Concepto

Convenio Económico

El Convenio Económico es el instrumento jurídico que regula las relaciones de índole tributaria y financiera entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado Español. Desde el punto de vista formal, el Convenio Económico es una Ley emanada de las Cortes Generales. El texto cuenta con un Título Preliminar que fija mediante las disposiciones generales el alcance de la potestad tributaria de Navarra. El Título I plasma las normas de armonización tributaria para cada una de las figuras tributarias, las normas de gestión y procedimiento y las que rigen la Junta Arbitral. El Título II, dedicado a la Aportación Económica, establece el método para su determinación, los procedimientos de cuantificación y actualización y los ajustes a la recaudación. Y por último, el Título III regula la Comisión Coordinadora. El Convenio, modelo único en la Unión Europea junto con el Concierto Económico, es expresión concreta y material de los derechos históricos de Navarra y fundamento de su autogobierno.

Según el Convenio Económico Navarra puede mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Para la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos que integran el sistema tributario de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostenta las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado. El Estado se reserva la competencia exclusiva en materia de derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Estas competencias no son ilimitadas, el propio Convenio Económico fija dos tipos de límites a su ejercicio. Son los primeros principios generales que debe respetar la Comunidad Foral como los de solidaridad, atención a la estructura general impositiva del Estado, la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado y el sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español.

Los segundos fijan las reglas de la necesaria armonización fiscal. Así, al elaborar la normativa tributaria, Navarra debe adecuarse a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado, respetar y garantizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos, y utilizar la misma clasificación de actividades económicas que en territorio común.

Los tributos convenidos abarcan todo el sistema tributario y expresamente se citan los que siguen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre las Primas de Seguro, Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el juego y Tasas.

Para cada uno de estos tributos, el Convenio establece los criterios de armonización o puntos de conexión, a menudo complejos, gracias a los cuales se deslindan las competencias de gestión sobre los sujetos pasivos o los hechos imponibles. Es la parte más extensa del texto legal.

Para calcular la aportación económica que anualmente Navarra debe satisfacer a la Hacienda estatal -obsérvese que el concepto es idéntico al de Cupo en el Concierto Económico-, se procede de la siguiente manera: los gastos totales del Estado (GTE) se dividen en cargas no asumidas (CNA) -que lo son bien por tratarse de competencias exclusivas del Estado o bien porque siendo transferibles aún son ejercidas por éste- y cargas asumidas (CA) que corresponden a partidas de competencias que ya ejerce Navarra. El método comienza por evaluar el importe de las cargas no asumidas (CNA) por la CFN en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado. En la práctica, y por sencillez, para obtener éstas (CNA) se identifican y suman todas las partidas presupuestarias que reflejan créditos correspondientes a competencias asumidas (CA) y su importe se sustrae del total de gastos (GTE). La aportación íntegra se calcula multiplicando dicho importe (CNA) por el índice de imputación (i): De modo que:

Aportación íntegra = i × CNA.

Para el Convenio de 1990 el valor del índice de imputación se determinó como el porcentaje de participación de Navarra en el Valor Añadido Bruto nacional al coste de los factores según la Contabilidad Regional del INE y referido a 1986, último año disponible en el momento de la firma del Convenio, así

i= VAB Navarra ÷ VAB Estado = 466.873÷ 29.141.184 = 1,60%

Desde entonces, el índice del 1,6 por ciento permanece inalterado.

De este importe íntegro deben descontarse los ajustes a la recaudación derivados de los puntos de conexión y las compensaciones por ingresos que obtiene el Estado y no son recaudados por la hacienda foral. Así se obtiene la aportación líquida.

También por razones de conveniencia práctica se acordó que estos laboriosos cálculos se hiciesen tan sólo una vez cada cinco años, determinando así la aportación líquida del denominado año base del quinquenio. La de los otros cuatro años se fija automáticamente mediante un índice de actualización basado en la evolución de la recaudación de la Hacienda estatal de los impuestos concertados en el periodo.

El resultado de este proceso recogido en el Convenio para los años base de 1990 y 2000 es el que mostramos en el siguiente cuadro:

Determinación de la Aportación Económica de la CFN
Año Base 2000 Año Base 1990
Presupuesto del Estado. Gastos139.292.121.93376.295.535.682
Cargas ejercidas por Navarra74.674.005.02421.375.470.292
Porcentaje Cargas Ejercidas53,61%28,02%
Total cargas no asumidas64.618.116.90954.920.065.390
Aportación integra (1,60 %)1.033.889.871878.721.046
Compensaciones672.947.243507.128.004
Tributos no convenidos48.898.345172.724.869
Otros ingresos no tributarios132.541.19999.689.878
Déficit presupuestario415.431.587193.045.088
Impuestos directos convenidos76.076.11241.668.169
Aportación líquida del año base360.943.829371.593.764
En millones de pesetas60.056,061.828,0

El Convenio Económico, al igual que el Concierto, ha planteado tradicionalmente instituciones para ayudar a las administraciones a modular sus relaciones y encauzarlas hacia posiciones de entendimiento y cooperación en las cuestiones que se derivan de la aplicación o interpretación de los propios textos. Se trata de órganos diseñados para la coordinación, concebidos siempre de acción bilateral, Estado - Comunidad Foral, y por tanto incompleta, como es fácil suponer para un escenario de cinco administraciones activas y competentes.

El número 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) quiere que "dada la naturaleza paccionada de los Convenios Económicos, una vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la Diputación", sean "sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley ordinaria." Se sobreentiende que la negociación política propiamente dicha corresponde al Gobierno de Navarra, pero compete al Parlamento de Navarra su aprobación mediante ley foral. Lo cual exige contar con la mayoría suficiente, de ahí que para la negociación del Convenio Económico de 1990 el Gobierno de Navarra arbitrara la fórmula, no prevista por la LORAFNA, de constituir una Comisión Negociadora integrada por miembros de los grupos políticos con representación en la Cámara. De este modo el visto bueno de la Comisión asegura de facto al texto resultante la superación del preceptivo trámite parlamentario. Ni la LORAFNA ni el Convenio Económico han previsto este instrumento de estricto carácter político que actúa auxiliada por una comisión técnica integrada por funcionarios de la Hacienda Foral elegidos por el Gobierno de Navarra. El Boletín Oficial de Navarra publica la composición de la Comisión Negociadora y el nombramiento de sus miembros pero sus acuerdos no son públicos, como tampoco lo son los de su homóloga en el Concierto Económico.

La Comisión Coordinadora tiene origen en el Convenio de 1969 que creó dos: una para impuestos directos y otra para indirectos -la disociación respondía a la estructura orgánica del Ministerio en aquel momento- que luego se fundieron en una sola. La Comisión Coordinadora, regulada en el artículo 67 del Convenio, ha desempeñado sus funciones básicamente en asuntos del propio Convenio, como son los problemas derivados de su aplicación. Su competencia no alcanza, lo hemos dicho, la más cualificada misión de modificar el Convenio que se reserva a la Comisión Negociadora. La última modificación del Convenio (2003) ha introducido varios cambios en la Comisión Coordinadora. Sus competencias según el texto vigente son: realizar los estudios que se estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen foral con el marco fiscal estatal, facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniformes, planes y programas de informática, examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral, emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y por la Junta Arbitral, examinar los problemas de valoración a efectos tributarios, evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Convenio Económico con carácter previo a su aprobación, resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el Convenio Económico, determinar la aportación económica, tanto del año base como de los restantes de cada quinquenio, fijar la cifra de volumen de operaciones delimitadora del punto de conexión en Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido para su actualización por ambas Administraciones, establecer el método para la cuantificación y liquidación de los ajustes por Impuestos indirectos, cuantificar la valoración anual, provisional y definitiva, del coste de las competencias ejercidas por la Comunidad Foral de Navarra en materia de policía y acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.

La reforma de 2003 ha alterado las funciones de la Comisión Coordinadora por causa de la aplicación en la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en las leyes, orgánica y ordinaria, de Estabilidad Presupuestaria. En sus disposiciones finales primera y quinta respectivamente, se remitían a una posterior disposición de rango legal, que se decidió fuera el Convenio Económico. Y así se establece que la determinación del objetivo de estabilidad de Navarra corresponderá a la Comisión Coordinadora que dará traslado del mismo al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su conocimiento. La Comisión Coordinadora también es competente para el análisis del cumplimiento de este objetivo y de las posibles medidas para la corrección de situaciones de desequilibrio. El objetivo de estabilidad de las Comunidades Autónomas de régimen común, así como su seguimiento, es competencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que toman parte la Administración del Estado y todas las Comunidades Autónomas. En la disposición adicional séptima se reconoce a la Comunidad Foral las facultades de tutela financiera respecto a las Entidades Locales que en cada momento desempeñe el Estado en esta materia en relación con la aplicación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. La composición paritaria de la Comisión cuenta, según el artículo 67 del Convenio, con seis representantes de la Administración del Estado y otros seis representantes de la Comunidad Foral -no reclama que pertenezcan a la Administración- designados por el Gobierno de Navarra.

Como se ha adelantado, en esta materia la comparación con el Concierto ofrece algunas diferencias que tienen por causa el distinto grado de articulación de funciones, ya que el Concierto prevé un órgano inexistente en el Convenio cual es la Comisión Mixta (artículos 61 y 62 del Concierto Económico). De ahí que el análisis comparativo de sus funciones deba hacerse teniendo a la vista simultáneamente la Coordinadora del Convenio y las dos comisiones del Concierto, la Coordinadora y la Mixta.

La Junta Arbitral esta integrada por tres miembros designados por el Ministro de Hacienda y el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, y sus funciones, de manera resumida, consisten en resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral o entre ésta y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas concernientes a relaciones tributarias individuales y resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes. Sus acuerdos serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa y ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

El Convenio Económico es una herramienta en construcción permanente y su versión en cada momento histórico es tanto consecuencia de las tensiones políticas entre Navarra y la administración del Estado como de la fuerza de los derechos adquiridos. Es ya un lugar común en la contradictoria historiografía, la afirmación de que los Decretos de Nueva Planta de Felipe V mantuvieron el estatus de los históricos territorios vascos, incluido el Reino de Navarra, conservando el espacio tributario que las aduanas sitas en el Ebro venían a configurar. No es fácil trasladar los primarios y minúsculos sistemas fiscales de la Edad Moderna a nuestro modo de entender la fiscalidad Baste saber que la parte alícuota de las necesidades de la Corona española se sustanciaban, mediante expresa petición de fondos, por el donativo foral que Navarra satisfacía tras recaudar entre sus súbditos los cuarteles y las alcabalas. La extensión de la hidalguía fue argumento de exención que no evitó tener que atender los requerimientos del rey. En ningún territorio de la vieja Vasconia existió una exención fiscal propiamente dicha, pues siempre contaron, bien que embrionario, con un sistema impositivo. Pese a todo, el siglo XVIII las conoció como Provincias Exentas.

