Deba en el Primer Franquismo (1936-1945). El verano de 1936 se desarrollaba la villa costera de Deba de la manera tradicional, con la presencia de los veraneantes que procedían de la capital de España y con la presencia del parte del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de la República. Pese a los rumores de una posible sublevación militar, y el creciente deterioro del orden público, Gipuzkoa en general y Deba en particular eran un "oasis" dentro del clima de confrontación social que se vivía en el país. A lo largo de la II República Deba se había caracterizado por ser un municipio que se mantuvo al margen de la conflictividad social que se produjo en Gipuzkoa, no registrándose ninguna huelga en la localidad y contando con una tasa de paro relativamente baja con respecto a otros municipios guipuzcoanos (Barruso, 1996 a). En lo que se refiere a la presencia de organizaciones políticas en la villa antes de la II República sólo podemos constatar la presencia organizada del nacionalismo, que posteriormente se verá incrementada con la creación de la sección local de Acción Nacionalista Vasca (A.N.V.). El resto de las organizaciones políticas, pese a la creación de un Centro Republicano en 1931 y la presencia de un "grupo de correligionarios" (Rodríguez Ranz, 1994) del Partido Radical de Alejandro Lerroux documentado a partir de 1932, apenas podemos constatar la existencia de organizaciones políticas. La Agrupación Socialista se constituye en la recta final de la II República y su influencia política tuvo que ser necesariamente limitada. Sorprende que la Comunión Tradicionalista, una de las organizaciones políticas más importantes de Gipuzkoa no cuente con presencia organizada en Deba. El comportamiento electoral durante la II República nos ofrece un comportamiento conservador de la población con el P.N.V. como fuerza hegemónica (8 concejales en las elecciones de abril de 1931) y con porcentajes de votación en todas las ocasiones por encima del 50% de los sufragios, alcanzado en las elecciones legislativas de 1931 un porcentaje de voto -la Coalición Defensora del Estatuto de Estella- superior al 75% de los sufragios.
La Guerra Civil de 1936-1939, en sus momentos iniciales, no se dejó sentir en la villa costera. Sin embargo, y por orden del Gobernador Civil, Antonio Ortega, algunos veraneantes fueron detenidos y trasladados posteriormente a Bilbao. En Deba fue detenido uno de los cuatro sacerdotes asesinados en Gipuzkoa durante el período de control republicano de la provincia. Se trataba del coadjutor de Iziar -José María Alcíbar- que según la Junta de Defensa de Deba fue detenido por milicianos de la C.N.T. y cuyo cuerpo apareció en Orio. La presencia algunos diplomáticos extranjeros en el municipio provocó que el barco de guerra alemán "Deustchland" se situase frente Deba.
Tras la ocupación de San Sebastián, el 13 de septiembre de 1936, el frente guipuzcoano sufrió un rápido desmoronamiento. De las tres columnas que, partiendo de la capital guipuzcoano avanzaron por la provincia, fue la "Columna Iruretagoyena" la encargada de acabar con la posible resistencia republicana en la zona costera ya que la Junta de Defensa se había replegado a Zumaia. El avance, sin embargo, apenas encuentra oposición. El día 20 es ocupado Orio y el día 21 Zarautz, que había sido evacuado tras incendiar el ayuntamiento, replegándose los defensores a Deba. Ese mismo día son ocupadas las localidades de Zumaia, Zestoa (Cestona) y Arrona con lo que la situación en la villa es insostenible. Deba fue ocupada el 22 de septiembre por las tropas al mando del comandante Latorre tras un combate que se saldó con una docena de bajas. Los milicianos, apoyados por varios buques de la escuadra republicana que bombardean Deba, resistieron en Mutriku ( Motrico) pero -tras la ocupación de Elgoibar- se retiran a los límites entre Bizkaia y Gipuzkoa donde quedó estabilizado el frente hasta marzo de 1937 alejándose, de esta manera, ya definitivamente la guerra de Deba.
Las consecuencias de la guerra.
