefes: la evacuación al extranjero de los dirigentes políticos, la no persecución de la población civil vasca, el respeto a la vida de los combatientes vascos, libres de toda obligación de continuar la guerra... Estas condiciones no se hicieron efectivas por la tardanza de los barcos necesarios para dicho éxodo y por la oposición de los mandos franquistas.

Los días 25 y 26 de agosto, el controvertido Pacto de Santoña se convirtió en la capitulación de buena parte del ejército vasco y resultó un rotundo fracaso para el PNV, pues muchos de sus responsables políticos y militares, incluido el propio Ajuriaguerra, quedaron prisioneros en el penal de El Dueso, en donde enseguida cayeron en manos de las autoridades franquistas. Éstas fusilaron a catorce dirigentes nacionalistas y del Frente Popular el 15 de octubre. Condenado a muerte, Ajuriaguerra logró salvar la vida gracias a las presiones del Gobierno fascista de Mussolini sobre la Junta de Franco.

En cambio, milicianos vascos de izquierdas, una vez perdido Santander, continuaron combatiendo en Asturias hasta la conquista de Gijón por las Brigadas de Navarra, que supuso el final del frente Norte, el 21 de octubre de 1937. Asimismo, otros vascos lograron arribar en barco a Francia y después pasaron a Cataluña, donde prosiguieron la guerra del lado de la República. Tal fue el caso de José Antonio Aguirre y una parte de su Gobierno, que se instaló en Barcelona desde octubre de 1937 hasta enero de 1939. En la Ciudad Condal existía ya una delegación vasca y se encontraba Manuel Irujo, ministro primero de Justicia y luego sin cartera del Gobierno de Negrín, cuya labor se centró en la humanización de la guerra, salvando bastantes vidas, y en el intento de restablecer el culto católico en Cataluña, que no tuvo éxito por la oposición del P. Josep M. Torrent, vicario general de Barcelona.

En agosto de 1938, Irujo dimitió por discrepancias políticas con el presidente Juan Negrín y en solidaridad con la Generalitat, siendo sustituido como ministro sin cartera por Tomás Bilbao, dirigente de Acción Nacionalista Vasca. En Barcelona el Gobierno de Aguirre se ocupó de los refugiados vascos (Hospital Euzkadi y Hospital Gernika) y colaboró estrechamente con la Generalitat de Companys hasta la conquista de Cataluña por el ejército de Franco en febrero de 1939, pasando el día 5 el lehendakari a Francia, en compañía de Manuel Irujo, Lluís Companys y el consejero Josep Tarradellas, el mismo día en que Manuel Azaña, presidente de la República, y Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, se refugiaban también en Francia.

En el país vecino se encontraban desde el verano de 1937 algunos consejeros del Gobierno vasco, que organizaron bien la acogida y la asistencia social a las decenas de miles de exiliados mediante la creación de refugios, colonias infantiles y hospitales ("La Roseraie" en Biarritz). Para ello contaron con la ayuda de conocidas personalidades francesas de la política (el ex presidente Herriot y el diputado Pezet), la cultura (el filósofo Maritain y el escritor Mauriac) y la religión (el cardenal Verdier y el obispo Mathieu), quienes fundaron la Liga Internacional de Amigos de los Vascos en París en diciembre de 1938 y se solidarizaron con el polémico "caso de los católicos vascos" aliados de la República.

El Vaticano, pese a las presiones del embajador de Franco, el almirante Magaz, nunca les condenó, pero siempre consideró que el PNV se había equivocado de bando en la Guerra de España. Para defender y propagar la causa vasca, el Gobierno de Aguirre publicó el periódico Euzko Deya en París y Londres, compró y difundió la película nacionalista Guernika (1937) de Nemesio Sobrevila, apoyó los grupos artísticos Eresoinka y Elai Alai, que actuaron en Europa, y promovió el equipo de fútbol Euzkadi, que jugó en varios países europeos y americanos desde su creación en 1937 hasta su disolución en 1939. Véase Gobierno Vasco.

JGS