Kontzeptua

Pacto de San Sebastián

Se denominó así el pacto establecido el 17 de agosto de 1930 entre diversas agrupaciones republicanas y regionales para el establecimiento de una República en España. Acontecimiento nimio de la estación veraniega si hemos de atenernos a la prensa de 1930, iba a resultar, por mor de los acontecimientos ulteriores y, en especial, merced a la historiografía "a posteriori", un suceso trascendental sobre el que creemos necesario afinar al extremo el sentido crítico por dos razones:

1.- Porque "el compromiso de San Sebastián no fue una cosa insospechada ni nueva para muchos de los reunidos; en otros momentos que habían parecido propicios se habían pactado, en Barcelona, en París o Bruselas, condiciones parecidas durante los seis años". [Aiguader, Jaume: Catalunya i la Revolució (1920-1931), Barcelona, 1931, p. 90].

2.- Porque "no existió texto escrito ni firmado del pacto de San Sebastián; todas las versiones y textos que se nos han querido proporcionar como oficiales son interpretaciones personales de diversos personajes, muchos de los cuales, sin haber siquiera intervenido en las reuniones, han querido utilizar el famoso pacto como un instrumento de sus particulares apreciaciones partidistas". [Carrasco I Formiguera, M.: El pacte de San Sebastiá, Barcelona, 1931, p. 49].

Por ello, creemos necesario basarnos para su tratamiento en relación con la autonomía vasca, en testimonios no sólo coetáneos sino, a ser posible, presenciales, que vamos a utilizar con preferencia a otros. Desde febrero de 1930 las diversas fuerzas republicanas habían iniciado un proceso de convergencia que les permitiera constituir una plataforma susceptible de aglutinar a todos los enemigos de la Dictadura y, más adelante, de la Monarquía. La convergencia se efectuó a finales de la primavera. El siguiente paso fue la búsqueda de alianzas, paso en el que desempeñó un papel fundamental Marcelino Domingo, ex-diputado catalán en Cortes y fundador del Partido Radical-Socialista. Domingo impulsó la conjunción entre los republicanos -Derecha Liberal republicana capitaneada por Alcalá Zamora, Alianza Republicana dirigida por Lerroux y Azaña, y su propio partido- con las formaciones catalanas situadas a la izquierda de la Lliga y del monarquismo catalán.

En una versión propia de la gestión, Domingo dice que el tema se suscitó en una conferencia que dió en fechas anteriores en el Ateneo de Barcelona a los partidos republicanos catalanistas:

"La síntesis del discurso era ésta: estando dispuestos los republicanos de España a reconocer la personalidad de Cataluña y estatuir una República federal, el deber de los republicanos catalanistas, por catalanistas si no querían ver este deber como republicanos, estaba en colaborar estrecha y responsablemente con los republicanos españoles en la obra revolucionaria que posibilitaría el cambio de régimen".

AHN, GC, PS Bilbao, leg. 190].

La elección de San Sebastián no fue casual. Ciudad veraniega por antonomasia, en ella -y en la costa vascofrancesa-, residía durante el verano no sólo la crema de la aristocracia española encabezada por los Reyes, sino también destacados representantes de la burguesía republicana como el Dr. Marañón y un núcleo local de relativa importancia estrechamente relacionado con el exilio. La convocatoria fue efectuada por José Salmerón.

El escueto relato aportado por Lerroux no parece dejar muy bien sentado el posteriormente reiterado autonomismo de los presentes:

"Era verano avanzado y parecía difícil juntar en Madrid a todos los representantes. Alguien propuso entonces que la reunión se celebrase en San Sebastián. Intervino Marcelino Domingo para proponer que se invitase a los catalanistas de todos los matices. Pero a Prieto no le pareció bien porque había lógicamente que invitar de igual modo a los nacionalistas vascos, entonces sus enemigos mortales. Sin embargo, como la invitación no comprometía a nada, se asintió con un encogimiento de hombros y se circularon las invitaciones".

