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Navarra. Derecho

Es el que estuvo vigente en Navarra desde la Edad Media hasta 1841. Según define Aldea Eguilaz (1964), los Fueros "son el sistema de leyes y costumbres privativas, con arreglo a las cuales de hecho y de derecho ejerce Navarra un conjunto de facultades, por medio de sus organismos propios, excluyendo tanto la vigencia de las leyes generales, como la intervención de las Autoridades del Estado, que no estén expresamente concordadas". El más importante de los Fueros es el Fuero Antiguo recopilado luego en el Fuero General de Navarra y en el Fuero de Tudela. Estaba constituido por elementos diversos procedentes del Consejo Real, de la Cort, de derecho privado, municipal, etc. Le siguen los Fueros municipales: el de Sobrarbe, el de la Novenera, el de Daroca, el de Jaca, el de Logroño, el de Estella, Val de Funes, Viguera, etc. Finalmente, son considerados fueros menores aquéllos que no dieron lugar a familias de fueros ni trataron de abarcar aspectos mayores a los iniciales.

(1841). Convierte a Navarra de Reino en Provincia bajo la administración y gobierno de una Diputación provincial que asume, además de las atribuciones habituales de tal institución, algunas de las que disfrutó la antigua Diputación del Reino y también las del Consejo Real de Navarra.

Facultades desarrolladas a partir de la LFN de 1841. Esta LFN de 1841 estuvo vigente hasta el Amejoramiento de 1982 que asume su vigencia en todo aquello que no se oponga al mismo. A lo largo de estos 141 años Navarra desarrolló las siguientes facultades (VVAA, 1979, 213-221):

  • Facultades normativas: De carácter tributario: establecimiento de régimen tributario interior y convenio periódico con el Gobierno para determinar su aportación a las cargas generales de la Nación. De carácter municipal: régimen de ayuntamientos, concejos y restantes entidades municipales. De carácter civil: derecho privado foral. De carácter administrativo: normas que regulan la función pública contratación y procedimiento administrativo.
  • Facultades ejecutivas. De carácter fiscal: recaudación y gestión de tributos. De carácter financiero: emisión de deuda pública o contratación de préstamos. De carácter presupuestario: aprobación del presupuesto. De carácter municipal: tutelaje de la autonomía municipal. De carácter urbanístico: supremacía sobre la Ley del Suelo. Planificación del desarrollo. Nombramiento de funcionarios. Servicios públicos y Fomento.
  • Facultades jurisdiccionales. Resolución de los recursos de reposición contra los acuerdos de la Diputación. Resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos dictados por los ayuntamientos y entidades locales. Estas facultades son la resultante de 141 años de forcejeos y concertaciones entre Navarra y la administración central. A este respecto conviene consultar la obra de José Alonso, Recopilación y Comentario de los Fueros y Leyes... que han quedado vigentes (1848) y las de Luiz Oroz (1917-1953) principalmente.

    IEZ

Se trata de la compilación sistemática del derecho navarro del s. XIII, especialmente del derecho público del Reino, "amejorado", es decir, corregido y aumentado, por el esposo de la Reina Juana II, D. Felipe, en el siglo siguiente. Se redactó durante el reinado de Teobaldo I (post. o 1238), primer Rey no navarro titular del Reino. Va precedido de un Prólogo "Por quién y por quales cosas fue perdida Espayna" en el que, como lo hacen otros autores de la época, (Caro Baroja, 1972, II, 376-381), se enaltecen los orígenes de la Monarquía navarra colocando a su cabeza a D. Pelayo, tesis "goticista" acorde con los ideales de la Baja Edad Media peninsular nutridos de literatura histórica (Hydatio, Isidoro, Orosio, Tudense) de los primeros cronistas de la Monarquía visigoda. Bajo estos oropeles genealógicos -también muy de la época- subyace la necesidad de establecer la supremacía de la nobleza frente al Monarca, presente ya en el reinado de Sancho el Fuerte y agravada con la llegada de un extranjero.

El Prólogo sienta las bases de una teoría contractual del poder político mediante la consignación cuidadosa del carácter electivo de la primera Monarquía. Juan de Jaso, R. Avalos de la Piscina y el Príncipe de Viana recogerán esta versión legendaria, sin apoyatura documental alguna, que será aceptada sin mayor crítica hasta el comienzo de la historiografía moderna que verán en ella una justificación ideológica más que un hecho real. Sobre el carácter antiregalista del texto dice Campión (1929) que "lejos de adelantarse a su tiempo, más bien quiso poner diques a las aguas que hacia adelante corrían. Se detiene en el statu quo, deseoso de inmovilizar las instituciones; sostiene rigurosamente las distinciones de clase, la exorbitancia de los privilegios de la clase nobiliaria". Por ello "la naturaleza arcaica del Fuero General se hace patente en muchos de sus pasajes, conservando disposiciones que acaso habrían estado vigentes en el período más bárbaro de la Alta Edad Media, y probablemente nunca, y seguramente no cuando se publicó dicho Fuero". Bulle, tras sus disposiciones, la sociedad navarra del siglo XIII, ni más ni menos bárbara que sus coetáneas aunque hay que hacer resaltar que, pese a admitir las penas corporales, no incluye el tormento, procedimiento alabado por Alfonso el Sabio en sus Partidas (Part. VII, tít. XXX). Contiene, además, préstamos de otras codificaciones.

  • Composición del Fuero General de Navarra

LIBRO I. Título de Reyes et de huestes. T. de alferiz et de richos ombres. T. de fortalezas. T. de Castieyllos. T. de los escusados de huest. T. de procuradores et vozeros.

LIBRO II. Título de iuyzios. T. de pleytos et contiendas. T. de citaciones. T. de heredar. T. de tenencias. T. de pruevas et testigos. T. de iurar. T. de alzas.

LIBRO III. Título de eglesias. T. de diezmas.T. de los vezinos acusados. T. de zenas, de pechas et de los salarigos. T. de los villanos del Rey. T. de ynfanzones dabarca. T. de pechas que han ciertos nombres. T. de los escusados de pecho. T. de zes et trebut. T. de empriestamo. T. de comiendas. T. de compras et vendidas. T. de ostalage. T. de logueros. T. de peyndras. T. de peynos. T. de fidadores. T. de pagas. T. de donaciones. T. de estin. T. de sepulturas. T. de las órdenes.

LIBRO IV. Título de casamientos. T. de arras. T. de fuerzas y de adulterios. T. de criar fijos.

LIBRO V. Título de feridas. T. de muertes. T. de reptorios et bataylla. T. de homizidios. T. de fuerzas. T. de roberia. T. de furtos. T. de logreros. T. de falsarios. T. de cazas. T. de iniurias. T. de penas. T. de excomulgados.

LIBRO VI. Título de paztos. T. de tayllazones. T. de costerías. T. de caminos et de careras. T. de agoas. T. de ruedas et presas. T. de heredades et lavranzas. T. de huras. T. de fazanias. Coronicas.

  • Fueros particulares

Los más numerosos son los fueros municipales y territoriales. La contextura medieval explica las semejanzas que se observan entre diferentes fueros; pero la organización interna de los concejos o universidades difería. Como observa Campión (1929), a pesar de la variedad de que la materia legislativa de las cartas-pueblas y fueros municipales adolece, presentan puntos de semejanza; pueden y suelen contener los más completos de ellos, determinación, a veces muy puntualizada, del término jurisdiccional de la villa, enumeración de exenciones respectivas a servicios que han de prestarse al monarca, de inmunidades y privilegios de naturaleza personal, pago de pechas y tributos, abolición de malos fueros, concesión de franquicias económicas, ordenamientos de derecho civil, penal, mercantil y procesal, institución de autoridades concejiles y hasta algún rudimento de estatuto municipal.

