Kontzeptua

Aduanas

La existencia de ciertos tributos en los puertos costeros de Vizcaya y Guipúzcoa parece documentada ya en la Alta Edad Media, como era el caso de la lezda, contribución de cuyo pago el monarca Sancho de Navarra eximía a San Sebastián (c. 1.180) o el treintazgo de las villas vizcaínas, vinculado a la retribución del cargo de preboste, que recaía sobre los productos de comer, beber y arder y que, en el caso de la villa de Bilbao, perduró hasta principios del siglo XIX.

Aduana de Orduña

Los derechos que podemos considerar ya derechos de aduanas, los llamados diezmos de la mar, se establecieron en tiempos de Alfonso X el Sabio y figuran como percibidos en la segunda mitad del siglo XIII en Irún, San Sebastián, Deva... pero no en los puertos del Señorío de Vizcaya. Teóricamente se trataba del diez por ciento del valor de las mercancías entradas y salidas, pero con la peculiaridad de que en el caso de tratarse del mismo mercader se compensaba los derechos de lo importado con los de lo exportado. Por razones que nunca se expresan, estos diezmos de la mar no se percibieron en Vizcaya, parte de la cual era señorío del poderoso y turbulento Don Lope de Haro y Bearn, personaje clave en los conflictos dinásticos entre Alfonso X y su hijo el futuro Sancho IV. En el caso del Señorío de Vizcaya los lugares de percepción se ubicaban en el interior, en Orduña, Valmaseda y Vitoria. En Guipúzcoa, el cordón aduanero con el reino de Navarra se situaba en Tolosa y en las aduanillas de Segura y Ataún.

Esta situación inicial se fue modificando con el paso del tiempo por varias razones, entre las que destacan dos. Una, el efecto imitación con respecto al Señorío de Vizcaya, que también actuó hacia territorios situados al Este (Cuatro villas santanderinas), otra los conflictos con Navarra y sobre todo con Francia. Para garantizarse la fidelidad de los guipuzcoanos éstos fueron consiguiendo parecidas ventajas fiscales a las que gozaban los vizcaínos, bien por ciertas villas de forma puntual, bien por el conjunto de la provincia. Los monarcas castellanos estaban muy interesados en tener esos territorios fronterizos bien poblados y con gentes leales, de ahí las ventajas que les fueron concediendo. Otro de los posibles motivos residió en la pobreza agrícola de la zona costera y ya para esas fechas la importancia adquirida por el sector siderometalúrgico que implicaba la importación, incluso en años normales, de alimentos por mar. El no pagar derechos de entrada sobre los mismos contribuía a su menor precio y por tanto, indirectamente, a abaratar los salarios. Muy pronto (1.286) Sancho IV de Castilla libró de los diezmos de la mar a las sidras que se trajesen para el consumo de los vecinos de San Sebastián. Juan II, en 1408, habría eximido del mismo impuesto a los mantenimientos importados para ser consumidos en Guipúzcoa.

Los intentos más importantes y tenaces se llevaron a cabo a inicios del siglo XVI por la provincia de Guipúzcoa con vistas no a suprimir, pero sí a reducir el montante de los derechos aduaneros. Entre las mercedes de Enrique IV estuvo, en 1467, la concesión de los diezmos de la mar a Don Pedro de Velasco, conde de Haro, Condestable de Castilla que iba a percibir los derechos de importación y exportación de los puertos cantábricos a partir de entonces. Teóricamente eran el diez por ciento. En la práctica, en algunos puertos, se habían pactado unos aranceles en los que se fijaba una suma monetaria sobre un determinado volumen de mercancías. Así, en San Sebastián, por cada pieza mayor de paños se pagaban quince maravedises, por la de lienzos, dos; por una carga de lana de la tierra seis... La provincia de Guipúzcoa pretendió en 1511 que se aplicara al pie de la letra el viejo arancel, de tal forma que los nuevos productos importados que no figuraran en él estuvieran exentos y que los viejos pagaran de acuerdo con la fosilizada tarifa y en la vieja moneda, ostensiblemente devaluada. Los arrendatarios de los diezmos y sus titulares recurrieron al monarca. Una Real Cédula de 20 de marzo de 1.512 ordenaba a la provincia de Guipúzcoa que no dificultara el cobro de los diezmos de la mar a la condesa de Haro, doña Juliana Ángela de Aragón y Velasco. Sin embargo, las tensiones continuaron y el rey tuvo que expedir sobrecarta para que se cumpliera la anterior real cédula. Por su parte la Provincia inició un pleito contra los arrendatarios ante el tribunal del Corregidor en 1515 y por ende contra los Haro. La sentencia se hizo esperar hasta 1.531 (3 de noviembre). Según ella, ni el condestable de Castilla ni su mujer podían percibir legalmente el diezmo viejo, ni a la importación ni a la exportación, ni a las mercancías que desde Guipúzcoa se enviaban a Castilla. Los productos introducidos por Guipúzcoa con destino a Navarra y los propios de Guipúzcoa pagarían el diezmo viejo en Tolosa, Villafranca, Segura e Irún. Los mantenimientos procedentes de Navarra con destino a Guipúzcoa o de Guipúzcoa a Navarra estarían exentos. Los privilegios particulares que tuvieran concejos, villas o particulares de Guipúzcoa serían respetados.

