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HERMANDAD

La hermandad de Álava. De la hermandad alavesa, siguiendo puntualmente a Martínez Díez, se puede establecer lo siguiente: Que las villas alavesas participaron antes de 1332 en las primeras Hermandades del reino de Castilla, es decir, las de 1282 y 1295. En la primera, formada en Burgos el 27 de mayo de aquel año, figuraban tres concejos alaveses: Salinillas de Buradón, Vitoria y Salvatierra. En la de 1295, de 6 de julio, se hermanarán con otras 54 villas del reino Salinillas, Salinas, Salvatierra, Vitoria, Treviño, La Puebla de Arganzón, Santa Cruz de Campezo, Labastida, Peñacerrada, Antoñana y Portilla de Corres.

Además de en estas Hermandades generales del reino, los concejos alaveses formarán parte de otras hermandades de ámbito local. Así, Salvatierra en 28-I-1293 con Bulate, Aranars, Larrahona y las Amezcoas, en una hermandad de buena vecindad; Vitoria en 1296 en la Hermandad de las villas de la Marina de Castilla; y ese mismo año, el 6 de agosto, Vitoria, Labastida, Salinillas, Portilla de Corres, Salinas de Añana, La Puebla de Arganzón, Peñacerrada, Salvatierra, Antoñana y Santa Cruz de Campezo con Miranda y seis villas riojanas a saber: Grañón, Logroño, Nájera, Santo Domingo, Haro, Briones y Abalos.

En la gran hermandad general de todos los reinos de la corona de Castilla que nace en Burgos el 2-7-1315, entre 96 villas de Castilla, León, Galicia, Toledo y Extremadura, se encuentran entre los firmantes seis concejos alaveses: Vitoria, Salinas de Añana, Portilla y Berantevilla, Salvatierra de Castilla y Peñacerrada.

La Hermandad de Álava arraigó definitivamente en 1457, pero fue precedida de varios intentos fallidos. El primero de éstos por iniciativa de Vitoria, Treviño y Salvatierra, que unidas en hermandad intentan incorporar a ella una buena parte de las villas y tierras alavesas. Más tarde, en 1443 y siguiente, varias hermandades populares y banderizas se enfrentan en Álava con algunos nobles entre sí. En 1449 se constituye una gran hermandad que agrupa a Gipuzkoa, Bizkaia, Encartaciones, Santander, el Norte de Burgos, La Rioja con Vitoria y las 14 hermandades locales alavesas.

En 1457, por impulso de Enrique IV, nacerá la Hermandad de Álava, que agrupará a la ciudad, villas, tierras y lugares de Álava. La nueva Hermandad presentará al rey unas ordenanzas, fiel reflejo de las de 1417, con la única omisión de dos capítulos, que obtendrán la aprobación real en 1458. Sus funciones son casi exclusivamente de índole penal y procesal.

En 1463 Enrique IV ordenará la revisión y reforma de las ordenanzas de 1458 a una comisión de cuatro letrados, pero será realizada por uno solo de ellos, el Licenciado Pedro Alonso de Valdivielso. Este, reunido en Ribavellosa con las Juntas de la Hermandad, procederá en virtud de la delegación real a dictar un nuevo cuaderno de hermandad compuesto por 6 capítulos. Según este "Cuaderno nuevo" de 1463, es obligatoria la pertenencia a la Hermandad y ninguno de sus miembros podrá apartarse de la misma. Su finalidad es mantener el orden público y la represión penal. Para lograrlo recibe jurisdicción especial sobre una serie de delitos denominados "casos de hermandad"; en las contiendas en que intervenga al menos una comunidad o aldea y no fueren ambas partes de una misma hermandad local o jurisdicción podrá también, a petición de parte, ser juez la Hermandad. En cambio, le queda prohibido reiterada e insistentemente inmiscuirse en asuntos que no sean casos de Hermandad. Sin embargo, esta prohibición quedará en letra muerta y a partir de 1463 la historia de la Hermandad de Álava no será otra que la continua ampliación de sus competencias originarias por concesión o con el acuerdo expreso o tácito de sus monarcas.

