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Solamente a partir del siglo I, antes de J. C. aparecen noticias escritas con datos referentes al norte de la Península, aplicables al territorio alavés. Son los escritores Estrabón, Mela, Plinio, Ptolomeo y Antonino, entre otros, los que dan una ligera visión del desarrollo de la vida en esos primeros momentos, especialmente de datos geográficos. Para épocas anteriores, únicamente se puede disponer de la luz que dan aquéllos restos materiales que estas primeras poblaciones dejaron sobre el suelo alavés, es decir, de las fuentes arqueológicas.

La existencia de Neanderthales en el territorio alavés se constata en momentos del Paleolítico Inferior en yacimientos de la Llanada Alavesa y zonas próximas, como en los yacimientos de Aitzabal en las proximidades de Vitoria-Gasteiz, Kargaleku y Belaustegi en Legutiano, Peñacerrada. Son piezas talladas en forma de bifaces y chooping tool.

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Son también varios los yacimientos del Paleolítico Medio conocidos, extendidos sobre terrazas fluviales de los ríos Zadorra y Ayuda. En concreto, en yacimientos como los de Manzanos, con bifaces y cantos tallados, y Murba en Torre con materiales líticos de técnica levallois. En cuanto a lugares con restos del Paleolítico Superior, son más escasos, habiéndose detectado estos momentos únicamente en la cueva de Arrillor en el Gorbeia.

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Durante el Epipaleolítico se comenzó a reflejar una tendencia a ciertos cambios, tanto en aspectos económicos -recolectores y de producción incipiente, además de la caza- como en las herramientas -microlitismo- y adornos -conchas y pinturas de ocres-. Generalmente estos grupos se han detectado en cuevas, como las de Fuente Hoz y Socuevas (Anúcita), Montico de Txarratu (Albaina), Kukuma (Araia), Kampanoste Goikoa (Birgala), y al aire libre en Berniollo (Morillas).

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Desde un momento determinado de finales del VI milenio a.C., en lo que se conoce como Neolítico, y aparte de la ocupación tradicional en cuevas, se comenzaron a establecer en pequeños poblados al aire libre las gentes que ocuparon de una forma más extensa el territorio alavés. En este proceso, continuado durante las siguientes etapas del Eneolítico o Calcolítico, son especialmente abundantes estos testimonios de habitat al aire libre en los espacios ribereños de cuencas fluviales, como por ejemplo en las de los ríos, Rojo, Araya, Bayas, Zadorra, etc. Aparte de las localizaciones en prospecciones de decenas de yacimientos han sido los de Berniollo en Morillas o La Renke en Tobera, algunos de los lugares excavados que han ofrecido información concreta sobre este tipo de asentamientos. Los yacimientos en cuevas también son abundantes; sirvan los ejemplos de Fuente Hoz (Pobes), Montico de Txarratu (Albaina), Los Husos (Elvillar), Peña Larga (Cripán), etc. En estos yacimientos aparecen cerámicas correspondientes a esos momentos, junto a una industria lítica con elementos geométricos, denticulados y láminas, reflejando en algunos casos viejas tradiciones paleolíticas. Al final del periodo comienzan a utilizarse, tímidamente, algunas piezas de metal. Esta utilización de los metales tuvo una mayor profusión algo más tarde, ya en la Edad del Bronce. Durante estos momentos los ajuares e instrumentos sufren importantes cambios. En los materiales líticos se acusa el abandono de ciertos tipos, modificación de otros y la creación de algunos nuevos. Algo parecido ocurre con la cerámica, tanto en sus formas como en la elaboración de pastas y decoraciones.

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Unidos a estas formas de vida pastoriles y agrícola incipiente, se desarrollaron unos rituales funerarios. Por un lado la utilización de ciertas cavidades como cuevas sepulcrales, por otro la erección de dólmenes, así como los depósitos de tipo tumular. Son numerosos los ejemplares que se distribuyen por toda la geografía alavesa, tanto en las zonas de valles como de montaña, siendo más abundantes e importantes en ciertas zonas concretas. Tipológicamente existen ejemplares de cámara simple y otros del tipo de corredor o galería. Los principales conjuntos se dan en: el Valle de Kuartango, Rioja Alavesa, Ribera Baja, Llanada Oriental, y en sierras como Gibijo, Badaia, Entzia, Altzania, Gorbeia. En estos monumentos y en los ajuares de sus enterramientos se acusan relaciones con el mundo atlántico y meridional. Los túmulos se extienden principalmente en zonas altas llegando a formar verdaderos campos de decenas de ejemplares. En cuanto a las cuevas sepulcrales, en algún caso tienen únicamente este fin, en tanto que en otras funcionaron con la doble vertiente de ser una zona de habitación y de enterramientos. Algún caso aislado y atípico, pone de manifiesto otras fórmulas funerarias como el caso del enterramiento colectivo en fosa, - con más de 300 individuos-de San Juan Ante Portam Latinam, en Laguardia. Estos restos antropológicos están indicando una población dual, con individuos del tipo mediterráneo grácil y otros de carácter pirenaico.

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Sobre estas poblaciones, al final del segundo milenio a. C., en las últimas etapas de la Edad del Bronce, se acusan nuevas fórmulas culturales con orígenes diferentes. Por un lado, desde la Meseta peninsular y en otro de procedencias transpirenaicas continentales. Así se hacen presentes gentes del mundo de Cogotas I, cuyos rastros se focalizan tanto en cuevas, como en Depósitos en Hoyos e incluso en algunos poblados al aire libre. A estos grupos se adjudican algunas de las pinturas rupestres, esquemáticas, en cuevas, siendo un buen ejemplo la de Solacueva de Lakozmonte. Es también, en el Bronce Final, cuando gentes continentales comenzaron a ocupar lugares donde desarrollaron un urbanismo incipiente, dando origen a los primeros núcleos urbanos que tendrían posteriormente un gran desarrollo. Estas primeras aportaciones fueron creando, ya en la Edad del Hierro, una trama de poblados que, bien en tierras bajas o enriscados en alturas bien defendidas naturalmente, se distribuyeron por todo el territorio alavés. El número de lugares conocidos, pasa del centenar. Sus características formas cerámicas de fabricación modelada, una metalurgia del bronce de desarrollo local, que se expresó en una amplia variedad de objetos de adorno, piezas en hueso, y algunos objetos líticos, se localizan en estos poblados. Sus casas, en unos casos de plantas circulares y en otros casos poligonales, formaban la trama urbana de estos castros. Estas poblaciones, bien asentadas en lo geográfico, conocieron a finales de la Edad del Hierro, nuevas influencias bien desde la Meseta superior -círculos de Cogotas II y de Monte Bernorio- o iberizantes vía valle del Ebro. Estas nuevas aportaciones, consolidadas en lo que se conocerá como cultura celtibérica, supusieron unos avances, especialmente tecnológicos, al desarrollar una potente metalurgia del hierro, las elaboraciones de cerámica a torno rápido y un urbanismo bien definido entre otras cosas.

En lo económico y merced a los anteriores avances, pudieron dar un fuerte impulso a una economía, especialmente, de tipo cerealista. Así quedó claramente consolidado el poblamiento a lo largo de la Edad del Hierro, y la distribución territorial de las diferentes tribus que quedaron fijadas en Álava, y que correspondían a los Várdulos, Caristios, Autrigones y Berones. Será esta estructura socio-económica la que llegaría a época de romanización, sirviendo en muchos casos estos castros para la refundación de nuevas estructuras urbanas claramente de carácter romano, como es el caso de Iruña de Oka.

Son varios los poblados excavados en mayor o menor medida, que han ofrecido abundante información sobre las formas de vida, en toda su amplitud, incluso sobre los rituales funerarios. Entre todos ellos destacan los castros de: Oro, Henayo, Los Castros de Lastra, Carasta, Atxa, y sobre todo el de La Hoya en Laguardia.

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Confluyen en Treviño, o Trifinium, las tres tribus de autrigones, caristíos y várdulos. El actual territorio alavés pertenece a las tres tribus citadas. De la Autrigonia se citan a Uxama Barcá (Caranca?, Osma?) y Deobriga, frente a Puentelarrá. A Caristia corresponderían Suessatium (Zuazu?, cerca de Vitoria), Tullika (Tuyo), Veleia (Iruña) y Corbio, de localización difícil. Y, finalmente, a la Vardulia, Gebala (Guebara), Gabalaeka (Galarreta?), Tullonium (Alegria de Álava), Alba (Albéniz) y Tabouka. Álava no existe todavía como entidad propia.

Para el desenvolvimiento del tráfico comercial y la mejor explotación de las colonias, los ingenieros romanos trazaron numerosas calzadas que fueron construidas con gran rapidez. Una de las más importantes era la llamada "calzada Asturica-Burdigala" que atravesaba Álava desde Deobriga a Araceli, entre los vascones navarros, para continuar por Roncesvalles o Summo Pyreneo hasta Burdeos donde, a su vez, se unía a otras muy importantes. El tramo alavés, según detalle del Itinerario de Antonino, es éste: Deobriga, Beleia, Suessatio, Tullonio, Alba y Aracelli. Otra de las novedades romanas fue la construcción de hermosos puentes con la innovación de dotarlos de arco redondo hasta entonces desconocido. Su técnica constructiva impresionó tanto a los vascos que, desde entonces, al arco-iris se le ha venido conociendo en vascuence con el nombre Erroma-ko zubie o "Puente de Roma". El puente alavés de Trespuentes es realmente hermoso por su serie de diez arcos sobre el río Zadorra. Merecen citarse también el de Vitórica, en Llodio, sobre el Nervión, y restos del de Mantible en Asa, entre Laguardia y Logroño. La calzada romana se pobló pronto de mansiones, villas y puestos militares de ocupación. Uno de los ramales que partía de esta vía principal, pasando por Caranca abría las comunicaciones con Amanum Portus junto a Flabiobriga (Bilbao).

Dos tipos de legalidad se disputan el poder y la propiedad: la oficial, romana y establecida, y la de los naturales, desposeídos, en muchos casos, por colonos y autoridades. El siglo III es de inquietud y relativo desorden. Avieno habla ya de "inquietos vascones". Una lápida de Oteiza habla ya de bandidos en la zona de Estella, pero la verdadera inquietud se aviva en el siglo IV con movimientos más extensos. Es el momento en que comienzan seguramente a tomar la iniciativa los jefes locales. El siglo siguiente es ya el de la caída del imperio.

El día 20 de septiembre o 13 de octubre de 409 es cuando tiene lugar el paso del Pirineo por los suevos, vándalos y alanos según Hidacio. Una vez abierto el paso se precipitan por la vía romana hacia la cuenca del Ebro e interior peninsular. Las ruinas de Iruña alavesa testifican que hubo lucha. La calzada se convierte desde ahora en un camino de peligro, de invasores y de bandoleros. El tráfico comercial se para por completo. Los invasores, continuaron su camino dejando a Álava y al resto del País Vasco como territorio romano entre los visigodos, establecidos en Aquitania, y entre los suevos, que dominan, principalmente, el occidente ibérico.

El descontento de los campesinos por las continuas humillaciones y usurpaciones por parte de autoridades y municipios fundados por los romanos se hace visible, sobre todo, con las revueltas de los bagaudas en todo el occidente europeo. Hasta cristianos desposeídos de los derechos ciudadanos se encuentran entre los bagaudas. Hay noticias de luchas de vascos contra un cuerpo de romanos cerca de Calahorra. El año 443 los bagaudas de las Galias pasan por Roncesvalles y se libran combates en Araceli donde les ataca el conde Merobaundes, en casi los linderos alaveses. El 449 el combate se ha trasladado a las cercanías de Turiaso (Tarazana), combatidos por el general romano Basilio. Todos los refugiados en la iglesia, entre ellos León, su obispo, mueren en sus manos. Silvanio, presbítero de Masella, les defiende en su libro V "Gobernatione Dei".

Los suevos habían entrado dos veces en 456 en la alta cuenca del Ebro llevándose prisioneros a Galicia. Pero Teodorico II llega impetuoso y vence a Requiario, suevo, que es muerto en Astorga el año 457. La caravana vencedora atraviesa Álava por la vía romana para llegar a las Galias por el Sumum Pyreneo o Roncesvalles.

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Álava, parte de Vasconia

Desaparece en la historia el nombre de las tribus antiguas, para sonar, en adelante, solamente el de los vascones. Se lucha ya contra godos por el sur y francos por el norte con ese apelativo común de vascones. El 572 la lucha es ruda en la tierra de los rucones que sería, quizás, tierra riojana. Son los suevos los que así atacan en años sucesivos pues en 578 todavía pelean en la misma comarca. Se sabe que Leovigildo, rey godo, penetra en la Cantabria riojana y sube, Ebro arriba, hasta ocupar Amaya. El 581 entra en la Vasconia ocupando Egea y Victoriaco que debe ser el Vitoriano alavés: Leovigildus Rex partem Vasconiae occupat et Civitatem quae Victoriacum nuncupatur condidit". [El Biclarense]. Por el Norte, simultáneamente, atacan Chilperico y su duque Bladastes con fracaso: Bladastes vero dux in Vasconiam abüt, maximanque partem exercitus sui amisit. [Gregorio de Tours]. Estos datos nos dan la noticia del nacimiento de una Vasconia formada por las clásicas tribus vascas. Además, en relación a Álava, nos da el dato de que en la parte de Vasconia conquistada funda la ciudad de Victoriaco. También es interesante que en la expedición anterior de Leovigildo, conquistando Amaya, se habla de invasores de la Cantabria contra los que luchó el godo. No pudieron ser otros que los alaveses.

Irrupciones vasconas

Con la muerte de Leovigildo, de penoso recuerdo para los alaveses, se reproducen las acciones bélicas. Durante los primeros años del nuevo rey Recaredo se producen irrupciones de los vascones sobre las tierras conquistadas por los godos como la del año 590. El año 593 ya no acude al concilio de Toledo el obispo de Pamplona, lo que quiere decir, que la ciudad estaba de nuevo en manos de los vascones.

Duques vascones

El año 692, vencidos los vascones en el Norte, los francos nombraron un duque para gobernarlos y dominarlos. Este duque fue Genial. Una expedición francovascona cruza todo el país, seguramente por la vía romana, y se apodera de la Cantabria riojana nombrando también un duque para gobernar esa región. Este fue Franción que pagaba tributo a los francos.Gundemaro emprende expediciones de castigo por las fronteras vasconas. Envió a Rekhila, general enérgico y duro, para ocupar la Cantabria e incluso los astures. Ocupa el país de los rucones y llega al mar por tierras cántabras y astures. Por la geografía de los hechos se ve que Álava ocupa el centro de los mismos.

Calahorra y Pamplona

En la imposibilidad de averiguar datos referentes a Álava misma nos vemos precisados a señalar cuándo están Calahorra y Pamplona, las dos diócesis vascas, en manos propias o godas. En 589 asisten al Concilio III de Toledo los obispos de Calahorra y Pamplona. En 653 Calahorra estaba en manos godas. En 681 y 683 acuden a los concilios, durante el reinado de Ervigio, tanto una como otra ciudad. Al año siguiente los vascones las han recuperado. En 688 Calahorra cae en poder enemigo, reinando Egica. En 694 ni una ni otra acuden.

Gran ataque de Wamba

El año 672, hallándose Wamba con su ejército en la tarea de dominar la Cantabria riojana, le llega la noticia de los preparativos en las Galias del rebelde Paulo unido a multitudes de francos y vascones. Para acudir a sofocar la rebelión se decide a atravesar la Vasconia haciendo un gran estrago entre los vascones que van a quedar después a su espalda. Penetra por Calahorra y Huesca.Uvamba Princeps feroces uvasconum gentes debellaturus aggrediens in partibus commorabatur Cantabriae... (San Julián). El Albeldense nos da la noticia expresando que Wamba se hallaba, cuando combatía a los vascones, en la Cantabria. ...feroces Vascones in finibus Cantabriae perdomuit...

Comarca fronteriza

Álava, entre las comarcas vascas fronterizas con los musulmanes (739). Lo mismo que las demás tierras vascas, continúa poseída por sus naturales frente al invasor árabe. La Crónica de Alfonso III, escrita en 883, nos deja ver la frontera de Vasconia cuando enumera las comarcas de la misma: Álava namque Bizcai, Aiaone et Urdunia a suis incolis reperiuntur semper esse possessae, sicut Pampilona, Degius est, atque Berroza. Es verdaderamente exacta la línea vascona formada por Álava, Vizcaya, Ayala, Orduña, Deyo, Berrueza y Pamplona, entre 739 y 756, época de Alfonso I de Asturias a que se refiere la crónica. Desde 710 a 734 ha dirigido Vasconia el duque Eudón, a quien cupo arrostrar días difíciles, sobre todo con la batalla de Poitiers en la que lucharon los vascones unidos a los francos. No se sabe, por ahora, hasta dónde llegaba el apoyo de unos vascones a otros en casos de invasiones enemigas.

Llegan los asturianos a las fronteras alavesas

Hasta mediados del siglo VIII, Vasconia, y por tanto Álava, se encontraba separada de Asturias por tierra de moros o por tierras despobladas. Álava era el extremo más occidental de la cristiandad vascona y continental aquitana y gala. Era una especie de avanzadilla de la cristiandad europea continental. Entre 743 y 745 se tiene noticia de una correría de castigo realizada por el rey asturiano Alfonso I (739-756) ocupando y abandonando inmediatamente, después de matar a sus ocupantes, destruir sus fortificaciones y talar los campos, las localidades de Aucam (Villafranca de Oca), L'elegia Alabense (Veleia?), Mirandam(Miranda de Ebro), Reuendecam (entre Miranda y Haro), Carbonariam (Carboneca),Abeica (Abecia de Montes de Oca), Brunes (Briones), Cinisaria (Cenicero), Alesanco(Alesón) y Oxima (Osma, bien el alavés o el soriano). Se ve que estas localidades debían estar ocupadas por musulmanes, todas fuera de la actual Álava, a excepción de Veleia y Osma que pudieran ser alavesas. De todos modos una fuerza nueva llega a converger a la frontera alavesa: la asturiana.

Cuál era la frontera alavesa

Es el año 759 cuando Fruela asiste, junto al obispo de Oca, en Valpuesta, a la fundación de un convento de religiosas en San Miguel del Pedroso, en las inmediaciones de Belorado. La vieja región autrigona se halla ocupada en parte por el rey asturiano por haberla conquistado a los musulmanes. En el convento abundan los nombres vascones de las monjas que serían seguramente alavesas, vizcaínas y burevanas: Amunia, Munía, Ximena, Uma, Munoza, Sancha, Auria, Andirazo, Anderkina, Gometiza, etc. Esta región era vascona y se había conservado libre, pues se sabe que los musulmanes no dominaron permanentemente más tierra hacia occidente de Nájera. Queda la duda de si esta región y la burevana contigua, vascas entonces de raza y lengua, eran una continuación de Álava.

Munia, la alavesa vascona

No se sabe dónde ocurrió la rebelión de ciertos vascones alaveses cuando acude Fruela (756-768) a reprimirla. Los vence, según la Crónica de Alfonso III, y hace prisionera a una joven, la vascona Munia, de la que tiene a su hijo Alfonso, futuro rey de Asturias. Vascones rebellantes superavit atque edomuit. Muniam quandam adolescentulam ex Vaseonum praeda sibi seruari praecipiens, posteam in regali coniugio copulauit, ex qua filium Adefonsum suscepit. Que se trata de una alavesa y de Álava se descubre cuando la misma crónica cuenta cómo el rey Alfonso el Casto, hijo de Munia, estuvo refugiado en Álava el año 785 donde los parientes de su madre, porque le habían expulsado del Reino (de Asturias).

Este documento, nos dice tres cosas: que Munia, calificada antes de vascona, era, además, alavesa; que Álava estaba fuera del Reino asturiano, y que Álava era Vasconia, y, por tanto, su límite más occidental.

¿Qué se proponían los asturianos?

Algunos historiadores han creído que Fruela se proponía conquistar y dominar el viejo ducado de Cantabria que los godos habían fundado como base de operaciones contra Vasconia. Ese Ducado comprendía una parte de la Rioja, extendida entre el nacimiento del Duero y la sierra de Cantabria, por una parte, y que subiría, Ebro arriba, por tierras burevanas y santanderinas hasta el mar. Quedarían fuera las tierras comprendidas entre la citada sierra de Cantabria, que sería el limite, y el litoral vasco. El primer problema se plantea, al poblar Carranza y Sopuerta encartadas, en el caso que se trate de ellas y no de otras con nombre similar. Otro punto difícil sería la región de Miranda. Vemos que Fruela domina en Pedrosa, pero no se sabe que hubiera rebasado ese punto Ebro abajo. En todo caso, si existió esa pretensión, pronto se hizo extensiva, también, a los territorios nunca dominados por los godos y por tanto ajenos a ese ducado cántabro.

Álava, parte del Ducado de Vasconia

Algunos historiadores han creído que Fruela se proponía conquistar y dominar el viejo ducado de Cantabria que los godos habían fundado como base de operaciones contra Vasconia. Ese Ducado comprendía una parte de la Rioja, extendida entre el nacimiento del Duero y la sierra de Cantabria, por una parte, y que subiría, Ebro arriba, por tierras burevanas y santanderinas hasta el mar. Quedarían fuera las tierras comprendidas entre la citada sierra de Cantabria, que sería el limite, y el litoral vasco. El primer problema se plantea, al poblar Carranza y Sopuerta encartadas, en el caso que se trate de ellas y no de otras con nombre similar. Otro punto difícil sería la región de Miranda. Vemos que Fruela domina en Pedrosa, pero no se sabe que hubiera rebasado ese punto Ebro abajo. En todo caso, si existió esa pretensión, pronto se hizo extensiva, también, a los territorios nunca dominados por los godos y por tanto ajenos a ese ducado cántabro.Es sabido que al Ducado de Vasconia se le llamaba también "Galia Comata". Pues bien; la única cita que existe relacionada con los alaveses que dé luz sobre las relaciones con dicho Ducado es afirmativa. Dice la carta de San Eulogio textualmente al referirse a Sancho, mártir alavés: es alabensi oppido Gallia Comatae. La otra cita es la de Munia, vascona y alavesa, sin ninguna prueba en contra. También nos dice la Crónica de Alfonso III que Álava estaba fuera del reino asturiano. El haberse hallado la tierra alavesa circundada de dominio musulmán por occidente y sur le obligaba a apoyarse en sus hermanos de Euskalerria de la que era parte.

Álava, en el Tseguer

La frontera musulmana o Tseguer ofrecía un buen tramo con tierra alavesa. Pero lo grave para los alaveses es que éstos tenían tierras allende el Ebro entre Nájera y los dominios astures. Este hecho hace que toda expedición musulmana contra los castillos astures debiera, forzosamente, atravesar las líneas alavesas. El año 766 Bedr avanza hacia Álava y envía gentes a explorar las intenciones de los hombres de esas comarcas (Ibn Adhari). Los alaveses tenían por toda su frontera castillos propios como se verá más adelante.

Situación de Álava en 768

Acaba de morir Fruela y le sucede Aurelio I. Ha terminado una etapa belicosa de conquistas asturianas y de sublevaciones de los vascones sujetos a su yugo. Por el norte el ataque carolingio ha desmembrado a la Aquitania dejando a Vasconia a merced de sus propias fuerzas. Por la línea alavesa del Ebro asoman los musulmanes cada vez más agresivos. Pero las discordias internas de los astures con las sucesivas usurpaciones de Aurelío, Silo y Mauregato, dan un alivio a la tensión astu-alavesa. Es también el año de la desmembración y división de Vasconia por los francos.

¿Acudieron los alaveses a Roncesvalles?

Nada se sabe en forma directa. Las crónicas solamente hablan de vascones y es lo más normal que hubieran acudido todos los que en ese momento (778) lo eran. Pero se sabe, por varios cronistas árabes, que en 781 Abderramán I hizo una expedición a Vasconia para castigar a los jefes vascones que tomaron parte en el asunto de Roncesvalles que es muy complicado. El cronista Ibn Al-Atir especifica que, después de subyugar a Pamplona, bajó a Calahorra, conquistó a Viguera y que, destruyendo las fortalezas de esa parte, pasó al país de los vascones;

En cambio, Ajbar Machmua dice que, después de Xertanis, fue al país de Ibn Belascot cuyo hijo tomó en rehenes. ¿Es Álava alguno de estos países o comarcas? En la narración de Al-Atir parece indudable que Ximeno el Fuerte tuviera su comarca hacia Estella y Velasco en Álava.

Ataque a la fortaleza alavesa de Garat

Se rompe la paz. Después de diez años de paz se rompen las hostilidades con una gran expedición, el año 838. El cronista Al Majkari dice que

Sigue diciendo que,

Según el cronista En Newuayri sería aquella fortaleza la denominada Gaharat. Este pasaje deja ver al rey asturiano defendiendo su frontera de Medinaceli y al pueblo de Álava su fortaleza de Gaharat en la misma frontera. Esto confirma nuestra suposición de que Álava, entidad mencionada siempre aparte, comprendía las tierras entre el Najerilla y el reino astur. No olvidar que Medinaceli está ya en la cuenca del Jalón, en el extremo sur soriano, entretanto la frontera alavesa de Gaharat sería uno de los puertos riojanos, Garate o "puerto de altura" (Gara, "cumbre", ate "puerto de"). El topónimo encaja perfectamente con la topografía. Sigue diciendo el cronista Al Makkari que después de esta lucha contra los alaveses

Al año siguiente, 839, Muza ben Muza, atacaba la frontera oriental alavesa que debería estar situada en la línea del Najerilla.

Aceifa sobre Álava y sublevación de Muza

El general Ubayd Allah al Balansi mandaba las fuerzas en tanto a Muza se le había encomennado la vanguardia del ejército. Los alaveses se encontraban siempre entre el poder asturiano, el navarro y el musulmán. La historia con Asturias era una larga serie de conquistas y sublevaciones hasta el gobierno de Alfonso II el Casto. Con Navarra no se tiene noticia de ninguna desavenencia a lo largo de esos siglos. En cambio con los musulmanes de Tudela debe Álava mantener vigilante una larga frontera guarnecida de castillos. De la aceifa de 842 dice Ibn Hayyan:

Esta falta de entusiasmo bélico del narrador quiere decir que los musulmanes llevaron esta vez la peor parte, pues se sabe además que Muza tuvo que sufrir los reproches del oficial Jazar ibn Mu'min. Esto llevó a Muza a sublevarse contra el Emir Abderraman II. El Emir mandó un ejército a las órdenes de Harit ibn Bazi que persiguió a Muza, mató a su hijo Lupo en Borja, le tomó Tudela y le obligó a huir hacia Arnedo. Entonces Muza buscó una alianza con su pariente el rey de Pamplona García Iñíguez (Garsiya ibn Wannako, o Garsea Enekones) el "Vascón". Ambos, el rey vasco y Muza prepararon una emboscada en Sesma (Balma) en la que fue derrotado Harit, cayendo prisionero. Este acontecimiento cambiaba un tanto las cosas con respecto a los alaveses al aliarse a los de Pamplona.

Álava y Al Kile

Así suelen especificar los musulmanes cuando dirigen sus aceifas contras las fronteras alavesas. Literalmente significaría "Álava y los castillos". La entidad, indudablemente, es Álava, muy anterior al establecimiento de esa serie de fortificaciones fronterizas denominada "los castillos" y más tarde "Castilla". ¿Cuáles y de quiénes eran esos castillos ligados a Álava? Contestar a esta pregunta sería tanto como exclarecer los orígenes del Condado de Castilla, de sumo interés para el esclarecimiento de la propia historia alavesa y aun de la vasca en general.

