Concepto

Repúblicas en Euskal Herria

Debido a que la II. Guerra Carlista había estallado en 1872, la I. República, aparte de en la capitales vascas, pasó bastante desapercibida por Euskal Herria. Aun así, los gobiernos liberales de las cuatro provincias vascas tuvieron que reconocer la República, por prever que el no hacerlo les acarrearía más problemas.

La Diputación de Araba se reunió por primera vez el 17 de febrero de 1873 y después se dirigió a los alaveses pidiéndoles que se alejaran de las "pasiones políticas" e informando de que acataba las decisiones que se tomaran en Madrid, siempre y cuando en la capital del Estado se siguieran respetando los fueros, usos y costumbres, creencias, sentimientos y libertades que gozaban estas tierras. Para la Diputación de Bizkaia fueron excesivas las condiciones impuestas por los alaveses, y aunque en el fondo demostraron estar de acuerdo, apoyaron la opinión de los guipuzcoanos que defendieron que no era el momento más idóneo para discutir sobre esos temas.

La Diputación de Bizkaia se reunió al día siguiente de declararse la República. Acordaron respetar y reconocer la nueva forma de Gobierno, siempre y cuando aquella respetara las instituciones especiales que regían la provincia. Por otro lado, en Bilbao se concedió la libertad a los 43 presos federales apresados en la sublevación de noviembre de 1872.

La Diputación de Gipuzkoa declaró que seguiría luchando "sin cuartel" contra el carlismo, y que al igual que las demás Diputaciones, respetarían las decisiones tomadas por el Gobierno de la República, mientras en Madrid siguieran respetando los "derechos forales" de Gipuzkoa. Después, hacía un llamamiento en nombre de los fueros para calmar a la sociedad.

La actitud de la Diputación de Navarra se caracterizó por su esfuerzo en mantener vigente la ley de 1841. Dicha ley, según los navarros, debía continuar siendo la base de las relaciones entre la provincia y el Estado. A poco de declararse la República, al igual que las otras diputaciones vascas, la navarra se dirigió al pueblo para hacer saber que acataban el nuevo orden del Estado.

Aunque las Diputaciones no se reunieron en una asamblea oficial, cada una mandó sus comisionados para tratar el tema con el Gobierno y desde Madrid se garantizó que no habría cambios en la situación de las provincias hasta elegir las nuevas Cortes Constituyentes.

Las elecciones generales se celebraron en mayo de 1873, y Euskal Herria se caracterizó por la gran abstención del electorado. Los carlistas habían abandonado las Cortes en 1872 y no volvieron e ellas hasta 1879. La mayoría de los elegidos resultó ser federal: Pedro Martínez de la Hidalguía por Álava, Galo Aristizabal Ibarzabal por Gipuzkoa, Agustín Sarda, Francisco Huder y Santiago Jiménez por Nafarroa, y Cosme Echevarrieta, Bernabé Larrinaga, Nemesio de la Torre Mendieta por Bizkaia. Además de estos, también obtuvieron su asiento, el alavés radical Ramón Xerica, los guipuzcoanos Justo María Zabala Radical y Cayo Vea Murgui conservador, y los navarros radicales Ezcarti y Serafín Olave.

En 1 de enero de 1873 se reunieron las Cortes Constituyentes y comenzó el debate para dar una estructura federal al Estado. El 17 de julio se presentó el proyecto de la constitución federal que nunca llegó a aplicarse. Las provincias vascas, dentro de estos nuevos planteamientos, intentaron dejar claras sus posturas.

Las Junta Particular de Araba se declaró en contra del proyecto de la constitución, porque creía que era lesivo para la situación especial del que gozaban las provincias vascas, y con la reagrupación de estas provincias en el Cantón Regional Vascongado, perderían la autonomía y los derechos conservados hasta entonces: libertad de culto, separación entre iglesia y Estado, servicio militar, obligaciones fiscales...

En cambio, la Diputación de Bizkaia, tras reunirse el 3 de julio, decidió esperar y no publicar ningún veredicto hasta conocer bien las bases de la futura constitución.