Lerroux, A.: La pequeña historia, Madrid, s/f, p. 56. Acabada de escribir en Estoril el 15 de noviembre de 1937.

Según la primera nota oficiosa, publicada por casi toda la prensa local, asistieron a la reunión, -que se convocó primero en el Hotel de Londres y que, al estar éste vigilado por la policía, se efectuó finalmente en la sede de la Unión Republicana de San Sebastián, (Garibay 4,1)-, Fernando Sasiain (presidencia); Alejandro Lerroux y Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Álvaro Albornoz y Ángel Galarza, por el Partido Radical Socialista; Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura por la Derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco Formiguera por Acción Catalana; Jaime Aiguader, por Estat Catalá; Maciá Mallol por Acció Republicana y Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que, juntamente con el Partido Federal Español -el cual, en espera de acuerdos de su próximo Congreso, no pudo enviar delegación-, integraban la totalidad de los elementos republicanos de España. Asistieron también, invitados con carácter personal, Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset e Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir Gregorio Marañón, ausente en Francia, de quien se leyó una "entusiasta carta de adhesión" en respuesta a la invitación que con el mismo carácter se le hizo. Asistentes a los que habría que añadir, según el relato de Aiguader, a Ramón María Aldasoro entre otros "nacionalistas republicanos vascos" que no especifica.

La misma nota oficiosa tampoco ilumina al lector sobre la naturaleza de los acuerdos tomados pero sí sobre el carácter abierto del pacto:

"Examinada la actual situación política, todas las representaciones concurrentes llegaron en la exposición de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente expresada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas. La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de los demás organismos políticos y obreros que en el acto previo de hoy no estuvieron representados, para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que sin desmayos pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político".

Reconstruyendo la jornada con relatos de testigos presenciales y filtraciones a la prensa, vemos que la presencia catalana introduce un elemento perturbador de la feliz unanimidad republicana. Por la mañana "los representantes de Catalunya sacaron una impresión poco optimista en orden al reconocimiento de lo que para ellos era esencial". "Por la tarde -relata Carrasco Formiguera-, antes de entrar en acuerdos, los catalanes plantearon la necesidad de concretar las condiciones bajo las cuales adscribíamos o limitábamos nuestra intervención en las deliberaciones". "Piden -prosigue- una declaración previa de reconocimiento de la realidad viva del hecho concreto del problema catalán puesto que si el nuevo estado de cosas que puede suceder no tiene en cuenta el hecho de Cataluña, a nosotros no nos interesa el cambio (...) ni la revolución ni la república". Firme en su reivindicación del derecho de autodeterminación, Carrasco dijo: "si no queréis hablar del problema de Catalunya nosotros no tenemos nada que hacer aquí (...). Haceos cargo de que no venimos aquí a plantear un problema de administración sino de Patria". "Las frases enérgicas del Sr. Carrasco Formiguera convencieron a los demás, siendo Don Niceto Alcalá Zamora el primero en manifestarlo así". La discusión, pues, debió de ser viva pese a haber reconocido en el pasado todos los partidos republicanos presentes "la existencia del hecho diferencial de los pueblos de España". [Hernández Lafuente: Autonomía e integración en la II República, Encuentro, Madrid, 1980, p. 28].

La segunda nota oficiosa, redactada, también en San Sebastián, por los catalanes y supervisada por el resto de los concurrentes, contiene en su breve enunciado el meollo del reconocimiento de la cuestión catalana:

"1. Los reunidos en San Sebastián reconocieron unánimemente la realidad viva del problema de Cataluña y convinieron por tanto que el triunfo de la revolución suponía el reconocimiento inmediato de la personalidad de Cataluña y el compromiso por parte del Gobierno revolucionario de dar una solución jurídica al problema catalán". "2. La solución del problema tendría como base y fundamento la voluntad de Cataluña expresada en un proyecto de Estatuto o Constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña y aceptado por la voluntad de la mayoría de los catalanes expresada en referéndum votado por sufragio universal". "3. El Estatuto propuesto y votado por Cataluña habría de ser sometido, en la parte referente a la delimitación de atribuciones entre el Poder central y el Gobierno autónomo de Cataluña, a la aprobación soberana de las Cortes Constituyentes".

