Concepto

Dictadura de Primo de Rivera

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera accedió al poder mediante un golpe de Estado que puso fin al sistema de la Restauración propiciado por Cánovas desde 1876.

Este régimen se encontraba en 1923 completamente desprestigiado y desde amplios sectores de la opinión pública se demandaban soluciones drásticas bien encaminadas hacia una mayor democratización del mismo o bien al establecimiento de un gobierno fuerte, autoritario. Si son innegables los esfuerzos reformistas del Gobierno de concentración liberal encabezado por García Prieto -una moderada reforma agraria, la democratización del Senado, la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria, la legalización de las organizaciones obreras, etc.- no es menos cierto que éste tuvo que afrontar serias dificultades derivadas de los múltiples problemas que acuciaban al país y que, a la postre, determinaron su fracaso.

Las convulsiones sociales, centradas primordialmente en Barcelona, provocarían un progresivo acercamiento de la burguesía catalana a Primo de Rivera para que acabara con el terrorismo y los movimientos huelguísticos.

La guerra de Marruecos afectaba sobremanera a una sociedad dividida entre quienes, agobiados por un conflicto bélico que genera una auténtica sangría humana y económica, propugnan la tesis abandonista y quienes defienden no sólo el mantenimiento de España en la zona sino que están dispuestos a continuar la guerra hasta sus últimas consecuencias.

Por último, el asunto de las responsabilidades -tras el desastre de Annual de 1921- auténtica horca caudina de la clase política española y que, si ya ocasionó la caída del gabinete conservador presidido por Sánchez Guerra en diciembre de 1922, ahora profundizaría el deterioro en las relaciones entre el poder ejecutivo y los altos mandos militares.

Además, el Gobierno demostró signos de debilidad cuando se retractó de su promesa de reformar el artículo 11 de la Constitución sobre la libertad de cultos ante las presiones ejercidas por la jerarquía eclesiástica y grupos políticos conservadores y ante el desacuerdo de algunos miembros del gobierno.

Las elecciones de abril demostraron no sólo la vigencia de las habituales prácticas fraudulentas sino que se caracterizaron por una aplicación extraordinaria del artículo 29, como hasta entonces no se había conocido.

La creciente importancia de los nacionalismos radicales vasco y catalán, especialmente el primero con su sector aberriano, contribuiría, con el conjunto de factores antes mencionados, a crear una atmósfera propicia al establecimiento de un gobierno autoritario.

El golpe de Estado de Primo de Rivera fue acogido favorablemente en Euskal Herria por la mayoría de las agrupaciones políticas, económicas, etc., otras, en cambio, permanecen a la expectativa mientras comprueban el desarrollo de los acontecimientos y son muy escasas las fuerzas políticas que muestran una frontal oposición.

Los partidos dinásticos (mauristas, conservadores, incluso sectores liberales) se adherieron a la nueva situación política por cuanto pretendía encaminar sus reformas hacia un regeneracionismo considerado imprescindible para la salvaguarda de España socavando, para ello, el poder de la vieja política. En cambio, los grupos financieros vascos y catalanes, se congratularon del nuevo régimen por cuando supondría el restablecimiento de la paz social y, sobre todo, el triunfo de una política proteccionista dispuesta a la constitución de una economía nacional frente al poderío del capital extranjero. Muchos integrantes de estas agrupaciones políticas y financieras terminarían colaborando con el régimen dictatorial en el proceso de institucionalización que practicaría en los próximos años.

Dentro de la corriente tradicionalista, las reacciones son claramente divergentes; mientras los integristas apoyaban entusiásticamente, los mellistas condicionaban su colaboración a la construcción de una nueva política en la que el regionalismo, el corporativismo y el presidencialismo fueron los ejes centrales. Los jaimistas, en cambio, si bien se mostraron complacientes con la actitud adoptada por los militares, mantienen una postura expectante ante la evolución de los acontecimientos, circunstancia que sería ratificada por D. Jaime cuando en su manifiesto de finales de septiembre postuló la necesidad de colaborar, pero con las obligadas reservas.

El nacionalismo vasco se hallaba escindido desde 1921 en dos grandes grupos: los más proclives al independentismo constituyeron el PNV y como sus ideas eran expresadas a través del semanario Aberri -convertido en diario en 1923- también eran conocidos como los aberrianos. Sus principales promotores fueron Luis de Arana y Eli Gallastegui. Por contra, la Comunión era un sector más pragmático, menos intransigente, y pro-autonomista y contaba en sus filas con las principales figuras del nacionalismo así como con medios de comunicación más poderosos como los diarios Euzkadi y La Voz de Navarra. Mientras la CNV adoptó una actitud silenciosa al percatarse de las escasas posibilidades que tendría de expresar sus convicciones dadas las características del régimen, el PNV aberriano desplegó sin ambajes su oposición al mismo por lo cual su diario Aberri sería suspendido y más de una treintena de batzokis aberrianos clausurados entre septiembre y octubre de 1923.

