Territorios

Lapurdi. Instituciones

Existen muchos interrogantes sobre el funcionamiento del tribunal vizcondal de Lapurdi, sobre cómo se componía, cómo funcionaba o cuántas sesiones celebraba, pero estas preguntas no pueden ser satisfechas más que mediante hipótesis y en este terreno conviene ser prudentes. Según las ideas de la época -dice Ducéré-, juzgar era un asunto de varios; el derecho del tribunal lo poseía el señor, tenía que convocar los jueces y ejecutar las sentencias, pero no tenía el derecho de juzgar. Este pertenecía a los vasallos o pares. Hay pues motivos para creer que el vizconde llamaba, para formar su tribunal, a sus principales barones, cosa que resulta afirmada más todavía viendo el ejercicio del poder legislativo. El vizconde les consultaba y, sin duda, no actuaba más que después de haberse asegurado su consenso. Los nombres de estos consejeros íntimos, de los que varios eran parientes del vizconde, los encontramos repetidas veces en la mayoría de las actas de Bertrand y son: Aner de Sault, Lope Aner de Ascain, Guilhem Bernard de Urruzaga, Messeriat de Naubeis, Bonion de Urtubia, A. de Garro, G, de Zubernoa, W. de Sincos, B. de Irandats, Brasc de Sance, todos o casi todos jefes de casas nobles con cierto esplendor durante algún tiempo. El obispo y los canónigos asistían a veces a las deliberaciones de los barones, y probablemente en estas ocasiones las reuniones tenían lugar en el palacio episcopal.

Separada jurídicamente Bayona a fines del siglo XII, el resto de Lapurdi se constituye en bailío. Un oficial real, el baile, representará al duque de Aquitania (rey de Inglaterra), primero, y al rey de Francia tras al conquista francesa, desde la mitad del siglo XV. El baile, que depende del senescal de Gascuña o Vasconia, es designado por la autoridad ducal o real. Detentó, en un principio, todas las atribuciones militares, judiciales y administrativas, delegando, con el tiempo, las judiciales en su lugarteniente y las administrativas y financieras en el síndico nombrado por el Biltzar. En realidad fue designado para el cargo un noble local que lo desempeñaba de por vida llegando a ser una ocupación hereditaria vinculada a una familia (ej. Samper). La documentación ha sido avara sobre estos primeros bailes, entre los que vemos, siguiendo a Goihenetche (1979): Franc de Breno, antes de 1245; Seignoron de Clairac en 1245, terrateniente en Souraide; Guillermo Arnaud de Tardets, antes de 1454, alcaide del castillo de Grammont y de Zuberoa; Brasco de Tardets (1278-1311), bajulo de Laburdo; Lupo Bergoin de Burdeos, hacia 1308; Martín de Hirigoyen, hacia 1312, noble de Ustaritz; Lupo Bergoin de Burdeos (1314-1329, castellano, preboste y alcalde de Bayona y baile de Lapurdi); Raymond Durand, en 1331 , baile de Lapurdi y senescal de Lannes; Raymond de Batz, de 1335 a 1337, señor de Sort en Las Landas; Auger de Sault, en 1337, señor de Zalduia de Hasparren; Espain o Boton de Sault, en 1360; Guillermo Arnaud de Sault, en 1361-1372; Lupo de San Julián, en 1377, de la familia Sault, que cedió el cargo a los Grammont, pasando de ellos a los Samper.

El país o bailío de Lapurdi comprendía: Ahetze, Aïnhoa, Anglet, Arbonne* Arcangues, Ascain, Bassussarry, Biarriz, Bidart, Briscous, Cambo, Ciboure, Espelette* Guéthary. Hasparren, Halsou, Hendaya, Itxassou, Larressore (con Jatxou), Louhossoa, Macaye* Mendionde, San Juan de Luz, San Juan de Luz el Viejo (hoy Mouguerre), Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierre- d'Iruhe, Sara, Souraïde, Urcuit, Urrugne (con Biriatou), Ustaritz, Villefranque. Bardos, Guiche y Urt, Bonloc y Lahonce pertenecieron, hasta 1789, al dominio fundal. Rescataron sus derechos e ingresaron en el Bailío.

Precedida por una junta de probi homines, la Corte del bailío reemplazó a la del vizconde y se mantuvo hasta la revolución de 1789. Hasta esta época sigue administrando justicia ateniéndose a los fueros y costumbres de Lapurdi. De todas maneras no resulta sencillo determinar la composición de la corte del vizconde ni tampoco la de la del baile, aunque se sabe que los gentilhombres del país eran sus primeros consejeros al igual que en otras provincias vascas. Este bailío al que accedieron los descendientes de los últimos vizcondes Lapurdinos, tenía su sede en Ustaritz, dependía del senescal de Gascuña y elevaba sus quejas al parlamento de Burdeos donde, hasta le época de Garat de Ustaritz, figuran varios abogados del país. Entre las atribuciones del baile se contaba: representar al rey, presidir el tribunal del bailío, autorizar al síndico del país a convocar el Biltzar y presidirlo, el transmitir las órdenes del senescal o las del duque "a los vicebailes, a los merinos, sozmerinos, oficiales reales, nobles y otras gentes sometidas a la jurisdicción y tierra de Lapurdi". También gozaba del derecho de fogaje y de albergada. El primero consistía en el derecho que tenía el baile a encender el primer fuego en una casa nueva; y el segundo, el de albergada (palabra de donde se deriva la de albergue), era el derecho a cenar y a pernoctar gratis en el curso de sus correrías, con hombres y caballos en todas las casas del país; derechos, ambos, que los Lapurdinos no tardaron en rescatar mediante el pago de una tasa anual. Las rentas anuales del baile no podían pasar de las 100 libras morlanesas sin que se causase un perjuicio al país (sine damno patriae), según la investigación del año 1311. Este año y los precedentes se le hizo rendir 300 libras bordelesas, lo cual supuso casi la ruina del país y sus gentes (ob hoc terra penitus fuit destructa per baillios). Antiguamente y antes de esta averiguación, el bailío no producía más que 85 libras, y es entonces cuando sus tierras y sus gentes estaban bien gobernadas (et illa terra et gentes bene gubernabantur. (J. Balasque, Estud. hist. t. II, p. 69).

Parroquia Lapurdina y anteiglesia vizcaína se equivalen y vienen a ser iguales o parecidas a los concejos guipuzcoano y navarro. A esta comunidad municipal o vecinal pertenecen las tierras incultas, las praderas, bosques, aguas, caminos, pastos, caza y pesca. Cada parroquia se administraba por una asamblea de vecinos etxeko-iaunak o propietarios de casa y sus herederos. Si la propietaria era mujer le representaba su marido o su hijo mayor. Estas asambleas se denominan kapitala o asamblea capitular. El lugar de reunión solía ser el atrio de la iglesia, el cementerio contiguo a la misma o un cruce de calles llamado kapitalia o kapitaleku. Nombra a un alcalde o baldar-apetza, nombre que se explica porque efectivamente el párroco tentó durante mucho tiempo la dirección de la parroquia y la administración civil, más parroquial que comunal.

Cuando los laicos -pequeños magistrados populares llamados Abbés, dice Lancre- sustituyeron a los clérigos, el oficial municipal continuó llevando el mismo nombre en las actas oficiales hasta el edicto de 1767. Dichos vecinos podían delegar a algunos de ellos para efectuar determinados trabajos. Así, el 22 de mayo de 1729 diez vecinos de Saint-Pée acompañados de dos testigos y del alcalde hicieron redactar al notario real del lugar un reglamento de 31 artículos elaborado por ellos conformemente al art. 4 del Fuero de Lapurdi. El 22 de marzo de 1790 se sustituyó por ley la calidad de vecino por la de ciudadano activo, excluyendo también a las mujeres. Hay que señalar, dice Haristoy, que si las comunas tenían, antes de la Revolución, con la libre administración de sus bienes una autonomía más grande que en nuestros días, los jurados y alcalde, al contrario, dependían mucho más estrictamente de sus comitentes que nuestros alcaldes y concejales. En cierta manera no eran más que meros administradores, delegados para los distintos asuntos comunales y sometidos a riguroso control.

Esta dependencia y este control se desprenden de la frecuencia e importancia de las asambleas capitulares que por el menor motivo reunían con los jurados a todos los etxeko-jaun. Los jurados y el alcalde no tenían otra cosa que hacer después que aplicar las decisiones tomadas en común y generalmente eran indemnizados por los gastos y pérdida de tiempo. La asamblea capitular sometía cada año a control sobre todo las cuentas de la gestión del alcalde saliente que era responsable de los dineros de la comuna. Todas las deliberaciones tomadas por las asambleas capitulares eran consignadas con sumo cuidado en sus más mínimos detalles por el escribano de la comunidad. Para los asuntos de interés general a todo el país, cada parroquia enviaba a su alcalde o diputados y la reunión de todos éstos formaba el Biltzar.

Los sistemas electivos en vigor en Macaye, Ustaritz y San Juan de Luz, que pueden servir de exponente, ofrecían indiscutibles ventajas pero también presentaban inconvenientes. En Ustaritz hubo verdaderas batallas en plena iglesia con motivo del sorteo de papeletas negras para la elección de los 12 exentos de tributos (attributaires). También San Juan de Luz, que fluctuó entre distintos sistemas, como las elecciones por barrios y el sorteo entre "notables", conoció sesiones tumultuosas con el sufragio directo y universal; las intrigas y la violencia en las elecciones directas de los 22 diputados por los 11 barrios, la monopolización de los cargos en determinadas familias, etc. Macaye tampoco se vio libre de estos problemas pues no siempre fue perfecta la entente entre los agraciados con los granos de mijo y los que sacaban los granos negros. Así mismo los barrios de Etchepare, Urtsuya, Sabiola y Assiots tuvieron sus dificultades en este tema. [Estos barrios de Assiots, Sabiola y Urtsuya siguen llamándose como en los siglos XVII y XVIII. Etxepare cambió su nombre por el de Baigura. 24 casas recuerdan aún en Macaye los nombres de construcciones de 1684 y 1739. Sólo Zedarria y Errekartia han desaparecido; Ibarrola se ha convertido en Ibarla y Oihenartia en Zeinhartia]. En cualquier caso, al examinar el conjunto de la organización electoral de las municipalidades de San Juan de Luz, Ustaritz y Macaye, aplicable sin duda a todo el bailía de Lapurdi, se llega a las siguientes conclusiones:

. Las elecciones municipales tenían lugar el 1.° de enero, anualmente, en la iglesia parroquial; la mitad de los magistrados municipales, nombrados por dos años, era renovable anualmente, pensándose, sin duda, impedir de esta manera el dominio de una familia o de una facción sobre la comuna. La celebración anual de las elecciones municipales en Lapurdi está claramente calcada del fuero municipal otorgado por Juan Sin Tierra el 19 de abril de 1215 a la villa de Bayona.

. Las elecciones comprendían dos niveles:

  1. La elección de los diputados de barrio;
  2. La elección de la municipalidad.

. Los barrios de la comuna formaban la base de la distribución electoral; en efecto, cada barrio tenía derecho primero a un número determinado de diputados, y después a una representación proporcional en la municipalidad. Era una forma segura de impedir las rivalidades entre los barrios. En cada barrio tenían derecho a voto: en San Juan de Luz, todos los donibandarras; en Ustaritz, los propietarios; en Macaye, los dueños de casas, etxeko- jaunak. En San Juan de Luz se contabilizaban 22 diputados por 11 barrios. En Ustaritz, 12 por 4 barrios, y en Macaye un solo diputado por cada uno de los barrios.

. Estos diputados escogían a su vez al baile o alcalde y a los jurados o consejeros municipales. En San Juan de Luz la corporación municipal comprendía un baile y 4 jurados; en Ustaritz un alcalde-párroco y 5 jurados con un tesorero y un escribano; en Macaye, un párroco y 3 jurados.