Carrasco I Formiguera Op. cit., pp. 54-55.

"En realidad -compendiará Marcelino Domingo- en San Sebastián sólo se debatió sobre el problema catalán, porque los otros acuerdos, el de disponerse una acción revolucionaria inmediata y nombrar el Comité ejecutivo que cuidara de articular y producir esa acción, se tomaron por unanimidad y sin discusión". Señala además que en los debates "la disconformidad estaba más en la interpretación de las respectivas posiciones que en la esencia de ellas". "Intervine yo, logrando aclarar las divergencias...: triunfante la República, Cataluña designaría sus autoridades municipales y provinciales sin intervención ninguna del poder central, confiriendo a estas autoridades la redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña que la representación parlamentaria catalana presentaría a las Cortes constituyentes"

Zanjado, pues, el contencioso catalán, la reunión se hubiera tal vez disuelto sin más de no mediar la intervención del regionalista gallego Casares Quiroga "que solicitó para Galicia y Vasconia un trato semejante, lo que significó una velada acusación de egoísmo a los catalanes por no haber hablado más que a favor suyo". "Contestamos -dice Aiguader- que proponíamos una federación y no creíamos pertinente que ésta (la autonomía) pudiera darse por igual y de una forma estereotipada y fría a todas las nacionalidades y regiones (...) que habiendo delegados gallegos y vascos creíamos que eran ellos a quienes correspondía hacer solicitudes semejantes contando con nuestro apoyo más decidido". [ Sempre en Galiza. Ed. Buenos Aires, 1944, p. 176]. Castelao As Burgas, acusará más adelante a Casares de tomar la palabra con el único objeto de rebajar -mediante la igualación de todas las regiones- el logro de los catalanes.

Sea lo que sea, el hecho es que dicha intervención suscitó la de los republicanos vascos, mudos al parecer hasta el momento en lo referente a la autonomía vasca. Prieto, al que creemos en posesión de la invitación de la SEV a tomar parte en la elaboración del informe autonómico de Bergara, dijo temer "que en manos de los nacionalistas vascos, entre los que predominan los reaccionarios, se produjera un Estatuto manifiestamente contrario al espíritu de izquierda. En el mismo sentido se expresó Saisain". Y a esto se limitó, según todas las fuentes recabadas, la intervención vasca cuyos temores fueron acallados mediante la fórmula de que "en ningún momento ni motivo estos estatutos podrían negar el espíritu liberal y democrático de la Revolución". [Aiguader: Op. cit., pp. 82-83].

Los reunidos en San Sebastián, acordaron, pues, reconocer a Galicia y a Vasconia un régimen semejante al de Cataluña, considerándose la solución adoptada "el comienzo de la realidad de la fórmula federal, aplicable a otras regiones que también se consideran con personalidad suficiente".

No solo faltaron a la cita donostiarra los nacionalistas vascos, como tantas veces se insistió, se reprochó y sigue insistiéndose. También el Partido Socialista o no fue invitado o, de serlo, declinó su asistencia por razones que no se explicitaron, quedando, sin embargo, claro que Indalecio Prieto asistía a título meramente personal. La ausencia socialista no puede causar extrañeza dado el comportamiento participacionista del partido a lo largo de toda la Dictadura. Incluso en el XII Congreso de 1928 había primado, con mucho, la postura continuista de Caballero, Saborit, Besteiro y Llaneza entre otros.