La principal consecuencia que se deriva de la Guerra Civil es la huida de parte de los habitantes de la villa ante la llegada de las tropas franquistas, sin embargo, y a la vista de los datos demográficos de la villa no parece que el éxodo fuera excesivo y, por supuesto, mucho menor que en localidades del interior guipuzcoano. La población de Deba se mantiene prácticamente estancada desde 1930 hasta 1950, con incrementos de población mínimos. La segunda consecuencia inmediata de la ocupación de la villa fue que dio comienzo un proceso de depuración de la administración municipal y del magisterio principalmente. En el caso del Magisterio, que es el que conocemos de manera más detallada, de los cuatro maestros de la localidad tres son confirmados en sus cargos mientras que el cuarto es separado definitivamente del cargo. Este maestro había huido ante la llegada de las tropas y fue movilizado por el Ejército Republicano. Apresado en Pola de Siero es trasladado al Santoña donde es encarcelado para, posteriormente ser enviado al Ejército (AGA- Educación, leg.192).
Pero la consecuencia más importante y más grave de la Guerra Civil en Deba fue la muerte de ocho vecinos de la misma como consecuencia de la actuación de consejos de guerra o ejecuciones sumarias. Entre los ejecutados destacan los hermanos Marquiegui, José y Florencio. El primero de ellos, sacerdote en Arrasate/Mondragón, es uno de los sacerdotes fusilados por los franquistas en Gipuzkoa. Concretamente fue fusilado el 21 de octubre de 1936 en el cementerio de Hernani junto con otros dos sacerdotes de la parroquia; Leonardo Guridi y Joaquín Arín (Cfr. Rocha, 2000). Florencio Marquiegui, alcalde de Deba y miembro del Euzkadi Buru Batzar del P.N.V. fue fusilado, junto con otros trece presos el 15 de octubre de 1937 en Santoña, donde permanecía preso en el penal de El Dueso. Pero no sería José Marquiegui el único sacerdote de Deba afectado por la represión franquista. Félix Marquiegui, sacerdote debatarra que ejercía su ministerio en Eibar se vio obligado a exiliarse en Francia y figura incluido en la lista de los sacerdotes que las autoridades franquistas estaban dispuestas a sancionar.
La muerte de Marquiegui hay que contextualizarla en el marco del llamado "Pacto de Santoña", alcanzado entre las tropas italianas y los dirigentes nacionalistas. Ante la ausencia de los buques ingleses, que hubieran debido sacar de Santoña al mayor número de hombres, lo que encontraron allí los concentrados fue la prisión y en algunos casos la muerte. El proceso contra Marquiegui fue uno de los primeros que se llevaron a cabo en El Dueso. El primero del que tenemos noticia se formó contra 38 capellanes de los batallones nacionalistas (el 9 de septiembre de 1937), seguido del consejo de guerra contra el dirigente nacionalista Juan Ajuriaguerra. El día 4 de octubre fueron juzgadas trece personas entre las que se encontraba Marquiegui, que fueron condenadas a muerte. Entre los condenados seis nacionalistas, dos socialistas, dos anarquistas, dos republicanos y dos comunistas (entre ellos Francisco Rabanera Postigo, padre del modisto Paco Rabanne) (Landa, 1998). Al menos hemos podido documentar la ejecución de otros seis vecinos de Deba que fueron fusilados entre 1936 y 1938 sin que dispongamos más datos sobre los mismos. Pero la implacable justicia militar afectó a más vecinos de la localidad. Otros seis vecinos de la localidad fueron condenados en Santoña a penas de prisión, cuatro de ellos a 30 años de cárcel, si bien a los pocos años -pese a la severidad de la pena- serían puestos en libertad.
La represión económica.
