Entités

Gobierno Vasco

La Comunidad Autónoma del País Vasco, -siguiendo lo preceptuado en el artículo 152. 1 de la Constitución-, ha organizado su ejecutivo autonómico de forma semejante a cómo se organizan los gobiernos en el resto de las Comunidades Autónomas. De forma que, como afirmara Lucas Murillo de la Cueva, "al menos en el plano formal, la homogeneidad institucional autonómica es un hecho" (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 101).

Conviene recordar que el mencionado precepto constitucional prevé un Consejo de Gobierno, al que otorga funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente que será elegido por la Asamblea de entre sus miembros y al que encomienda la dirección de aquél. Añade, asimismo, que el Presidente y los miembros del Consejo son políticamente responsables ante la Asamblea legislativa de la respectiva Comunidad.

Si bien es cierto que, el Estatuto de Autonomía del País Vasco no define con precisión los contornos del ejecutivo vasco ni, en consecuencia, el papel que le corresponde en el funcionamiento del sistema (Lucas Murillo de la Cueva, 1990: 17) como primera aproximación, podemos afirmar que el Gobierno se concibe como uno de los sujetos, junto con el Parlamento y el Lehendakari, que ejerce los poderes del País Vasco.

Y, de forma un poco más concreta, bien podríamos identificar al Gobierno, -y a pesar de las diversas acepciones del término (García Herrera, 1985: 310) -, con aquél órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas y que presidido por un Lehendakari, que recibe competencias específicas, está integrado por un número indefinido de Consejeros a los que, como a aquél, se les reconoce un status particular (Saiz Arnaiz, 1991: 1302).

Si bien el Estatuto de Autonomía de 1936 ya preveía la existencia del Gobierno, en tanto órgano Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, la guerra civil impide la celebración de elecciones parlamentarias y con ello se frustra la constitución del Gobierno que contemplaba el Estatuto.

En este contexto de excepcionalidad, y siguiendo la previsión de la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de 1936, se constituye un Gobierno Provisional presidido por el Lehendakari J. A. Aguirre e integrado por diez Consejeros. Ver El Primer Gobierno Vasco (1936-1980)

Un año más tarde el Gobierno Provisional parte al exilio hasta la vuelta oficial del entonces Lehendakari J. M. Leizaola, a finales de 1979. Fecha en la que tiene lugar en Gernika el traspaso de poderes a R. Rubial Cavia por aquel entonces Presidente del Consejo General Vasco. Un año más tarde, en concreto, en abril de 1980 y tras las primeras elecciones autonómicas que se celebran el día 9 de marzo del año en curso, el Parlamento elige como Lehendakari del primer Gobierno Vasco a C. Garaikoetxea. Y desde entonces hasta la actual legislatura, en concreto la VIII, se han sucedido los siguientes Gobiernos: en la I legislatura (abril 1980-febrero 1984) y en la II (abril 1984-marzo 1987) el Gobierno Vasco es presidido por C. Garaikoetxea; en las siguientes tres legislaturas, esto es, la III (marzo 1987-febrero 1991), la IV (febrero 1991-enero 1995) y la V (enero 1995-diciembre 1998) el Lehendakari es J. A. Ardanza; y en la VI, VII y VIII legislatura que se extienden desde enero de 1999 hasta 2009 el Gobierno Vasco lo preside J. J. Ibarretxe. La IX legislatura del Gobierno Vasco la preside el Lehendakari Patxi López.

Una institución cuya regulación se encuentra tanto en el Estatuto de Autonomía del País Vasco como en la denominada Ley del Gobierno aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de junio de 1981 (en adelante, Ley 7/1981) y cuya sede radica en el distrito de Lakua, en Vitoria-Gasteiz.