Socorro a Pamplona

La derrota de Sesma atrajo las iras de Abderramán contra el reino vasco. Al año siguiente, 843, envió el Emir un poderoso ejército contra Pamplona. El ala derecha, al mando de su hijo Muhammad y el ala izquierda, al de su otro hijo al-Mutarrif. Nos dice Ibn Hayyan que para oponerse a la caballería enemiga salieron Muza ibn Muza y su aliado Garsiya ibn Wannako, emir de los Vascones, con los contingentes nutridos que pudieron reunir entre los Pamploneses, los Sarataniyyin, los Yillikiyyin, las gentes de Álava y alKile y otros. La batalla, según Ibn Hayyan fue desastrosa para los cristianos, pues murieron Fortún Enekones, el mejor caballero de Pamplona y 115 caballeros tanto vascos como de Muza. Este huyó ignorándose su paradero. García Iñíguez y su hijo Galindo huyeron también heridos. El Emir envió a Córdoba las cabezas de Fortún y de otros guerreros famosos. Un grupo de pamploneses, a la cabeza de Belasko Garcés, pidieron el aman.

Paz en Álava por la rebeldía de Muza

Las aceifas que se venían haciendo contra territorio alavés se hacen ahora contra Muza y el reino vasco, en un vaivén de sumisiones y rebeliones de Muza y de los pamploneses. Por este motivo, la aceifa contra Álava de que da noticia Ibn al Athir el año 847, debe referirse, sin duda, al año 856 en que Muza ya está sometido al Emir.

Batalla de Albelda: alianza general

El reino vasco había atraído sobre sí toda clase de calamidades a causa de su alianza con Muza. Hay un cambio de política. Llegan a Ververie (Oise) los embajadores Eneko de Pamplona y Ximeno, duque de Navarra, para solicitar la paz con Carlos el Calvo [Crónica Fontanallense]. Al año siguiente tiene lugar la batalla de Albelda, en tierra pamplonesa, cerca de Bakira, entre los musulmanes y los Yalaskiyyin o Glaskiyyin. El primer día del encuentro -como narra Ibn Hayyan- fue desfavorable para los musulmanes, de los que hallaron el martirio no pocos, y ese mismo día Muza ibn Muza recibió treinta y cinco lanzazos que traspasaron las mallas de su loriga. Pero al siguiente día los musulmanes rechazaron el ataque, yendo en vanguardia Muza ibn Muza, que, a pesar de sus heridas, encendió el ánimo de los musulmanes y prestó los mejores servicios. Los Yalaskiyyin, enemigos de Dios, sufrieron -según el mismo cronista árabe-, la peor derrota, y la tierra quedó cubierta de sus cadáveres. Año 852. ¿Tomaron parte principal los alaveses o fueron ellos, precisamente, los que llama Ibn Hayyan los "Yalaskiy yin" y otros autores, "francos", por formar parte de la marca vascona?

Castillos y fronteras

Casi son una misma cosa, línea de castillos y fronteras, si no hubiese segundas líneas de fortalezas construidas para el caso de fallar las defensas exteriores. En Álava solamente existían castillos por la línea del Ebro y cercanías interiores. Como es de suponer, no los había en los linderos contra vizcaínos, guipuzcoanos y navarros. Los primeros, empezando del Ebro superior y Omezillo, eran los de Valpuesta, Valderejo y Lantarón junto a Sobrón, Puentelarra, Alzedo, Villamaderne y Bellogui. Desde la desembocadura del río Bayas las aguas del Ebro son mucho más caudalosas pero, así y todo, este trecho de río corre detrás de la cadena montañosa de los Obarenes, verdadera primera línea defensiva. El Ebro, en este tramo, sería una segunda defensa alavesa y vascona. Las dos puertas más importantes en los Obarenes eran las Conchas de Haro, aserradas por el Ebro, y el desfiladero de Pancorvo. En ellas se alzaban los castillos de Zellorigo, Buradón y Bilibio. Estos montes, pasado el Ebro en Haro, siguen con el nombre de Sierra de Cantabria, cordillera muy fortificada así como en sus accesos en Labastida, San Vicente, Samaniego y Laguardia. Ya interiores había castillos en los pasos del Bayas, como Subijana y Morillas; en las márgenes del Ebro, como Portilla, Ozio y Zambrana; en el Zadorra, y aledaños como las Conchas de Arganzón, Pikozorrotz y Zaldiarán, y traspasada la sierra de Cantabria en Peñacerrada, Bernedo, Santa Cruz de Campezo, Corres y Antoñana.

Muza, castigo de Álava

Tal importancia ha adquirido Muza de Tudela que se le llama ya "Espada de los soberanos cordobeses". Este poderío ha ido en aumento desde la batalla de Albelda. En 855, tres más tarde, lanza, por encargo de Muhammad una expedición de castigo contra los alaveses, que parece ser pieza de una gran ofensiva que culmina con la invasión de la marca catalana en 866 en que llega a las proximidades de Barcelona.

Alianza general

Desde que el Rey fuera hecho prisionero por los normandos en 858, parece que surge una enemistad entre pamploneses y banu-kasis que trae como consecuencia una alianza entre cristianos. Al-Makkari nos dice que en 860 gobernaba Pamplona Garsiah ibn Unekoh, alzado de Ordhun ibn Adefunsch. Álava se vio de este modo envuelta en una alianza beneficiosísima. Moret atribuye al rey vasco García II Iñíquez el haber cerrado las entradas de Álava a los moros con los castillos de Zaldiarán y Conchas de Arganzón (Anales, VII, 3).

Ofensiva por la puerta de Álava

El año 863 llegaba a las fronteras alavesas un ejército de más de 20.000 jinetes debidamente entrenado y dirigido personalmente por el hijo del Dmir Muhammad I. El camino seguido debió ser el de la vía romana. El cronista Ibn Adhari nos cuenta que los musulmanes destruyeron varias fortalezas y devastaron los campos y sembrados de las llanuras. Por el desfiladero, probablemente Pancorvo, los cristianos sufrieron una tremenda derrota en la que perecieron hasta diez y nueve condes y tres grandes alcaides.

Algazua de Álava y Al-Kile

Realmente esta gran expedición militar se realizó totalmente fuera de la Álava actual. En el verano de 865, un ejército similar al de las invasiones anteriores y mandado por los mismos jefes llegaba esta vez procedente del Duero. El cronista Aben Adhari nos cuenta que desde el Duero los ejércitos descendieron hasta acampar en Feh Berdhiz [Prádenas de Bureva, en la divisoria de aguas], donde había cuatro castillos que fueron destruidos. Después se derramaron de lugar en lugar sin que pasaran por morada que no destruyeran hasta que llegó al territorio de todos ellos y "no quedó a Ruderiq, señor de Al-Kile, ni a..., señor de Toca, ni a Gundisab, señor de Burgia, ni a Gómez, señor de Mesanica, castillo alguno". Después alcanzaron Al-Mal-leha (Salínillos de Bureva?) que era de las más hermosas obras de Ruderiq y la arruinó, siguiendo adelante y proponiéndose salir a Feg Al-Cagüix (¿Pancorvo?). La colosal batalla fue delante del desfiladero. Forzado el paso, la batalla se extendió hasta llegar al Ebro y comarca de Al-Ahazon. Después de la derrota cristiana, los vencedores se retiraron por el mismo desfiladero no sin antes destruir sus fortificaciones.

Ruderiq en Castilla y Eylon en Álava

Entretanto viviera Ordoño I se había respetado la alianza concertada años antes. En 866, con su muerte, le sucede su hijo Alfonso III el Magno, cuando tenía solamente 18 años de edad. Hay malestar en el reino asturiano. Se subleva la provincia gallega cuyo conde Fruela Bermudez pretende el trono y se encamina hacia Oviedo. Alfonso huye del Reino y se refugia en Álava entre los parientes maternos. La nobleza ovetense mata a Fruela y entonces Alfonso III vuelve -como dice el leonés Sampiro-, a los suyos, siendo bien recibido. Estando repoblando Cea le llega la noticia de la sublevación de la "Provincia Vascona", a la que hubo de combatir y humillar. No se sabe qué comprendiera exactamente esta provincia. Sampiro habla de alaveses y el Albendense, de castellanos. El texto del cronista leonés es este: "Atemorizados con su llegada, prestando a su autoridad el reconocimiento debido, y reconociendo los juramentos debidos, suplicantes, sometieron a él sus cuellos, prometiendo mantenerse fieles a su Reino y Señorío y hacer lo que les mandase. Y así, ganada Álava, la subyugó a su imperio. Mas a Eylon, que parecía conde de ellos, preso con hierro lo llevó consigo a Oviedo". En estos sucesos andaba también mezclado el conde castellano que sublevó Castilla y hasta llegó a saquear las Asturias.

Condado alavés

La noticia de que en 866 acaudillaba la rebelión de los alaveses Eylon, que parecía conde de ellos, es el primer testimonio histórico sobre tal institución. Veinte años más tarde, los Vela Jiménez confirman que el condado existía en el s. IX. ¿Desde cuándo? Porque desde muy antiguo suenan Álava y Al-Kile como dos entidades políticas contiguas, atacadas simultáneamente por los ejércitos musulmanes.

Los sucesos de Tudela repercuten en Álava

Después de varios años de relativa paz aparecen en escena los hermanos banukasi Mutarrif, dueño de Tudela, e Ismail, de Zaragoza. Se habían rebelado contra Muhammad de Córdoba en diciembre y enero de 871 y 872, respectivamente. El poderío militar musulmán se vuelca sobre Tudela, primero, y Zaragoza, después. Mutarnf y sus hijos son ejecutados, pero Ismail resiste victorioso el asalto. Ababdella, banukasi, les defecciona junto con sus posesiones de la Rioja baja. Este traidor conduce ahora a los cordobeses que entran en nuestro Reino (el de Pamplona) -dice el Albeldense-, atacando a Zillorigo, defendido por el conde alavés Vela Ximénez. El castellano Didaco se ve obligado a abandonar Sigerici (Castrogeriz), entretanto los alaveses rechazan el ataque. La ofensiva había sido contra todo el bloque de aliados astures y vascones. Por el flanco oriental, cede el castillo de Gallipienzo muriendo el mismo rey García Iñíguez con las armas en la mano en Aibar (Navarra). Estos sucesos ocurrían el año 882.

Nuevo Rey y sigue la lucha

Es proclamado rey aquel príncipe Fortuño, prisionero en Córdoba durante catorce años. Se sabe que ya en 876 ayudaba a su padre en los negocios políticos. Los aliados deben afrontar las nuevas entradas de Muhammad en el Reino y cómo se ensanchan las posesiones de Ababdella hasta adueñarse de Valtierra y San Esteban de Deyo. Los condes de Castilla, Didaco, y de Álava, Vela, lucharon contra el árabe respaldados por astures y pamploneses, respectivamente. Ababdella pide la paz a Pamplona y se le deniega. El banukasi es dueño de Zaragoza y se malquista con Córdoba. Ha pasado un año y ya llega el mismo ejército musulmán de otras veces. Se mantiene firme Zaragoza pero le arrasan la comarca hasta Deyo y atacan de nuevo Zillorigo, como en el año anterior. Vela resiste y lo mismo Didaco. Los musulmanes se adentran en dominios astures y destruyen el monasterio de Sahagún. Desde allí se retiran a la España musulmana: "In Spaniam ingressi sunt". Es interesante destacar que el texto albendense diga por el musulmán que "pasó a los fines de Castilla, a Pancorbo". Esto deja ver que Zillorigo era Álava y no Castilla.

Paz con Asturias

A partir del año 873 a 874 en que se llevó a cabo la boda de Alfonso III el Magno con la princesa vasca Doña Jimena, de la familia real de Pamplona, cesan las luchas con los vascones, incluidos los alaveses.

De nuevo sobre Álava

En este año 904 Lupo ben Muhammad de Tudela marcha contra el Bayech en tierra alavesa. Se apodera del castillo de ese nombre y de las tierras contiguas. Alfonso III, que estaba sitiando el castillo Ar...on de la región, huyó al saber la conquista de Bayech por Lupo [Ibn Adhari]. El nuevo rey Sancho I Garcés (905) iba a consolidar el poder vasco, y en particular el alavés, llevando la frontera con moros mucho más allá del Ebro.

Golpe de Estado en Castilla

Aquella rama de Ruderiq y Didaco, solidaria con los condes alaveses, cuya oposición al reino leonés fue tan notoria, ve como le va minando terreno la familia de los Núñez, afecta a León, para abrir paso a sus designios de prevalecer en Castilla y quizá también en Álava. En 882 guarnecía el castillo de Castrogeriz Nuño Nímez que es uno de tantos condes secundarios. Pero en 909 un Núñez se siente tan poderoso como para encabezar una conspiración palatina que obliga a abdicar a Alfonso III. Los Núñez y sus sucesores, los Fernández, comienzan a actuar más como leoneses que como castellanos, pero cambian después, radicalmente, haciendo una política independiente.

Paso del Ebro hacia la Rioja

Ha muerto el emir de Córdoba Abdalah, marido de Doña Oneka, madre de la reina de navarra Doña Toda. Le sucede Abderramán III. Los vascos de Don Sancho cruzan el Ebro quizá desde tierra alavesa, iniciando la recuperación de las tierras riojanas, principalmente la cuenca del Najerilla y luego la del Oja. Estas operaciones están coordinadas con las que corren a cargo del rey de León que con sus gentes avanza por la vertiente del Duero. Es liberado el monasterio de San Millán y pueblos importantes como Logroño, Alcanadre, Ausejo, Calahorra y Alfaro. Las buenas relaciones con los leoneses impiden rectificaciones de fronteras en las cuencas del Tirón, del Oca y hasta de los ríos alaveses y bajo Zadorra, bajo el dominio leonés. En 914 muere el rey de León, García, en el asedio de Arnedo. Algo más tarde Abdalá de Tudela recupera Calahorra.

Álava y Vizcaya

Aparece como conde de Álava Monnio Vigilazi (Munio Velaz) en la escritura de Valpuesta otorgada el 18 de mayo de 918. Parece ser hijo del conde Vela Semenonis, defensor de Cellorigo. Este Munio es, probablemente, el Momi, Conde de Vizcaya, que figura en la primera genealogía de Meyá y casado con Doña Belasquita, hija de Sancho I Garcés de Navarra.

Valdejunquera

Abderramán III ve con alarma los resultados de la amistad vasco-leonesa por la alianza de Ordoño II y Sancho Garcés enlazados por vínculos familiares muy fuertes. Quiere cortar la acción expansiva de ambos reinos sobre la Rioja y cuenca del Duero. La derrota de Abderramán por los leoneses en San Esteban de Gormaz debería traer consecuencias inmediatas. En una primera acción de castigo vencía a los leoneses en Mudonia. En la segunda (918) quiere mellar al reino vasco que va tomando consistencia apoyado como está en el respaldo gascón-aquitano y en su alianza con los leoneses y asturianos. Abderramán III en persona manda la famosa "expedición de Muez", que culminó con la gran derrota cristiana de Valdejunquera o Yunkadi (Navarra) cuyo desastre alcanzó a todo el ejército coaligado de leoneses, alaveses y navarros (920). Los condes castellanos no acudieron a la lucha y por ese motivo murieron en la prisión, entre ellos Nuño Fernández.

De nuevo hacia la Rioja

Represalias (924). Tras la derrota de los montañeses vascos y astur-leoneses se rehacen y vuelven a cruzar el Ebro recuperando rápidamente todo el territorio perdido menos Nájera y Viguera. Para su reconquista, ambos primos, Ordoño, leonés, pone sitio a Nájera, y García, vasco, a Viguera, pero formando una sola empresa. Caen ambas plazas después de porfiada lucha. Para conmemorar el triunfo Ordoño restaura el monasterio de Santa Colomba y Sancho el de Albeida, en 923 y 924 respectivamente. Abderramán reaccionó enviando un ejército tan poderoso como nunca se había visto, pero contra la capital del reino vasco. Dice el cronista árabe que Don Sancho reunió todas sus fuerzas y "pidió además auxilio a las gentes de Álava y Al-Kilé, que vinieron en tropel a servir bajo sus banderas". Veintidós días duró la expedición de castigo y devastaron el Reino incluida la capital pamplonesa y su catedral, que fueron destruidas. En 926 muere don Sancho I Garcés.

Doña Sancha, Condesa de Álava

Era viuda de Ordoño II con quien había casado en 923 e hija de los reyes de Pamplona Don Sancho I Garcés y doña Toda. Se ignora la fecha de su matrimonio con Alvaro Harrameliz que ya figuraba en 923 como simple testigo de una escritura de donación a Santa Colomba por Ordoño II de León. Debió casarse probablemente a poco de quedar viuda cuando solo llevaba meses de casada. En 929 tiene Alvaro el castillo de Lantarón, cerca de Sobrón, hoy tierra alavesa, pero no entonces, según se refiere en donación de Pando, en Mena o Carranza. A partir de este casamiento comienza a figurar como Conde de Álava bajo el rey de Pamplona. No se sabe cómo pasó el condado alavés de los Velas a Sancha y Alvaro. Según parece del contexto de los hechos, o hubo una suplantación de Vela Muñoz, hijo de Munio Vela y nieto de Vela Jiménez, o el condado no era hereditario sino que se hacía el nombramiento en la Corte de Pamplona. Esta escritura de "conmutatio in Loreto", dada en Viguera, está calendada así:

Al año siguiente ya había muerto este Alvaro porque se ve a Doña Sancha casada con el conde castellano Fernán González, como señora de Lara. El Conde, desde ese preciso momento, comienza a ostentar el título de conde gerente de Álava. En donación de Ferro y su mujer Amuna, de propiedades en Salina de Añana, al monasterio de Arlanza, hecha el 22 de junio de 932, figura con tal dignidad: et in Álava, et in Castella Fredinando Gundesalviz comimitatu gerente... Fernán González, como conde de Castilla, dependía del rey de León Ramiro: ...regnante príncipe Ranimiro (940). En 944 tiene lugar la donación a San Millán del Monasterio de Santa María de Pazuengos: ego Fredinando comes nutu Dei, cum uxore mea Sancia Comitesa. En 947 subordina a San Millán el monasterio de San Juan de Ziauri, junto a Haro: una cum uxore mea dilectísima Sancia. En 948 subordina a San Millán el monasterio de San Martín de Grañón: totius Castelle comes.En 948 domina F. Gz. en Valdegobía con el título de Conde de Castilla, pues en ésta época este valle no es Álava. La rebelión de Fernán González contra Ramiro II de León termina con el casamiento del heredero leonés con Urraca, hija de F. Gz. y Sancha. No se sabe qué pasó a la muerte de Sancia Comitesa pero sí que estalla la guerra con Navarra y vencido F. Gz. en Zirueña (959), y preso en Pamplona, no se le ve más ostentar el título de Conde ni a él ni a su hijo García Fernández su sucesor. Las escrituras calendadas desde 959 hasta 970 en que murió el Conde demuestran la pérdida de su poder sobre tierra alavesa, ya que se titula en todas ellas "Conde en Castilla" solamente. Cierta escritura citada como del año 969 es indudable que se trata de una confusión con otra del 944.

Degüello de alaveses en Calatayud

Este pueblo aragonés estaba ocupado por musulmanes, aliados y alaveses en representación de los cristianos. El general Mutarrif que los mandaba murió en un intento de salida para levantar el cerco. Al nombrarse sucesor de Mutarrif al general Hakam, partidario del Califa, este nuevo mando entró en negociaciones con Abderramán. Calatayud se rindió salvas las vidas de los negociadores y sus soldados, pero los alaveses allí desplazados fueron ignominiosamente muertos.

Victoria de Simancas

Nada menos que "Gazat al-qudra", "campaña de la omnipotencia", fue llamada la formidable armada musulmana que el año 939 se dirigió a las órdenes del Califa Abderramán III. Su objetivo era destruir el poder de los aliados asturleoneses y vascos. Sus preliminares, la toma de Calatayud y Zaragoza, habían sido sucesos prósperos para los árabes. Frente a ellos se organizó una fuerza integrada por los leoneses en la vanguardia, los vascones de Doña Toda en el centro y los alaveses y castellanos en la retaguardia. El punto de encuentro fue Simancas. Después de varios días de acometidas y retiradas, los musulmanes fueron obligados a retirarse hacia un repliegue del terreno donde los aliados tenían cortado el terreno por un foso. Al llegar ahí la caballería árabe cayó en la trampa. Los aliados, en un feroz asalto, destruyen al ejército musulmán. Difícilmente se salvó el propio Califa con parte del ejército que llegó deshecho a Córdoba. En las orillas del Guadalquivir fueron crucificados o ahorcados más de trescientos oficiales acusados de traición o de cobardía.

Álava en los disturbios de León

(940) Las tres fuerzas, León, Álava-Castilla y Pamplona intervinieron en un intrincado lío sucesorio al morir Ramiro de León. Llega un momento de confrontación cuando los tres contendientes patrocinan candidatos distintos. Sancho, sobrino de doña Toda, se refugia en Pamplona mientras sube al trono Ordoño el Malo, ahora casado con Urraca, hija del Conde, y repudiada por el difunto rey leonés. Fernán González de Lara, con cuya ayuda subió aquél al trono, compromete con este hecho a sus dos condados de Álava y Castilla frente a Pamplona, donde se trama un golpe mortal para el conde castellano y alavés.

Expulsión de Vela Jiménez

(958) No se sabe por qué causas, Don Vela Jiménez, señor poderoso en Álava, pariente de los reyes de Pamplona, bravo mozo y poco amigo de sumisiones a nadie, se enfrenta, inexperto, al viejo Conde. Como era de esperar es vencido y obligado a refugiarse en el Califato. Esta postura de los Vela, ¿no tendría acaso su origen en la posesión del condado alavés vinculado años antes a su familia? Lo cierto es que, amparado por los cordobeses, se dedica a tramar una feroz venganza que habría de hacer temblar a la familia de Fernán González y conmover a toda la tierra de cristianos.

Fernán González, preso en Pamplona

Nuevo Conde alavés. En 959 el pretendiente al trono leonés, Sancho, apoyado por cordobeses y pamploneses avanza hacia León mientras los navarros caían sobre el condado castellano. Sancha había muerto y, probablemente, su marido retenía el condado contra la voluntad de Pamplona. Vencido en Zirueña, prisionero de los pamploneses, es llevado a Pamplona junto con su nueva mujer Urraca y sus hijos. Desde este momento queda bajo la influencia de Pamplona aun después de recobrada la libertad pero sin ejercer ya más el condado sobre Álava, que pasa a manos de Alvaro Sarracines, como se verá en escritura de 988.

El alavés Don Vela conspira desde Córdoba

Deseoso de vengar las afrentas inferidas por el difunto Conde, buscó Don Vela el apoyo de Almanzor. Garci Fernández, el nuevo jefe castellano, busca el auxilio de Pamplona frente al ejército musulmán, dirigido por famosos generales. El ejército vascón llega a tierras castellanas. Orduan, jefe musulmán y Don Vela presentan batalla, que aceptan vascones y castellanos, que termina en impresionante derrota musulmana. El alavés Don Vela conspira desde Córdoba (977). Deseoso de vengar las afrentas inferidas por el difunto Conde, buscó Don Vela el apoyo de Almanzor. Garci Fernández, el nuevo jefe castellano, busca el auxilio de Pamplona frente al ejército musulmán, dirigido por famosos generales. El ejército vascón llega a tierras castellanas. Orduan, jefe musulmán y Don Vela presentan batalla, que aceptan vascones y castellanos, que termina en impresionante derrota musulmana.

Desquite cordobés

(981) Almanzor era ya dictador. El Califa niño, aislado en su palacio, era una autoridad nominal. Pero el suegro de Almanzor, Galíb, desaprueba la afrenta infringida a la dinastía y se dispone a rebelarse. Pasa al campo enemigo y se une a castellanos y vascones. El encuentro tuvo lugar en Atienza pero terminando en un gran desastre. Muere Galib, y el infante vascón Ramiro, hijo del rey Sancho II Garcés "Abarca".

BEL

La formación del territorio foral de Álava se produce en dos tiempos. El primero hunde sus cimientos en la política de reforzamiento de la autoridad real, a través de la expansión del modelo urbano de las villas, frente a la señorial; y el segundo, a raíz de la coincidencia de intereses de las villas y la monarquía para superar la conflictividad social, ligada a las luchas banderizas que convulsionaban a la sociedad alavesa bajomedieval. Por lo que se refiere a la política de reforzamiento de la autoridad real, hay que indicar que en este proceso participaron tanto la monarquía navarra, como la castellana a partir de 1200. Con Sancho VI el Sabio de Navarra se asiste a la fundación de las primeras villas alavesas, excepción hecha de Salinas de Añana, fundada por Alfonso VII de Castilla en 1140: Laguardia (1164), Vitoria (1181), Bernedo (1182), Antoñana (1182) y La Puebla de Arganzón (1191). El proceso fue continuado por su hijo Sancho VII el Fuerte: Labraza (1196). Esta política fundacional desarrollada por los mencionados monarcas no gustó a los señores alaveses, congregados en torno a la Cofradía de Arriaga, ya que iba en contra de sus intereses económicos.

Y es que la expansión geográfica, económica y demográfica de las villas se hacía a costa del territorio, rentas y labradores de los señores de la Cofradía. Aquí puede estar la clave de la relativa facilidad de la conquista de Álava por parte de Alfonso VIII de Castilla, con excepción hecha de la enconada resistencia ofrecida por la villa de Vitoria, vencida en enero de 1200. Sin embargo, los monarcas castellanos continuaron con la política iniciada por los navarros, fundando nuevas villas y ampliando sus jurisdicciones con las aldeas de su entorno, desbaratando de este modo las posiciones señoriales. Especialmente activo fue Alfonso X el Sabio: Treviño (1254); Salvatierra, Contrasta, Corres y Santa Cruz de Campezo (1256); Salinillas de Buradón (1264); y Arceniega (1272).

El objetivo de este ambicioso programa de creación de nuevas villas establecido por el autor de las Partidas se centraba en el establecimiento y la potenciación de una serie de rutas mercantiles que partían desde Vitoria hasta la costa Cantábrica (por Arceniega hacia Castro Urdiales, por el valle del Deba y el del Oria hacia la costa guipuzcoana) y en el fortalecimiento de la frontera ante la Navarra de Teobaldo II. La afirmación del poder real alcanzará su cenit con Alfonso XI en 1332 y el acto de la "voluntaria entrega" del señorío jurisdiccional de la Cofradía de Arriaga al realengo. Por lo que se refiere a la coincidencia de intereses entre las villas y la monarquía para superar la conflictividad social bajomedieval, centrada en las luchas de bandos (rurales y urbanas) y en el bandolerismo de los denominados "malhechores feudales", se concretó en el alumbramiento de la Hermandad General de 1463, tras la frustrada de 1417. Su composición, integrando a villas y tierras esparsas, y su administración definirán el territorio y el carácter político de Álava, quedando integrada por una geografía similar a la actual a partir de comienzos del siglo XVI. Veamos el proceso de formación y organización político-administrativa del territorio alavés con más detalle, comenzando por la Cofradía de Arriaga y continuando por la Hermandad de 1463.