La izquierda vasca (socialistas, comunistas y sindicalistas) planteó la posibilidad de configurar un frente único de oposición a la dictadura. Los socialistas, pese a desarrollar en Vizcaya una huelga general en protesta por la sedición militar, se negaron a participar en ese frente, prefiriendo adecuarse, en la medida de lo posible, con el fin de evitar que los logros alcanzados en legislación social fueran vulnerados. Este talante colaboracionista tanto del PSOE como de la UGT sería siempre criticado por el líder del socialismo vasco Indalecio Prieto. En cambio, tanto los comunistas como los carlistas serían perseguidos y sus centros clausurados.

Uno de los factores que más contribuyó a que la dictadura fuese recibida con entusiasmo fue la promesa de Primo de Rivera de una nueva división administrativa que significaría un fortalecimiento de las regiones, mencionando la tradición, amor y belleza propio de los idiomas regionales. Las manifestaciones del dictador provocaron una honda alegría entre la clase política vasca, máxime si tenemos en cuenta la importancia que el asunto autonómico había adquirido hasta el punto de que el próximo Congreso de Eusko-Ikaskuntza, que tenía previsto celebrarse en Vitoria en julio de 1924, trataría de manera monográfica este asunto. Incluso el R. D. de 18 de septiembre -primer documento donde pueden percibirse los iniciales anhelos centralistas del régimen, decretando el castellano como lengua oficial, la supresión del uso de la bandera que no sea la nacional- pareció no inmutar a los políticos vascos inmersos en la problemática regional.

El 24 de septiembre de 1923 se reúnen en San Sebastián los presidentes de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava -Urién, Elorza y Zuricalday, respectivamente- y el representante de la Diputación foral de Navarra -Baleztena-, acordando procurar mantener sus regímenes especiales y acudir, las Vascongadas y Navarra, a las entrevistas con el general por separado. Al día siguiente, los presidentes de las Diputaciones vascas visitan a Primo de Rivera y éste les encarga la presentación de un proyecto de Estatuto. Las Diputaciones decidieron que cada una redactase un proyecto diferente para luego realizar la concertación de los Estatutos presentados. Tras varios meses de trabajo, la Diputación guipuzcoana sería la única en presentar su "Proyecto de Memoria al Directorio Militar" en diciembre de 1923. En la misma se establecía un Consejo Regional, como órgano supremo del País Vasco, se preveía la incorporación de Navarra, conservando sus peculiaridades, si su Diputación foral así lo decidía; para evitar problemas de capitalidad, se preveía que el Consejo radicara por bienios en cada una de las capitales vascas. La Diputación alavesa aprobó el proyecto de su homónima guipuzcoana, no así la vizcaína -dominada por la conservadora Liga de Acción Monárquica- lo que provocó una encendida polémica entre los representantes de ambas Diputaciones y en vista de la defección de Bizkaia, el proyecto no fue presentado.

La división de los propios vascos y la progresiva implantación de la política centralista del dictador ocasionó el fracaso de este último intento de obtención, más que de una autonomía, de mayores facultades por parte de las Diputaciones vascas. Y es que para Primo de Rivera el regionalismo se circunscribía a un reconocimiento de las actividades culturales (manifestaciones folklóricas, deportivas, etc.) integradoras y complementarias -nunca disgregadoras- del tronco común español. Sería durante la Segunda República cuando la cuestión autonómica adquirió su mayor preponderancia.

El Estatuto Municipal fue el intento legislativo más ambicioso del régimen primorriverista. Heredero de anteriores proyectos de reforma de la administración local, pretendía sentar una amplia autonomía municipal con la consiguiente necesidad de regenerar la vida pública a nivel local: se preveía en los municipios menores de 500 habitantes el establecimiento del sistema de Concejo abierto; la elección por sufragio popular de dos tercios de concejales; extensión del derecho de voto a los varones mayores de 23 años (antes el límite de edad era 25 años) y a las mujeres; aparición del referéndum necesario para tomar las decisiones más importantes relativas a la administración municipal, incluyendo la destitución de los alcaldes, etc.