Aunque ya la Monarquía en el Antiguo Régimen había dado muestras de beligerancia hacia el régimen foral, los conflictos surgen con fuerza en los movimientos constitucionales del XIX, cuyo espíritu innovador chocaba con el rancio fuero. Las posiciones reformistas y abolitorias pueden apreciarse con anterioridad a la guerra carlista, pero es tras ella cuando alcanzan sus objetivos. Tras la derrota carlista, hallamos que en los cuatro territorios vascos el sentir mayoritario, y no exclusivamente entre los vencidos, aboga por el mantenimiento de los fueros, o al menos una parte de ellos.

En Navarra, una Diputación favorable al acuerdo -en buena parte por los intereses mercantiles y financieros de sus integrantes, acuciados por la incertidumbre de la liquidación de la deuda pública- aceptó la vía de la unidad constitucional prevista en la ley de 25 de octubre de 1839, consecuencia del compromiso de Espartero en Bergara, y separándose de los otros tres territorios, negoció con el Estado para llegar en 1840 al pacto que sustentó la Ley de 16 de agosto de 1841, conocida posteriormente como Paccionada, cuyo efecto político más conocido es la reducción de Navarra de Reino a Provincia. Esta ley -vigente en la actualidad en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA)- que contempla muy diversas materias, no es formalmente un Convenio Económico pero sus disposiciones aduaneras y fiscales, los ya mencionados artículos 16 a 24, se aceptan como el germen de su naturaleza material.

Entretanto, los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, desacordes con la reforma a la baja aceptada por Navarra, se sumieron en un periodo de indeterminación de posiciones frente a un indeciso Gobierno central, que no concluiría hasta la ley de 21 de julio de 1876. Durante más de tres décadas, tras el decreto abolitorio de Espartero de 29 de octubre de 1841 que trasladó las aduanas a la costa y los Pirineos pero que nada dijo de las competencias tributarias, y a pesar del requerimiento expreso para contribuir habido tras la reforma de Mon y Santillán esquivado con oportuno incremento del donativo foral, ambas partes protagonizaron un impasse caracterizado por la falta de negociación y el temor recíproco a modificar el frágil estatus que a la postre vendría a fortalecer las haciendas forales.

De nuevo el final de otra guerra carlista propició la ley de 21 de julio de 1876, abolitoria de los fueros. Con ella llegó la tentativa de Cánovas del Castillo de modificar los fueros. Un intento que cristalizará en el Concierto Económico. Quiso Cánovas extender a Navarra la obligación de contribuir, y lo hizo por medio del artículo 24 de la Ley de Presupuestos. En 1877 Navarra, que vio peligrar su régimen privativo por su posición a favor de Carlos VII en la contienda, logró eludir la homogeneización pretendida aceptando un incremento del cupo, que se fijó en dos millones de pesetas, por acuerdo que se conoce como Convenio de Tejada-Valdosera, nombre del comisario regio negociador. Un texto que todavía no reconocía explícitamente la autonomía fiscal de la provincia.

Tras el Convenio navarro, nacen los Conciertos con los otros territorios forales que el Estado apalabra, tras disolver Cánovas las Juntas Generales, con Diputaciones adeptas. Por Real Decreto de 28 de febrero de 1878 nace el Concierto Económico, sin legitimación jurídica por falta de sanción de las Juntas Generales. Interesa recordar que en su origen el significado literal del término concierto no deriva de la idea de acuerdo o pacto, sino del concepto de orden o armonía que con él lograba el Estado para todo el territorio nacional.

A este primer Concierto seguirían escalonadamente los de 1887, 1894, 1906 y 1925 sin modificaciones sustanciales, excepto por las actualizaciones del cupo contributivo y la paulatina prolongación de su plazo de vigencia, ocho, doce, veinte y veinticinco años. Huelga decir que con cada acuerdo se lograba una progresiva e irreversible consolidación del modelo. Como novedad, con el de 1925, que ya prevé criterios armonizadores, se dicta un Reglamento de aplicación, que el Gobierno va a querer aplicar también a Navarra.

En todo este tiempo el Convenio navarro de 1877 no conoció modificación alguna y su vigencia se prolongó durante cincuenta años. Hay que señalar cómo en 1893 el Gobierno, persistiendo en su empeño homogeneizador, acometió de nuevo, mediante su ministro Germán Gamazo, un intento igualador que provocó una contundente reacción fuerista. El decisivo y muy conocido episodio que ha pasado a la historia como la Gamazada. Por primera vez, el Convenio de 1927 reconoce su carácter pactado y la autonomía fiscal de Navarra. Se aumentó el cupo de dos a seis millones de pesetas y vieron la luz nuevas y más perfeccionadas normas armonizadoras en varias figuras tributarias.

La Segunda República conservó intacto el sistema de Convenio y Concierto hasta que Franco, mediante el Decreto Ley de 23 de junio de 1937 abolió el Concierto para Guipúzcoa y Vizcaya, tildándolo de privilegio, como castigo por su lealtad al orden constitucional durante la rebelión facciosa, y lo mantuvo para Álava, así como el Convenio Económico para Navarra.

La reforma tributaria de Larraz de 1940 y la fuerte depreciación monetaria de la posguerra obligaron a armonizar la normativa fiscal y a incrementar el cupo navarro mediante un nuevo Convenio firmado en 1941. Con él, según la prensa de la época "se mantienen intactas las características esenciales del Régimen Foral, al establecer el nuevo cupo inalterable y paccionado; La Diputación en su territorio conserva la soberanía tributaria, incluso para los impuestos de nueva creación que cubrirán, en su mayor parte, el cupo fijado en 21 millones de pesetas".

Por su parte, el sexto Concierto Económico, en virtud del castigo infligido a Guipúzcoa y Vizcaya efectivo tan sólo para Álava, se firmaría en 1952 con una vigencia de veinticinco años, como estableció el anterior vigente, y con la novedad de revisar quinquenalmente el cupo contributivo.

De los sucesivos acuerdos, desde el Convenio Económico de 1969 y el Concierto Económico de 1976 con Álava hasta el sistema vigente y sus modificaciones adelantamos ahora una sinopsis para facilitar su estudio porque no se puede entender la evolución y desarrollo del Convenio y del Concierto en este periodo sin observar de cerca y simultáneamente los pasos seguidos por ambos.

1969
Iniciamos el recorrido con el Decreto Ley 16/1969, de 24 de julio, que aprueba el Convenio Económico de 19 de julio. Este novedoso decreto-ley franquista, supera al modelo alavés de 1952, apuntala el régimen privativo foral y lo adapta a las importantes reformas tributarias habidas en 1957 y 1964 en el Estado y sienta las bases del moderno Concierto Económico y del posterior Convenio Económico.

1976
El Real Decreto 2948/1976, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Concierto Económico con Álava, supuso la sexta renovación del Concierto y se inspiró plenamente en el Convenio navarro de 1969, hasta el punto de que toda la parte de potestades y armonización tributaria es una copia casi literal. Se diferencia de aquél en el método de cálculo del cupo. Para ello, el modelo alavés, más rudimentario, parte de cuantificar cupos parciales por cada una de las figuras impositivas que venían a fijarse según una estimación de lo que el Estado hubiese recaudado por esos conceptos en el Territorio foral. Del montante total de cupos parciales se descontaba, en concepto de compensación, una cifra por los gastos de la Diputación en materias que debía haber sufragado el Estado. Todas las cifras eran negociadas. La cifra final del cupo a pagar el primer año fue de 2.989 millones de pesetas, con una cláusula de actualización anual. El Concierto de 1976 es, por expresa referencia del Estatuto de Gernika, la base técnica para la novación del Concierto de 1981. Los negociadores navarros de 1969 habían asentado, sin sospecharlo, los fundamentos del modelo de Concierto y Convenio para el periodo constitucional.

1979
Ve la luz el Real Decreto 2655/1979, de 19 de octubre, por el que se establecen normas de carácter provisional para la adaptación del IRPF y del IS en territorios de régimen común y foral. Navarra adecua los criterios técnicos de armonización fiscal y se asegura la posición tras la reforma tributaria. Un año antes, el Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de marzo de 1978 había aprobado el Texto para la armonización de los regímenes fiscales común y foral de Navarra sobre medidas urgentes de reforma fiscal.

1981
Se publica la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (con entrada en vigor el 1 de junio de 1981). Es el hito trascendental en el proceso, en el que sus negociadores tuvieron como referente indirecto el Convenio navarro. Presidían los Gobiernos respectivos Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea. A la decidida voluntad política de ambos se atribuye la revitalización del régimen concertado. El artículo 41.1 del Estatuto vasco dispuso que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrían reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios.

1982
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). Se trata del original estatuto de autonomía navarro al que la Hacienda Foral tuvo que esperar para afrontar las negociaciones del nuevo, y ya urgente, Convenio Económico. El artículo 45 de la LORAFNA establece que en virtud de su Régimen Foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico.

1985
Ley 49/1985 de 27 de diciembre, de adaptación del Concierto al nuevo régimen de la Imposición Indirecta (Norma Foral 19/1985, de 18 de octubre). Regula las competencias en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido con innovación en los puntos de conexión e introduce los ajustes financieros al consumo intentando respetar la autonomía en la gestión.

1986
Ley 18/1986, de 5 de mayo, de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta que, con injustificable retraso recoge en los mismos términos la adaptación de la Ley 49/1985 para el Concierto (el acuerdo con la administración del Estado fue cerrado poco después de su modelo con la CAPV y antes de la entrada en vigor del IVA, de hecho el Parlamento Foral lo aprobó el 10 de diciembre de 1985).

1990
Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos. Es consecuencia de la nueva regulación del sistema financiero local y, concretamente, del sistema tributario de las entidades locales. La necesidad de actualizar los términos de concertación del Impuesto sobre Sociedades y por ello también en el Impuesto sobre el Valor Añadido dio pie a nuevos acuerdos con las comunidades forales: el acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo del País Vasco de 4 de octubre de 1990 se plasmó en la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, de modificación parcial del Concierto. Y aquí la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el vigente Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990. La provincia abandona el ya desfasado esquema del Convenio Económico de 1969 para acomodarse al del Concierto Económico de 1981.