Una de las peculiaridades de la represión en Gipuzkoa es el papel jugado por las medidas de corte económico puestas en marcha por los franquistas. Estos, en virtud del decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, decretan la ilegalización de todos los partidos que se habían opuesto al Alzamiento y el embargo de todos su bienes. Mediante el decreto del 10 de enero de 1937 se crearon las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes que eran las encargadas de desarrollar el decreto 108. La C.P.I.B de Gipuzkoa se puso pronto a la tarea y comenzó a imponer elevadísimas sentencias a los principales responsables políticos. De esta manera, multas de veinte millones de pesetas de los años 30 recayeron sobre Leizaola, Rafael Picavea o el mismo José Antonio Aguirre (Barruso, 2003). En el caso de Deba se localiza un solo caso de condenado expedientado por la C.P.I.B. de Gipuzkoa, un afiliado al P.N.V., al cual, en junio de 1938, se le impone una sanción de 75.000 pesetas. El registro de bienes incautados en la localidad hace referencia a diez propiedades que pertenecen a seis vecinos. Entre los edificios incautados se encuentran la "Fundación Ostolaza", el caserío "Arriola-Txikia" y la casa "Lorenekua" en la calle Iturralde entre otros (AGA-Justicia, 302). De todos modos los bienes incautados -y administrados por las autoridades franquistas en el municipio- no debieron ser demasiado importantes ya que entre 1937 y 1939 tan solo se registran ingresos, procedentes de las rentas que generan las propiedades incautadas, por un valor de 949 pesetas o, por el contrario, los expedientados pagaron las multas que les fueran impuestas.
En febrero de 1939 la situación cambió. Ese mes es promulgada la Ley de Responsabilidades Políticas que contemplaba un importante catálogo de actitudes consideradas como delictivas por las nuevas autoridades. Esta jurisdicción, que estuvo en vigor entre 1939 y 1945, si bien tuvo una profunda reforma en 1942, se convirtió en el principal instrumento represivo en Gipuzkoa. En el caso de Deba son diez los vecinos procesados por la misma, de los cuales cinco son condenados el año 1941 a sanciones que oscilan entre las quinientas y las cien pesetas. Entre los mismos podemos localizar a Javier Aguinagalde y José Martija concejales nacionalistas de la localidad. El resto de los casos son sobreseídos al reformarse la ley.
Por ideologías, en buena lógica, los más afectados son los nacionalistas, filiación a la que pertenecen tres de los condenados, entre ellos los dos cargos públicos antes mencionados. Sin embargo la sanción más elevada que se impone en el municipio (500 pesetas.) corresponde a un republicano, miembro de la Agrupación Republicano-Socialista de Deba, que evacuó a Santander. A su regreso a la villa guipuzcoana dona 500 pesetas la Jefatura Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. e ingresa en la "Central Nacional Sindicalista" versión inicial de lo que luego serían los sindicatos verticales. A pesar de ello, y de haber fallecido en 1939, la justicia franquista le impone la mencionada sanción en agosto de 1941 (AGA-Justicia, c.311).
Los cargos que se formulan contra los condenados por la Ley de Responsabilidades políticas son diversos, pero los que con más frecuencia aparecen son el B ( haber desempeñado cargos directivo en los partidos que se opusieron a la sublevación) el C (haber estado afiliado a alguno de los partidos ilegalizados) y el E (haberse significado por su apoyo a uno de los partidos anteriores). En este último caso debemos hacer constar que el mero hecho de haber sido interventor de un partido en las elecciones de 1936 era ya considerado como punible por el cargo antes mencionado, como es el caso de dos vecinos de la localidad. En lo que se refiere la extracción profesional de los condenados en Deba podemos decir que se trata de personas de un grupo social medio-bajo. Dos de los condenados alegan como profesión "labrador" mientras que otros dos pueden ser considerados dentro de las actividades artesanales. El último procesado alega ser peón, lo cual, unido a los bienes que podían poseer, hace que las sanciones no sean demasiado elevadas, si bien alguno de los procesados ya había sido sancionado por las autoridades militares en 1937. En este caso, al igual que en otro antes mencionado, el procesado ya había fallecido cuando se dicta la sentencia de responsabilidades políticas.
Ahora bien, para conocer con exactitud la incidencia de la Ley de Responsabilidades Políticas en Deba es necesario establecer una comparación con lo que ocurre en otros lugares. Esta no la podemos realizar con otros municipios del Bajo Deba (Eibar y Elgoibar) ya que su estructura económica, el potencial demográfico, los avatares de la Guerra Civil y la implantación de las organizaciones políticas es sensiblemente diferente.
Cuadro 1: Cuadro comparativo de la aplicación de la L.R.P. .