Desde un punto de vista estructural u organizativo, y siguiendo a Saiz Arnaiz, del Gobierno Vasco pueden predicarse las siguientes 5 características (Saiz Arnaiz, 1995: 49-62):

El Gobierno Vasco es un órgano estatutario o "autonómico" en palabras de García Herrera (García Herrera, 1985: 313). Esto significa que:

  1. Estamos ante un órgano creado directamente por el Estatuto que prevé su composición y funciones. O tal y como manifiesta Lucas Murillo de la Cueva, es ésta la norma que da vida o que crea el Gobierno autonómico (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 103).
  2. Su ausencia significaría una radical variación del orden jurídico definido estatutariamente, en el sentido de que daría lugar a un sistema de gobierno totalmente distinto del contemplado tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía.
  3. Participa en la dirección política de la Comunidad Autónoma.
  4. Goza de paridad de rango respecto a los demás órganos estatutarios. Es decir, entre tales órganos se mantienen una serie de vínculos de coordinación y no de subordinación.
  5. Y, finalmente, en cuanto órgano estatutario, el Gobierno Vasco dispone de autonomía reglamentaria y organizativa.

Esto significa que el Gobierno Vasco está integrado por una pluralidad de órganos que individualmente considerados disponen de sus propias competencias pero, también, la reunión de todos ellos conforma una nueva instancia decisoria, el llamado Consejo de Gobierno, que también posee competencias específicas. En suma, nos situamos ante un "órgano de órganos" (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 104).

Sin perjuicio de la situación de primacía que ostenta el Lehendakari, podemos afirmar que se trata de un órgano colegiado. Y ello porque, el Gobierno es un órgano de composición personal plural y las funciones a él reconocidas se ejercen por todos sus miembros en situación de paridad a través de una decisión unitaria adoptada por mayoría.

Podemos predicar del Gobierno Vasco su homogeneidad. Debiendo entenderse esta, no como plena identidad política-ideológica de los que conforman el órgano -rasgo que por razones obvias no se da en los Gobiernos de coalición-, sino como la identificación de todos los integrantes del órgano en el programa de gobierno que define el Lehendakari. En este sentido entiende, asimismo, la homogeneidad, entre otros, Caño (Caño, 2007: 156) o García Herrera (García Herrera, 1985: 313).

En efecto, nos situamos ante un órgano responsable políticamente ante el Parlamento. Una responsabilidad política que, como veremos más adelante, se materializa mediante la moción de censura y la cuestión de confianza y que es una consecuencia directa del principio de legitimación democrática que determina que el origen del gobierno se funde en su relación fiduciaria con el Parlamento (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 107).

Según el artículo 30 del Estatuto de Autonomía necesariamente han de formar parte del Gobierno Vasco el Lehendakari y los Consejeros. Y el artículo 17 de la Ley 7/1981 incorpora la figura de los Vicepresidentes señalando que el Gobierno está integrado por el Lehendakari y los consejeros por él designados, de entre los cuales podrá nombrar un vicepresidente primero y uno o más vicepresidentes. De forma que, como se ha señalado en alguna ocasión, no existe el Vicepresidente "puro" sino el Vicepresidente-Consejero ya sea en su carácter de titular de departamento o sin cartera (García Herrera, 1983: 1022).

De lo expuesto se deduce que el Gobierno Vasco lo componen: el Lehendakari, el (los) Vicepresidente(s), en su caso, y los Consejeros. Y el Lehendakari fijará en el decreto de nombramiento las funciones y áreas de actuación de los vicepresidentes.

Así pues, entre aquellos miembros del Ejecutivo cuya presencia es necesaria, por imperativo estatutario, podemos diferenciar dos categorías: la del Lehendakari y la de los Consejeros.

Nombramiento del Lehendakari

El Estatuto, en concreto en los artículos 29 a 33, opta por un sistema de gobierno parlamentario. Esto implica que el Lehendakari será elegido, a través del denominado procedimiento de investidura, por el Parlamento Vasco de entre sus miembros. De forma que se exige que el Lehendakari ostente la condición de parlamentario vasco, garantizándose, así, su legitimación democrática debido a que en él concurren la elección popular y la designación parlamentaria (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 123).