La Cofradía de Arriaga fue un señorío jurisdiccional, como podía ser el de Bizkaia o el de Oñati, cuyo ámbito geográfico venía a coincidir con el conjunto de propiedades y solares de los miembros de la Cofradía y que equivalía a casi la mitad del territorio histórico de Álava. Se diferenciaba de esos otros señoríos por el carácter electivo del señor de la Cofradía de Arriaga. Las Juntas Generales de los cofrades se celebraban en el campo de Arriaga (actual parque de Arriaga en Vitoria-Gasteiz, dentro del cual se encuentra la ermita de San Juan de Arriaga, en memoria de aquellas). En estas Juntas se elegía al señor de la Cofradía, se impartía justicia y se trataban los problemas que les concernían como grupo. En definitiva, esta institución refleja la capacidad de autogobierno de una parte del territorio alavés durante la Edad Media. Veamos un ejemplo:

Territorio independiente

Muchos ríos de tinta se han vertido sobre esta cuestión. ¿De dónde surge la tesis independentista? En la crónica del rey Alfonso XI podemos leer el siguiente texto:

A pesar de estas palabras, si nos atenemos al derecho medieval, no podemos deducir que la Cofradía de Arriaga fuera un territorio independiente. El ámbito espacial donde un monarca ejercía su poder de forma directa, administrándolo a través de sus oficiales, se denominaba realengo; y donde no, quedando ese ejercicio del poder en manos de los señores, se denominaba señorío. Ésta fue la situación jurídica de la Cofradía de Arriaga: un señorío apartado, es decir, sin funcionarios reales, pero incluido en la órbita política de Castilla (antes en la navarra) y bajo la suprema autoridad del rey. Además del argumento del derecho está el documental para corroborar lo que venimos indicando. En los documentos de la Cofradía se reconoce al rey como última autoridad. Veamos algunos ejemplos: en 1262, Lope Díaz de Haro, señor de la Cofradía y de Bizkaia, exime de tributos a los pobladores de Aguirre y Lacha, y solicita con "todos los cofrades de Álava a nuestro señor el rey don Alfonso [X el Sabio] que tenga por bien de confirmar la dicha gracia e sentencia porque les valga ahora y por siempre"; o en 1291 se alude a que Juan Alfonso de Haro era señor de la Cofradía "por nuestro señor el rey don Sancho [IV]". Abundando en lo mismo, si no estuviera la Cofradía inserta en un poder superior no se podría entender que Alfonso X el Sabio cediera a Vitoria el lugar donde celebraban sus Juntas o que Lope Díaz de Haro solicitara al mismo monarca que le otorgara la Cofradía como merced.

Inicios

La primera vez que se menciona el nombre concreto y la institución de la Cofradía de Arriaga de forma nítida es en un documento de fecha bastante tardía, de 1258. En las crónicas reales puede intuirse su existencia para fechas anteriores, concretamente para los tiempos del monarca Alfonso VIII de Castilla (1158-1214). No obstante, podemos retrotraernos, cuando menos, al año 1060. En esa fecha unos barones de Álava otorgaron su consentimiento para que el monasterio de Huhula, próximo a Salvatierra, se anexionara al de San Juan de la Peña. Este documento nos informa de la existencia de una agrupación de señores que bien podría ser el embrión de la Cofradía de Arriaga.

Miembros de la Cofradia

La Cofradía tenía un carácter eminentemente nobiliar, como se constata al repasar la condición social de los cofrades, entre los que hay miembros de la alta nobleza (ricos omes), alto clero (obispo de Calahorra) y baja nobleza (infanzones, caballeros o escuderos). Todos ellos disponían de inmunidad fiscal (hidalguía) que les eximía de pagar pechos o tributos y servicios. Micaela Portilla estudió a estos cofrades, entre los que encontramos a Guevaras, Haros, Mendozas, Hurtado de Mendozas, Velascos, Salazares, Ayalas... Ilustres familias que con el tiempo unirán sus destinos con la dinastía Trastámara inaugurada por Enrique II de Castilla en 1369. También formaban parte de la Cofradía los collazos (vasallos objeto de compraventa) y labradores adscritos al solar, pero por su relación de dependencia respecto de los nobles. Esta estructura social de la Cofradía nos indica que en Álava estaba vigente el régimen feudal al igual que en otras partes de la Europa medieval. Obviamente, los que controlaban las Juntas de la Cofradía en el campo de Arriaga eran los nobles.

Extensión geográfica

Suponía casi la mitad de la extensión del actual territorio histórico de Álava. Se extendía, grosso modo, desde los límites con Bizkaia y Gipuzkoa hasta el inicio del condado de Treviño de este a oeste, con excepción del valle de Valdegovía y Salinas de Añana. Dentro de la Cofradía había dos islotes de realengo, las villas de Vitoria (1181) y Salvatierra (1256), que incorporaron a su jurisdicción cerca de una quinta parte de las aldeas de la Cofradía, unas 79. Cuando en 1332 se autodisuelve, su territorio se encontraba ya muy mermado, representando tan sólo cuatro décimas partes de la actual Álava. El resto de villas alavesas, Laguardia (1164), Antoñana (1182), Santa Cruz de Campezo (1256), Arceniega (1272), Peñacerrada (antes 1295), Berantevilla (1295-1312)..., no pertenecían ni estaban incluidas dentro del territorio de la Cofradía; todas se encontraban al sur del mismo. Desde el punto de vista jurídico-institucional las villas alavesas, fundadas con anterioridad a 1332, fecha de la autodisolución de la Cofradía de Arriaga, y con posterioridad a la misma, recibieron un ordenamiento legal inspirado en el denominado "derecho de francos", a través del modelo del fuero de Logroño. Sin embargo, las fundaciones de Alfonso XI (Villarreal, Elburgo, Alegría y Monreal de Zuya) fueron una excepción, al recibir directamente el Fuero Real, ordenamiento obra de Alfonso X el Sabio. La difusión de este "derecho de francos" en territorio alavés por parte de los monarcas navarros Sancho VI el Sabio y Sancho VII el Fuerte no contaba con las simpatías de la nobleza rural alavesa, al suponer el establecimiento de espacios privilegiados y dotados de franquicias a nivel fiscal, económico, político, procesal y penal en pleno mundo señorial y en franca competencia con él.

Señores electos

En la crónica de Alfonso XI podemos leer cómo los miembros de la Cofradía de Arriaga elegían al señor de ella entre los hijos de los monarcas, los señores de Bizkaia, los señores de los Cameros o la casa de Lara. Sin embargo, al nivel actual de nuestros conocimientos documentales carecemos de la nómina de todos los que ocuparon el puesto de señor de la Cofradía desde sus inicios. El historiador alavés de finales del siglo XVIII J.J. de Landázuri intentó reconstruirla recurriendo a la imaginación; así refiere que el primer señor fue un tal Eylon en el año 866. A partir de 1200 sus referencias se hacen más plausibles, pero desgraciadamente sólo podemos constatar de manera fehaciente el nombre de los cuatro últimos señores, los que abarcan la cronología 1254-1332: Lope Díaz de Haro, señor también de Bizkaia; el infante Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X el Sabio; Diego López de Salcedo, adelantado del rey en Álava y Gipuzkoa; y Juan Alfonso de Haro, señor de los Cameros por herencia materna y nieto del señor de Bizkaia.

Prerrogativas del señor electo

Se agrupan en tres grandes apartados: justicia, fiscalidad y militar. El señor era el encargado de impartir y administrar justicia en el territorio de la Cofradía, bien directamente o bien a través de sus oficiales. Tenía derecho al cobro de las caloñas y omecillos (penas pecuniarias impuestas por determinados delitos) en el caso de que el culpable fuera un hidalgo; y en caso de serlo un collazo o labrador, esa cantidad la percibía el propietario de ellos. La fiscalidad recaía sobre las personas dependientes, collazos y labradores, y consistía en el pecho forero a satisfacer al señor de la Cofradía. El pecho forero estaba compuesto de dos tributos: el buey de marzo y el semoio o medio modio, que es una medida de cereal. La defensa del territorio de la Cofradía era responsabilidad del señor, en cuyo poder se encontraban ciertas fortalezas; y también conducía las mesnadas o huestes de la Cofradía en sus empresas militares más allá del territorio alavés, como en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) dentro del contingente del monarca Alfonso VIII de Castilla.

Autodisolución

En 1332 los cofrades decidieron disolver su institución e incorporar sus territorios al régimen de realengo, bajo autoridad directa del rey y de sus funcionarios y delegados, entregándolos al monarca Alfonso XI. Recordemos que antes esa autoridad la ejercía el señor electo de la Cofradía. Este hecho se ha denominado de diversas maneras: Voluntaria Entrega, Pacto de Arriaga o Acta de Arriaga. Pero, ¿qué razones les llevaron a tomar semejante decisión? La presencia de las dos villas de realengo, Vitoria y Salvatierra, en medio de la geografía de la Cofradía resultó ser un gran problema para la supervivencia de la misma. Ambas localidades necesitaban ampliar su espacio para dar cabida a la creciente población y para satisfacer su abastecimiento. Resolvieron este problema comprando heredades a los señores y labradores de la Cofradía. A ambas localidades se marchaban a poblar labradores que trabajaban las tierras de los cofrades por los privilegios que adquirían en ellas; como la exención fiscal, entre otros.

Este fenómeno se constata en ejemplos como el de los habitantes de Aspuru (valle de la Barrundia), quienes solicitaron en 1234 ser vecinos de Salvatierra para escapar de la presión señorial de los Guevara; o como el de los habitantes de los lugares de Ocariz y Muniáin, que en 1289 deciden convertirse también en vecinos de Salvatierra y buscar el amparo real, porque "reciben de los caballeros et de escuderos de Álava muchos tuertos et desonrras et despachamientos et otros agravamientos muchos". Y además de todas estas cuestiones, entre Vitoria y la Cofradía se producían altercados por competencias en materia judicial. Por todos estos choques de intereses se entablaron diversos litigios entre las partes.

En 1258 la Cofradía alcanzó con Alfonso X el Sabio el acuerdo de ceder 16 aldeas a las dos villas, entre ellas el lugar de Arriaga, ¡¡¡donde tradicionalmente se celebraban las Juntas!!! Sin duda un duro golpe para los intereses de la Cofradía, aunque buscaron ciertas compensaciones. En 1291 se rubricó la concordia por el conflicto en materia judicial entre Vitoria y la Cofradía. Se acordó sobre reyertas, desafíos y homicidios entre vitorianos y cofrades. El 8 de febrero de 1332 se resolvió un nuevo litigio en favor de Vitoria, otorgando el merino mayor de Castilla, Juan Martínez de Leiva, 41 aldeas a la villa de las 45 solicitadas. Alfonso XI confirmó esta sentencia días más tarde, el 22 de febrero. Al mismo tiempo la Cofradía mantenía otro pleito con Salvatierra por 30 aldeas, que pasarían con toda probabilidad a manos de la villa. Ante esta perspectiva, nada halagüeña, la nobleza trató de salvar los papeles, es decir, evitar que el territorio aún en sus manos terminara por ser también fagocitado por las villas de realengo; ¿y cómo? Entregando voluntariamente el territorio de la Cofradía al rey y disolviéndola a cambio de 21 peticiones. El privilegio real que expresa este acto se firmó el 2 de abril de 1332. Entre las peticiones que los nobles alaveses de Arriaga elevaron al rey se encontraban: el reconocimiento de su condición hidalga (exención fiscal); el nombramiento de oficiales reales hidalgos y naturales de Álava; la confirmación de sus derechos sobre los collazos y labradores, sobre el cobro de las caloñas en que estos últimos incurrieran, y sobre montes, seles y prados de todas las villas para que sus ganados pudieran pastar;. . . ; y la prohibición real de construir nuevas ferrerías para defender el patrimonio forestal.

La primera petición mencionada tiene gran importancia, ya que el fuero de Vitoria otorgado por Sancho VI el Sabio de Navarra suponía la igualación fiscal de todos los habitantes de la villa y los ex-cofrades querían que se reconociera su inmunidad tributaria según el fuero de Soportilla. Las dos últimas peticiones suponían para esta nobleza una forma de sortear los aguijonazos de la crisis bajomedieval que comenzaban a sentir.

Además de conseguir sancionar en beneficio propio estas peticiones, los grandes linajes pertenecientes a la Cofradía buscaron también beneficiarse, a más largo plazo, de la generosidad del monarca al poner su territorio bajo la jurisdicción, gobierno y administración directa de la Corona y ligar a ella sus carreras políticas y militares. Y en efecto, así ocurrió. Por ejemplo, Pedro González de Mendoza recibió propiedades en Madrid, Segovia, Atienza, Sepúlveda y Ávila, y en 1374 una cabaña de 3. 500 cabezas de ganado ovino, 800 de bovino y 100 jumentos. Los nietos de los Cofrades consiguieron entroncar con la propia monarquía, al casarse con princesas o infantas de sangre real: Juan Hurtado de Mendoza con María Téllez de Castilla (hija del infante don Tello), Pedro Vélez de Guevara con Isabel de Castilla (nieta de Alfonso XI), Diego Hurtado de Mendoza con María de Castilla (hija natural de Enrique II) y Fernán Pérez de Ayala con María Sarmiento (descendiente de Alfonso XI). Y a lo largo del siglo XV y comienzos del XVI los linajes alaveses alcanzaron importantes títulos nobiliares: condes del Real de Manzanares, duques de Infantado y marqueses de Santillana para los Mendoza; condes de Oñate para los Guevara; condes de Orgaz para los Hurtado; o condes de Salvatierra para los Ayala. De esta forma, la nobleza rural alavesa, que a comienzos del siglo XIV se veía agobiada por la disminución de sus rentas señoriales, consiguió sortear la crisis y acceder a nuevas fuentes de poder y de fortuna, ligando sus aspiraciones a la Corona y convirtiéndose en grandes linajes de Castilla. Por todo ello, el hecho de la Voluntaria Entrega o de la autodisolución de la Cofradía de Arriaga no ha de verse como una derrota o claudicación de los señores ante el empuje de las villas y el realengo, sino como una apuesta inteligente de futuro.

¿Existió algún tipo de continuidad institucional entre las Juntas de la Cofradía de Arriaga y las Juntas de la Hermandad provincial alavesa institucionalizadas a partir de 1463? La respuesta es no; ni en sus fines, ni en su estructura, ni en sus atribuciones, ni en sus integrantes. Más adelante todas estas diferencias quedarán claramente especificadas; no obstante, conviene avanzar algunas de ellas. Por ejemplo, las Juntas de la Hermandad agrupaban a unidades de administración local (villas, concejos, aldeas o valles), denominadas hermandades locales, quienes enviaban a ellas a sus representantes o procuradores; mientras que en las Juntas de la Cofradía de Arriaga la representación era a título personal y estamental: los señores y los collazos y labradores a ellos subordinados. Las Juntas de la Hermandad sustituyeron un orden socio-político basado en el poder social de los linajes y de los señores, propio de la Cofradía de Arriaga, por nuevas estructuras de base municipal. La fuente que informaba el derecho en el ámbito de implantación de la Hermandad fue el derecho romano, frente al consuetudinario en la Cofradía. De similares contenidos a las Juntas de los cofrades hubo otras en el territorio alavés, siendo las más importantes las celebradas en el campo de Saraube (próximo a Amurrio) para el gobierno de la Tierra de Ayala.

En ellas, presididas por el señor de Ayala o por sus delegados, se reunían los infanzones, escuderos e hidalgos ayaleses para abordar las cuestiones inherentes a la administración de un territorio dividido en cinco circunscripciones menores o cuadrillas: Sopeña, Lezama, Amurrio, Llanteno y Oquendo. En las juntas se elegían a las justicias o alcaldes de la Tierra de Ayala y juraban su cargo en la iglesia de Santa María de Respaldiza. Estos alcaldes aplicaban el derecho consuetudinario propio de la Tierra, no escrito hasta 1373. En esa fecha, Fernán Pérez de Ayala, señor de Ayala, dispuso que se redactara, resultando un texto de 95 capítulos. En 15 de ellos se observa la influencia del Fuero Real, mientras que el resto procede del derecho tradicional y propio de la Tierra. Años más tarde, en 1469, el fuero ayalés fue aumentado con 16 nuevos capítulos por parte del mariscal García López de Ayala, destinados a erradicar las luchas banderizas entre las parcialidades de Oñaz y Gamboa que también afectaban a la Tierra de Ayala. Finalmente, en 1487, los ayaleses solicitaron a Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, la renuncia a seguir rigiéndose por su fuero tradicional, consuetudinario, y su sustitución por el Fuero Real, las Partidas y los ordenamientos de los reyes de Castilla.

La razón de tal petición radica en la brevedad y oscurantismo del fuero ayalés frente a la legislación real castellana, lo que permitía amplios márgenes de interpretación a los alcaldes en sus sentencias (.solían tomar e tenían por fuero e por ley lo que les placía, aunque lo tal fuese injusto e contra toda razón e derecho natural.). Sin embargo, conservaron su régimen jurídico de libertad de testar (intervivos por donación y mortis causa por testamento), poniendo de manifiesto la defensa de la unidad del patrimonio y su posterior transmisión hereditaria a través del mayorazgo, fenómeno que evidencia la existencia de familias con fuertes lazos de troncalidad. Las juntas del campo de Saraube persistieron hasta 1841. Otras juntas de menor entidad y destinadas a resolver conflictos relacionados con la utilización de montes y pastos comunales fueron las de Ruzábal, integrada por los concejos de Belandioa, Lendoño de Arriba y de Abajo y Mendeica; las juntas de Ordunte; las de Armuru; o las de Santo Tomás de Amondo.

Para empezar, partamos de una definición sencilla. Se trata de una institución jurídico-policial atenta al mantenimiento del orden público, sobre todo en caminos y despoblados, y a garantizar el correcto ejercicio de la Justicia. Se organizaron como un instrumento de defensa ante la violencia y los abusos de la nobleza rural, convulsionada por los efectos de la denominada crisis bajomedieval (siglos XIV-XV), que mermó mucho el nivel de sus rentas. Como dice uno de los textos fundacionales de la Hermandad alavesa: "se habían cometido y perpetrado [por esa nobleza rural y sus acólitos] muchos y enormes y grandes delitos, así de noche como de día, robando y hurtando y pidiendo para vino y tomando viandas en poblado y en despoblado, y desafiando sinrazón y matando a los inocentes" (6-II-1417). Sus acciones habían puesto en peligro incluso la actividad comercial en una tierra como la alavesa, de tránsito obligado entre Castilla y los puertos vascos. Con el tiempo las Hermandades sirvieron también para participar en la estructura de poder del reino.

Evolución

La explicación de la evolución histórica del movimiento hermandino en Álava desde sus orígenes en 1282 hasta su consolidación definitiva en 1463 entraña una gran complejidad; no obstante, se proporcionarán unas pautas generales que permitan entender el proceso. Grosso modo se puede establecer un punto de inflexión en la segunda mitad del siglo XIV. Con anterioridad nos encontramos con Hermandades ligadas, principalmente, al problema del debilitamiento de la autoridad real (inestabilidad política), como consecuencia de la rebelión del infante don Sancho (IV) contra su padre Alfonso X el Sabio y de las minoridades de los monarcas Fernando IV (finales del siglo XIII) y Alfonso XI (primera mitad siglo XIV). Son Hermandades coyunturales, y por tanto sin ánimo de perdurar; son asociaciones de concejos a nivel de la Corona de Castilla, por lo que no representan una asociación que afecte al territorio alavés en exclusividad; buscan, en esos tiempos turbulentos y de cambio, defender sus fueros y privilegios, y garantizar el orden público y la aplicación de la Justicia frente a los desmanes de la nobleza feudal. Con posterioridad a la segunda mitad del siglo XIV, las Hermandades surgen como consecuencia de la fractura social que vive el territorio alavés, provocada por la crisis bajomedieval. Sus objetivos son igualmente el orden público y la aplicación de la Justicia, pero ahora tienen vocación de territorialidad y perdurabilidad, sirviendo de base para la articulación política de Álava como provincia.

Surgimiento de la Hermandad

¿Cómo se desarrolló el proceso histórico que posibilitó el surgimiento de la Hermandad provincial alavesa en el marco de la crisis bajomedieval?. A partir de la segunda mitad del siglo XIV el solar vasco, y el alavés no fue una excepción, vivió una grave fractura social como consecuencia de las luchas de bandos entre oñacinos y gamboínos. La razón se encontraba, según se ha indicado, en la crisis bajomedieval, que obligó a la nobleza rural a buscar soluciones para hacer frente a la caída de sus rentas. Hacia 1280 se quiebra la fase expansiva iniciada hacia el 950, que había supuesto un incremento demográfico, la extensión del área cultivada (en la Llanada entre 1025 y 1257 surgieron veinte nuevas aldeas) y un aumento de la renta señorial, a la que contribuían, además de las partidas agrícolas, otras de variada índole, como las provenientes de su participación en el proceso de reconquista y repoblación (parias, botines, soldadas, nuevas tierras), en la actividad ganadera y en el sector siderúrgico (ferrerías).

Este aumento de la renta señorial facilitó una caída tendencial de la tasa de exacción exigida a los campesinos, como las prestaciones en trabajo, o su conmutación por censos dinerarios o en especie. Pero desde 1280, y a lo largo del siglo XIV, se observa una paralización de las roturaciones, unos pobres rendimientos en las tierras marginales ocupadas en la fase anterior, un desajuste entre la menor producción agrícola y la demanda de una población todavía creciente, la aparición de crisis de subsistencia, agravadas por los repartos de la herencia. Todo este proceso introdujo al campesinado en el umbral de la supervivencia, y con las hambrunas se producen muertes, y consecuentemente, hay un retroceso demográfico, o lo que es lo mismo, una disminución del número de pagadores de rentas señoriales. Por si fuera poco, los campesinos desertan hacia el mundo urbano, atraídos por las franquicias contenidas en los fueros de francos, como el de Logroño, con el que fueron fundadas las villas, y si los señores deseaban retenerlos debían ofrecer mejores condiciones. Las villas actuarán como señoríos colectivos, compitiendo con la nobleza rural por las rentas de bosques y tierras roturadas y aldeas, fenómeno del que fueron protagonistas, según se ha indicado, Vitoria y Salvatierra con la Cofradía de Arriaga. Esta evolución negativa de la renta señorial se vio agravada por la paralización de la Reconquista, las frecuentes devaluaciones monetarias y la fosilización de los censos percibidos en dinero desde tiempo atrás. Como broche final, apareció la catástrofe demográfica de la Peste Negra de 1348, incidiendo de manera especial en la Rioja alavesa. El caso de Laguardia (villa y aldeas de su jurisdicción) es especialmente ilustrativo: de los cerca de 800 fuegos con que contaba en 1340, pasó a casi 600 en 1366.

A finales del siglo XIV Álava había perdido entre un 15 y un 30% de su población. Esta situación de descenso demográfico propició el fenómeno de los abandonos de lugares y tierras cultivables: un descenso del 14% de los lugares habitados en 1300 y un abandono del 70% de las aldeas que nacieron entre 1025 y 1257 en la Llanada, emplazadas sobre una altitud entre los 600 y 700 mts. ¿Qué estrategias empleó la nobleza rural para contrarrestar la caída de las rentas e incluso para incrementarlas? Todas ellas pueden ser agrupadas en dos grandes grupos: estrategias pacíficas y violentas. Entre las pacíficas, los primeros testimonios documentales nos retrotraen a 1332, a las peticiones de los señores de la Cofradía de Arriaga al monarca Alfonso XI con motivo de la denominada "voluntaria entrega". Concretamente aquellas que aludían al reconocimiento de su condición hidalga (exención fiscal), a la confirmación de sus derechos sobre collazos y labradores, y a la restricción en el uso del bosque para que sus actividades ganaderas y siderúrgicas (ferrerías) no sufrieran competencia. Entre esos mecanismos pacíficos hay que incluir la vinculación de la nobleza rural alavesa con la Corona de Castilla, en especial a la nueva dinastía Trastámara, vencedora de la guerra civil entre Pedro I y el futuro Enrique II, lo que le supuso defender y consolidar su patrimonio gracias a las mercedes reales concedidas en Álava y fuera de ella, que incluían aldeas, villas y tributos (rentas reales).

Otra estrategia pacífica fue el mayorazgo, que permitía transmitir y vincular el patrimonio familiar a un único heredero; es decir, los bienes no podían ser divididos ni enajenados, ni aún en caso de deudas. El recurso a este instrumento jurídico no fue privativo de los grandes señores, en muchos casos concedido como merced regia (el mayorazgo de Fernán Pérez de Ayala fue sancionado por el propio Enrique II en 1375, quien unos años antes, en 1371, donó a su hijo Pero López de Ayala, futuro canciller mayor de Castilla, la Puebla de Arganzón, la tierra y valle de Orozco y el monasterio de Respaldiza), sino también de numerosos hidalgos rurales, sobre todo en aquellas zonas en las que "la tierra es estrecha y si viniese a reparticiones no se escusarian muertes e dannos", como ocurría precisamente en el valle cantábrico de Ayala. Igualmente se optó, dentro de esas estrategias pacíficas de los señores para recuperar su nivel de rentas, por asentarse en las villas y participar de los ingresos procedentes de la lucrativa actividad comercial en ellas desarrollada y por el desempeño de las funciones administrativas y del control de los órganos de gobierno concejiles, lo que a la postre suponía el control de los repartimientos fiscales. Varios linajes rurales menores se asentaron en Vitoria tras la "voluntaria entrega" de 1332: Maturana, Iruña, Salvatierra, Álava, Esquível o Adurza.

Precisamente el primero de los mencionados encabezaría el bando de los calleja durante las luchas que les enfrentaron a los ayala (herederos, parentela y clientela del Canciller Ayala) en Vitoria por el control de los órganos de gobierno. Pero también se asentaron en las villas ricos hombres, como Fernán Pérez de Ayala, hijo del Canciller, que residió en su casa-palacio emplazada cerca de la fortaleza, y luego iglesia, de San Vicente e instituyó el hospital de Nuestra Señora del Cabello, desde el siglo XVI de Santiago. Por lo que se refiere a las estrategias señoriales no pacíficas encontramos, en primer lugar, el incremento de la presión sobre el campesinado, o lo que es lo mismo, el aumento de la tasa de exacción exigida. Por un lado se aumentaron las cargas impositivas, como a los vecinos de Villarreal de Álava, quienes se quejaban de que la martiniega se había multiplicado por dos desde que la villa se había incorporado al señorío de los Avendaño. Por otro, se actualizaron viejas prestaciones que habían desaparecido en la etapa de expansión económica anterior: los vecinos de Santa Cruz de Campezo volvieron a trabajar las tierras de los Rojas y se vieron forzados a participar en las monterías de osos y jabalíes practicadas por el señor; los vecinos del valle de Aramaio y Legutiano (Villarreal) tuvieron que trabajar en las ferrerías y molinos de los Múxica y Avendaño, respectivamente. Igualmente se impusieron, arbitrariamente, tributos o censos nunca antes reclamados, y se usurparon rentas reales como la alcabala. Y por si fuera poco, se incluyeron derechos extra-económicos o malos usos, como el arrogarse el derecho a poseer sexualmente a cualquier mujer, generalmente doncellas, siempre y cuando fuera la voluntad del señor, caso de Juan Alonso de Múxica. En las acciones desplegadas por este pariente mayor, señor del valle de Aramaio, se observa a la perfección estas estrategias de incremento de la presión sobre sus dependientes:

Por último, entre los mecanismos de reacción no pacíficos empleados para sortear la crisis y la caída de rentas se encuentra el de la depredación generalizada, el bandolerismo y las luchas de bandos entre oñacinos y gamboínos. Luchar entre los bandos y linajes por saber quién "valía más en la tierra" era hacerlo por tratar de disponer de mayores recursos económicos, humanos y prestigio social en la comunidad (honra, fama). Precisamente Múxica fue cabeza del bando oñacino en la segunda mitad del siglo XV y mantuvo una cruenta pugna con su antagonista gamboíno Avendaño; pugna que trasladaron al vecino Duranguesado, con episodios tan cruentos como la batalla de Elorrio. En la centuria anterior protagonizaron estas luchas, con episodios destacados como el acaecido en la sierra de Arrato, los Mendoza, oñacinos asentados en la Llanada occidental, y los Guevara, gamboínos emplazados en la Llanada oriental. Otros ejemplos de estos enfrentamientos por aumentar las rentas fueron los realizados a comienzos del siglo XV por Fernán Pérez de Ayala y Martín Ruiz de Avendaño por apoderarse del valle de Orozko.

