Concept

Comunicación foral de bienes

En la actualidad, rige la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco, Ley 3/1992, de 1 de julio (en adelante LDCF), aprobada por el Parlamento Vasco, cuyo ámbito de aplicación no es todo el País Vasco, sino que queda limitada a buena parte de Vizcaya y a unas localidades de Álava. Esta Ley fue completada por la Ley de 26 de noviembre de 1999, que recoge la regulación dedicada a Guipúzcoa. No obstante, hay que tener en cuenta que en Guipúzcoa no existen normas especiales respecto del régimen económico del matrimonio, por lo que rige el Código civil.

El régimen matrimonial supletorio de los cónyuges en sus relaciones patrimoniales en el Derecho civil foral de Vizcaya y Álava es la comunicación foral de bienes. Esta institución quedó recogida en los cuerpos forales del Señorío de Vizcaya a lo largo de los siglos XV y XVI (Fuero Viejo y Fuero Nuevo, respectivamente). El año 1959 se aprobó la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, en la que se recogió una regulación de la institución que nos ocupa intentanto ajustarse a las previsiones del Fuero Nuevo de 1526. Actualmente se regula en los arts. 93 a 111 LDCF. Pese a que la Ley reguladora de estas instituciones (la Ley del Parlamento Vasco 3/1992, de 1 de julio), aluda al Derecho Civil Foral "del País Vasco", la comunicación foral de bienes es una figura propia del Derecho "vizcaíno-alavés", que rige en la Tierra Llana de Vizcaya (en la que no se integran las villas sujetas al Código civil, p.e. Bilbao), así como en los municipios alaveses de Llodio y Aramayona (arts. 5 y ss. y 146 de la Ley).

La aplicabilidad de las normas establecidas en el marco del Derecho civil foral de Vizcaya y Álava con relación a los efectos patrimoniales del matrimonio viene determinada por lo establecido en el art. 9.2 CC, que es el precepto de Derecho internacional privado español bajo el cual se fija la aplicabilidad de los distintos regímenes económicos vigentes en España; o incluso, de otros países. No obstante, cabe señalar que en LDCF se incluyó el art. 94, que también está dedicado a regular esta cuestión. El contenido de dicho precepto es muy similar al ya citado del Código civil; pero realmente presentan alguna diferencia, ya que en el art. 9.2 CC se alude a la posibilidad de que los contrayentes (si ostentan una vecindad civil distinta) decidan (bajo ciertas limitaciones) en "documento auténtico" la legislación a la que se haya de someter el matrimonio, cosa que no aparece en el art. 94 LDCF.

En el caso de Vizcaya, la proximidad de territorios sujetos al Derecho foral y al Derecho común genera con frecuencia matrimonios "mixtos" (vecindad aforada y no aforada de los cónyuges), respecto de los que se plantea la cuestión de fijar la legislación aplicable al estatuto económico del matrimonio. Los problemas pueden ser de orden interno o externo, según se produzcan en el marco de los Derechos españoles o en relación con un ordenamiento extranjero. Dentro de los conflictos internos se pueden distinguir los conflictos intracomunitarios o interlocales, si se producen en el seno de una misma Comunidad Autónoma, frente a los intercomunitarios, si existen elementos sujetos a distintos ordenamientos territoriales españoles.

Antes de entrar en el examen de la comunicación foral de bienes como tal, conviene realizar una breve alusión a los que podrían denominarse como principios generales de la normativa sobre relaciones patrimoniales entre los cónyuges. El principio más relevante en este ámbito es el de libertad de estipulación en materia de régimen de bienes, según el cual los cónyuges pueden elegir el régimen aplicable al matrimonio, ya sea antes o después de su celebración, tal y como indica el art. 93 pár. 1º LDCF. El ejercicio de esta facultad debe realizarse mediante capitulaciones matrimoniales (art. 93 párs. 1º y 2º). Ello implica que las personas sujetas al Derecho civil foral de Vizcaya y Álava no necesariamente han de estar regidas por el régimen de comunicación foral de bienes, que es un régimen de comunidad, sino que cabe la posibilidad de pactar un régimen de separación de bienes o incluso un régimen de participación en las ganancias. Dado que en la LDCF no se regula ningún régimen de este tipo, habrá que aplicar el articulado del Código civil sobre el particular, en su condición de Derecho supletorio.