Veamos, siquiera brevemente, en qué consiste su procedimiento de investidura. Cuando se renueva el Parlamento Vasco y en los demás casos previstos en la legislación, su presidente convoca a la Cámara para la designación del Lehendakari. Esquemáticamente, los distintos actos del procedimiento de investidura son:

  1. Los diferentes Grupos Parlamentarios formulan ante la Mesa de la Cámara sus propuestas de candidatos.
  2. Éstos habrán de exponer en sede parlamentaria las líneas generales del Programa de Gobierno que pretende conformar.
  3. Posteriormente, esto es, tras las exposiciones de los programas se abre un debate con intervención de los distintos Grupos Parlamentarios.
  4. Finalizado el debate se procede a la votación. Siendo necesario para resultar designado Lehendakari el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea legislativa en primera votación y siendo suficiente la mayoría simple de los votos válidamente emitidos en segunda votación, realizada veinticuatro horas más tarde.
    Ahora bien, si en un plazo de 60 días desde que fue convocado el Parlamento para la elección ningún candidato alcanza tal mayoría se procederá a su disolución.
  5. Y finalmente designado el Lehendakari por el Parlamento éste será nombrado por el Rey. Acto que, como afirmó el Tribunal Constitucional en la sentencia 5/1987, de 27 de enero, será refrendado por el Presidente del Gobierno de la Nación. Siendo el Lehendakari, posteriormente, el que designe a los miembros del Consejo de Gobierno.

La situación de preeminencia del Lehendakari

Como hemos avanzado, forman parte del Gobierno Vasco, necesariamente, el Lehendakari y los Consejeros por él mismo designados. Si bien, se puede sostener que existe un notable predominio presidencial. Afirmación que viene avalada por el hecho de que, conforme al artículo 152.1 de la Constitución, al Lehendakari le corresponde "la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla". Y es que, hay que advertir que la Ley 7/1981, "coloca al Lehendakari en una situación jurídica de supremacía dotada de fuertes poderes políticos, independientes del resto del Gabinete" (García Roca, 1985: 194). Consagrándose, así, en palabras de García Herrera, una estructura bipolar que distancia al Lehendakari de los Consejeros (García Herrera, 1983: 1003).

Lo avanzado nos da pié para reafirmar que dentro del Gobierno Vasco pueden distinguirse 2 niveles: uno representado por el Lehendakari, y el otro por los Consejeros. Y, además, cabe sostener que este predominio que ostenta el primero dentro del Gobierno Vasco se proyecta en una doble dimensión:

Por un lado, en el ámbito de las relaciones interorgánicas. Esto es, respecto a las relaciones que mantiene bien con otras instituciones de la Comunidad Autónoma bien con las del Estado.

Y, por otro lado, a nivel interno o en el ámbito de las relaciones intragubernamentales. Veamos algunas muestras no exhaustivas de este liderazgo presidencial en una y otra dimensión.

Así, en el ámbito de las relaciones interorgánicas esta situación de preeminencia se concreta, por ejemplo, en los dos siguientes aspectos:

  1. Con respecto a las instituciones del Estado, ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se considera el representante ordinario del Estado en ésta.
  2. Y en relación al Parlamento Vasco, es el único miembro del Gobierno Vasco que goza de legitimidad parlamentaria directa. Y ello, como se deduce de la Ley 7/1981, se traduce en que: es el único miembro elegido directamente por el Parlamento Vasco; sólo él dispone de la facultad de disolver a éste anticipadamente; y, puede plantear la cuestión de confianza ante el Parlamento Vasco previa deliberación del Gobierno.
    Y, por su parte, en el ámbito de las relaciones intragubernamentales, la preeminencia del Lehendakari se manifiesta, tal y como se deduce de la lectura de la Ley 7/1981, entre otros, en los siguientes extremos:
  3. Le compete la presidencia y la dirección del Gobierno, tanto en relación con su orientación política general como a su acción política concreta.
  4. Designa y separa a los Consejeros, nombra de entre éstos un Secretario del Gobierno y, si lo estima oportuno, puede nombrar un Vicepresidente Primero y uno o más Vicepresidentes.
  5. Convoca las reuniones del Gobierno, fija el Orden del Día de las mismas, las preside y dirige sus deliberaciones.
  6. Sustituye, en los casos de ausencia o enfermedad, a los miembros del Gobierno.
  7. Y puede emanar autónomamente disposiciones con rango de Decreto en las materias de su competencia. Así, por ejemplo, por Decreto del Lehendakari se nombrará y cesará a los Consejeros.

