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Hay que decir, en primer lugar, que, en Navarra, no se produjeron enfrentamientos bélicos durante los tres años de la guerra, pues no podemos considerar como tales los escasos conatos producidos en algún pueblo de la Ribera los primeros días del levantamiento. En segundo lugar el papel del voluntariado navarro resultó decisivo para que la rebelión militar contra el Gobierno de la República legalmente constituido pudiera mantenerse primero y triunfase más tarde, cuando el fracasado pronunciamiento dio paso a la guerra civil. El avance de las tropas navarras (con su gran contingente de voluntarios, en su mayoría requetés carlistas) sobre Gipuzkoa y la frontera de Irún y sobre Madrid fue determinante para el éxito posterior de los rebeldes. Las instituciones del poder civil navarro, Diputación y ayuntamientos, se mantienen, en tercer lugar, en las mismas manos. Garantizan desde la retaguardia el esfuerzo bélico de los combatientes con los recursos materiales, políticos y económicos que canaliza la Diputación Foral.

En cuarto lugar y contra la opinión extendida durante muchos años, es preciso tener en cuenta que no todos los navarros apoyaron la rebelión militar y que en la católica Navarra se desató una brutal represión, en cuyo balance hay que contar más de 2.500 personas muertas (en su mayoría dirigentes o militantes riberos de los partidos de izquierdas o de organizaciones obreras), desde los primeros días de la guerra. Navarra, pues, destacó por su actuación en la guerra civil. Desde aquí el general Mola (el Director), que había llegado a Pamplona a mediados de marzo, dirigió y ultimó la conspiración militar. Aquí también los carlistas, la fuerza hegemónica de las derechas y cuyas milicias armadas, los requetés, hacían entrenamiento militar por los montes navarros desde meses antes, preparaban su propio levantamiento y en pocas horas pusieron en pie de guerra el 19 de julio a miles de ellos.

• Organigrama de la J.C. de guerra de Navarra

"Con el fin de facilitar la movilización del partido, queda constituida la JUNTA CENTRAL DE GUERRA en la forma siguiente: Presidente Honorario, Don Joaquín Baleztena Azcárate. Presidente efectivo, Don José Martínez Berasain. Por la Merindad de Estella, Don José Gómez Itoiz. Por la Merindad de Pamplona, Don Víctor Eusa Razquin. Por la Merindad de Tafalla. Don Marcelino Ulibarri Eguiluz. Por la Merindad de Tudela, Don Víctor Morte Celayeta. Esta junta se subdividirá en otras de Merindades en la siguiente forma:

Lo que diferencia a Navarra de otras provincias de similares características en las que tampoco hubo frentes de guerra, es el masivo apoyo popular que encontraron aquí los rebeldes. Esta singularidad no estriba en que la provincia aportara un mayor número de combatientes (pues la cifra total de los movilizados es parecida a la de las otras provincias al final de la guerra), sino en que casi la mitad de los movilizados en los tres años de guerra lo hicieron como voluntarios en tercios de requetés o en banderas de Falange, como puede verse en el cuadro siguiente:

Cerca de 20.000 navarros -cifra importante, pero muy alejada de los 40.000 0 70.000 requetés voluntarios que llegaron a barajarse con fines propagandísticos-, la mitad del total de los combatientes, salieron voluntarios. Once mil de ellos se incorporaron entre el 19 y el 31 de julio de 1936, el 63 % como requetés, el 38 % como falangistas y el 7,5 % directamente al ejército. En el cuadro se aprecia el mayor peso de los voluntarios carlistas en todas las Merindades, excepto la de Tudela, donde son más los falangistas, (véase Falange). En esta Merindad son más los incorporados a partir de agosto que los de los primeros días de la guerra; por el contrario en las otras Merindades los voluntarios del 19 al 31 de julio doblan (Estella, Sangüesa, Tafalla), o casi (Pamplona) a los incorporados después de esa fecha. Con Falange en la Merindad de Tafalla y otros pueblos de la Ribera estellesa, ocurre lo mismo que en la de Tudela en general. Lo que indica, como he podido comprobar documentalmente, que una parte de los voluntarios falangistas militaban antes de julio de 1936 en partidos u organizaciones sindicales de izquierda y se incorporaron a Falange para escapar a la represión desatada.

Otro de los puntos que caracterizan la situación navarra es el mantenimiento en las mismas manos de toda la estructura del poder civil: la Diputación y los ayuntamientos, aunque en 71 de los 267 que tenía Navarra (27 de menos de mil habitantes y 44 de más de mil, entre ellos Tudela, donde tenía mayoría el Frente Popular, Pamplona, Estella y Tafalla) debieron ser destituidos y sustituidos los concejales. Se crearon, además, organismos de poder paralelos, como la Junta Central Carlista de Guerra -y poco después Juntas de Merindad y Locales-, que operaba desde el palacio de Diputación. La Administración Foral se pone inmediatamente al servicio de los sublevados y prosigue su actuación con la garantía expresada en el bando de Mola de mantener "en todo su vigor el actual régimen foral". Desde Diputación se canaliza la ayuda material y económica, que ha de añadirse a la elevada contribución de los navarros en vidas humanas: 4.293 muertos y 144 desaparecidos a lo largo de los tres años de guerra, el 11 % de los movilizados.