Aunque en la Hermandad de 1463 sólo se nombran a Vitoria y a cinco villas (tres de ellas hoy burgalesas: Miranda, Pancorbo y Villalba de Losa, una riojana, Saja y la quinta Salvatierra), es posible que en esa fecha estuvieran en la Hermandad además de Salinas de Añana, incorporada con sus aldeas en 1460, Monreal de Murguía en la Hermandad de Zuya; Alegría y Elburgo en la Hermandad de Iruraiz; San Vicente y Contrasta en la Hermandad de Arana; Corres en la de Arraya con Laminoria; Arceniega y Villarreal en las Hermandades de su propio nombre. En total incluyendo a Vitoria, 11 de las 23 villas alavesas. En 1463 no estaban Antoñana y Santa Cruz de Campezo, Lagran, Peñacerrada y Labastida, Salinillas de Buradón y Berantevilla. Estas siete se incorporarán a la Hermandad entre 1463 y 1502, fechas en las que se desgajarán de Álava: Miranda, Pancorbo, Villalba de Losa, Losas de Susos y Saja. Bernedo pasará a la Hermandad de Álava en 1490, Labraza en 1501 y Laguardia entre 1500 y 1506. Finalmente Treviño y la Puebla de Arganzón nunca pertenecieron a la Hermandad de Álava desde su fundación en 1457.

La Hermandad tenía dos comisarías, una correspondía a las 21 villas medievales, todas muradas; la otra a las "tierras esparsas", el resto de la provincia no murado. Las hermandades de villas y "tierras esparsas" fueron distribuidas en 1515 en seis cuadrillas o grupos para turnarse en algunos oficios provinciales. En 1537 se efectuará otra redistribución. En esa fecha la hermandad está ya completa con todas las hermandades actuales más Orozco, que se segregará definitivamente en 1568. En la distribución de las 54 hermandades por las seis cuadrillas se seguirá un doble criterio: su posición geográfica y su carácter real o señorial, salvo la cuadrilla de Vitoria, que ofrece un claro carácter residual.

En 1840 la cuadrilla de Vitoria sufrirá una subdivisión; por un lado quedará la Hermandad de Vitoria como única en su cuadrilla. Por el otro, irán las 17 restantes hermandades que formarán nueva cuadrilla, la 7.ª bajo el nombre de Añana. También en el siglo XIX surgirán tres nuevas hermandades: Labastida, Elciego y Lanciego, mientras se suprime la de Lacha y Barria, totalizando así 55 hermandades.

En 1476 se funda la Santa Hermandad y a ella se incorpora la Hermandad alavesa, a cuyo frente se coloca un Juez Executor, que es al mismo tiempo Diputado General de la Hermandad.

Sin embargo, de todo lo expresado, José Luis Orella mantiene una postura diferente al respecto. Habla, en primer lugar, de la Hermandad de hermandades alavesas, diciendo que entre 1332 y 1463 la tierra llana de Álava, formada por 14 hermandades, tiene una vida jurisdiccional propia e independiente, que es sucesora de los antiguos diputados de la Cofradía de Arriaga. Seguidamente se refiere a las hermandades de villas alavesas: la de 1417 se extiende a las villas de Vitoria, Treviño y Salvatierra y que no prosperó y, la de 1458, en que el rey obligó a las aldeas y tierra alavesa a reintegrarse en la Hermandad de villas y que tampoco prosperó. Finalmente, para Orella la Hermandad de 1463 es la primera Hermandad paritaria de villas y tierra llana.
Hermandad de Guipúzcoa. En el Título X del Libro de los Fueros consta que en tiempos antiquísimos se instituyó -como luego veremos- la Hermandad. En su primer capítulo dispone guardar y observar esta Hermandad, así como que las Juntas y procuradores de ella procedan contra los que la quebrantaren. Por los siguientes se ordena que los procuradores de la Junta corrijan y enmienden las sentencias "mal pronunciadas" por los alcaldes de Hermandad. Que la provincia pueda conocer de los delitos que entre sí o contra otros cometieren los vecinos de ella. Que la misma provincia, su Junta y procuradores, puedan conocer de los pleitos civiles y criminales suscitados entre concejos y entre particulares y concejos. Que la provincia y sus alcaldes sean jueces en las muertes y heridas cometidas con ballestas o armas de fuego. Que la provincia, Junta y alcaldes de la Hermandad tengan jurisdicción para proceder contra los rebeldes y desobedientes a las llamadas de la misma provincia, pudiendo pronunciar sus sentencias en 9 días. Que ni las Chancillerías, Audiencias, corregidores, jueces ni otras justicias de los reinos de Castilla pudieran conocer de los pleitos y casos de Hermandad, excepto el rey o su Consejo. Que los jueces comisarios que nombre el monarca para conocer de los casos de Hermandad, procedan breve y sumariamente. Que los procuradores de Junta no se mezclen en autos judiciales, ni extrajudiciales sino en los casos y cosas que se les permita según las leyes y ordenanzas de Hermandad. Asimismo, que los procuradores de Junta no puedan expedir mandamiento contra los alcaldes ordinarios en cosas tocantes a su juzgado. Que las justicias de la provincia y sus ministros en Vizcaya y los de Vizcaya en la provincia puedan prender a los que habiendo cometido delito en su territorio pasaren a cualquiera de ambas. Que los lugares vecinos a la provincia no acojan en su jurisdicción a los que delincan, si no es que los entreguen a los alcaldes de la Hermandad y a otras justicias, y si no lo hicieren los prenda la provincia y sus ministros. Que la provincia y su Junta puedan remover y reponer a los alcaldes de la Hermandad, que no usaren bien de su oficio. Que nadie esté exento de la jurisdicción de la Hermandad a título de oficio, quitación, preeminencia ni otra merced real. Que no se vuelvan a reedificar las casas que por mandato y sentencia de la provincia se derribaren o quemaren. Que se cobren por los alcaldes de Hermandad las penas pecuniarias en los lugares de su alcaldía, acudiendo con ellas a quien les mandare la provincia. Y, finalmente, que en caso de no hallarse otros compradores de bienes de los que fueren condenados a algunas penas, los compren los concejos.

