El Centro Industrial de Vizcaya (CIV) fue, probablemente, la primera asociación de defensa patronal constituida en España: un tipo de asociación, nacida en ocasiones de una previa organización empresarial orientada a la reivindicación de una determinada política económica, y que tuvo como finalidad prioritaria la defensa de los patronos asociados frente a las reivindicaciones de las organizaciones obreras.
El Centro Industrial de Vizcaya hasta la guerra civil
El CIV nació entre 1898 y 1899, en un momento de incremento de la conflictividad laboral, como consecuencia del malestar social por el encarecimiento de los precios y la creciente demanda de mano de obra por parte de la industria vizcaína. Y fue promovido por un grupo de empresarios metalúrgicos (de los que buena parte habían sido y eran promotores, directivos o miembros de la Liga Vizcaína de Productores: Ignacio Ituarte, Marcelino Ibáñez, Lucio Ortiz de Urbina o Ramón Gracia, el primer presidente del nuevo Centro) y de patronos del ramo de la construcción.
Una de sus primeras realizaciones fue la creación de una oficina, llamada más tarde de Información Obrera, que recogiera de todas las fábricas, como primera información, "listas de obreros con referencias oportunas" o de "obreros revoltosos" y las hiciera circular entre todos los asociados. La iniciativa consiguió quebrantar de momento la organización y acción de las sociedades de resistencia obreras. Pero, a la larga, el CIV tuvo como principal objeto la defensa de los intereses patronales en los asuntos socio-laborales, así como la participación en la elaboración y aplicación de la legislación social; y, aunque en segundo plano, también la defensa de los intereses de sus asociados en materia fiscal (dada la incidencia de la creciente presión fiscal a través de la contribución industrial o la de utilidades), arancelaria y económica en general.
El CIV se estructuró, por ramos de actividad, en diversos gremios, que se organizaron de forma autónoma y con plena personalidad jurídica, lo que dio al Centro una dimensión de federación de asociaciones patronales, que se sumó a su carácter de asociación patronal. Los principales fueron el Gremio de Hierro y Metales, el que mayor peso tuvo en el gobierno del CIV; y los gremios del sector de la construcción (el que más obreros ocupaba en la industria vizcaína y el más importante dentro del CIV), que se organizó inicialmente en los Gremios de Patronos Hojalateros, en Madera, Albañiles, en Piedra y de Maestros Pintores, a los que se añadirían a lo largo del primer tercio del siglo XX, los de Marmolistas, Ebanistas, Cerámica, algunos de los cuales se unirían además en federaciones que agrupaban actividades afines. En esos años, también se constituyeron paulatinamente otros gremios como los del Transporte, Artes Gráficas, Industria Textil o Consignatarios y Navieros.
Junto a la creación de los primeros gremios, se constituyó, en 1900, la Sociedad Patronal de Seguros Mutuos sobre Accidentes del Trabajo (para cubrir los riesgos que la Ley de Accidentes de Trabajo consideraba responsabilidad de los patronos), que completó la configuración de lo que, al menos hasta la guerra civil, fue el Centro Industrial de Vizcaya.