Para solventar este problema hemos recurrido a establecer una comparación con municipios que, en 1940, tienen un peso demográfico similar al de Deba, es decir entre los 3.000 y los 4.000 habitantes. Estas localidades, como se refleja en el cuadro 1, son Andoain, Zestoa (Cestona), Soraluze-Placencia de las Armas, Zumárraga y Zumaia, dándose la circunstancia de que además todas pertenecen a la "Guipúzcoa intermedia" descrita por Rodríguez Ranz (Rodríguez Ranz, 1994) por lo que la comparación se ve reforzada.
Como podemos apreciar Deba, tras Placencia, es el municipio en el que más vecinos son procesados, sin embargo el número de condenas se mantiene dentro de los valores "medios" de los municipios mencionados, -en torno al 50% de los procesados- excepto Placencia donde el número de condenas en muy elevado. Por el contrario Deba es el lugar donde más causas quedan sin terminar (6). Es de suponer que el colapso de la justicia franquista impidió que más vecinos de Deba fueran condenados en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas pero la aplicación de la misma se sitúa en los parámetros "normales" en comparación con otras localidades.
La Guerra Civil de 1936-1939, en sus momentos iniciales, no se dejó sentir en la villa costera. Sin embargo, y por orden del Gobernador Civil, Antonio Ortega, algunos veraneantes fueron detenidos y trasladados posteriormente a Bilbao. En Deba fue detenido uno de los cuatro sacerdotes asesinados en Gipuzkoa durante el período de control republicano de la provincia. Se trataba del coadjutor de Iziar -José María Alcíbar- que según la Junta de Defensa de Deba fue detenido por milicianos de la C.N.T. y cuyo cuerpo apareció en Orio. La presencia algunos diplomáticos extranjeros en el municipio provocó que el barco de guerra alemán "Deustchland" se situase frente Deba.
Tras la ocupación de San Sebastián, el 13 de septiembre de 1936, el frente guipuzcoano sufrió un rápido desmoronamiento. De las tres columnas que, partiendo de la capital guipuzcoano avanzaron por la provincia, fue la "Columna Iruretagoyena" la encargada de acabar con la posible resistencia republicana en la zona costera ya que la Junta de Defensa se había replegado a Zumaia. El avance, sin embargo, apenas encuentra oposición. El día 20 es ocupado Orio y el día 21 Zarautz, que había sido evacuado tras incendiar el ayuntamiento, replegándose los defensores a Deba. Ese mismo día son ocupadas las localidades de Zumaia, Zestoa (Cestona) y Arrona con lo que la situación en la villa es insostenible. Deba fue ocupada el 22 de septiembre por las tropas al mando del comandante Latorre tras un combate que se saldó con una docena de bajas. Los milicianos, apoyados por varios buques de la escuadra republicana que bombardean Deba, resistieron en Mutriku ( Motrico) pero -tras la ocupación de Elgoibar- se retiran a los límites entre Bizkaia y Gipuzkoa donde quedó estabilizado el frente hasta marzo de 1937 alejándose, de esta manera, ya definitivamente la guerra de Deba.
Las consecuencias de la guerra.
La principal consecuencia que se deriva de la Guerra Civil es la huida de parte de los habitantes de la villa ante la llegada de las tropas franquistas, sin embargo, y a la vista de los datos demográficos de la villa no parece que el éxodo fuera excesivo y, por supuesto, mucho menor que en localidades del interior guipuzcoano. La población de Deba se mantiene prácticamente estancada desde 1930 hasta 1950, con incrementos de población mínimos. La segunda consecuencia inmediata de la ocupación de la villa fue que dio comienzo un proceso de depuración de la administración municipal y del magisterio principalmente. En el caso del Magisterio, que es el que conocemos de manera más detallada, de los cuatro maestros de la localidad tres son confirmados en sus cargos mientras que el cuarto es separado definitivamente del cargo. Este maestro había huido ante la llegada de las tropas y fue movilizado por el Ejército Republicano. Apresado en Pola de Siero es trasladado al Santoña donde es encarcelado para, posteriormente ser enviado al Ejército (AGA- Educación, leg.192).