En suma, parece fuera de toda duda que el Lehendakari ostenta una posición de preeminencia que, como afirma Saiz Arnaiz, se concreta en una superior posición jerárquica de éste como Presidente del Gobierno respecto de los Consejeros (Saiz Arnaiz, 1995: 69).

Tal y como hemos avanzado, los Consejeros son, también, órganos necesarios que siendo nombrados por el Lehendakari finalizan su relación de servicio por revocación de su nombramiento por el mismo Lehendakari, dimisión, pérdida de confianza parlamentaria o fallecimiento.

Cabe afirmar que éstos poseen una doble condición: política y administrativa. Una doble faz que deriva del hecho de que el Gobierno Vasco además de cumplir una función política ha de ejercer, simultáneamente, funciones administrativas dirigiendo a la Administración para poder llevar a buen puerto su programa de Gobierno.

Así pues, los Consejeros:

Por un lado, son miembros del Gobierno en cuanto órgano colegiado. Según esta condición política, les compete desarrollar las funciones atribuidas al Gobierno y concurrir a la formación de su voluntad y a la toma de decisiones. Dicho de otra forma, los Consejeros participan de la función de orientación política gubernamental, interviniendo en las deliberaciones del Gobierno y en la adopción de sus decisiones.

Y, por otro lado, son titulares de un Departamento de donde deriva su componente o carácter administrativo. En tal orden de cosas, téngase en cuenta que el artículo 8.c) de la Ley 7/1981 reconoce al Lehendakari la competencia para crear, extinguir, modificar la denominación o distribuir las competencias de los Departamentos. De esta forma moldea el aparato administrativo en función de la línea política del Gobierno (García Herrera, 1985: 315).

La citada facultad, en la actual legislatura, se materializa con la aprobación del Decreto 8/2005, de 27 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. Normativa que divide al Gobierno en once Departamentos y una Vicepresidencia, además de la Lehendakaritza. Los Departamentos son: Hacienda y Administración Pública; Justicia, Empleo y Seguridad Social; Interior; Industria, Comercio y Turismo; Vivienda y Asuntos Sociales; Educación, Universidades e Investigación; Sanidad; Cultura; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Transporte y Obras Públicas; y Agricultura, Pesca y Alimentación. De forma que resulta obvio que es el Lehendakari el que puede, así, modificar la estructura gubernamental.

Conviene precisar que el artículo 5 del Decreto 8/2005 confiere a la Vicepresidencia, entre otras, las siguientes áreas de actuación: la Secretaría del Gobierno; las relaciones y comunicaciones con el Parlamento y el Ararteko e interinstitucionales; Impulso y desarrollo de las relaciones de cooperación, coordinación, planificación conjunta y articulación institucional del País Vasco; el diseño y la aplicación de la Gobernanza Pública Vasca en la definición, coordinación y ejecución de las políticas públicas; o, la política de desarrollo autonómico y la coordinación, a tal efecto, de las actuaciones de los Departamentos. Se trata, por tanto, de un puesto eminentemente político que desempeña en la práctica labores de coordinación entre los titulares de los diferentes Departamentos del propio partido y de relación con la otra fuerza política presente en el Ejecutivo.

Por su parte, el artículo 4 del Decreto 8/2005 considerada atribuidas a la Lehendakaritza las siguientes áreas de actuación: portavoz del Gobierno; política informativa y de comunicación del Gobierno ante los medios de comunicación; relaciones sociales e institucionales; política del Gobierno en materia de Asuntos Europeos, Cooperación Transfronteriza e Interregional y Colectividades y Centros Vascos; Política de representación y proyección de Euskadi en el exterior; y, Política de igualdad de oportunidades en materia de género.

Mientras que los Consejeros en cuanto titulares de un Departamento ejercen funciones tales como por ejemplo:

  1. Representación, dirección, gestión e inspeccción de su Departamento.
  2. Propuesta de la estructura orgánica y designación de Altos Cargos del Departamento.
  3. O la propuesta de Decretos sobre materias de su competencia.