1993
Ley 7/1993, que fija la metodología del cupo para el quinquenio 1992 a 1996. En este año, la Unión Europea introduce en el Estado mediante la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, una nueva regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido (los nuevos hechos imponibles de las adquisiciones y entregas intracomunitarias) y de los Impuestos Especiales (Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte) que exigen la adaptación del Convenio Económico y del Concierto al Impuesto sobre el Valor Añadido y Especiales. Las Cortes generales aprueban estas dos consecutivas leyes adaptadoras: La Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de adaptación del Concierto Económico a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales y la Ley 12/1993, de 13 de diciembre, por la que Navarra asume la nueva concertación.

1997
Ley 37/1997, de 4 de agosto, del cupo 1997/2001 para este nuevo quinquenio. La implantación del Impuesto sobre las Primas de seguros llevada a cabo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, supuso una innovación unilateral del ordenamiento tributario del Estado que llevó a introducir modificaciones en los criterios de armonización fiscal, en el régimen de los tributos a los no residentes, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la tributación de los grupos de sociedades. Al desaparecer los Monopolios Fiscales, procedía integrar la potestad sobre los Impuestos Especiales afectados (Hidrocarburos y Tabaco) con la correspondiente armonización y ajustes recaudatorios. Se hizo lo mismo con la imposición sobre alcoholes. Todo ello según los acuerdos alcanzados entre la administración central y la vascongada a los que más tarde se sumaría la navarra. Para el Concierto, la modificación se plasma en la Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba su modificación. Una vez más Navarra soportó un retraso, hasta mediados de junio de 1998, para ver formalmente aprobadas sus nuevas competencias, lo que obligó a un excepcional uso de la retroactividad. El Concierto se igualaba al Convenio al ver reducidas de doce a cuatro, las mismas que en Navarra, las normas de armonización tributaria y al ampliar la capacidad normativa en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio y en la Tasa sobre el Juego.

1998
Siguiendo al Concierto, el Convenio Económico fue objeto de modificación parcial mediante Acuerdo suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral el 28 de octubre de 1997, aprobado por el Parlamento Foral el día 10 de diciembre (publicado por OF 206/1997, de 10 de diciembre) pero que fue aprobado por las Cortes Generales mediante la Ley 19/1998, de 15 de junio, (BOE 143 de 16-6-98), retrotrae sus efectos a 1 de enero de 1998.

2002
Tras un arduo periodo de negociaciones que se inicia a mediados de 2001 y culmina en marzo de 2002, las Cortes Generales dan luz a la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con el País Vasco, a la ley 13/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología del Cupo para el quinquenio 2002 -2006 y a la Ley Orgánica 4/2002, de 23 de mayo, complementaria de la Ley del Concierto Económico. La inusitada y virulenta tensión política que rigió las negociaciones llegó al punto de que el Estado dispuso unilateralmente la prórroga de la vigencia del Concierto Económico mediante la Ley 25/2001, de 27 de diciembre.

2003
El Convenio Económico debe arreglar las cuentas pendientes de los ajustes y adaptarse una vez más al nuevo escenario jurídico tributario diseñado por el Concierto Económico y lo hace mediante Acuerdo de la Comisión Negociadora del día 22 de enero de 2003, aprobado por el Parlamento de Navarra el día 27 de febrero de 2003 y por las Cortes Generales como Ley 25/2003, de 15 de julio (entrada en vigor el día 17 de julio).

Las reformas tributarias de 16 de diciembre de 1957 y de 11 de junio de 1964 crearon nuevas y poderosas figuras impositivas, como lo fueron el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto sobre el Lujo, que tropezaron con el frágil armazón del viejo Convenio de 1941. La propia Ley de Reforma Tributaria de 1964 hacía un llamamiento expreso al Gobierno para que regulara las aportaciones al sostenimiento de las cargas generales de Navarra y Álava y para que, de acuerdo con las Diputaciones, "se adoptaran las medidas conducentes a asegurar la realización de los criterios distributivos, sociales y económicos, en que se inspire la política nacional". Tras un periodo de al menos cuatro años de estudios y tensas negociaciones se firmaba en Madrid el 19 de julio de 1969 el Acta del acuerdo y su instrumento anexo que fue publicado como Decreto Ley 16/1969, de 24 de julio (BOE nº 180 de 29 de julio de 1969).

En lo formal, el Convenio de 1969 se suele caracterizar por el empleo del Decreto Ley con artículo único. Un subterfugio arbitrado por Franco para sortear a sus propias Cortes. El texto formal de artículo único o lectura única marcará la pauta para los sucesivos acuerdos de Concierto y Convenio que serán por este medio robustecidos. Otro señalado rasgo es su título preliminar que presenta las bases modernas de la autonomía tributaria de Navarra, a la que reconoce "amplias facultades para mantener y establecer en la Provincia el régimen tributario que estime procedente, siempre que no se oponga a los pactos internacionales, al presente Convenio o a las contribuciones, rentas o impuestos propios del Estado."

Los criterios armonizadores afectaban a los Impuestos a cuenta de los Generales sobre la Renta, posteriormente derogados en su mayoría por la reforma de 1978. Recuérdense, por ejemplo, los impuestos sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, sobre las Rentas del Capital y sobre Actividades y Beneficios comerciales e industriales. Afectaban al propio Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, igualmente derogado desde 1 de enero de 1979, para cuya exacción por Navarra se exigía el doble requisito de la vecindad civil y la residencia efectiva. También al Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas (derogado al entrar en vigor el Impuesto sobre Sociedades el 1979), que requería a las Sociedades domiciliadas en Navarra para tributar a la Diputación Foral que la mayoría del capital desembolsado perteneciese a personas de condición navarra y además que la mayoría de los negocios se realizasen dentro de Navarra o bien que estuvieran en este territorio la mayoría de las inmovilizaciones. Un requisito excesivamente restrictivo, ajeno a la personalidad del sujeto pasivo del tributo y contrario al interés de los negociadores navarros, que el capital foráneo siempre esquivó con facilidad mediante testaferros. Y al Impuesto General sobre las Sucesiones que, al igual que en el Convenio de 1941, pedía al causante tener derecho al régimen foral de acuerdo con el código civil, salvándose la tradicional exención foral de las herencias directas que tanto escozor ha levantado siempre en el Estado.

En los Impuestos Indirectos se armonizaba el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con prolija casuística en los puntos de conexión, el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas, el Impuesto sobre el Lujo (ambos derogados a partir del 1 de enero de 1986 por la Ley Foral 24/1985, del IVA), y los Impuestos Especiales (también derogados a partir de 1 de enero de 1986 y regulados de nuevo por la Ley Foral 25/1985).

El Convenio creaba dos comisiones coordinadoras para un mejor fin de sus disposiciones, una para impuestos directos y otra para indirectos. Con sensatez, ambas fueron refundidas en una sola mediante el Decreto 76/1973, de 18 de enero. Y regulaba de nuevo la Junta Arbitral, con el fin de revisar los acuerdos sobre los que las administraciones tuvieran discrepancia.

En la parte financiera, el Convenio de 1969 introdujo una importante novedad que vino a romper la tradición de la cuantía única de la aportación económica o donativo foral, al establecer y distinguir tres conceptos diferentes. De un lado el denominado cupo contributivo, de carácter fijo, que se elevaba de los 21 millones de pesetas que señaló el convenio de 1941 a 230 millones de pesetas. Un importe desvinculado de cualquier parámetro objetivo de referencia y exclusivamente dependiente del acuerdo político. En segundo lugar, se exigía a la Diputación el pago de una compensación anual por la atribución al erario provincial de los rendimientos del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e Impuesto sobre el Lujo (salvo el que recae sobre el petróleo y sus derivados), lo que el propio Convenio denomina compensación por impuestos indirectos y cuyo inesperado comportamiento futuro iba a repercutir veinte años después en las negociaciones del siguiente Convenio. Y por último una compensación anual por la desgravación fiscal a la exportación satisfecha por el Estado a empresas que tributaban a la Diputación.

Para los años 1970 y 1971, las compensaciones variables citadas las fijó el propio texto en 390 millones y 80 millones de pesetas respectivamente. A partir de esta fecha las cuantías se determinarían según sendas cláusulas automáticas. Para la compensación por impuestos indirectos, según el tanto por ciento de variación de la recaudación total del Tesoro en el ejercicio inmediatamente anterior sobre el precedente y para la compensación por desgravación fiscal, de forma que se mantuviera la proporción existente entre la cifra de 80 millones señalada y los pagos efectivos que por este concepto hiciera el Ministerio de Hacienda durante 1969 a las empresas navarras. La aportación en su conjunto vino a suponer una cifra de 1.065 millones lo que equivalía al 41 por 100 del Presupuesto de la Diputación de 1970.

Durante siglo y medio, los acuerdos logrados entre la administración del Estado y la de Navarra permanecían inalterados durante años. De este modo la aportación económica, o donativo foral, pronto quedaba obsoleta a favor de la administración deudora, Navarra, lo cual era origen indubitado de privilegios. Era por tanto el Estado quien, con mayor o menor dilación, llamaba al orden a Navarra para actualizar el Convenio. Por el contrario se suele resaltar como una característica singular que el Convenio de 1990 es el único en el que la iniciativa de su gestación partió de Navarra y no de Madrid como sucedía ordinariamente en los anteriores convenios. ¿Qué había cambiado en los años ochenta del pasado siglo para que Navarra apremiase la negociación de un nuevo Convenio que, además de obligarle a la financiación a su costa de carísimos servicios como la sanidad y la educación, iba a multiplicar por más de cien la aportación económica? Fueron varios los factores determinantes.

La reforma fiscal de Fernández Ordóñez, de inspiración europea, obligó a adaptar provisionalmente para Navarra los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades mediante el Real Decreto 2655/1979, de 19 de octubre. La Disposición Final Primera de esta norma señaló que "en el plazo de tres meses (...) se procederá a iniciar la actualización del Convenio Económico, mediante la correspondiente negociación". Pero los gobernantes navarros tuvieron que esperar a ver publicada la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), la peculiar vía por la que Navarra accedió al nuevo sistema estatutario constitucional. Pese a que la LORAFNA fue aprobada en 1982, las negociaciones no se iniciaron hasta que se ocupó de la administración central el gobierno socialista en 1983, y aún se suspendieron por causa de las elecciones forales. Ello no impidió que en otoño de 1985, ante la inminente llegada del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra se sumara a la reivindicación vascongada y alcanzase, tras la CAPV, las competencias de su gestión con acuerdo en las normas armonizadoras y ajustes de la recaudación.