No cabe duda que el intento de conceder más atribuciones a los Ayuntamientos produjo malestar en Euskal Herria por cuanto las disposiciones emanadas del Estatuto podían contravenir las facultades de las Diputaciones vascas que se caracterizaban por su constante intervencionismo en los asuntos municipales. El proceso de adaptación del régimen vascongado a la normativa general del Estatuto Municipal fue rápido. Tras una entrevista de los comisionados vascos con Calvo Sotelo, el 14 de abril de 1924 una R.O. consignaba que el Estatuto regiría en las Vascongadas en la medida en que no se opusiera a su régimen privativo encargándose, al mismo tiempo, a las Diputaciones la redacción de un proyecto de Ordenanzas para la consiguiente adaptación. Nuevas reuniones darían como resultado el R.D. de 21 de octubre de 1924 en que el régimen vascongado quedaba concertado a los preceptos del Estatuto.

Las atribuciones de las Diputaciones vascas sufrieron una considerable merma, en especial en todo lo referente al régimen de los funcionarios por cuanto éstos habrán de regirse con arreglo a la ley general tal como lo reconoció el entonces presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Vicente Laffitte. Pocos años después, Elorza lamentará la pasividad e indiferencia demostradas por los Ayuntamientos vascos que permitieron la conculcación de esas facultades, mientras halagaba el comportamiento unitario de las instituciones y fuerzas vivas de Navarra en la defensa de su régimen especial. Navarra, tras un prolongado e intenso proceso que culminó en noviembre de 1925, consiguió convalidar sus atribuciones relativas a los funcionarios, pero la posibilidad, claramente expuesta en algunas bases de adaptación, de que los Ayuntamientos navarros aumentaran sus facultades en detrimento de la Diputación y que el Consejo Administrativo -llamado Foral desde marzo de 1926-, con mayoría de representantes de los municipios, se conviertiera en un poder paralelo al de la propia Diputación provocó la dimisión irrevocable de los diputados forales Erro, Guelbenzu y Usechi.

De todas formas, la prolija legislación municipal no tuvo trascendencia por cuanto nunca se convocaron elecciones municipales y porque la dependencia respecto de los gobiernos civiles, de la Unión Patriótica y, en definitiva, de las autoridades centrales en los nombramientos y posteriores renovaciones tanto de concejales como de diputados provinciales se hizo paulatinamente evidente.

El Concierto económico de 1906 tenía vigencia hasta el último día de 1926, pero fue renovado en junio de 1925 a petición de las Diputaciones vascongadas. El motivo del adelantamiento fue el compromiso adquirido por la corporación vizcaína de reflotar al Crédito de la Unión Minera, una sociedad bilbaína en quiebra, mediante un crédito que ésta avalaría previa renovación del Concierto. Tras varias semanas de negociaciones, no exenta de problemas y críticas entre las partes, el R.D. de 9 de junio de 1925 aprobó las bases del nuevo Concierto en donde se consignó la duración de los cupos en 25 años, frente a los veinte de la última; se mantuvieron los mismos impuestos concertados y las mismas excepciones que en el anterior; las Diputaciones pagarían al Estado 40 millones entre 1927 y 1931 y medio millón más en cada sucesivo quinquenio hasta alcanzar los 50 millones de pesetas en 1950. Pese a las críticas que recibió la promulgación de este Concierto -a partir de 1930- las condiciones generales del mismo fueron beneficiosas para Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

En Navarra, en cambio, cuando el Gobernador anunció las intenciones de elevar el cupo tributario (noviembre de 1926) se pueden constatar varias reacciones: rechazar tal posibilidad puesto que se considera inalterable el cupo; aceptar el inicio de negociaciones siempre y cuando el Gobierno revoque varios contrafueros pendientes a Navarra; finalmente, se llegó al R.D. de 12 de agosto de 1927 por el que Navarra pagaría al Estado seis millones de pesetas (cuatro más de los establecidos en 1877) y las más importantes reivindicaciones forales navarras no fueron correspondidas. Las críticas a este Convenio proliferaron con especial intensidad desde 1930, varios Ayuntamientos denunciaron el carácter ilegal del mismo por cuanto fueron realizados por una Diputación no elegida democráticamente y un Gobierno impuesto por la fuerza. Sin embargo, nada se hizo por variar la situación creada a raíz de la firma del Convenio.