Estas luchas no sólo afectaban a los señores y sus campesinos y propiedades, sino que también a las actividades impulsadas desde el mundo urbano, en especial al comercio, como cuando Juan Alonso de Múxica, Pedro de Avendaño o Lope Hurtado de Salcedo, junto con sus hombres, asaltaban a los mercaderes que realizaban el trayecto de ida y vuelta de Burgos a la costa a su paso por tierras alavesas. Además, por toda la tierra pululaban malhechores, responsables de acciones de bandidaje, que encontraban refugio enrolándose en las filas de un pariente mayor y a los que la Justicia no podía alcanzar, como ya se ha comprobado en el caso de Juan Alonso de Múxica. La resistencia antiseñorial por parte de los campesinos, pequeños hidalgos rurales y mundo urbano comenzó en el último tercio del siglo XIV, pero hasta la segunda mitad de la siguiente centuria no fue eficaz, ni alcanzó sus objetivos.

Desde la concesión de las mercedes enriqueñas, al finalizar la guerra civil (1369), los vecinos y moradores de las aldeas y villas entregadas a señores trataron de evitar ese destino, negándose a reconocer al nuevo titular y el cambio de status. Son los casos de la villa de Antoñana, cuyos vecinos se negaban a aceptar a Juan Ruiz de Gauna como señor, debiendo éste recurrir al monarca para que les recordara su voluntad. Mayor resistencia encontró Juan Hurtado de Mendoza en Fontecha, Bergüenda, Legarda y Ollávarre, ya que trece años más tarde de efectuada la merced real todavía seguían sin aceptarlo como señor y nuevamente Enrique II debía conminar a los vecinos de los lugares referidos a hacerlo. Pero los intentos de zafarse de la tutela señorial se intensificaron, como queda señalado, a partir de la segunda mitad del siglo XV. En algunos casos recurriendo a la violencia, como la que en 1479 sufrió el pariente mayor Juan de Lazcano estando en Contrasta:

En otros casos recurrieron a instancias judiciales, ante los tribunales reales, como en 1488 efectuaron los vecinos del valle de Aramaio por las injusticias y sinrazones que sufrían por parte del banderizo Juan Alonso de Múxica. Este fue un pleito muy largo, desarrollado en dos fases. Una primera finalizó en 1499 con la confirmación del señorío del valle a los Múxica-Butrón y la facultad del señor para designar alcaldes y montaneros de entre seis candidatos propuestos por los vecinos; de someter los asuntos de justicia a jueces comisarios cuando lo considerara oportuno; y de nombrar los merinos y escribanos del valle. También se confirmó la propiedad de los montes para el señor, pero los vecinos del valle podían llevar libremente sus ganados a ellos y cortar la leña para sus edificaciones o para quemar; en los seles del señor los ganados de los vecinos podían pastar libremente en verano y en invierno pagando por cada busto 25 quesos y 250 maravedís.

Los hidalgos quedaban libres de censo alguno al señor del valle por el solar que ocuparan sus moradas; lo contrario que los pecheros, que contribuirían con un cerdo, una gallina, 7 medias de trigo y una anega de avena; ahora bien, si los descendientes de estos pecheros quisieran edificar sus casas en otro lugar del valle, que el concejo del mismo lo señalase y quedaran en adelante libre de censos y tributos. Los vecinos del valle quedaban autorizados a cortar leña en los montes para hacer carbón o para venderla a quien quisieran durante 50 días al año; pero de la leña seca se podía hacer carbón libremente durante todo el año, aunque pagando una carga de carbón al alcaide de la fortaleza de Barajuen en cada una de las tres Pascuas del año. En tiempo de bellota los vecinos podrían llevar sus cerdos libremente a los montes y seles; en los ríos y arroyos no edificarían molinos ni ferrerías sin licencia del señor, pero sí pescarían libremente en ellos. Los vecinos del valle casarían a sus hijos y otorgarían testamento sin intromisión del señor. La torre y casa fuerte de Barajuen dejaría de ser la cárcel del valle, debiéndose construir ésta, para causas civiles y criminales, en otro lugar. Y por lo que respecta a la espinosa cuestión de las querellas criminales contra los excesos de Juan Alonso de Múxica (violaciones, asesinatos, robos, cohechos, ...), fallecido durante la celebración del pleito, se dejaba en manos del corregidor de Bizkaia la satisfacción de las mismas como bien viere. El pleito se reactivaría en 1527 por parte de los vecinos de Aramaio, buscando recortar la autoridad jurisdiccional del señor, aprovechando la coyuntura de un nuevo Múxica al frente del señorío, Juan Alonso de Múxica y Butrón.

Este segundo pleito finalizó en 1553 y se dictaminó lo siguiente: que los vecinos no debían pagar los 25 quesos y 250 maravedís por los ganados que llevaran a los seles del señor; que el merino designado por el señor diera fianzas y al finalizar el cargo se sometiera a un juicio de residencia; que los vecinos del valle concedieran posada al señor y sus criados los cuatro primeros días que estuvieran en el valle cada año, de las cuales quedaban exentos los clérigos. Este largo pleito (1488-1553) se inició en vida del banderizo Juan Alonso de Múxica, continuó con su hijo y sucesor Gómez de Butrón, y finalizó con su nieto y homónimo Juan Alonso de Múxica y Butrón. ¿Qué buscaban los vecinos del valle de Aramaio? Pues al igual que el resto de movimientos de resistencia antiseñorial, zafarse de la tutela y abusos señoriales, es decir, abolir los censos y tributos exigidos, también las prestaciones de trabajo, alcanzar el acceso libre a la tierra (derecho de caza y pesca en los ríos, derecho de pasto, carboneo y cortar madera en los montes, seles, ejidos...) y la recuperación del control sobre los órganos de gobierno concejiles. Hay que indicar que sí consiguieron zafarse de esa tutela en los casos en los que los lugares habían sido usurpados.

Son los ejemplos de las hermandades de Barrundia, Eguilaz, Araia y San Millán, arrebatadas por los Guevara; los de Alegría y Elburgo por los Lazcano; Bernedo por los Ayala; o Zuia por los Avendaño. En el caso de Aramaio, y otros en los que el señorío estaba asentado en las mercedes enriqueñas del siglo XIV, continuaron dentro del régimen señorial, aunque en condiciones más ventajosas y menos onerosas, como se evidencia en la sentencia del pleito contra los Múxica-Butrón. Pero, ¿qué propició esta reactivación de los movimientos antiseñoriales, de lucha contra sus imposiciones, abusos, violencias, bandidaje y guerras generadas por la crisis del sistema feudal? La articulación y puesta apunto de un eficaz instrumento que contó con el apoyo decidido de la Corona (Enrique IV y los Reyes Católicos) y que a la postre contribuyó a la configuración territorial y política de Álava: la Hermandad. Este instrumento se puso en práctica en Álava con retraso respecto a las Encartaciones, Bizkaia nuclear y Gipuzkoa, cuyas primeras hermandades territoriales datan de finales del siglo XIV y tienen en el corregidor Gonzalo Moro a su principal artífice. El primer intento frustrado de una Hermandad provincial para luchar contra los abusos de la nobleza rural y los malhechores a ella acogidos, para mantener el orden público y la Justicia se produjo en 1417.

Sus protagonistas fueron las villas de Vitoria, Treviño y Salvatierra. El 6 de febrero de ese mismo año fueron aprobadas sus ordenanzas por Juan II. Desgraciadamente este primer intento no fue todo lo eficaz que se pretendía: no fue capaz de poner orden el territorio alavés, ni de acabar con la violencia señorial, ni consiguió que se adhirieran a ella otras localidades, a pesar de ser instadas a ello por el propio monarca. Para remediar la ineficacia en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales, Juan II trató de organizar en 1449 una gran hermandad regional, que incluyera los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Burgos, partes de Cantabria, La Rioja y, por supuesto, Álava. Pero Vitoria fue reacia a participar en ella y finalmente el proyecto real quedó en meras intenciones. Con Enrique IV se produciría la definitiva consolidación de la Hermandad provincial alavesa, concretamente entre los años 1457-1463. Este monarca tildado de impotente y débil, mostró un decidido apoyo a la causa de la Hermandad frente a la turbulenta nobleza rural vasca (recordemos, por ejemplo, el destierro de los parientes mayores y el desmoche de sus casas y torres fuertes), ya que al fin y al cabo era su misma causa, el afianzamiento del poder real, que a nivel general del reino se escenificaba en el pulso establecido entre monarquía y nobleza, tratando esta última de participar en el gobierno y administración del reino; es decir, compartir el poder con el rey. En 1457 Enrique IV se encontraba en Vitoria, donde fue informado sobre la ineficacia operativa de la Hermandad de 1417.

El monarca decidió darle un nuevo impulso y refundarla. El nuevo cuaderno de ordenanzas lo aprobó en Madrid el 22 de marzo de 1458 y si se analiza su articulado y se compara con el de la Hermandad de 1417 se comprueba que es el mismo, con excepción de los artículos 17 y 34, quedando claro que estamos ante una puesta al día o refundación de aquella Hermandad impulsada en tiempos de Juan II. Pero ahora Enrique IV ordena, con objeto de incrementar su eficacia, que todos "los alcaldes e procuradores e otros oficiales e otras personas qualesquier de las hermandades de Vizcaya e Guipúzcoa e de las Encartaciones e de tierra de Mena, e otros qualesquier mis corregidores e justicias [...] den todo el favor e ayuda que compliere e menester fuere para que la dicha hermandad sea guardada e conservada e para que no sea corrompida ni desfecha, e para las otras cosas complideras a mi servicio e a execución de la mi justicia". No obstante, en los primeros años de su andadura se observarían ciertas deficiencias en su funcionamiento y Enrique IV nombró una comisión, el 4 de mayo de 1463, con objeto de eliminarlas. Esa comisión quedó finalmente reducida a una única persona, el licenciado Pedro Alonso de Valdivielso, y la reforma se efectuó durante los días 11 y 12 de octubre de 1463 en la localidad alavesa de Rivabellosa. Allí, el licenciado Valdivielso, junto con dieciséis procuradores de la Hermandad, redactaron las definitivas ordenanzas de la Hermandad alavesa, conocidas como Cuaderno de Leyes y Ordenanzas con que se gobierna la M.N. y M.L. Provincia de Álava. Se había llegado al final de un largo proceso y se había constituido el germen de la Provincia y del órgano de gobierno de todos los alaveses.

Territorios integrates en 1463

La Hermandad constituida en Rivabellosa sentó las bases del agregado territorial que forma el actual Territorio Histórico de Álava. Dentro de ella se integraron cinco villas (Vitoria, Salvatierra, Miranda de Ebro, Pancorbo y Saja), veintiséis hermandades locales pertenecientes a las tierras esparsas y dos juntas (San Millán y Araya). Fuera de ella quedaron definitivamente Lapuebla de Arganzón y Treviño (condado de Treviño). Entre 1463 y 1481 se desgajaron de la Hermandad alavesa Miranda de Ebro, Pancorbo, Villalba de Losa y Losas de Suso, todas localidades de la actual provincia de Burgos; y también se marcharía la villa riojana de Saja. Por el contrario, entre 1481 y 1502 se incorporaron a la Hermandad alavesa Antoñana, Santa Cruz de Campezo, Lagrán, Peñacerrada, Salinillas de Buradón, Berantevilla, Laguardia (1486), el valle de Aramaio (1489), Bernedo (1490), el valle de Llodio (1491) y Labraza (1501). En estas fechas el valle de Orozko también se integró transitoriamente en la Hermandad provincial de Álava, pero años más tarde retornaría a la jurisdicción del Señorío de Bizkaia. Veamos algunas de estas desanexiones e incorporaciones que conoció el territorio alavés, concretamente los casos del condado de Treviño, el valle de Llodio y el de Aramaio. El año 1366 Enrique II concedió la villa de Treviño y su tierra por merced a Pedro Manrique, adelantado mayor de Castilla:

Los primeros intentos por constituir una Hermandad provincial alavesa fueron capitaneados en 1417 por Vitoria, Salvatierra y Treviño. Sin embargo, años más tarde, en 1463, el condado de Treviño (Enrique IV concedió a Diego Gómez Manrique el título de conde de Treviño en 1453) quedó al margen del definitivo proyecto de establecimiento de la Hermandad alavesa, ¿por qué? Parece ser que vecinos y señores del condado temían quedar sometidos bajo la pujanza económica y política de Vitoria, cabeza visible de la Hermandad provincial. ¿Podría argumentarse también para entender esa no incorporación el rechazo a contribuir económicamente a los gastos de la Hermandad, cuestión presente en las capitulaciones entre la Hermandad y el valle de Aramaio? ¿Pudieron igualmente influir los intereses personales del conde? A partir de finales del siglo XVI queda clara la vinculación administrativa de este territorio a Burgos. Por lo que al valle de Llodio se refiere, hay que recordar que en 1332, fecha de la "voluntaria entrega", pertenecía a un miembro del linaje de los Mendoza, vinculado a la Cofradía de Arriaga. A finales de este siglo XIV, cuando el señorío del valle había caído en manos de los Ayalas, se detectaban los primeros intentos de sus vecinos por tratar de integrarse en la Hermandad de Bizkaia. Este anhelo parece alcanzarse, ya que en 1476, cuando se produce la jura de los fueros por parte del monarca Fernando el Católico en Gernika, acuden dos procuradores en nombre de Llodio. En 1487 se reconocía a los del valle el derecho a apelar de las sentencias pronunciadas por los oficiales judiciales del señor de Ayala ante el Juez Mayor de Bizkaia, cuyo tribunal se encontraba emplazado en la Real Chancillería de Valladolid. Sin embargo, esta vinculación entre el valle de Llodio y el Señorío de Bizkaia no se fundamentaba sobre una base política, sino jurídica (recurso al derecho civil del Fuero Viejo vizcaino y a la instancia judicial del Juez Mayor), al igual que ocurría en el caso del valle de Aramaio. Por ello no hubo ningún conflicto cuando en 1491 los vecinos de Llodio solicitaron a los Reyes Católicos su incorporación a la Hermandad Provincial alavesa. Y en el caso del valle de Aramaio, ¿qué razones le llevaron a solicitar su incorporación? En un documento de 1559 un vecino del valle de Aramaio argumentaba lo siguiente:

Así pues, los muchos agravios del banderizo y pariente mayor Juan Alonso de Múxica, señor del valle de Aramaio y de la torre de Barajuen, entre los que se pueden mencionar los ya reseñados de violaciones de mujeres, asesinatos, robos y demás fechorías, condujeron a los vecinos y moradores de Aramaio a buscar la protección de la Hermandad alavesa. Juan Alonso de Múxica puso todo su empeño en evitar la entrada del valle en la Hermandad y su permanencia en ella. Sin embargo, los vientos soplaban a favor de los vecinos del valle, ya que desde que en 1476 los Reyes Católicos accedieran al trono, se embarcaron en una cruzada por someter a la levantisca nobleza, causante de guerras civiles y multitud de agravios a sus vasallos y demás dependientes. Así, los Reyes Católicos, el 19 de octubre de 1489, concedieron a los vecinos de Aramaio el privilegio de permanecer dentro de la Hermandad alavesa, según el capitulado establecido el 9 de enero de 1489 con ella. Ese día, en el refectorio del monasterio de San Francisco de Vitoria, se había firmado la escritura de unión ante el notario Diego Martínez de Álava, futuro segundo Diputado General de la Provincia. Por parte de la Hermandad alavesa estuvieron presentes su Diputado General, Lope López de Ayala, los alcaldes de las hermandades locales y sus procuradores; y por parte de la tierra y valle de Aramaio, Juan de Mendiola, García Abad de Arana y Martín Sánchez de Salinas, procurador del valle en el pleito iniciado en 1488 contra Juan Alonso de Múxica. Los puntos del capitulado fueron los siguientes:

1. Aramaio se integraba en "la provincia de la ciudad de Vitoria y hermandades de Álava", y se sometía a las ordenanzas de la Hermandad.
2. Con excepción de las ordenanzas de la Hermandad, en todo lo demás Aramaio mantendría sus privilegios, libertades, exenciones, usos y costumbres.
3. Se establecía la forma de contribuir económicamente por parte de Aramaio a la Hermandad.
4. Aramaio enviaría a sus procuradores a las dos Juntas Generales anuales de la Hermandad, una en primavera y otra en otoño.
5. Se establecían los términos en que se ejecutaría la justicia extraordinaria de la Hermandad sobre las acciones criminales pasadas perpetradas en el valle.
6. La Hermandad alavesa se comprometía a prestar su ayuda a Aramaio en toda situación de necesidad.

Aunque a partir de 1489 Aramaio quedó incorporada a la provincia de Álava, sin embargo, en materia de derecho civil permaneció bajo la órbita del Fuero Viejo de Vizcaya, por eso en la documentación encontramos encabezamientos de este tenor: Aramaio "tierra llana del Señorío de Vizcaya". Y es que en esa tierra llana era donde estaba vigente el Fuero Viejo redactado en 1452. La clave para entender esta dualidad se encuentra en la propia escritura de unión. En su punto número dos podemos leer cómo se acordó que Aramaio mantendría sus anteriores privilegios, libertades, exenciones, usos y costumbres, esto es, los establecidos por el fuero vizcaino, a los que se añadirían las ordenanzas de la Hermandad alavesa.

Atribuciones de la Hermandad

En primer lugar el orden público, según hemos apuntado más arriba, y la aplicación de la Justicia penal por los alcaldes de Hermandad (jueces extraordinarios) sobre los denominados casos de hermandad; es decir, crímenes cuya persecución quedaba reservada a la Hermandad en detrimento de la Justicia ordinaria y que tenían lugar en despoblados y caminos. Ocasionalmente también perseguían los crímenes en el mundo urbano, aunque en circunstancias especiales, como cuando eran perpetrados durante la celebración de juntas de Hermandad en una localidad. En las ordenanzas de 1463 se refieren cuáles eran esos casos de hermandad:

Subsidiariamente la Hermandad tenía, lógicamente, también competencias administrativas, pero ligadas al desarrollo de la práctica judicial y del orden público. Pero poco a poco, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XV, se fueron rebasando los estrechos límites de acción atribuidos a la Hermandad en sus ordenanzas de Rivabellosa, en la medida en que se convirtió en una institución intermediaria entre la Corona y los alaveses. Las empresas de la monarquía requerían dinero, hombres y suministros, y la Hermandad se encargó de su provisión efectuando el reparto de las cantidades requeridas entre las hermandades locales. Así se añadieron competencias fiscales, que andando el tiempo darían paso a la Hacienda foral; o militares, en relación con el reclutamiento y avituallamiento de tropas. Pero también la propia dinámica de esta institución, dotada de gran autonomía, contribuyó a incorporar otras competencias, como la legislativa, con la promulgación de leyes de obligado cumplimiento en toda la Provincia; o la económica, para solucionar problemas de abastecimiento, construcción y reparación de infraestructuras viarias, etc.

Este órgano de gobierno supremo estaba previsto en las ordenanzas de Rivabellosa. La Hermandad general o provincial alavesa englobaba a entidades administrativas menores (villas, aldeas, lugares, juntas) y éstas se denominaban hermandades locales. Las asambleas de todos los representantes de las hermandades locales, esto es, de los procuradores elegidos entre sus vecinos, constituyeron las Juntas Generales. Para ser elegible procurador se exigía un importante requisito dinerario, que a la postre reservaba exclusivamente el acceso al oficio a

La necesaria posesión de esta cuantía supuso, por tanto, un freno a la hora de poder participar en la toma de decisiones a escala provincial para el común de la ciudadanía. El caso del valle de Aramaio ilustra perfectamente el alcance de semejante requisito: en 1510 tan sólo 3 de los 196 vecinos podían acceder a las Juntas Generales. En cierta medida, y salvando las distancias, con el cargo de procurador a Juntas Generales ocurría algo similar al de diputado del consistorio vitoriano. Este oficio municipal fue establecido en el Capitulado de 1476 (documento que puso fin al enfrentamiento secular entre ayalas y callejas por el control de los órganos de gobierno concejiles y que propició el inicio de una reforma de la administración municipal sobre la base del Ayuntamiento) y pretendía ser una vía de acceso para las gentes del común para participar en la vida pública de la ciudad. Pero ese acceso quedó cortocircuitado al establecerse el requisito dinerario ("de los más ricos y abonados e de buena fama y conversaçión") para desempeñar el oficio de diputado del Ayuntamiento. La asamblea de procuradores de las hermandades locales se reunía dos veces al año: en primavera (mayo) y en otoño (noviembre). Una de las dos reuniones debía celebrarse imperativamente en Vitoria, la de noviembre. La misión de las Juntas Generales en un primer momento fue: nombrar personal administrativo, supervisar la actuación de los alcaldes de hermandad (jueces de cada hermandad local) y resolver los problemas derivados del ejercicio de las competencias dadas a la Hermandad (orden público y Justicia). Ya hemos visto cómo con el tiempo la jurisdicción de la Hermandad se extendería hacia nuevas competencias fiscales, militares, legislativas, etc., para otros ámbitos al margen de los tradicionales de orden público y Justicia.

La Diputación General

En las ordenanzas de Rivabellosa quedó previsto un órgano de gobierno restringido, la Diputación, para que diera continuidad a la acción de las Juntas Generales entre reunión y reunión, y velara por sus intereses. La Diputación la constituían dos comisarios y cuatro diputados elegidos por los procuradores en la Junta General. En la práctica este órgano era el responsable del gobierno provincial y sus reuniones se denominaron Juntas Particulares, para diferenciarlas de las asambleas de procuradores de las hermandades locales o Juntas Generales. A partir de 1476 este órgano pasó a ser presidido por una magistratura unipersonal no prevista en las ordenanzas de Rivabellosa: el Diputado General. Sobre el nacimiento de esta magistratura se han apuntado diversas hipótesis, pero la que cuenta con mayor grado de verosimilitud histórica es la que sitúa su origen en la asociación de la Hermandad alavesa con la Santa Hermandad de Castilla establecida por los Reyes Católicos con objeto de pacificar el reino de la nobleza levantisca y conquistar Granada. El primer Diputado General fue Lope López de Ayala y el segundo Diego Martínez de Álava. En principio era un cargo vitalicio y recaía sobre un vecino de Vitoria.

Oganización del territorio en cuadrillas

Para llevar adelante la política recaudatoria (fiscal) y de provisión de ciertos cargos del organigrama institucional foral (v. gr., los comisarios y escribanos) de forma equitativa entre las distintas partes integrantes de la Hermandad provincial (villas y tierras esparsas). La división del territorio alavés en cuadrillas o demarcaciones quedó fijada definitivamente en 1537 y se mantuvo incólume hasta 1840. Seis fueron las cuadrillas establecidas: Vitoria, Salvatierra, Laguardia, Ayala, Zuia y Mendoza.

El "acopiamiento" o vecindario realizado también en 1537 refleja que el conjunto de las hermandades alavesas contaba con 14.054 vecinos, o lo que es lo mismo, unos 60.000 habitantes. Las hermandades locales más pobladas eran las de Vitoria (para finales del siglo XV tenía ya los 5.000 habitantes), Ayala, Laguardia, La Ribera y Zigoitia. En algunos casos el incremento demográfico resulta espectacular, como en el condado de Treviño, que entre 1456 y 1522 creció un 36%. Igualmente ocurre en la Rioja alavesa, más concretamente en Laguardia y su tierra, al superar con creces entre 1427 y 1537 las cifras anteriores a la aparición de la Peste Negra, es decir, de los 800 fuegos de 1340 a los 523 de 1427, 700 de 1494, 837 de 1514 y por fin los 1.000 fuegos de 1537.

En Antoñana los documentos aluden a un incremento poblacional en 1511 para el que carecían ya de tierras que repartir. Este despegue demográfico se fundamentó en la reconstrucción y reorganización de los agrosistemas a partir del siglo XV, pero siguiendo con el sistema extensivo de cultivos. La Llanada alavesa entre 1437 y 1482 conoce un proceso de puesta en explotación de 1.734 nuevas parcelas y 879 ensanches de anteriores. El tamaño de las mismas no era muy grande, ya que el 80% de ellas tenían una superficie menor a una yugada (0'251 ha.). La mayoría de ellas se dedicaban al cultivo de trigo y productos hortícolas, indicio claro de un intento de satisfacer una mayor demanda de alimentos básicos como consecuencia del incremento de población. En la Rioja alavesa la reconstrucción agrícola del XV se basó en la consolidación de la orientación vitivinícola.

Avanza el viñedo en sustitución del cereal, sobre todo desde 1464, ya que hasta esa fecha permaneció en la Corona de Navarra, y la menor producción de vino de la zona quedaba compensada con la excedentaria de otras del propio reino. Así la Rioja alavesa se va especializando en la producción vitivinícola; buena prueba de ello son los siguientes datos: en 1268 el rediezmo de la villa de Laguardia estaba constituido exclusivamente por cereal; en 1537-1541 la producción de vino superó las 86.000 cántaras, mientras que la de trigo supuso 28.937 fanegas. Este dato de la producción de trigo hay que compararlo con el de la Llanada alavesa en igual fecha, que ascendió a 246.200 fanegas. Por tanto, la Llanada se especializó en trigo y la Rioja alavesa en vino.

No obstante, en esta comarca meridional también se cultivó el tercer elemento de la trilogía mediterránea: el olivo. Si a estos datos unimos los de la producción salinera de Añana y la del hierro de los valles cantábricos, tenemos los elementos del comercio interior o regional, formado por el área de Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa, La Rioja y Burgos. Álava exportaba estos productos excedentarios e importaba, por ejemplo, pescado de la zona costera. También se benefició el territorio alavés de su posición geoestratégica en el comercio exterior entre la Corona de Castilla y el Norte de Europa (Flandes e Inglaterra, sobre todo) de exportación de lana y de importación de paños.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XI se van a producir importantes cambios en la organización eclesiástica del territorio alavés: desaparición del obispado de Álava, con sede en Armentia, e integración en el de Calahorra; y desaparición del obispado de Valpuesta y su integración en el de Burgos, por deseo del prelado Munio (m. 1084). Poco a poco el territorio se irá organizando dentro de las dos nuevas diócesis, de tal forma que para mediados del siglo XIII encontramos la siguiente estructura: dos obispados, cuatro arcedianatos y dieciséis arciprestazgos.