. Con el fin de evitar en la comuna el predominio de un barrio o de una familia, el baile, alcalde-párroco o párroco (hauzapheza) generalmente se escogía sucesivamente en cada uno de los barrios. Una legislación prudente, sin duda, pero no carente de inconvenientes, pues los intereses generales tenían que resentirse ante la inestabilidad y la inexperiencia del jefe de la municipalidad.

. Cualquier intriga era rápidamente abortada, al confiar a niños el trabajo de repartir las papeletas de voto (Ustaritz) o los granos de mijo (Macaye), o la tarea de hacer el recuento de la urna electoral (San Juan de Luz).

. La determinación de los diputados en el primer nivel de Ustaritz y en Macaye se hizo siempre por sorteo, pues únicamente el sorteo dirigido por manos infantiles distribuía al azar papeletas negras a los propietarios de Ustaritz y granos negros a los dueños de casa de Macaye. En San Juan de Luz, de 1574 a 1654, los 22 elegidos de la primera vuelta fueron escogidos por votación, por todos los naturales, propietarios o no. Esta forma fue sustituida de 1654 a 1671, por el sorteo.

. Las elecciones del segundo nivel se hicieron siempre por votación mayoritaria, por los elegidos en la primera vuelta. Solamente en San Juan de Luz se dejó exclusivamente a sorteo en 1654, por diecisiete años, no sólo la designación de los 22 diputados sino la del baile y la de los 4 jurados. (Como solamente los notables eran entonces electores del sorteo cortaba sus rivalidades y la preponderancia de cualquier familia).

. En la elección de segundo nivel los electores recibían la ayuda o asesoramiento del baile o párroco y de los jurados salientes más antiguos.

10ª. Bailes y jurados prestaban el juramento sobre los Evangelios públicamente, en la iglesia parroquial, de ejercer su cargo bien y debidamente. En resumidas cuentas, del siglo XVI a la Revolución, una gran independencia presidió las elecciones municipales en Lapurdi cuyos fundamentos eran tan variados como sólidos: la designación de los diputados mediante sorteo; la distribución de las papeletas de voto y el recuento confiados a niños; el reparto proporcional de los diputados y de los jurados entre los diversos barrios de la comuna; la atribución sucesiva del baile, alcalde-párroco o párroco a cada barrio; y sobre todo la celebración anual de las elecciones. El edicto de 1771 erigiendo en oficios los cargos municipales de las localidades de más de 4.500 habitantes rompió esta regla; si el cargo no era adquirido por un oficial, era el rey el que proveía el mismo. San Juan de Luz y Ustaritz fueron exceptuadas así del régimen general de elección.

Es la asamblea interparroquial política que surge paralelamente a la Corte (curia) del bailío, hacia el siglo XIV, y cuya primera acta conocida es del 4 de octubre de 1567. Las ordenanzas de 1400-1403 recogen ya cierta normativa: el baile preside el biltzar y jura gobernar según los usos y costumbres, después de lo cual los diputados -dos por cada parroquia- le juran fidelidad. La reunión es trianual. El brazo armado de la asamblea es la Armandat. El mayor acopio documental existente nos permite conocer mejor esta asamblea desde el siglo XVI. Sabemos, pues, que sus competencias son muy extensas salvo en el poder judicial que corresponde a la corte o tribunal del bailío. El procedimiento era el siguiente: el síndico convocaba a los diputados, les exponía los problemas a resolver y esperaba a que éstos volvieran de sus parroquias con el mandato imperativo respectivo. Cada parroquia tenía un solo voto independientemente del número de sus habitantes.

El rasgo característico más importante del Biltzar es que, a semejanza de las asambleas uniestamentales guipuzcoana o vizcaína, la nobleza y el clero no acuden al mismo. Tanto el prorrateo de los impuestos como el de las milicias parroquiales entran también en sus competencias. Las asambleas tuvieron lugar hasta 1660 en la iglesia parroquial de Ustaritz o donde el síndico estimase oportuno. En 1618 se celebró en Saint-Pée-sur-Nivelle. En 1595 se ocupó de la cuestión de las corveas exigidas a los habitantes de Lapurdi para las fortificaciones de Bayona (Cf. Archivos comunales de Bayona. CC. 168, 312, 317, 572, 590; EE. 17). El Biltzar nombraba un mandatario que lo representaba permanentemente en el intervalo de las reuniones y tomaba el título de síndico general del país de Lapurdi.

El síndico -uno solo para los tres estados- se relacionaba con todas las autoridades administrativas y desempeñaba las funciones de tesorero del país y receptor de las finanzas. Bajo el reinado de Luis XIII y Luis XIV el absolutismo atenazará al Biltzar con sus funcionarios regios y sus reglamentaciones. Una ordenanza de 1623 estableció el control real sobre la asamblea, suprimió la iniciativa fiscal y el porte de armas, prohibió toda otra reunión -asambleas generales de Haitse, por ejemplo que no fuera el Biltzar, y permitió que los Lapurdinos pudieran ser detenidos en cárceles que no fueran del bailío. Como consecuencia de los excesos y desórdenes cometidos por las facciones Sabelxuri y Sabelgorri, partidarias de los señores de Samper y de Urtubia, ambos enfrentados a causa del bailío de Lapurdi, Luis XIV introdujo otras modificaciones en el procedimiento de reunión y el desarrollo de las asambleas de este país. Mediante carta otorgada el 3 de junio de 1660 en San Juan de Luz,

"reglamenta que en el futuro las comunidades de Lapurdi podrán reunirse en asamblea en la corte de la justicia real del bailío para deliberar sobre asuntos concernientes al servicio de Su Majestad, prohibiendo al baile, a los oficiales de justicia y demás hacer ninguna asamblea por asunto de armas ni a petición de un contingente de mil hombres; y a los habitantes prohíbe tomar las armas sin orden expresa de Su Majestad, de los gobernadores y lugartenientes generales de dichos países y del ducado de Guyena, y en caso de ausencia de éstos, del señor mariscal de Grammont, gobernador de Bayona y del dicho país de Lapurdi, o del lugarteniente general en el susodicho gobierno. En cuanto a los Biltzar serían convocados a requerimiento del síndico del país y por orden y resolución del baile y de los oficiales de Su Majestad ante propuesta del síndico, sin que el Biltzar pudiera celebrarse más que ante la orden y en presencia de los susodichos oficiales, y ni el síndico, ni los abades o diputados podían acudir armados. En dicho Biltzar el lugarteniente general, y en su ausencia el primer oficial de la sede, según su rango, hará oír a los diputados el asunto de la asamblea; después, los diputados, cada uno por su parroquia, reunirán en asamblea a la comunidad para tomar las resoluciones pertinentes, y tras levantar acta, serán llevadas al Biltzar, para ser leídas y tomar la resolución definitiva, según resulte de las diversas deliberaciones. Determina también que las asambleas de cada parroquia sean llevadas a cabo según la forma acostumbrada, sin que en ellas, o en los Biltzar, pueda hacerse ningún estatuto u ordenanza que conlleve prisión, pena capital o pena pecuniaria, bajo pena de confiscación de cuerpos y de bienes, salvo en caso de elevar recurso a Su Majestad para obtener lo que el bien común requiera".

En vísperas de la Revolución el intendente Neville redacta un Reglamento de la Asamblea de Lapurdi según el cual Lapurdi y Bayona eran reunificados bajo la capitalidad de esta ciudad. La asamblea era transformada en estados a los que hubieran debido acudir 15 diputados de la nobleza, 30 del tercer estado y los párrocos de Lapurdi que elegía a un síndico por el estado llano y otro por el noble y el eclesiástico. El Biltzar respondió con una furiosa memoria y el proyecto quedó en el aire. De todas maneras -nos pone en guardia Goihenetche- mientras el Biltzar no estaba reunido "una asamblea de notables asistía al síndico comprendiendo a antiguos síndicos, el procurador del rey y los notables consultados para casos concretos apareciendo incluso nobles cuando el asunto les concernía. El síndico podía elegir libremente sus consejeros; la asamblea de notables, aprobada por otra parte por el Biltzar, no tenía existencia oficial". Vemos, pues, que pese al carácter asambleario de la institución, de hecho llegó a remedar a los estados bajonavarros o suletinos.

Recogemos la síntesis Les syndics généraux du Pays de Labourd de P. Yturbide (RIEV, 1910). A diferencia del baile y de su teniente, el síndico no era un oficial real. Era elegido por las comunidades siendo, pues, el representante de los habitantes de Lapurdi, y en cierto modo su defensor en contra de las pretensiones y acciones, a veces exageradas, de los funcionarios reales.

La primera vez que se hace referencia al síndico de Lapurdi es en 1273, a raíz del homenaje que, en nombre del país, ofrecen el síndico y el baile al rey de Inglaterra. Más tarde, en 1483, el baile y el síndico de Lapurdi se oponen conjuntamente a la ratificación en el Parlamento de ciertas cartas reales obtenidas por Juan III d'Espelette, y cuya confirmación solicitó éste. El síndico de Lapurdi es mencionado en 1513 a propósito de la reforma de los fueros del país. Pierre Mondot de la Marthonie, primer presidente del parlamento de Burdeos y comisario real para la redacción de los fueros en el senescalado de Las Lannes, se dirigió a Dax, en el mes de octubre de dicho año, convocando en sesión plenaria a todos los delegados del senescalado. El acta de esta reunión fue publicado por M. Puyau en la "Revue de Béarn, Navarre et Lannes" (año 1885, página 154). Vemos a un Dabarosne, síndico de Lapurdi, intervenir en la discusión quejándose de los bayoneses y de sus exorbitadas pretensiones. El nombre de este personaje nos da a entender que no era del país vasco, y posiblemente su misión era temporal y limitada. Varios síndicos posteriores parecen haber sido escogidos, igualmente, en relación con asuntos aislados y con un mandato temporal.

Es así que unos años más tarde, en 1551, un conflicto surgido entre bayoneses y Lapurdinos dio lugar a la nominación de un síndico, por parte de estos últimos, encargado de defender sus derechos ante todas las jurisdicciones. Este síndico fue Antoine Dithurbide, licenciado en derecho, y que era ya teniente de la bailía. Fue designado por acto de Echegoyen, notario en Ustaritz, y llevó el proceso ante el parlamento de Burdeos (Registros del Biltzar, 9 de marzo de 1764). Pero en esta época los procesos duraban mucho tiempo. El que nos ocupa se prolongó durante cincuenta y un años. Finalizó en 1603, y durante este largo período el síndico que representaba a Lapurdi tuvo que ser sustituido varias veces. Fue quizás la duración anormal de este proceso que ocasionó, indirectamente, la permanencia del síndico y fue probablemente este asunto el que acostumbró a los Lapurdinos a sustituir a su representante en cuanto el titular en ejercicio cesaba en sus funciones. Lo que es seguro es que a partir de 1603 los síndicos de Lapurdi se suceden regularmente.