A continuación vamos a estudiar el origen de la Hermandad general de las villas y lugares de la tierra de Guipúzcoa, dejando de lado el análisis tanto de la integración de Guipúzcoa en las hermandades generales castellanas como de las hermandades fronterizas, que han sido estudiadas magistralmente por Banús y Orella respectivamente, y que desbordaría ampliamente nuestro cometido. En 1370 Enrique II ordena, en las Cortes de Medina del Campo, que se "ffaga hermandat en todos los nuestros regnos". En 1375, en la Junta de Tolosa, presidiéndola el alcalde de la Real Audiencia, García Pérez de Camargo, se redactaron unas ordenanzas para la Hermandad de Guipúzcoa. Se aprobaron por el monarca Enrique II, en Sevilla, el 20 de diciembre de aquel año. Don Juan las confirmó en las Cortes de Burgos el 18 de setiembre de 1379. En un principio, manifiesta Santos Lasurtegui, apenas se consiguió nada a pesar de las sanciones contempladas en las ordenanzas. En esta misma línea Gorosábel dice que no "se puede negar con justicia que los que trabajaron en la obra de la reparación del país fueron guiados por las intenciones más puras del acierto. A pesar de esto, la experiencia demostró que no produjeron los efectos que se habían propuesto y deseado; y si la razón sola no bastara para convencer que el rigorismo de las leyes no es el mejor medio de represión de los delitos, lo demostraría la multitud de las que con posterioridad fue preciso hacer. Lo que obtuvo la pacificación del país, su morigeración y la disminución de aquellos crímenes atroces que antes se habían experimentado, no fue seguramente el señalamiento de las terribles penas de las antiguas ordenanzas. Es indudable que lo que contribuyó a ello principalmente fue la regularización del Gobierno supremo de la nación, su mayor fuerza, respeto y consideración con la sujeción de los poderosos que se resistían a su obediencia".

Esta Hermandad, formada a instancias de Enrique II, en 1375, apenas duró y se cumplió su objetivo, cual era perseguir a los malhechores que infestaban la provincia, cometiendo asesinatos, robos y otros delitos. Juan I, tras el desastre militar en tierras portuguesas, convocó Cortes en Valladolid y en Segovia, en 1385 y 1386 respectivamente. En ellas autorizó la reconstitución de las hermandades de Concejos. En Guipúzcoa el resultado no va a ser una Hermandad general, ya que sólo concurren procuradores de una mínima parte de las villas (8 de las 26 existentes, a saber: Tolosa, Segura, Urrechua, Azpeitia, Bergara, Hernani, Eibar y Ordizia) y de dos Alcaldías Mayores (Arería y Aiztondo). La reunión tendrá lugar en Villafranca (en el manzanal de María Martínez de Isasondo) en 1387. Los acuerdos que se adoptan son de carácter marcadamente anti-banderizo. Los procuradores que asisten son de la zona de predominio de Parientes Mayores oñacinos. Banús ignora si esto tiene algún significado. Díez de Salazar, en un estudio muy reciente sobre esta Hermandad parcial de 1387, tampoco resuelve esta incógnita.