El primer fuero particular de que hay memoria es el Privilegio de infanzonía concedido por Sancho I a los Roncaleses en 922. Sancho II Abarca otorgó, en 971, la primera carta conocida en Aragón, y García IV el de Nájera, en 1051, el primer fuero escrito a Bizkaya. Los tres reyes de la casa aragonesa, singularmente Alfonso I el Batallador, concedieron muchos fueros. A éste se deben los fueros de Arguedas, Peña, Caparroso, Santa Cara, Tudela, Funes, Sangüesa, Cabanillas, Araciel, Carcastillo, Cáseda, el Burgo de San Cernin, Marañón y Artajona, encaminados en su mayor parte a conceder franquezas y privilegios a sus habitantes. Sancho VI el Sabio concedió cartas municipales a más de cuarenta pueblos, barrios y valles. La de San Sebastián contiene disposiciones de derecho marítimo que marcan notorio progreso en la legislación de la época. El año 1170 mejoró la condición de los villanos, sancionó la indisolubilidad del matrimonio contraído oyendo misa o tomando sortija de mano de capellán; el año 1192 otorgó a los nobles el fuero de desafío. Si quis nobili genere, más que todo, por cortar los abusos de costumbre tan arraigada. Sancho VII el Fuerte dictó pocos menos fueros que su padre. Reformó el sistema tributario mediante el encabezamiento de las pechas, señalando a cada pueblo una cantidad fija, pagadera por agosto si era de frutos y por San Miguel si de dinero. Los reyes de las casas de Champagne y de Francia concedieron numerosos privilegios y franquezas, además de confirmar y amejorar fueros anteriormente otorgados por otros monarcas; era el mejor modo de que se podían valer para ganar la voluntad de sus vasallos, especialmente la del estado llano, como contrapeso a la prepotencia de los nobles.

Los fueros más famosos son: el de Estella; Jaca (dado a Pamplona, San Sebastián, etc.); Sobrarbe (a Tudela, Gallipienzo, etc.: este fuero establecía el tortum per tortum o talión: de aquí el axioma jurídico, "el que mate, que muera"); Soria (a Cáseda, etc.); Logroño (a Vitoria, etc.); Laguardia (a Val de Burunda, etc.). Los fueros más beneficiosos solían concederse a los lugares cuya población deseaban aumentar los reyes con inmigración de gentes extrañas. Y como estas gentes solían venir de Francia, a esos fueros se les denominó de francos, y a los privilegios, exenciones y ventajas de ellos, "franquezas". Hubo Francos en Estella, Pamplona, Puente la Reina, Los Arcos, Lanz, Val-de-Larraun, Tafalla, San Sebastián, etc. Las guerras civiles de la baja Edad Media propiciaron la concesión de fueros y de hidalguías colectivas, multiplicadas estas últimas durante la Edad Moderna.

El Amejoramiento del Rey D. Felipe. El Fuero General compilado a lo largo del reinado de Teobaldo I fue enriquecido después con la jurisprudencia de la Corte y disposiciones tomadas de varios fueros particulares (costumbre, fueros municipales, etc.). Dice Lacarra (1973, III) que su prestigio había crecido con los años y que "gracias a él los navarros habían logrado restaurar una monarquía nacional, separándose de Francia". Pero los textos se superponían haciendo confuso el conjunto. La Reina Juana II autorizó al Rey consorte Felipe a hacer una nueva compilación:

"Entendiendo que en el regno de Navarra ay muytos fueros e diversos e contrarios los unos de los otros... mandamus que segunt las III condiciones de gentes que son en el Regno, es a saber, fidalgos, ruanos el lavradores, sean ordenados III fueros; luno es clamado de los fidalgos, el otro de los ruanos, et lotro de los lavradores; et que todos los otros fueros del regno de Navarra sean reduytos a estos, salvando a cada uno sus franquezas et libertades".

En 1330 se aprobó la reforma y a partir de este año fueron convocadas varias Cortes para mejorar el Fuero. Felipe tuvo especial cuidado de atender a las peticiones de los "mandaderos de las bonas villas" y -dice Lacarra- "aquellos artículos a los que las villas hicieron reparos, no fueron recogidos en los Fueros". En tiempos de Carlos III el Noble se expidió el Privilegio de la Unión (1423) por el que, abolidos los privilegios de cada barrio pamplonés, los vecinos de esta ciudad se rigieron por el Fuero General.

  • Ordenanzas del Consejo

Se sancionan en 1622 y regulan la actividad político-administrativa del Reino.

  • La Novísima Recopilación

La persistencia de las Cortes a la conquista de 1512 permitió a Navarra poseer un legislativo propio. Dos siglos de legislación fueron recopilados en la "Novissima recopilación de las leyes de el reino de Navarra, hechas en sus Cortes generales desde el año 1512 hasta el de 1716 inclusive, que con especial orden de los tres estados ha coordinado el Licenciado Joaquín Elizondo" dos vols. (Pamplona, 1735). El contenido de esta recopilación, fundamental para calibrar el alcance de la vida virreinal durante la Edad Moderna, es el siguiente:

LIBRO I. Título I, Del Rey, de su Coronación y Juramento y de su Visso-Rey y lugar-thenientes. T. II, Del Reino de Navarra, sus límites y mojones y de los tres Estados y Cortes Generales de él, y de sus exenciones y vínculo. T. III, De las Leyes del Reino de Navarra, de la observancia de ellas, y del Santo Concilio de Trento. T. IV, De las Cédulas Reales, provissiones, y Mandamientos de Justicia. T. V, De las Fortalezas de el Reino y bestimentos de ellas, y a quien se deben encomendar. T. VI, De la gente de Guerra, y cosas tocantes a ella. T. VII, De Patronato Real y de Legos. T. VIII, De los que son naturales de este Reino, y de sus exenciones y a quien puede darse naturaleza. T. IX, De los oficios, y beneficios, encomiendas del Reino y a quien y como, se deben proveer. T. X, De los Alcaldes Ordinarios, y Regidores de los pueblos de este Reino. T. XI, De los salarios de los Alcaldes, y Regidores. y Mensageros que embian a los pueblos. T. XII, De las Residencias. T. XIII, De las Inseculaciones. T. XIV, De los Quarteles, y Alcavalas. T. XV, De las Acostamientos. T. XVI, De Derechos Reales y Concegiles. T. XVII, De las Tablas Reales, Sacas, y Peages, y Tablajeros. T. XVIII, De las cosas vedadas, para sacar, y entrar en el Reino. T. XIX, De encambrar, y vender trigo, cebada, vino, y pan, y portearlo. T. XX, De las vecindades, y pastos. T. XXI, De las cabañas, y corrales. T. XXII, De el passo, y cañada de los ganados, y Derechos que deben. T. XXIII, De las Bardenas Reales, y de los que tienen gozo en ellas, y en los Montes Reales. T. XXIV, De los ganados, y de la venta, y prendamientos de ellos, y de la mezta. T. XXV, De las derramas, repartimientos, e imposiciones. T. XXVI, De las yeguas, y cavallos, y orden de echar los padres a las yeguas. T. XXVII, De cotos, y paramentos. T. XXVIII, De pesos, y medidas. T. XXIX, De los vínculos de los pueblos. T. XXX, De el passo de las Almadias. T. XXXI, De privilegios, y exenciones.