El nuevo marco de la organización autonómica del Estado que trazó la Constitución de 1978, con la asunción progresiva de competencias por parte de las Comunidades Autónomas que las situaban en niveles similares y aun superiores a Navarra y, particularmente, el impulso que el Concierto Económico de 1981 daba al despegue autonómico de la CAPV, dejó a la Comunidad Foral en rezagada posición en la desatada carrera autonomista de la época.

Por otra parte, el excepcional y discutido acceso de Navarra a la autonomía, sin la intervención de todas las fuerzas políticas ni de las instituciones locales y sin referéndum popular, había forjado, primero sobre el Real Decreto de 26 de enero de 1979 y luego sobre la LORAFNA, un proceso también especial de transferencias acordado en 1984. Se establecía que, en tanto permaneciera en vigor el Convenio de 1969, Navarra debía asumir completamente la financiación de los servicios que le fueran transferidos. Es evidente que, en tales términos, los gobernantes navarros no tenían ninguna prisa en ejercer a costa del erario foral, por ejemplo, las muy costosas competencias de Salud y Educación. Porque el Convenio de 1969 no preveía ninguna fórmula de ajuste financiero al respecto. No obstante, y dado que la muy reducida cuantía de la aportación (que llegó a ser de signo negativo, como se verá) no comprometía los presupuestos, el Gobierno de Navarra, para mantener la imagen y no quedar descolgada del pelotón de las autonomías, optó por la asunción, a su costa, de algunas competencias de menor relevancia económica.

Tres factores interrelacionados quebrantaron la interesada indolencia del gobierno foral: la presión de los grupos políticos por alcanzar las cotas de autonomía que otras comunidades ya disfrutaban, la clamorosa insolidaridad de la Comunidad Foral que conservaba congelado el cupo contributivo desde 1969, y la alarma encendida en la administración del Estado al conocer el signo negativo de la aportación económica derivada del imprevisto comportamiento de la fórmula establecida en 1985 para el cálculo de la compensación por impuestos indirectos. De modo que para enero de 1989 se señaló la primera reunión de la Comisión Negociadora. Una Comisión que culminaría sus trabajos en julio de 1990. En ese mismo tiempo el Gobierno Vasco negociaba a su vez la modificación del Concierto Económico (que se plasmaría más tarde en la Ley 2/1990, de 8 de junio), cuyos avances llegaban a la mesa de los negociadores del Convenio Económico.

En este punto conviene detenernos en un aspecto poco conocido de la historia reciente del Convenio Económico que, como se ha anunciado, tuvo gran repercusión en las negociaciones del Convenio de 1990. Nos referimos al inesperado comportamiento de la antes citada "compensación por impuestos indirectos".

El Convenio de 1969, se ha dicho ya, rompiendo con la tradición histórica de la contribución de cuantía única y fija, había determinado que tal aportación se compusiera de tres sumandos independientes, la tradicional aportación fija o donativo foral que se fijó, recordemos, en los célebres 230 millones de pesetas, más una compensación por la competencia de Navarra sobre los impuestos indirectos, más otra compensación por la desgravación fiscal a la exportación que las empresas navarras recibían del Estado. El esquema perdió su vigencia a finales de 1985 para dar entrada al nuevo régimen de la imposición indirecta en 1986 (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales). En ese año la suma de los tres conceptos señalados ascendió a 7.200 millones de pesetas lo que supuso un 14 por 100 de los ingresos no financieros presupuestados por la Comunidad Foral. El nuevo régimen de la imposición indirecta, consecuencia de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, trajo consigo la desaparición de un buen número de figuras tributarias que fueron sustituidas por el Impuesto sobre el Valor Añadido y los reformados Impuestos Especiales. Y con ello la necesaria adaptación del Convenio Económico (Ley 49/1985 de 27 de diciembre) que, en lo que aquí interesa, suprimió la compensación por la desgravación fiscal a la exportación, ya inexistente, y diseñó una nueva compensación por impuestos indirectos.

La fórmula arbitrada para el cálculo de esta compensación buscaba garantizar a Navarra el nivel de recaudación que venía obteniendo por los impuestos derogados, para lo cual concibió un coeficiente actualizador de la recaudación basado en el porcentaje de incremento medio de la recaudación real experimentado en los últimos seis años. La cuantía de la compensación era la diferencia entre la recaudación real obtenida por Navarra en la gestión de los nuevos impuestos y la virtual recaudación antigua actualizada según el coeficiente. Si la primera era mayor, porque los nuevos impuestos daban mayor rendimiento que el teórico esperado de los derogados, Navarra entregaría al Estado el exceso; si era menor, porque los nuevos impuestos no alcanzaban el nivel fijado por la actualización de la vieja recaudación, sería el Estado quien compensase a Navarra por la teórica merma. La fórmula así consensuada, que hoy reconoceríamos como hija del principio de equilibrio financiero que rige las negociaciones, perseguía dejar a Navarra en situación igual a la precedente en tanto no se arbitrara un nuevo Convenio Económico.

Sin embargo un dato, probablemente imprevisto por los negociadores, desestabilizó el propósito del acuerdo. El incremento medio anual de la recaudación del sexenio 1980-1985, una época fuertemente inflacionista, fue del 32,59 por ciento. La aplicación de tan alto coeficiente actualizador, sin corrección alguna de su naturaleza nominal, porque nadie la previó, provocó que el signo de la compensación por impuestos indirectos fuese favorable a Navarra ya desde 1986 con un crecimiento en el tiempo muy acusado. La elevada tasa hizo que los 1.500 millones de pesetas del año 1986 fueran 35.000 a favor de Navarra en 1989. Con esta ventaja, es fácil comprender la escasa prisa del gobierno foral en modificar el estatus. Tan comprensible como la creciente premura del Estado en detener aquella bola de nieve cuyo efecto iba a resultar de muy difícil justificación ante las recelosas y vigilantes Comunidades Autónomas. La realidad es que la sustanciosa cuenta a favor de la CFN en 1990 (consensuada al final en unos 70.000 millones de pesetas) ayudó a la provincia a hacer frente a la muy elevada factura del nuevo acuerdo.

En cuanto al contenido, el nuevo Convenio Económico se aleja sensiblemente del modelo de 1969 para adaptarse al esquema del Concierto Económico de 1981 y su modificación en el mismo año 1990. Recogió también las adaptaciones a la imposición indirecta de 1985, ya mencionadas. Su entrada en vigor fue coordinada con la asunción de los nuevos servicios transferidos (Educación, el 1 de setiembre de 1990 y Salud, el 1 de enero de 1991) y las distintas posiciones cedieron parcialmente llegándose al acuerdo de que la nueva aportación se computase desde el 1 de julio de 1990, punto medio entre ambas pretensiones, mientras el ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido lo haría desde el 1 de enero de 1990 y la armonización tributaria se retrasara al 1 de enero de 1991 (como quería el Estado). El índice de imputación, finalmente fijado en el 1,60 por ciento, fue uno de los últimos escollos de la negociación.

El nuevo Convenio Económico parte de un Título Preliminar bajo la rúbrica Disposiciones Generales y se desarrolla en seis artículos significativos que tratan sobre la potestad tributaria de Navarra y sus límites, la reserva de competencias exclusivas del Estado (incluida la referencia a la aún desconocida alta inspección que ya se reservaba el Estado desde el Convenio 1927), la colaboración mutua en la gestión y el procedimiento para la modificación del propio Convenio.

El texto incorpora los denominados criterios generales de armonización que más adelante glosaremos: 1) adecuarse en terminología y conceptos a la Ley General Tributaria, 2) establecer y mantener una presión fiscal efectiva global no inferior a la existente en el resto del Estado, 3) respetar y garantizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español y 4) utilizar la misma clasificación de actividades económicas que en territorio común, para facilitar el intercambio de información entre administraciones y los datos estadísticos.

Siguen los preceptos que forman el cuerpo de la armonización tributaria propiamente dicha cuya finalidad es establecer unas reglas que, limitando la soberanía de las administraciones competentes, determinen el modo de reparto o atribución de los sujetos pasivos o los hechos imponibles. Este deslinde debe hacerse de tal forma que, facilitando la gestión, su resultado logre un reparto de la recaudación acorde con la finalidad del tributo. En esta parte alumbra el Convenio Económico las principales novedades, que provienen, claro es, del modelo instaurado en el Concierto de 1981. No siempre la regla armonizadora o punto de conexión alcanza plenamente su objetivo. Ocurre, por ejemplo, cuando el sujeto pasivo no es quien soporta finalmente el tributo (es el supuesto habitual en la imposición indirecta). Y es en estos casos cuando se prevén en el mismo Convenio mecanismos de ajuste financiero de las recaudaciones. Para los puntos de conexión, destacan los cambios habidos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF. De modo que, para tributar a Navarra por el primero, el anterior Convenio exigía a las entidades tener el domicilio fiscal en Navarra y que la mayoría del capital perteneciera a personas de condición civil y que o bien la mayoría de los negocios se efectuasen en Navarra o bien la mayoría de las inmovilizaciones de la entidad radicasen en territorio navarro, un criterio que hoy vemos como chocante. Para hacerlo por el IRPF se exigía al sujeto pasivo el doble requisito de la vecindad civil foral navarra junto con la residencia efectiva en el territorio.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a partir del Convenio de 1990 la única condición para atribuir su competencia a Navarra va a ser la residencia habitual del sujeto pasivo en territorio foral, abandonando el requisito adicional de ostentar la vecindad civil navarra.