A lo largo del primer tercio del siglo XX, diversos factores contribuyeron a afirmar el liderazgo del CIV en el panorama del asociacionismo empresarial y patronal de Bizkaia. Un panorama diversificado, pero crecientemente coordinado en torno a las entidades dominantes en cuatro ámbitos, además de la oficial Cámara de Comercio, Industria y Navegación (y al margen de otras entidades sectoriales, en algún caso significativas, como las de los sectores de banca y transporte): el Círculo Minero de Bilbao (nacido, en 1886, para asesorar a sus socios en materias fiscales y mercantiles, y que asumiría la defensa de los patronos en materia laboral al perder eficacia una Asociación de Patronos Mineros, promovida, en 1903, por el Círculo para hacer frente a las reivindicaciones de las organizaciones obreras) y la Cámara Oficial Minera de Vizcaya (constituida en 1922 para representar y defender los intereses del sector ante la Administración); el Centro Industrial de Vizcaya y la Liga Vizcaína de Productores (representantes originaria y principalmente del empresariado siderometalúrgico); la Asociación de Navieros de Bilbao (fundada, en 1900, y promotora de una Asociación de Defensa Patronal de Navieros, en 1914, cuyo éxito tras la conflagración mundial la hizo innecesaria en los años 1920) y la Asociación de Navieros del Norte (surgida en 1919, también de ámbito vizcaíno), que se coordinaron en la defensa de los intereses económicos y sociales de los navieros de Bizkaia, a pesar de la oposición que se estableció entre ellas, y se fusionaron en 1937; y el Centro Mercantil de Bilbao (nombre que adoptó, en 1931-1932, el Círculo de la Unión Mercantil, constituido legalmente, en 1912, para la defensa de los intereses de los comerciantes, y también con un carácter de círculo de recreo; sector que, en 1898-1899 había promovido una Asociación de Defensa y Fomento del Comercio y la Industria de Bilbao, para hacer frente a un impuesto municipal que afectaba a sus intereses, y un proyecto de unión con el CIV en un solo Círculo Mercantil e Industrial, que no llegó a materializarse).
Los factores que contribuyeron a apuntalar el liderazgo del CIV en este panorama asociativo, y encarnar con ello la continuidad entre el asociacionismo empresarial de comienzos y de la finales del siglo XX, residieron básicamente en la creciente importancia de las cuestiones sociales frente a las cuestiones económicas en el marco de la modernización de las relaciones laborales en Bizkaia y del creciente nacionalismo que caracterizó al capitalismo español del primer tercio del siglo XX; y en la estructura en gremios del CIV, que respondía mejor a la complejidad socio-económica de aquellos años y le permitió incorporar y representar a nuevos sectores económicos que se sumaron a los fundacionales.
El franquismo
Tras la guerra civil, el empresariado hubo de encuadrarse en el nueva Organización Sindical Española, entidad corporativa unitaria creada en enero de 1940 (por la Ley de Unidad Sindical) sobre la base de "sindicatos verticales", en los que quedaban integrados empresarios y trabajadores bajo el control del Estado, y uno de los pilares, junto a la familia y el municipio, de la "democracia orgánica" franquista. Las viejas asociaciones patronales o bien se disolvieron; o bien se integraron en el nuevo organismo, en el que pudieron mantener su personalidad, aunque carecieran de autonomía de acción; o bien, como fue el caso de la LVP y el CIV, conservaron su personalidad jurídica al margen de la organización vertical, paralizando prácticamente sus actividades, en un estado de "hibernación" en el que la defensa de los intereses empresariales quedó relegada a segundo plano. Su actividad se centró en la consultoría y asesoría a las empresas y empresarios ante el complicado proceso burocrático (autorizaciones, subvenciones, créditos especiales, exenciones fiscales, nuevas disposiciones ) que acompañó a la política intervencionista y autárquica de los primeros años del franquismo, así como al amplio sistema de asistencia y seguridad social (que conllevó nuevos costes laborales para las empresas) instaurado por el régimen. Estas políticas dejaban poco margen a la libre iniciativa empresarial, pero fueron las que pudieron proporcionar algunas ventajas al empresariado, cuya actividad a favor de una determinada política económica dio paso a una dinámica para conseguir exclusivas, cupos, pedidos, excepciones, favores, desgravaciones En ella, más que la influencia como grupos de interés, en todo caso, pudo mantenerse la de personalidades relevantes (como la del Subsecretario de Industria en los años 1940, Eduardo Merello, ex gerente de Altos Hornos de Vizcaya y que había promovido la fusión de los servicios de la LVP y el CIV, en 1932; o Isidoro Delclaux Aróstegui, José María Oriol Urquijo, José María Aguirre Gonzalo ). La liberalización que supusieron la ley de Convenios Colectivos, de 1958, que reformó la organización de las relaciones laborales, el Plan de Estabilización de 1959 (en el que subsistieron el intervencionismo del Estado, el proteccionismo del mercado interior y las prácticas monopolísticas) o la reforma de la Seguridad Social, en los años 1960, no modificaron el papel y la naturaleza del empresariado organizado.