LIBRO II. Título I, De los jueces de Consejo, y Corte. T. II, De las visitas, y visitadores. T. III, De los oidores de comptos. T. IV, De el Fiscal, y Patrimonial, y de sus substitutos. T. V, De el Chanciller del Reino. T. VI, De los Merinos, y sus Thenientes. T. VII, Del thesorero, del Reino, y sus recidores. T. VIII, De los alguaciles del Reino. T. IX, De los secretarios del Consejo, y escrivanos de Corte. T. X, De los comissarios, letrados, y receptores. T. XI, De los escrivanos Reales, de su edad, y costumbres, registros, escrituras, y contratos públicos. T. XIII, De los porteros, execuciones y malas voces. T. XIV, De el alcalde de guardas. T. XV, De los Vicarios Generales. T. XVI, De los abogados y relatores de las audiencias Reales. T. XVII, De el protomedico, y su jurisdición, y de los médicos, cirujanos, y apoticarios. T. XVIII, De el depositario, y de los depósitos. T. XIX, De los juicios, y orden de proceder en ellos. T. XX, De la repartición de negocios. T. XXI, De las probanzas y testigos. T. XXII, Que los Clérigos puedan decir sus dichos sin licencia de su Prelado. T. XXIII, De los negocios de Estado, y Guerra. T. XXIV, De los hijos-dalgo y sus exenciones, y de las probanzas de hidalguia. T. XXV, De los remissionados. T. XXVI, De las sentencias, y de los compromisos, y sentencias arbitrarias. T. XXVII, De las apelaciones, y suplicaciones. T. XXVIII, De las inhibiciones. T. XXIX, Como se ha de proceder en los pleitos eclesiásticos que vienen al consejo por vía de fuerza. T. XXX, De las nuledades y restitución "in integrum". T. XXXI, De los incidentes. T. XXXII, De los familiares de la Santa Inquisición. T. XXXIII, De los deudores, y de los que hacen cession de bienes. T. XXXIV, Que nadie sea desposseido sin conocimiento de causa. T. XXXV, De las amparas. T. XXXVI, De los processos; que no se saquen del Reino. T.XXXVII, De las prescripciones. T. XXXVIII, De los Derechos de curiales, y otros.

LIBRO III. Título I, De las arrendaciones de los propios pueblos, y de las rebaxas. T. II, De las arrendaciones de las primicias, y abadias. T. III, De las compras, y ventas, y retratos, o muestras. T. IV, De los censos. T. V, De los pecheros, y labradores, y de las pechas, y tierras pecheras. T. VI, De los regatones, y revendedores. T. VII, De las donaciones. T. VIII, De los corredores, y sus Derechos. T. IX, De los matrimonios clandestinos, y causas por que se pueden desheredar las hijas. T. X, De los segundos matrimonios. T. XI, De las arras, dotes, y conquistas. T. XII, De los trages, vestidos, espadas, y armas prohibidas. T. XIII, De testamentos, y sucessiones. T. XIV, De los inventarios. T. XV, De las sucessiones de mayorazgos. T. XVI, De las funerales, y lutos. T. XVII, De los tutores.

LIBRO IV. Título I, De los acusados, y acusaciones. T. II, De los blasfemos. T. III, De los adulterios, estrupos, robos, y fuerzas. T. IV, Cómo se ha de proceder con los ausentes. T. V, De las roturas, y guardas de huertas cerradas, y árboles frutiferos. T. VI, De los ladrones, vagamundos, gitanos y galeotes. T. VII, De los juegos, y que no haya tablagerias. T. VIII, De las penas foreras, homicidios, y xixentenas. T. IX, De los presos, y asignados. T. X, De la remission de los delitos, y penas. T. XI, De los perdones, y aboliciones. T. XII, De las salva guardias.

LIBRO V. Título I, De las missas nuevas, bautizos, mecetas, y entraticos de monjas. T. II, De los Señores de puertos, y de las guardas de ellos. T. III, De las limosnas, y hospitales y publicación de las bulas. T. IV, De las cofradias, T. V, De los caminos, puentes y pontages. T. VI, De la moneda. T. VII, De la caza, y pesca. T. VIII, De las colmenas, y abegeras. T. IX, De las mulas de alquiler. T. X, De los sastres calceteros, y cordoneros. T. XI, De los pelaires, boneteros, y sombrereros, brulleros, y sus veedores. T. XII, De los estañeros, caldereros, y del vender el estaño, hierro y alambre. T. XIII, De los aforradores, y pellegeros. T. XIV, De los zapateros. T. XV, De los herreros y precio que han de tener las herraduras. T. XVI, Del proto-albeitar. T. XVII, De los cañamos, y linos. T. XVIII De los edificios, y veedores de ellos, y su estimacion. T. XIX, De las obras Reales, tassas, y portes. T. XX, De los criados, y de sus salarios, y del tiempo dentro del qual pueden pedirlo. T. XXI, De las casas de armeria, y escudos de armas. T. XXII, De los jornaleros, y oficiales mecánicos. T. XXIII, De los monasterios, y religiosos, y abades llamados a Cortes, y de sus monges. T. XIV, De los bastimentos y provissiones tocantes al govierno de los pueblos. T. XXV, De el padre de huerfanos. T. XXVI, De los molinos, y presas, y de los molineros.

  • Cuadernos de las Leyes y Agravios reparados por los tres Estados del Reino de Navarra

Recogen las 575 leyes aprobadas por las Cortes de Navarra en sus sesiones de 1724, 1725 y 1726 (Estella), 1743 y 1744 (Tudela), 1757 (Pamplona), 1765 y 1766 y 1780-1781 (Pamplona), 1794, 1795, 1796, y 1797, 1817 y 1818, 1828 y 1829 (Pamplona). Sus temas abarcan toda la variada composición de la vida del Reino durante el s. XVIII, comprendido su dramático final, y el segundo reinado absolutista de Fernando VII, años que preceden a la revolución liberal que acabaría con el sistema de Fueros en 1841. Asímismo reproduce los Juramentos Reales de los Fueros del Príncipe D. Fernando, primogénito de Felipe VII de Navarra (V de Castilla), Fernando II de Navarra y VI de Castilla, Carlos VI de Navarra y III de Castilla y Fernando III de Navarra y VII de Castilla.

  • La foralidad en el siglo XIX

Tanto el Fuero General, en gran parte relegado por la nueva legislación, como la Novísima Recopilación y las Leyes de Cortes, junto con las Instituciones consignadas en los mismos, constituyen antes de 1841 la foralidad navarra. Dice Caro Baroja que "uno de los rasgos esenciales de cada pueblo es el que le da su concepto propio de la libertad, o de las libertades, y no sólo de cómo se originan, sino también de cómo se mantienen", y que "el quehacer legislativo fue el que le dio una configuración propia al país, que culmina en una especial concepción de las "libertades forales", concepción que hubo de tener enfrente, a lo largo de todo el siglo XIX, a otro concepto de la "Libertad", el de los liberales". Este corpus legislativo puede ser analizado mediante el "Indice auxiliar alfabético" publicado por la Ed. Aranzadi en 1971 que reduce toda la temática abarcada a un Diccionario sistemático similar al Diccionario de los Fueros de Yanguas y Miranda (1828), obra ésta fundamental que reproduce gran parte de los textos. Completa el conjunto legislativo la Recopilación de los Síndicos y el Derecho consuetudinario, no recogido apenas por escrito.

Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero (LORAFNA). A diferencia del Estatuto de Gernika y de otros Estatutos mayores aludidos en el art. 151 de la Constitución, el de Navarra (LORAFNA) no fue objeto de referendum por parte de la población navarra. La LORAFNA es una Ley Orgánica sancionada por el Gobierno de España tras su paso por las Cortes Generales, quedando incorporada al ordenamiento jurídico español. Fue firmada por el Rey el día 10 de agosto de 1982, siendo publicada en el "Boletín Oficial del Estado" (n.º 195 y 204), y en el "Boletín Oficial de Navarra" (n.º 106) el día 16 de agosto. Tiene por objeto: ordenar las Instituciones, garantizar las facultades y competencias propias del Régimen autonómico de Navarra, e integrar en este Régimen "todas las que sean compatibles con la unidad constitucional". Según lo dispuesto en esta Ley Orgánica, le corresponden a Navarra todas las competencias que ejerce desde lo establecido en la Ley de Fueros de 16 de agosto de 1841, las que se integran en el Amejoramiento de 1982 y las que el Estado transfiera con carácter general a las Comunidades Autónomas o especialmente, y a petición de la Diputación, a Navarra. El Amejoramiento no implica la renuncia a cualquier otro derecho originario e histórico que pueda corresponder a Navarra, pudiendo incorporarse al ordenamiento jurídico. La modificación de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero no se puede hacer unilateralmente, y la posible reforma del mismo correrá a cargo de la Diputación o GN y el Gobierno de la Nación, que formularán una propuesta para someterla a la aprobación del Parlamento Foral y de las Cortes Generales. Si la propuesta fuese rechazada, continuará en vigor el régimen jurídico vigente anterior a la propuesta.

Tal y como se contempla en el Amejoramiento de 1982, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regula por el sistema del Convenio Económico, en el que se determina la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, a su actualización y la armonización de su régimen tributario, que tiene potestad de establecer, mantener y regular, con el del Estado. El Convenio económico es de carácter pactado y deberá ser sometido al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación, una vez suscrito por el Gobierno de la Nación y la Diputación. Además una ley foral regulará el patrimonio de Navarra, su administración, defensa y conservación.

Según lo dispuesto en el Amejoramiento de 1982, la administración de Justicia en Navarra corresponderá a la Comunidad Foral, exceptuando la Jurisdicción Militar, para ejercer todas las facultades reconocidas o atribuidas, en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, al gobierno del Estado. Así mismo corresponde a Navarra la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales ejercientes en Navarra y la situación de su capitalidad. La competencia de esos órganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad abarca en el orden civil a todas las instancias y grados, en lo penal y social lo mismo, a excepción de los recursos de casación y revisión, en lo contencioso-administrativo todas las instancias y grados siempre que sean actos dictados por la Administración Foral (éstos pueden ser impugnados ante la Jurisdicción Administrativo-contencioso una vez agotada la vía administrativa foral).

También son competencia de Navarra las cuestiones entre órganos judiciales radicados en Navarra, y los recursos sobre Derecho Foral Navarro, que deban tener acceso a los Registros de la Propiedad. En el resto de materias, se pueden interponer recursos al Tribunal Supremo. También se contempla la creación de un Tribunal Superior de Justicia en Navarra, que estará integrado en la Audiencia Territorial de Pamplona. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios se efectuará de la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial. La Diputación o GN puede instar al órgano competente a convocar concursos y oposiciones para la provisión de esos puestos, valorándose especialmente en dichas pruebas los conocimientos y especialización en Derecho Foral Navarro. Se establece también una Junta de Cooperación para resolver las discrepancias entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pero sin perjuicio de la legislación propia del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia.

En teoría, las competencias que corresponden a Navarra son la suma de las que ejerció al amparo de la Ley de Fueros de 1841, las que se expresan en el Amejoramiento de 1982, las que el Estado concede a las Comunidades Autónomas con carácter general y las que lo haga específicamente a Navarra a instancias de la Diputación o GN. Dentro de las materias que son competencia de Navarra, se establecen diferencias entre las que lo son de forma exclusiva, en las que la Comunidad Foral tiene la potestad legislativa, reglamentaria, administrativa incluso para inspecciones, revisora de la anterior y con preferencia del Derecho Navarro; y las materias que reúnen las anteriores potestades pero sin la plena legislativa, quedando ésta reducida a un desarrollo legislativo que se hará siempre conforme a las normas básicas que dicte el Estado. Estas materias son: expropiaciones forzosas, medio ambiente, ordenación del crédito, etc.

También hay otras materias en las que deberá aplicarse la legislación del Estado, como la Penitenciaria, la laboral, la propiedad intelectual, los aeropuertos, etc. Las diferentes materias sobre las que tiene competencia Navarra, bien de forma exclusiva o compartida con el Estado están agrupadas en el Amejoramiento según su carácter: De carácter exclusivo: ordenación del territorio, de obras públicas que no sean de interés general del Estado, aprovechamientos Hidráulicos, cultura, etc., aunque la mayoría de ellas (hasta 28) sean en coordinación con el Estado y sin perjuicio de éste. De carácter tributario y financiero: están reguladas por el sistema del Convenio Económico, que determina las aportaciones a las Cargas Generales del Estado, y regula y armoniza el régimen tributario foral de Navarra al que ésta tiene potestad para establecer, mantener y regular. La Deuda Pública de Navarra y los títulos valores tienen la consideración de fondos públicos.

De Administración Local. De enseñanza en todos los niveles y grados, siendo el Estado competente en cuanto a las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, profesionales, etc. De carácter exclusivo en materias de Derecho Civil Foral y en cuanto a la regulación de las Instituciones Forales, el régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, normas que derivan del Derecho propio, el Régimen Jurídico de la Diputación Foral, los ferrocarriles y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en la Comunidad, la aplicación de la legislación del Estado en materia de transporte. De carácter exclusivo en materia agropecuaria, así como de montes de instituciones forales o municipios, también la gestión de la propiedad particular. De policía foral. De nombramientos de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de los Corredores de Comercio y de los Agentes de Cambio y Bolsa. De sanidad interior e higiene.

Los correspondientes a Seguridad Social en su desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado, y la gestión del régimen económico de la misma, así como organizar y administrar sus servicios y tutelar sus instituciones y entidades, etc. De radiodifusión y televisión, pudiendo crear, regular y mantener su propia prensa, radio y televisión dentro de la ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. De carácter exclusivo también en la planificación y fomento del desarrollo económico de Navarra, industria, el desarrollo de planes del Estado para reestructuración de sectores industriales, comercio interior, defensa de consumidor y del usuario. Cajas de Ahorro, sin perjuicio del Convenio en esta materia, etc., todo ello garantizando la libertad de empresa. De Administración de Justicia. El 8 de enero de 1985 apareció en el Boa y en el BON el Decreto estableciendo las normas reguladoras de las transferencias de estas competencias.

El día 1 de setiembre de 1990 recibió Navarra las competencias en materia educativa. A ésta hay que sumar la transferencia de los servicios del Insalud y del Inserso desde el 1 de enero de 1991 y la entrada en vigor del nuevo Convenio Económico cuyo incremento a las cargas generales del Estado hace augurar a muchos el inicio de una etapa de austeridad y de puesta a prueba de la viabilidad económica de esta autonomía monoprovincial atípica que es la navarra.

En el Amejoramiento se precisa que la iniciativa legislativa corresponde a: la Diputación Foral, que presenta sus proyectos de ley al parlamento; los parlamentarios forales, según como determine el reglamento de la Cámara; y a los Ayuntamientos que representen un tercio del número de municipios de la respectiva Merindad, y un cincuenta por ciento de la población de derecho de la misma, estando esta última iniciativa legislativa regulada por ley foral. También habrá una iniciativa legislativa popular, que tendrá que ser establecida por una ley foral de acuerdo a lo que disponga la correspondiente ley orgánica. Para las leyes forales expresamente citadas en el Amejoramiento y la que sobre organización administrativa y territorial determine el Reglamento de la Cámara, la iniciativa legislativa corresponde exclusivamente a la Diputación Foral y a los Parlamentarios.