En suma, confluyen en los consejeros las dos vertientes, política y administrativa, que caracterizan al órgano gubernamental unitariamente considerado (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 118). Un doble componente al que alude la propia Ley 7/1981 al distinguir las competencias que corresponden a los Consejeros como miembros del Gobierno y aquéllas que les son atribuidas en cuanto titulares de un Departamento.

Tanto al Lehendakari como a los consejeros se les reconoce un régimen especial con el fin de dotarles de la dignidad adecuada a su alto rango, facilitarles el cumplimiento de los fines institucionales encomendados y revestirles de especiales garantías en el caso de exigirles determinadas responsabilidades (García Herrera, 1985: 329).

Un estatuto especial que, a grandes trazos, puede ser definido sobre la base de las siguientes cuatro reglas:

Se les reconocen una serie de derechos de índole económica. Así, por ejemplo, la percepción de mensualidades, de prestaciones económicas temporales al cesar o dimitir de sus cargos o de una pensión vitalicia.

Por regla general, están sometidos a un rígido sistema de incompatibilidades a fin de asegurar el mejor ejercicio de sus funciones. En este sentido, como afirma Caño, es posible diferenciar las incompatibilidades funcionales en virtud de las cuales no pueden ejercer otro tipo de actividades públicas, privadas o mercantiles e industriales de la denominada incompatibilidad retributiva que implica que nadie pueda percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos Públicos (Caño, 2007: 159).

Se les reconoce la inmunidad, de forma que no podrán ser retenidos ni detenidos por los actos delictivos que cometan durante su mandato en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, salvo que incurran en caso de flagrante delito.

Y, se establece un fuero especial o un privilegio de fuero. Esto significa que para enjuiciar a los miembros del Gobierno es únicamente competente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma -si la comisión del delito se ha realizado en la misma- o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -si el delito es perpetrado fuera de la Comunidad Autónoma-.

Es necesario advertir que cuando nos referimos a las funciones del Gobierno Vasco queremos aludir a las atribuciones a él encomendadas en cuanto órgano colegiado y titular del Poder Ejecutivo. Y no por lo tanto a las competencias específicas que se reconocen individualmente a la pluralidad de órganos que lo integran.

Hecha esta previa advertencia, cabe afirmar que con carácter sistemático, y siguiendo la literalidad del artículo 29 Estatuto de Autonomía, "El Gobierno Vasco es el órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País Vasco". Concretándose en el artículo 16 de la Ley 7/1981 que éste establece los objetivos políticos generales y dirige la Administración del País Vasco, ejerciendo, a tal fin, la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

Así pues, con García Herrera (García Herrera, 1985: 332-344) bien podría sostenerse que el Gobierno Vasco, titular del Poder Ejecutivo, tiene atribuidas, principalmente, las siguientes funciones:

  1. La función de revisión estatutaria en base a la cual el Gobierno tiene capacidad de propuesta para proceder a una eventual reforma del Estatuto de Autonomía.
  2. La función de defensa de la autonomía. En este orden de cosas, el Gobierno está legitimado bien para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley que puedan afectar al ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma o bien para plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
  3. La función de dirección política que se concreta en múltiples iniciativas a través de las cuales se intentará materializar los fines políticos de la Comunidad Autónoma. Así, podrían incardinarse en esta función, por ejemplo, la participación gubernamental; en la legislación referida a la planificación económica; en la elaboración de los presupuestos generales del País Vasco; o en la fijación del Cupo que se aporta al Estado.
  4. La función ejecutiva y de dirección de la Administración en tanto ente instrumental integrado por personal capacitado técnicamente para la gestión y prestación de los servicios.
  5. Y la potestad reglamentaria que se manifiesta en la aprobación de Decretos, normas de rango inferior a la ley, de tres tipos: de ejecución y desarrollo de las leyes autonómicas y estatales; de organización y estructura departamental y de servicios; y de nombramiento y cese de Altos Cargos. A lo que habría que añadir la posibilidad de que el Gobierno dicte normas con rango de ley denominadas Decretos-legislativos.