La competencia para recaudar las retenciones a cuenta del Impuesto ocupaba una buena parte del texto. Como regla general, similar a la de 1969, las retenciones de trabajo corresponden a Navarra cuando los rendimientos correspondan a trabajadores y empleados que presten sus servicios en Navarra. Establecía supuestos particulares para trabajos ocasionales fuera de la provincia, para las retenciones de los funcionarios, que seguían a la administración pagadora, para los transportistas y para los miembros de consejos de administración que siguen a la sociedad pagadora. También las retenciones sobre rendimientos de capital tenían una regla general y varias especiales. La primera atribuye la competencia para el ingreso a Navarra cuando los rendimientos sean abonados por sujetos pasivos del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades (IS) tributarios exclusivos a la Comunidad Foral. Y en la proporción correspondiente en caso de sujeción por cifra relativa. Lo significativo es, por tanto, la conexión de quien abona el rendimiento, no con quien lo percibe. Es evidente que este criterio puede desviar, y desvía, el pago a cuenta del destino de la cuota final del sujeto pasivo.

Los criterios particulares, novedosos con relación a 1969, hacen referencia a rendimientos satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración de Navarra, a los satisfechos por colocación de capitales en entidades financieras -donde se desciende al lugar del establecimiento o sucursal-. Para las retenciones sobre rendimientos de profesionales el criterio cambia y amplía la capacidad respecto del anterior y determina que es competente la Hacienda Foral cuando el pagador tenga su domicilio fiscal en Navarra. Hasta este momento se exigía que el servicio se prestase en Navarra y que el pagador tuviese establecimiento en territorio foral. Las retenciones ingresadas en uno u otro territorio tienen siempre validez ante la administración competente para la exacción del Impuesto, sea cual sea. La redacción de toda esta materia sufrirá una modificación sustancial en 1998.

En el Impuesto sobre Sociedades (IS) se introdujo el concepto de tributación por cifra relativa de negocios que se trae del IVA, ya convenido en 1985. El injerto, aunque aparentemente se trata de cuestiones homogéneas, da problemas porque la naturaleza y la mecánica de ambos tributos no son idénticas. Y tampoco el fin que persiguen. A la hora de fijar un punto de conexión acorde con aquél, parece lógico que el Impuesto sobre Sociedades atienda al beneficio, aunque se relacione con las operaciones, y que el IVA lo haga directamente con las operaciones sujetas y no exentas. Esta homogeneización, que el Concierto rehusó, no ofrece un ajuste fino y, lo que es más grave, ocasiona problemas de coordinación al no coincidir con los criterios de éste.

La competencia para la exacción del Impuesto se modificó sustancialmente desechándose el doble criterio conjunto, personal y territorial, y optando por el adoptado por el Concierto en 1981. De este modo tributan a la Hacienda Foral los sujetos pasivos domiciliados en Navarra -criterio personal- cuando su volumen de operaciones no hubiese excedido de 300 millones de pesetas (cifra que ha ido ascendiendo en cada modificación hasta los actuales seis millones de euros) o los que operan exclusivamente en este territorio. En los demás casos -criterio territorial- procede la tributación conjunta por cifra relativa de operaciones.

Como volumen de operaciones se considera el total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios. Se toma en consideración el del ejercicio precedente, lo que obliga a efectuar una previsión a los que inician su actividad, y a elevar la cifra al año cuando el inicio no coincida con el del año natural. Por último los criterios que deben emplearse para considerar a qué territorio corresponden las operaciones son desde este momento los mismos que se establecieron para la armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido en los acuerdos de 1985.

El domicilio fiscal es definido de manera distinta para las personas físicas y para las jurídicas. Para éstas se atiende conjuntamente al lugar del domicilio social y al de la gestión y dirección de los negocios, con predilección por el segundo si no hay coincidencia.

Como regla general, la normativa del Impuesto sobre Sociedades que debe aplicar el sujeto pasivo viene determinada por la del territorio de su domicilio fiscal. Hay dos excepciones que distribuyen asimétricamente a favor del Estado la competencia normativa y de inspección. La primera dice que si una entidad opera exclusivamente en territorio foral aplicará la normativa de Navarra aunque no tenga en ella su domicilio fiscal -un hecho poco frecuente en la práctica-. Y la segunda exige la aplicación de la normativa estatal a las entidades domiciliadas en Navarra que realicen el 75 por ciento o más de sus operaciones en territorio común. Adviértase que este "territorio común" engloba a los territorios forales concertados, y la excéntrica consecuencia de la disposición de atribuir al Estado las competencias de inspección sobre una empresa navarra que opere en Guipúzcoa en el porcentaje señalado.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Convenio Económico de 1990 no presenta novedades porque su armonización fue acordada y regulada con motivo de la entrada en vigor del Impuesto en 1986. Las diferencias de matiz en el punto de conexión tratan de ajustar las operaciones en este Impuesto a las sujetas y a las exentas con derecho a deducción -exención plena- de acuerdo con su normativa, en tanto que para el Impuesto sobre Sociedades hablábamos de "total de operaciones". Es posible, aunque extraño, que un mismo sujeto pasivo contribuyente de ambas administraciones determine cifras relativas distintas para ambos impuestos. Dado que el Impuesto sobre el Valor Añadido establece periodos de liquidación inferiores al año -mensual o trimestral- es preciso que el sujeto pasivo que tributa a las dos administraciones regularice sus liquidaciones periódicas de acuerdo a la proporción final del año.

En los Impuestos Especiales el criterio de reparto es territorial, de modo que compete a Navarra la exacción de los tributos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre la Cerveza cuando las fábricas o depósitos fiscales estén situadas en este territorio. Al no establecerse ningún ajuste financiero al consumo, la posibilidad de obtener por esta vía una ventaja económica para Navarra estaba servida. Y así fue hasta la modificación de 1998, incitada por el avance en esta materia del Concierto Económico, que introdujo dicho ajuste.

En materia de Sucesiones y Donaciones el Convenio Económico de 1990 armonizó ambos conceptos como un único impuesto, si bien en aquél momento en Navarra no existía como tal ya que se hallaban reguladas como figuras impositivas diferentes las adquisiciones mortis causa o en virtud de donación.

La reforma habida en régimen común por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no tuvo repercusión en Navarra lo que ocasionó que hubiese dos sistemas distintos de exacción del Impuesto. La singularidad foral seguía siendo la vieja exención de las adquisiciones hereditarias y por donación de los ascendientes, adoptantes y adoptados con adopción plena y entre cónyuges. Inagotable fuente de suspicacias hacia el régimen foral, aunque en otros tramos de base y grados de parentesco el Impuesto navarro podía ser más gravoso que el de régimen común. En este escenario, el punto de conexión convenido en Sucesiones, la residencia habitual del causante, supuso un profundo y nada pacífico cambio respecto del de 1969 (los bienes inmuebles según el territorio de ubicación y los bienes muebles cuando el causante tuviera derecho al régimen foral navarro).

Se perdía la tradicional conexión existente entre el derecho civil y el tributario, particularmente importante en derecho sucesorio. La ley 148 de la compilación de derecho Civil Foral de Navarra exige la condición foral del causante en el momento del fallecimiento para que la sucesión se ordene conforme al derecho civil navarro. Pero si el criterio fiscal es el de la residencia se originan situaciones como la del causante navarro con condición civil foral no residente en el momento de su muerte que pudo otorgar testamento de hermandad conforme al Fuero Nuevo y cuyos herederos deberán liquidar la herencia en la administración del Estado. Correlativamente, el nuevo punto de conexión reclama aplicar el derecho fiscal navarro a residentes en Navarra de vecindad civil común.

En 1990, aún lejos de la globalización, este compromiso despertaba suspicacias identitarias. Esto explica que fuera uno de los puntos de conexión más costosos de aceptar por los negociadores navarros. Pero la formidable coerción de ser el criterio aceptado por las Comunidades Autónomas de régimen común y por el Concierto Económico de cuya separación se derivarían problemas de doble o nula imposición venció las resistencias forales.

Al fijar los criterios delimitadores de la competencia para las donaciones, se distingue, a diferencia de las sucesiones, si se trata de bienes muebles o inmuebles. Para los bienes inmuebles se sigue el criterio de la lex rei sitae, la localización del bien, con independencia de la vecindad o residencia del donante o donatario. Para los muebles, se sigue el criterio de la residencia pero, a diferencia de las adquisiciones mortis causa, en este caso se atiende a la del donatario, el adquirente del derecho o favorecido. Con los problemas de prueba que acarrea esta cuestión de hecho, centuplicada por el poderoso atractivo de la menor tributación foral en los supuestos citados.

También en donaciones se produce una desconexión entre derecho civil y tributario aunque de menor intensidad que en sucesiones. Porque las primeras, de acuerdo con el Código Civil, se rigen por la ley nacional del donante, y si éste tiene la condición civil navarra será el derecho foral quien la ampare. Un criterio que la moderna fiscalidad no respeta.

Mucho menos conflictivo resultó el acuerdo en materia de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ya que las diferencias existentes en los ordenamientos civiles no son significativas, al margen de la identidad de los actos gravados que son definidos por la común legislación mercantil. Para bienes inmuebles rige el precitado criterio lex rei sitae y para el resto la residencia o domicilio fiscal del sujeto pasivo del Impuesto (con la excepción territorial de la transmisión de valores y participaciones sociales). Desaparece por tanto toda referencia a la condición civil navarra del sujeto pasivo que observaba el Convenio Económico de 1969. Fue también sustancial el cambio del punto de conexión para el hecho imponible "Operaciones societarias". Mientras el Convenio de 1969 ligaba la competencia al lugar de otorgamiento de la escritura y a la condición civil de la mayoría de los socios -en las sociedades anónimas- y además mayoría del capital en manos de éstos -para el resto de sociedades- el nuevo criterio posterga a los socios y se fija en el domicilio de la sociedad, social o fiscal, según se trate del nacimiento o en funcionamiento.

El impuesto que grava los actos jurídicos notariales, mercantiles, jurisdiccionales y administrativos se cobrará por Navarra cuando se autoricen, otorguen o expidan en Navarra. Sin que sea necesario, como en 1969, el confuso requisito de que estuviese directamente interesada en el documento persona o entidad de vecindad o domicilio en Navarra. El Convenio amplía y matiza los puntos de conexión en el caso de documentos mercantiles -añadiendo hechos imponibles-, jurisdiccionales, en aras a su exoneración e, igualmente, los administrativos.

Por respeto al principio de la libre circulación de personas o bienes y servicios, Navarra se ve constreñida a establecer en todo momento la misma tributación que la del Estado en materia de letras de cambio, de transmisión de valores y de operaciones societarias.