Sus atribuciones van determinándose; van en aumento, poco a poco, y se generalizan de tal forma que la administración civil del país recae casi por completo en sus manos. Correspondían por un lado con los alcaldes de todas las parroquias y por otro lado con todos los funcionarios reales, sobre todo con el intendente de Guyena y el gobernador de Bayona. Eran los tesoreros del país, es decir que recaudaban las contribuciones impuestas a Lapurdi y las entregaban a los recaudadores generales. Finalmente tenían derecho a convocar al Biltzar de Ustaritz cada vez que lo juzgaban necesario. No hay más que leer el "Inventaire de Planthion", los registros del Biltzar conservados en los archivos de los Pirineos Atlánticos y los viejos registros municipales de nuestras alcaldías rurales, para hacerse una idea del número y la diversidad de los asuntos de los que se ocupaba el síndico: inmunidades y franquicias del país, arreglo de caminos, puentes y molinos, vigilancia de los gitanos, persecución de los vagabundos, procesos judiciales, epidemias, epizootias, malas cosechas, escasez de grano, penuria de animales, paso de tropas y de personajes importantes, etc. En tanto que tesorero del país, el síndico llevaba la contabilidad y manipulaba fondos considerables, puesto que recibía de cada municipio las sumas destinadas al pago de la contribución general y al de los gravámenes especiales de Lapurdi. Constantemente acosados por los recaudadores generales, por los intendentes, por los agentes del tesoro, que los responsabilizan de los retrasos de los pagos: amenazados sin cesar con la prisión por deudas, con diligencias en su contra, los síndicos soportaban todo esto, antes de que mermase lo que ellos denominaban la constitución y las franquicias del país.

En 1728, el síndico Hirriart se deja encarcelar y permanece en prisión hasta que los municipios pagan los retrasos debidos al estado. En 1735, a causa de los impuestos atrasados del año anterior, el intendente intima al síndico de Ségure a que le informe de cuáles son los municipios que deben los atrasos: el intendente quiere demandar directamente a los alcaldes y a los magistrados municipales de los municipios. El síndico se niega; ello hubiese comprometido los "privilegios" de Lapurdi. Le envían dos jinetes de la mariscalía a los que debe alojar y alimentar. El síndico no cede. Lo encarcelan, y finalmente el Biltzar ordena a los municipios que liquiden, lo antes posible, lo debido. Cuando murió el síndico Darrancette, en 1758, el país debía al tesoro cerca de 100.000 libras en concepto de impuestos atrasados. Pusieron un soldado en la casa de su sucesor, el síndico Délissalde. Este no podía entregar una suma tan importante. El intendente de la provincia mandó traerle ante él, le interrogó y resolvió la cuestión ordenando que el país tenía que pagar al estado de la siguiente manera: la tercera parte de la suma en un plazo de tres meses, otra tercera parte al cabo de seis, y la última en el término de un año. El Biltzar aceptó el pago, que fue fielmente abonado. Pero poco tiempo después, el déficit vuelve a repetirse. El 9 de marzo de 1764 el síndico informa al Biltzar que tiene en su casa, y desde hace siete meses, a dos soldados que le cuestan diez libras diarias. Pide un solo favor, que el país se haga cargo de este mantenimiento dispendioso. El Biltzar le concede satisfacción y ordena a las comunidades que se esfuercen en abonar al síndico las cuotas de las contribuciones.

Este espíritu de independencia por parte de los síndicos, esta entrega constante por defender las libertades locales, no podía sino desagradar a los oficiales reales de aquella época. Estos representaban un poder absoluto y al querer defenderlo, su tendencia era la de aumentar sus prerrogativas. Es por esto que asistimos, varias veces, a conflictos serios entre los síndicos de Lapurdi y los funcionarios del estado, como los de 1658 y 1697 pero los síndicos y el país consiguieron mantener sus derechos pese a todo.

Síndicos conocidos de Lapurdi con Indicación de cita documental
1273. (Etcheverry, 1951).
1483. (Etcheverry, 1951).
1543. DABAROSNE (Revue de Béarn, III, page 163).
1545. MARTIN DE MONDUTÉGUY (Planthion).
1551. ANTHOINE DITHURBIDE (Arch. de Bay., FF. 420).
1568-69. MIGUEL ou MICHAU D'ETCHELARTE, d'Urrugne (reg. d'Ustaritz) .
1577. PÉTRY DUHALDE, de Cambo (Arch. de Bay., FF. 420).
1584. PIERRE DUHALDE, de Cambo (Arch. de Bay., CC. 12).
1591-1596. SAUBAT DARMORE, notaire à Saint-Pée (Arch. de Bay., FF. 420).
1597. JEAN DE LATZAGUE (Planthion).
1599-1604. CHARLES D'ETCHÉGOYEN, avocat á Ustaritz (Arch. de Bay., FF. 404).
1618. PIERRE D'ETCHÉGOYEN, avocat à Ustaritz (Arch. de Bay., FF. 434).
1625-1626. GUYON DE BIDÉGARAY, notaire royal á Ustaritz (registres d'Ustaritz).
1632-1634. MARTIN DE MONDUTÉGUY, notaire royal à Ustaritz (Planthion).
1636. PIERRE D'URRUTY, avocat á Ustaritz (Planthion).
1641. PIERRE DE BIDART, d'Ustaritz (Planthion).
1646. PIERRE DE LAMASSE, d'Ustaritz (Planthion).
1653. MARTIN DE CHOURIO, notaire à Ascain (papiers d'Urtubie).
1656. PIERRE DE BIDART (Etcheverry, 1951).
1657. PIERRE D'URRUTY, avocat á Ustaritz (papiers dUrtubie).
1659. BERNARD DE LATZAGUE (registres dUstaritz).
1660. JEAN DE ETCHEGARAY (Etcheverry, 1951).
1663. DARANCETU (Etcheverry, 1951).
1665-1666. MICHEL DE HIRIBARREN (Etcheverry, 1951).
1667. PIERRE D'HARISMENDY-LAMOTHE, de Villefranque (papiers d'Arcangues).
1669. PIERRE DUVERGIER, sieur d'Olhaberriette á Ustaritz (Planthion).
1671-1672. PIEPRE DE LAMASSE (Planthion).
1673. MARTIN DE MOLÈRES, notaire á Ustaritz (Planthion).
1674. NERRE DUVERGIER, d'Olhaberriette (reg. dUstaritz).
1675. MARMN DE MOLÉRFS (reg. d'Ustaritz).
1678. PIERRE DE MONDUTÉGUY, avocat à Ustaritz (registres d'Ustarit).
1679. JEAN D'URRUTY, d'Ustaritz (reg. d'Ustaritz).
1680. DOMINIQUE DE HABANS, avocat á Ustaritz (Planthion).
1683-1684. BERNARD DE HIRIART, sieur d'Arossa, á Ustaritz (Planthion).
1685-1686. JEAN D'ARTAGUIETTE, sieur d'lron, á Mendionde (reg. d'Ustaritz).
1687-1688. JEAN DUHULQUE, notaire á Urrugne (reg. dUstaritz).
1689. LOUIS DUCASALAR, notaire à Hasparren (Planthion).
1690-1691. MARTIN DE MOLÉREs (Planthion).
1692-1694. BERNARD DE LATZAGUE (Planthion).
1694-1698. JEAN D'ARTAGUIETTE, sieur d'Iron (Planthion).
---JEAN DE HIRIART, nommé par Lettres royales, renonce à son titre moyennant une indemnité de 4.500 LL.
1698-1708. DUHALDE DIRIBARREN (reg. d'Ustaritz).
1708-1714. JEAN DE PLANTHION, notaire à Biarritz, fit imprimer l'Inventaire des titres et documents concernant le pays et conservés au siége du bailliage, á Ustaritz.
1714-1721. MARTIN DUHALDE-DAGUERRE, notaire à Villefranque, élu le 4 juillet 1714.
1721-1725. BERNARD DOLHABIDE, d'Ainhoa, capitaine au régiment de Labourd, élu le 12 aoút 1721.
1725-1730. SALVADOR DE HIRIART, notaire à Hasparren, élu le 10 octobre 1725.
1730-1734. PIERRE DE SÉGURE, notaire à Larressorre, élu le 11 janvier 1730.
1734-1740. LAURENT DÉLISSALDE, notaire á Villeftanque, élu le 10 décembre 1734.
1740. JEAN BAPTISTE DOYHENARD (Etcheverry, 1951).
1743. BERTRAND DE PLANTHION (Etcheverry, 1951).
1747. PIERRE DARANCETTE (Etcheverry 1951).
1758-1770. PIERRE LAURENT DÉLISSALDE-LERET, notaire á Espelette, élu le 17 novembre 1758.
1770-1777. PIERRE DAMESTOY, notario real á Bardos, élu le 24 décembre 1770.
1777-1781. LOUIS DOMINIQUE HARRAMBILLAGUE, notaire á Hasparren, élu le 5 février 1777.
1781-1789. PIERRE HARAMBOURE, notaire à Sare, élu le 13 février 1781.
1789 (28 septembre). PIERRE EUSTACHE DHIRIART, avocat, notaire á Saint-jean de Luz, ne resta en fonetions que quelques mois.

  • Senescalía

Por encima del baile estaba el senescal de Lannes que residía en Saint- Sever, cap. de Gascuña. Este senescal estaba representado en Bayona y Dax, subdivisiones de la senescalía de Lannes, por dos lugartenientes generales. El lugarteniente general era el primer oficial de la corte del senescal. Finalmente digamos que las tres provincias que componen el país vasco-continental presentan la constante histórica de haber permanecido desde el siglo XII separadas. Lapurdi y Zuberoa estuvieron sometidas durante mucho tiempo a la administración inglesa. Pero ningún lazo podía existir entre los dos países puesto que Baja-Navarra, que entonces era la sexta merindad del reino, se extendía entre ellos. Después de la conquista francesa, Lapurdi dependió del gobierno de Guyena, mientras Zuberoa quedaba unida al vizcondado de Béarn, al que se añadió Baja-Navarra más tarde cuando dejó de formar parte del territorio pamplonés. Pero Lapurdi permaneció unido a la senescalía de Lannes hasta 1790. Quizás esta prolongada separación se deba a que Lapurdi poseyó instituciones desconocidas, al menos en su conjunto, en Baja-Navarra y en Zuberoa.

  • Intendencias o generalidades

Cuando en el siglo XVII se establecen las intendencias, se abrieron subdelegaciones en Pau, Orthez, Olorón, Sauveterre, Mauleón, Saint-Palais y Bayona. Lapurdi dependió, hasta 1716, de la Generalidad de Burdeos. En abril de ese mismo año viene a ser parte integrante del organismo creado en Auch, a raíz del desmantelamiento de las intendencias de Burdeos y de Montauban. En 1767, Auch es desmantelado a su vez y se constituye una Intendencia Pau-Bayona. Es verdad que era una medida provisional, puesto que, como dijo su sucesor en el edicto de enero de 1775, el rey se reserva el derecho de estatuir con carácter definitivo, con respecto a las representaciones que le habían sido hechas, en relación con las ventajas que tendrían sus pueblos en la unificación de una parte de la Generalidad de Auch con Burdeos". Luis XV murió el 10 de mayo de 1774, sin haber proseguido su proyecto, y el comienzo del siguiente reinado estuvo marcado, por razones incomprensibles, por una palinodia: D'Aine, intendente de Pau-Bayona, fue enviado a Limoges en septiembre de 1774 y esta intendencia volvió a Auch. Tenemos (A. C. B. BB 88) una carta en la que la municipalidad de Bayona presentaba al señor Journet, jefe de esta generalidad, sus mejores y respetuosos saludos. Actitud de simple cortesía. En efecto, el nuevo monarca declara en ese mismo edicto que pondrá término al estado provisional:

"Nos hemos hecho entregar los informes presentados a este respecto por la ciudad y la Cámara de Comercio de Bayona y por los síndicos del País de Lapurdi; nos ha sido fácil juzgar, de acuerdo con los esclarecimientos que hemos tomado, que haríamos algo agradable para los habitantes de esta parte del reino y útil para nosotros, tomando la decisión de que esa reunión tenga lugar en Burdeos".