El análisis de cómo se articulan las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo vasco, -a partir de la regulación contemplada en desarrollo de las previsiones constitucionales tanto en el Estatuto de Autonomía del País Vasco como en la Ley 7/1981-, nos permite afirmar que la Comunidad Autónoma del País Vasco opta por un sistema de gobierno parlamentario.

En este sentido, sostiene Saiz Arnaiz que esta definición parlamentaria del sistema de gobierno del País Vasco se sustenta en los tres siguientes aspectos: la atribución al Parlamento Vasco de las funciones de impulso y control de la actividad gubernamental; la necesaria dimisión del Gobierno en el caso de que se pierda la confianza parlamentaria; y, la responsabilidad política colectiva e individual de los miembros del Gobierno ante el Parlamento (Saiz Arnaiz, 1995: 41).

Los aspectos emblemáticos del parlamentarismo en el caso del País Vasco pueden identificarse con los tres siguientes: la cuestión de confianza; la moción de censura y la disolución del Parlamento Vasco. Dicho de otro modo, estos son los 3 mecanismos clásicos de relación entre el Parlamento y el Gobierno Vasco que sirven para identificar la forma parlamentaria de gobierno.

A continuación expondremos brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Y para una adecuada comprensión de tales instrumentos conviene partir del hecho de que la elección del Lehendakari por parte del Parlamento Vasco supone el inicio de la relación de confianza que, en todo sistema parlamentario, ha de existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una relación de confianza que, activando alguno de los tres mecanismos señalados, podrá mantenerse o rechazarse durante el período que dura la legislatura.

A través de la cuestión de confianza el Gobierno Vasco toma la iniciativa para comprobar si mantiene el respaldo de la Asamblea Legislativa para materializar su programa de Gobierno o una declaración de política general, entendiendo por tal una decisión gubernamental de especial trascendencia. En concreto, es el Lehendakari quien puede presentar una cuestión de confianza previa deliberación del Consejo de Gobierno. Y se entenderá renovada la confianza del Parlamento cuando se obtenga la mayoría simple de los votos de la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando el número de votos favorables sea superior al de los contrarios, tal y como ocurrió en octubre de 1991 cuando el Lehendakari J. A. Ardanza sometió a una cuestión de confianza en el Parlamento el programa del tripartito PNV-PSOE-EE. Por contra si no se logra la mayoría indicada, el Lehendakari deberá presentar su dimisión y se procederá a la designación de uno nuevo lo que implica, necesariamente, el cese de todo el colegio gubernamental.

Por su parte, la moción de censura se erige en "el máximo instrumento para sancionar el ejercicio del control parlamentario sobre el Gobierno y para hacer efectivo el principio de la responsabilidad política de los gobernantes" (Montero y García Morillo, 1984: 151). De forma que, a instancia de un cierto número de parlamentarios -al menos una sexta parte-, la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura significa la ruptura del vínculo de confianza entre Legislativo-Ejecutivo establecida en el momento de la elección del Lehendakari. Y consiguientemente, la remoción gubernamental. Hay que señalar que en el caso del País Vasco se opta por el modelo de moción de censura constructiva que significa que habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, de forma que la moción de censura implica más que un mero cese del Gobierno la sustitución de un Gobierno por otro. En concreto, los efectos de la aprobación de una moción de censura son: el Lehendakari presenta su dimisión ante el Presidente del Parlamento y se nombra como Lehendakari al candidato incluido en la moción.

A todo lo cual debemos añadir la posibilidad de que el Parlamento Vasco exija, mediante la adopción, asimismo, por mayoría absoluta de una moción de censura no constructiva, responsabilidad política individual al Vicepresidente Primero, a los Consejeros individualmente o al Presidente Interino. De forma que la aprobación de una moción individual de censura no provoca, por sí sola, el cese del Gobierno.