  • AA.VV.: "Conflictos de competencias entre Comunidades Autónomas y Territorios Forales (Comentario a la STSJ País Vasco 21 de diciembre de 1994)", Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1994, núm. 3, págs. 1136-1139.
  • AA.VV.: "El principio de reserva de ley y las Haciendas Forales", Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1996, núm. 2, págs. 1483-1485.
  • AA.VV.: "IVA: País Vasco y Navarra", Tribuna Fiscal, 1994, núm. 40, págs. 22-25.
  • AA.VV.: "Opciones de reforma del sistema tributario español", en OCDE, Estudios económicos dela OCDE: España, OCDE, Madrid, 2000, págs. 107-177.
  • AA.VV.: "Reserva de ley, sanciones tributarias y relaciones entre el ordenamiento foral navarro y el ordenamiento común", Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1997, núm. 2, págs. 1518-1523.
  • AA.VV.:Haciendas territoriales y corresponsabilidad fiscal Asociación Galega de Estudios de Economia do Sector Público, Santiago de Compostela, 1993.
  • AA.VV.: Informe de la comisión de expertos sobre financiación de las Comunidades Autónomas Centro de estudios Constitucionales, Madrid, 1981.
  • AAVV.: Economía de la Secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco (dir. Mikel BUESA). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2004.
  • Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba (ED.): La articulación político-institucional de Vasconia: Actas de las "Conferencias" firmadas por los representantes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Álava, Bilbao, 1995.
  • Agirreazkuenaga, Joseba: El fortalecimiento de las Haciendas Forales antes del Concierto (1878), en Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia. Eusko Ikaskuntza, 2002.
  • Aizega Zubillaga, Joxe Mari: "Crónica de las Jornadas sobre el Concierto y Convenio Económico", Revista Internacional de Estudios Vascos, 2001, núm. 46, págs. 473-486.
  • Aizega Zubillaga, Joxe Mari: "Kontzertu eta Hitzarmen Ekonomikoari buruzko jardunaldiak", Eleria, 2001, núm. 8, págs. 107-114.
  • Aizpún Tuero, Jesús: "La estructura del sistema impositivo foral navarro", en AA.VV., Derecho fiscal navarro y práctica tributaria, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra,Pamplona, 1975, págs. 27-65.
  • Aizpún Tuero, Rafael: "El sistema tributario foral de Navarra", Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, 1976, núm. 124-125, págs. 1113-1138.Alberto Atxabal Rada - Javier Muguruza Arrese306.
  • Albiñana García-Quintana, César: "La Armonización de las Potestades Tributarias Regionales en España", Documentación Administrativa, 1981, núm. 189, págs. 161-184.
  • Alli Turrillas, Juan Cruz: "El Convenio Económico de 1969 visto por uno de sus actores", Príncipe de Viana, 2003, núm. 228, págs. 219-232.
  • Alonso Arce, Iñaki: "La indeseable descoordinación entre el Concierto Económico vasco y el Convenio Económico navarro", Forum Fiscal de Bizkaia, 2003, núm. octubre/noviembre, págs.13-18.
  • Aramburu Urtasun, Mikel: "El ajuste de la recaudación por el IVA en Navarra" en Crónica Tributaria nº 55.1985.
  • Aramburu Urtasun, Mikel: Provincias Exentas. Convenio-Concierto: identidad colectiva en la Vasconia peninsular (1969-2005). Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia. Donostia-San Sebastián. 2005.
  • Aranburu Urtasun, Mikel: "La armonización del IVA: el ajuste de la recaudación", Cuadernos de Sección. Derecho. Sociedad de Estudios Vascos, 1986, núm. 3, págs. 411-426.
  • Araujo, Marcos: La actuación de los Territorios Forales en los procesos abiertos contra normas forales, en Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia. Eusko Ikaskuntza (2002, pp. 259-268).
  • Armendariz, José Javier: "La perspectiva del Gobierno de Navarra", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de DerechoAzpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 97-100.
  • Asiain, José Antonio: "La armonización fiscal europea desde la perspectiva navarra", Revista de Economía Pública, 1991, núm. 10, págs. 175-186.
  • Asiain, José Antonio: "La experiencia de la Comunidad Foral de Navarra", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 37-48.
  • Banacloche, Julio: "El IGTE, el IVA y los regímenes fiscales territoriales", Revista de Hacienda Autonómica y Local, 1985, núm. 43, págs. 9-25.
  • Barberán Ortí, Ramón: Variaciones metodológicas y resultados en el cálculo de balanzas fiscales regionales. Madrid. Instituto de Estudios Fiscales, 2001 y Metodología para la elaboración de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas. Madrid. Consejo Económico y Social, 2002.
  • Beldarrain Garín, Manuel y otros: La autonomía fiscal en Euskal Herria. Bilbao. Instituto Manu Robles Arangiz, 1996.
  • Beldarrain Garín, Manuel; Escribano Riego, M.; Ugalde Zaratiegui, P.: La autonomía fiscal en Euskal Herria, Manu Robles Aranguiz Institutua, Bilbao, 1996.
  • Bilbao, Juan Miguel: Las leyes quinquenales del cupo, en Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia: Eusko Ikaskuntza (2002).
  • Caja Laboral: El Concierto Económico y la Economía Vasca. 1999.
  • Castells Arteche, José Manuel: "El derecho público vasco desde 1876 hasta el Estatuto de Guernica. Conciertos Económicos y autonomía", en Joseba Intxausti (dir.), Euskal Herria. Historia eta Gizartea. Historia y Sociedad, Caja Laboral Popular, San Sebastián, vol. I, 1985,págs. 574-581.
  • Castells Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonómista de Guipúzcoa (1904-1906) Haranburu, San Sebastián, 1980.
  • Castells, Antoni: Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (1991-1996): análisis de los flujos fiscales de las comunidades autónomas con la administración central. Barcelona:Ariel, 2000.
  • Coello Martín, Carlos: La disposición adicional primera y la organización autonómica Vasca. Logroño: Universidad de La Rioja, 1997.
  • Corcuera Atienza, Javier: "Notas sobre el debate de los Derechos Históricos en los territorios forales", Revista de Estudios Políticos, 1990, núm. 46-47, págs. 55-89.
  • Corcuera Atienza, Javier: "Derechos históricos y nacionalismo" en Foralismo, derechos históricos y democracia. Madrid: Fundación BBV, 1998.
  • De La Fuente, Angel: Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuestas. Madrid. Instituto de Análisis Económico del CSIC, 2005.
  • De La Hucha Celador, Fernando: "Autonomía local y competencias de Navarra en materia de haciendas locales: su plasmación en la Ley Foral 2/1995", Revista Jurídica de Navarra, 1995, núm. 19, págs. 15-43.
  • De La Hucha Celador, Fernando: "El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio Económico de Navarra: relaciones horizontales y conflictos potenciales", Forum Fiscal de Bizkaia, 2004, núm. abril, págs. 25-43 y Revista Española de Derecho Financiero, 2004, nº. 123, págs. 559-601.
  • De La Hucha Celador, Fernando: "Hacienda autonómica y hecho diferencial", en AA.VV. Estado autonómico y hecho diferencial de Vasconia, IVAP, Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2000, págs. 271-288.
  • De La Hucha Celador, Fernando: "Relaciones horizontales y conflictos potenciales entre el Concierto Económico con el País Vasco y el Convenio con Navarra (II): especial referencia al Impuesto sobre Sociedades", Forum Fiscal de Bizkaia, 2004, núm. junio, págs. 37-55.
  • De La Hucha Celador, Fernando: "El Concierto Económico con el País Vasco: cuestiones básicas en la imposición directa" en Revista Española de Derecho Financiero Thomson-Civitas (118, 2003).
  • De La Hucha Celador, Fernando: "El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio Económico de Navarra: relaciones horizontales y conflictos potenciales" en Revista Española de Derecho Financiero. Thomson-Civitas (123, 2004, pp. 559-601).
  • De La Hucha Celador, Fernando: "Hacienda autonómica y hecho diferencial de Vasconia" en Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia: Eusko Ikaskuntza (2002).
  • De La Hucha Celador, Fernando: Introducción al régimen jurídico de las haciendas forales La Caixa. Civitas, Madrid, 1995.
  • De La Hucha Celador, Fernando: Prólogo Aranburu Urtasun, Mikel: Provincias Exentas. Convenio-Concierto: identidad colectiva en la Vasconia peninsular (1969-2005). Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia. Donostia-San Sebastián. 2005.
  • De La Hucha Celador, Fernando: El régimen jurídico del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra. Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia. Donostia-San Sebastián. 2006.
  • De La Torre, Joseba; García-Zúñiga, Mario: "Hacienda Foral y crecimiento económico en Navarra durante el siglo XIX", en De la Torre, Joseba; García-Zúñiga, Mario (eds.) Hacienda y Crecimiento Económico. La reforma de Mon, 150 años después, Marcial Pons Gobierno de Navarra, Madrid, 1998, págs. 183-210.
  • De Luis, Félix y Del Arco, Luis: La distribución de los impuestos en una hacienda federal. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1978.
  • Del Burgo Azpiroz, Jaime Arturo: "Principios rectores del régimen fiscal de Navarra", Revista Jurídica de Navarra, 1994, núm. 18, págs. 31-85.
  • Del Burgo Azpiroz, Jaime Arturo: La autonomía financiera de Navarra: el sistema de Convenio Económico, Gobierno de Navarra. Dpto. de Presidencia e interior, Pamplona, 1996.
  • Del Burgo Tajadura, Jaime Ignacio: "Aspectos jurídicos del Régimen fiscal de Navarra", Hacienda Pública Española, 1971, núm. 13, págs. 133-148.
  • Del Burgo Tajadura, Jaime Ignacio: "La autonomía fiscal de Navarra", Hacienda Pública Española, 1985, núm. 92, págs. 205-227.
  • Del Burgo Tajadura, Jaime Ignacio: Régimen fiscal de Navarra. Los Convenios económicos Aranzadi, Pamplona, 1972.
  • Delgado, Abelardo: "Los regímenes forales de concierto y convenio", Dirección y Progreso, 1996, núm. 150, págs. 74-82.
  • Departamento de Economía y Hacienda: Convenio Económico de Navarra de 31 de julio de 1990. Estado comparativo de su redacción posterior y anterior al Acuerdo de actualización de 22 de enero de 2003. Pamplona, 3 de marzo de 2003.
  • Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria: "Competencia para realizar actuaciones de obtención de información en el País Vasco y Navarra", Impuestos, 1991, núm. 2, págs. 360-365.
  • Domínguez Barrero, F.; López Laborda, Julio: "No desearás al vecino del quinto. Análisis comparado del IRPF en la Comunidad Foral de Navarra y en territorio común", Actualidad Tributaria, 1994, núm. 12, págs. 281-314.
  • ELA-STV, Informe sobre fiscalidad en Hego Euskal Herria 2003: aumenta la injusticia ManuRobles-Arangiz Institutua, Bilbao, 2004.
  • ELA-STV, La cara oculta del Concierto y Convenio Económico: regresividad, desigualdad, fraude: año fiscal 2000 Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbao, 2001.
  • Elcarte Revestido, Francisco Javier: "Estudio comparado del régimen foral navarro", Revista de Contabilidad y Tributación, 1989, núm. 71, págs. 3-32.