IMR

Transferencias de servicios estatales
a la comunidad foral de Navarra
Fecha del acuerdo
(Real Decreto)
Fecha de efectividad
de la Transferencia
Departamento
al que recae
Contenido
19-jun-8501-jul-85Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio AmbienteMedio Ambiente
19-jun-8501-jul-85Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio AmbienteColegios Oficiales y profesionales
19-jun-8501-jul-85Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio AmbienteOrdenación del Territorio y Urbanismo
19-jun-8501-jul-85Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio AmbienteEstudios y Ordenación de Territorio y Medio Ambiente
19-jun-8501-jul-85Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio AmbienteCámara Oficial de Propiedad Urbana
19-jun-8501-jul-85Industria, Comercio y Turismo.Defensa del Consumidor y del Usuario
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18-nov-8801-nov-88Trabajo y Bienestar SocialProtección de Menores

En el Congreso Nacional de Derecho Civil, celebrado en Zaragoza en octubre de 1946, la Sección de Navarra ya definimos nuestro Derecho privativo como aquél:

"que representa un tipo específico de organización de la familia y de la propiedad, pero que entraña también una concepción peculiar del Derecho Civil, enraizada en una tradición secular que se armoniza a través de sus normas con un modus essendi que matiza las instituciones con singularidades que no pueden reflejarse siempre y exactamente en las normas escritas.

Por eso el Derecho Navarro es un Derecho de principios, un Derecho rancio, bien fermentado cuyo mayor valor sea representar un orden de conducta normado no por simples reglas jurídicas sino, sobre todo, por superiores máximas de justicia y de moral, en cuya función se reconocen y pueden ejercitarse socialmente los derechos. Se trata, pues, de un ordenamiento jurídico, de un Derecho normativo que responde a una realidad jurídica vivida, enraizada en la constitución social y económica del pueblo que creó y vive esas instituciones integrantes de un sistema jurídico, que cumple con su misión de regular la vida social, jurídica y económica, de acuerdo con la geografía, costumbres, formación e ideas dominantes.

Nuestro ordenamiento jurídico, nuestras normas, no son más que el desarrollo de ciertas bases, desenvolvimiento de esos principios que constituyen su origen y fundamento, que guían al intérprete en la aplicación del Derecho, integran las lagunas o huecos normativos, proyectan luz en las analogías, y terminan en contraste fiel del resultado correcto. Así tenemos el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, en mutua ayuda y recíproco beneficio. De ahí que no se deba entrar en el estudio de las instituciones en especial, sin tener en cuenta los principios que las informan y de ellas resultan, pues de lo contrario sería muy difícil considerar cada una en sí misma, con arreglo a la sistemática de los Derechos puramente escritos, pero además sería ocasión para incurrir en defectos de observación que conducirían a la desorientación y al error. Ello explica la metodología observada de reseñar las instituciones más importantes del Derecho civil de Navarra, cuando se trate de los principios generales en los que se hallen inmersas o les resulten afectantes, con ocasión del análisis de las fuentes.

Navarra como todos los pueblos primitivos sobrepasó las tres etapas de las sentencias, de las costumbres y de las leyes. Las tribus errantes y nómadas en sus orígenes se convirtieron un día en sedentarias, y es probable que las usuales cuestiones que pudieran suscitarse entre los miembros de una agrupación fueran resueltas por el Jefe de la misma que asumía el triple poder civil, religioso y militar, ya que los pueblos gozaban de un poder eminentemente guerrero. E indiscutiblemente Navarra seguiría ese sistema regulador, cuando convirtieron su nomadía en el régimen de una organización estable y sedentaria, merced a la riqueza natural del suelo -exuberantemente vegetal- propicio para un feliz acogimiento. Y lo mismo ocurre en lo que respecta a la segunda de las épocas citadas, la de las costumbres, que las fue formando el pueblo mismo para dar solución a todos los problemas sociales. Pero en Navarra, a diferencia de los demás pueblos, la costumbre no desaparece cuando llega la tercera etapa de los códigos, sino que se mantiene con toda su fuerza y vigor, viniendo a resultar los Códigos una fuente de Derecho de segunda clase respecto a la costumbre, que es su principal fuente.

Pero, naturalmente, los Códigos advienen, aparece el Derecho escrito, aunque -como decimos- las costumbres siguen, y se mantiene este Derecho consuetudinario en la dominación romana, que no llegó a las montañas, por no despertarles mayor interés y provecho como sus valles y llanos, ricos en buenas cosechas. Recuerdos de este poso romano pueden apreciarse una serie de instituciones de nuestro Derecho foral, como el régimen dotal, las donaciones propter nupcias, facultades de los padres sobre los bienes de los hijos, libertad de testar, mayoría de edad, etc. Esta influencia se debió más que a las armas a la cultura romana; a aquella suavidad dominadora, impronta de su paso por la Península. Tras la dominación romana, respecto a las leyes góticas hay dispares opiniones, estimando por nuestra parte que nunca se aplicaron en Navarra con cuyo pueblo los vascones estuvieron siempre en guerra, quienes gobernados por sus experimentados prohombres de solar conocido -sus etxeko-jaunak- resolvían sus problemas en Junta General de cabezas de familia, que hoy día se llama todavía batzarra, vivían a la manera de su primitivo estado, y encomendaban la defensa de la patria a los más esforzados y astutos de sus hijos. Ahí nació la necesidad de alzar un Jefe Supremo, de proclamar un rey.

Un Rey y un Reino que no aparecen en Navarra hasta el siglo IX, a cuya constitución también ayudó la lucha emprendida contra los musulmanes en la que tan de la mano fuimos los navarros con los aragoneses. Hasta aquí, pues, es indudable que fueron los usos y costumbres la regulación jurídica primitiva, apareciendo después como primicia del Derecho escrito, posiblemente, el Fuero de Sobrarbe. Y digo, posiblemente, porque entramos en una cuestión de las más batallones del Derecho foral navarro y aragonés, como es la afectante a este Fuero, y en la que concurren las más dispares opiniones cuyo examen sobrepasa nuestra sucinta exposición histórica, hasta haber jurista que niega su existencia, y otros que lo reducen a un Privilegio de Infanzones, parecer ahora bastante unánime y que le hace consistir en inmunidades y concesiones privilegiadas a dichos infanzones, puramente militares, sobre cuyo núcleo primitivo les adicionaron leyes de carácter general y otras especiales de las villas a las que se otorgaba.

  • Fuero de Tudela

Dejando a un lado la polémica habida sobre su cronología que el P. Moret la sitúa en tiempos de Sancho Ramírez, años 1076 a 1094, y el P. Domingo de la Ripa la adelantaba al año 744 apoyando su punto de vista en Blancas, Briz Martínez, Morlanes y Gauberto, y que a mi parecer es la más probable, es en el año 1117 cuando Alfonso el Batallador otorga "illos bonos foros de Sobrarbe" a Tudela, Cervera y Gallipienzo, eximiendo a sus pobladores de todo servicio, peaje, usático, petición, "vel aliqua alia subjugatione mei", y manda que asistan a la hueste, batalla campal, sitio de castillo o asedio del rey con pan de tres días, somete a la jurisdicción de Tudela a 28 pueblos de las inmediaciones -casi todo el actual Partido judicial- y hace otras concesiones de montes y pastos que sólo alcanzan a la ciudad de Tudela. Este Fuero de Tudela era ampliado en 1127 por Alfonso I con el llamado "privilegio de los veinte" -como lo había hecho a Zaragoza en 1119- y otorgaba todos los demás fueros que disfrutaba Zaragoza, que eran los de los buenos infantes de Aragón; evolucionando después en esta ciudad destinataria de tal forma que nada pudo recordar ya su primitivo origen de la región aragonesa de donde procedía, merced a la elaboración formulada por la Escuela de Derecho de Tudela, de la que -según Lacruz- llegó a ser su obra cumbre.

