Durante la época de la crisis la Cámara de Comercio realizó numerosos informes y análisis de la coyuntura económica de Bizkaia, al mismo tiempo que hizo llamamientos a todas las instituciones públicas para que adoptasen las medidas necesarias para frenar la quiebra de la economía vizcaína.
La Cámara solicitó en 1976 a la Administración central medidas que evitasen la descapitalización total de las empresas y también sugirió la necesidad de realizar un replanteamiento de la gran empresa vizcaína. Además, esta entidad analizó los descensos de la inversión y de la producción con la consiguiente aparición del problema del paro. La conflictividad laboral y social era otro punto de estudio y centraba su análisis en la presión terrorista, para solicitar reiteradamente un clima de pacificación y un esfuerzo para mejorar la imagen del País Vasco en el mundo.
Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio fue la pionera en reclamar medidas para ayudar a la reconversión industrial, pero exigía una política estatal lo suficientemente flexible como para permitir que las grandes empresas tuviesen la oportunidad de sobrevivir y transformarse. En 1984 el Gobierno Vasco abordó una política de reconversión industrial y la Cámara de Comercio abogaba por el desarrollo de nuevos sectores industriales vinculados con los últimos avances tecnológicos. También se apostaba por una especialización mayor de la industria química, fundamentalmente en el sector petroquímico.
La aplicación del Estatuto de Autonomía y los Conciertos Económicos supuso la asunción por parte de los poderes públicos de actividades que tradicionalmente había desarrollado la Cámara de Comercio. Aún así, esta entidad señalaba que los Conciertos Económicos podrían ser el incentivo que permitiera a la Administración vasca el relanzamiento de la actividad económica tanto en el sector público como privado.
En este contexto, la Cámara de Comercio abordó en 1979 la reestructuración de la organización de la Feria de Muestras, dentro de una política encaminada a lograr la máxima internacionalización de los certámenes que se celebraban. A su vez, el peligro del desmantelamiento del aeropuerto de Sondica y la autonomía administrativa del Puerto de Bilbao eran otros dos puntos de atención de esta entidad. Consolidado el papel del aeropuerto dentro de la economía vasca, la autonomía del puerto pasaba por solventar el problema de los accesos al mismo.
Ante la nueva situación administrativa, la Cámara de Comercio tuvo que adaptarse. Con la modificación en 1978 del Reglamento General de las Cámaras, se declaraba a las Cámaras Corporaciones de Derecho Público, dependientes del Ministerio de Comercio, y se les reconoció su carácter de órganos consultivos del Gobierno con personalidad jurídica propia. En 1981 las Cámaras del País Vasco se trasfieren a la Comunidad Autónoma, excepto en materia de comercio exterior.
Con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE en 1985, la Cámara de Comercio no hizo más que refrendar su opinión de que la política comunitaria, a la que consideraba de "neo-proteccionista", relegaba a un segundo plano la política regional. Además, el desarme arancelario tuvo lugar en un momento de crisis en el que las empresas sufrieron un fuerte impacto por la competencia exterior.