Bayona y Lapurdi volvían pues, en enero de 1775, a la Intendencia de Burdeos, al mismo tiempo que los castillos de Marsan, Tursan et Gabardan y la "Election" des Lannes. En febrero de 1784 tiene lugar una nueva modificación del mapa administrativo del Suroeste. Es así que entran en el marco de la recién creada, o mejor dicho recreada intendencia: la Baja Navarra, el Béarn, Zuberoa, la Bigorra, el Nébouzan, los cuatro valles de Aure, Magnoac, Barousse y Nesle, el condado de Foix, Mont de Marsan, los castillos de Marsan, Tursan y Gabardan, Lapurdi, Bayona, la ciudad de Dax y la "Election" des Lannes. Un edicto de julio de 1787, devuelve al regazo bordelés a Bayona y Lapurdi, así como los castillos de Tursan, Marsan y Gabardan, la Election des Lannes (el Mont de Marsan olvidado en esta reconstitución, fue añadido el mes de octubre de ese mismo año). (Ref. Etcheverry: G-H, 1955, 152-155).

Dice Ducére que la jurisdicción de Bayona se extendía durante la Edad Media tan lejos como llegaba el disparo de sus armas. Bayona tuvo, en esta época, varios pleitos con las poblaciones circundantes, pleitos que fueron, hay que decirlo, zanjados con la espada. Más tarde, la descripción de la extensión jurisdiccional de la ciudad fue hecha en 1619, por el barón de Hinx, lugarteniente general de la senescalía y cabeza del tribunal de primera instancia de Dax. Veámos cuál era esta extensión: la jurisdicción de la ciudad se extendía desde la calzada de la torre de Sault y remontaba el Nive, a mano derecha, como sigue: primero, la casa y las tierras pertenecientes a Martin Detchandy; la casa y las tierras de Jean Caril y Christophe Lautit; el jardín de ciruelos de Pierre Duvergier de Joanis; el prado de Sault; los prados y casa de Lauga; el prado, casa y viñas de la Floride; la pieza de Moras; el prado de Nayti; el prado de Chareton; el prado de Cruchette; la pieza prado de Bidache; los prados de Cavalier; de Lucia, de Blanque, de Jean Bomas; más las heredades de Peyrelongue, Martinotte, de Larbeau, Michel Ho, Dibarbide, Dibio, además de Lalande, de Sainte-Croix o de Lagarde, Chicon, del Luc, más los prados de Picto, de Larrendouette, la Garaude, Lombarde, la casa, puerto y viñas de Proudine, la heredad de Gourmet; la heredad de Montplesy; el prado de Haro y Martines y el de Luc; el prado y casa de Moisset; el prado de Suarce, el de Arregoardi, con dos casas; el prado de Hargous; el prado de Picatiau y el de Etchenique que está enfrente del puente de Arraunts y hasta donde se extiende la susodicha jurisdicción.

Del puente de Arraunts hasta la propiedad de Chiste, sobre los prados del señor de Amou, baile de Lapurdi; el prado de Haitz, el prado de Darcangoux; la casa de Luc; la de Hiribety, de Beraulte, de Jacob de Lalande y de Castelnau; después el bosque de La Chiste; todas las cuales confrontan por el lado del Nive los susodichos prados; y por el lado de Poniente las tierras y "padouans" de Bassussarry y Surtaren en la parroquia de Anglet; todas estas tierras bajas pagan el diezmo al párroco mayor y al cabildo, y son, como se ha dicho, de la jurisdicción de la susodicha ciudad exclusivamente. Jurisdicción fuera de la puerta St-Léon: al Este hacia el mediodía y el occidente: en primer lugar la dicha orilla del Nive, tierras bajas, prados adyacentes a ellas y vecinas de un poseedor; después la ciudad hasta el puente comúnmente llamado de Etchenique; y en la tierra baja por el mismo lado hacia occidente, después la orilla del Nive hasta el cruce, que está delante de la casa del Hostal Blanco, por las heredades de Montplesy; Vissara de Hauranne y de Castelnau inclusive; cruce al que van a dar los caminos de Bayona a Sustaren, Arcangues, Mariblanque, Arbonne y otros lugares; y el que va de Bayona al puente de Urdaings, a Aritzague y Anglet; y dejando la susodicha casa del Hostal Blanco a mano derecha, como siendo de la dicha jurisdicción, hay que bajar a lo largo de un jardín del dicho Hostal Blanco, el arroyo y estanque de Aritzague y el de Onzac, hasta el camino real y de postas que están en el terreno de Onzac que va de Francia a España, el cual hay que tomar a mano derecha hacia la susodicha ciudad, pasando por los antiguos diques; todo lo que está a mano derecha de dicho río Nive, comprende la jurisdicción de la ciudad de Bayona y tierra fuera de la puerta St-Léon. En cuanto a la jurisdicción por el lado de Mousserolles, se extendía desde el canal que limita el territorio Villefranque y comprendía Hillans, la Bonté, Candelé, Chapeau-Rouge, Marie-Martin, aparcería de Hiriart, el Limpou, Lagarraude, Larribeyre, isla de Aiguemeou. En la carretera principal, más aquí de Marie- Martin y de Hiriart, la casa Baudry, el antiguo presbiterio, Elissalde, el antiguo beaterio, que estaba comprendido en la comunidad de St-Pierre de Irube.

En las luchas de los vascones contra musulmanes, francos y godos surgen en tierra vasca dos polos políticos: el ducado de Vasconia y el reino de Pamplona. Las diversas noblezas vascas van a surgir enfeudadas a la corte ducal o real y, a veces, como en caso frecuente en Lapurdi, a ambas.

En el siglo X-XI, Sancho el Mayor de Navarra atrae a las noblezas locales vascas y estructura sus territorios bajo formas diversas. Lapurdi va a ser un vizcondado navarro erigido en la persona de Lupo Sancho, de estirpe navarra. Junto a este vizconde establecido en Bayona veremos una constelación de gentilhombres Lapurdinos como los Sault, Lahet, Samper, Ezpeleta, Zubernoa, Urtubia y a los nobles navarros como los Grammont, Belzunce (Paganduria de Macaya), Garro, Armendariz, Lacarra, Echauz, etc.

Los linajes Lapurdinos emparentan con navarros y guipuzcoanos y viven estrechamente vinculados a la corte pamplonesa. La llegada de la monarquía inglesa rompe el esquema. Los ingleses acabarán con el vizcondado reduciéndolo a bailía, del que separan a la villa de Bayona. La nobleza Lapurdina se verá obligada a aceptar las reglas de juego antiseñoriales de los Plantagenet o a rebelarse, cosa que hacen, sin suerte, varias veces. En torno a esta disyuntiva veremos a los dos linajes más importantes, Urtubia y Samper, tomar partidos opuestos: los primeros, con su parentela, siguen vinculados a Navarra mientras los Samper, detentando la titularidad del bailía de Lapurdi, serán un fuerte apoyo para los ingleses. En 1311 éstos ordenan una averiguación de sus derechos y los de los nobles, restringiendo estos últimos, que tienen que solicitar autorización ducal para erigir sus castillos.

Existen unas sesenta familias nobles, de las cuales sólo los Belzunce de Paganduria de Macaya y los Ezpeleta ejercen jurisdicción feudal total. Así es como García Arnoldo y Guillermo Arnoldo de Sault se ven autorizados por cartas del 14 de abril y del 30 de mayo de 1287, a construir una casa fortificada; el primero en el campo de Arizmendi, en Sara; y el segundo en Hasparren. La misma gracia le fue otorgada en el mes de mayo de 1391 -año de la expulsión de Arnoldo Dufort- al señor de Urtubia, para él y para sus herederos. Es autorizado a levantar una fortaleza en el lugar de Urtubia, cerca de Urruña, porque como se dice en el documento "es una zona desierta situada en los límites con España y en consecuencia muy expuesta". (Bréquigny, Colec. Catal. de los registros gascones). Unas cartas del 4 de mayo de 1344 "autorizaron a Pedro Arnoldo de Sault, señor de la casa de Hirigoyen de Ustaritz y otras del año 1403, al señor de Samper, a edificar casas semejantes. Ahora bien hay que decir también que nuestros gentilhombres no siempre esperaban autorización real para construir estas casas fortificadas, pues por unas cartas del 22 de abril de 1344 vemos que Eduardo III se queja de que los señores de Garro, de Paganduría, de Ezpeleta y algunos otros de Biarritz y de Bardos construían las citadas casas sin su permiso. El siglo XVI se comenzó a añadirles sus grandes torres cilíndricas, eran grandes construcciones cuadradas de unos dos pisos de altura, con pequeñas aberturas cuadradas u ojivales; eran torres de defensa contra los enemigos del exterior y lugares de refugio en las luchas de bandos.

Los principales beneficiados de esta reducción del poder señorial efectuada por la administración inglesa fueron los bayoneses y el estado llano Lapurdino. Los Lapurdinos en armas, guiados por algunos de sus gentilhombres, llegaron a expulsar de su tierra a cierto Arnoldo Durfort, personaje nombrado por Eduardo, rey de Inglaterra, que usaba ostentosamente el título de vizconde de Lapurdi. Por cartas del 22 de octubre de 1341, obtuvieron de Eduardo III el compromiso de que les fuese impartida justicia según los fueros y costumbres del país, así como el de no enajenar bajo ningún concepto los derechos (juridictionem seu imperium) que tenía sobre la tierra de Lapurdi y además el de mantener siempre esta tierra ligada a su corona (ut pecularem terram). De ahí el temprano carácter generalizado del infanzonado Lapurdino basado en derechos y libertades conquistadas durante la administración inglesa que luego la monarquía francesa tuvo que admitir.

Así, las reglamentaciones del año 1400 fueron fundamentales. El artículo 4 de uno de los reglamentos estaba concebido de la siguiente manera: "Las dichas gentes (de Lapurdi) han establecido de común acuerdo, que si algún gentilhombre o cualquier otra persona de la tierra de Lapurdi perjudica de alguna manera o comete pillaje contra las gentes de esta o de otra tierra, las gentes de todas las parroquias deberán reunirse y, con el citado baile, o sin él, en caso de ausencia, debe ir donde se encuentre el ladrón o malhechor y deben hacerle pagar el daño o imponerle otra pena según criterio del dicho baile y de las gentes de bien del dicho país; y si el ladrón se refugiase en la casa de algún gentilhombre o en alguna fortaleza del dicho país y si aquél le hubiera dado cobijo o protección y no quisiera entregarlo, el dicho baile y las gentes de bien honradas podrán atacar y tomar por la fuerza la casa... " Y en efecto podemos constatar que los habitantes del país demolieron en 1654 la casa de Espelette porque "se había convertido en un nido de ladrones y de espías". Los artículos trece y catorce de este mismo reglamento no son menos significativos. El primero de ellos dice: "Se ha acordado que si algún habitante de Lapurdi es acusado de un crimen y el baile quisiera encarcelarlo, podría pagar una fianza... estando el baile obligado a dejarlo en libertad; y en caso de que el baile se saltara esta norma sería la armandat quien estuviese obligada a ofrecer ayuda a dicho acusado". El artículo catorce estipula que "los dichos habitantes han convenido en que los hombres de la citada armandat, desde los catorce años en adelante, estarán obligados a jurar el cumplimiento de los presentes artículos conforme al uso". Es indudable que la conclusión que se saca de todo esto es que los habitantes de Lapurdi, organizados en armandat, lo estaban en poder público; verdadero poder público cuya autoridad se ejercía contra todo malhechor, contra sus defensores, noble o plebeyo, e incluso contra el mismo baile si no respetaba los citados artículos. Este reglamento fue votado por todos los habitantes libres del país -que eran mayoría- y aprobado por el rey. Cada persona encontraba garantías de su libertad, no sólo en la autoridad de la parroquia que detentó a la vez durante mucho tiempo el poder civil y el religioso, sino en la de los estados o Biltzar del país y finalmente en la institución burguesa llamada Armandat de la que los gentilhombres llegaron a ser los oficiales.