En Gipuzkoa, las Juntas Generales de Tolosa se reunieron en verano de 1873 y redactaron un comunicado en donde se requerían garantías para la continuidad de los fueros. Además, declararon la necesidad de que cada provincia constituyera un Estado federal con constitución propia, para la cual podrían servir los fueros, defendiendo los derechos históricos y las instituciones que los protegían.

En junio de 1873, los navarros decidieron que Nafarroa debía de ser un Estado federal aparte, fuera del Cantón Regional Vascongado. Castelar había sugerido en la constitución que Nafarroa sería parte de la nueva federación, pero los navarros consiguieron que en el proyecto de la constitución Nafarroa apareciera como un Estado federal más, el número 17. Sin embargo, la II. Guerra Carlista y las desavenencias con el Estado supusieron una gran losa para la Diputación y un día antes de que Pavía diera el golpe de estado, los diputados navarros presentaron su dimisión.

La dureza que iba tomando el enfrentamiento en todo Euskal Herria, imposibilitó por parte de las instituciones cualquier intento serio de gobernar las provincias. En enero, Pavia dió el Golpe de Estado y se puso en marcha una república unitaria dominada por los monárquicos, que el 29 de diciembre de 1874 derivó en el Golpe de Estado de Martínez Campos, definitivo para la desmantelamiento de la República. En Euskal Herria sin embargo, la Guerra Carlista continúo hasta febrero de 1876.

La idea fuerza que dividía a la política vasca en la II República fue la rivalidad entre la izquierda laica prorrepublicana y la derecha católica, que veía con recelo la instauración de la República y las posibles reformas en un sentido anticlerical y de revolución social que alterara el catolicismo y conservadurismo típico del medio rural vasco. A esta división se sumaba la postura que cada partido político mantenía frente a la consecución del Estatuto de Autonomía para Euskal Herria, con lo que nos encontramos ante un panorama político extremadamente complicado.

Las elecciones del 12 de abril de 1931, que propiciaron el cambio de régimen en España, dejaron en Euskal Herria un escenario político de muchos contrastes. Si bien la victoria en el cómputo general correspondió al bloque de la derecha, con el PNV y los carlistas como puntas de lanza, las izquierdas, con socialistas y republicanos a la cabeza, obtuvieron la victoria en los municipios más poblados como Bilbao y su cuenca industrial y minera, San Sebastián, Eibar, Irún o la Ribera navarra. Además, la izquierda se hizo con el control de Vitoria y Pamplona tras la repetición de las elecciones el 31 de mayo, con lo que las cuatro capitales vascas tuvieron alcaldes republicanos.

El tema que centró la atención política vasca en la II República fue el problema estatutario. Como decíamos antes, Euskal Herria fue el único territorio del Estado en el que vencieron las derechas, por lo que las fuerzas republicanas de izquierda recelaban en dejar la iniciativa estatutaria en manos del PNV, una formación política que había rechazado la colaboración con los demás elementos antidinásticos para traer el cambio republicano a España a lo que se sumaba el carácter extremadamente clerical del partido jeltzale. La intención de la izquierda fue, por tanto, la de dirigir el proceso autonómico desde las instituciones que gobernaban, evitando que el éxito lo capitalizase el PNV y se hiciese con el control de un futuro Gobierno Vasco, e intentar "republicanizar" Euskal Herria antes de la concesión del Estatuto.

A las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 se presentaron dos grandes bloques enfrentados en Euskal Herria. De un lado, la derecha católica, compuesta por el PNV, Comunión Tradicionalista y los católicos independientes, con la defensa de la religión y del "Estatuto de Estella" como bandera. De otro lado, la izquierda laica, formada por el PSOE y los partidos republicanos, que buscaba "republicanizar" el país y aceptaba el "Estatuto de la SEV" con las debidas modificaciones introducidas por las Comisiones Gestoras. El resultado fue una clara victoria de la derecha, que obtuvo 15 diputados frente a los 9 que consiguió la izquierda. Ésta logró el 44% de los sufragios, y venció en las cuatro capitales, los centros industriales de Vizcaya y Guipúzcoa, la Rioja alavesa y la Ribera de Navarra, mientras que la derecha fundamentó su triunfo en los distritos rurales.

