La cuestión agraria y la II República. Un anuario del País Vasco presentaba en 1931 a Sartaguda como población de «extenso y ferocísimo regadío con terreno de exquisitas producciones, siendo las principales remolacha, vino, patatas y legumbres, que se dan en verdadera abundancia». Paradójicamente el 79,16 por ciento de la población eran colonos del duque del Infantado, propietario del lugar. Para las elecciones del 12 de abril se presentaron dos candidaturas: una estaba presidida por Víctor Cordón Garatea, propietario y alcalde durante la Dictadura, que obtuvo la victoria. Anulado el resultado, fue nombrado alcalde gestor Julio Martínez Martínez. Las votaciones del 31 de mayo pusieron en la corporación a Hilario Ruiz Oteiza (alcalde), Eustaquio Mangado Urbiola (primer teniente), Eusebio Moreno Mena (segunda teniente), Nicolás Martínez Ruiz (síndico) y cinco más, todos ellos de filiación «republicano socialista». A instancia del Centro Republicano, el Ayuntamiento inició gestiones ante el administrador del Duque, Ramiro Torrijos Laguna, cacique total, para tratar de remediar necesidades apremiantes. En julio le pidieron, entre otros cosas, terreno donde construir una fuente pública para el abastecimiento de los vecinos, comunicándole que una parte del tejado de la casa consistorial amenazaba ruina, «a fin de que se digne ordenar su arreglo». El administrador accedió a parte de lo solicitado. El 21 de noviembre tuvo lugar una sesión histórica. Torrijos asistió a ella. «El Ayuntamiento pleno de la villa, haciéndose eco de una instancia del Círculo Republicano y solidarizándose con ella, expuso a dicho señor Administrador la urgente necesidad de dar tierra a renta a los más necesitados de la villa, por existir la misma en la villa y carecer los necesitados de tierra donde poder trabajar para comer pan». Don Ramiro prometió cursar la petición al superior, manifestando su parecer de que sería mejor vender tierra a plazos prudenciales, buscando el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación. Ante el incumplimiento de las promesas efectuadas por el administrador, cundió el descontento. El 21 por la mañana, se amotinó el vecindario en la plaza, delante de la casa del administrador. El gobernador Bandrés mandó concentrar a la Guardia Civil, requirió la intervención del alcalde para obligar a los vecinos a deponer su actitud y habló con el Duque. Al día siguiente, a las once, se reunían en el despacho del Gobierno Civil, bajo la presidencia de Bandrés, el señor del Infantado y de Sartaguda, su administrador Torrijos, el alcalde, Hilario Ruiz Oteiza, y una comisión del Centro Republicano de la villa. Diálogos y negociaciones duraron cuatro horas. Al final, el señor accedió en parte a las peticiones de los colonos. Cedió en arriendo 480 robadas de tierra, a razón de «ocho robadas de regadío a cada una de las sesenta familias que carecen de tierra». El Ayuntamiento avaló la operación. Los comisionados regresaron al pueblo, sometieron la fórmula a la aprobación del vecindario y fue aceptada, pese a que no era todo lo generosa que hubieran deseado. (Ref. Jimeno Jurío, J. M.: Nuestra Tierra, «P. y H.», 1978).