  • Estecha y Martínez, José María de: Régimen político y administrativo de las provincias vasconavarras, Imprenta provincial, Bilbao, 1ª ed., 1901.
  • Estecha y Martínez, José María de: Régimen político y administrativo de las provincias vasconavarras, Imprenta provincial, Bilbao, 2ª ed., 1918.
  • Estecha y Martínez, José María de: Régimen político y administrativo de las provincias vasconavarras. Apéndice, Imprenta provincial, Bilbao, 1926.
  • Estecha y Martínez, José María de: Régimen político y administrativo de las provincias vasconavarras. Apéndice II, Imprenta provincial, Bilbao, 1935.
  • Estecha y Martínez, José María de: Régimen político y administrativo de las provincias vasconavarras, Diputación Foral de Bizkaia, Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria, UPV,Bilbao, 1997.
  • Ezeizabarrena, Xabier: Los Derechos Históricos de Euskadi y Navarra ante el Derecho Comunitario. Azpilcueta Cuadernos de Derecho (19). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2003.
  • Falcón Tella, Ramón: "El gravamen proporcional de los Actos Jurídicos Documentados en los régimenes de Concierto y Convenio", Impuestos, 1993, nº.1, pgs. 367-389. Recopilación del Concierto Económico vasco y en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 1993, núm. 223, págs. 15-41. Falcón Tella, Ramón: "La distribución de las competencias en materia financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1986/1987, nº. 72, pgs. 137-197.
  • Falcón Tella, Ramón: "La libertad de establecimiento y la eficacia extraterritorial del régimen de Concierto o Convenio", Quincena Fiscal, 1995, núm. 16, págs. 5-8.
  • Fernández de Pinedo, Emiliano: "Haciendas Forales y revolución burguesa: las haciendas vascas en la primera mitad del siglo XIX" en Hacienda Pública Española (108-109, 1987, pp. 197-220).
  • Garde Garde, Francisco Javier: "El convenio económico y las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado", en AA.VV., XXXII Semana de Estudios de Derecho Financiero Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, págs. 201-212.
  • Garrán Moso, Justo: El sistema foral de Navarra y Provincias Vascongadas, Editorial Aramburu, Pamplona, 1935.
  • Gimenez-Reyna, Enrique: "Breve comentario sobre la adaptación del Impuesto sobre el Valor Añadido a los regímenes forales de Navarra y País Vasco" en Noticias CEE, Estudios y notas CISS (12, 1986, pp. 127-131).
  • Gómez-Ferrer, Rafael y RODRÍGUEZ ZAPATA, Jorge: "Relaciones con la Administración del Estado" en MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián y otros. Derecho Público Foral de Navarra Madrid: Civitas, 1992.
  • Ibarrondo Fernández de Leceta, Ernesto: "Diferencias existentes entre la normativa del territorio común y la normativa foral de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio. Álava", Revista Técnica Tributaria, 1993, núm. 20, págs. 137-144.
  • Ibarrondo Fernández de Leceta, Ernesto: "Diferencias existentes entre la normativa del territorio común y la normativa foral de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio. Álava", Revista Técnica Tributaria, 1993, núm. 21, págs. 149-168.
  • Iribarne, José: "Las dos oligarquías capitalistas que devoran a España: el Concierto económico de las Vascongadas y la Autonomía de Cataluña : un llamamiento a la conciencia nacional". Prólogo de Eduardo Barriobero. Madrid: Galo Sáez, 1933.
  • Jurado, Nekane: "Utilización de la capacidad normativa foral: características y valoración", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 69-74.
  • Lambarri Gomez, Carlos y Larrea Jiménez de Vicuña, José Luis: El Concierto Económico: Los Tributos. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública, 1991.
  • López-Larrínaga, José Ramón: "La experiencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco" Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2002. pp. 49-59.
  • López-Larrínaga, José Ramón: "La experiencia de un negociador del Concierto Económico" en Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2002, pp.367-380.
  • López-Quintana de Carlos, Luis: "Diferencias existentes entre la normativa del territorio común y la normativa foral de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio. Guipúzcoa", Revista Técnica Tributaria, 1993, núm. 20, págs. 145-147.
  • Los Arcos León, Blas Ignacio: "El modelo financiero definido en el Convenio Económico. La aportación a las cargas generales del Estado", Boletín de Economía de Navarra, 1991, núm. 1,págs. 91-111.
  • Los Arcos León, Blas Ignacio: "La financiación de Navarra. El modelo de Convenio Económico", Revista de Economía Pública, 1991, núm. 13, págs. 167-187.
  • Los Arcos León, Blas Ignacio: "La financiación de Navarra. El modelo de Convenio Económico" en Herri-Ekonomiaz Revista de Economía Pública,13 (1991 pp. 167-187 ).
  • Martín García, Jesús: "Diferencias existentes entre la normativa del territorio común y la normativa foral de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio. Vizcaya", Revista Técnica Tributaria, 1993, núm. 20, págs.153-155.
  • Mata Altolaguirre, Daniel: "Especificidades de la Comunidad Foral de Navarra en materia fiscal", Zergak, 1994, núm. 2, págs. 125-130.
  • Mina Apat, María Cruz: Fueros y revolución liberal en Navarra. Madrid: Alianza Universidad, 1981.
  • Miranda Rubio, Francisco: "El Convenio Económico de 1927 entre Navarra y el Estado", Principe de Viana, 1991, núm. 192, págs. 227-255.
  • Miranda, Francisco, Ilundain, Eliane y Balduz, Jesús: Cien años de fiscalidad en Navarra (1841-1941). Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998.
  • MIRANDA, Francisco, ILUNDAIN, Eliane Y BALDUZ, Jesús: Fiscalidad y Foralidad en Navarra (1941-1990) Pamplona.: Gobierno de Navarra, 2003.
  • Monasterio Escudero, Carlos; Zubiri Oria, Ignacio: "La financiación de las Comunidades Autónomas. Balance y propuesta de reforma", Papeles de Economía Española, 1996, núm. 69,págs. 172-191.
  • Monreal Zia, Gregorio: "El origen y la construcción del derecho histórico del Convenio y de los Conciertos Económicos (1841-1991)", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 353-365.
  • Monreal Zia, Gregorio: "Convenio y Conciertos Económicos con el Estado en Vasconia" en El territori i les seves institucions històriques. Barcelona: Fundació Noguera, 1999.
  • Monreal Zia, Gregorio: "Presentación de la Jornada" Concierto y Convenio Económico. Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de derecho (18). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2002, p.96.
  • Moreno Portela, Francisco Javier: "Aspectos financieros del Concierto Económico" en GIDA Aurrekontuak, Finantzak eta Zergak (27) Departamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa, 2003.
  • Moreno Portela, Francisco Javier: "La capacidad normativa de los territorios históricos del País Vasco y la modificación del Concierto Económico" en Foralismo, derechos históricos y democracia. Madrid: Fundación BBV, 1998.
  • Muguruza Arrese, Javier: El Concierto Económico del País Vasco visto desde Bruselas Vitoria-Gasteiz: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, Comisión de Alava. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, Arabako Batzordea, 1997.
  • Muguruza Arrese, Javier: "Esperando a la Junta Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco" en Jurisprudencia Tributaria, 11 Aranzadi Editorial, 2004.
  • Muruzabal Lerga, Javier: "El acuerdo sobre adaptación del Convenio Económico con Navarra al nuevo régimen de la imposición indirecta", Revista Jurídica de Navarra, 1986, núm. 2, págs. 81-101.
  • Muruzabal Lerga, Javier; Ugalde Zaratiegui, Pedro: "La adaptación del Convenio Económico de 1969 al nuevo régimen de la imposición indirecta", Cuadernos de Sección. Derecho, Sociedad de Estudios Vascos. 1986, núm. 3, págs. 427-437.
  • Muruzabal Lerga, Javier; Ugalde Zaratiegui, Pedro: "La armonización tributaria en el Convenio de 1990", Boletín de Economía de Navarra, 1991, núm. 1, págs. 17-89.
  • Navarro, Mikel: "Euskal Hazienda Estatutuan", Zehatz, 1980, núm. 3, págs. 5-16.
  • Navarro, Mikel: "Kontzertu ekonomikoa eta konbenioa: atzo eta gaur", en AA.VV., Euskal Herriko Lanen Bilduma, IVAP, Oñati, 1984, págs. 59-130.
  • Navarro, Mikel: Kontzertu ekonomikoa eta komenioa: iragana eta oraina, Tesina. Universidad de Deusto, Donostia, 1980.
  • Núñez Boluda, Francisco: "La actualización del Convenio Económico con Navarra. Algunas consideraciones", Revista de Hacienda y Autonomía Local, 1983, núm. 38, págs. 421-436.
  • Núñez Grañón, Mercedes: "Discriminaciones tributarias por razón de la residencia: el problema en los territorios forales (comentarios a la STS de 7 de febrero de 1998)", Palau, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 1998, núm. 31, págs. 179-197.
  • Oates, Wallace E.: Fiscal federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, INC, 1972
  • Oates,W.E., Bradford,D.F., Break,G.F.: Financiación de las Autonomías Madrid: Blume Ediciones, 1979
  • Olazabal Estecha, Carlos María: "El futuro del Concierto Económico y del Convenio con Navarra", en AA.VV., Reflexiones sobre el Concierto Económico vasco, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Bilbao, 2001, págs. 131-144.
  • Ondarra Erdocia, Jesús: Convenio Económico. IVA. Concierto Económico IVAP, Bilbao, 2000.
  • Pérez Arraiz, Javier: El Concierto Económico evolución. Caracteres y fundamento de la financiación vasca. Bilbao: IVAP, 1984
  • Pérez Herrero, Luis: "El IVA y los conciertos económicos con el País Vasco y el convenio con Navarra", Crónica Tributaria, 1986, núm. 56, págs. 115-126.
  • Ramallo, Juan: Prólogo a la obra de Fernando De la Hucha, Introducción al régimen jurídico de las Haciendas Forales. Madrid: Estudios de Derecho Financiero y Tributario, 1985
  • Ramírez Gómez, Salvador: "La actividad financiera de las Comunidades Autónomas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-1989)", Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, 1990, núm. 66, págs. 245-282.
  • Razquin Lizarraga, Martín María: "A propósito de los Tribunales Económico-Administrativos Forales (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1990)", Revista Vasca de Administración Pública, 1990, núm. 28, págs. 231-245.
  • Rubio De Urquía, José Ignacio: "Breve apunte sobre los tributos locales en los regímenes forales", Tributos Locales, 2001, núm. 6, págs. 107-114.
  • Rubio De Urquía, José Ignacio: "Los Regímenes Tributarios Forales de los territorios Históricos del País Vasco y Navarra (II)", Carta Tributaria, 1986, núm. 28, págs. 1-8.
  • Saggio: "Conclusiones del Abogado General Sr. Saggio", Forum Fiscal de Bizkaia, 1999, núm.julio, págs. 187-194.
  • Salcedo Izu, Joaquín: "El Convenio de Navarra. Análisis de un sistema", Revista de Hacienda Autonómica y Local, 1991, núm. 61, págs. 55-73.