Aduana de Baiona
Los condes apelaron esta sentencia ante la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual falló en 1547 (30 julio) confirmando que no podían percibir los diezmos, y añadía que sólo debían pagarse a la Corona y anulaba el resto de la anterior sentencia, con lo que las dos partes litigantes salían perdiendo. El condestable y la duquesa, los Haro, perdían sus derechos e ingresos y la provincia de Guipúzcoa no lograba la pretendida exención. Ambas partes apelaron la sentencia al tribunal de la Contaduría Mayor de Hacienda pero, como corrían el riesgo de no conseguir sus pretensiones, llegaron a un acuerdo entre ellos (20 de diciembre de 1553). Las mercancías de naturales o vecinos de Guipúzcoa o extranjeros que se trajesen por su cuenta e introdujeran de donde fuese para consumirse en Guipúzcoa no pagarían. Tampoco estarían gravados los bienes producidos en la provincia y exportados por sus naturales. Pero si las mercancías importadas por los extranjeros las vendieran a guipuzcoanos y éstos las exportaran pagarían como lo hacían los extranjeros. Una Real Cédula, fechada en Bruselas en 1555 (14 septiembre) sancionó este acuerdo privado. Cuando falleció el condestable de Castilla en 1559, la monarquía se hizo cargo del cobro de los diezmos, pero sin alterar la normativa recogida en el acuerdo privado entre el condestable y la provincia de Guipúzcoa en 1553.

Los derechos del diezmo viejo estipulados eran muy bajos, tanto que no proporcionaban suficientes ingresos incluso para pagar a los aduaneros y en una fecha indeterminada de fines del siglo XVI o principios del XVII, los diezmos de la mar se dejan de cobrar en los puertos costeros y sólo permanecen en las aduanas del interior, en Tolosa, Segura... y obviamente en Vitoria, Valmaseda y Orduña, en donde siempre se habían percibido.

Los intentos de Felipe II en la década de los sesenta del quinientos por situar las aduanas en la costa vizcaína no tuvieron éxito y sólo consiguió que los derechos de las lanas castellanas exportadas por Bilbao pagaran el nuevo impuesto, según peso, llamado de la lengua de la mar, en la villa a partir de 1559. Los nuevos intentos del monarca por situar las aduanas en Bilbao y Portugalete en 1597 también fracasaron.

Las aduanas en el interior iban a favorecer el contrabando ya que resultaba bastante fácil almacenar los bienes descargados el los puertos de Vizcaya y de Guipúzcoa sin pagar derechos y esperar la ocasión propicia para, aprovechando el laxo cordón terrestre, introducirlos en Castilla sin devengar derechos. El contrabando tomó a partir de mediados del siglo XVII un claro aspecto fiscal debido a la creciente importancia que fue adquiriendo el estanco del tabaco, establecido por Real Cédula de 28 de diciembre de 1636 en Castilla, entre las rentas de la Real Hacienda. Los ingresos proporcionados por el estanco del tabaco en forma de rapé o en hoja, se convirtieron en uno de los principales de la monarquía. Como los tabacos eran productos ligeros, poco voluminosos, de considerable precio y muy gravados, los estímulos para contrabandearlos fueron elevados.