Así pues, en lo tocante a la Baja Edad Media y en términos generales, podríamos concluir con el autor de la historia de San Juan de Luz (Goyetche, p. 21): "La tierra franca y alodial de Lapurdi se sustrajo a la codicia de los señores. Fueron vanas las tentativas de algunos gentilhombres del país y extranjeros que provistos de comisiones militares o de títulos honoríficos en la corte de los duques ingleses de Guyena, levantaron sus fortalezas en los alrededores de los burgas y aldeas oponiendo sus títulos recientes a los viejos títulos de estos campesinos vascos cuya nobleza se remontaba mucho más en el tiempo y se imponía a toda moderna institución de reyes y príncipes; nada pudieron hacer contra ellos y la parroquia vivió independientemente al pie del castillo". Salvo el dominio de los Grammont -Guiche, Bardos y Urt- fueron los monasterios más importantes Bonloc y Lahonce, los únicos que se aferraron en mantener en vasallaje, con sus cargas y exacciones, a los habitantes de sus señoríos abadengos respectivos (Darricau, Albert: France et Labourd).

Según Nogaret, Lapurdi es aquella de las tres provincias vascas donde la nobleza ha tenido menos influencia en el destino del país. En 1789 la nobleza poseía en Lapurdi aproximadamente la veinteava parte de la tierra. Comenta también Nogaret que las familias nobles, en las que vemos conservar este carácter hasta la revolución, lo eran "más a menudo gracias a las alianzas y como consecuencia de los privilegios inherentes a ciertas funciones reales". Conviene también puntualizar que la derrota de la nobleza en la baja Edad Media significa una ruptura de la provincia con Navarra y facilita la integración de la misma en los moldes de la monarquía francesa. Los nobles estaban exentos de impuestos. Una categoría social intermedia entre la nobleza y la casa franca fue el infanzonado que participaba de características comunes a una y otra. Fueron frecuentes los pleitos de las comunidades locales contra estos infanzonados que se arrogaban el privilegio de exención tributaria, cosa que fue impugnada por aquéllas.

  • Urtubia

Familia mencionada desde el siglo XII con castillo de Urruña, fuertemente vinculada con Navarra, pudiendo constatarse que sus miembros viven a ambos lados de la frontera siendo, por ejemplo, señores de Alzate. Como cabeza del linaje contrapuesto al de Samper, participa en las guerras de bandos que adquieren caracteres trágicos al complicarse con la caza de brujas a comienzos del siglo XVII. También, a mediados de este siglo, al ser nombrado baile un Ustubia en vez del tradicional Samper. Sus seguidores fueron los sabelxuris. En 1654 el señorío es erigido en baronía. Diversos Urtubias fueron bailes de Lapurdi durante todo el siglo XVIII. El último Urtubia directo, Jean de Raimond de Castelmoron, era abogado del parlamento de Burdeos cuando la Revolución hizo de él una de sus víctimas

  • Samper

Son mencionados en el siglo XI. En el XIII emparentan con los Sault y con el solar de Lazcano guipuzcoano y en el XV con los Grammont. Representaron, junto con la pequeña burguesía bayonesa, el más firme sostén de la administración inglesa que les recompensó en el siglo XV con el bailío de Lapurdi, el peaje de Hastingues, el prebostazgo de Dax y el señorío de Arbona. Al caer Lapurdi en manos francesas su castillo de Samper fue incendiado en represalia y el baile Ogerot de Samper se refugió en Pouillon tras haber defendido Guiche contra los franceses. El bailiato volvió a la familia en 1516 al casar con una Samper Jean de Chicon, baile de Lapurdi. Algo después y hasta la revolución, serán señores de Samper los Caupenne d'Arnou. En su castillo residió P. de Lancre y se estableció el cuartel general francés durante la invasión española de Lapurdi de 1636. Fueron desposeídos del cargo de baile en 1653, lo que ocasionó una guerra civil en la que sus seguidores fueron los sabelgorris. En 1664 el señorío es erigido en marquesado. Los Samper fueron nombrados gobernadores de Bayona, Lannes, Lapurdi y Zuberoa. Fueron encarcelados durante la Revolución

  • Sault

Se les cita también en el siglo XI como señores de Chalosse emparentados con la casa de Hasparren y pertenecientes tanto a la corte del vizconde de Lapurdi como a la del Béarn. Amaud Bertrand de Sault llegó a ser vizconde de Lapurdi; enemistado con Ricardo Corazón de León, tuvo que trasladar la sede vízcondal de Bayona a Ustaritz. Le sucede Guillermo Raymond de Sault, último vizconde de Lapurdi, que transmitió sus derechos a la corona, siendo señor de Arberoa y de las casas de Hasparren y Chalosse. Sus sucesores reconocen a Teobaldo I de Navarra como soberano en 1238. A finales del siglo XII alzan los Sault su castillo fortificado Zalduia en Hasparren. Durante los siglo XIII y XIV recae en la familia el cargo de baile de Lapurdi, Varios de sus miembros son asesinados lo que ocasiona la guerra civil a mediados del siglo XIV. A comienzos del siglo XV emparentan con los Urtubia, en el XVI con los Monreal altonavarros y en el XVII con los Garro siendo erigido Sault en baronía. A finales de este siglo emparentan con los Saint-Esteben de Arberoa. Debieron de emigrar con la revolución siendo vendido el castillo -refórmado en el siglo precedente- a una familia burguesa

  • Arcangues

Consta el señorío desde el siglo XII, emparentado en el XVI con los bajonavarros Ayherre y Currutcheta. Desde el siglo VII esta familia se dedica preferentemente a la magistratura. En el siglo XVI aparecen como procuradores del rey, militando en el bando sobeixuri. Conservan el cargo hasta bien entrado el siglo XVIII y adquirieron el marquesado de Iranda. Uno de sus miembros representó a la nobleza Lapurdina en los Estados Generales de 1789. No se extinguió sino que se multiplicó en el siglo XIX

  • Haltze

En el siglo XIII emparentan con los Sault. Tuvo castillo en Ustaritz. Un Haitze llegó a ser baile a comienzos del siglo XV y llevó a cabo la estructuración de la Armandat. Posteriormente llevaron una vida discreta de militares y magistrados

  • Ezpeleta

El señor de Ezpeleta lo era de esta localidad, de Gostoro (Souraide) y de Amotz en el barrio de Saint-Pée y dependía del rey de Navarra poseyendo en Pamplona un palacio. El señorío fue elevado a baronía por el nuevo rey de Lapurdi, el francés Luis XI en 1462, baronía dependiente del rey francés y del navarro, con derecho a la alta, media y baja justicia, fuera del bailío de Lapurdi. Emparentaron los Ezpeleta con las familias navarras de Echauz y Beaumont y llegaron a ser vizcondes de Valderro. Perdieron sus bienes Lapurdinos al tomar partido contra Francia en la guerra francoespañola de 1637. Recuperados en parte, la titular, Juliana Henriquez, donó en 1694 sus derechos al pueblo de Espelette.

La contribución general era la que se recaudaba a favor del tesoro real, tanto sobre el impuesto directo como el indirecto. Consistía en un "abono" o cupo, es decir una suma invariable, negociada por el consejo del rey y entregada todos los años a los representantes del tesoro. El abono se renovaba generalmente cada seis años. El monto era recaudado por el síndico entre todos los municipios, según su población. El cuadro de esta repartición se llamaba el "catastro". Los nobles del país sufragaban una octava parte. A1 final del siglo XVIII, el conjunto de las contribuciones aportadas por Lapurdi era de unas 60.000 libras [Cuaderno de Quejas del País de Lapurdi, en 1789]. Cada municipio era libre de recaudar la parte de las contribuciones asignadas tal y como lo desease. Algunos descontaban de las rentas de los bienes del municipio: bosques, molinos, pastos. Otros establecían impuestos locales, por lo general un impuesto a los vendedores de bebidas, que se llamaba la "mayade", porque este impuesto debía de pagarse el mes de mayo (en vasco maiatza). Los impuestos especiales del país tenían su razón de ser en ciertos gastos votados por el Biltzar: el cuidado de los puentes y de los caminos, los gastos ocasionados por la persecución de los malhechores, la comida de los prisioneros, la fuente de Cambo, los honorarios de los abogados y procuradores encargados de los juicios del país, los gastos de administración del síndico y sobre todo los adelantos que hacía éste durante su gestión.

Los impuestos directos -capitación, veinteava, extraordinarios, etc.- aumentaron considerablemente durante la monarquía absoluta. Ocurría de forma invariable que las comunidades se retrasaban siempre al entregar al síndico su parte de las contribuciones. Es así que para evitar que los agentes del fisco tomasen medidas en contra de los habitantes, los síndicos pagaban las sumas atrasadas de sus propios fondos. Estos adelantos se consignaban en la cuenta que los síndicos entregaban al Biltzar de cuando en cuando, generalmente cada dos años. Los síndicos nombraban dos verificadores de cuentas, el Biltzar nombraba otros dos, y estos cuatro representantes, reunidos con el procurador del rey, verificaban la cuenta y las pruebas. Fijaban el total de los ingresos, el de los gastos y finalmente el saldo. El saldo siempre era a favor del síndico. Este era acreedor de las comunidades por una suma que nunca era inferior a 6 u 8.000 libras. En el transcurso del siglo XVIII, las contribuciones impuestas a Lapurdi aumentaron mucho, y por consiguiente los adelantos de los síndicos lo hicieron de igual manera. En 1760 eran 20.848 libras; en 1783, 32.236. Ya en 1759 llegaron hasta 44.777 libras. Estas cifras que ya eran importantes de por sí, fueron a veces sobrepasadas. En 1724, el síndico era acreedor por la suma de 69.099 libras, y en 1781 por la de 80.022 libras. En 1789, de acuerdo con la última cuenta recibida por el Biltzar, antes que desapareciera éste, se le debían al síndico 68.303 libras. Los síndicos eran, por lo general, notarios rurales o modestos propietarios, y es difícil entender cómo podían adelantar sumas tan importantes. Es probable que las pidieran prestadas a los banqueros, y que al ser acreedores del país, se endeudaban ellos mismos personalmente. He aquí, quizás, la razón por la que los síndicos, al pedir al Biltzar que los sustituyese, nunca dejaban de hacer hincapié en el mal estado de sus propios negocios, que decían ellos, haber descuidado a favor de los del país.

El Biltzar, después de aprobar la cuenta del síndico, fijada por los verificadores, recaudaba de los municipios el monto de los adelantos que había hecho, además de los intereses de estos adelantos. La cuenta presentada por Bernard de Latzague, el 4 de septiembre de 1694, de la que tenemos una copia, nos muestra cómo este representante oficial de Lapurdi recibía una gratificación anual de 200 libras. Sabemos, por otra parte, que por la función de tesorero, el síndico tenía, en el siglo XVIII, derecho a un porcentaje sobre el rendimiento de ciertos impuestos. Este porcentaje, a decir verdad, era mínimo, ocho dineros por libra. En 1650 se introdujo la ferme, sistema de recaudación de impuestos indirectos en el que el recaudador concertaba con el rey la cantidad que le iba a entregar quedándose, a modo de renta, con la diferencia entre la cantidad concertada y lo realmente recaudado. Esta tributación indirecta era menor en Iparralde que en el resto de la mayoría de los países que componían la monarquía. El país estaba exento de la temida gabela, impuesto sobre la sal, aunque el estanco del tabaco se llegó a introducir en 1672. Así, pues, también tuvieron que vérselas los Lapurdinos con los rapaces fermiers, pero bajo ningún pretexto toleraban que se efectuasen los registros y las visitas domiciliarias si no era bajo la mirada de las autoridades locales, es decir de los alcaldes de cada parroquia. No admitían la validez de lo retenido a menos que fuese indiscutible. Y hallaban en la constitución política de Lapurdi garantías especiales que los protegían del despotismo de los agentes.