También es posible modificar alguno de los aspectos propios del régimen de comunicación de bienes. Así, es factible excluir algún bien del ámbito de la comunidad, o alterar el sistema de liquidación previsto legalmente.

La Ley únicamente plasma el principio general de libertad de estipulación, pero existen límites concretos a esta libertad capitular. Algunos de estos límites se recogen en preceptos aislados, ya sea de la Ley vasca o del Código civil, y otros se consideran implícitos a la propia estructura del régimen económico matrimonial en general; o a la comunicación foral en particular.

La comunicación foral de bienes se puede definir como un régimen económico del matrimonio, caracterizado por la creación de una comunidad matrimonial sobre todos los bienes de los cónyuges, en la que se distinguen varias masas patrimoniales, gestionada conjuntamente, y sometida a un sistema de alternatividad, que afecta fundamentalmente al activo, en la fase de disolución, liquidación y partición.

En el seno de la comunicación foral de bienes, en su condición de régimen económico del matrimonio, cabe distinguir tres elementos:

  1. Se trata de un régimen de comunidad. Los bienes de cada cónyuge forman una masa patrimonial, cuya titularidad queda atribuida a ambos, bajo la configuración propia de las comunidades de bienes, sin perjuicio de que existan algunas circunstancias propias de la idea de sociedad. En particular, constante matrimonio funciona como una comunidad universal, aunque con ciertas peculiaridades, por lo que se la puede considerar como una comunidad universal sui generis.
  2. Existe una tendencia a la "universalidad". En la mencionada comunidad ingresan todos los bienes de los cónyuges, tal y como se desprende del art. 95 pár. 1º LDCF: "En virtud de la comunicación foral se harán comunes, por mitad entre marido y mujer, todos los bienes muebles o raíces, de la procedencia que sean, pertenecientes a uno u otra, por cualquier título, tanto los aportados como los adquiridos en constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen."
  3. Concurre un factor de "alternatividad". La comunidad formada desde el momento de producirse el matrimonio no funciona de manera indiferenciada, sino que, dependiendo de las circunstancias por las que atraviese el matrimonio, nos encontraremos ante comunidades distintas en cuanto a su extensión, es decir, en los bienes que se comprenden en el activo de la comunidad:
    1. Consolidación. Si el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y quedan hijos de ese matrimonio, la comunidad tendrá carácter universal; es decir, todos los bienes de los cónyuges, ya sean adquiridos a título oneroso (salarios, beneficios empresariales, etc.), ya sean adquiridos a título gratuito (herencias, donaciones, etc.), se integrarán en la comunidad y se dividirán por mitad entre el cónyuge viudo y los herederos del otro. Tal y como indicó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 12-4-1994, RJ 199732, los bienes otorgados gratuitamente a uno de los cónyuges (en el caso una dote inestimada) forman parte de la comunicación foral si el matrimonio se disuelve con descendencia.
    2. No consolidación. En cambio, si se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, pero en este caso no quedan hijos del matrimonio, o si se disuelve por otra causa, como puede ser la separación personal de los cónyuges o el divorcio, la comunidad se limitará a los bienes gananciales o bienes adquiridos a título oneroso, excluyéndose los bienes aportados al matrimonio y también los bienes recibidos a título gratuito. Para los supuestos de divorcio no existe una participación en los bienes que se hayan adquirido sin ningún tipo de relación con la vida en común, como puede ser el caso de los "bienes de familia". Esta alternatividad, como digo, se proyecta hacia la fase de disolución y liquidación; pero también incide en la fase de vigencia del régimen, puesto que se ha de posibilitar cualquiera de las dos modalidades de liquidación.

Masas patrimoniales

Aunque la comunidad creada integre en su seno todos los bienes de los cónyuges, ello no implica que desaparezcan por completo las diferencias entre tales bienes, ya que debe quedar abierta la posibilidad de división de la misma según el sistema de la consolidación o de la no consolidación. De ahí que durante el matrimonio se pueda decir que estamos ante una comunidad universal sui generis, como ya he indicado. Esta idea de distinción de masas se plasma en el art. 97 de la Ley, que dice así:

"En la comunicación foral, la distinción entre bienes ganados y bienes procedentes de cada uno de los cónyuges se ajustará a las normas de la legislación civil general sobre bienes gananciales y bienes privativos."