El contrabando de tabaco, las tensiones entre los comerciantes, algunos implicados en tan lucrativo e ilegal tráfico, y los mayorazgos bilbaínos y la política borbónica subyacen al Real Decreto de 31 de agosto de 1717 que extinguía las aduanas en el interior y las situaba en Bilbao, Pasajes, San Sebastián, Fuenterrabía y la frontera francesa. Este Real Decreto se matizó con las Reales Órdenes de 14 de marzo y 1º de agosto de 1718 por las que se establecía que no se iba a cobrar derechos de entrada por mar o por tierra al trigo, cebada, legumbres, aceite, grasa de ballena, ni carnes traídas para el consumo interno, ni se gravaría al hierro exportado. Por motivos diversos, campesinos próximos a la villa de Bilbao y gentes de la costa penetraron en Bilbao de forma violenta el 4 de septiembre de 1718 y durante dos días controlaron la villa.

Aduanas
Persiguieron y mataron a algunos de los representantes del rey y de la provincia (diputado general, síndico...), a quienes responsabilizaban del traslado de las aduanas. En Guipúzcoa el motín tuvo menor extensión y fue más tardío (octubre y noviembre) y localizado en el valle de Léniz. La represión supuso el ahorcamiento de algunos amotinados, su posterior decapitación y exposición de sus cabezas en ciertos lugares, además de penas de cárcel y multas para otros. Un Real Decreto de 31 de diciembre de 1718 dejaba libres de derechos a todos los productos importados para uso y consumo de vizcaínos y guipuzcoanos excepto el cacao, el azúcar, el tabaco y otros bienes traídos de Indias, cuyo comercio estaba prohibido. En 19 enero de 1719 Francia declaraba la guerra y a fines de abril tropas galas invadían España. Las aduanas se retiraron a Vitoria y Salvatierra y aunque el ejército francés se replegó en 1720 las aduanas no volvieron a la costa. Un Real Decreto de 16 de diciembre de 1722 mandaba retornar las aduanas al interior a partir de 1º de enero de 1723 y al año siguiente se autorizaba la introducción y comercio para los naturales del Señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa del tabaco, cacao, azúcar... antes prohibidos. Pero para evitar los verosímiles fraudes propiciados por un amplio cordón aduanero terrestre un Real Decreto de 17 de noviembre de 1727 concedía libertad de introducción de tabaco y demás géneros hasta entonces introducidos, incluido el cacao, el azúcar, el chocolate, las vainillas, canela y especiería sólo para exclusivo consumo de los naturales de los dos territorios. Una Real Cédula de 16 de febrero de 1728 precisaba que el tabaco y los productos coloniales se podían meter procedentes de América vía Cádiz o del extranjero, pero no permitía que tabacos y coloniales se pudieran llevar a Castilla o Navarra sin expresa orden de Su Majestad o de los superintendentes de rentas generales.

Otras zonas de la cornisa cantábrica como las Cuatro villas santanderinas o en ciertas épocas la villa asturiana de Llanes, gozaron del privilegio de importar sin pagar diezmos de la mar bienes para su propio consumo, aunque las aduanas estuvieron siempre en la costa.

Aduanas en la costa y protección al comercio, artesanado e incipientes fábricas. Dado que una parte importante de la recaudación fiscal del monarca reposaba sobre el estanco del tabaco, el contrabando lesionaba los intereses fiscales del rey, debido a las grandes facilidades para su entrada ilegal en Castilla. Esta situación dio lugar a tensiones entre las provincias y la corona a lo largo del Siglo de las Luces. Una Real Orden de 1743 señalaba la continuación de los fraudes y las aprehensiones de tabaco introducido ilegalmente en Castilla y Aragón en detrimento de las rentas reales. El 4 de agosto de 1749 se autorizó a los guardas de aduanas a penetrar en las provincias vascas para descubrir a los contrabandistas, pero sin jurisdicción, es decir, podían denunciarlos, pero serían juzgados por los alcaldes de la localidad en la que fueran detenidos. En 1761, 1762, 1773, se volvieron a tomar medidas contra el contrabando. En 1775 el rey volvió a quejarse debido a varias gruesas cantidades de tabaco introducidas en Castilla de contrabando y procedentes de Guipúzcoa.

A partir del último cuarto del siglo XVIII a las tensiones derivadas del contrabando de productos fiscalmente muy gravados en Castilla, se añaden los generados por las modificaciones de la política económica por parte de los Borbones, una política económica de corte ya proteccionista. Los Borbones intentaron recuperar cuotas crecientes del comercio activo con sus colonias americanas y desarrollar actividades industriales bien a través del fomento del artesanado o de incipientes fábricas privadas bien a través de las manufacturas reales.