  • Secretaría De Estado De Hacienda: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. Ejercicio 1995, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid,1996, págs. 65-72.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. Ejercicio 1996, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid,1997, págs. 69-76.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas en 1997, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid,1998, págs. 83-90.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas en 1998, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1999, págs. 85-92.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1990, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1991, págs. 411-414.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1991, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1992, págs. 333-334.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1988, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1989, págs. 376-377.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1989, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1990, págs. 405-406.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1994, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1995, págs. 437-441.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1995, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1996, págs. 464-467.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Autónomas de Régimen Foral", en Secretaría de Estado de Hacienda, Memoria de la Administración Tributaria. 1998, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1999, págs. 542-549.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Forales", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas en 1990, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1991, págs. 99-107.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Forales", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas en 1991, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1992, págs. 105-113.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Forales", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas en 1992, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1993, págs. 97-104.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Forales", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas en 1993, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1994, págs. 95-102.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA: "Comunidades Forales", en Ministerio de Economía y Hacienda, Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas en 1994, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Madrid, 1995, págs. 99-106.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO,: "Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral en 2000", en Ministerio de Administraciones Públicas, Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales en 2000, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 2001, págs. 137-144.
  • SECRETARÍA DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: "Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral en 1999", en Ministerio de Administraciones Públicas, Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales en 1999, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 2000, págs. 127-134.
  • SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: "Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral en 1997", en Ministerio de Administraciones Públicas, Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales en 1997, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1998, págs. 122-130.
  • Serena Puig, José María: "Comentarios a la Ley 49/1985 de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el acuerdo de adaptación del vigente Convenio Económico al nuevo régimen de la imposición indirecta", Impuestos, 1987, núm. 1, págs. 57-82.
  • Serena Puig, José María: "El régimen de Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad de Navarra desde la perspectiva europea, española, navarra y de las Comunidades Autónomas limítrofes: contenido de la capacidad normativa de la Comunidad Foral en materia tributaria", Impuestos, 2002, núm. 1, págs. 465-478.
  • Serena Puig, José María: "El régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Contenido de la capacidad normativa de la Comunidad Foral en materia tributaria", Revista Jurídica de Navarra, 1999, núm. 28, págs. 199-214.
  • Serena Puig, Jose María: "El régimen tributario de Navarra", Revista de Hacienda y Autonomía Local, 1986, núm. 47, págs. 233-249.
  • Serena Puig, José María: "La armonización del poder tributario foral en la jurisprudencia", Crónica Tributaria, 1992, núm. 62, págs. 119-130 y en AA.VV., XXXVIII y XXXIX Semana de Estudios de Derecho Financiero, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1994, págs. 455-472.
  • Serena Puig, José María: "La extinción de la obligación tributaria en el ámbito del Convenio Económico con Navarra y Concierto con el País Vasco: supuestos de compensación entre Administraciones", Impuestos, 1994, núm. 1, págs. 171-182 y Revista Jurídica de Navarra, 1994, núm. 18, págs. 159-169.
  • Serena Puig, José María: "Reflexión sobre la capacidad normativa de las instituciones forales", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 113- 117.
  • Serena Puig, José María: "Residencia habitual y domicilio fiscal: comentarios al artículo 36 de la Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco", Impuestos, 1998, núm. 1, págs. 519-532.
  • Sevilla Segura, José Victor: "Informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. De la etapa transitoria al modelo definitivo", Hacienda Pública Española. Cuadernos de actualidad, 1995, núm. 3, págs. 85-94.
  • Sevilla Segura, Jose Víctor: Las claves de la financiación autonómica. Barcelona: Editorial Crítica, 2001.
  • Simón Acosta, Eugenio: "Convenio económico", en AA.VV., Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, págs. 1697-1701.
  • Simón Acosta, Eugenio: "El Convenio Económico", Revista Española de Derecho Financiero. Civitas, 1998, núm. 98, págs. 213-246.
  • Simón Acosta, Eugenio: "El régimen tributario de Navarra", Revista de Hacienda Autonómica y Local, 1991, núm. 61, págs. 35-54.
  • Simón Acosta, Eugenio: "Fuentes de ingresos en los regímenes forales", en Lasarte, Javier (coord.), Manual General de Derecho financiero, tomo IV, vol. I, Hacienda autonómica general y foral, Comares, Granada, 2ª ed, 1998, págs. 113-146.
  • Simón Acosta, Eugenio: "Los tributos de los regímenes forales", en Lasarte, Javier (coord.), Manual General de Derecho financiero, tomo IV, Sistema tributario autonómico y local, Comares, Granada, 1996, págs. 107-139.
  • Simón Acosta, Eugenio: "Regímenes especiales del País Vasco y Navarra", en AA.VV., XXXVIII y XXXIX Semana de Estudios de Derecho Financiero, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1994, págs. 445-453.
  • Simón Acosta, Eugenio: Los tributos de los Regímenes Forales, en LASARTE, Javier (ed) Manual General de Derecho Financiero. Madrid: 1998.
  • Simón Acosta, Eugenio; Díaz Martínez, J.P.: "Los beneficios fiscales a la actividad empresarial en los regímenes forales", Palau, Revista Valenciana de Hacienda Pública, 1992, núm. 17, págs. 37-51.
  • Solana Villamor, Francisco: "La regionalización de los ingresos por impuestos especiales (I)", Carta Tributaria, 1999, núm. 313, págs. 1-16. Recopilación del Concierto Económico vasco. Legislación, jurisprudencia y bibliografía (1981-2004) 341
  • Solana Villamor, Francisco: "La regionalización de los ingresos por impuestos especiales (y II)", Carta Tributaria, 1999, núm. 314, págs. 1-15.
  • Sureda, Josep Lluis: Reaparece el fantasma de las balanzas fiscales, en El País 26/02/2005.
  • Torres Cobo, Francisco: "El nuevo Convenio Económico con Navarra", Cuadernos de Actualidad. Hacienda Pública Española, 1991, núm. 1, págs. 22-28.
  • Tovar Bobillo, Manuel: "Régimen fiscal de Navarra", Revista de Hacienda Autonómica y Local, 1987, núm. 51, págs. 415-424.
  • Ugalde, Pedro: "La litigiosidad en relación con la fiscalidad navarra a partir del Convenio Económico de 1990", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio, Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 211-217.
  • Uriel Jiménez, Ezequiel: Una aproximación a las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas. Bilbao: Fundación BBVA, 2003.
  • Yabar Sterling, Ana: "La estructura financiera de las Comunidades Autónomas según la LOFCA: características y problemas para su aplicación", en Ramírez, M. (coord.), El desarrollo de la Constitución Española de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1982, págs. 567-577.
  • Yabar Sterling, Ana: La actividad financiera de los municipios de Navarra, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1979.
  • Yudego Ortiz De Zárate, José Manuel: "Diferencias existentes entre la normativa del territorio común y la normativa foral de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio. Navarra", Revista Técnica Tributaria, 1993, núm. 20, págs. 149-151.
  • Yuste Jordán, Arancha: "El sistema tributario de Navarra desde el Antiguo Régimen hasta el Convenio de 1927", Revista Jurídica de Navarra, 1997, núm. 23, págs. 73-132.
  • Yuste Jordán, Arancha: "La imposición directa de Navarra en los Convenios Económicos de 1927, 1941 y 1969", Revista Jurídica de Navarra, 1999, núm. 27, págs. 141-201.
  • Yuste Jordán, Arancha: "La modificación del Convenio Económico entre Navarra y el Estado", Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1998, núm. 2, págs. 1199-1217.
  • Zabaltza Pérez-Nievas, Xabier: "Reseña" Aramburu Urtasun, Mikel: Provincias Exentas. Convenio-Concierto: identidad colectiva en la Vasconia peninsular (1969-2005) Revista Internacional de los estudios Vascos nº 50. 2005. pp. 191-198
  • Zabaltza Pérez-Nievas, Xabier: Mater Vasconia. Lenguas, fueros y discursos nacionales en los países vascos. San Sebastián: Hiria, 2005.
  • Zubiri Oria, Ignacio: "La capacidad normativa de las comunidades forales. Su extensión al resto de las Comunidades Autónomas", Papeles de Economía Española, 2000, núm. 83, págs. 127-146.
  • Zubiri Oria, Ignacio: "La capacidad normativa de los Territorios Forales y los conflictos con el Estado y la Unión Europea", Zergak, 2000, nº. 16, págs. 71-84.
  • Zubiri Oria, Ignacio: "La presión fiscal efectiva (Análisis jurídico-económico)", en Aizega Zubillaga, Joxe Mari (coord.), Concierto y Convenio Económico: Jornadas de estudio Cuadernos de Derecho Azpilcueta, 18. Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 2002, págs. 169-177.
  • Zubiri, Ignacio: "La capacidad normativa de las Comunidades Forales" en Papeles de Economía Española, 83, 2000.
  • Zurutuza Mujika, Sebastián: "Ekarpen legea 2002-2006 bosturtekoan" en GIDA Aurrekontuak, Finantzak eta Zergak, 28, 2002, pp. 11-20.