En definitiva, durante el régimen se distinguen tres masas patrimoniales, cuya composición es la misma que la fijada en el Código civil respecto de los bienes gananciales y privativos: 1º) los bienes ganados o gananciales; 2º) los bienes procedentes del marido o privativos del marido; y 3º) los bienes procedentes de la mujer o privativos de la mujer.

¿Por qué se distinguen estas tres masas de bienes si resulta que estamos ante una comunidad universal? La respuesta se puede comprender si pensamos en el supuesto, p.e., de disolución por divorcio. En este caso, como ya he indicado, la liquidación se efectúa como una comunidad limitada a las ganancias, rescatando cada cónyuge los bienes que hubiera aportado al matrimonio o los que hubiera adquirido a título gratuito. Para que se pueda hacer esto es preciso mantener la diferenciación de las diversas clases de bienes también constante matrimonio. De lo contrario, nos encontraríamos con que en la fase liquidatoria no sabríamos qué bienes tienen un carácter u otro. Además, constante matrimonio, y dada la dualidad de posibilidades de liquidación y partición, las normas de gestión y de responsabilidad por deudas no van a ser exactamente iguales para los bienes ganados y para los bienes procedentes de cada uno de los cónyuges.

Bienes excluidos de la comunidad

En principio, la comunidad tiende a la "universalidad", como ya se ha indicado. Sin embargo, es preciso admitir que determinados bienes queden fuera de la comunidad (incluso aunque la comunicación se consolide y se integren "todos" los bienes de los cónyuges en la misma). Dicha exclusión puede obedecer a dos causas: en primer lugar, la propia naturaleza de algunos bienes determina que no puedan integrarse en una comunidad (universal en este caso). Se trata de bienes vinculados a la persona, como pueden ser las indemnizaciones debidas por la lesión de un bien de la personalidad. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la voluntad de los interesados (ya sean los cónyuges o terceras personas) puede producir la exclusión de bienes de la comunicación. Nada impide que los cónyuges pacten en capitulaciones matrimoniales, p.e., que una vivienda recibida en herencia por la mujer quede en su patrimonio personal incluso a pesar de que se produzca la consolidación de la comunicación foral de bienes.

En lo que se refiere a la comunicación foral de bienes se plantea el problema de hasta qué punto es admisible que mediante un procedimiento como el seguro de vida se desvíe o se eluda el régimen de partición legalmente previsto en el régimen vizcaíno, que afecta a todos los bienes conyugales. En cierta medida, la contratación de un seguro de vida cuyo beneficiario sea uno de los cónyuges puede suponer que se aparten de la división por mitad cierta cantidad de bienes, lo que resulta contrario a la idea general del régimen de comunicación. No obstante, hay argumentos de peso para considerar que son admisibles los seguros de vida mediante los cuales los cónyuges ofrezcan una seguridad económica a la familia en su conjunto. El contrato de seguro se configura como un acto de previsión, pero este efecto no se alcanzaría si tuviera que integrarse en la partición el importe de la indemnización recibida por el cónyuge viudo -beneficiario- a la muerte de su consorte.

Principio general

En el régimen de comunicación foral se parte de la exigencia del consentimiento de los dos cónyuges para la gestión de los bienes conyugales; ya se trate de bienes ganados, ya de bienes procedentes de cada cónyuge. El legislador ha tendido a plasmar en la Ley vigente este principio con cierta amplitud, como se puede apreciar en los arts. 99 y 101 LDCF. Especialmente significativa es la exigencia de que los actos de disposición de bienes pertenecientes a cualquiera de los cónyuges se realicen contando con el consentimiento de ambos (art. 99 pár. 1º). Ello implica que para disponer de los bienes de los que un cónyuge era titular en el momento de contraer matrimonio o de los bienes recibidos por título gratuito sea precisa la intervención de ambos cónyuges. Entre los actos que exigen el consentimiento conjunto se encuentra la concesión de una opción de compra sobre un bien perteneciente a uno de los cóinyuges, como señaló la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7-9-1995, RJ 199773. Cabe señalar, no obstante, que se admite la actuación de un cónyuge en representación del otro o la ratificación "a posteriori" de los actos realizados por uno solo de los cónyuges.