El arcedianato de Berberiego lleva el nombre de un despoblado del siglo XIV situado al norte de San Vicente de Arana, a una altitud aproximada de 840 mts., que con anterioridad había acogido a un castillo de importancia estratégica. La Álava medieval no se caracteriza por la presencia de grandes centros monásticos en su territorio, sino por lo contrario, pequeñas casas dependientes de cenobios situados fuera del mismo: San Millán de la Cogolla, Santa María la Real de Nájera, San Salvador de Oña, Santa María de Bujedo, San Salvador de Leire y Santa María de Irache. Uno de los casos más representativos es el del monasterio de Nuestra Señora de Estíbaliz, en plena Llanada alavesa. En 1074 entró en la órbita de la abadía riojana de San Millán por decisión del "senior Alvaro Gondisalviz de Guinea". Años más tarde, en 1138, doña María, hija del conde Lope González y de doña Toda López, y sobrina de Diego de Haro, señor de Bizkaia, hizo donación del cenobio alavés a Santa María de Nájera, junto con otras iglesias, como Santa María de Oro y San Miguel de Babadilla. El obispado de Calahorra tuvo sus más y sus menos con la abadía najerense por impedirle la percepción de sus derechos episcopales y que los labradores que cultivaban las tierras del monasterio pagaran sus décimas a las parroquias en las que recibían los sacramentos.

Este litigio quedó resuelto en 1193 en favor del obispo y la sentencia quedó ratificada en el concilio de Lérida del mencionado año y con bula del papa Celestino III. A partir de 1432, y hasta 1542, la familia Ayala fue la propietaria del monasterio de Estíbaliz. En el ámbito urbano destacan los centros franciscano, dominico y de las clarisas de Vitoria. Según la tradición, el propio San Francisco de Asís fundó la casa en 1214. Por su parte la orden de Santo Domingo se estableció entre los años 1225 y 1235; unos años después, en 1247, apareció la rama femenina de los franciscanos, las clarisas. Estos centros, fundamentalmente los centros masculinos, acogieron importantes estudios, a los que venían a formarse desde distintos lugares del entorno. Estas órdenes se asentaban en núcleos urbanos que mostraran dinamismo demográfico y económico, y Vitoria por aquellas fechas estaba en plena fase expansiva y además capitalizaría en su provecho su posición geoestratégica en la nueva ruta comercial que se estaba afianzando entre la Meseta y Flandes. Entre los vecinos de Vitoria estas órdenes tuvieron pronto éxito, como lo refleja el hecho de ser elegidos los monasterios como lugar de enterramiento, entrando en abierta concurrencia y competencia con las parroquias de la villa por las mandas pías y legados de los difuntos. Esta situación provocó el establecimiento del Cabildo de la Universidad de parroquias de Vitoria hacia 1257, con objeto de defender sus intereses frente a los monasterios.

Dentro del ámbito religioso tiene importancia la ruta jacobea a su paso por tierras alavesas. La ruta clásica, tradicional, conocida con el nombre de camino francés, entraba en la Península Ibérica a través de Navarra por Roncesvalles y a través de Aragón por Somport y Canfranc. Junto a esta ruta ha existido otra, la que desde la costa oeste de Francia llegaba a Irun. Una vez alcanzada esta localidad, el camino se bifurcaba, continuando bien por la costa, bordeando el mar Cantábrico por Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria y Asturias, para luego conectar con la ruta transitada por Castilla-León; o bien por el interior de Gipuzkoa, atravesando el valle del Oria (Tolosa y Segura), hasta el túnel de San Adrián, y desde ahí adentrarse en Álava a través de tres caminos: por Galarreta a Vitoria; por Zalduondo, Ordoñana y Salvatierra a Vitoria, el principal; y por Araia, Eguilaz, Mezkia y Salvatierra a Vitoria. Desde la capital de la provincia el peregrino dirigía sus pasos hacia Armentia, Ariñez, La Puebla de Arganzón y Armiñón. En este punto se producía una nueva bifurcación: hacia Miranda de Ebro por Rivabellosa y hacia Haro por Zambrana y Salinillas de Buradón. El Camino de Santiago que desde el Bidasoa (Irun), pasando el Oria, San Adrián y la Llanada oriental alavesa entraba en Burgos y La Rioja fue declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional en 1962.

Es justo indicar que Álava ha tenido una importante vinculación con Compostela desde prácticamente los orígenes del culto al apóstol a través de los monarcas astures que lo impulsaron y la difícil situación geopolítica en el contexto de la Reconquista. Alfonso II el Casto era hijo del rey Fruela y de la alavesa Doña Munia, y permaneció refugiado en tierras alavesas, junto a los parientes de su madre, mientras su tío Mauregato ocupaba el trono astur. Alfonso III encontró igualmente refugio en Álava durante la sublevación de Fruela Bermúdez. A comienzos del siglo IX el obispo de Iria Flavia (actual Padrón), Teodomiro, comunicó al monarca Alfonso II la localización prodigiosa de la tumba del apóstol Santiago, quien ordenó levantar sobre el lugar una iglesia, remplazada por otra de mayor entidad durante el reinado de Alfonso III (866-910). Pero más aún, hasta el siglo XI, como consecuencia de la situación geopolítica que vivían los territorios de La Rioja y gran parte de los navarros, sometidos al acoso y dominio musulmán (no hay que olvidar que la extensión de al-Andalus alcanzaba en 1031 los valles del Ebro y del Duero, y que, por ejemplo, la cercana Calahorra no fue reconquistada hasta 1045), la ruta para dirigirse a Santiago pasaba por Álava. Este dato es corroborado por las crónicas del período. En la Crónica Silense podemos leer que los "peregrinos [para sortear el peligro musulmán] se desviaban por las sendas de Álava" y en la de Lucas de Tuy que "por enfrentamiento de los bárbaros, los peregrinos yban torçiendo por los lugares desusados de Álava".

También crónicas posteriores se hicieron eco de esta ruta alavesa, como la Crónica General de Alfonso X el Sabio (2ª mitad siglo XIII): "antes d'aquello [de asegurar el paso por Nájera, Burgos, ...] por Álava et por Asturias yva el camino francés [o de Santiago]". La legislación castellana medieval, así como también diversos autores, tales como el italiano Dante Alighieri, diferenciaban entre romero y peregrino. El primero era el que se dirigía a Roma, y el segundo, el que lo hacía a Jerusalén y a Santiago de Compostela. No hay que olvidar que según las etimologías de San Isidoro de Sevilla peregrino equivale a persona que se encuentra lejos de su patria, que viene de lejanas tierras. Las razones que llevaban a peregrinar hasta estos lugares eran fundamentalmente tres. La primera por devoción hacia el Señor o el santo titular. La segunda por cumplir un voto o promesa, que podía ser delegada a un tercero, es decir, que otro la hiciera en nombre de uno, o transmitirla en herencia si en vida no había podido cumplirse. Y la tercera por expiación, que a su vez podía ser de varios tipos: como penitencia por los pecados privados de cada cual y como pena o castigo público impuesto por las autoridades eclesiásticas o civiles. Por ejemplo, los Estatutos de la ciudad de Lieja de 1328 condenaban al raptor de una mujer a realizar una peregrinación a Compostela en beneficio de la parte ofendida. Las personas que decidían realizar el largo, duro y peligroso camino hasta Santiago, representadas en las extraordinarias pinturas murales descubiertas en 1982 en el ábside de la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción de Alaiza, cerca de Gaceo, necesitaban ser asistidas para reponerse del trayecto diario y sacar fuerzas para la siguiente etapa.

Esta misión asistencial era encomendada a los hospitales y posadas. Antes que nada conviene recordar que durante la Edad Media y Moderna el término hospital no aludía exclusivamente a un recinto donde se dispensaban cuidados médicos a los enfermos, sino que incluía también el concepto de asilo para pobres y el de hospedaje, donde residir un tiempo acogido al derecho de "hospitalidad" hasta partir a otros lugares. Durante los siglos XV, XVI y XVII están documentados los siguientes hospitales o lugares de acogida para peregrinos: en Albéniz, Ameyugo (hospital fundado por Constanza de Ayala), Arbulo, Argandoña, Audikana, Cucho, Eguilaz, Estavillo, Estíbaliz, Galarreta, Guevara, Heredia, Iruña, La Puebla de Arganzón (hospital de S. Juan Evangelista); Luzuriaga (hospital fundado por Juan Ruiz abad de Luzuriaga), Mendíjur, Rivabellosa, Salinillas de Buradón (hospital de Sta. Ana fundado por Fernán Pérez de Ayala), Ordoñana, Salvatierra (hospital de S. Lázaro y la Magdalena), Vitoria (hospital de Nuestra Señora del Cabello o Santiago, fundado por Fernán Pérez de Ayala y su mujer María Sarmiento; hospital de Sta. María; de S. Pedro, fundado por Garci Martínez de Estella; de San José, obra pía del matrimonio Pedro Ochoa de Lepazarán y María Martínez de Rójula; y el de S. Lázaro y la Magdalena), Zalduondo (hospital de Santa Casilda, por el matrimonio Rodrigo Ochoa de Amézaga y María de Lazarraga) y Zambrana. Como ejemplo, traemos a colación al hospital vitoriano de Santiago, del cual se indicaba a comienzos del siglo XVI que se encontraba "fuera de los muros [de la ciudad], junto al camino de romeraje" y entre sus misiones estaba la de "recoger los pobres romeros que por dicha ciudad pasasen". En estos sitios al peregrino se ofrecía a su llegada el lavatorio de los pies, se le proporcionaba un lecho donde dormir, comida, asistencia médica y espiritual, y en caso de fallecimiento, sufragios por su alma y un lugar de enterramiento. En diciembre de 1571 murió el peregrino jacobeo Juan de Ursi en el hospital de Heredia y con el dinero obtenido por la venta de su capa se celebraron misas por su alma.

IDB

La dificultad de concretar un punto de inicio a la Edad Moderna en Álava puede subsanarse con la aparición en 1476 de la figura política y judicial de su Diputado General, Lope López de Ayala, merced a una Real Provisión emitida por los Reyes Católicos. Esta orden involucraba a las justicias alavesas en el proyecto de pacificación del Reino al que aspiraban los monarcas. Este empleo reforzaba el proceso de organización política de Álava junto a las uniones, entre 1489 y 1491, de Aramaio y Llodio al seno del marco jurisdiccional provincial. Aunque en 1502 el contorno de Álava se asemejaba mucho al actual, las graves vicisitudes de su proceso organizativo muestran la imagen de un territorio invertebrado.

La limitación de la influencia de los grandes señores medievales desde mediados del siglo XV produjo la cristalización de la personalidad jurídica provincial, es decir, la regularización, ordenación y jerarquización de sus cuerpos políticos y jurisdiccionales: Diputación, Juntas Generales y Particulares, Procuradores y Alcaldes de Hermandad. Aunque los antedichos señoríos nobiliarios perdieron su influencia frente a estos otros organismos tampoco podemos olvidar que durante la Edad Moderna el territorio alavés siempre estuvo dividido entre tierras de señorío y de realengo. Igualmente, estos mismos señores o sus descendientes supieron cambiar sus lugares de habitación y forma de actuar para adecuarse el nuevo entramado político e institucional desplegado desde finales del siglo XV consiguiendo ocupar continuamente los principales puestos dentro del aparato administrativo y político provincial (apellidos y linajes como los de los Álava, Esquível, Ayala o Verástegui).

Ahora bien, aunque las atribuciones jurisdiccionales de las hermandades ya estaban expuestas en el Cuaderno de Ordenanzas de 1463, uno de los principales problemas políticos de este período se concretó en la definición de las competencias administrativas por la evidente escasa capacidad de sus organismos para gobernar todos los elementos sociales y jurisdiccionales insertos en territorio provincial. Esto es, la Provincia tenía vetado el ámbito municipal (regido por las oligarquías urbanas y con unas ordenanzas concejiles aprobadas por el Consejo de Castilla) y graves limitaciones en sus atribuciones fiscales y/o hacendísticas (difícilmente podía imponer gravámenes por su cuenta sino que siempre dependió de los regimientos, sobre todo, del de la Hermandad de Vitoria).

Álava y su Diputado General se convierten en una excepción gubernativa dentro del Reino de Castilla. Se trataba del único territorio donde no existía un representante de la Corona directamente nombrado por cada monarca. El Diputado General representaba las dos caras de una misma moneda: por un lado, encarnaba y defendía los intereses de Álava y sus naturales y, por otro lado, al unísono, ejercía las mismas funciones de cara a la Corona de Castilla. Este dualismo funcional, siendo manifiestamente problemático sin embargo condujo a una relación con la Corona caracterizada por la colaboración y el entendimiento, siempre salpicado de momentos y situaciones menos bucólicas. Esta situación sólo puede explicarse por la perfecta coordinación y la comunidad de intereses presente entre la Corona de Castilla y quienes estuvieron al frente de la Hermandad de Álava controlando sus Juntas Generales y el empleo de Diputado General, esto es, las grandes familias de la nobleza alavesa.

De cualquier modo, esta imagen tan homogénea de Álava también sufrió grandes alteraciones por la disparidad de criterios de los territorios y jurisdicciones que la integraban. Exceptuando la incorporación coyuntural del valle de Orozko entre 1507 y 1568, a lo largo de la Edad Moderna varias hermandades intentaron separarse de la hermandad general, es decir, de Álava. A lo largo del siglo XVI lo intentó varias veces la hermandad de Laguardia, Orozko comenzó sus trámites hacia 1552 y Llodio lo volvió a intentar en el siglo XVII. Muchos de estos intentos segregacionistas derivaban de la falta de equilibrio en la articulación jurisdiccional, es decir, durante la Edad Moderna dentro del entramado provincial intentaron insertarse muchas de las realidades preexistentes con lo que el reparto de atribuciones y jurisdicciones producía enormes quebraderos de cabeza y luchas intestinas entre estos cuerpos provinciales (Hermandades, señoríos, villas y Juntas Generales).

Aunque sobre el papel, tanto las Juntas Generales como el Diputado General, asumían la representatividad provincial y la capitalidad competencial del marco alavés, en muchas ocasiones, las diversas hermandades, las villas o grupos de influencia (sobre todo los grandes notables provinciales) proyectaron iniciativas estranguladoras para las nuevas instituciones provinciales. Cabe destacar que desde el siglo XVI en adelante se aprecia un singular aumento del número tanto de señoríos (por haberse fraccionado en las sucesivas herencias, llegando hasta existir 31 señoríos) como de nuevas villas (a fines del XVIII había 72 villas, sin contar Vitoria). Dentro de este caos, el organigrama institucional de la hermandad alavesa, fijado en el Cuaderno de 1463, se mantuvo casi invariable durante toda la Edad Moderna. La composición de las Juntas Generales seguía rigiéndose por medio del un sistema de representación corporativo y territorial donde cada hermandad gozaba de los mismos derechos y obligaciones independientemente de sus características geográficas y/o económicas. Todas las circunscripciones alavesas poseían un voto y la voluntad de Álava se entendía como la suma de las de sus hermandades. Los representantes de éstas eran los llamados Procuradores de Hermandad de cuya elección y adecuación poco sabemos. Más bien suponemos que tales designaciones estuvieron permanentemente en manos de quienes gozasen del control político de las diversas hermandades.

El elemento más trascendental de esta organización corporativa residía en que, poco a poco, fue adquiriendo una mayor fuerza o capacidad ejecutiva en los diversos planos de actuación convirtiéndose, al final, en una vía idónea para que la oligarquía provincial dominase este ámbito jurisdiccional. A la par, el empleo de Diputado General, principal ejecutor en un primer momento de las decisiones de la Corona y/o de las Juntas Generales, surge como un personaje clave en el desarrollo de este entramado institucional hasta acabar por identificársele como la síntesis encarnada de la misma foralidad provincial. Algunos historiadores reivindican esta figura para mostrar la autonomía administrativa alavesa, mayor que la de la de Gipuzkoa y Bizkaia, aunque tampoco podemos olvidar que la provincia y sus instituciones aceptaron durante toda la Edad Moderna, aunque siempre negociando, muchos de los servicios militares y fiscales demandados por la Corona de Castilla (participó enviando tropas o pagando su equivalente desde la toma de Granada en 1492, pasando por la conquista de Navarra en 1512, en los diversos conflictos con Francia a lo largo de los siglos XVI y XVII así como en las sublevaciones de Portugal y Cataluña desde 1630 hasta 1642). Resumidamente, esa cierta autonomía provincial solamente abarcaba a los asuntos provinciales y cuando resultaba imprescindible su participación en acciones generales, aun a regañadientes, Álava siempre cumplió con las que consideraba como sus obligaciones al entenderse como un cuerpo político más de aquellos que integraban la Monarquía hispánica de la Edad Moderna.

El Diputado General hacía las veces del Rey en Álava, además de ser la última instancia y máxima autoridad militar provincial y también el presidente de sus Juntas Generales. Pocos ámbitos de acción escapaban realmente a su influencia. Se trataba de la representación regia con poderes efectivos en lo judicial, ejecutivo con un estimable control respecto a la actividad legislativa de las antedichas juntas. Todas estas facultades no las concedía la Corona sino las propias instituciones provinciales. Por ello se consideraba, dentro del derecho consuetudinario alavés, que el ocupante de este empleo no debía ser foráneo. De igual manera, desde que en 1742 se implantó la nueva estructura aduanera hasta la revuelta de Módenes de 1804, la mayoría de los gobernadores de las aduanas del País Vasco, sitas en territorio alavés, debían ser naturales y no foráneos. Mediante una Real Cédula de 20 de abril de 1537, el Diputado asumió mayores competencias de justicia al excluirse a los alcaldes ordinarios en aquellos asuntos en que tenía atribuciones el Diputado General, superando los límites de la ordenanza de 1463 que limitaba sus funciones a los "casos de hermandad". Asumía, por lo tanto, funciones relativas a la reparación de caminos, puentes, malos usos, en materia militar y en materia de justicia se convierte en la última autoridad e instancia (por encima de las hermandades). Poco a poco, este cargo unipersonal reunió a su alrededor el poder ejecutivo así como la más completa jefatura civil, militar y política de la provincia.

A medida que se produjo este aumento de la influencia del Diputado General en la vida política, social y económica alavesa, evidentemente, fueron surgiendo conflictos competenciales con diferentes instancias. En primer lugar, con las autoridades delegadas y jueces enviados por los diversos monarcas castellanos (jueces de sacas, de residencia, dezmeros de los puertos secos y Diezmos de la Mar, Alcalde Mayor del Adelantamiento de Burgos, etcétera), con las autoridades eclesiásticas (recordemos que durante toda la Edad Moderna, Álava y sus localidades estuvieron integradas dentro del Obispado de Calahorra y La Calzada, a pesar de los sucesivos intentos, sobre todo hacia 1780, por conseguir una sede episcopal sólo para esta provincia), con los representantes de los señoríos (sobre todo con los gobernadores y administradores puestos por los Señores que, frecuentemente, vivían en Vitoria, Madrid o Cádiz) y, especialmente, con los propios cuerpos integrados en la provincia. Estos últimos, sobre todo la ciudad de Vitoria, nunca aceptaron de buen grado el papel preponderante del nuevo marco institucional y, mucho menos, de su representante principal. En todo momento, Vitoria, como otras localidades, valles y hermandades, celosas de sus prerrogativas, exenciones y franquicias (que, en esencia, no tenían que coincidir con las provinciales), siempre estuvieron vigilantes a los pasos dados por las Juntas Generales y su Diputado.

La hostilidad entre la hermandad alavesa y los señores de la tierra se mantuvo activa hasta, al menos, el siglo XVII. Aunque muchos de los intentos segregacionistas tuvieron como motivo principal la diversidad de opiniones sobre los acopiamientos y repartos de tributos, bien es cierto que igualmente, entre bambalinas, aparecían las cabezas de muchos de estos señores vertebrando estos procesos de desanexión. Las razones principales de estos enfrentamientos se articulan alrededor de dos grandes asuntos: las competencias de justicia y militares. El control de estas atribuciones, por delegación de la Corona y defensa de los alaveses, acabaron recayendo en las manos del Diputado General en perjuicio de los nobles en sus señoríos jurisdiccionales. Así, el gobernador del Duque del Infantado intentó hacia 1533 ejercer de juez de apelaciones en el señorío del Infantado. El pleito consiguiente se resolvió a favor de Álava, por Real Provisión de 20 de abril de 1537, por la Chancillería de Valladolid. En el ámbito militar la mayoría de disposiciones que cedían competencias a las Juntas Generales y al Diputado General se establecieron durante el reinado de los Reyes Católicos. En 1496 ordenaron a los Condes de Orgaz, de Oñate, Salinas y a otros no hacer alardes ni repartos de hombres en sus señoríos a la hora de cubrir los servicios demandados por la Corona. Esta atribución quedaba en manos exclusivamente del Diputado General. Igualmente se limitaron los intentos del Corregidor de Logroño de efectuar estos servicios en Laguardia, concretamente en 1597.

El movimiento comunero, con la intervención del Conde de Salvatierra (Pedro de Ayala), se presenta como uno más de estos enfrentamientos entre la nobleza alavesa y las nuevas instancias e instituciones provinciales. Este conflicto en Álava se mostró, más bien, como una pugna entre el Diputado General, Diego Martínez de Álava, y Pedro López de Ayala, el primero como representante de una clase funcionarial al servicio de la Corona así como de la hermandad alavesa y, el segundo, como delegado de la gran nobleza territorial que se sentía postergada por los cambios institucionales que se abrieron desde principios del siglo XVI. La derrota de Durana, de 19 de abril de 1521, supuso no solamente el final de sus aspiraciones personales sino también con el intento de reforzamiento del poder nobiliar en este territorio. El Diputado General, las instituciones provinciales y los cercanos a Diego Martínez de Álava y a la Corona de Castilla salieron absolutamente fortalecidos tanto en el ámbito personal como en el institucional.

Eliminado y/o domesticado en gran medida el afán de protagonismo de los nobles alaveses, especialmente de las casas de los Ayala y del Infantado, otro nuevo enemigo comenzó a efectuar sus primeros movimientos estratégicos: la ciudad de Vitoria. Esta ciudad pretendía sacar provecho del protagonismo que tuvo en la formación de la Hermandad General de Álava, en la lucha contra los comuneros y de su estratégica posición en lo económico dentro del marco provincial. Los pleitos y disputas fueron continuos a lo largo de la Edad Moderna, especialmente en los siglos XVI y XVII. A comienzos del siglo XVII, en 1621, Vitoria y su jurisdicción peleaban cruelmente en los tribunales con el conjunto de las hermandades alavesas sobre el título y denominación de Álava (desde el siglo XV se hablaba de "Provincia de la Ciudad de Vitoria"). Posteriomente, combatieron por asuntos relativos a exenciones fiscales sobre productos de consumo (1681), por los incumplimientos de esta ciudad en sus servicios de soldados (1709) o por cuestiones de puro protocolo (competencias entre el Alcalde Ordinario de Vitoria y el Diputado General en cuanto a quién tenía prioridad en las rogativas por las personas regias, en 1722).

Por término medio, las instancias superiores sentenciaban a favor de la Provincia. A pesar de ello, Vitoria logró instalarse como centro neurálgico del nuevo organigrama político e institucional. En un principio, esta situación la compartía con Salvatierra, el valle de Ayala y Laguardia pero, paulatinamente, el peso de esta ciudad acabó por romper el equilibrio provincial. Desde 1498 los vitorianos controlaban una de las dos secretarías provinciales, la de ciudad y villas, y desde 1581 la primera Comisaría de la Junta Particular. Ahora bien, el punto principal de esta disputa se concretó en el privilegio más importante gozado por esta ciudad y consistente desde 1534 en la posesión de la mitad de los votos en la elección del Diputado General por lo que, necesariamente, este empleo recaía sucesivamente en las manos de los representantes de la oligarquía nobiliar de Vitoria. La Concordia de 1534 supone la obtención del control político provincial por medio del nombramiento casi exclusivo del cargo de Diputado General, dejando al mismo tiempo a un lado a la Corona y al resto de cuerpos provinciales. Los dos diputados anteriores, Lope López de Ayala y Diego Martínez de Álava, habían sido nominados por la Corona. A partir de esta fecha y hasta el siglo XIX, todos los Diputados Generales fueron nombrados por Vitoria y su oligarquía. También es cierto que la Corona de Castilla no vio ningún problema en esta situación ya que los miembros de la oligarquía vitoriana eran, en principio, uno de sus principales baluartes en el ámbito alavés por lo que Carlos V no dudó en confirmar esta concordia en 1535.

Esta conexión entre municipio y hermandad llevó a la oligarquía vitoriana a la cima del poder provincial, manteniendo íntegro el principio de que el Diputado General debía ser natural de la provincia. Con el beneplácito de la Corona, estas nuevas instituciones provinciales quedaron en manos de los miembros de la oligarquía nobiliaria vitoriana que cumplía con las exigencias legales para acceder al cargo y, sobre todo, mostraba una lealtad sintomática a la Corona. Desde el siglo XVI, los hidalgos rurales de las hermandades junto a los miembros de la oligarquía vitoriana coparon la mayoría de los empleos dejando fuera de las instituciones provinciales a los campesinos así como a los escasos miembros del artesanado y comercio vitorianos. Los ordenamientos elaborados entre fines del siglo XV y principios del XVI condicionaron absolutamente el perfil de quiénes podían acceder a los empleos "de la república", esto es, a los empleos públicos (poniendo trabas económicas, jurídicas y/o sociales). Esta oligarquía, donde confluían el viejo patriciado vitoriano así como los representantes más relevantes de la pequeña nobleza rural alavesa, también establecida en Vitoria, fue apuntalando su exclusivismo e idoneidad a lo largo de las siguientes centurias con gran éxito.

Bien es cierto que muchos de los miembros de este grupo elitista habían mantenido intensas relaciones con las actividades mercantiles durante el siglo XVI, como era el caso de los Álava, Esquíbel o Aguirre. La fase de ennoblecimiento posterior, sobre la base de la fortuna obtenida en el comercio o, sobre todo, derivada de la aplicación del importante concepto del "servicio a la Corona" en diversos empleos y cometidos, les convierte en los individuos y/o familias más adecuadas para hacerse cargo de los empleos con responsabilidades de diverso tipo. Poco a poco adquieren propiedades urbanas y rurales, torres, antiguos palacios, señoríos jurisdiccionales en desuso, títulos de la Corona o hábitos de órdenes militares que, en suma, sirven para justificar su propia idoneidad. Realmente esta oligarquía creó un círculo vicioso de mercedes y contraprestaciones que acabó por convertirles en los únicos aspirantes a ocupar los cargos políticos mayores y menores de la provincia y de los diversos cuerpos provinciales. Solamente en el siglo XVIII encontramos, con la revuelta de 1738 acaecida en Vitoria, un duelo que sobrepasa desde su inicio el principio de idoneidad defendido por esta nobleza. Nos referimos a la disputa entre la nobleza vitoriano y alavesa con los comerciantes de Vitoria. Este conflicto se supera mediante una tácita alianza que, en el fondo, solamente permite una pequeña apertura de las filas de esta oligarquía para que entrasen algunas nuevas familias vinculadas a la actividad mercantil y que, al poco tiempo, se ennoblecieron y siguieron los mismos pasos que sus antiguos enemigos.