Las elecciones a Cortes del 19 de noviembre de 1933, se celebraron en un contexto muy diferente al de 1931. Los bloques de la izquierda y de la derecha ya no existían y se asistió a una lucha electoral multipolar. La izquierda republicano-socialista, salvo en el distrito de Bilbao, se presentaba totalmente desunida, lo que provocó que sufriera un enorme batacazo electoral con la consecución únicamente de dos diputados, los de la minoría por Bilbao. El PNV, sin embargo, se vio beneficiado de esa situación y logró el mejor resultado electoral de su historia con la obtención de 12 escaños (6 en Vizcaya, 5 en Guipúzcoa y 1 en Álava). Por último, la coalición derechista, formada por monárquicos y tradicionalistas, conquistó 10 escaños (7 en su feudo navarro y uno en cada una de las provincias vascas).

Para las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936 se modificaron de nuevo los bloques de la política vasca. De un lado la izquierda se presentó totalmente unida en torno al Frente Popular, que agrupaba a los partidos republicanos, PSOE, Partido Comunista y ANV. Enfrente se encontraba la coalición derechista, formada por Comunión Tradicionalista, Renovación Española y la CEDA. En el centro político vasco se situó el PNV, que acudió otra vez en solitario. Los resultados electorales dieron forma a una Euskal Herria triangular, pues el Frente Popular consiguió 7 escaños (4 en el distrito de Bilbao, dos en Guipúzcoa y uno en Álava), la coalición derechista 8 escaños (los 7 de Navarra además de uno en Álava), y el PNV 9 escaños (5 en Vizcaya, y 4 en Guipúzcoa).

Nada más proclamarse la República, el PNV inició el denominado "movimiento de alcaldes" con el objetivo de reunir el apoyo de todos los municipios vascos a la iniciativa estatutaria. El movimiento de alcaldes encargó la confección de un "Estatuto a la Sociedad de Estudios Vascos", la cual lo tuvo listo en apenas tres semanas. Éste anteproyecto de Estatuto, basado en un texto que tenía previamente elaborado el republicano bilbaíno Ramón Madariaga, fue sometido a juicio de los partidos políticos, los cuales prepararon enmiendas al mismo. Este texto partía de una concepción federal tanto de la República española como de Euskal Herria y otorgaba a ésta amplias competencias, a pesar de lo cual contenía algunas carencias desde el punto de vista democrático. Este proyecto bien pudo haber sido el punto de partida hacia un consenso estatutario entre todas las fuerzas políticas, pero la iniciativa se vio frustrada por las enmiendas, a todas luces antagónicas, que al mismo texto propusieron la izquierda laica y la derecha católica.

Desde este punto, la iniciativa estatutaria vasca en 1931 se dividió en dos ramas, la que protagonizó la izquierda junto con las Comisiones Gestoras proponiendo el denominado "Estatuto de las Izquierdas", y la que protagonizaron las fuerzas de derechas que desembocó en el "Estatuto de Estella", una versión católica y etnicista del primitivo anteproyecto.

El "Estatuto de Estella" fue aprobado en dicha localidad Navarra el 14 de junio por tres cuartas partes de los ayuntamientos vascos, pero que únicamente representaban a poco más de la mitad de la población de Euskal Herria ya que a Estella no acudieron los alcaldes de los principales núcleos urbanos, de carácter izquierdista. Este proyecto, partidista e instrumental, contenía algunas cláusulas de carácter clerical y discriminatorio inaceptables para las fuerzas de la izquierda, como el Concordato con el Vaticano y la privación de derecho de sufragio a los inmigrantes, que respondía a los intereses de la derecha de establecer una barrera frente a una posible legislación de carácter anticlerical por parte del Gobierno republicano. Fue un tremendo error del PNV la introducción de tales cláusulas, pues si bien le congratulaba con los carlistas, hacía impensable cualquier acuerdo autonómico con la izquierda, que era la que ostentaba la mayoría en el parlamento.

