Paralizada la central bajo el impacto de la muerte de Ryan, los técnicos superiores reciben en marzo y abril de 1981 sendas conminaciones de ETA, a que no reemprendan el trabajo. La crisis energética se recrudece. El gobierno central y la empresa encargada del suministro en el norte del Estado, insisten en que la única solución para asegurar el autoabastecimiento energético del País Vasco es la energía nuclear y, concretamente, la puesta en marcha de la central de Basordas (Lemoiz). Sin embargo, las organizaciones que se oponen a la nuclearización de Euzkadi argumentan que para conseguir la independencia energética sería necesario contar además con el uranio suficiente para abastecerla y con una planta enriquecedora de dicho metal. Llegada la hora de las decisiones las miradas se dirigen hacia el Gobierno Vasco que aún no posee la competencia de energía prevista en el Estatuto. Curiosamente, el 9 de abril el Gobierno trasfiere la competencia sobre «energía, industria y minas» al Departamento de Industria del Gobierno Vasco. La cuestión salta otra vez al Parlamento Vasco donde el PNV se inclina hacia el sí a Lemoiz aunque condicionado (a la verificación de la calidad de la construcción, a la elaboración de un plan de emergencia y a que se efectúe una consulta popular), posición que viene a reforzar el apoyo a Iberduero de UCD y AP, mientras el PSOE se mantiene en la incertidumbre aunque manifestando su no oposición en principio a la energía nuclear. El 16 de diciembre, tras un año jalonado de más de 200 atentados de ETA contra Iberduero, el Parlamento Vasco acepta las conclusiones elaboradas por la Comisión de Encuesta que aducían que, pese a las irregularidades cometidas por Iberduero en diversas fases de la obra, su construcción se ajustaba, en la actualidad, a todas las exigencias jurídico-administrativas existentes. Votan a favor del informe PNV, UCD y AP (28 votos) y en contra PSOE, EE y PC (11). Con estos antecedentes -HB, EMK, PC y EKI no tienen representación parlamentaria en Vitoria-, el G. Vasco, el G. Central e Iberduero firman, el 22 de marzo de 1982, un acuerdo para la puesta en marcha de Lemoiz en junio de 1983. «Lemoiz -dice el vicepresidente Mario Fernández- debe de funcionar ya que así lo exige el futuro energético de Euzkadi». El Gobierno Vasco plantea tres condiciones que deberán ser cumplidas para la puesta en funcionamiento: 1. Práctica de una auditoría y en su caso la rectificación de las deficiencias que se pongan de manifiesto como consecuencia de la misma. 2. La realización del plan de emergencia que deberá ser aprobado por las autoridades competentes. 3. La existencia de un control sobre su funcionamiento. El referéndum fue escamoteado por imposición gubernamental (declaraciones de García Egocheaga en «Euzkadi» n.° 50, 1982, p. 11). El 5 de abril E. Jaurlaritza crea el Ente Vasco de la Energía, S. A., Sociedad de Gas de Euskadi v la Sociedad de Gestión de la C. Nuclear de Lemoiz,-S. A. En virtud de los acuerdos, la central y la energía seguirían siendo propiedad de Iberduero que proporcionaría un soporte energético del 42,4 % a la CAV frente al 1,6 % de 1982. El Ente Vasco tendría carácter transitorio hasta que fuera aprobado por el Parlamento Vasco. En la confianza de este acuerdo, los trabajadores de Lemóniz reanudan sus tareas.