En vista del estado tan deplorable de la provincia, Enrique III ordenó (Ávila, 20-III-1397) al corregidor de la provincia, Gonzalo Moro, que reuniendo Junta general de toda la Hermandad y examinados los cuadernos formados en tiempos de Enrique II y de Juan I propusiera lo mejor para guardar la tierra y Hermandad. La Junta se reunió en el coro de la iglesia de Getaria y elaboró un cuaderno de 60 leyes, que se publicó y otorgó como fuero en la iglesia de San Salvador, el 6 de julio de 1397, una vez confirmado por Enrique III. El cuaderno de las Ordenanzas de Guetaria contiene preceptos de carácter penal, que son la mayoría de organización de justicia y de orden procesal. En la forma de administrar justicia se otorgaba gran importancia al testigo, ya que no se podía usar del tormento. Por el abuso que se hacía de la pena de muerte se estableció el tormento, del que se debió abusar cuando en 1469 solicitó la provincia y fue aprobado por el rey que ningún alcalde de la Hermandad pudiera dar tormento a ningún hermano de ella sin el consejo y firma de letrado conocido. En caso contrario, incurría en pena de muerte el alcalde de Hermandad. En la parte orgánica del cuaderno de Guetaria se regulaba una institución creada por Enrique II en 1375: los alcaldes de la Hermandad, de los que hablaremos al final.

Juan II, en 1449, ordena una Hermandad general de los concejos de las tres provincias vascongadas. En 1451 el mismo monarca en las Cortes de Valladolid renueva las hermandades y en Guipúzcoa se reconstruye la Hermandad general provincial. Mediante la Real Cédula de 8 de abril de 1453 se aprueba la solicitud de la Hermandad para que no quepa la apelación al rey respecto de los cinco casos de Hermandad, a los que luego nos referiremos. En 1456, nos dice Lope García de Salazar, la Hermandad decide derribar todas las casas torres de los banderizos, sin distinguir entre oñacinos y gamboínos, deshacer las treguas y desterrar a los parientes mayores fuera de la provincia. Enrique IV sancionará estas medidas y ordenará la formación de un nuevo cuaderno de ordenanzas de la Hermandad. Este cuaderno constará de 147 leyes (una menos según Marichalar y Manrique), relativas en su mayor parte a la administración de justicia. Se dispone, por ejemplo, que las Juntas Generales revisen las sentencias de los alcaldes de Hermandad. El rey aprobó y confirmó este cuaderno en Vitoria, el 30 de marzo de 1457. Enrique IV, hallándose en Fuenterrabía, ordenó, al 4 de mayo de 1463, a los doctores González de Toledo y González de Zamora, así como a los licenciados Alonso de Valdivielsoy García de Santo Domingo que reformaran el anterior cuaderno. La provincia se reunió en Mondragón el 13 de junio de aquel año y reconoció que las anteriores ordenanzas de Hermandad no habían proveído cumplidamente a los casos y cosas que posteriormente se habían experimentado. Por ello formaron una recopilación de 217 ordenanzas, derogando los anteriores cuadernos en todo aquello que no fuera conforme con el nuevo. Nuevas leyes se añadirán en 1469 y siguiente. Aún se formarán otras en tiempo de los RR.CC. En efecto, el 8 de enero de 1482 se reunirán en Basarte los procuradores de las villas con la asistencia del corregidor de la provincia, Juan de Sepúlveda, y fundándose en que por el "mal Gobierno y desorden de los Ministros de la Hermandad de esta provincia y defecto de corregidor, estaba la justicia muy perjudicada, los querellantes aumentados y los malhechores ensoberbecidos", acordaron nuevos capítulos o leyes, cuyo cumplimiento ordenó el referido corregidor en virtud de las facultades que para ello estaba investido. Estas nuevas ordenanzas se confirmaron por los RR.CC. el 17 de marzo de 1482. Más tarde se formarían otras ordenanzas que confirmarían en 1529 los reyes Dª. Juana y D. Carlos. Con el objeto de dar unidad a estas leyes sucesivas, la provincia suplicará, a partir de 1526, la formación de un nuevo volumen: lo conseguirá en 1581 y la labor compiladora se concluirá en 1583. Regirá durante 107 años.