Ámbitos atribuidos a la libre actuación de cada cónyuge

La vigencia del principio de "cogestión" no impide que haya de reconocerse la existencia de numerosos ámbitos en los que juega con exclusividad el poder individual de cada cónyuge, entre los que cabe citar los siguientes:

  1. La administración de los bienes de cada cónyuge (art. 100).
  2. Los actos de disposición de dinero o valores mobiliarios (art. 99)
  3. Los actos de disposición "mortis causa".
  4. Las compras y adquisiciones de bienes y derechos.
  5. El ejercicio de los derechos de crédito por el cónyuge titular de los mismos.
  6. La disposición de bienes en el marco del ejercicio de una actividad empresarial, por lo que se refiere, al menos, a las "resultas" del comercio (art. 6 Ccom).
  7. La aceptación de la herencia de la que sea beneficiario uno de los cónyuges, y las correspondientes operaciones particionales, como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7-7-1999, RJ 1999_5607.

En materia de deudas de los cónyuges no rige, en puridad, el principio de intervención conjunta. En ejercicio de su libertad personal y patrimonial, cualquiera de los cónyuges puede realizar válidamente actos de los que surgen deudas. Así, p.e., carece de sentido afirmar que si uno de los cónyuges comete un delito no surge una responsabilidad civil dado que ha actuado sin el consentimiento del otro cónyuge. Lo relevante a estos efectos son las consecuencias jurídicas de dicha actuación, es decir, determinar qué bienes han de responder de las deudas una vez que estas ya se han contraído.

La sistematización del pasivo conyugal en el régimen vizcaíno se debe realizar atendiendo no ya a un único criterio, sino a varios, que se han de compaginar para estructurar el conjunto de deudas contraídas por los cónyuges. Entre tales criterios podemos citar dos: primero, si la deuda se contrae conjunta o individualmente; y segundo, el tipo de gasto en el que se materializa la deuda. Combinando ambos criterios, nos encontramos con cinco clases de deudas:

  1. Las cargas del matrimonio, a las que se refiere de forma expresa el art. 98 LDCF.
  2. Las deudas contraídas conjuntamente por ambos cónyuges.
  3. Las deudas gananciales individualmente contraídas.
  4. Las deudas personales o privativas de un cónyuge.
  5. Las deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de donaciones o de sucesiones.

Por lo que se refiere a las cargas del matrimonio, cuya regulación se incluye en el art. 98, cabe señalar que el concepto de tales cargas no se delimita en la Ley de 1 de julio de 1992. De ahí que sea necesario acudir al Derecho supletorio, y en concreto al art. 1.362 pár. 1º CC, que, a decir de la doctrina, recoge el concepto de cargas del matrimonio. O sea, no son todas las deudas comunes al matrimonio, sino las que atañen más directamente a la convivencia. De ahí que el legislador haya diseñado un vigoroso sistema de responsabilidad por tales deudas.

Sin entrar en mayores detalles sobre el régimen, bastará con señalar que hay dos grados de responsabilidad: la responsabilidad directa de los bienes ganados y la subsidiaria de los bienes procedentes de cada uno de los cónyuges. Además, la responsabilidad de estos últimos es proporcional al patrimonio de cada cónyuge. O sea, que pagará más el consorte que más bienes posea. Aunque a simple vista este sistema parece justo, las dificultades prácticas saltan a la vista.

El segundo grupo de deudas son las contraídas conjuntamente por los dos cónyuges, o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Pese a que la Ley vasca ni tan siquiera las mencione, él régimen de responsabilidad será el siguiente: todos los bienes del matrimonio responderán de este tipo de deudas. Efectivamente, es lógico entender que si ambos cónyuges han contraído la obligación no hay ningún elemento para desvirtuar dicha responsabilidad.