Cuando Primo de Rivera se erigió en dictador en septiembre de 1923 manifestó claramente sus propósitos de acabar con la "vieja política" y de regenerar por completo la vida pública española. Medidas como la destitución de todos los Ayuntamientos, la disolución de las Diputaciones provinciales y la creación de la figura del delegado gubernativo se proponían destruir las caducas estructuras caciquiles. Los Ayuntamientos fueron constituidos por vocales pertenecientes a la Junta de Asociados de los mismos compuesta bien por personas que presentaran título profesional o fueran industriales, o bien, en su defecto, por los mayores contribuyentes. Los concejales eran completamente desconocidos en la vida política: son los hombres nuevos tan ansiados por Primo. Esto no quiere decir que no entraran en los nuevos consistorios políticos relacionados con el antiguo régimen.

En Euskal Herria la medida fue acogida con sorpresa y los representantes de las Diputaciones vascas procuraron por todos los medios la excepción del decreto de disolución. Entrevistados con Primo, admitieron el R.D. a cambio de obtener garantías de su régimen especial. Durante la Dictadura sufrieron numerosas renovaciones con el fin de lograr unas corporaciones municipales lo más adictas posibles al gobierno. En enero de 1924 fueron disueltas todas las Diputaciones provinciales, excepto las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Este decreto fue recibido favorablemente y confirmado cuando en julio de 1925 se prorrogue la duración del cargo de los diputados provinciales elegidos en 1921. Sin embargo, y al igual que ocurriera con los consistorios, en las sucesivas renovaciones el gobierno jugaría un papel determinante configurando corporaciones provinciales adictas.

La función de los delegados gubernativos es doble; por un lado destruir los vestigios de la política anterior a septiembre de 1923; y por otro, y de acuerdo con la progresiva estabilidad del régimen, encauzar la construcción de la nueva política regenerada que pretendía Primo de Rivera. Para ello realizaban una inspección y control de los Ayuntamientos y organismos judiciales locales; informaban a los gobernadores; intervinieron en la creación y organización, a nivel local, de la Unión Patriótica, etc. Son cargos militares que desempeñan su función en los distintos partidos judiciales, aunque posteriormente su número disminuyó. Fueron muy criticados al caer la Dictadura por su absoluto control de la vida municipal.

En abril de 1924 el Directorio creó el partido Unión Patriótica; Primo pretendía que todas las personas de buena voluntad y orden aglutinaran esta formación. Los delegados gubernativos serían, bajo la atenta vigilancia de los gobernadores civiles, los encargados de fomentar la afiliación y la posterior constitución de comités locales, provinciales, etc. En Euskal Herria la Unión Patriótica atravesó serias dificultades de organización debido a la importancia de la implantación de fuerzas políticas muy vinculadas en la zona y al hecho, cada vez más inequívoco, de la notoria dependencia de este partido del Gobierno central y al deseo de no identificarse con unas siglas cuyas perspectivas no resultaban claras. En su seno militaron carlistas, integristas, conservadores provenientes de la vieja política junto con los "hombres nuevos", sin trayectoria política anterior, pero que adquirirían una importancia clave en este régimen. Mientras que en Vizcaya los roces entre la UP y la Liga de Acción Monárquica fueron frecuentes por el control del poder local y provincial, en el resto del País Vasco dominaron los puestos fundamentales de la administración, cosa no extraña si tenemos en cuenta que para ocupar todo tipo de cargos era necesario inscribirse en la Unión Patriótica. En cuanto a la afiliación es preciso señalar cómo en Álava, por ejemplo, la mayor parte de sus afiliados son de los pueblos, mientras su número en la capital es escaso. Otro hecho relativamente frecuente consiste en presentar las listas de afiliados de muchos pueblos demasiado completos mientras que en otros no figura absolutamente nadie. Y es que, en el fondo, la Unión Patriótica, con su carácter confuso y contradictorio, sirvió a la postre no como una fuerza ciudadana capacitada para la creación de una nueva política sino como una agrupación de propagandistas dispuestos a ensalzar la actuación del dictador.

El fracaso final de la dictadura primorriverista, pese a sus indudables logros en cuanto al desarrollo económico, cuya política proteccionista favoreció al País Vasco en general y a Bizkaia en particular -desarrollo de las industrias siderúrgica y naviera, construcción de carreteras, impulso del ferrocarril, embalses como el de Gorbea (Álava), etc.- es puramente político. En efecto, concluida la guerra en Marruecos, Primo de Rivera pretendía con el establecimiento del Directorio civil, comenzar la fase constituyente con el fin de instituir un nuevo tipo de legalidad.