Para terminar nos referiremos a una institución creada en 1375: los alcaldes de Hermandad. Las primeras ordenanzas de 1375 mandaron que se pusieran 7 alcaldes de la Hermandad en toda la tierra de Guipúzcoa. Las Ordenanzas de Gonzalo Moro de 1397 confirmaron esta institución. Se elegían el día de San Juan Bautista, esto es, el 24 de junio. Su jurisdicción se extendía al conocimiento de los cinco casos de Hermandad. El Capítulo IV del Título XIII de los Fueros de Guipúzcoa se refiere a estos cinco casos que son hurto o robo en camino, o fuera de él; fuerza, incendio de casas, mieses, viñas, manzanales u otros frutos ajenos; talas o cortes de árboles frutales, o barquines de ferrerías; asechanzas para herir o matar, muerte o herida, aconteciendo estas cosas en montes o yermos de la provincia fuera de las villas cercadas y entre no vecinos de un lugar y alcaldía, o de noche. A estos cinco casos de Hermandad se agregó el sexto de robos de iglesias, inserto en el Suplemento de los Fueros de la provincia de 1758. Los 7 alcaldes de Hermandad ejercían su jurisdicción sobre todo el territorio de la provincia. El procedimiento era sumarísimo y para dictar fallo, el alcalde de Hermandad instructor se reunía con el más próximo; si sus fallos no concordaban, apelaban a un tercero, bastando para fallar dos pareceres acordes. No había posibilidad de recurso respecto de sus sentencias, sino únicamente querella al rey. La jurisdicción de los alcaldes de la Hermandad no se extendía a los delitos comunes. Se reducía a los cinco casos enumerados anteriormente. Estos casos se conocían acumulativa y preventivamente por todos los alcaldes de la Hermandad. La desmesurada autoridad de los alcaldes de la Hermandad ocasionó notables abusos. Una ordenanza de 1470 para poner remedio a estos abusos ordenó que las Juntas tuvieren poder y jurisdicción sobre estos alcaldes que cometieren injusticia. En 1611 las Juntas de Zumaya acordaron suprimir estos alcaldes. La confirmación de este decreto se pidió al rey. Este acuerdo se adoptó por Juntas posteriores, que además encargaron al agente en Corte que agilizara la extinción de esta judicatura. Las Juntas de Rentería de 1684 decretaron que las villas podían mantener o bien suprimir los alcaldes de Hermandad, según lo que estimaran más conveniente. Finalmente, mediante Real Provisión de 13 de diciembre de 1688, se autorizó a los alcaldes ordinarios para poder conocer de los cinco casos de Hermandad. En 1800 las Juntas de Azcoitia trataron de restablecer este tipo de judicatura; sin embargo, este intento fracasó.
La Hermandat de Laburdi. La Hermandat como institución militar y de origen popular es de 1396. Está organizada por los laburdinos a imitación de las hermandades peninsulares. Esta Hermandat recibió la aprobación regia en 1400 y 1403. Se unieron por juramento recíproco para luchar contra los malhechores, los rebeldes y los incitadores de guerra, fueran o no gentilhombres. La Hermandat juzgaba, estuviera o no presente el bayle, que era quien ejecutaba la sentencia. Los estatutos se inspiraban directamente, en el fondo y en el vocabulario, en las ordenanzas de las hermandades del sur. Esta Hermandat fue aprobada por Juan de Gante, duque de Aquitania, y en 1403 por Enrique IV, rey de Inglaterra.