Pero la consecuencia más importante y más grave de la Guerra Civil en Deba fue la muerte de ocho vecinos de la misma como consecuencia de la actuación de consejos de guerra o ejecuciones sumarias. Entre los ejecutados destacan los hermanos Marquiegui, José y Florencio. El primero de ellos, sacerdote en Arrasate/Mondragón, es uno de los sacerdotes fusilados por los franquistas en Gipuzkoa. Concretamente fue fusilado el 21 de octubre de 1936 en el cementerio de Hernani junto con otros dos sacerdotes de la parroquia; Leonardo Guridi y Joaquín Arín (Cfr. Rocha, 2000). Florencio Marquiegui, alcalde de Deba y miembro del Euzkadi Buru Batzar del P.N.V. fue fusilado, junto con otros trece presos el 15 de octubre de 1937 en Santoña, donde permanecía preso en el penal de El Dueso. Pero no sería José Marquiegui el único sacerdote de Deba afectado por la represión franquista. Félix Marquiegui, sacerdote debatarra que ejercía su ministerio en Eibar se vio obligado a exiliarse en Francia y figura incluido en la lista de los sacerdotes que las autoridades franquistas estaban dispuestas a sancionar.
La muerte de Marquiegui hay que contextualizarla en el marco del llamado "Pacto de Santoña", alcanzado entre las tropas italianas y los dirigentes nacionalistas. Ante la ausencia de los buques ingleses, que hubieran debido sacar de Santoña al mayor número de hombres, lo que encontraron allí los concentrados fue la prisión y en algunos casos la muerte. El proceso contra Marquiegui fue uno de los primeros que se llevaron a cabo en El Dueso. El primero del que tenemos noticia se formó contra 38 capellanes de los batallones nacionalistas (el 9 de septiembre de 1937), seguido del consejo de guerra contra el dirigente nacionalista Juan Ajuriaguerra. El día 4 de octubre fueron juzgadas trece personas entre las que se encontraba Marquiegui, que fueron condenadas a muerte. Entre los condenados seis nacionalistas, dos socialistas, dos anarquistas, dos republicanos y dos comunistas (entre ellos Francisco Rabanera Postigo, padre del modisto Paco Rabanne) (Landa, 1998). Al menos hemos podido documentar la ejecución de otros seis vecinos de Deba que fueron fusilados entre 1936 y 1938 sin que dispongamos más datos sobre los mismos. Pero la implacable justicia militar afectó a más vecinos de la localidad. Otros seis vecinos de la localidad fueron condenados en Santoña a penas de prisión, cuatro de ellos a 30 años de cárcel, si bien a los pocos años -pese a la severidad de la pena- serían puestos en libertad.
La represión económica.
Una de las peculiaridades de la represión en Gipuzkoa es el papel jugado por las medidas de corte económico puestas en marcha por los franquistas. Estos, en virtud del decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, decretan la ilegalización de todos los partidos que se habían opuesto al Alzamiento y el embargo de todos su bienes. Mediante el decreto del 10 de enero de 1937 se crearon las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes que eran las encargadas de desarrollar el decreto 108. La C.P.I.B de Gipuzkoa se puso pronto a la tarea y comenzó a imponer elevadísimas sentencias a los principales responsables políticos. De esta manera, multas de veinte millones de pesetas de los años 30 recayeron sobre Leizaola, Rafael Picavea o el mismo José Antonio Aguirre (Barruso, 2003). En el caso de Deba se localiza un solo caso de condenado expedientado por la C.P.I.B. de Gipuzkoa, un afiliado al P.N.V., al cual, en junio de 1938, se le impone una sanción de 75.000 pesetas. El registro de bienes incautados en la localidad hace referencia a diez propiedades que pertenecen a seis vecinos. Entre los edificios incautados se encuentran la "Fundación Ostolaza", el caserío "Arriola-Txikia" y la casa "Lorenekua" en la calle Iturralde entre otros (AGA-Justicia, 302). De todos modos los bienes incautados -y administrados por las autoridades franquistas en el municipio- no debieron ser demasiado importantes ya que entre 1937 y 1939 tan solo se registran ingresos, procedentes de las rentas que generan las propiedades incautadas, por un valor de 949 pesetas o, por el contrario, los expedientados pagaron las multas que les fueran impuestas.