El tercer grupo de obligaciones viene configurado por las deudas que, pese a haber sido contraídas por un solo cónyuge, tienen carácter común por haberse materializado en gastos de esa naturaleza. A simple vista, parece que la LDCF no se refiere a este grupo de deudas. Incluso podríamos pensar que se trata de deudas personales del cónyuge que las contrae, conforme dispone el art. 102 LDCF, al referirse a las "deudas y obligaciones contraídas por un cónyuge sin consentimiento del otro". Si se hiciera un análisis simplista de la Ley se podría llegar a pensar que para el Derecho vizcaíno el único factor a tener en cuenta es el subjetivo, o sea, qué cónyuge contrae una deuda; de tal manera que si lo hace uno de ellos de forma individual, el régimen de responsabilidad no será el previsto para las deudas comunes, sino para las deudas personales. De la misma forma, sólo cuando los dos cónyuges intervengan en el nacimiento de la deuda, ésta se podrá calificar como deuda común. Esta impresión no es acertada. Supongamos que uno de los cónyuges es dentista. Como consecuencia del régimen de comunidad, los rendimientos que obtenga en el ejercicio de su profesión se harán comunes, en su calidad de bienes ganados; por lo tanto, si tiene que pagar las rentas atrasadas del piso en el que ejerce su profesión, ¿no será lógico que también esa deuda sea común? Sería aplicable en este y en otros supuestos el adagio latino que dice "ubi emolumentum ibi onus".

De los arts. 102 regla 2ª y 109.3ª, se desprende que la actuación de un solo cónyuge en ámbitos de interés para la familia genera deudas comunes. Desde otro punto de vista, cabe mencionar que el art. 98 de la Ley, referido a las cargas del matrimonio, no nos dice que estemos, necesariamente, ante deudas contraídas por ambos cónyuges. Antes bien, de este precepto se deduce: primero, que no siempre es preciso que actúen ambos cónyuges para vincular el patrimonio común; y segundo, que es necesario atender a la causa del gasto para fijar el sistema de responsabilidad derivado de dicha obligación.

Pues bien, atendidas estas consideraciones, cabe concluir que todas las deudas que en relación con la sociedad de gananciales tienen la consideración de deudas comunes, la tienen en la comunicación foral de bienes. En este grupo también se incluirán las deudas derivadas del ejercicio del comercio.

El cuarto grupo de deudas viene constituido por las deudas personales de un cónyuge, que examinamos en profundidad en el siguiente apartado.

El quinto y último grupo está compuesto por un tipo "especial" de deudas personales: se trata de las deudas contraídas por un cónyuge con anterioridad al matrimonio y las deudas que gravan las sucesiones y las donaciones. Son deudas que, en principio, no afectan a la comunidad, y, por lo tanto, se pueden calificar como personales del cónyuge respectivo. P.e., supongamos que el marido pidió un préstamo para estudiar la carrera de Derecho, en su estado de soltero. Pues bien, este crédito no tiene sino carácter personal, sin que afecte a la comunidad, que ha surgido con posterioridad. Lo mismo se puede decir de las deudas que gravan una sucesión en la que participe, p.e., la mujer. En principio tienen carácter personal.

El complejo art. 102 LDCF diseña un sistema de responsabilidad externa para hacer frente a las deudas personales de un cónyuge. El precepto objeto de análisis constituye, básicamente, una norma de limitación de la responsabilidad respecto de las deudas personales. Es quizás la cuestión que mayores dificultades prácticas puede generar, debido a que la Ley deja bastantes puntos en penumbra, y, por otra parte, a que es un supuesto en el que se origina una enorme litigiosidad.

Lo primero que debemos hacer es precisar el concepto de deudas personales. La LDCF no nos dice cuándo estamos ante una deuda de este tipo. Se limita a decir que el sistema previsto por el art. 102 será aplicable cuando la contraiga un cónyuge sin consentimiento del otro. Pero, como ya se ha visto, no es suficiente el criterio subjetivo para determinar el carácter de la deuda; así lo indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15-5-1992, AC 19920. La delimitación se efectuará por exclusión; bastará con indicar que, una vez definido el campo de las deudas comunes o gananciales, el resto serán deudas personales. Entre éstas podemos citar algunos casos de cierto interés, como las responsabilidades derivadas de un delito, las derivadas de una infracción administrativa, las deudas extracontractuales, siempre que se trate de actividades no beneficiosas para la comunidad, o las contraídas en interés puramente particular, como p.e. los gastos en casas de masaje.