Aduanas
Ahora el contrabando no iba a lesionar sólo intereses fiscales sino actividades económicas e intereses particulares. De ahí que contra el sistema aduanero vasco se empezaran a posicionar no sólo muchos hacendistas de la corona, sino el comercio de Santander y sectores textiles que se estaban modernizando. Para agilizar el comercio con América y favorecer la mayor presencia en el mismo de productos nacionales la monarquía concedió a una serie de puertos españoles la libertad para comerciar con América (normativas de 1765 y sobre todo de 1778), pero excluyó a los situados en los territorios que se empezaban a conocer como Provincias Exentas. La razón parecía residir en que si se les autorizaba a comerciar directamente con las colonias, manteniendo las aduanas en el interior, las posibilidades de que trajeran productos manufacturados extranjeros y los reexportaran como si fueran vascos, serían elevadas, anulándose así los posibles efectos beneficiosos del libre comercio con América sobre la actividad artesanal. En 17 de mayo de 1779 la monarquía dio un paso más. Se ordenaba que los derechos señalados en el reglamento del comercio con América "se cobraran igualmente a su extracción por mar para los puertos de estas provincias" exentas, y además que las manufacturas "de las mismas provincias pagasen a su introducción en las aduanas de la frontera de Castilla o en los puertos habilitados [para el comercio con América]... iguales derechos de arancel." El hierro en barras vasco enviado a Castilla quedaba libre de estas imposiciones. Los comerciantes donostiarras intentaron ya en 1787 habilitar su puerto para el comercio directo con América sin éxito, debido a que se estimó que el proyecto era opuesto a los fueros y franquezas de la provincia. También fracasaron sus nuevos intentos de inicios del siglo XIX. Debido a estas medidas, las modestas fábricas de molinería o los curtimientos que tenían como su principal mercado Castilla, ubicados en los alrededores de Bilbao, se trasladaron a Santander, en donde además pudieron disponer de cueros importados de América. Paralelamente los ferreteros vascos presionaban a la monarquía para que elevara los derechos sobre los hierros extranjeros, e incluso que los prohibiera, en el resto de España.

Tras la guerra de la Independencia los problemas se agudizaron. Por un lado la incipiente revolución industrial británica producía hierros baratos y estos penetraban en el País Vasco sin pagar derechos. Además, tras la paz se produjo la llegada de cereales baratos y los precios de los productos agrícolas empezaron a caer con fuerza, creando problemas a los productores de granos, a los pequeños propietarios y a los arrendatarios, pero sobre todo a los terratenientes perceptores de rentas en especie que luego comercializaban.

El régimen liberal del Trienio (1820-1823), por ley de 5 de agosto de 1820, prohibió la importación de trigo y harinas. Esta legislación afectaba a todo el reino, ya que los liberales trasladaron las aduanas a la costa y a la frontera francesa, prácticamente sin oposición. Cuando perdieron el poder, las aduanas retornaron a su lugar previo.