Los materiales de este Fuero de Tudela son muy variados, y se aprecia sin dificultad notable diferencia en cuanto al tiempo de su elaboración. Los más antiguos son los referentes a los fueros penales, procesales de ordalías, algunos de obligaciones, y también los de familia y sucesorios, aunque estos dos últimos modernizados; siendo de más reciente elaboración las normas. de Derecho de cosas; de vecindad y Derecho municipal.Derecho Civil de Navarra II.

  • Fuero de Estella

Otro Fuero importante de antigüedad remota es el Fuero de Estella, que supone la aplicación más antigua en Navarra, y con fecha conocida, del Fuero de Jaca, que es otorgado por Sancho Ramírez a la población de francos establecida en Estella en 1090, conservándose refundido con los que en 1164 dio Sancho el Sabio.

  • Fuero de Viguera y Val de Funes

También el Fuero de Viguera y Val de Funes goza de primicia legislativa en el tiempo, al datar del reinado de Alfonso I el Batallador -años 1104 a 1134- que fin su otorgante. Consta de dos partes: una que deriva del Fuero de Logroño y otra que se agrupa en torno al valle de Funes quedando todavía algunos Fueros sueltos no filiables en estas series y lugares.

  • Fueros de la Novenera

Respondiendo a la política iniciada por Sancho el Sabio y seguida por Sancho el Fuerte, de unificar la gran variedad de pechas que existían en Navarra, reduciéndolas a un cupo en metálico que se distribuía entre los vecinos, se promulgan los Fueros de la Novenera. Por ello en estos Fueros se manda repartir la pecha global en dinero entre todos los vecinos, según su poder: en mueble o en heredad. Estos Fueros se aplicaron en Artajona, Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga y Berbinzana que hasta fines del siglo XV se consideró un añadido de Larraga. Estos Fueros están aislados y tienen muy poco parentesco con otros Fueros conocidos.

  • Fuero Antiguo

Y con ello llegamos al Fuero Antiguo de Navarra. Teobaldo I al ser alzado rey de Navarra en 1234, había jurado guardar los fueros. Se hacía necesario saber con precisión cuáles eran las obligaciones del rey para con sus súbditos, y las de éstos hacia él. Según Lacarra, Teobaldo I nombró una comisión compuesta de diez ricos-hombres, veinte caballeros y diez hombres de órdenes que con el rey y el obispo a la cabeza pusieran por escrito aquellos fueros que debían ser entre ellos, amejorándolos de una parte y de la otra como juzgaran pertinente: decisión tomada en Estella el 25 de enero de 1238, y que fue cumplimentada por la comisión en el mismo año. En realidad -sigue diciendo Lacarra- de esta comisión no salió el Fuero General, tal y como hoy lo conocemos, sino una compilación mucho más reducida, de doce capítulos, que con el famoso prólogo sobre: "la pérdida de España", constituyen lo que se ha llamado, y así se cita incidentalmente en algún manuscrito, el Fuero Antiguo, cuya época de promulgación pudo ser en los primeros meses del año 1238. No obstante, este Fuero Antiguo serviría de núcleo para las compilaciones del Fuero General y del Fuero de Tudela codificaciones navarras ambas del siglo XIII.

  • Fuero General

A lo largo de este siglo el Fuero Antiguo se fue ampliando con disposiciones tomadas de los fueros vigentes de Pamplona, Estella, usos locales, jurisprudencia de la "Cort", fazañas, etc., hasta formar un cuerpo jurídico poco sistemático, muy bien aceptado por los navarros, y que se denominaría Fuero General, y que posteriormente tuvo dos Amejoramientos: el primero de ellos promulgado por el rey Felipe III el 10 de septiembre de 1330, motivado por el afán de adecuación legislativa a las nuevas exigencias y necesidades que la vida social y jurídica presentaba, constando de XXXIV capítulos o leyes; y el segundo por Carlos III el Noble, aprobado por las Cortes y promulgado el 1 de febrero de 1418, que no llegó a aplicarse, según Lacarra y Mendiluce, por contrariar excesivamente las costumbres del país, y consta de XIV capítulos, pero pocas son las leyes que puedan tener algún interés jurídico civil.

  • Fuero Reducido

Tampoco tuvo vigencia el Fuero Reducido, cuya génesis arranca del año 1511 en que los reyes D. Juan de Labrit y Dña. Catalina I encargaron a las Cortes que se ocuparan de un nuevo arreglo del Código foral, que no pudieron cumplir el cometido al invadir Navarra-por la fuerza de las armas-las tropas del Duque de Alba al servicio de Fernando llamado el Católico, quedando oficialmente incorporada Navarra a Castilla el 15 de junio de 1515. En el año 1528 las Cortes solicitaron que a la comisión nombrada por el rey se unieran otras personas designadas por las mismas, terminando su tarea en el año 1530 en que tales Cortes suplicaron su aprobación que no pudieron conseguir pese a ser reiteradamente reclamada. La verdadera razón de no llegas a vigencia fue su mandato imperativo de abolir todas aquellas leyes, usos y costumbres que no estuvieran en el mismo recogidas, dando lugar a que los pueblos se afanaran por incluir en el Fuero con la mayor diligencia y tenacidad un buen número de usos y costumbres locales propios, desorbitando los prudentes márgenes legislativos; y por si esto no fuera motivo bastante se unió -para no adquirir vigencia- la no introducción en este Código de las reales órdenes y providencias del Real Consejo de Navarra. Precisamente la falta de sanción oficial del Fuero Reducido dio lugar a un caos normativo, pues ni los jueces podían disponer de leyes para dictar sus sentencias, ni los súbditos tenían posibilidad de conocerlas para cumplirlas.

  • Recopilaciones

Esto dio lugar a diversas Recopilaciones de las Ordenanzas Generales y Providencias, leyes de visita, reparos de agravios y otras muchas provisiones, como las de los licenciados Balanza y Pasquier denominadas "Ordenanzas viejas", de 1557; la de Miguel Ruiz de Otalora, de 1561; la de Pedro Sada y Miguel Murillo Ollacarizqueta, publicada en 1614; la del licenciado Armendariz de este mismo año; la del licenciado Martín de Eusa, de 1622; la de Sebastián Irurzun de 1666, la del licenciado Antonio Chavier de 1678, entre otras. Poco duró la vigencia de la Recopilación de Chavier porque las Cortes navarras no estimándola aceptable encargaron al Síndico Joaquín Elizondo la elaboración de una nueva Recopilación sobre la de Sada y Murillo, a la que debía agregar las leyes posteriores, terminando su trabajo con el nombre de Novísima Recopilación de Navarra, que presentó a las Cortes de los años 1724 a 1726, imprimiéndose en Pamplona en el año 1735, recogiendo en ellas las leyes hechas por sus Cortes generales desde el año 1512 hasta el año 1716, inclusive. Consta de 5 libros, 125 títulos y 1838 leyes. Sus libros tratan: el I, De las leyes de el Reino de Navarra; II De los juicios; III, De los contratos y últimas voluntades; el IV, De los Delitos; y el V, De las cosas extraordinarias y que no se pueden reducir a las materias de los libros pasados. El trabajo de Elizondo fue bien meritorio como lo demuestra que hiciera olvidar por completo a todas las demás Recopilaciones anteriores.