La Hermandat nace del compromiso de los laburdinos. Todo nuevo bayle, antes de desempeñar su cargo, debería jurar ante los delegados de la parroquia, que gobernaría según las ordenanzas y sólo después éstos le juraban obediencia. Si el bayle se negaba a jurar, los laburdinos no le aceptaban como tal. Los principios de la Hermandat eran los siguientes:
  • 1). Esta actuaba contra todo malhechor y cómplice de cualquier condición;
  • 2) La Hermandat perseguía y juzgaba al que cometía delito o crimen, fuera gentilhombre o no
  • 3) La Hermandat perseguirá al malhechor que se refugia en la casa fuerte de un gentilhombre, llegando incluso a forzar la casa si hay oposición
  • 4) Si el bayle o su lugarteniente eran requeridos deberían actuar, sin embargo la Hermandat podía actuar sin su colaboración incluso contra gentilhombres
  • 5) Existía una solidaridad y responsabilidad entre las parroquias, ya que dos probi homines debían dar parte al bayle y a las otras parroquias del malhechor
  • 6) El bayle debía reunir tres veces al año dos probi homines por parroquia, los cuales, tras prestar juramento, cuidarían de ejecutar los reglamentos de la Hermandat: éste parece ser el origen del tribunal de la Hermandat y aun de las reuniones regulares del Biltzar
  • 7) En esta reunión anual los probi homines o alcaldes juraban gobernar bien y recibían igualmente el juramento del bayle. Además tenían en sus respectivas parroquias poderes de policía
  • 8) Nadie podía dar salida a un extranjero bajo pena de 5 escudos
  • 9) Todo delito que se cometiera se debía denunciar por la víctima ante el alcalde de la parroquia. Si éste no impartía justicia, entonces conocía la asamblea de la Hermandat
  • 10) Existía un elenco de los delitos y de las penas
  • 11) Se tenían en cuenta las garantías judiciales, como la fianza
  • 12) Todos los labordinos debían de jurar la Hermandat a partir de los 14 años.
La Hermandad de la Sexta Merindad. Esta agrupación solidaria, similar a las otras del país y a las asociaciones de hermandad europeas que proliferan en esta época, fue establecida o, tal vez ratificada, por Clemente de Launay, senescal de Teobaldo II de Nav., el 26 de noviembre de 1258, para agrupar a los habitantes de las villas y valles componentes de la Castellanía de San Juan. Dotada de capellán y estatutos, efectuaba reuniones de hermandad, para lo que poseía un lugar dotado de garantías de inmunidad bajo severas prohibiciones para el que osara acometer a otro para hacerle mal (Comptos). Con toda probabilidad, con base en esta hermandad, se alzaron las primeras milicias populares independientes de las erigidas por el host o apellido. En el s. XV tenía tres presidentes, el de San Juan de Pie de Puerto, el de Mixe y el de Cize: En el s. XVI aún funcionaba esta hermandad siendo uno de sus presidentes Jean de Olce.
Hermandades de Navarra. Las hermandades en Navarra eran de dos tipos. Unas, entre pueblos limítrofes de dos reinos, contra los hombres de mal vivir que robaban en uno y se volvían al suyo. Otras, entre pueblos del mismo reino, cuando la seguridad interior del país exigía la persecución y castigo de los que atentaban contra ella.

La primera forma ya se puso en práctica en 1204 entre los pueblos confinantes de Navarra y Aragón, que se reunieron, a través de diputados, en la Estaca. Por parte navarra asistieron los junteros de Tudela, Arguedas, Valtierra, Cascante, Cadreíta, Alesues o Villafranca, Milagro, Falces, Santacara, Caparroso, Murillo el Fruto, Murillo de las Limas y Carcastillo; y por Aragón, Tauste, Ejea, Luna, el Bayo, Luesia, Biota y Erla. Acordaron ayudarse mutuamente contra los que les dañaren y se obligaron al resarcimiento de todo lo que les acaeciere; también que ningún hermano o cofrade pudiera prender a otro cofrade hasta hacérselo saber a los junteros en Junta, a no ser que fuera fiador o deudor; asimismo que si hubiera desafío entre los cofrades, los junteros eligieran los combatientes, cada uno respectivamente de los de su reino. En 1368, Carlos II, queriendo extinguir los malhechores de Guipúzcoa y de Álava, mandó que se formara una Hermandad entre los pueblos de ambos reinos. En ella se acordó que el pueblo que tuviere noticia de que alguien robaba o hacía daño que repicara las campanas para avisar a los próximos y que todos unidos persiguieran a los malhechores. Esta Hermandad se renovó en 1407 por Carlos III. Allá por 1469 se formó una nueva Hermandad entre los pueblos de Navarra y de Aragón. En ésta se elaboró un reglamento contra los criminales, en el cual el tribunal nombrado podía incluso imponer la pena de muerte. Las causas se sustanciaban sumariamente.

Del segundo tipo tenemos las formadas en 1258 y 1281 para defenderse de los poderosos y caballeros balderos. En la última se nombró como capitán a un tal Lop Areciz Daroi y las tropas de la Hermandad "mataban homes, et destragaban, et palacios quemaban, et facian toda justicia de los malfeitores, et con ttanto eran los hombres pobres defendidos, et el señorío defendido, et la tierra estaba en paz". Hay noticia de que en 1425 existían hermandades, con alcaldes particulares, destinadas a la persecución de los malhechores. Que Juan Lópiz, alcalde de Lecumberri, su hermano Lope Périz, Pedro Miguel de Bertiz y varios eclesiásticos de Larraun, cometieron el exceso de soltar a la fuerza un preso hecho por la Hermandad y sus alcaldes y que el rey mandó proceder contra las personas y bienes de los delincuentes y que se derribaran sus casas. También consta que antes del reinado de Carlos III había Hermandad y que este monarca formó una nueva de la que formaba parte un comisario de cada merindad. También en 1450 se arregló una Hermandad en las Cortes de Olite para la paz, utilidad y provecho del reino. Entre otras cosas, se establecía que los presidentes y jueces mayores, en cada una de las merindades, ejercieran las facultades de tales jueces en las cosas concernientes a la Hermandad. El alcalde de Pamplona era presidente y juez. Los gastos se sufragaban mediante repartimientos generales entre los habitantes del reino. En 1488 las Cortes acordaron una contribución de 2 reales por fuego. Por este tiempo comenzó a denominarse Santa Hermandad. La Hermandad se solía establecer por un año. En 1496 la ciudad de Tudela y el Valle de Roncal se negaron a entrar a formar parte de la Hermandad porque estaban enfrentados