En general, ni en las instituciones locales ni en las provinciales, la mayoría de los habitantes pudieron optar a ocupar los empleos que conllevaban ciertas responsabilidades y, sobre todo, una elevada carga honorífica. La mayoría de la población veía las instituciones referidas como elementos ajenos a sus posibilidades y aceptaba, a veces a regañadientes, el papel director de los miembros y/o familias que copaban los empleos superiores tanto en el orden local como provincial. Además de esta política práctica, el interés de esta oligarquía se salvaguardó mediante aprobaciones regias referentes a la imposibilidad de la venta de los oficios locales (como ocurre en Vitoria en 1630). La limpieza y la nobleza aparecían igualmente como elementos distorsionadores de la posibilidad de que cualquiera pudiese acceder a los oficios públicos. Más todavía en un territorio donde, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, no existía la hidalguía universal sino que para demostrar la hidalguía resultaba imprescindible serlo según el fuero de Castilla. Véase Nobleza.

Entonces, exceptuando a esa oligarquía, ¿qué beneficios obtenía la población alavesa del desarrollo de este entramado institucional concretado alrededor de la figura del Diputado General? La mayoría de los alaveses entendían que una de las funciones primordiales de las juntas y diputado consistía en la defensa a ultranza de los privilegios y exenciones que les correspondían por ser naturales de ese territorio. Ahora bien, el tópico de la exención generalizada ya se ha quebrado lo suficiente como para poder afirmar que, aun siendo más exentos fiscalmente que sus convecinos de Castilla, realmente a través de los servicios y donativos pagaron, no tan voluntariamente como se pretendía, gruesas sumas de dinero a las arcas de la Corona de Castilla. Puede resultar una contradicción que una sociedad que ve lastradas cada vez más sus posibilidades de excepcionalidad fiscal sea al mismo tiempo la principal sustentadora del mito de la exención.

El calificativo de exento, más propio de fines del siglo XVIII, no hacía justicia a la realidad que vivieron los alaveses durante la Edad Moderna. Realmente, desde el siglo XVI, lo que las autoridades provinciales de Álava pretendían era constituir una "forma propia de contribución". Esto es, que contribuyesen de manera diferente al resto de los reinos y territorios de la Corona y que ellos mismos se hiciesen responsables de la recaudación y contribución en su territorio sin la presencia de autoridades ajenas al mismo en estas funciones. Quizás los rasgos más llamativos de la peculiaridad alavesa, como la de las provincias hermanas, consistiese en la inexistencia de tasas de tránsito de mercancías ni en su comercialización. Esto es, al estar dispuestas las aduanas del Reino en vez de en la costa (como se pretendió entre 1718 y 1722) en el interior (con lo que el Ebro se convirtió en la frontera fiscal que no política del norte peninsular), los productos introducidos por ambos lados y que circulaban por Álava estaban exentas del pago de gabelas. Esto produjo una zona de menor presión fiscal que beneficiaba la compleja situación económica de gran parte del campesinado y del artesanado alavés.

Aunque las aportaciones generales de Álava a la Hacienda Real de Castilla fueron menores que las de otras provincias contribuyentes no podemos afirmar que fuese una zona realmente exenta. La provincia no conocía los servicios reales ni los millones ni los derechos de sacas. Ahora bien, aunque estancada, sí pagaba la alcabala y, sobre todo, gravosas sumas de dinero a través de los servicios armados. Dicho de otra manera, la vía ordinaria de contribución era menos gravosa en Álava que en el resto del Reino pero, a través de los servicios extraordinarios, se compensaba aquella diferencia. Por otro lado, una competencia propia de la provincia como era la composición, reparación y mantenimiento de la red viaria también contraía un continuo gasto que, a diferencia de en otras provincias, no gravaba las arcas de la Corona sino la de los naturales de ese territorio.

Aunque desde el siglo XVI, las autoridades alavesas tuvieron claras competencias respecto al gasto provincial siempre estuvieron desprovistas de una capacidad recaudatoria propia. Los gastos derivados de sus actuaciones y/o competencias se financiaban mediante derramas y/o repartimientos (esto es, repartos públicos organizados desde las instancias provinciales) entre los pueblos y hermandades. Pero entre las competencias de las juntas alavesas no estaba la de crear nuevas formas impositivas ni la de recaudarlos, de lo que básicamente se encargaron las corporaciones locales y hermandades. En el siglo XVIII, lapolítica de mejora del plan de puentes y caminos provincial generó la necesidad de nuevos ingresos. A fin de poder acometer esta función, propia en teoría del Estado, las autoridades alavesas se vieron obligadas a pedir permiso a las instancias superiores para imponer nuevos gravámenes sobre el vino, siempre con el beneplácito de la Corona y de la Hacienda Real.

A diferencia de Gipuzkoa y Bizkaia, Álava contó con un impuesto vinculado a la Corona de Castilla como eran las alcabalas (impuesto que grava las transacciones de todo tipo de bienes con tramos iguales o inferiores a un 10%) desde finales del siglo XV. Álava estaba adscrita a la denominada "Merindad de Allende Ebro", circunscripción que integraba también a Gipuzkoa y a las tierras riojanas de la zona norte del Ebro. Otras zonas, como los valles orientales de Valdegovía y Valderejo estaban también insertos en los llamados "Valles de Miranda" y Vitoria y su jurisdicción en la "Merindad de Allende Ebro". Como vemos ni desde un plano fiscal existía una mínima unidad entre los diversos cuerpos que integraban la realidad provincial. La otra mitad de la geografía alavesa quedaba al margen del pago de esta gabela (Ayala, Aramaio, Llodio, Artziniega, Urkabustaiz o Arrastaria). Los pagos, por lo tanto, eran independientes por cada agregado provincial. Después de un auge inicial, a partir de 1575 o 1577 se estabilizó la cuantía del pago de la alcabala hasta fines del Antiguo Régimen. Normalmente, el pago de esta gabela se encabezaba, es decir, se ofrecía una cantidad fija por varios años como un adelanto a la Hacienda Real quien, siempre necesitada de dinero, los aceptaba.

El encabezamiento sirvió para minorar los perjuicios que provocaba esta gabela. Ahora bien los principales afectados por su existencia no eran ni la nobleza ni el comercio sino, como resultaba habitual, los campesinos arrendatarios alaveses. Por medio del encabezamiento, la Corona transformó un impuesto indirecto en una vía directa de contribución impositiva. Esto es, tras encabezarse, los pueblos y la provincia acudían al reparto de la contribución entre todos los vecinos. Por ejemplo, Vitoria consiguió por un Real Privilegio de 19 de agosto de 1687, fijar un encabezamiento perpetuo de sus alcabalas estimado en algo menos de un millón y medio de reales. Encabezamiento ciertamente tardío porque los momentos de mayor influencia de las alcabalas fueron los anteriores a esta concesión, de lo que salió mucho más beneficiada Gipuzkoa. Realmente, en 1687, Vitoria compró el encabezamiento perpetuo a cambio de un donativo de 18.000 escudos a la Corona de Castilla.

Ahora bien, el verdadero peso de la fiscalidad regia en Álava fueron los servicios armados, esto es, la participación directa en la financiación de las empresas militares en Europa y América de la Corona española. Desde el siglo XVI, las aportaciones a los servicios de armas (con dinero, armas o soldados) fueron el elemento más distorsionador y conflictivo dentro del marco provincial. Conforme la guerra se fue convirtiendo en un elemento estructural durante la Edad Moderna, la exención teórica de Álava en esta materia fue perdiendo su virtualidad. En realidad, el problema principal no consistía en pagar o no los donativos demandados por la Corona sino en la formar de contribuir. El reparto por medio de la "hoja de hermandad", listado de los integrantes de las diversas hermandades y villas de Álava, provocaba continuos enfrentamientos, alteraciones, pleitos y fricciones entre los diversos cuerpos provinciales. Las desigualdades demográficas y de riqueza no se tenían demasiado en cuenta por lo que, al final, las hermandades o sus vecinos más pobres se veían directamente castigados por estas derramas. Frente a las quintas y enganches que existían en el resto del Reino, Álava gozaba de la posibilidad de evitar que sus jóvenes hiciesen el servicio militar, ahora bien, siempre previo pago de gravosas cantidades de dinero que, en último término, también perjudicaban a los más débiles.

Estaban obligados a proteger su territorio, Álava, mediante milicias o los llamados cuerpos provinciales pero no a participar en conflictos ajenos a su lugar de habitación o de nacimiento. Si en el siglo XVI el sempiterno enfrentamiento entre Castilla y Francia se convirtió en motivo de la continua demanda de donativos y/o servicios de armas, a partir del siglo XVII la situación empeoró notablemente. Las necesidades financieras de los reinados de Felipe III y IV, sobre todo durante el valimiento del Conde-Duque de Olivares, y las urgencias militares en la Europa del Norte provocaron que entre finales del siglo XVI y los años setenta del XVII se duplicasen las exigencias de la Corona. La guerra con Francia, el problema de Flandes o las sublevaciones de Portugal y Cataluña provocaron la continua sangría de los alaveses. Como bien explica Mª Rosario Porres, Álava pasó a triplicar sus repartimientos a fines del siglo XVII. Además, este incremento coincidió directamente con una fase de estancamiento generalizado en la economía provincial, paralela al del aparato imperial español. A cambio de estos donativos, Álava y sus autoridades consiguieron contrapartidas satisfactorias como el reconocimiento de Felipe IV en 1664 de la especial constitución alavesa, de su gobierno propio, de sus leyes, de su exención tributaria y la igualdad de la foralidad alavesa con la propia de las provincias hermanas.

El siglo XVIII aparece ante nuestros ojos como un período significado por la progresiva acentuación de la mirada de las autoridades borbónicas hacia el control y restricción de los tradicionales privilegios de las provincias vascas. Es un siglo donde los gravámenes siguen incrementándose, provocados por los conflictos sucesorios de principios de centuria y los internacionales de su segunda mitad. Mientras que la Guerra de Sucesión (1702-1713) afectó poco al territorio alavés mayor fue el quebranto producido por la Guerra de la Convención (1793-1796) e Independencia (1808-1812). Parte del incremento se debió al ingente esfuerzo de mejora de las vías de comunicación alavesas (creación del camino de coches entre Vitoria y La Rioja (1767 y 1778) o el Camino Real hacia Bizkaia por el alto de Altube. Los vizcainos también abrieron en 1772 el camino de Orduña y en dirección a Gipuzkoa se desvió el camino de postas, dejando a un lado el antiguo paso de San Adrián, por Arlabán hacia Mondragón y, sobre todo, la comarca de Deba. Este afán de mejora de la red viaria provocó la aparición, a partir de 1765, de ratificaciones a los deseos de aplicar nuevos gravámenes sobre artículos de primera necesidad (especialmente, el vino). Así es como realmente nació la fiscalidad provincial alavesa. Ahora bien, este nuevo sistema también produjo, como los repartimientos, graves conflictos ya que quienes controlaban las instancias provinciales aprovecharon esta situación para hacer recaer la mayoría de los gravámenes en las transacciones comerciales y en el consumo. Tanto los consumidores como los comerciantes se vieron fuertemente afectados por esta situación con lo que solamente la oligarquía y sus arrendatarios veían un futuro halagüeño en este nuevo sistema impositivo.

Durante el "Siglo de las Luces", Álava, vivió otro momento de tribulación y de gran preocupación alrededor del problema aduanero. Las autoridades provinciales consiguieron en 1703 que Felipe V, a cambio de los 2.500 doblones entregados dos años antes, el privilegio del "uso" o "pase" foral, como Guipúzcoa y Vizcaya. Esto es, mediante la fórmula del "obedézcase pero no se cumpla", las Juntas Generales y/o particulares, podían impugnar todas aquellas leyes, normas, órdenes o disposiciones que considerasen contrarias a los privilegios de Álava. Esta concesión, otorgada en plena Guerra de Sucesión, permitió cierto afianzamiento del régimen foral alavés. Ahora bien, poco después, en 1717, comenzó un nuevo conflicto derivado del intento de traslado de las fronteras aduaneras del Ebro a la costa cantábrica. Aunque a los cinco años, las aduanas volvieron a sus lugares originales hubo de establecerse el capitulado o convención de 1723, en 1727 con las otras dos provincias afectadas, por el que se daba paso a una nueva etapa en las relaciones entre la Corona y Álava. Este acuerdo actuaba preferentemente en cuanto a la capacidad de las justicias territoriales, alcaldes de hermandad, para participar en la lucha contra el contrabando que generaba la situación fiscal alavesa respecto a las poblaciones cercanas de Castilla. Esta competencia fue hábilmente utilizada por las autoridades provinciales para ir centrando alrededor de la figura del Diputado General cada vez mayores atribuciones respecto al contrabando en el interior provincial y respecto al cuidado de la frontera de Álava con el resto de territorios.

Por otro lado, la política borbónica también se dirigió a presionar las bases de la foralidad alavesa a través de vías indirectas. Sobre todo, la variación de la vía tradicional de la salida de la lana a través de Vitoria hacia San Sebastián y luego hacia Bilbao por medio de la fijación en 1763 de la aduana de lanas en Burgos y la construcción de un nuevo camino entre Castilla y Santander, con financiación de la Corona, entre 1748 y 1753, provocaron que los negociantes alaveses y vitorianos entendiesen claramente que había llegado el final de ser el principal almacén de lanas del norte peninsular. Poco más tarde le llegó el turno al hierro, segundo elemento característico de la vida mercantil de estas provincias. El deseo de Carlos III de lograr una unificación arancelaria, tan demandada desde mediados de la centuria, quedó plasmado en el arancel de 1780 que consideraba a los géneros provenientes de las Provincias Exentas como foráneos (independientemente de su procedencia). Esta medida gravó fuertemente a las numerosas ferrerías así como a las fábricas de curtidos y harinas establecidas en las tres provincias. Probablemente se sintiesen más afectadas las provincias costeras que Álava por la menor presencia de este tipo de manufacturas en su territorio (básicamente localizadas en tierras de Ayala, Zuia y Araia, los valles norteños). Al comercio vitoriano y alavés sólo se le ocurrió la idea de proponer la creación de un Consulado y Tribunal de comercio en 1780, rápidamente obstaculizado desde Madrid.

La evolución demográfica alavesa durante la Edad Moderna siempre estuvo condicionada por ser el territorio menos poblado. Partiendo de una población estimada en unos cincuenta mil habitantes a principios del siglo XVI, todavía mantenía este guarismo dos siglos después. Ahora bien, este claro estancamiento en la larga duración choca con la existencia de varias fases internas. El crecimiento del siglo XVI, demográfico y económico, le permitió crecer por encima de sus posibilidades (llegando en 1557 a un total de cerca de setenta mil habitantes). Álava, según las estimaciones de Luis M ª Bilbao, se presentaba como una provincia excedentaria en artículos de primera necesidad: trigo (de modo singular, la Llanada alavesa) y vino (sobre todo en la zona de La Rioja). Con ellos abastecía las necesidades de las provincias costeras. Mientras tanto, el resto de zonas alavesas llegaba justo a cubrir sus necesidades de manera coyuntural siempre muy cerca de la "espiral del crédito". Entre 1535 y 1590 los índices productivos del cereal ascendieron un 48% y los del vino un 60%. Por otro lado, la comarca de Salinas de Añana contaba con una importante producción de sal que abastecía los mercados castellanos además de los alfolíes de Álava, siempre con la atenta e incordiante oposición de los herederos de Poza de la Sal (Burgos). En el siglo XVIII, como bien lo indica Mª Rosario Porres, Añana producía hasta unas ocho mil fanegas de sal destinadas al mercado alavés y otras cuarenta mil vendidas en tierras de Castilla. A esta estructura económica de inicios del siglo XVI debemos añadirle el papel primordial de Vitoria como plaza de negociación y fiscalización de la lana que se exportaba a Europa y del hierro vasco que buscaba los mercados de Castilla e Indias.

Ahora bien, a pesar de que la edad de oro de este comercio fuese la primera mitad del siglo XVI, poco a poco, las plazas mercantiles de San Sebastián y Bilbao fueron quitando peso a la mediación vitoriana y alavesa en estos negocios. Estos comerciantes, básicamente, se dedicaron al negocio de la comisión, esto es, cobrar porcentajes por ofrecer servicios en el proceso de comercialización de estos productos. El centro neurálgico de este tipo de negociación se sustentaba en la presencia del principal puesto del sistema aduanero en la ciudad de Vitoria. En esta localidad se concentraba la depositaría, tesorería, oficinas de administración, guardas de rentas y, sobre todo, el lugar de habitación y acción del Gobernador Subdelegado de Rentas del Distrito de Cantabria, nombre con que se conocía en el siglo XVIII al distrito aduanero vasco. De este modo, todas las mercancías y personas que deseaban entrar en Castilla o salir de ella por la puerta cantábrica debían hacerlo por Vitoria. Lógicamente, en esta ciudad también debían satisfacer a la Hacienda Real el importe arancelario de sus productos. Y, en este último asunto es donde alcanzaban una especial importancia los comerciantes vitorianos quienes adelantaban parte de la cantidad que debían satisfacer los productos que entraban o salían por este verdadero "Portal de Castilla". A cambio de este servicio obtenían un ingreso porcentual conceptuado como comisión, de extremada difícil cuantificación, los encomenderos vitorianos. A principios del siglo XVII, cuando los mercaderes portugueses estaban controlando la mayor parte de los negocios que se producían en la meseta norte castellana, varios de ellos establecieron agentes o buscaron encomenderos fieles que les asegurasen el mantenimiento estable y regular de sus negocios.

El negocio de la encomienda o comisión se mantuvo activo hasta mediados del siglo XVIII cuando buena parte de los comerciantes vitorianos vieron tanto que el negocio de lana y el hierro avanzaban en franca decadencia como que la Hacienda Real limitaba gran parte de sus posibilidades de controlar el aparato aduaneros que, en cierta medida, siempre tenido bajo cierto control. El fraude y el contrabando se convirtieron en elementos propios de una economía de frontera como era la alavesa. El control de las aduanas permitía a estos comerciantes realizar acciones fraudulentas produciéndoles grandes beneficios. Ahora bien, la cercanía de la frontera castellana, en las mismas orillas del Ebro, produjo la aparición de una incesante economía de contrabando en la que, de una u otra manera, casi toda la población participaba directa y/o indirectamente. La proliferación de las tiendas públicas en la mayoría de las localidades de la comarca de la Rioja alavesa (especialmente en al villa de Laguardia, Labastida o La Puebla de Labarca) mostraba a todas luces el palpable lucro que obtenían los campesinos, tenderos, artesanos, arrieros, comerciantes y nobles alaveses con ciertos productos. Aunque cualquier mercancía podía ser objeto de contrabando bien es cierto que la plata y el tabaco se convirtieron en los principales productos de una actividad tan ilegal como lucrativa.

Mientras que la capital provincial apostaba directamente por el mantenimiento del control de los mercados de la lana y del hierro a lo largo de esto siglos, el resto de Álava veía marcadas sus pautas económicas y productivas por el predominio de la explotación agrícola y ganadera. Estas actividades primordiales del campesinado alavés también se veían acompañadas, estacionalmente, de la participación de los aldeanos en la explotación de los bosques (sobre todo en los valles del Norte donde hasta finales del siglo XVIII se mantuvo un reducido número de ferrerías, sobre todo, en el de Ayala) y, especialmente, de su intervención en el negocio del transporte. Junto a los transportistas cameranos, sorianos y de los valles de la sierra burgalesa, los arrieros alaveses constituyeron un elemento cardinal en el mantenimiento de la exportación de la lana y la introducción del hierro vasco en Castilla. En la penosa perspectiva del siglo XVII, la arriería se convirtió en una medida de salvación fundamental para muchas de estas economías campesinas que siempre estaban en el umbral de la "espiral del crédito". Estos ingresos auxiliares sirvieron a muchas de estas familias para poder mantener sus escasas propiedades, casas y tierras.

La bonanza de la economía agrícola del siglo XVI comenzó a verse truncada desde los años setenta de esta centuria con la acumulación de una serie de malas cosechas y, sobre todo, con la aparición en 1598 de los primeros signos de la peste atlántica. Las ciudades y los campos alaveses se vieron diezmados, como los de Castilla, por estas circunstancias y la situación seguiría siendo parecida a principios del siglo XVII, acumulándose sequías, heladas, pedriscos así como años de sequíasy de inundaciones. Además de la decadencia productiva y demográfica, este cúmulo de problemas provocó un profundo desequilibrio en el conjunto de los propietarios de las tierras productivas alavesas que, poco a poco, fueron cayendo en manos de las familias de la oligarquía, de los comerciantes enriquecidos, de los usureros avezados y en el patrimonio de la Iglesia. Conforme avanzamos en estos siglos el número de propietarios va decayendo progresivamente apareciendo un panorama desolador donde gran parte del campesinado alavés se ve obligado a convertirse en arrendatario o en jornalero. Durante el siglo XVII solamente la introducción en los valles del norte de Álava de un nuevo producto americano, el maíz, solventó parcialmente la penosa situación que venimos describiendo. Sin embargo, la comarca de la Rioja alavesa mantuvo una situación mucho menos dramática gracias a una profunda especialización en el negocio vitivinícola que siempre contaba con una activa demanda en las provincias costeras.

Esta situación perduró casi hasta el primer cuarto del siglo XVIII. A partir de entonces se abrió una etapa de prosperidad para el campo alavés, tanto en cuanto a los niveles productivos como al aumento poblacional. La imagen del siglo XVIII sería la de una provincia con una mayor carga poblacional, unos centros urbanos más activos y unas tierras más productivas. Tampoco debemos pensar que la situación de los campesinos, la mayoría arrendatarios y/o jornaleros, mejorase grandemente en esta centuria aunque sí es cierto que se alejaron algo más de los penosos niveles de subsistencia del siglo anterior. Por decirlo de otra manera, el hambre y la penuria llamaba con menor frecuencia a las puertas de estos campesinos. La mejora de la producción es sintomática sobre todo cuando advertimos que el eco de los famosos motines de 1766, contra Esquilache, tuvieron escasa repercusión en Álava. A la par, los cosecheros de la Rioja alavesa seguían empleando tierras de pasto y de cereal para el cultivo de la vid. Esta tendencia a la especialización en la producción pero no en la mejora del producto puso en el mercado una excesiva oferta de vino que acabó por producir un descenso continuado de los precios y a la aparición de problemas para los productores riojanos. Solamente los intentos de familias como los Quintano con sus continuos y provechosos viajes a Burdeos y otras localidades francesas en busca de nuevas técnicas ponían un contrapeso a la perjudicial especialización advertida en el agro riojano. Véase AAM

La religiosidad de esta sociedad abarcaba todos los campos de la vida cotidiana, pública y privada, de los alaveses de la Edad Moderna. Estos siglos no presencian en tierras alavesas la aparición de controversias ni disputas teológicas, pocos penitenciados y menos ajusticiados por las autoridades inquisitoriales además escasos perseguidos por sus creencias. Aún siendo una tierra de paso, ahora bien no de entrada, en pocas ocasiones queda constancia de la aparición de focos opuestos a los designios doctrinales de la Iglesia Católica. Solamente la presencia del denominado "Cordón del Ebro", línea fronteriza marcada a lo largo y ancho del Ebro a su paso por la comarca de la Rioja alavesa donde se situaban las tropas o guardas aduaneros, tuvo una decisiva actuación en la lucha contra la penetración de las nuevas ideas provenientes de la Revolución francesa de 1789. Fuera de esta circunstancia, la Edad Moderna alavesa mantuvo una unidad doctrinal sin problemas ni alteraciones.

Las pequeñas iglesias rurales alavesas estuvieron adscritas a las órdenes y gobierno del Obispado de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzada (sólo en el último cuarto del siglo XVIII algunas localidades del valle de Ayala estuvieron administradas desde el nuevo Obispado de Santander). Sin embargo, en la Alta Edad Media había existido un incipiente obispado que abarcaba propiamente el territorio provincial. Álava y Vitoria guardaron celosamente aquel recuerdo y reclamaron sucesivamente su reposición durante la Edad Moderna. Lo demandaron ante Adriano de Utrech en el siglo XV, durante el reinado de Felipe II y, por último, hacia 1780. Todos estos intentos cayeron en saco roto hasta que en 1861 se creó la diócesis de Vitoria. Forzada a pertenecer a la diócesis calagurritana, excepto las comarcas de Artziniega, Valdegovía y el oeste de Bergüenda, Álava se encontraba inscrita junto a territorios con tradiciones culturales así como realidades políticas y culturales enormemente dispares, como bien lo muestra Teresa Benito Aguado.

Lorenzo Prestamero, a fines del siglo XVIII, hablaba de un amplio clero alavés, integrado por unas 1401 personas. Este grupo social contaba con un enorme prestigio por su función y los honores que conllevaba pero, al unísono, gozaba de unas escasas posibilidades económicas, con la sonora excepción de los clérigos vitorianos y los de algunos conventos repartidos por la provincia. Junto al convento de clarisas de Quejana, dentro del orden regular, en Álava los conventos más relevantes se concentraban en la capital (especialmente, los de San Francisco y Santo Domingo, tanto masculinos como femeninos). Dentro del orden regular cabe destacar la existencia de la Colegiata de Vitoria, dignidad concedida en 1498 a la parroquia de Santa María de esta ciudad, donde se trasladaron los canónigos de Armentia. Junto a la Colegiata actuaba la Universidad de Parroquias de Vitoria donde se insertaban todos los beneficiados de las cinco parroquias de esta localidad. A este agregado parroquial, al que uniríamos las parroquias establecidas en la mayor parte de los lugares provinciales, habría que añadir la presencia de los capellanes, un clero flotante, y la presencia de numerosas ermitas y lugares sagrados repartidos por los cuatro puntos cardinales alaveses.

Esta estructura administrativa y gubernativa de la Iglesia en Álava se acompañaba de una religiosidad popular muy profunda que se vertebraba fundamentalmente alrededor de un sinfín de procesiones, romerías y fiestas patronales. El clero alavés se dedicó a alimentar continuamente a la población de estas celebraciones religiosas fundamentales tanto en cuanto al mantenimiento de los principios doctrinales y piadosos dispuestos por las autoridades eclesiásticas como a asegurar la cohesión social. Esta fervorosa religiosidad popular también se veía protegida y auspiciada por las numerosas congregaciones o cofradías devocionales que se podían encontrar en la mayoría de las localidades alavesas. A lo largo del siglo XVIII, estas celebraciones también se vieron acompañadas por las misiones encargadas a los jesuitas. Estas misiones consistían en predicaciones, con sermones y actos de devoción popular, destinadas a cohesionar y mantener estable el credo de la población tanto urbana como rural.

AAM

En la Europa de finales del siglo XVIII todavía estaban vigentes las viejas estructuras de tipo estamental. Pero la concepción organicista, corporativa y teocrática del Antiguo Régimen quebró con el triunfo del liberalismo, que sentó las bases de una sociedad más individualista, igualitaria y contractual. En nombre de los derechos civiles se abolieron los privilegios nobiliarios y con el reconocimiento de los derechos políticos se convirtieron en ciudadanos los que hasta entonces sólo eran súbditos. El nuevo código civil de inspiración napoleónica hizo de la propiedad privada el símbolo de la sociedad burguesa, mientras que la economía capitalista se asentó sobre el mercado, la libre competencia y el beneficio empresarial. Simultáneamente, los formidables avances tecnológicos que se sucedieron a lo largo de la centuria -daguerrotipo, telégrafo, ferrocarril, electricidad, etc.- modificaron de forma irreversible las condiciones de la vida cotidiana.