  • Cuadernos de Leyes

Con independencia de las Recopilaciones citadas, las leyes promulgadas se publicaban en sus respectivos Cuadernos. Pero como todas estas disposiciones fueron recogidas y sistematizadas en la Novísima Recopilación, no muestran mayor interés sino sólo aquellas posteriores al año 1716, que es hasta donde llegó dicho Cuerpo legal. De todas formas, todos estos Cuadernos posteriores a la Novísima Recopilación, con las leyes de las Cortes de los años 1724, 1725 y 1726 fueron reimpresos por Acuerdo de la Excma. Diputación Foral de Navarra de 27 de noviembre de 1895, en dos tomos: el 1.º que comprende las leyes de las Cortes de 1724 al 1766, y el 2.º las de las Cortes de 1780 hasta las últimas de 1829, inclusive. Legislación antiquísima que así llegó a nuestros días que respondía a un Estado soberano. Por eso, el Derecho foral navarro no fue un Derecho de excepción respecto al de Castilla, ni tampoco después al Derecho común, sino que fue y es un Derecho distinto, procedente de distinta soberanía. Tan excepcional al común como el común respecto al foral. No son excepcionales pues, sino distintos. Y que es así bien lo explica que también fueron distintos sus Derechos supletorios, en Castilla el godo, y en Navarra el romano. Y siempre la misma explicación: son Derechos que corresponden a distintos Estados soberanos, y por eso fueron Derechos distintos, y no privilegiados ni excepcionales.

FSQ

Tras la desaparición de nuestras Cortes, privada Navarra de su potestad legislativa, durante buena parte del siglo XIX sufrió los embates de unas apasionadas tendencias unificadoras que perseguían un código civil general para toda España. Así llegaron a determinarlo desde el Poder las Constituciones políticas: la Carta de Bayona de 1808, art. 96; la de 1812, art. 258; la de 1837, art. 4.º; la de 1845, art. 4.º; la de 1856, art. 5.º; la de l869, art. 91,3 y la de 1876, art. 75. Todas descalificaban los Derechos forales imponiendo un solo Código civil para toda la monarquía. Incluso se elaboraron algunos proyectos de Código único para toda España que no llegaron -afortunadamente- al estado de vigencia: el de 1832 de Pablo Gorosábel, el de 1833 de Cambronero, el de 1836 de Tapia, Vizmanos y Ayuso, y el de 1851 de Florencio García Goyena. Precisamente este último proyecto desencadenó una reacción totalmente contraria, de respeto a las legislaciones forales que culminó en el Decreto de 2 de febrero de 1880, favoreciendo el mantenimiento y conservación de las instituciones forales, dando entrada en la Comisión codificadora a representantes de estas regiones aforadas, y recayendo la designación en Navarra en favor de Antonio Morales y Gómez que presentó su Memoria de lo que había de conservarse foralmente.

Por Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 se autorizó al Gobierno para que publicara un Código civil, pero subsistiendo el Derecho foral en las provincias que lo poseyeran, quedando aquél como Derecho supletorio; ordenando la elaboración de unos Apéndices en los que contuvieran las instituciones que conviniera conservar; presentándose sucesivamente para Navarra los siguientes: el de Monreal, 1895; Comisión y Voto de Morales, 1900- Covián y Junco, entre 1910 a 1920; Aizpún y Arvizu, 1929; Colegio Notarial, 1930, y Diputación, 1945. En octubre de 1946 se celebra el Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza, y en ejecución de lo allí acordado se promulga el Decreto de 23 de mayo de 1947 designando las comisiones de juristas por el Ministerio de Justicia que habrían de elaborar los distintos Anteproyectos. Navarra protestó por tal disposición, exponiendo un Memorial al Gobierno con fecha 19 de julio de 1947, entendiendo debía ser la Diputación la que nombrara tal comisión, como así se aceptó por Orden de 10 de febrero de 1948.

La Diputación por Acuerdo de 9 de abril del mismo año designó como tal comisión al Consejo de Estudios de Derecho Navarro que dio tal encargo como Ponentes a algunos de sus Consejeros, que elaboraron el Fuero Recopilado, cuyo proyecto no llegó a tener sanción, y que tras una serie de enmiendas entró en vía muerta. A raíz de estas vicisitudes un grupo de juristas redactaron un nuevo cuerpo sistemático de nuestro Derecho privativo, al que se le dio el nombre de "Recopilación Privada", cuyo texto definitivo se terminó en el año 1971, que fue aceptado por la Comisión Compiladora como Anteproyecto, en sesión de 30 de junio de dicho año. Tras el período de información pública que duró hasta el 15 de octubre siguiente, fue revisado su texto por la Comisión Compiladora de consuno con una Sección Especial designada a estos efectos dentro del seno de la Comisión de Códigos, elaborando de mutuo acuerdo, paccionadamente, un texto definitivo que fue aprobado por la Diputación, acordando su remisión al Ministerio de Justicia interesando su elevación al Jefe del Estado a efectos de su formalización, que la reconoció por ley de 1.º de marzo de 1975. Y así llegó a vigencia.

Compilación del Derecho privado foral de Navarra.

Consta la Compilación -además de la Exposición de Motivos- de un Libro preliminar (cuatro Títulos), y tres libros más: el Libro I "De las personas y de la familia" (quince Títulos); el Libro II "De las donaciones y sucesiones (veinte Títulos); y el Libro III "De los bienes" (quince Títulos), con un total de 596 leyes, más cinco Disposiciones transitorias y dos Disposiciones finales. El Libro I que trata de las personas y de la familia, asocia así lo que es esencial para la tradicional concepción navarra, según la cual la estructura y la legitimidad familiar, así como la unidad de la Casa, son el fundamento mismo de la personalidad y de todo el orden social. En el Libro I se conjuntan las donaciones y sucesiones, asociación indiscutible para el Derecho Navarro, el cual presenta una riquísima gama de formas y modalidades de liberalidad, desde la donación inter vivos al más solemne testamento unilateral, pasando por las capitulaciones matrimoniales, pactos sucesorios, testamentos de hermandad, etc., sin que pueda apreciarse solución de continuidad. El Libro III es el más amplio, porque abarca toda la materia de los derechos reales y las obligaciones. La orgánica estructura de estos tres libros, queda coronada por el Libro Preliminar que los precede, mereciendo especial mención el reconocimiento de la costumbre como primera fuente de Derecho, incluso aun cuando se oponga al Derecho escrito.

Al tratar del concepto del Derecho civil de Navarra: n.º 1 adelante que no se debía entrar en el estudio de las instituciones en especial, sin tener en cuenta los principios que las informaban, pues bien al analizar ahora las instituciones más relevantes recogidas en el Fuero Nuevo es ineludible relacionar con los principios forales de los que dimanan. Y es que el Fuero Nuevo de Navarra fue elaborado en observancia ortodoxa de los referidos principios generales de nuestro Derecho privativo, que se reseñan seguidamente:

  • Principio de libertad civil

La libertad dispositiva es el reconocimiento por parte del Estado de la soberanía que es inherente al individuo y a la familia en el círculo de sus relaciones privadas y la facultad de darse a sí propios ley en la esfera de sus relaciones privadas. Respecto a la libertad civil normativa la ley 2 atribuye a la costumbre el primer puesto en el orden de fuentes, y la ley 3 adjudica la fuerza sobre la ley, contra la ley. Respecto a la libertad civil contractual la ley 7 proclama el principio de "paramiento fuero vienze", afirmando la prevalencia de la voluntad sobre cualquier otra fuente del Derecho. Y en orden a la libertad civil sucesoria surgen en el Fuero Nuevo una serie de instituciones bien notables, y, entre otras: la legítima foral (ley 267); testamento de hermandad (ley 199); testamento de confianza ley 289); testamento ante Párroco, y testamento ante tres testigos leyes 189 y 190); sucesión contractual (ley 177), pactos institutivos (ley 178); sustitutivos (ley 181), y renunciativos (ley 155).