En el mismo, Enrique de Francisco, presidente del sindicato del papel de UGT de Guipúzcoa y futuro diputado, había expuesto la opinión mayoritaria de que "para nosotros, socialistas, hay una cuestión verdaderamente básica, que no es una cuestión de régimen político, que es una cuestión de régimen social", aunque el partido dejara una puerta abierta al aprobar una política de alianzas que contemplaba la posibilidad de tratos con "elementos liberales antidinásticos".

Pese a ello, ya desde finales de 1929 se había producido un cierto acercamiento de Largo Caballero hacia las posiciones republicanas de Prieto y de los Ríos. "El Partido Socialista -dirá Berenguer ( 1975-77) que según los informes oficiales era gubernamental y garantía del orden, no lo fue ciertamente con nosotros, mostrándose, desde el primer momento, huraño y desconfiado, dejando traslucir su subordinación a consignas internacionales, su marxismo y su enemiga a la Monarquía". Pero, aún así, habían de transcurrir todavía unos meses antes de que calara entre los dirigentes socialistas la disyuntiva "con el Rey o contra el Rey" y la posibilidad real de aliarse con la burguesía revolucionaria. La figura fundamental va a ser Prieto. "Al derrumbarse la Dictadura -dirá Maurín: La revolución española, Ed. Cenit, 1932- el movimiento socialista había cicatrizado las heridas recibidas en 1919-1923, pero estaba desprestigiado. Lo salvaron Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que, durante la Dictadura, fueron disidentes, en desacuerdo con la actitud colaboracionista de Largo Caballero- Besteiro-Saborit".

Prieto se lanzará, pues, casi solo a la trinchera republicana y hacia una política de atracción de determinadas capas del nacionalismo urbano vasco en vías de entablar batalla desigual por la modernización y secularización del viejo y dividido nacionalismo aranista. Este, a primera vista, no parece haber sido invitado a firmar el acuerdo de San Sebastián; esto es, por lo menos, lo que se desprende del silencio de Aguirre, cronista oficioso del período republicano, que salta sobre ascuas la etapa transicional, y de las escasas declaraciones, todas a posteriori, efectuadas por los más directamente concernidos. Que no fueron invitados, aducen Irujo y Solaun, varias décadas más tarde (Ibarzabal, E.:50 años de nacionalismo vasco. 1928-1978. Ed. Vascas, San Sebastián, 1978, pp. 15-16. También en Ibídem: Manuel de Irujo, Erein, San Sebastián, 1977, pp. 75-76); otros, como Jesús María de Leizaola, se encogen de hombros dando a entender que no prestaron la menor atención a un movimiento, el republicano de inicios de 1930, al que muy pocos nacionalistas atribuyeron entonces consistencia (Blasco Olaechea en Conversaciones, Idatz, 1982, p. 34).

Abonando esta afirmación podría citarse el hecho de que la prensa nacionalista de los primeros días republicanos dará una información de urgencia a propósito de este acuerdo sobre el que su opinión pública adicta no parece tener una cabal idea. Pero Prieto, y también Aldasoro, iban a alegar, aunque ya en plena campaña electoral y en las Cortes constituyentes de 1931, que la llamada existió y fue desatendida. Concretamente, Aldasoro afirmará que la inasistencia se produjo "a pesar de las gestiones del orador para que representantes del Partido Nacionalista acudieran a la reunión". Prieto añadirá, además -y con la confirmación de elementos de ANV que la negativa no fue consecuencia de una inadvertencia fortuita sino la obra de una prohibición expresa del obispo de la diócesis Mateo Múgica: "Porque entonces, concurrentes (los nacionalistas) a las primeras conferencias de carácter privado que nosotros realizamos para examinar las posibilidades de este bloque, una influencia superior, la misma que ahora les domeña, una llamada del palacio episcopal de Vitoria, dió por consecuencia que los nacionalistas, antes sumisos al poder romano que al afán de independencia del país, se negaran a combatir con nosotros contra la monarquía, aunque la derrota de la monarquía (...) supusiera (...) la implantación de la autonomía del país vasco...".