La revitalización del asociacionismo empresarial en el último cuarto del siglo XX
La transición de la dictadura a la democracia propició un nuevo marco jurídico-político, que reconoció nuevamente la libertad de sindicación y asociación (Ley 19/1977, de 1 de abril), y una nueva realidad que requirió reformas estructurales profundas (nuevo sistema fiscal basado en el impuesto sobre la renta y el IVA, nuevo sistema de relaciones laborales, nueva naturaleza de la Deuda, reconversión industrial, integración en Europa ) y planteó agudos problemas al empresariado (crisis, desempleo, actividad terrorista, incremento de la presión fiscal, liberalización económica, negociación salarial ).
En esa nueva realidad, también el empresariado adoptó un nuevo modelo de organización, que cristalizaría, por una parte, primero, en una Confederación General de Empresarios de Vizcaya (CGEV), de nuevo cuño, nacida en 1977; después, en un Centro Empresarial de Vizcaya (CEV); y, finalmente, en el Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya (CIMV), tras la fusión de las dos anteriores, en 1984. Y, por otra parte, en la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), nacida en 1983. A ellas se incorporaron el CIV (con la LVP, integrada en él de hecho), junto a las organizaciones empresariales herederas de las constituidas a finales del siglo XIX o comienzos del XX por los mineros, los navieros, los banqueros, los cerrajeros, las artes gráficas , y junto a todo tipo de organizaciones, federaciones, agrupaciones o asociaciones empresariales y empresas.
El CIV, particular, cuya inscripción en el Registro seguía vigente, fue revitalizado, en 1981, por Gonzalo Artiach, un industrial vinculado a los sectores de la alimentación y de los electrodomésticos, que cambió su nombre por el de Centro Empresarial de Vizcaya (CEV), como expresión de su voluntad de integrar en él al comercio y a actividades no estrictamente industriales. El nuevo Centro adquiriría peso en el panorama asociativo empresarial de Bizkaia al integrarse en él, en el mismo 1981, el sector del metal que, presidido por Juan Antonio Arcelay y Ángel Humarán, se escindió de la CGEV, presidida por Luis Olarra; al otorgarle, provisionalmente, el Gobierno Vasco, en 1982, los tres puestos con los que contó Bizkaia en el Consejo de Relaciones Laborales, creado ese mismo año por el Parlamento Vasco; y al incorporarse, en 1983 y a diferencia de la CGEV, en la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).
Desde ese momento, y en el marco del primer diálogo de la "patronal" vasca para su incorporación a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no se produciría hasta 1988, se evidenció un acercamiento entre el CEV y la CGEV que desembocaría en la fusión de ambas, en 1984, en el Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya (CIMV), cuyo primer presidente fue José María Barrenechea, procedente de la CGVE, a quien sucedió Gonzalo Artiach. Finalmente, el CIMV cambiaría su nombre, en 1999 y bajo la presidencia de José María Vázquez (que la ejercía desde 1992), por el de CEBEK - Confederación Empresarial de Bizkaia-Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa.
EL CIMV y su sucesora, la CEBEK, se han enfrentado a un proceso de profunda reconversión económica y social (reconversión industrial, integración en Europa y globalización, modernización tecnológica de las actividades productivas, terciarización de la economía ), que han supuesto una ampliación de los servicios y áreas de intervención de la organización (a los tradicionales servicios relacionados con las políticas laboral y fiscal se han añadido otros que ponen de manifiesto su creciente complejidad, como los de mediación institucional, ayudas públicas, telemática, formación, medio ambiente, calidad, innovación tecnológica, colaboración internacional ) y que han tenido que abordar, dada la diversidad de intereses de su asociados, desde la perspectiva de la defensa de los grandes principios (reducción de la inflación y de las cargas sociales, contención salarial, flexibilización en la contratación, reforzamiento del sector privado, reducción del gasto y del sector público, fomento de la competitividad y del desarrollo económico ), cuya defensa es también el objetivo de la organización patronal unitaria vasca (Confebask) o española (CEOE).
Ignacio ARANA PÉREZ (2008)