Esta transformación se llevaría a cabo siguiendo tres procedimientos a través de un plebiscito -convenientemente promovido y preparado por la Unión Patriótica en septiembre de 1926- que Primo consideraría como un respaldo nacional a su política. La posterior convocatoria de una Asamblea Nacional sería el marco "parlamentario" necesario para confeccionar un proyecto de Constitución que culminara el proceso. El hecho de que la Asamblea fuera de carácter consultivo y que sus componentes fueran mayoritariamente adictos al Gobierno, unido a un proyecto constitucional donde se establecían un notable aumento de las facultades del poder ejecutivo y un recorte en los derechos de los ciudadanos, hicieron prácticamente inviable esta fase constituyente. Estos factores, junto a los movimientos conspiratorios, el descontento de parte del Ejército, la reorganización de la oposición, etc., contribuirían decisivamente al distanciamiento de la opinión pública respecto del régimen, y a la retirada del apoyo de las derechas que auspiciaron a Primo de Rivera.

El aislamiento del dictador le obligó a presentar su dimisión en enero de 1930. El general Berenguer, su sucesor, formó un gobierno de mayoría conservadora con la única finalidad de retomar a la normalidad constitucional. En febrero de 1930 decretó la disolución de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos. A las mismas accedieron quienes antes del 13 de septiembre de 1923 hubieran sido elegidos. Esta medida tropezó con serias dificultades porque el 24 de febrero se llegó a un acuerdo firmado por las dos ramas del nacionalismo vasco con los jaimistas y republicanos de Vizcaya, al que se sumaron los socialistas bilbaínos, de no ocupar cargos públicos en las Diputaciones y Ayuntamientos más que por medio del ejercicio de la soberanía popular. Los nacionalistas vascos respetaron el acuerdo en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pero no en Navarra por cuanto Irujo fue diputado foral y Cunchillos concejal en Pamplona. Ambos manifestarían, en la toma de posesión, la necesidad de celebrar elecciones lo antes posible. En tales circunstancias, la mayoría de los nuevos cargos fueron ocupados por políticos dinásticos. Sin embargo, el devenir político de Euskal Herria, quedó enmarcado en el desarrollo de dos acontecimientos importantes: la unión de la familia nacionalista y la creciente disyuntiva entre Monarquía o República.

Si desde el punto de vista político el nacionalismo vasco fue reprimido durante la Dictadura, desde el plano estrictamente cultural, que engloba un sentimiento de conciencia de la nacionalidad, salía reforzado como consecuencia de la labor de renovación cultural euskaldún gracias a entidades como la Sociedad de Estudios Vascos, la Academia de la Lengua Vasca, junto a individualidades que, como Barandiarán, Aranzadi, etc., fomentaron la difusión y conocimiento de la cultura vasca. Recoger estos frutos políticamente significaba la necesidad de reorganizarse buscando la unidad de la familia nacionalista. A este fin primordial contribuyeron todos los trabajos, todas las encuestas celebradas durante 1930. Las dos ramas del nacionalismo se reunieron en la Asamblea de Bergara en noviembre de 1930 donde quedó constituido el PNV unificado.

Desde la caída de Primo de Rivera, esta disyuntiva de Monarquía o República se convirtió en el auténtico leit motiv de la política española. A ello contribuyeron factores tales como la defección de la causa monárquica de destacados políticos como Alcalá Zamora, Miguel Maura y Sánchez Guerra, la desorganización de los partidos monárquicos, las alianzas de los partidos republicanos propugnando -con el socialista Prieto a la cabeza- la constitución de bloques antidinásticos regionales a los que se sumarán los nacionalistas.

El Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 significó la plasmación del deseo de instaurar la República con la promesa de fomentar el Estatuto de autonomía para Cataluña e implícitamente para aquellas regiones que lo demandasen. Los nacionalistas vascos no acudieron a la reunión en el Casino donostiarra y esta circunstancia les acarreó dos claros inconvenientes: la escisión de un grupo de nacionalistas que constituyó, tras el Manifiesto de San Andrés de 1930, el partido Acción Nacionalista Vasca, que propugnaba los principios de no confesionalidad, de democracia republicana y la disposición a entablar relaciones con partidos izquierdistas, republicanos, etc., siempre que reconocieran la personalidad propia del País Vasco, y, por último, la animosidad con que el PNV fue acogido una vez proclamada la República.

El aislamiento del Gobierno de Berenguer quedó patente al convocar elecciones generales en febrero de 1931, cuando la mayoría de las fuerzas políticas acordó abstenerse y la dos figuras del liberalismo monárquico, Romanones y García Prieto, dejaron claro que se presentarían en las Cortes para pedir constituyentes. Berenguer dimitió y su sucesor el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril, cuyas consecuencias son conocidas. Proclamada la República -Eibar fue la primera localidad donde se izó la bandera tricolor-, comenzaba una etapa de esperanza para unos y de recelo para otros.