  • Principio de equidad

La especialidad del criterio de equidad, a diferencia del criterio general de justicia radica en que se toman en consideración más que los elementos formales, el sentido humano que ha de tener el Derecho positivo, y más que los esquemas generales de la norma jurídica, la adecuación y adaptación de ésta a las circunstancias de los casos concretos. Este principio que en Derecho navarro ya tuvo precedente en la aplicación de la Bula de San Pío V, informa las siguientes instituciones, entre otras: retracto gracioso (ley 451); rescisión por lesión (ley 499); fraude de ley (ley 9); enriquecimiento sin causa (ley 508); carta de gracia (ley 576).

  • Principio de buena fe

La buena fe se presenta como lealtad, mediante la cual se debe observar la palabra dada, el compromiso adquirido o la conducta honrosa, según la expresión "bien y lealmente a todo lur poder", de la Ordenanza LXXIII del año 1413 del Consejo Real de Navarra. Instituciones amparadas en el Fuero Nuevo por este principio, las que siguen, entre otras que se podían mencionar: el ejercicio de los derechos (ley 17); fraude a terceros (ley 22); bienes litigiosos (ley 366); poseedor de buena fe (ley 353); comprador de buena fe (ley 566); colación de bienes (ley 335); interpretación de las obligaciones (ley 490).

  • Principio de unidad familiar y permanencia de la Casa

Es el principio que constituye a la vez la razón de todo nuestro Derecho. Precisamente todas las instituciones forales vienen dispuestas a conseguir este objetivo: la perpetuación de la familia, de generación en generación, y la continuidad de la Casa a través de los siglos. De citar instituciones influidas o dimanantes de este principio habríamos de hacerlo del Fuero Nuevo entero. Pero de anotar tan solamente algunos ejemplos podríamos hacerlo de los siguientes: paramiento Fuero vienze, legítima foral, testamento de hermandad, testamento ante Párroco y testamento ante tres testigos, sucesión contractual, y demás instituciones integrantes de la libertad civil contractual, y demás instituciones integrantes de la libertad civil contractual y sucesoria que quedaron mencionadas: 4.3.1.; régimen de conquistas (ley 82); usufructo de fidelidad (ley 253); capitulaciones matrimoniales (ley 78); donaciones propter nupcias (ley 112); arras (ley 125); dote (ley 119); troncalidad (leyes 305 y 306); retracto gentilicio (leyes 452 y 453); prohibiciones de disponer (leyes 481 y 482); Parientes Mayores (ley 127); segundas nupcias (leyes 105 y 274) etc. Ellos como principios civiles forales más significativos, además de otros como el religioso, de tradición y sencillez en los que tan sólo referenciamos para no alargar excesivamente la materia.El Fuero Nuevo II. O Compilación del Derecho privado foral de Navarra.

Como expresa su Exposición de motivos se presenta esta Compilación como un fiel reflejo del Derecho civil realmente vigente en Navarra y no como un simple registro de unas pocas particularidades jurídicas, por lo que, dentro de la continuidad histórica del Derecho navarro, recibe justamente la denominación de "Fuero Nuevo de Navarra". Al mismo tiempo que ha prescindido, por falta de uso, de muchas instituciones legales de Navarra, o provenientes del Derecho Romano que en ella vale como supletorio, ha sabido incorporar otras consuetudinarias y de la práctica cotidiana que ofrecen soluciones jurídicas de gran actualidad, siempre debidamente elaboradas por una doctrina rigurosa y congruentemente armonizadas con el sistema general propio del Derecho de Navarra. Si la extensión no resulta excesiva, pese a la amplitud de la concepción, ello se debe a que se ha renunciado deliberadamente a enunciados que son más propios de la doctrina que de la ley y a determinadas casuísticas que deberán ser explicitadas por la doctrina de los comentarios y de los jueces.

Hasta la fecha se llevaron a efecto dos Amejoramientos y una reforma parcial del contenido del Fuero Nuevo que se señalan a continuación.

Amejoramiento por Decreto-Ley 19/1975, de 26 de diciembre, sobre capacidad jurídica de la mujer casada y derechos y deberes de los cónyuges. El Derecho histórico de Navarra, fielmente recogido en el Fuero Nuevo, siempre fue favorable, en comparación con otros ordenamientos más restrictivos, a reconocer la capacidad de la mujer casada. Como señala este Amejoramiento en su Exposición de Motivos, "sin caer en vagas formulaciones de igualdad de sexos, cuyas consecuencias jurídicas concretas podrían resultar inconvenientes en muchos casos, cuando no imprevisibles, se ha suprimido simplemente la licencia marital, sin perjuicio de mantener el consentimiento del marido en los actos que afectan a dote y arras, y el consentimiento recíproco de ambos cónyuges para obligar o disponer, por actos que realicen separadamente, los bienes de la sociedad conyugal. De este modo, la reforma se ha formulado en armonía con la naturaleza propia de la familia legítima, formalmente asentada en el matrimonio indisoluble y en la unidad de la casa, con respeto siempre a la preeminencia de la autonomía privada, que en el Derecho foral navarro domina según el fundamental principio "paramiento fuero vienze". Desde luego que confirmando lo que en este Amejoramiento se recoge en su cabeza expositiva, con el mismo; "el Derecho navarro, exento de particularismos, vuelve a mostrarse congruente con su historia y con las exigencias de los tiempos modernos".

Amejoramiento por Decreto-Ley 38/1978, de 5 de diciembre, sobre la mayoría de edad en Navarra. Establecida por Real Decreto-Ley 33/1978, de 16 de noviembre, la mayoría de edad para todos los españoles a los 18 años cumplidos, fue de necesidad modificar la Compilación para ponerla en concordancia con la del resto de la nación.

Reforma por Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, acomodando la Compilación a la LORAFNA y Constitución española. No se le dio el nombre de Amejoramiento a este reforma, e, incluso fue rechazada en el Parlamento navarro expresamente tal denominación, por lo que razones sistemáticas han obligado a dedicarle epígrafe distinto del anterior dedicado a los Amejoramientos. Según expresa esta Ley Foral en su Exposición de Motivos, habida cuenta que una buena parte de los preceptos de la Compilación -de manera particular los que componían el Derecho de familia- contradecían principios contenidos en el Título I de la Constitución e infringían el artículo 6 de la LORAFNA, se hacía preciso modificarla, a fin de acomodarla a los principios constitucionales; dictándose en ejercicio de la competencia exclusiva que, en materia de Derecho Civil Foral, reconoce a Navarra el art. 48.1 de la referida Ley Orgánica y al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo en el que se determina que la conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación se llevará a cabo, en su caso, mediante Ley Foral. Según la Exposición de Motivos de esta Ley Foral, que transcribimos en su literalidad:

"el respeto a los principios proclamados en la Constitución y la fidelidad a la tradición jurídica navarra, en la medida que resulte compatible con aquéllos, han sido, en conclusión, los principios inspiradores de esta Ley Foral. De este modo, tradición y progreso siguen siendo, hoy como ayer, los cauces por los que discurre el Derecho Civil Foral de Navarra".

Me limito a transcribir lo que recogen estos Prolegómenos de dicha Ley Foral, porque mi criterio jurídico sobre la reforma fue contrario a la misma, y así lo manifesté en varios de mis trabajos, estimando obligado dejar de ello constancia en este lugar.