En efecto, los alcaldes de las diferentes localidades no dejaban de denunciar, cuando se reunían en el Biltzar de Ustaritz, los excesos y las ilegalidades que ocurrían en sus respectivas parroquias. Inmediatamente el Biltzar informaba al síndico del país que a su vez llevaba al recaudador a juicio y exigía que se hiciese justicia en nombre del bienestar general. Si era necesario se informaba al representante que el país de Lapurdi tenía en París. Este acudía a altas instancias o a abogados ilustres. Diversos ejemplos de lo dicho se encuentran en los registros del Biltzar. En 1688 un fallo del consejo real confirmaba la exención del país en todo tipo de impuesto sobre vinos, trigo y otros productos procedentes de España, siempre que fueran para consumo propio. En 1597 parece haberse implantado la talla, así como en Zuberoa, pero sólo de forma transitoria.

Se administraba en el tribunal del bailío, heredero de la curia vizcondal establecida en el castillo real de Ustaritz. Sucesores de los probi homines, los funcionarios obedecen al lugarteniente general del baile. Más tarde existe un procurador del rey, un lugarteniente civil y uno criminal. Le compite toda la justicia del bailía excepto la ejercida en los escasos señoríos con jurisdicción feudal. Las apelaciones se hacían al lugarteniente del senescal de Las Lannes de Bayona y al parlamento de Burdeos. A partir de 1514 el Fuero de Lapurdi contempla así su administración:

  • Art. I. El senescal de Lannes en la sede de Bayona, conoce en primera instancia sobre los habitantes de Lapurdi en delitos de lesa majestad, y en materia de falsificación de cartas o sellos reales, y en asuntos de combates, desavenencia de armas entre gentilhombres del país, y cuando alguno está sometido a la jurisdicción de dicho senescal, y contra los que falsifiquen, rayen y laven moneda de oro y plata; y en los demás casos el senescal no tiene jurisdicción sobre dichos habitantes no siendo por apelación. Pero el baile de Lapurdi, el cual es designado por el rey, tiene jurisdicción en primera instancia en todas las materias y acciones civiles y criminales tanto sobre los habitantes de dicho país como sobre los extranjeros, como juez ordinario.
  • Art. II. Si algún extranjero es deudor o reo de delito contra uno o varios habitantes sea de Lapurdi sea de otra parte y el acreedor pide justicia contra tal deudor, el baile debe de administrársela.
  • Art. III. Si el deudor es extranjero o sus bienes se encuentran en tierra de Lapurdi, el arresto que le ha sido impuesto por el merino o sargento se mantiene hasta que dé debida satisfacción o garantías suficientes, mediante las cuales debe ser liberado con sus bienes y admitido a defenderse.
  • Art. IV. Los señores cavers que tienen jurisdicción baja entre sus fivatiers, en el país de Lapurdi no pueden ejercer ninguna jurisdicción contra ningún extranjero, sino sólo entre sus ya citados fivatiers y en causas civiles solamente.
  • Art. V. Y si el demandante no posee bienes inmuebles suficientes en tierra de Lapurdi, debe entregar delante del baile la fianza necesaria para responder de los gastos, si hay lugar.
  • Art. VI. Las apelaciones de los jueces de los señores cavers del país de Lapurdi son de jurisdicción del real baile de dicho país: para apelar a dicho baile tienen los apelantes treinta días de plazo, y por cuyo trámite el escribano recibe dos sueldos y seis denarios; y por el sello del rey, dos sueldos y seis denarios.
  • Art. VII. Cualquier habitante de Lapurdi que encuentre en tierra de Lapurdi a su deudor extranjero o los bienes del mismo los cuales puedan ser trasladados fuera del territorio del dicho bailía, el acreedor antes de poder obtener providencia judicial puede, a falta de merino o sargento, usando de su autoridad privada, arrestar y retener para la seguridad de su deuda.
  • Art. VIII. Y después de realizarlo, inmediatamente, les debe presentar al baile o primer merino del lugar en el cual la detención o retención ha sido efectuada.

  • La ejecución de las sentencias está codificada en el título XIV. Según éste:
  • Art. XXIII. El que posee bienes suficientes para responder de sus deudas, no debe ser detenido personalmente suponiendo que hubiera juramento u obligación con renunciación.
  • Art. XXIV. Si no ha renunciado expresamente a la costumbre de Lapurdi o no se ha obligado bajo el rigor de la autoridad del bailía, o por sentencia y condena del baile le haya sido dado plazo para pagar la cantidad.
  • Art. XXV. Y si no posee bienes; y es hallado, puede estar detenido a petición de los acreedores hasta que haya dado la debida satisfacción
Justicias y señores con competencia judicial en la senescalía de Bayona en 1774
  1. Justicia del bailío de Lapurdi: Urruña, Saint-Pierre de Irube, Hendaya, Muguerre; señores, la villa y comunidad.
  2. Justicia de San Juan de Luz: Ascain, Ciboure, Sara, Saint-Pée, Urcuit, Briscous, Villefranque, Hasparren, villa y comunidad.
  3. Justicia de Lahonce: Ainhoa, Medionde, Souraide, Luhossua; el abad de Lahonce.
  4. Justicia de Macaye: Guéthary, Cambo, Bidart, Halsou, Ahetze, Jatsou; vizconde de Macaye.
  5. Justicia de Arbonne: Arcangues, Larressore, Itsassou, Bassussarry; marqués de Amou.
  6. Justicia de Espelette: Biarritz, Biriatu, Anglet, Bonloc; la comunidad.

En este texto tomado de Joseph Légé (Las diócesis de Aire y Dax, t. II, p. 279), no figuran ni la justicia de Urt y de Guiche, ni la de Bardos, ni la de Came, ni siquiera la de Bidache (ésta pertenecía a la casa de Grammont). Varias de estas justicias tenían su código particular que terminó por imprimirse a medida que el derecho escrito sustituyó al consuetudinario en el reino de Francia. Después de esta instancia de la administración de justicia venía la de los señores, la de los jueces caveros para con sus colonos, y finalmente la de los abades, alcaldes y jurados con sus parroquias respectivas.

Tiene su origen en la cavalgata citada en 1311 y en la Armandat reglamentada en 1400.

"El país de Labourt -dice Lancre- es una bailía compuesta de 27 parroquias, algunas de las cuales realizan cierto comercio y negociación, y por ser zona populosa están obligados, al menor sonido de tamboril que haya en la frontera que ocupan, a socorrer al rey con 2.000 hombres, y sin embargo, provisionalmente, existe una compañía de 1.000 soldados de a pie -como las milicias de Italia- cuyo capitán es el baile o magistrado".

Ya en el siglo XVIII, sin contar las fortificaciones de Bayona de las que no vamos a ocuparnos, había en Hendaya un reducto sobre el río Bidasoa, frente a Fuenterrabía, a 200 pasos del mar. Su guarnición era normalmente de dos compañías cuyo comandante obedecía órdenes del gobernador de Bayona. En Ciboure el de Socoa, y en San Juan de Luz el de Santa Bárbara que protegía los barcos situados en la rada y en el puerto de esta última villa. Por otra parte, Lapurdi proporcionaba generalmente un regimiento de 1.000 hombres -20 compañías de 50 hombres elegidos por sorteo en cada parroquia- al mando de un coronel que servía en la guardia del país, dependiente a su vez del baile. En tiempo de guerra, su milicia, con otros tres regimientos, que se constituían en todo el territorio dependiente del gobierno, marchaba a defender su suelo a las órdenes del gobernador, siendo ésta la única prestación militar a la que estaban sujetos los Lapurdinos hasta que la Monarquía absoluta fue imponiendo a las parroquias costeras la prestación en marinos para la Real Armada. Sólo en 1635 contaba Lapurdi con 4.500 marinos. Bayona se benefició muy a menudo de la ayuda de las milicias como refuerzo de su propia Milicia Burguesa. En un informe redactado en 1698 por el intendente de Gienne, M. de Bessons, aparece la siguiente frase: "La milicia está destinada a la defensa de Bayona y está obligada a actuar cuando el gobernador lo juzgue conveniente" (G. Leichtenaur: Statuts y reglaments faits par les habitants de Labourd..., BSB, 1970, pp. 93-95).

Según Yturbide (Los antiguos tratados de Buena Correspondencia, RIEV., 1922, p. 180) los tratados ponen de manifiesto con toda claridad el carácter independiente de los vascos. Aunque divididos por la frontera se consideran como un solo pueblo, independiente y distinto tanto de los franceses como de los españoles. En efecto, según Iturbide, hay que señalar que estos tratados de Buena Correspondencia están directamente elaborados por los diputados de las dos partes del País Vasco, sin ningún representante de la autoridad real. El rey de Francia y el de España los aprobarán más tarde autorizando su entrada en vigor. Pero lo harán como soberanos, ratificando los acuerdos establecidos por sus vasallos en interés propio, con la única limitación del respeto debido a los derechos eminentes de sus respectivos soberanos. Con estos lejanos precedentes, los tratados de Buena Correspondencia se nos revelan como la continuación de una tradición popular muy antigua y como el persistente recuerdo de los lejanos acuerdos que los vascos establecían en beneficio propio, ya en los siglos XIII y XIV. Estos tratados están claramente indicados en una memoria que el intendente general de Guyena, Sr. de Besons, dirigió al rey en 1698 y en la que se expresaba de esta manera:

"Cuando la guerra entre Francia y España estalló, se llevó a cabo un tratado comercial entre los habitantes de Bayona, los del país de Lapurdi y los de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Estos tratados están autorizados por los reyes. Hay uno que se hizo durante la guerra (la de los Países Bajos, en 1694) y que consta de doce artículos. La misma práctica existió durante la guerra precedente pudiéndose decir que comienza a partir de 1653. Los representantes de ambas partes se reunieron en la isla de la Conferencia, donde se llevó a cabo la entrevista entre los dos reyes en 1660. Estos aceptaron todos los artículos del tratado que recibió el nombre de Tratado de Buena Correspondencia".

Varios de estos tratados se encuentran en la serie AA. l0, de los archivos de Bayona. Incluso hay dos, entre ellos, que son anteriores al de 1653, del que se habla en la memoria del intendente. Unos están redactados en francés y otros en español. Son importantes los de: 17 de octubre de 1536, 30 de septiembre de 1537, 4 de julio de 1653. Este tratado se renovó el 6 de julio de 1675, el 9 de febrero de 1690 y el 8 de septiembre de 1694. El tratado de 1537 es una prórroga del de 1536. Y el de 1653, renovado en varias ocasiones, estuvo en vigor hasta las guerras de la Revolución y del Imperio.