En febrero de 1939 la situación cambió. Ese mes es promulgada la Ley de Responsabilidades Políticas que contemplaba un importante catálogo de actitudes consideradas como delictivas por las nuevas autoridades. Esta jurisdicción, que estuvo en vigor entre 1939 y 1945, si bien tuvo una profunda reforma en 1942, se convirtió en el principal instrumento represivo en Gipuzkoa. En el caso de Deba son diez los vecinos procesados por la misma, de los cuales cinco son condenados el año 1941 a sanciones que oscilan entre las quinientas y las cien pesetas. Entre los mismos podemos localizar a Javier Aguinagalde y José Martija concejales nacionalistas de la localidad. El resto de los casos son sobreseídos al reformarse la ley.
Por ideologías, en buena lógica, los más afectados son los nacionalistas, filiación a la que pertenecen tres de los condenados, entre ellos los dos cargos públicos antes mencionados. Sin embargo la sanción más elevada que se impone en el municipio (500 pesetas.) corresponde a un republicano, miembro de la Agrupación Republicano-Socialista de Deba, que evacuó a Santander. A su regreso a la villa guipuzcoana dona 500 pesetas la Jefatura Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. e ingresa en la "Central Nacional Sindicalista" versión inicial de lo que luego serían los sindicatos verticales. A pesar de ello, y de haber fallecido en 1939, la justicia franquista le impone la mencionada sanción en agosto de 1941 (AGA-Justicia, c.311).
Los cargos que se formulan contra los condenados por la Ley de Responsabilidades políticas son diversos, pero los que con más frecuencia aparecen son el B ( haber desempeñado cargos directivo en los partidos que se opusieron a la sublevación) el C (haber estado afiliado a alguno de los partidos ilegalizados) y el E (haberse significado por su apoyo a uno de los partidos anteriores). En este último caso debemos hacer constar que el mero hecho de haber sido interventor de un partido en las elecciones de 1936 era ya considerado como punible por el cargo antes mencionado, como es el caso de dos vecinos de la localidad. En lo que se refiere la extracción profesional de los condenados en Deba podemos decir que se trata de personas de un grupo social medio-bajo. Dos de los condenados alegan como profesión "labrador" mientras que otros dos pueden ser considerados dentro de las actividades artesanales. El último procesado alega ser peón, lo cual, unido a los bienes que podían poseer, hace que las sanciones no sean demasiado elevadas, si bien alguno de los procesados ya había sido sancionado por las autoridades militares en 1937. En este caso, al igual que en otro antes mencionado, el procesado ya había fallecido cuando se dicta la sentencia de responsabilidades políticas.
Ahora bien, para conocer con exactitud la incidencia de la Ley de Responsabilidades Políticas en Deba es necesario establecer una comparación con lo que ocurre en otros lugares. Esta no la podemos realizar con otros municipios del Bajo Deba (Eibar y Elgoibar) ya que su estructura económica, el potencial demográfico, los avatares de la Guerra Civil y la implantación de las organizaciones políticas es sensiblemente diferente.
| Natural de | Total | ¿? | Absueltos | Condenados | Sobreseídos |
| Andoain Zestoa Deba Soraluze Zumarraga Zumaia | 7 2 11 43 9 4 | 2 6 4 4 | 5 | 5 2 5 33 5 4 | 1 |
Cuadro 1: Cuadro comparativo de la aplicación de la L.R.P. .
Para solventar este problema hemos recurrido a establecer una comparación con municipios que, en 1940, tienen un peso demográfico similar al de Deba, es decir entre los 3.000 y los 4.000 habitantes. Estas localidades, como se refleja en el cuadro 1, son Andoain, Zestoa (Cestona), Soraluze-Placencia de las Armas, Zumárraga y Zumaia, dándose la circunstancia de que además todas pertenecen a la "Guipúzcoa intermedia" descrita por Rodríguez Ranz (Rodríguez Ranz, 1994) por lo que la comparación se ve reforzada.
Como podemos apreciar Deba, tras Placencia, es el municipio en el que más vecinos son procesados, sin embargo el número de condenas se mantiene dentro de los valores "medios" de los municipios mencionados, -en torno al 50% de los procesados- excepto Placencia donde el número de condenas en muy elevado. Por el contrario Deba es el lugar donde más causas quedan sin terminar (6). Es de suponer que el colapso de la justicia franquista impidió que más vecinos de Deba fueran condenados en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas pero la aplicación de la misma se sitúa en los parámetros "normales" en comparación con otras localidades.