Pues bien, los datos avanzados permiten realizar la siguiente valoración: mientras que para elegir al Lehendakari o entender renovada la confianza parlamentaria es suficiente una mayoría simple, para derribar al Gobierno es necesaria una mayoría absoluta. Lo afirmado, a nuestro modo de entender, refleja que en el País Vasco se articula un sistema parlamentario protector de los gobiernos minoritarios.

Finalmente, hemos de referirnos a la eventual disolución anticipada del Parlamento por parte del Lehendakari. Una facultad que se presenta como la contrapartida en manos del Gobierno al poder parlamentario de privarle a éste de la confianza (Pizzorusso, 1994:118-119). Hay que subrayar que aunque esta facultad requiere la previa deliberación del Gobierno, la disolución es de exclusiva responsabilidad del Lehendakari, no pudiendo en ningún caso éste hacer uso de la mencionada facultad cuando se encuentre en trámite una moción de censura constructiva. En cualquier caso, la disolución anticipada se realizará por medio de Decreto del Lehendakari en el que se hará constar la fecha de convocatoria y celebración de las nuevas elecciones. A título de ejemplo, consideramos oportuno traer a colación la disolución anticipada del Parlamento Vasco que fue Decretada por el Lehendakari J. A. Ardanza el 30 de septiembre de 1986 a los escasos 2 años de Legislatura.

  • CAÑO, J. (2007). Derecho Autonómico Vasco. Bilbao.Universidad de Deusto.
  • GARCÍA HERRERA, M. A. (1982). "Consideraciones en torno a la forma de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 2, pp. 63-96.
  • GARCÍA HERRERA, M. A. (1983). "La estructura del Gobierno Vasco", en I Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tomo II. Oñati: IVAP, pp. 985-1097.
  • GARCÍA HERRERA, M. A. (1985). "El Gobierno Vasco", en Revista de Estudios Políticos, núms. 46-47, julio-octubre, 1985, pp. 309-349.
  • GARCÍA HERRERA, M. A. (1985). "La continuidad del Gobierno Vasco", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 11, pp. 83-110.
  • GARCÍA ROCA, J. (1985). "El sistema de gobierno parlamentario en el País Vasco. Moción de censura individual y derecho a la disolución", en Revista de Estudios Políticos, núms. 46-47, pp. 183-236.
  • JIMÉNEZ ASENSIO, R. y SAIZ ARNAIZ, A. (1992). "Instituciones y Partidos Políticos en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 1986-1991", en Working Papers del Institut de Ciències Politiques i Socials, núm. 53, pp. 3-58.
  • LÓPEZ GUERRA, L. (2007). "La organización de las Comunidades Autónomas", en Derecho Constitucional. Vol. II. Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 347-374.
  • LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, E. (1990). El Lehendakari. Oñati. IVAP.
  • LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, E. (1991), El Lehendakari. Análisis orgánico y funcional. Madrid. Cívitas.
  • LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, E. (1991). "La figura del Lehendakari desde la perspectiva de diez años de autogobierno" en II Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tomo III. Oñati: IVAP, pp. 1197-1293.
  • LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, E. (1992). "Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 34 (II), pp. 97-143.
  • MONTERO, J. R. y GARCÍA MORILLO, J. (1984). El control parlamentario. Madrid. Tecnos.
  • PIZZORUSSO, A.(1994). "Recientes tendencias del parlamentarismo", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 39, pp. 105-126.
  • PORRES AZKONA, J. (1982), "Parlamento y Gobierno en Euskadi", en Instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Oñati. IVAP.
  • PORRES AZKONA, J. (1983), "La posición institucional del Lehendakari", en I Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tomo II. Oñati: IVAP, pp. 935-981.
  • SAIZ ARNAIZ, A. (1983), "El ejecutivo: relaciones con el Parlamento", en I Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tomo II. Oñati: IVAP, pp. 1223-1287.
  • SAIZ ARNAIZ, A. (1991). "El Gobierno Vasco: praxis de diez años de actuación", en II Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tomo III. Oñati: IVAP, pp. 1297-1343.
  • SAIZ ARNAIZ, A (1995). La forma de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. 2ª edición, ampliada y revisada. Oñati:IVAP.