Se contempla en el título XIX del fuero de 1514. Existen penas como la decapitación o la horca para los delitos mayores; los azotes son la única pena corporal. El resto de las sanciones son el destierro, la multa u obligaciones determinadas:

  • Art. I. Por crimen o delito nulo, a requerimiento del procurador del rey, ni del procurador de ningún señor justiciero, no debe ser acusado en juicio sin informes precedentes hechos sobre dichos delitos y que sean previamente decretados.
  • Art. II. Todo hombre que mata a otro debe ser condenado a cortársele la cabeza, no siendo que lo haya hecho en propia defensa.
  • Art. III. Quien robara en iglesia, casa, cabaña, molino o en camino público, de día o de noche., debe ser condenado a muerte.
  • Art. IV. Quien falsificare cartas reales o comete caso de traición contra el rey debe ser decapitado; y si falsifica cartas de otro señor, debe ser castigado según el parecer del juez.
  • Art. V. Toda persona que pega fuego a casa o molino con malicia debe ser decapitada, y el daño debe ser pagado con sus bienes.
  • Art. VI. El que por hurto o latrocinio ha sido cogido y castigado: si vuelve a robar cosa de valor, y ser alcanzado, debe ser colgado y estrangulado en las horcas.
  • Art. VII. Todo hombre que roba bestia o cualquier otra cosa de valor, si está sorprendido con lo robado en la mano, de ser condenado por la primera vez a ser azotado, y por un solo hurto de una bestia o de otra pequeña cosa debe pagar ciento cincuenta sois torneses al rey, y debe ser desterrado de la tierra de Lapurdi durante un año.
  • Art. VIII. Quien tira harnois contra otro para ofenderle debe pagar al rey treinta sols torneses: y si le "naure" o hiere, debe pagar la multa a dicho señor y a la parte herida a discreción del juez de dicho señor.
  • Art. IX. Quien tira contra otro lanzada, dardo o ballesta, aunque no le toque ni hiere al que quiere herir, debe ser castigado y condenado, tanto a favor del rey como de la parte, al parecer del juez de dicho señor, de cuya sentencia el condenado, si le parece grave, puede recurrir tanto al baile como a los demás jueces.
  • Art. X. Quien fuerza o viola a mujer en su cuerpo debe ser decapitado, a no ser que la quiera o pueda tomar como mujer.
  • Art. XI. El que, provocado por acaloramiento y sin propósito deliberado, da una bofetada o puntapié está incurso a multa de dieciocho sols torneses, si de dicho golpe no resulta ninguna deformidad en la persona del maltratado.
  • Art. XII. Quien seduce muchacha, doncella, y la conoce carnalmente, debe tomarla como mujer, y él mismo dotarla; y si no la quiere o no la puede tomar como mujer, debe darle dote razonable, según la calidad de su persona, a juicio del baile.
  • Art. XIII. Infame no es el que provoca, si es condenado por su injuria verbal o real, dicha o hecha sin propósito deliberado y en estado de acaloramiento.

Es la institución angular de la antigua sociedad laburdina, la representación palpable de la pertenencia a un linaje. Pierre de Lancre lo observó certeramente, en el siglo XVII, sorprendiéndose por ello:

"No quiero olvidar que en Labourt los lugareños y lugareñas más indigentes se hacen llamar señores y señoras de tal casa, que son las casas que cada uno de ellos posee en su aldea, aunque ésta no pase de ser un corral de puercos (parcá pourcean). Algunas de estas casas se hallan alineadas en la calle de la aldea; otras, algo apartadas y fuera de línea, están rodeadas de algunos pequeños terrenos labrantíos. De modo que ellos dejan por lo común su apellido (cognom) y el nombre de sus familias, y aun las mujeres el de sus maridos, para tomar el de sus casas, por roines que ellas sean. (...) Al paso que toda persona bien reputada procura perpetuar su nombre, familia y casa, ellos, al contrario, sepultan su nombre y la memoria de su familia en la ruina de un triste caserío".

(Lancre, Tableau, p. 144).

De ahí la existencia y la prolongación a través de los tiempos de un derecho troncal en el que la familia prima sobre el individuo.

Su principal característica es el fuerte sabor troncal de sus disposiciones, unido al respeto del derecho de la mujer a sus bienes aunque haya casos (tít. XII, art. 14) en que la preferencia del varón rompe este equilibrio. Es un derecho de familia extenso que recuerda al de Vizcaya.

  • Bienes troncales. No se puede vender, hipotecar o de cualquier otra manera enajenar los bienes procedentes de los abuelos (papoaux et avitins) no siendo por asignación matrimonial o necesidad urgente, y el acto de enajenar en cualquier otro caso es nulo y de ningún efecto y valor no siendo realizado con el consentimiento del hijo mayor emancipado o del más allegado que según costumbre debe suceder (Tít. V, art. I). Se entiende dicha emancipación según la costumbre cuando con el consentimiento del padre o de la madre, el hijo o hija mayor está casado y el padre o la madre le han dado su parte de herencia y vive aparte por sí mismo (Tít. V, art. II). El hijo o hija mayor siendo emancipado, como se ha dicho más arriba, puede vender sus bienes no siendo bienes troncales, los cuales no puede vender sin el consentimiento de su padre o de su madre (Tít. V, art. VI).
  • La renta o censo. Si el señor directo manda poner en pregón y subasta la cosa dada por él en censo y renta, para que le sean satisfechas las rentas atrasadas, el más cercano para suceder al señor usufructuario es preferido a cualquier otro, dando lo que el que más ofrezca hubiera dado (Tít. VI, art. XIII).
  • El matrimonio. Hombre y mujer unidos por matrimonio gozan en comunidad los bienes gananciales, adquiridos, muebles e inmuebles, hechos durante el matrimonio, de los cuales el marido, como señor de los mismos, puede disponer mientras viva según su gusto y parecer (Tít. IX, art. I). No siendo que la mujer los hubiera adquirido en mercancías o por su industria, de los cuales no puede el marido disponer sin consentimiento de la mujer, ni la mujer sin el del marido, no siendo por testamento cada uno de la mitad que le corresponde (Tít. IX, art. II). El marido no puede realizar ninguna venta ni enajenación de bienes asignados al matrimonio si la mujer no lo consiente ni tampoco la mujer sin el consentimiento del marido (Tít. IX, art. VI). La venta, obligación, donativo o recibo que una mujer realiza a favor de alguien, siendo ella casada, no vale si va en perjuicio del marido, no siendo que fuese ella comerciante, y en ese caso sólo en su mercancía, o fuese por herencia o para alimentar a sus hijos (Tít. IX, art. IX). El marido o mujer sobreviviente que ha llevado dote o donativo por bodas, vulgarmente llamado dote, por lo cual los bienes del otro le son asignados, si hay hijos del matrimonio, retiene y posee dichos bienes hasta que el hijo sea mayor de edad y casado, en este caso el sobreviviente toma la mitad del dote del matrimonio del hijo y la otra mitad que tenía que pertenecer al difunto si viviese, es para el hijo (Tít. IX, art. XII).
  • Los hijos. Si el hijo-a casado o no, muere sin hijos, hermanos y hermanas, estos bienes vuelven al pariente más allegado hábil a suceder restituyendo sólo lo traído al matrimonio por el sobreviviente, conjunto de camas y ropas de vestir, si se trata de cosas, reservado el lecho nupcial, o de varias camas la mejor y el arreglo o donación que hubiera sido hecho en favor de dicho matrimonio: no siendo que fuera dicho de otra manera en el contrato matrimonial (Tít. IX, art. XV). El hijo o hija mayor que está casado con el beneplácito de su padre o madre, o del sobreviviente o después de la edad de veintiocho o veinte años respectivamente, tienen obligación de darles, si los dos viven, enteramente o la mitad al sobreviviente de la dote que le es traída, y la otra mitad emplearla en provecho o utilidad de la casa (Tít. IX, art. XVII). El hijo o hija mayor que ha dado la dote matrimonial a sus padres o la mitad al sobreviviente, si quiere residir aparte, puede, si le parece bien, pedirles reparto; y se le debe dar la mitad de los bienes troncales excepto en las divisas, y lleva la mitad de las cargas que les afectan y la otra mitad queda para sus padres o al sobreviviente (Tít. IX, art. XVIII).
  • Los menores. El padre o madre sobreviviente tiene la custodia de los hijos menores de edad, así como de sus bienes troncales, y de los bienes adquiridos por el difunto, tanto durante el matrimonio como anteriormente, aunque el sobreviviente haya contraído segundas nupcias, con tal haga inventario y dé garantía de conservar dichos bienes y devolverlos no deteriorados (Tít. X, art. I). Si el sobreviviente fallece, el hijo mayor habiendo cumplido los dieciocho años de edad está encargado de los demás hijos, sean del primer o segundo matrimonio, así como de los bienes, haciendo inventario y dando garantía como se dice arriba (Tít. X, art. II). Si el padre y la madre han fallecido dejando a sus hijos sin tutor, el baile, requerido por los parientes de los menores, les da como tutores los que entre los parientes más próximos sean más entendidos e idóneos, uno de parte del padre y otro de la madre (Tít. X, art. III).
  • Libertad de testar. Cualquiera que esté en posesión de sus derechos, sea varón sea hembra, puede otorgar testamento, teniendo quince años cumplidos y no anteriormente (Tít. XI, art. I). El que está bajo la autoridad de otro no puede otorgar testamento antes de la edad de dieciocho años cumplidos; y, pasados éstos, puede disponer de los bienes que le pertenezcan (Tít. XI, art. II). Cualquiera puede disponer de sus bienes adquiridos como le parezca por testamento, o cualquier acto de última voluntad; con tal que, si tiene hijos, deje a cada uno de ellos cualquier cosa por insignificante que sea de dichos bienes adquiridos sin que los hijos puedan pedir otra cosa. Sin embargo, de dichos bienes adquiridos se prelevan las misas y gastos de sus funerales y a falta de éstos, de los bienes avitins (Tít. XI, art. III). De los bienes avitins, no se puede testar sin el consentimiento del que debe suceder; y siendo hijo tiene que ser emancipado (Tít. XI, art. IV).
  • Primogenitura. En las casas y herencias nobles, si el que ha fallecido sin otorgar testamento, dejando varios hijos, le sucede el primer hijo varón, si no hay hijos más que de un matrimonio (Tít. XII, art. I). Pero si hay hijos de varios matrimonios y del primero sólo hay hijas, la hija mayor del primer matrimonio sucede y excluye todos los hijos de los demás matrimonios, aunque entre ellos existan varones (Tít. XII, art. II). En los bienes rurales avitins, el hijo mayor de matrimonio legal sucede a su padre y madre, sea hijo, sea hija (Tít. XII, art. III). Si el hijo-a contrae matrimonio antes de dicha edad de veintiocho o veinte años respectivamente contra el consentimiento y voluntad del padre y de la madre, de los cuales es la sucesión de que se trata, o al faltar el padre y la madre, sin el consejo y beneplácito del abuelo y abuela u otro ascendiente a quien se trata de suceder, pierde el derecho de primogenitura y de suceder igualmente, cuanto tiene lugar sucesión igual, y se debe contentar con la legítima más abajo establecida por la costumbre: y el derecho de primogenitura., en caso de esta privación, va de grado en grado según el orden de genitoría y la porción varonil al verificarse el reparto de la herencia, en lo que excede de la legítima va a acrecentar la correspondiente a los demás herederos (Tít. XII, art. X). El mayor o la mayor que, según costumbre, sucede a sus padres o abuelos en los bienes troncales, está obligada para toda parte legítima de dichos bienes, de casar sus hermanas por parte de los padres, o de la parte de la cual dichos bienes proceden, según la facultad de éstas si ellas sirven en casa del mayor o de la mayor respectivamente, o en otra parte según voluntad del que sucede; de otra manera no tiene obligación de casarlos (Tít. XII, art. XIX). En cuanto a sus hermanos menores de padre y madre, y de la parte de la cual preceden los bienes tiene obligación de darles sólo la cuarta parte de la legítima, que de derecho les pertenece; y si han sido casados por los padre y madre, abuelo o abuela, o uno de ellos, no pueden de ninguna manera querellarse o reclamar en la sucesión (Tít. XII, art. XX).
  • Fianza. Si el marido entra como fiador en favor de alguien, los bienes procedentes del lado de la mujer quedan libres de toda obligación (Tít. XVIII, art. XII).

Los bienes comunales debían de estar, en un principio, muy extendidos y es probable que cubriesen la mayor parte del territorio. Parece ser que durante la edad media, el bosque fue el principal y casi único revestimiento del País Vasco del Norte y, aun cuando todos los documentos antiguos no se pusieran de acuerdo para dar testimonio de ello, encontraríamos una prueba suplementaria en la toponimia vasca: los nombres de los pueblos, barrios y lugares son muy a menudo los de un árbol o un bosque. Estos nombres son testigos antiguos e irrecusables de la abundancia de bosques, indicándonos también cuáles eran las especies que los constituían.