En los primeros días de la guerra, y por orden de Mola, la Diputación concede un crédito de dos millones de pesetas para atender las necesidades del ejército rebelde y otras ayudas económicas; lo mismo que hicieron empresas y particulares, recogiendo oro y dinero o entregando comestibles en tanta cantidad que se hizo preciso recomendar que no enviasen más. Diputación que, además, tomó medidas para garantizar la recogida de las cosechas y acordó conceder un susbsidio a las familias de los voluntarios, más adelante de todos los combatientes. Desde el 20 de julio de 1936 hasta julio de 1938 se había atendido a más de 8.000 familias, con un coste de 17 millones de Ptas.; para hacer frente a ese gasto se implantó el Impuesto Transitorio de Guerra. En este período inicial la Diputación legisla y toma acuerdos relacionados sobre todo con los problemas religiosos y educativos: se repone el crucifijo en las escuelas, se restablece la Compañía de Jesús, se acuerda la exención impositiva del culto y clero, se declara la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y se constituye la Junta Superior de Educación, que se hará cargo de la educación en Navarra y, en especial, de la depuración del magisterio navarro.

Las derechas navarras hablan de lograr la plena reintegración foral; en tal sentido se realiza el restablecimiento de la JSE; pero poco más se avanzará en esa dirección. Progresivamente y conforme el nuevo Estado franquista se vaya consolidando aumentarán los conflictos entre la Diputación y el Estado (conflictos que se resolverán siempre en beneficio del común interés por ganar la guerra), que dejará notar su primacía. Finalmente Diputación comprenderá que su mayor interés reside en conservar su peculiar régimen "foral" y a ello se aplica. Sin embargo no todos los navarros reaccionaron de igual manera, ni apoyaron a los rebeldes. Los votantes del Frente Popular Navarro (un 22 %, cerca de 35.000 personas) en modo alguno les apoyaron. Más dudas se plantearon inicialmente entre los nacionalistas (un 9 % de los votos, 14.000 personas), algunos de cuyos miembros como Manuel de Aranzadi o Ramón de Goñi, se dieron de baja en el partido al haber escuchado un llamamiento del mismo en Guipúzcoa a adherirse al Frente Popular. La prensa recoge una nota del NBB en la que rechaza estar unido "al Gobierno en la lucha actual" y repudian la declaración de adhesión al Gobierno aparecida en otros periódicos vascos.

La represión se abatió inmediatamente sobre las izquierdas navarras, singularmente sobre los campesinos y jornaleros de la Ribera. Novecientos fueron asesinados o fusilados en julio y agosto y más de dos mil entre julio y diciembre de 1936. La represión, cuyo alcance magnificaron algunos autores en la inmediata postguerra elevándola a 7.000 muertos (Iturralde) o han pretendido minimizar otros (Del Burgo, Salas Larrazabal), alcanzó a más de 2.500 personas que dejaron su vida en las cunetas y campos de la provincia o fueron sometidos a ejecución sumaria. Pero también alcanzó a otros muchos, hombres y mujeres, que hubieron de abandonar sus trabajos, pasaron años de cárcel o sufrieron otro tipo de vejaciones. Las muertes brutales que se produjeron en Navarra eran toleradas, aceptadas y, en cualquier caso, bien conocidas por las autoridades civiles (Diputación, Gobierno Civil), militares y eclesiásticas, y desde luego por los partidos políticos, carlistas y Falange. Sin embargo, no se produjo ni una sola detención, ni un solo procesamiento sobre alguno de los componentes de las cuadrillas de pistoleros que asolaron la Ribera.

Y eso que el Gobierno Civil y la autoridad militar llamaron oficialmente la atención sobre detenciones y muertes habidas en la provincia. Bastante tarde, el 15 de noviembre, cuando habían muerto ya más de 1.500 personas, el Obispo Olaechea se animó por fin a reclamar que no hubiera más derramamiento de sangre. Casi el 40 % de los asesinados navarros eran jornaleros y de los que se conoce su afiliación la mayoría pertenecientes a las izquierdas (36 % a UGT, 37 % de izquierdas sin especificar, 9 % a la CNT, 7 % socialistas y de IR, 2 % comunistas y 1 % nacionalistas). La Ribera fue la zona más castigada, por eso las merindades en las que se contabilizan más muertos son Estella (747), Tudela (689) y Tafalla (498), sobre un total de 2.564. Una comparación gráfica entre los municipios en los que triunfó el Frente Popular y aquéllos con un índice por mil mayor de asesinados, da una idea precisa de cómo la represión, planificada por tanto, tiene relación más que estrecha con los pueblos de mayoría de izquierdas y con el problema de la tierra, tan sentido en la Ribera navarra durante el primer tercio del siglo XX.

APB

Al producirse el alzamiento, por iniciativa de Manuel de Irujo se decidió que el Partido Nacionalista Vasco seguiría defendiendo la República. Durante el período de la guerra civil, la organización del PNV en Navarra careció de actividad, salvo el auxilio dispensado a los combatientes por las Emakumes. En 1936 el nacionalista Manuel de Irujo fue nombrado ministro en el gobierno de coalición de Largo Caballero. Aunque le ofrecieron la cartera de Obras Públicas, prefirió ser ministro vasco sin cartera (septiembre 1936 a marzo 1937). En el gobierno de Negrín pasó a ser ministro de Justicia de marzo 1937 a diciembre de ese año en que dimitió. En abril de 1938 volvió a desempeñar el cargo de ministro sin cartera hasta agosto de 1938, fecha en que dimitió solidarizándose con el ministro catalán Aguadé que lo había hecho por haber presentado Negrín tres Decretos contra la Generalitat de Catalunya. El final de la contienda con la derrota de las fuerzas republicanas, supuso el principio del exilio para unos y la entrada en la clandestinidad para el resto de los afiliados al Partido Nacionalista Vasco de Navarra. Esta clandestinidad produjo una gran dispersión que acabó con la actividad nacionalista, a pesar de existir un Napar Buru Batzar.