La aprobación de la Constitución en diciembre de ese año dio al traste con todas las iniciativas estatutarias vascas de 1931, declaradas incompatibles con los fundamentos de la República, bien por cuestiones de contenido o de procedimiento. La iniciativa estatutaria pasó a las Comisiones Gestoras a partir de entonces, designadas por el Gobierno para elaborar el proyecto. El Gobierno Azaña promulgó el 8 de diciembre un decreto que establecía el procedimiento de elaboración del Estatuto vasco a través de cuatro trámites: redacción del proyecto a cargo de las Gestoras provinciales, aprobación del mismo por los ayuntamientos, por el pueblo vasco en referéndum y por las Cortes.

Las Comisiones Gestoras elaboraron un Estatuto más acorde con los preceptos republicanos, aunque partiendo siempre de la base del texto de la SEV. Éste fue redactado por una comisión compuesta por cuatro republicanos, tres socialistas, un nacionalista, un católico-fuerista y un independiente. Su texto, si bien no llegaba a las cotas de autonomía del primitivo proyecto de la SEV era mucho más democrático que aquel. El proyecto se sometió al dictamen de los Ayuntamientos vasconavarros en la Asamblea de Pamplona del 19 de junio de 1932, pero la negativa de la mayoría de los Ayuntamientos navarros, de tendencia carlista, al Estatuto común con las provincias vascas dio al traste de nuevo con las labores autonómicas.

Los trabajos autonómicos comenzaron de nuevo en 1933, redactando un nuevo proyecto de Estatuto, muy parecido al de 1932, pero en el que no se incluía a Navarra. Los términos del Estatuto fueron aprobados por los municipios de las tres provincias vascas en Vitoria el 6 de agosto de 1933. Vizcaínos y guipuzcoanos reiteraron su unanimidad a favor del Estatuto, mientras que los alaveses aprobaron el texto con el voto en contra de un tercio de sus ayuntamientos, de tendencia carlista.

El siguiente paso era la celebración de un referéndum para ratificar el texto. Éste se convocó el 5 de noviembre de 1933 y, si bien fue ratificado por una abrumadora mayoría en Vizcaya y Guipúzcoa (98% a favor), en Álava, por la influencia de los derechistas, si bien el Estatuto fue aprobado, la suma conjunta de los que habían votado en contra (12%) o se habían abstenido (41,5%) era superior a los que habían votado a su favor (46,5%), debido a la campaña abstencionista que había llevado a cabo el carlismo en la provincia, el sentimiento alavesista y el menor carácter vasquista de la zona de la Rioja Alavesa.

Este hecho, la llamada "cuestión alavesa", fue argumentada por la derecha española en el Congreso de los Diputados para frenar la aprobación parlamentaria del Estatuto en 1934, pero lo que realmente anuló la iniciativa autonómica de 1933 fue la oposición de la CEDA, entonces en el Gobierno junto a los radicales de Lerroux, a toda iniciativa autonómica, y la constatación, por parte del PNV, de que con la derecha española en el poder nunca podría aprobarse ningún estatuto, iniciando un camino de acercamiento a la izquierda.

Hubo que esperar a la victoria del Frente Popular en 1936 para resolver definitivamente el problema estatutario vasco. Nacionalistas y frente populistas, con Indalecio Prieto a la cabeza, se pusieron de acuerdo en la confección de un nuevo Estatuto vasco que retrasó su aprobación por el comienzo de la Guerra Civil y no pudo entrar en vigor hasta octubre de 1936. Su texto fue mucho más breve que los anteriores proyectos y más parecido al estatuto catalán, con el fin de adecuarse a los preceptos republicanos y evitar el bloqueo de la derecha en el parlamento.

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