Un país escasamente poblado con asentamientos no muy importantes, espaciados y aislados los unos de los otros por grandes extensiones no cultivadas y repletas de bosques, he aquí, probablemente la primera fisionomía de estas regiones. Fisionomía que atemorizaba a los peregrinos que se dirigían a Santiago y a los comerciantes que iban a España. Sin embargo, después de las invasiones bárbaras que la dejaron prácticamente despoblada, este país vio poco a poco renacer la tranquilidad y la seguridad. Las condiciones de vida mejoraron y asistimos, entonces, a la roturación y a una lucha obstinada entre el hombre y el bosque. Hasta ese momento, el bosque fue la fuente de subsistencia mediante la caza y el pastoreo. Durante varios siglos los modos de vida pastoril y agrícola no han dejado de enfrentarse, y esta lucha tuvo por consecuencia, lentamente al principio, rápidamente más tarde, el aumento de las superficies cultivadas y la continuada disminución de los bienes colectivos: pastos y bosques.

Aunque la propiedad de carácter colectivo, las ancestrales prácticas de disfrute y de libre paso y la trashumancia hayan dominado hasta épocas recientes, con la consecuencia de una utilización de prados y pastos colectivos y de bosques y landas municipales e intermunicipales, hemos asistido, al mismo tiempo, al desarrollo de propiedades privadas, sobre todo en lugares fértiles y mejor adaptados al cultivo. Sin embargo esto no nos debe hacer pensar que la lucha secular entre el agricultor y el pastor, la propiedad privada y colectiva, haya ocasionado la completa desaparición de los bienes comunales y colectivos. Siguen quedando vestigios bajo forma de bienes que pertenecen a barrios, y sobre todo a municipios y grupos de municipios.

Pero según y qué provincia, estos bienes aparecen bajo aspectos y regímenes diferentes: es así que en Zuberoa junto a los bosques municipales privados como los de Aussurucq, Saint Engrace, Ordiap o Chéraute, vemos cómo el conjunto del país con sus 43 municipios posee pro indiviso una vasta propiedad de pastos de alta montaña y de bosques administrados por un síndico elegido. Algo parecido ocurre en Baja Navarra: ésta se divide en pequeños países y «valles», donde el patrimonio común pertenecía y pertenece aún a estas colectividades: en la región de Saint-Jean- Pied-de-Port, el sindicato del País de Cize, con 20 municipios; en Saint-Palais, el del País de Mixe, con 22 municipios; el de Ostabaret, que agrupa doce campanarios del cantón de Iholdy, y finalmente el valle de Baigorry con sus ocho parroquias. Cada una de estas colectividades administra sus bienes comunes, cuyo disfrute y cuyos productos se reparten entre los municipios que la componen. En Lapurdi, al contrario, la propiedad colectiva es desde hace mucho tiempo estrictamente municipal; aquí y allá subsisten aún algunos bienes de barrios o de aldeas. Quizás haya habido aquí, también en el pasado, propiedades intermunicipales como lo atestigua, en el caso de los tres municipios de Mouguerre, Saint Pierre d'Irube y Villefranque, un documento de la primera mitad del siglo XVII, que nos muestra cómo estas tres parroquias se repartían tierras que poseían en común, en el lugar llamado Hirur Elizateak. Quizás se podría ver aquí una prueba de la existencia de una comunidad de origen entre estos tres asentamientos, en el que Mouguerre, llamado antes Saint-Jean-le-Vieux, sería el más antiguo. Podemos observar, por otro lado, cómo sólo hace tres o cuatro siglos que Ciboure y Hendaye se separaron de Urrugne, Halsou de Larressore, Jatxou de Ustaritz y finalmente Louhossoa de Mendionde y de Macaye formando localidades distintas.

Es cosa sabida que Lapurdi, cuyo territorio coincide actualmente con el antiguo distrito legislativo de Bayona, excepto la villa misma, estaba en un principio muy poco poblado. Una serie de tradiciones orales nos informa cómo se preocupaba y se sorprendía tal o cual «etxeko jaun» o propietario de casa antigua cuando se enteraba de que alguien construía una casa a varios kilómetros de la suya y murmuraba entre dientes: Haatik, hauzoa hurbil izanen diagu, lo que quiere decir: «hum! en adelante tendremos vecinos muy cerca de nosotros». Es sin duda alguna a la escasez de población y sobre todo a la aridez de la tierra -cuya casi totalidad está constituida de arcilla que proviene de la descomposición de pizarras del cretáceo superior, extendiéndose el flysch desde Bidache hasta Saint Pée sur Nivelle- a lo que hay que atribuir el origen y la amplitud de los bienes colectivos municipales de Lapurdi.

Todos están de acuerdo en afirmar que esta región, tanto por el carácter independiente de sus habitantes, como por su situación en el extremo sur del reino, está muy poco marcada por la feudalidad, de la que se desprendió muy rápido. Los vizcondes de Lapurdi que administraban el país consideraron las grandes extensiones desiertas y sin cultivar, los llamados «herems», propiedad señorial que les pertenecía, y ello en virtud de la máxima «no hay tierra sin señor». Vemos cómo trataban de establecer nuevas aglomeraciones y es así que un acta de 1193 nos informa sobre la creación de varias localidades, y en concreto las de Urt, Bassussarry, Guétary y Serrès, antigua parroquia, actualmente una aldea de Ascain. En 1152, el país pasa a manos inglesas, en virtud de la boda entre Eléonore de Aquitania y Enrique de Plantagenet; los reyes de Inglaterra, a quienes los vizcondes de Lapurdi habían cedido sus derechos, reconocieron a los habitantes importantes derechos de utilización y de pasto en estos herems, derechos que los Lapurdinos no cesaron de extender y consolidar. Los reyes de Inglaterra temían el carácter batallador e inquieto de estas gentes y consideraron que lo que podían obtener de estas tierras sería poca cosa. Ello les llevó a otorgar los derechos antes descritos. Después de la conquista francesa de Lapurdi en 1451, los Lapurdinos mantienen sus derechos. Siguen recogiendo madera de los bosques y siguen llevando a ellos sus rebaños para pastar. El Fuero de Lapurdi, homologado en 1514 por el parlamento de Burdeos, consagra esta situación de hecho (Tít. III).

Pero por encima de este reconocimiento legal, el poder real trata de cambiar las cosas, sobre todo a partir de la creación de los intendentes bajo Richelieu. Estos funcionarios se esforzaban por extender los derechos del rey y por acrecentar sus prerrogativas. A las afirmaciones y pruebas aportadas por el síndico del país de Lapurdi sobre el derecho de disfrute secular y el reconocimiento de propiedad, establecido por el fuero bajo reserva para el rey, del derecho de Quinto sobre el producto del ganado extranjero, los intendentes y funcionarios se oponían afirmando que sólo se trataba de tolerancias revocables y quisieron imponer impuestos sobre el disfrute de las tiernas comunes, alegando que, de la misma manera que estas tierras pertenecían antes al rey de Inglaterra, ahora eran del rey de Francia. Después de interminables discusiones, se consiguió establecer una transacción. Primero en 1641 y más tarde en 1692. Los derechos de dominio reclamados para el rey por sus funcionarios, fueron comprados por los habitantes que se volvieron definitivamente señores de sus tierras comunales. Vemos también, a menudo, cómo los habitantes venden las tierras a aquéllos que lo solicitan. Parcelas sin cultivar para plantar manzanos y más tarde viñedos. El precio de cesión de la tierra era mínimo. En el municipio de Ustaritz fue fijado en 25 libras el arpende (unas 42 áreas), si la tierra iba a quedar abierta, y a 75 libras si se iba a cercar. Estas parcelas son las que dieron lugar a pequeñas explotaciones que encontramos en el interior de las tierras comunales de Lapurdi. Pero llegada la primera mitad del siglo XVIII, asistimos a la generalización de estas ventas o por lo menos a la tendencia a repartir las tierras entre los usuarios. En varias parroquias tiene lugar un reparto en beneficio de cada casa, de acuerdo con el baremo de contribuciones que aportaba cada una de ellas. A veces se trata sólo de un simple reparto de disfrute, que de colectivo pasa a ser en parte delimitado, pero a veces se trata de un reparto definitivo. Esto lo hemos visto no hace mucho tiempo en Macaye. De esta manera, no sorprende constatar que a comienzos del siglo XIX la superficie total de las tierras comunales de Lapurdi haya disminuido considerablemente. Sin embargo, queda aún bastante, puesto que en 1840 la superficie era de 22.000 hectáreas, es decir bastante más que la cuarta parte del país. No creemos que desde esta época haya habido grandes cambios: muchos municipios siguen teniendo grandes propiedades colectivas. Citemos entre los más ricos: Hasparren con más de 2.000 hectáreas, Saint-Pée, Urrugne, Sare, Ustaritz, Ainhoa... Tampoco pensamos que la subsistencia de estas propiedades sea algo malo: al contrario, es necesario darse cuenta que este sistema es el que ha permitido que Lapurdi conserve intacta la mayor parte de su patrimonio forestal y que facilite su restauración.

El ejemplo de los municipios que durante estos últimos doscientos años, obedeciendo a las directrices de los gobiernos y a las facilidades ofrecidas por los legisladores, han alienado o repartido entre sus habitantes la propiedad municipal, es aleccionador: si debido a este reparto se han creado algunas explotaciones y se han roturado bastantes hectáreas, no por ello hay que dejar de señalar que su principal consecuencia ha sido la desaparición de los árboles en los terrenos repartidos. Una pequeña parte de los antiguos bosques o de las landas ha sido roturada, pero, al contrario, la mayor parte de las veces, se han transformado en landas desnudas, periódicamente devastadas por el fuego, sometidas a la guadaña y al diente de los animales, donde ya no crece sino el espino, utilizándose en parte para pajaza de los animales y proporcionando en el mejor de los casos un poco de pasto. Hay que reconocer por otra parte que los bosques de Lapurdi, poblados casi exclusivamente con robles pedunculados y robles «quercus tozza», sufrieron mucho con el oidio que apareció hacia 1906, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran parte de estos bosques estaba poblada de robles desmochados o tallados, es decir podados regularmente a una altura variable, suficiente para poner los retoños en lugar seguro, lejos de los dientes de los animales y permitir igualmente el crecimiento del helecho necesario para la paja de los animales. Los robles desmochados que se encontraban sobre todo en los bosques municipales de Urrugne, Sare, Saint-Pée y de Ainhoa y en las landas pobladas de árboles, han desaparecido en su mayor parte. Es así que nos encontramos ante la necesidad de reconstituir el bosque y no se puede sino desear que los municipios Lapurdinos, que han sabido conservar un importante patrimonio colectivo, sepan igualmente aprovechar las facilidades que ofrece el Fondo Forestal Nacional a todos aquellos, particulares o colectividades, que quieran repoblar forestalmente sus propiedades. El municipio de Hasparren dio el ejemplo y se lanzó por esta vía. El éxito parece asegurado porque nuestras landas difícilmente cultivables, se repueblan con mucha facilidad, con la condición de que se cerquen sólidamente. El ejemplo que nos ofrece la repoblación forestal de la finca de la Marfée en Jatxou es realmente significativo: treinta años han sido suficientes para transformar una gran extensión de tierras que parecían degradadas y empobrecidas para siempre y de donde había desaparecido todo tipo de arbusto, en un bosque de varios centenares de hectáreas (Ref. L. Dassance: Propiétés colletives el biens communaux dans l'ancien Labourd, G-H, 1957, n.° 3, 129-138).