En el sistema actual la regla primera del art. 102 dispone que "quedarán siempre libres de responsabilidad (...) los bienes procedentes del cónyuge no deudor". Esto viene a significar que de las deudas personales o privativas de un cónyuge nunca responderán los bienes procedentes del otro: es decir, los bienes que poseía con anterioridad al matrimonio o los que hubiera recibido por herencia o donación.

Según el precepto que nos ocupa, el embargo por deudas personales ha de ser notificado al cónyuge no deudor, que puede adoptar tres posturas: 1) En primer lugar, puede permitir el embargo y la ejecución de los bienes, cualquiera que sea su condición y cuantía. 2) En segundo lugar, puede instar la disolución de la comunicación foral de bienes. 3) Y en tercer lugar, aunque esta posibilidad sea discutible, puede solicitar que el embargo se reduzca a la mitad del valor total de los bienes procedentes del cónyuge deudor y de los bienes ganados. Dicho precepto se refiere a la responsabilidad de la "mitad comunicada del obligado". Estas reglas se pueden cohonestar con la previsión realizada por el art. 541 Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual para el supuesto de embargo de bienes comunes por deudas individuales concede al cónyuge no deudor la opción de pedir la disolución de la comunidad matrimonial, en cuyo caso:

"el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes"

Ciertamente este precepto mantiene todos los interrogantes planteados bajo la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

En cuanto al procedimiento en sí, en principio es posible realizar la liquidación y partición de la comunidad: 1) Mediante el acuerdo entre cónyuges que se incorpore al proceso. 2) Caso contrario, son de aplicación los arts. 806 a 810 Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone el procedimiento fijado para la división de cualquier régimen económico del matrimonio de comunidad. Lo lógico sería iniciar ante el propio Juez de la ejecución dicho procedimiento, y para el caso de que apreciara maniobras dilatorias en los cónyuges, podría dar por terminado el mismo, manteniendo el embargo sobre los bienes comunes.

Desde el punto de vista metodológico, la relación entre las denominadas crisis matrimoniales (separación, nulidad o divorcio) y la comunicación foral de bienes, constituye la relación entre unas figuras reguladas por el Código civil y la otra regulada por la legislación civil foral. Pues bien, lo primero que hay que señalar es que los problemas que se plantean y las soluciones que se ofrecen en el marco del Derecho común y del Derecho vizcaíno son muy similares. En primer lugar, como ya se sabe, la legislación relativa a la separación, nulidad o divorcio está recogida en el articulado del Código civil, sin que la LDCF regule estas figuras, cosa que, por otra parte, está vetada constitucionalmente. En segundo lugar, la propia comunicación foral de bienes se configura como sociedad de gananciales en caso de separación, nulidad o divorcio, por lo que supone otro elemento de aplicación del Derecho civil general de España.

Es probable que la peculiaridad de mayor relieve que presenta la comunicación foral de bienes sea la alternatividad que se da en esta fase del régimen. Una vez que se produce una causa de disolución, y dependiendo de las circunstancias concurrentes, existen dos formas de liquidar y dividir la comunidad: la primera de ellas como una especie de comunidad universal y la segunda como una mera sociedad de gananciales.

La disolución del régimen se produce como consecuencia de las denominadas causas de disolución, que vienen a ser las mismas que en cualquier otro régimen matrimonial de tipo comunitario. El elenco de causas se recoge en los párrs. 2º y 3º del art. 95, que aluden a las situaciones de crisis del matrimonio (nulidad, separación o divorcio), al otorgamiento de capitulaciones matrimoniales (siempre que se pacte un régimen distinto del anterior) y a la declaración judicial directa como consecuencia de la solicitud de un cónyuge en situaciones de anormalidad para la economía matrimonial (incapacitación de un cónyuge, separación de hecho, etc.). A estas causas habría que añadir la muerte de uno de los cónyuges y la disolución derivada de la ejecución por deudas personales que prevé el art. 102.