Entre los damnificados por la llegada del exterior de granos baratos estaban los jaunchos, los terratenientes de la tierra, que vivían de vender la renta en especie pagada por sus inquilinos y que controlaban las juntas provinciales. No obstante la legislación foral, una Real Orden de 11 de julio de 1825 hizo extensiva a las tres provincias la prohibición de introducir granos, harinas y legumbres del extranjero, Real Orden aceptada sin oposición. Cuando los comerciantes donostiarras, en un intento más por tener acceso al comercio colonial, intenten modificar en sistema aduanero, reprocharán ácidamente a los proderhabientes de las juntas su doble rasero: "Nada hay más conforme al fuero que la libertad de traer granos y bastimentos para el surtido de esta provincia estéril; nada repugna tanto como la extracción de aquellos artículos; la solicitud de los Guipuzcoanos en este particular está consignada en mil lugares. Sin embargo, en Junta 14 de las generales de 1825 se estableció la libertad de exportar granos indígenas a las otras Provincias del Reino; y además se dispuso que queda prohibida la introducción de granos extranjeros cuando se prohiba para el resto del Reino, o para algunas provincias que a juicio de la Diputación tengan analogía con Guipúzcoa. No hay que fatigarse para probar que esta es cosa que no solamente no está en el fuero, sino que es contra el fuero, pues la misma Junta declaró que lo que disponía era una variación del fuero. Las Juntas generales de 1827 consagraron la prohibición de introducir granos extranjeros, proclamando la abundancia de cereales para justificar la infracción del fuero que fundó en la escasez de granos la liberad de introducirlos: la variedad de circunstancias justifica la variación de ese estuto. "Poco después "La Junta 17 de las generales de 1828 prohibió la introducción de ganado y carnes del extranjero" (Exposición del ayuntamiento y Junta de Comercio de San Sebastián a la Provincia en las generales que celebró en la misma Ciudad por el mes de Julio de 1831"). En la Memoria justificativa de lo que tiene expuesto y pedido la ciudad de San Sebastián para el fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa de 1832 reiteraba su denuncia. Así pues, en los años veinte, de facto, ciertos productos empezaron a pagar derechos de aduanas en la costa y en la frontera francesa. Aunque sólo después de la Primera Guerra Carlista, en 1841, las aduanas se trasladaron definitivamente a la costa y frontera francesa, con fuertes protestas por parte de los gobiernos galo y británico y muy en especial por el comercio de Bayona, uno de las principales beneficiados por el peculiar sistema aduanero vasco. Prácticamente la totalidad de los autores que escribieron en la segunda mitad del siglo XIX sobre la medida la relacionaron con las inversiones en industria ligera efectuadas sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa y que representaron los primeros y sólidos pasos en el proceso de industrialización del País Vasco.

Con Navarra el problema fue parecido, aunque con matices. Navarra tenía aduanas con Francia, Guipúzcoa, Aragón y Castilla, pero en ellas se percibía una tarifa muy inferior a la que regía en Castilla. Con el fracaso del traslado de las aduanas a la costa y a la frontera francesa a principios del siglo XVIII, el monarca, en 1748, se encargó del control de las aduanas pagando al Reino 236.500 reales de plata al año. El coste de intentar disminuir el contrabando, reforzando la vigilancia, le suponía al rey más que el rendimiento de los derechos aduaneros. Cuando se autorice el comercio directo con América, y se establezca el arancel de 1782 el monarca adoptó para los productos navarros parecidas medidas a las que tomó con los vascos. Pero dado que la Ribera Navarra era una zona agrícolamente rica y que enviaba cereales a Castilla, fue surgiendo un grupo de intereses proclive al traslado de las aduanas, que se unió a los hacendistas reales.

Aduana de Baiona

En Navarra el reino estableció el monopolio del tabaco en 1642, pero gravado de forma más leve que en Castilla, con lo que el contrabando por el cordón aduanero del Ebro fue intenso. En fechas próximas a las que el monarca trasladó las aduanas a la costa y a la frontera gala a principios del siglo XVIII, el rey se hizo cargo del arriendo del estanco del tabaco en Navarra, comprometiéndose a no subir el precio y a pagar a la hacienda del reino de Navarra la cantidad percibida en el último arriendo (46.500 reales de plata). De esta forma el monarca esperaba controlar y limitar el contrabando a Castilla reforzando, a su costa, los servicios de custodia de la frontera. Dado el éxito muy parcial obtenido, el monarca en 1742 devolvió al reino el estanco, para retomarlo en 1744, pero ahora tratando de igualar el precio de venta del tabaco en Navarra.

No sin tensiones, al final las aduanas se situaron en la frontera con Francia. A partir de entonces, los aranceles generales del reino se aplicaron en todo el territorio y desaparecieron las aduanas interiores. Los aranceles generales de España fueron prácticamente todos de corte claramente proteccionista, y en su promulgación y defensa los industriales guipuzcoanos y vizcaínos jugaron un papel relevante.

  • FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano. Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco (1100-1850). Madrid, 1974.
  • FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano. Euskal Herriko ekonomi hazkundea eta gizarte-aldeketak (1100-1850). Bilbao, 1999.
  • GARCÍA-ZÚÑIGA, Mario. "Haciendas forales y reformas borbónicas. Navarra, 1700-1808". Revista de Historia Económica, año XI, nº 2, 1993, pp.307-334.
  • MINA APAT, Mari Cruz. Fueros y revolución liberal en Navarra. Madrid, 1981.