Fueron cambios espectaculares que, sin embargo, se abrieron paso con mucha lentitud. Aunque a medio plazo la sociedad liberal resultara más próspera, dinámica y abierta que la sociedad estamental, su implantación resultó muy conflictiva. Los liberales eran originariamente un grupo reducido, culto y fundamentalmente urbano, cuyo discurso apenas tuvo eco en el campo. La nobleza consideraba insolentes sus planteamientos igualitarios y los campesinos desconfiaban de todo lo que no dimanara de la tradición. Francia fue el primer país en acabar con las viejas estructuras mediante una revolución antifeudal, antimonárquica y antirreligiosa. Pero fue algo excepcional, porque en los demás países europeos los liberales prefirieron entenderse con la aristocracia a costa de los campesinos. A cambio de apoyar al nuevo régimen y de renunciar a sus privilegios feudales, la nobleza terrateniente conservó casi intactas sus posesiones y gran parte de su antigua influencia social. Mucho peor parada salió la Iglesia que, al ver drásticamente reducido su poder, sus efectivos y su riqueza, apoyó sin reservas el bando antiliberal.

En España, el desmantelamiento de la sociedad estamental fue un proceso especialmente largo y conflictivo. Tras las contiendas con la Francia revolucionaria (1793-95 y 1808-1814), la pugna entre absolutistas y liberales desembocó en una cruenta guerra civil (1833-1840). Sobre la derrota de la monarquía absoluta se implantó la monarquía constitucional, cuyo gran valedor fue el Ejército. El pretorianismo militar condicionó el desarrollo de los partidos políticos de manera que, tras la desaparición de amenaza carlista, los liberales se dividieron en dos fracciones muy mal avenidas, con escaso respaldo social y una cohesión interna muy débil. La fracción más conservadora representaba los intereses de los grandes terratenientes y de la burguesía financiera, deseaba la reconciliación con la Iglesia desamortizada y se identificaba con el Partido Moderado. En cambio, las clases medias y los sectores populares urbanos más comprometidos con la defensa de las libertades apoyaban al Partido Progresista.

Los moderados gobernaron casi ininterrumpidamente durante el reinado de Isabel II (1843-1868) y sentaron las bases de un Estado centralista y unitario, donde la soberanía nacional quedó secuestrada por la omnipotencia de la administración. En septiembre de 1868 fueron expulsados del poder por los progresistas, que lideraron la coalición revolucionaria que derrocó a la Reina e impuso un régimen democrático. Pero ni la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya, ni la República federal que vino después, pudieron encauzar la formidable agitación social y política desencadenada por la revolución de septiembre. En medio de un caos absoluto, con los secesionistas cubanos y los federales hispanos alzados en armas, estalló una nueva guerra carlista (1872-76). Sólo tras la recomposición del mapa político en beneficio de los sectores liberales más conservadores, y la restauración de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, el gobierno central estuvo en condiciones restablecer el orden e imponer su autoridad.

Debido a su particular situación institucional, en Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra la crisis del Antiguo Régimen se solapó con la cuestión foral. Desde finales del siglo XVIII numerosas voces pedían la remodelación de los fueros, aunque las Juntas bloquearon toda novedad. Determinados ilustrados vascos como el alavés Valentín de Foronda reclamaban la reforma del ordenamiento foral para acoger las necesidades de una burguesía comercial en ascenso; pero los críticos más radicales, defensores de un regalismo antiforalista, deseaban supeditarlo a las necesidades del reino. El debate foral quedó en suspenso con la invasión napoleónica, pero se reabrió con la pugna entre absolutistas y liberales. Paradójicamente, el sector más inmovilista en materia foral se alineó con el absolutismo monárquico, en tanto que los reformistas se hicieron liberales. Contra todo pronóstico, el régimen foral subsistió al término de la primera guerra carlista. Fue debido al entendimiento entre los moderados y los fueristas, apelativo dado a los patricios vascos que desde el principio de la contienda estuvieron al frente de las instituciones forales y defendieron la causa de Isabel II.

La constitucionalización del régimen foral prevista en la Ley de 25 de octubre de 1839 fue uno de los grandes ejes de la política vasca en el periodo de entreguerras. A diferencia de la estrategia seguida por Navarra, que para agosto de 1841 ya había cerrado un acuerdo con el gobierno central, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia apostaron por la indeterminación jurídica. En lugar de negociar abiertamente un acuerdo para adecuar los contenidos del régimen foral al marco constitucional, como hicieron los navarros, prefirieron echar balones fuera, esperando que el gobierno central acabara transigiendo con esta situación de hecho. Esta suposición dio buenos resultados mientras se mantuvieron en el poder los moderados, aliados y valedores de los fueristas gracias a la doble militancia de vascos influyentes como Pedro de Egaña o el general Lersundi; pero a la larga resultó fatal, porque acabó vinculando la cuestión foral a la resolución de la última guerra carlista.

Debido a su estratégica situación entre Madrid y París, Álava estuvo constantemente ocupada por los ejércitos napoleónicos desde el otoño de 1807. Buena parte de la clase dirigente provincial se adhirió inicialmente al proyecto reformista de José Bonaparte. Como el Diputado General Valentín María de Echávarri, o el Marqués de Montehermoso. Pero el despiadado comportamiento de las tropas imperiales, que arrancaron violentamente a la Junta Particular el juramento de fidelidad a José Bonaparte y trataron a los alaveses como habitantes de un país conquistado, trocó en resentimiento las simpatías iniciales. Miguel Ricardo de Álava, popularmente conocido como el general Álava, es quien mejor representa ese cambio de actitud: después de haber firmado la constitución de Bayona, cambió de bando y se puso al servicio de los patriotas que combatían a Bonaparte. Su credibilidad se resintió aún más tras la anexión a Francia en febrero de 1810 de los territorios comprendidos entre el Ebro y los Pirineos. Poco después se suprimió el régimen foral y el general Thouvenot asumió la administración conjunta de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Pronto la insurrección se extendió a todos los rincones de la Península aventada por un clero que predicaba la guerra santa contra el impío y unas Cortes reunidas en Cádiz que llamaban a la guerra patriótica contra el invasor. La extensión del conflicto bélico se volvió contra el rey intruso. Sus tropas sólo controlaban las ciudades y las principales vías de comunicación; el resto del territorio estaba en manos de la guerrilla. Gracias a la existencia de esas zonas liberadas se pudo reunir de forma clandestina la Junta General de Alava en el lugar de Tertanga. La reunión tuvo lugar el 27 de mayo de 1812 y fue convocada por Emeterio Ordozgoiti y Manuel Ignacio Ruiz de Luzuriaga, comisionados por el gobierno gaditano para restablecer el régimen foral. Tras prestar juramento a Fernando VII como rey de España, se procedió al nombramiento de la Junta Particular. En la reunión de noviembre de ese mismo año se designó como Diputado General a Miguel Ricardo de Álava, el representante de las Cortes en el estado mayor de Wellington y que tan destacada intervención tuvo en la batalla de Vitoria (21 de junio de 1813).

Tras la liberación de la ciudad, se proclamó con toda solemnidad la constitución de Cádiz. Aduciendo que el régimen constitucional velaría en adelante por la defensa de las libertades y por la conservación del buen gobierno, se dio por clausurado el régimen foral sin que se registraran demasiadas protestas. Esta primera experiencia constitucional apenas duró un año. En mayo de 1814 Fernando VII disolvió las Cortes, declaró traidores a los liberales y restableció la monarquía absoluta. A cambio del correspondiente donativo, también repuso los fueros. El bastón de Diputado General volvió a Miguel Ricardo de Álava. Como en las demás provincias, el cambio de régimen también propició ajustes de cuentas. La represión estuvo dirigida por Nicasio José de Velasco, Teniente del Diputado General. Este aristócrata de firmes convicciones absolutistas aprovechó sus contactos en la corte para pedir el procesamiento de cuantos habían intervenido en la proclamación de la constitución, incluido su superior jerárquico. Gracias a la intercesión de Wellington y de la propia Junta General, que desautorizó el celo represivo de Velasco, Miguel Ricardo de Álava fue rehabilitado por el propio Fernando VII.

La segunda experiencia constitucional tuvo lugar durante el trienio 1820-1823 y dejó profundas huellas en la memoria colectiva. Como los liberales buscaban el entendimiento con las elites provinciales, la renovación institucional no implicó un cambio sustancial de personas. De manera que las antiguas autoridades forales menos comprometidas con la reacción absolutista se transmutaron sin dificultad en constitucionales: Manuel de la Rivaherrera pasó de comisionado en corte a jefe político, y el ex Diputado General Diego de Arriola, por poner otro ejemplo, salió elegido vocal de la nueva Diputación provincial. Uno y otro comprobaron con horror cómo el entusiasmo constitucional de los alaveses se iba enfriando por momentos y cómo el régimen foral, suprimido en medio de una indiferencia casi general, ganaba partidarios rápidamente; el reemplazo del ejército, el nuevo sistema de contribuciones y la libertad de arrendamientos resultaron especialmente odiosos para la población. Por otro lado, la libertad de prensa y la desamortización eclesiástica pusieron a la Iglesia contra los liberales. Cada vez eran más los que consideraban el régimen constitucional como una doble agresión, económica y cultural, a las formas de vida tradicionales. El descontento adoptó la forma de sublevación abierta: el jueves santo de 1821 se sublevaron en Salvatierra más de un millar de campesinos contra el régimen constitucional. Quienes no sucumbieron a la represión, recibieron como liberadores dos años después al ejército francés enviado por la Santa Alianza a las órdenes del duque de Angulema para acabar con el gobierno liberal.

Entre 1823 y 1833, el penoso recuerdo de la experiencia constitucional reunió en un solo bloque a los sectores sociales contrarios a la revolución. La iniciativa partió de la nobleza rural más antiliberal que, tras el restablecimiento de los fueros, recuperó el control del gobierno provincial. Esta vez resultó mucho más contundente la represión, que fue dirigida desde la Diputación por Valentín de Verástegui. Hacendado de buena familia vinculada, además, al gobierno provincial, Verástegui consiguió armar, movilizar y adoctrinar al campesinado en un absolutismo de resonancias foralistas. Al igual que Valdespina y Novia de Salcedo en Bizkaia, se valió de los tercios de naturales armados, variante local de los voluntarios realistas. Al frente de este cuerpo paramilitar, el 7 de octubre de 1833 tomó Vitoria y proclamó en ella a don Carlos como rey de España. Aunque los naturales armados no tenían la eficacia del ejército regular y fueron dispersados con facilidad por las tropas regulares de Sarsfield, proporcionaron los voluntarios y los oficiales del primer ejército carlista.

Excepto Vitoria, y las villas que podían defenderse desde el Ebro, desde Oyón a Puentelarrá, las demás poblaciones alavesas cayeron en manos carlistas muy pronto. Debido a su estratégica situación, Vitoria se convirtió en el centro logístico de las tropas de la reina, en el punto de partida de las expediciones que partían hacia el frente. No obstante, la ciudad también se vio asediada en diversas ocasiones y, el 15 de marzo de 1834, resistió valerosamente el asalto dirigido por el propio Zumalacárregui. Mientras duró la contienda, no resultó fácil la vida en su interior. Dentro del recinto amurallado se hacinaban los heridos y deambulaban refugiados llegados de todos los pueblos alaveses. Las contribuciones extraordinarias se sucedían vertiginosamente y escaseaban los productos de primera necesidad. No faltaron los roces entre las autoridades civiles y las militares; e, incluso, entre el Ayuntamiento de Vitoria dominado por liberales progresistas y la Diputación foral, presidida casi hasta su disolución en el verano de 1837 por Íñigo Ortés de Velasco. En aquel contexto de incertidumbre tuvieron lugar los trágicos sucesos protagonizados por la soldadesca en julio, que costaron la vida a diversas autoridades, y dieron lugar a la formación de un Comité de Salud Pública.

Contrariamente a las previsiones del gobierno progresista, la supresión del régimen foral no aceleró el final de la contienda. Tampoco surtió un efecto visible la leva de cien mil soldados -luego fueron muchos menos-, anunciada por Juan Álvarez de Mendizábal. Poco a poco fue cobrando fuerza la idea de separar la cuestión foral de la causa de don Carlos, de buscar un final negociado de la guerra sobre la base de 'paz con fueros'. Esta fórmula, que surgió en los círculos fueristas, fue apadrinada por los moderados y asumida también por los progresistas. El final es conocido: el abrazo de Vergara (31 de agosto de 1839) puso fin a la contienda en el escenario vasco y las Cortes, tras confirmar los fueros, se comprometieron a negociar con las Diputaciones vascas las modificaciones necesarias para adecuarlos al marco constitucional (Ley de 25 de octubre de 1839).

La Ley de 25 de octubre de 1839 fue un éxito personal de los fueristas; es decir, de quienes al estallar la guerra civil aseguraron la fidelidad de las instituciones forales a la reina Isabel II. Su plana mayor estaba formada por patricios como Francisco Hormaeche (vizcaino), el conde de Villafuertes e Ignacio Asencio de Altuna (guipuzcoanos) o Fausto de Otazu e Íñigo Ortés de Velasco (alaveses). Se trataba de un grupo reducido pero muy influyente, unido por lazos familiares y fuertes convicciones políticas. Hacendados, nobles y cultos, se proclamaban liberales y fueristas a un tiempo; pero eran fueristas antes que liberales. Contemplaban el fuero como la verdadera constitución provincial sedimentada en el transcurso de la historia y estaban convencidos de que la prosperidad del territorio dependía de su conservación. Por su extracción social, su conservadurismo y su aversión a la soberanía popular, estaban más cerca de los moderados que de los progresistas. Precisamente sellaron con sangre su alianza con los moderados al comprometerse con ellos en la conspiración antiesparterista de octubre de 1841, en la cual Ortés de Velasco y Pedro de Egaña comprometieron a la Diputación alavesa. Espartero, como castigo, suprimió el régimen foral; pero los moderados lo restablecieron tan pronto como recuperaron el poder (R.D. de 4 de julio de 1844).

Bien es verdad que se trató de un restablecimiento parcial porque, de lo contrario, el régimen foral hubiera sido inaceptable para los mismos moderados. A cambio de aceptar la supresión del pase foral, el traslado de las aduanas a la costa o la implantación del sistema judicial, las Diputaciones forales ampliaron extraordinariamente sus competencias administrativas y mantuvieron intacta su autonomía financiera. Alaveses, guipuzcoanos y vizcainos conservaron, además, sus tradicionales exenciones fiscales y militares. Gracias precisamente a su buena gestión económica y a su habilidad para salvaguardar la administración interior de las injerencias del gobierno central, las instituciones forales alcanzaron una popularidad inmensa, muy superior a la que habían tenido hasta entonces. La Diputación extendió su manto protector a todos los alaveses, que podían presumir de tener las mejores carreteras, la granja modelo más espectacular y los mayores índices de alfabetización de toda España.

Aunque no varió la representación de tipo corporativo-territorial vigente en las Juntas Generales, y todas las Hermandades conservaron la misma capacidad de decisión con independencia del número de vecinos, se eliminaron algunas restricciones que pesaban sobre el elemento popular, como el certificado de nobleza exigido a los junteros. Con el fin de aumentar el peso de la burguesía comercial urbana en el gobierno provincial, en 1840 se introdujeron las reformas pertinentes para que Vitoria estuviera constantemente representada en la Junta Particular y pudiera intervenir en el control de la hacienda provincial; algún tiempo después también se levantó la prohibición que inhabilitaba a los abogados, típicos representantes de las clases medias urbanas, como miembros de la Junta General. Con estas medidas los fueristas consiguieron congraciarse con las clases populares y restablecer el consenso entre los notables rurales y la burguesía urbana, los dos grupos sociales que tradicionalmente habían compartido el gobierno foral.

También los eclesiásticos contribuyeron a la reconciliación de la sociedad alavesa -y vasca- en torno esa foralidad renovada. Contraviniendo expresamente las disposiciones del gobierno central, al término de la primera guerra carlista las Juntas Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia recomendaron continuar pagando el diezmo. Lo hicieron así en parte por piedad, para salvar al clero vasco del abandono padecido por el clero español tras la abolición de la prestación decimal; pero también por cálculo político, porque a cambio de asumir los gastos provinciales de culto y clero eludieron la reforma fiscal de 1845. Pero el compromiso eclesiástico de las autoridades forales fue más allá: con el respaldo del gobierno central moderado, las tres provincias obtuvieron la creación de un Obispado vasco con sede en Vitoria bajo la promesa de sostenerlo conjuntamente. Entre el estamento eclesiástico y las autoridades forales se establecieron unos vínculos de respeto, lealtad y mutua simpatía que contrastaban con la permanente desconfianza del clero español hacia los gobiernos liberales desde la época de Mendizábal. Con el paso del tiempo, catolicismo y fueros se convirtieron en los elementos centrales de la identidad vasca junto con el particularismo etno-cultural.

El imparable ascenso del capitalismo, que transformó radicalmente el paisaje y la estructura social de Europa occidental, también afectó al País Vasco. Aunque de forma muy desigual: el desarrollo socio-económico fue mucho más temprano e intenso en Bizkaia que en Gipuzkoa, y apenas se notó en Álava hasta bien entrado el siglo XX. Así lo atestiguan, para empezar, los indicadores demográficos. Mientras el territorio alavés apenas multiplicó su población por 1.5 a lo largo del ochocientos, las provincias costeras duplicaron o triplicaron la suya. Esta menor vitalidad resulta todavía más patente teniendo en cuenta que las ganancias demográficas se consiguieron en la primera mitad de la centuria: los setenta mil alaveses de 1797 eran noventa y ocho mil en 1860, pero no superaron esa cifra hasta 1920. La población se distribuía en pequeñas aldeas; tan pequeñas, que tres de cada cuatro tenían menos de 200 habitantes, y sólo once superaban el millar. Estos datos confirman la profunda ruralización del territorio alavés y su acusada vocación agraria: todavía en 1900 seis de cada diez personas laboralmente activas se empleaban en el sector agropecuario.

El arcaísmo era el rasgo más sobresaliente de la agricultura provincial, basada preferentemente en el cultivo de los cereales de secano. El agro alavés estaba dominado por la figura del labrador, un cultivador directo con muy pocos recursos, que recurría de forma intensiva al trabajo familiar y estaba más familiarizado con el autoconsumo que con el mercado. Algunos eran tan pobres que ni siquiera tenían en propiedad animales de tiro. La ausencia de capitales, la escasa fertilidad del suelo, la excesiva fragmentación de las parcelas y la obsolescencia de los métodos de cultivo retrasó la modernización efectiva de agricultura alavesa. Todavía a comienzos del siglo XX abundaban más los arados romanos que los de vertedera y el barbecho ocupaba casi la mitad de las tierras cultivadas.

Las ayudas oficiales no bastaron para modernizar el sector, aunque los vinateros las aprovecharon mejor que los cerealicultores. En los años cincuenta la Diputación foral importó nueve mil cepas americanas para mejorar las variedades de uva autóctona y contrató un enólogo bordelés para difundir la elaboración de vino por el sistema medoc. Fue el primer paso para la renovación de los caldos riojanos que, gracias al ferrocarril, ampliaron considerablemente su mercado tradicional. Desde entonces el viñedo riojano creció en cantidad y en calidad. Con la construcción de modernas bodegas como la del marqués de Murrieta o la del marqués del Riscal comenzó la comercialización a gran escala de vinos de calidad. Véase Ramón Ortiz de Zárate.

Profundamente católico e identificado con un foralismo liberal de contornos imprecisos, el patriciado urbano tenía una concepción elitista y patrimonial de la política. La concebían como la gestión de los intereses públicos desde una perspectiva más comunitaria que partidista. En el otro extremo de la escala social, se encontraban las clases populares: artesanos, dependientes, obreros de la construcción, mozos de carga, labradores, trabajadores sin especialización ni empleo fijo, pobres de solemnidad, etc. Vivían hacinados en el casco viejo y al margen de la actividad política, regulada por un rígido sufragio censitario; pero se beneficiaban de una amplia red asistencial regida por una junta de gobierno, por la que rotaban los miembros del patriciado urbano. Los cuidados dispensados por el asilo-hospicio, el hospital, el médico de pobres, la caja de ahorros y monte de piedad o las escuelas municipales gratuitas atenuaban las diferencias de fortuna y contribuían a reforzar la cohesión social. Salvo en momentos muy puntuales, como el periodo comprendido entre 1868 y 1876, entre las elites primó el consenso sobre el conflicto y, entre las masas, la pasividad sobre la agitación.

La coalición revolucionaria triunfante en 1868 buscaba acabar con la corrupción de la corte isabelina y democratizar a fondo el sistema político español. Pero fue devorada por las desavenencias internas y por la agitación social y política que provocó. La triple sublevación de los independentistas cubanos, los republicanos cantonales y los carlistas ahogó toda preocupación reformista. Seis años de absoluta inestabilidad y desgobierno pusieron al Estado al borde de la desintegración. La situación llegó a ser desesperada; tanto que el mismo Ejército que había destronado a Isabel II proclamó rey a un hijo suyo a finales de 1874. Antonio Cánovas de Castillo, antiguo dirigente moderado y promotor de la candidatura de Alfonso XII, se encargó de dar forma legal a la restauración borbónica. Tuvo además habilidad suficiente para restablecer el orden y ganarse a la burguesía más liberal desencantada por la deriva excesivamente izquierdista y caótica de la revolución de septiembre.

El País Vasco también padeció los efectos desestabilizadores del periodo, que cuarteó el consenso mantenido hasta entonces por las elites y vinculó la suerte de los fueros a la resolución de una nueva guerra civil (1872-76). Como suele ocurrir en sociedades con un elevado componente teocrático, el conflicto político se manifestó en forma de disidencia religiosa. El detonante fue la política secularizadora del nuevo gobierno y, en concreto, la libertad de conciencia introducida en la constitución de 1869 contra el deseo de la jerarquía eclesiástica. El discurso integrista y neocatólico caló con facilidad en una sociedad adoctrinada por un clero parroquial numeroso que, protegido y sostenido por las autoridades provinciales, llevaba mucho tiempo predicando la perfecta sintonía entre política y religión, o, más exactamente entre catolicismo y fueros. Cerrilmente intransigentes, ultramontanos y antiliberales, los tradicionalistas se presentaron como los cruzados de la buena causa. Sostenían que los católicos no podían abandonar a la santa madre Iglesia en aquel trance sin hacerse cómplices de los apóstatas. Con Ramón Ortiz de Zárate, parlamentario en las cortes constituyentes, influyente articulista del Semanario Católico-Vasconavarro y ex Diputado general de Álava, llamaron a la movilización de los fueristas en nombre de la unidad religiosa.

Al grito de Dios y fueros, Jaungoikoa eta foruac en conocida expresión de Arístides Artiñano, gran parte de la población se movilizó en apoyo de sus párrocos, dio público testimonio de su fe firmando actas y acudió a multitudinarias manifestaciones donde se daban vivas a la religión y a los obispos, y mueras a la constitución. También votó masivamente por los candidatos tradicionalistas. Al celebrarse las consultas electorales por sufragio universal masculino, introducido precisamente por los revolucionarios, las estrepitosas derrotas de los liberales pusieron de manifiesto la verdadera correlación de fuerzas y cuestionaron desde el primer día la legitimidad del nuevo régimen en el país. Sirvan como muestra dos ejemplos muy reveladores: la primera corporación municipal verdaderamente popular de Vitoria fue disuelta en el verano de 1869 por orden gubernativa al negarse a jurar la constitución aduciendo escrúpulos de conciencia; bien es verdad que los electores alaveses se tomaron cumplida revancha en las elecciones generales de 1871, al designar como senadores a los obispos de Vitoria y de La Habana.

La disidencia religiosa acabó siendo instrumentalizada políticamente por el carlismo, siempre latente, aunque inactivo desde 1839. A través de multitud de letrillas, narraciones y relatos que corrían de boca en boca, la primera guerra carlista había sido mitificada e interiorizada como una formidable gesta heroica en defensa de las costumbres y las tradiciones del país. De manera que el carlismo permaneció en el imaginario colectivo más como un sentimiento idealizado que como una ideología política de perfiles definidos. Por ello resultó tan fácil activarlo cuando la actitud secularizadora de los gobiernos revolucionarios parecía amenazar la identidad colectiva y un sistema de valores más identificado con la tradición comunitaria que con el individualismo liberal. Desde esa perspectiva, la última guerra carlista también fue una guerra foral; lo fue porque una parte de la clase dirigente rechazó el cambio y quiso derribarlo por vía insurreccional. No lo hizo porque estuviera comprometida la particular situación administrativa del país, que todos los gabinetes ministeriales del sexenio prometieron respetar, sino por considerar incompatible el anticlericalismo del gobierno con su foralismo católico; dicho de otra manera, los tradiconalistas alentaron la sublevación porque su particular forma de ver el mundo, y de entender las relaciones sociales y las formas políticas, resultaba incompatible con los principios del liberalismo radical.

Conviene recordar, no obstante, que el carlismo no fue un fenómeno exclusivamente vasco. En palabras del periodista y político conservador catalán Mañé y Flaquer, representó la protesta armada contra los excesos revolucionarios. Como movimiento político contrarrevolucionario fue inspirado y relanzado por los grupos sociales más conservadores de la derrocada monarquía isabelina, que apoyaron sin fisuras al carlismo hasta que atisbaron la solución alfonsina. Tampoco cabe suponer a todos los vascos identificados con la causa del Pretendiente. Aunque minoritario y circunscrito a la ciudades, también hubo un fuerismo liberal compatible con la tolerancia religiosa y los ideales democráticos. De manera que, salvando las distancias y las circunstancias concretas, en la última guerra carlista se volvieron a repetir los esquemas de la primera: reacción contra revolución, legitimismo tradicionalista contra liberalismo radical y campo contra ciudad, con el País Vasco como principal escenario de la contienda.

Volviendo al caso alavés, desde 1870 funcionaba una junta carlista clandestina encargada de preparar el alzamiento. Las primeras partidas aparecieron aquel mismo verano ante la complaciente pasividad de las autoridades forales. El Diputado general Francisco María de Mendieta resultó sospechoso de connivencias con los insurgentes y el gobernador civil disolvió la compañía de miñones por su complicidad. Pero la insurrección no se generalizó hasta el verano de 1872. Entonces la plana mayor del carlismo alavés cruzó las líneas y se puso al servicio de don Carlos. Entre ellos estaban Ramón Ortiz de Zárate, Rodrigo Ignacio de Varona y Francisco María de Mendieta, todos ex Diputados generales, y, además, los dos primeros parlamentarios en ejercicio.

Entretanto, los dirigentes de la minoría liberal permanecieron leales al gobierno central y se hicieron cargo de la administración local y provincial. Encabezados por Ladislao de Velasco, buscaron un nuevo abrazo de Vergara sobre la fórmula de paz con fueros; pero esta vez no encontraron ningún Maroto en las filas de don Carlos. Con la proclamación de Alfonso XII comenzó el principio del fin de la guerra carlista, que se aceleró tras el descalabro de las tropas del Pretendiente a las puertas mismas de Vitoria en la sangrienta batalla de Zumelzu (7-VII-1875). Meses más tarde, en febrero de 1876, los restos del derrotado ejército carlista buscaban refugio en Francia por Dantxarinea.