Estas hermandades se continuaron formando hasta que en 1510 las Cortes las prohibieron. A pesar de que en 1511 el rey Juan de Labrit propuso que se constituyeran las hermandades para favorecer a la justicia ordinaria y atemorizar a los malhechores, sin embargo las Cortes se opusieron a ello, ya que veían esta medida como una forma de armar en masa al país.
Hermandad en Vizcaya. Los vizcaínos formaron una Hermandad para la punición de los delincuentes. En 1320 ya se citan los alcaldes de Hermandad cuando Martiartu y los zamudianos quemaron a los hijos de Diego Pérez de Leguizamón por haber matado alevosamente al hijo mayor de aquél. Vizcaya elaboró un cuaderno de leyes penales. Ignoramos, como bien dice Iturriza, la fecha en que se instituyó esta primera Hermandad, pero consta su existencia en 1329 en que María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya, ordenó a los alcaldes de la Hermandad que ejecutaran a los banderizos que hallasen culpables. Sin duda, según Iturriza, debió establecerse en el siglo XIII a imitación de la que formó Fernando III en 1245 para perseguir a los golfines que mataban y robaban en los montes y despoblados de las comarcas de Toledo, Talavera y Ciudad Real; y de otra Hermandad formada en 1282 por el Infante D. Sancho, prelados, ricohombres y señores de Castilla, León y Galicia, a consecuencia de los desafueros que cometía Alfonso el Sabio. El Señorío, el 22 de junio de 1342, reunido en Junta General de Guernica, acordó varios capítulos destinados, sobre todo, a castigar a los delincuentes. Con estos capítulos no se alcanzó la paz pública deseada. Y, en 1376, en vista de que pululaba tanto malhechor en el Señorío, los hijosdalgo y labradores pidieron al Infante don Juan que les proveyera de remedio. A tal fin mandó a Juan Hurtado de Mendoza, su prestamero mayor, a los concejos, alcaldes y prebostes de las villas y lugares del Señorío que no consintieran que los referidos malhechores consiguieran viandas a la fuerza ni cometiesen desafueros. Este remedio no fue suficiente, ya que cada vez había más delincuentes. Por ello, el Señorío, a principios de 1394, envió procuradores a Enrique III, al cual le presentaron un pedimento en el que exponían los muchos "maleficios y muchas guisas" que cometían los criminales y que éstos no escarmentaban por más que se intentara. El monarca contestó, en febrero de aquel año, autorizando para que el Señorío organizara una Hermandad "buena et combenible" y redactaran un cuaderno en el que se insertara el capitulado necesario para juzgar a los malhechores.

Bajo el árbol de Guernica se reunieron los vizcaínos y junto con el Corregidor Gonzalo Moro dispusieron y ordenaron la segunda Hermandad. Su cuaderno consta de 55 capítulos, con el objeto de defenderse de los malhechores y de castigarlos con penas capitales en razón de los delitos en que incurrieran. Este cuaderno se confirmó por Enrique III. Sin embargo, el rey antes de aprobarlas comisionó al doctor Gonzalo Moro para que convocando Junta General en Guernica preguntara a los vizcaínos si alguno de los capítulos de la Hermandad contenía contrafuero. Así lo cumplió Gonzalo Moro y reuniendo la Junta, en ella declararon todos los vizcaínos que ninguno de los capítulos de la Hermandad era contrafuero. Paralelamente, por estas mismas fechas, Gonzalo Moro también otorgó unas Ordenanzas de Hermandad a Las Encartaciones. En el mismo año de 1394 Castro Urdiales y otros pueblos se unieron a la Hermandad.