Conclusión de la comunidad

Las causas de disolución provocan la disolución del régimen. Dejan de aplicarse las normas propias del régimen económico de comunicación foral. Los bienes que adquieren los cónyuges (o sus herederos) a partir de esa fecha son de su exclusiva titularidad. La fecha de la disolución es la que marca el punto de inflexión entre el ingreso o no de los bienes y deudas en la comunidad. En la situación existente tras la disolución tienen enorme incidencia las circunstancias concurrentes en cada caso. Aunque se puedan establecer reglas de aplicación general, tienen bastante relevancia las vicisitudes concretas que se presenten y que pueden determinar una cierta modulación de los principios generales. Entre las circunstancias que pueden concurrir sobresale por su importancia la consolidación o no de la comunicación foral de bienes; pero también tiene cierto interés la existencia o no de comisario, la concreta causa de disolución, la composición del patrimonio conyugal, etc.

Comunidad postcomunicación foral

Tras el fenómeno de la disolución no se opera automáticamente el paso de los bienes del patrimonio común al patrimonio personal de cada cónyuge (o de sus herederos), sino que procede abrir la fase de liquidación y partición de la misma. Hasta tanto no finalicen estas operaciones (es muy frecuente que se retrase su realización, p.e., hasta que fallezca el cónyuge viudo), se mantiene la situación jurídica de comunidad, sin perjuicio de que los bienes que vayan adquiriendo los cónyuges o sus herederos a partir del momento de la disolución les pertenecerán como bienes personales. Dicha situación se conoce como "comunidad postcomunicación foral", cuyo régimen de gestión y de responsabilidad por deudas queda sujeto a otras normas distintas de las que regían constante el régimen.

Las operaciones de liquidación y partición de la comunidad, atendiendo al sistema alternativo al que hemos aludido, se realizan bajo dos sistemas, que se denominan sistema de "consolidación" y sistema de "no consolidación" de la comunidad. La partición se realiza en todo caso sobre una comunidad. Lo que varía es su extensión: en unos casos es universal y en otros es limitada. Por ello, las operaciones a realizar, e incluso los principios aplicables, serán los mismos en ambos casos, aunque con algunas particularidades significativas.

Para las operaciones de partición habrá que aplicar, en primer lugar, las normas específicas de la comunicación foral. En segundo lugar, tal y como ordenan los arts. 102.2ª.2 LDCF y 1.410 CC se deben aplicar las normas de partición de la comunidad hereditaria. Esta referencia se debe entender hecha a las normas sustantivas que recoge el Código civil (por cuanto en la LDCF son prácticamente inexistentes; a título de excepción se pueden citar los arts. 58, 63 y 64). Por lo que se refiere a las normas procesales, hay que tener en cuenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 806 y ss.) existe un procedimiento "ad hoc" para la división del régimen económico del matrimonio, plenamente aplicable a la comunicación foral de bienes. El procedimiento tiene dos fases bien diferenciadas (incluso más diferenciadas que en división de la herencia), de tal forma que casi se puede hablar de dos procedimientos distintos: el primero para la fijación del inventario y el segundo para la distribución de los bienes.

Las fórmulas previstas legalmente para la liquidación y partición pueden ser objeto de modificaciones por parte de los cónyuges. Esta vía de convenios permitirá adoptar soluciones ajustadas a su particular situación.

Existen varias modalidades de organizar los acuerdos de los cónyuges en materia económico matrimonial:

  1. Las capitulaciones matrimoniales, que constituyen el mecanismo más habitual para plasmar tales acuerdos cuando el matrimonio se encuentre en una situación de normalidad.
  2. El convenio regulador, para los casos de crisis matrimoniales, y una parte de cuyo contenido se refiere a la liquidación del régimen económico del matrimonio.
  3. Los contratos entre los cónyuges, mediante los cuales se pueden realizar todo tipo de operaciones de orden económico (p. e. una venta de un bien, una donación, etc.).
  4. Las operaciones de liquidación y partición de la comunicación foral, ya que son los esposos quienes se reparten los bienes libremente y se los adjudican según los pactos a los que lleguen.