Tal como temían los liberales vascos, al término de la guerra civil las Cortes exigieron revisar la cuestión foral. Ni el momento ni las circunstancias podían ser menos favorables. Una formidable campaña de prensa acusaba a las instituciones forales de haber instigado la sublevación, mientras Práxedes Mateo Sagasta anunciaba a los cuatro vientos que su grupo votaría la supresión. Pero Canovas, jefe de gobierno y de la mayoría parlamentaria, prefería retomar la ley de fueros de 1839 y abordar la negociación pendiente desde entonces con las Diputaciones vascongadas. La noticia pilló a contrapié al fuerismo liberal. Desestructurado y sin un proyecto concreto que defender, carecía de la unidad, la coherencia y la amplitud de miras necesaria para abordar con éxito la negociación.

En Álava, la remodelación del grupo dirigente había comenzado en 1867. Con motivo de la polémica reelección de Pedro de Egaña como Diputado General, se enfrentaron dos bandos bien delimitados. El egañista estaba formado por los notables rurales que habían venido rigiendo los destinos provinciales desde el final de la primera guerra carlista bajo el liderazgo de los Ortés de Velasco (difunto), Blas López (también difunto) o Benito María de Vivanco. La oposición, que a la postre salió vencedora, estaba encabezada por Ortiz de Zárate, Bruno Martínez de Aragón, y Ladislao de Velasco. Destacados miembros del patriciado vitoriano los cuatro, rechazaban tanto la supremacía de los hidalgos rurales en el gobierno provincial como la (a su juicio) excesiva condescendencia y las componendas de los egañistas con el gobierno central. De manera que al término de la guerra y pesar de la defección carlista de Zárate, los intransigentes dominaban la política provincial a través del Diputado general (Domingo Martínez de Aragón) y de los dos diputados a cortes (Bruno Martínez de Aragón, hermano del anterior, y Mateo Benigno de Moraza, consultor además de la Provincia).

También Bizkaia y Gipuzkoa estaban dominadas por los intransigentes. Partidarios del todo o nada, rechazaban cualquier tipo de negociación. Por eso cuando el 1 de mayo de 1876 Cánovas convocó a los representantes de las Diputaciones vascas, éstos se limitaron a presentar sus credenciales y a reclamar la conservación íntegra de los fueros recurriendo a los viejos lemas de la cultura foral. De esa forma dejaron campo libre al Presidente del Gobierno, que tenía prevista una solución pragmática: la unidad constitucional (reclamada por la opinión pública) no tenía por qué desembocar en el uniformismo administrativo (rechazado por los liberales vascos). Cánovas no deseaba la abolición de las instituciones forales, sino que las Diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia aceptaran el precepto constitucional que obligaba a todas las provincias a contribuir con hombres y dinero al sostenimiento del Estado. Sentado este principio, estaba dispuesto a discutir sobre formas, cantidades y procedimientos para llevarlo a cabo. Por formación y talante, Cánovas estaba más en sintonía con el regionalismo conservador y aristocratizante del Reich alemán que con el rígido centralismo jacobino de la III República francesa.

En un clima caracterizado por la incomprensión y la desconfianza mutua, con el país todavía sometido al estado de guerra y ocupado militarmente, la Ley de 21 de julio de 1876 desagradó profundamente a la sociedad vasca. Las Diputaciones decidieron no colaborar en su aplicación, cuyo concurso resultaba imprescindible porque el gobierno carecía del soporte administrativo necesario para organizar la recluta y recaudar las contribuciones. A pesar de haberlo intentado por todos los medios posibles, Cánovas no consiguió que cambiaran de opinión. Martínez de Aragón presentó su renuncia el 23 de febrero de 1877 y poco después, el 17 de marzo, se autodisolvió la Diputación de Bizkaia. Harto de la estrategia dilatoria y obstruccionista de los maximalistas, el Presidente de gobierno procedió sin contemplaciones. Ordenó a los gobernadores civiles que disolvieran las instituciones forales y que impidieran reunirse nuevamente a las Juntas. También nombró por decreto unas Diputaciones provinciales compuestas por transigentes, que también los había, y en Álava estaban liderados por Benito María Vivanco.

Mucho más pragmáticos y posibilistas, los transigentes rechazaban la idea del todo o nada. Hubieran preferido mantener la situación anterior. Pero sabían que eso era del todo imposible y que estaba en juego la autonomía administrativa y de las provincias vascas. Por eso aceptaron negociar el desarrollo de la Ley de 21 de julio, aunque los intransigentes los acusaban de traidores a los fueros y al país.

Las conversaciones dieron como resultado la concertación de un nuevo régimen político-administrativo, que entró en vigor por Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Se basaba en el concierto económico; es decir en el reconocimiento de la plena capacidad de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia para establecer, recaudar e invertir sus propios impuestos a cambio de una cantidad anual previamente pactada -el cupo- como aportación a los gastos generales del Estado. Con el fin de poder desarrollar sus nuevas atribuciones financieras, las Diputaciones provinciales de los tres territorios vieron incrementadas sus competencias con las que tenían las extinguidas Diputaciones forales en materia fiscal. De manera que el régimen concertado, por lo demás muy semejante al que regía en Navarra desde 1841, garantizó aunque por otros medios la continuidad de la tradicional autonomía administrativa y fiscal de las provincias vascas.

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JOO 2002

La subida al trono de Alfonso XII, el final de la Segunda Guerra Carlista y la abolición foral vasca, a partir de la ley de 21 de julio de 1876, abrieron en la historia contemporánea un nuevo período, que se conoce con el nombre de Restauración (1876-1923), caracterizado por la estabilidad política -frente a los continuos cambios del siglo XIX- y que comenzó con la nivelación de las instituciones alavesas con el conjunto español. Sin embargo, el sistema de Conciertos Económicos -iniciado en 1878 y sucesivamente renovado en el caso alavés hasta la actualidad- significó el establecimiento de una autonomía fiscal y administrativa propia, con una Diputación que contaba con importantes competencias.

El régimen político de la Restauración, organizado a partir del turno pacífico en el poder de los dos partidos dinásticos, el Liberal y el Conservador, se basaba en una gran desmovilización política de la población, aunque funcionó relativamente bien hasta 1898. En Álava se aplicó inicialmente con bastante fidelidad este esquema. Tanto el Partido Conservador como el Liberal eran partidos de notables, de casi nula organización y afiliación, que se limitaban a establecer una limitada clientela con la que trataban de asegurarse el control político y electoral de la provincia. La adscripción a uno u otro de los partidos del turno obedecía en ocasiones más a razones fortuitas de amistad o clientela personal que a profundas diferencias ideológicas. Mayor fuerza popular -aunque ambos sufrieron problemas y escisiones en estos años- tenían el carlismo, reintegrado a la vida política a partir de 1881 y con Ramón Ortiz de Zárate como dirigente más importante, y el republicanismo (cuyo principal líder era Ricardo Becerro de Bengoa). Desde 1876 hasta el establecimiento del sufragio universal masculino, en 1890, los resultados de los dos distritos en que se dividía electoralmente Álava (Vitoria y Amurrio) siguieron con extremada fidelidad los resultados generales en España, cumpliéndose así el sistema del turno pacífico. Las únicas excepciones tuvieron lugar en la capital, donde el sistema caciquil contaba con menos mecanismos y con una menor capacidad de control.

La ley electoral de 1890, que introdujo el sufragio universal masculino, no cambió sustancialmente las características de las elecciones celebradas bajo sufragio censitario, en especial en los distritos de Laguardia -creado en 1890- y Amurrio. La fidelidad de los resultados alaveses al turno estatal se mantuvo en líneas generales hasta 1923, aunque la desintegración del sistema de la Restauración comenzó a reflejarse en la aparición -sobre todo en el distrito de Vitoria, el más permeable a la modernización- de elementos extraños al sistema (carlistas y republicanos). Frente a la relativa renovación política de Vitoria, la situación era diferente en los otros dos distritos electorales alaveses, los de Amurrio y Laguardia, donde el caciquismo, al tratarse de zonas rurales, pudo mantenerse con mayor vigor. En el distrito de Amurrio, la familia de los marqueses de Urquijo, notables relacionados con entidades financieras, ejerció un dominio casi absoluto. La actuación de los Urquijo -a diferencia de lo que sucedía con otras familias de notables- era autónoma, al no definirse ni como conservadores ni como liberales. El predominio de los Urquijo sobre el distrito de Amurrio no disminuyó con el correr del tiempo, sino que incluso se extendió desde principios de siglo al resto de la provincia, mediante el control de la Diputación, en la que los urquijistas electos por Amurrio ocupaban generalmente los principales cargos.

A finales del siglo XIX y principios del XX irrumpieron en Álava dos nuevas fuerzas políticas: el socialismo y el nacionalismo vasco. En ambos casos su implantación fue escasa, afectando sobre todo a la capital. Así, los socialistas no lograron crear ninguna agrupación fuera de Vitoria-Gasteiz y la expansión del nacionalismo en la parte rural de la provincia fue también bastante lenta: en 1919 sólo existían Juntas Municipales nacionalistas, además de en Vitoria, en otros tres ayuntamientos del norte de Álava. El resto de los partidos políticos también sufrió cambios y escisiones en las primeras décadas del siglo XX. Especial repercusión tuvo en Álava la escisión del Partido Conservador, que se produjo en 1913 entre Eduardo Dato -al que terminaron apoyando, dada su vinculación familiar con Vitoria, la mayor parte de los conservadores alaveses- y Antonio Maura.

Todo ello tuvo su reflejo en la vida política y electoral de la provincia. Así, el dominio carlista en la capital llevó a la constitución en 1915 de la Alianza Patriótica Alavesa, conglomerado anti-carlista constituido bajo el patrocinio del influyente político conservador Eduardo Dato. Esta Alianza, nacida como un "partido ajeno a toda política para el Fomento de Vitoria", integraba a la casi totalidad de los grupos políticos no carlistas y consiguió durante algunos años tanto el dominio del Ayuntamiento de Vitoria como la elección de Eduardo Dato como diputado por Álava hasta su fallecimiento en 1921. A partir de 1917, el datismo perdió fuerza en la provincia y algo menos en la capital, a causa de la recuperación de los carlistas en la zona rural y de las reticencias de los republicanos en Vitoria. La desintegración de la Alianza datista facilitó la ascensión de nuevas fuerzas políticas (sobre todo del nacionalismo vasco, en la capital) e hizo posible también un mayor auge del urquijismo, que continuó extendiendo su influencia fuera del distrito de Amurrio.

Frente a la acelerada industrialización de Bizkaia en el último tercio del siglo XIX y a la modernización que -a un ritmo distinto- fue alcanzando Gipuzkoa, la situación económica y social de Álava evolucionó muy lentamente hasta prácticamente mediados del siglo XX. La población de Álava apenas se incrementó entre 1860 (96.000) y 1920 (98.000), de los que un tercio se concentraba en la capital, que creció lentamente en estas décadas. La agricultura siguió siendo la principal fuente de riqueza de Álava, destacando el desarrollo del viñedo en la Rioja alavesa (a pesar de la incidencia de la crisis de la filoxera a finales del siglo XIX) y el incremento de la producción, sobre todo en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial (introducción de maquinaria, cultivos intensivos de patata, remolacha, etc.). Por el contrario, la industrialización fue lenta, reduciéndose a Vitoria (una ciudad centrada en los servicios tradicionales -ejército, clero, administración, etc.-, donde sólo un 30 % de la población se dedicaba al sector industrial, aunque en realidad se trataba más de talleres que de verdaderas fábricas) y a algunos núcleos aislados, como la metalúrgica de Ajuria y Urigoitia en Araya o la fábrica de asfaltos de Maestu.

El diferente desarrollo económico de Álava frente a las otras provincias vascas fue unido a una situación social más tradicional, que sólo fue evolucionando en las primeras décadas de siglo en la capital, mientras el resto de Álava se mantenía casi estancado. El cambio en la vida social y en las mentalidades (aparición de prensa popular, práctica del deporte moderno, nuevos ámbitos de sociabilidad, irrupción del cine, etc.) afectó sobre todo a Vitoria. El desarrollo del movimiento obrero fue muy diferente al de Bizkaia, caracterizándose inicialmente por su moderación. En 1897 se fundó la primera sociedad de oficios varios y en 1900 tuvo lugar la primera huelga destacable. Los diferentes sindicatos (Católicos, UGT, CNT y ELA-STV) tuvieron fuerza sobre todo en la capital y muy poco en el resto de Álava. Este proceso de cambio social afectó menos a otros ámbitos, como el de la mentalidad y práctica religiosa, que siguió siendo muy alta en toda Álava (incluida Vitoria) durante toda la primera mitad de siglo XX.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se instauró sin grandes sobresaltos en Álava, entre la apatía y la indiferencia de muchos y el apoyo más o menos entusiasta de bastantes (comenzando por los carlistas), que esperaban que una solución autoritaria resolviera definitivamente la crisis del sistema de la Restauración. La vida local estuvo controlada por los sucesivos gobernadores civiles, entre los que destacó Ladislao Amézola, que fracasaron en su intento de insuflar vida real a las instituciones políticas promovidas por la Dictadura (como la Unión Patriótica y el Somatén). La Dictadura primorriverista se llevó por delante al viejo sistema de la Restauración, desapareciendo definitivamente los partidos dinásticos, algunos de cuyos líderes más destacados (como la familia Martínez de Aragón) terminaron apoyando la causa republicana.

Durante la Segunda República (1931-1936) se abrieron paso fuerzas emergentes en Álava, aunque algunas tenían décadas de historia. La Comunión Tradicionalista, representada por la sociedad Hermandad Alavesa y por su líder, José Luis Oriol, se convirtió en el principal partido político de Álava, venciendo con claridad en todas las contiendas electorales a partir de 1933. En la derecha, su predominio sólo fue ligeramente cuestionado por la pujante aparición en 1936 de la CEDA. El PNV, superando el carácter casi testimonial que había tenido, salvo en la capital, antes de 1923, se convirtió en el segundo partido político de la provincia. Por último, republicanos y socialistas brotaron con fuerza en 1931, controlando las principales instituciones alavesas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la división de los republicanos en diversos partidos, sus problemas internos y de coordinación con el PSOE y las dificultades por la que atravesó la República, llevaron a una crisis de la izquierda en Álava, de la que sólo se recuperó en la etapa final de la República, con la formación de Izquierda Republicana.

El proceso autonómico vasco ,intentado ya infructuosamente en 1917-1919, incidió sobre la política alavesa de la época. En 1931 el Estatuto de Estella fue rechazado por la izquierda alavesa, que sin embargo apoyó tras el fracaso del proyecto auspiciado por el PNV y el carlismo. el constitucional Estatuto de las Gestoras. El proceso dio un giro en 1932 cuando Oriol, tras la salida de Navarra del Estatuto conjunto, modificó su postura y la pasó a oponerse a la entrada de Álava en la autonomía vasca. La alta abstención alavesa en el referéndum estatutario de noviembre de 1933 hizo que Oriol intentara que las Cortes de mayoría radical-cedista del segundo bienio aprobaran la exclusión de Álava del Estatuto, petición a la que se negaron finalmente ya en 1936 las Cortes del Frente Popular, aunque el Estatuto no entró en vigor hasta después del inicio de la Guerra Civil.

Además del aspecto político, los años treinta se caracterizaron por la incidencia de la crisis económica, que provocó un incremento del paro, escasez de vivienda y aumento de las huelgas y tensiones sociales. Sin embargo, la situación alavesa no tuvo casi nada que ver con lo sucedido en otras provincias más industrializadas o de latifundismo agrario. De hecho, Álava contaba con una estructura social relativamente integrada. Sólo entre 1930 y 1932, coincidiendo con el auge de la CNT se incrementó la conflictividad social, que disminuyó después, mientras crecía la implantación de otros sindicatos (UGT y sobre todo ELA-STV, que pasó a ser el sindicato con más afiliados).

La Guerra Civil (1936-1939) dividió en dos el territorio alavés, al triunfar sin apenas resistencia el alzamiento dirigido, en la nutrida guarnición militar vitoriana, por Camilo Alonso Vega, apoyado por buena parte de la población civil, y especialmente por los requetés (voluntarios carlistas) que llegaron sobre todo desde la zona rural alavesa. Mientras casi toda Álava quedaba en manos de los sublevados, la parte norte (Aramaio y la cuenca cantábrica), vinculada a Bizkaia, permaneció en la zona leal a la República. Tras varios intentos de modificar la línea divisoria, el frente alavés no se movió prácticamente hasta la primavera de 1937, cuando el ejército franquista conquistó todo el territorio vasco, incluida la Álava republicana. De forma directa, el enfrentamiento bélico afectó poco al territorio alavés, con la excepción de la batalla de Villarreal (Legutiano), consecuencia de la fracasada ofensiva emprendida por el ejército vasco-republicano a finales de 1936.

Sin embargo, las consecuencias de la guerra fueron grandes: el hambre, los problemas económicos, el racionamiento de los productos de primera necesidad y la represión afectaron a la provincia. Aunque la represión franquista en Álava (seguimos sin contar con estudios sobre la zona republicana) fue de menor magnitud que en otras provincias, hubo unas ciento setenta muertes, además de encarcelamientos, destituciones, multas e incautaciones de bienes. Todas las entidades provinciales, comenzando por la Diputación, fueron depuradas, y lo mismo sucedió con el clero acusado de simpatizar con el nacionalismo vasco. La censura y el control oficial afectaron a todas las manifestaciones públicas, desde la prensa al cine, la moda, el deporte y la religión. Incluso el obispo de Vitoria, Mateo Múgica (a pesar de haber apoyado públicamente a los alzados en agosto de 1936), fue obligado a abandonar su diócesis y a marchar al extranjero.

Durante la guerra, se fue construyendo un nuevo orden, basado en elementos militaristas, fascistas y católico-tradicionalistas, en una amalgama autoritaria teñida de nacionalismo español. Militares y civiles procedentes de la Comunión Tradicionalista, de Renovación Española, de sectores católicos o patronales, de la época de la Dictadura de Primo de Rivera y en menor medida de Falange ocuparon los cargos oficiales, a pesar de las disputas internas entre los diversos sectores del régimen.

Los años de la dictadura de Franco fueron una época de escasas transformaciones en el ámbito político, pero no en cuanto a la modernización económica, demográfica e incluso social, que afectó a Álava entre 1939 y 1975. A pesar de la permanencia en España de un régimen político anclado en la cultura de la reacción contra la modernidad, la provincia (y en especial, su capital) sufrió en los años finales del franquismo (entre 1960 y 1975) unas transformaciones más profundas que en el conjunto de las primeras seis décadas del siglo. Así, la población de Álava pasó de 104.000 habitantes en 1930 a 238.000 en 1975, aunque este crecimiento se concentró en la capital y en algunos núcleos (como Llodio), mientras el agro alavés perdía constantemente población. Sin embargo, la posguerra estuvo caracterizada por el estancamiento económico, las dificultades en la vida cotidiana y la involución social. Frenando el proceso de modernización de la República, el asfixiante clima del nacional-catolicismo de la posguerra sumió a Álava en un ambiente social romo y homogéneo, que apenas se diferenciaba de cualquier otra provincia española de los años cuarenta.

La situación comenzó a cambiar a principios de los años sesenta, cuando la acelerada industrialización dio lugar a una transformación económica y social sin precedentes, que -al afectar sobre todo a Vitoria- incrementó la macrocefalia vitoriana y las diferencias entre la capital y la provincia.

Vitoria, Llodio y en menor medida Amurrio se convirtieron en potentes núcleos industriales y recibieron oleadas de inmigrantes, mientras que la renta media alavesa ascendía a marchas forzadas, alcanzando los primeros lugares en el conjunto de España. Las causas de este proceso de industrialización de los años sesenta fueron la situación estratégica de la provincia y la acción de las instituciones locales (que habían mantenido el Concierto Económico, derogado por Franco para Bizkaia y Gipuzkoa) y que pudieron actuar con cierta autonomía para facilitar el desarrollo económico (mejora de las carreteras, exención de impuestos a nuevas industrias, etc.).

Junto al progreso económico, Álava se transformó también rápidamente desde 1960 en el aspecto social y en las mentalidades. Nuevas costumbres y formas de pensar fueron introduciéndose entre la gran mayoría de la población alavesa, a través del cine, la televisión, la movilidad producida por la generalización progresiva del automóvil, el turismo, la mejora de las comunicaciones, la socialización del deporte y una cierta renovación cultural, también vasquista, aunque no siempre con el mismo cariz nacionalista vasco que teñía la oposición cultural en Bizkaia y Gipuzkoa. Se trató de una transformación lenta y progresiva, ya que la estructura del régimen servía de freno a cualquier intento de sobrepasar ciertos límites en esos cambios.

Y es que, mientras cambiaban la economía y la sociedad, no se produjeron las mismas transformaciones en el ámbito político. En la posguerra, el principal fenómeno político fue la división y la progresiva crisis del carlismo, que hasta 1936 había sido el grupo político claramente hegemónico en Álava y que fue viendo cómo su personalidad se diluía en el conjunto del franquismo. Junto a otros factores, es posible que influyera en la agonía del carlismo alavés el hecho de que su principal líder, José Luis Oriol, fue abandonando la ideología carlista y englobándose en un difuso franquismo católico-reaccionario, mientras dejaba al tradicionalismo alavés herido de muerte por sus discrepancias internas en torno a la sucesión al trono carlista, a la colaboración con el partido único del régimen o por cuestiones de poder o de simpatías personales. Ante la debilidad del falangismo, los cuadros locales del régimen en Álava se reclutaron entre tradicionalistas, católicos sin exacta definición política o representantes de intereses económicos (José María Díaz de Mendívil, Lorenzo de Cura, Luis Ibarra, Manuel Aranegui, etc.). La vida política de la provincia apenas se alteraba de vez en cuando con las visitas de Franco (que fue nombrado en 1945 diputado general de honor de Álava), la renovación del Concierto Económico o algunos intentos de recuperar cierta tradición foralista (incorporación del título de "Foral" para la Diputación de Álava en 1938, restauración meramente folclórica de unas Juntas Conmemorativas de Álava, etc.), tratando de emular el ejemplo navarro.

En la posguerra, la oposición contra el franquismo apenas existió en Álava, siendo los reducidos núcleos del PNV prácticamente los únicos que pudieron llevar a cabo algunas acciones aisladas. Entre ellas destacaron la red de espionaje dirigida por Luis Álava (que fue desmantelada y ejecutado su líder en 1943) o la propaganda con motivo de la inauguración del monumento a Fray Francisco de Vitoria en 1946. A pesar de todo, Álava era considerada una provincia "dudosa" en los informes gubernamentales previos al referéndum franquista de 1947, en el que sin embargo los resultados oficiales reflejaron unas cifras abultadas de votos afirmativos. En este sentido, la huelga general de 1951 -que fue ampliamente seguida por los sectores obreros de Vitoria-Gasteiz- tuvo un carácter de protesta contra las dificultades económicas, y no (como sucedió en Bizkaia y Gipuzkoa) un cariz político. No obstante, la represión afectó al PNV y a otros grupos de oposición, que quedaron casi desmantelados.

Ni siquiera en los últimos años del franquismo hubo en Álava un incremento de la oposición semejante al que puede observarse en otras provincias. Es cierto que se hicieron más frecuentes las huelgas, pero ni éstas llegaron a tener la virulencia de otros lugares, ni ETA (máximo representante de una nueva forma de oposición en Vasconia) tuvo una gran influencia y lo mismo sucedió con el Partido Comunista. Sí se produjeron cambios en los márgenes del sistema, con la constatación de que los cambios sociales producidos en la última década eran incompatibles con un régimen político anacrónico. Así sucedió con el mundo de la cultura y el deporte (con grupos culturales o de montaña utilizados como formas de sociabilidad ajenas a los ámbitos oficiales) o con la propia Iglesia, que, al tiempo que entraba en una importante crisis (perceptible en la desertización del hasta hacía poco superpoblado seminario diocesano de Vitoria), abandonaba su legitimación del franquismo, dividiéndose el clero y los fieles entre varias opciones socio-políticas. Fue precisamente en estos ambientes más o menos tolerados por el poder (habitualmente dada su dependencia eclesiástica) donde fue posible comenzar a hacer cierta política dentro del franquismo tardío y en los que se forjaron las personas que entraron en las instituciones locales (sobre todo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) en los años finales del franquismo y que continuaron en ellas con la Transición y la democracia.

Una nueva etapa en la historia de Álava se abrió con la muerte de Franco en 1975. Álava participó en la Transición política, adquiriendo su capital cierto protagonismo con los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores resultaron muertos por disparos de la policía. El hecho marcó las diferencias con las vecinas Bizkaia y Gipuzkoa, ya que la influencia del nacionalismo vasco no fue la causa del principal conflicto alavés durante la Transición, sino que fue originado por un fuerte movimiento obrero de carácter asambleario. Posteriormente, los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y ELA-STV) tomaron el mando del movimiento obrero alavés y la vida política y social recuperó la menor conflictividad característica de la evolución histórica alavesa, frente a las habitualmente más problemáticas provincias costeras vascas. Desde la Transición, la crisis económica afectó seriamente a la industria alavesa (con especial crudeza en la zona de Llodio), ralentizándose el crecimiento demográfico de la provincia, que pasó de 238.000 habitantes de 1975 a 285.000 en 1997 (de los que casi el 80 % se concentran en Vitoria). No obstante, el impacto de la crisis económica nunca fue tan intenso como en las dos provincias costeras y en los últimos años del siglo XX se ha producido un proceso de recuperación de la economía alavesa.

Desde el punto de vista político, Álava también ha llevado una trayectoria algo distinta del resto de las provincias vascas desde 1977 hasta la actualidad. A diferencia de lo que había sucedido en los años treinta, la "cuestión alavesa" no fue -como la navarra- objeto de discusión en el proceso autonómico vasco de la Transición y Vitoria-Gasteiz pasó en 1979 a ser la capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, la fuerte irrupción en 1990 de un partido alavesista, Unidad Alavesa, remarcaba la peculiar cultura política de este territorio histórico. Continuando con una tradición anterior a la Guerra Civil, la presencia del nacionalismo vasco ha seguido siendo menor que en Bizkaia y Gipuzkoa, con gran diferencia entre los diversos tipos de elecciones (locales, autonómicas y generales) y entre el ámbito rural y la capital. En ésta, el nacionalismo ha tenido en general menor apoyo electoral, mientras que fuera de Vitoria el PNV se ha instalado con fuerza, aunque algunos municipios importantes se han convertido en feudos de otros partidos (Herri Batasuna en Llodio, el Partido Popular en Laguardia, etc.).

El nacionalismo vasco nunca ha sido mayoritario en Álava en unas elecciones a Cortes, en las que siempre ha triunfado la opción más votada en el conjunto de España. Sin embargo, el poder municipal -incluyendo a Vitoria-Gasteiz hasta 1999, con la figura de José Ángel Cuerda- ha estado desde 1977 en manos del PNV Algo semejante ha sucedido con la Diputación, en cuyo ejecutivo siempre ha participado el PNV hasta la misma fecha, aunque el PSOE tuvo la presidencia (con Fernando Buesa como diputado general) entre 1987 y 1991. En las elecciones de 1999, el Partido Popular alcanzó la alcaldía de Vitoria-Gasteiz y la Diputación de Álava, rompiendo veinte años de predominio nacionalista y enlazando con la tradición política alavesa anterior, menos permeable al nacionalismo, lo que ha convertido a Álava en un caso específico dentro la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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