Labayru plantea el siguiente interrogante: ¿Quién pudo abrigar duda de que esta poderosa asociación instituida y aceptada con tanto deseo y buena voluntad sería ineficaz? El mismo Labayru responde que la Hermandad no produjo los resultados esperados y apetecidos. Así, esta institución no pudo sofocar la ferocidad de la época, sobre todo cuando se trataba de intervenir en la pacificación de la lucha de bandos. A los rebeldes banderizos que despreciaban a la Hermandad se les desterraba. De aquéllos destacan, entre otros, Juan de la Guerra y Martín de Leguizamón, bilbaínos, que se enviaron al sitio de Tarifa durante el reinado de Enrique III; Gonzalo Gómez de Butrón, al que el almirante Diego Hurtado de Mendoza llevó a la guerra de Portugal. También se les condenó a servir en la misma guerra a Juan Iñiguez de Retuerto, Iñigo Sánchez, Sancho García Cardo de Muñatones y otros por matar a Ochoa Ortiz de Arteaga. Durante el mismo reinado se obligó a partir para Portugal a Sancho de la Sierra, Martín Pérez de Poveña, Pedro Estantado, Sánchez Viejo y Pedro San Lorenzo, vecinos todos ellos de Las Encartaciones. En 1450, en la guerra de Nápoles, murieron seis de los desterrados por las banderías de Múzquez. En esta misma guerra se confinó, entre otros, a Juan de Villela y Pedro de la Hoya, por los homicidios que causaron en la lucha de bandos.

En 1415 la Hermandad de Vizcaya se opuso a que el Corregidor Gonzalo Moro embarcara trigo para los puertos de Asturias, por considerar este acto como un contrafuero. Los principales caballeros de Vizcaya se unieron al Corregidor y atacaron a la Hermandad. Entre los que acompañaban al Corregidor se encontraba Juan de Avendaño, desterrado en la Corte por los desórdenes cometidos en Munguía. El viernes 15 de noviembre de aquel año la Hermandad fue atacada en Erandio "e morieron -dice Lope García de Salazarallí Martín Ortis de Martierto, e un alcalde de Busturia, e otros que morieron en el alcance, e otros que se afigaron en el pasage de Luchana, que fueron todos fasta sesenta omes". El rey premió a Juan de Avendaño con la guía de Urbina (montazgo). En 1417, a consecuencia de los excesos que cometieron Sancho López de Marquina y Ochoa de Landaburu, fueron degollados, en Bilbao, por el alcalde de la Hermandad Alfonso Fernández de León. Se derribaron varias casas fuertes a causa de que en ellas se refugiaban los acotados y banderizos.

Por todo ello, dice Iturriza, se renovó por tercera vez la Hermandad con varias leyes que otorgó Juan II el 3 de agosto de 1439. Mediante carta real, expedida en Valladolid el 3 de agosto de 1449, se ordenó que para conseguir la paz y sosiego de la república y para apartar a los pueblos de los escándalos, movimientos y levantamientos, así como para la defensa de las villas y lugares se instituyera la Hermandad y que se ayudaran mutuamente los que se hermanaren. Se designó para ello a los mariscales Santiago de Estúñiga y Sancho de Londoño y se mandó al prestamero mayor de Vizcaya y a Iñigo López de Estúñiga, Sancho de Leiba y Lope de Rojas para que prestaran ayuda a los primeros en el cometido de esta labor. Iturriza dice ignorar de cuántas leyes y capítulos constaba esta nueva Hermandad. Esta carta estaba dirigida al Señorío de Vizcaya, a la tierra y merindad de Guipúzcoa, a las hermandades de la dicha tierra y de las ciudades de Vitoria y Orduña, con toda la tierra de Álava, y de las villas de Valmaseda y tierra de Mena (entrando en ésta la tierra de Frías, las villas de Pancorbo, Miranda de Ebro, Santo Domingo de la Calzada y la merindad de La Rioja).

Como en 1479, manifiesta Labayru, caducaba la Hermandad que regía en Vizcaya para la persecución de los malhechores y mantenimiento de la paz pública, se arregló la constitución de nueva Hermandad autorizada por el Rey Católico. A tal fin se comisionó al Corregidor de Bilbao, Rui González de la Puebla, para ampliar el término de la Hermandad. El 23 de junio, desde Trujillo, ordenaron los RR.CC. al Corregidor mocionado que recogiera las varas de autoridad a todos los que ejercieran cargos públicos de justicia en ciudad y villas, y al Señorío que se juntara con aquél para disponer lo conveniente respecto de este punto de la Hermandad. En la misma fecha expidió otra carta la reina Isabel dirigida a los concejos, justicias, fieles, regidores, prestameros, merinos, prebostes, hidalgos y procuradores y hombres buenos de la tierra llana, ciudad y villas. En ella se autorizaba al Señorío para que prorrogara la Hermandad y para que juntándose con el Corregidor formularán la nueva Hermandad que habla de regir.

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Ricardo GÓMEZ RIVERO