Consolidación de la comunidad: comunidad universal

La consolidación de la comunidad sólo se produce cuando el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y, además, existen hijos comunes del matrimonio. La alternatividad aparece inspirada por la relevancia que en el Derecho tradicional de Vizcaya tiene la troncalidad. Sólo cuando haya hijos que puedan continuar con la titularidad de los bienes raíces troncales será admisible la comunicación universal de los bienes conyugales. En caso de que existan hijos, a pesar de la comunicación de todos los bienes, la efectividad de la troncalidad y la amplitud de la legítima, impiden que los bienes salgan de la familia y que se produzca su trasvase a otra por vía del matrimonio. De un lado, en virtud de la troncalidad todos los bienes raíces troncales deben ir a parar definitivamente a los hijos de ese matrimonio, que son los parientes de línea preferente. De otro, en virtud de la legítima de los cuatro quintos que existe en Derecho vizcaíno -vigente de forma ininterrumpida desde el Fuero Nuevo-, esa parte de los bienes del viudo deberá ir a parar a los hijos. En definitiva, la comunicación universal de bienes no se opone al Derecho de Vizcaya si hay hijos, pero sí lo haría en el resto de los casos, de donde deriva la diferenciación jurídica de tales supuestos.

La división de los bienes de los cónyuges, salvo de los que quedan excluidos de la comunicación foral, se realiza por mitad entre los cónyuges. Esta regla se debe referir al valor total del patrimonio en liquidación, no a la división por mitad de todos y cada uno de los bienes comunes, en virtud, fundamentalmente, de lo establecido por el art. 108 LDCF, pero también en aplicación de un criterio de racionalidad en la partición, que desaconseja la división de un bien concreto entre varias personas.

La impronta que confiere la troncalidad a la propiedad de los bienes inmuebles persiste durante el matrimonio y tras su disolución. Las normas que preservan la troncalidad, y que vinculan los bienes raíces a una familia, se conjugan con las normas propias del régimen económico del matrimonio. La línea directriz consiste en atender a las reglas de la troncalidad, manteniendo en lo posible las reglas del régimen conyugal establecido. En esta línea, el art. 108 LDCF establece un régimen de atribución del activo líquido de la comunidad conyugal que tiene como finalidad la preservación de la troncalidad.

Por lo que se refiere a la contribución definitiva o interna al pago de las deudas personales, la comunicación foral de bienes presenta una particularidad respecto de otros regímenes de comunidad universal. Cualquiera que sea la forma de disolución de la comunicación foral, las deudas individuales no se comunican, sino que quedan a cargo del cónyuge deudor. Si la comunicación de bienes no se consolida y se liquida como sociedad de gananciales, es lógico que sea así, como sucede en el propio Código civil. Sin embargo, en el caso de consolidación y pese a la comunicación de todos los bienes, no sucede lo propio con las deudas personales, que deberán ser soportadas definitivamente por el cónyuge deudor. Esta conclusión se desprende del art. 102 pár. último y del art. 108 pár. último, que aluden a la exigencia de computar en las operaciones liquidatorias lo gastado o pagado en las deudas personales. El legislador ha pensado que si son deudas contraídas en interés puramente personal del cónyuge respectivo, sin un beneficio para la comunidad, ésta no tiene por qué soportarlas.

No consolidación de la comunidad: sociedad de gananciales

Fuera de los casos en los que queden hijos del matrimonio una vez que fallezca uno de los cónyuges, no se produce la consolidación de la comunidad. De ahí que en los supuestos de crisis del matrimonio, de convenio matrimonial sin acuerdo adicional, de disolución a petición de uno de los cónyuges por causa justificada, e incluso de muerte sin hijos, no se produzca la consolidación de la comunicación foral, y el régimen económico se deba liquidar según las reglas de una comunidad de gananciales. Bajo la Compilación se discutió (dado que en su texto no se contemplaba expresamente) si el divorcio determinaba la liquidación de la comunicación foral de bienes como comunidad universal o como sociedad de gananciales. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 28-2-1991, RJ 1992281, concluyó aceptando la segunda opción.

En la liquidación de la comunicación foral no consolidada, la LDCF, de manera un tanto paradójica, no se remite a la legislación civil general para reglamentar esta fase (que a mi juicio sería lo más correcto). Se limita a recoger en tres escasos números del art. 109 LDCF, todas las reglas de liquidación y división de la comunidad. Pese a ello, lo lógico es entender que rige el sistema previsto en el Código civil para la sociedad de gananciales como Derecho supletorio.

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