Sea ello lo que sea, el caso es que, como concluye Garat (1968-1969), "el nacionalismo vasco no reaccionó de forma pública conocida" y que incluso existen indicios que podrían conducir a aceptar, de forma hipotética, la intervención o, por lo menos, la directa influencia diocesana.

Influencia, aunque indirecta, antirrepublicana debió de ejercer la filípica de Múgica contra el semanario alavés Álava Republicana que, reproducida en el Heraldo Alavés y luego en toda la prensa católica de la diócesis e incluso de fuera de la misma, colocaba al republicanismo vasco el sambenito de "odiar a la Religión Católica, desprestigiar y perseguir en una u otra forma a sus Ministros y echar abajo en nombre de una libertad que es licencia y libertinaje, los únicos puntales que sostienen y pueden sostener el edificio social de España: la religión y la moralidad". (El texto en la prensa citada y en el BOOV del 12 de mayo de 1930).

Meses después, en agosto, una nueva polémica enzarzaba a republicanos y mugiquistas a propósito de la Fundación Ostolaza (biblioteca y escuela) de Deba que, creada por el "indiano" liberal José Manuel Ostolaza en 1928, atrajo la animadversión de ciertos sectores católicos y la condena del obispo Múgica, con la intervención airada de Pío Baroja y otras personalidades antimonárquicas.

Creemos, pues, importante, a la hora de enjuiciar el comportamiento de un colectivo tan adicto a la Iglesia como el nacionalista vasco, intentar calibrar, en la medida de lo posible, el considerable peso del comportamiento diocesano. ¿Existió intervención directa? A este respecto sólo poseemos una pista: el telegrama que el 5 de mayo de 1931 envían al obispo de Vitoria, en nombre del GBB del Partido Nacionalista ya reunificado, dos de sus miembros más preeminentes -Avelino Barriola y Policarpo Barrena- defendiéndose de la denuncia efectuada por el órgano integrista La Constancia que les imputaba el haber participado en el célebre Pacto. Ambos acusan concretamente a La Constancia de mantener y explotar "el equívoco de nuestra participación a sabiendas de que el hecho es falso". (La Constancia, 6 de mayo de 1931, p. 1).

La pregunta es inevitable: ¿Por qué habrían de disculparse ante el obispo los nacionalistas de no haber mediado un interdicto previo? A falta de mayores precisiones, difíciles de depurar dado el hermetismo de las fuentes, no seremos nosotros los que zanjemos el asunto. Sólo queremos reseñar, para mayor abundamiento dentro de la precariedad de esta hipótesis, que meses después del Pacto y al calor todavía de los hechos, Irujo lo calificó en un acto público "no (como) un compromiso de republicano para la República sino un compromiso de las izquierdas para instaurar un régimen laico, acatólico y ateo". (Irujo, Manuel de: La misión del nacionalismo. Conferencia pronunciada por Euzko-Etxea de San Sebastián el 29 de agosto de 1931, Tolosa, L. Mendizabal, s/f, p. 3).

Toda la historiografía posterior y algunos protagonistas nacionalistas señalan la trascendencia que tal ausencia tuvo en el discurrir posterior del autonomismo vasco. El profesor Granja (1986; 21-22) llegará incluso a afirmar que "de haber existido Acción Vasca en agosto de 1930, lo más probable es que hubiese participado en el pacto, con lo que el nacionalismo vasco no habría sido retratado tan peyorativamente como lo fue en San Sebastián".

El nacionalismo vasco, pues, no asistía la llamada del republicanismo (en caso de existir ésta). No olvidemos, sin embargo, que tampoco acudió Prieto a la que Eusko-Ikaskuntza efectuó el 7 de julio de 1930 destinada a recabar la opinión de todas las personalidades de relieve del País Vasco. Su presencia hubiera podido cambiar también el curso de los acontecimientos posteriores. Ni acudió la CNT -no invitada- ni el PC cuya dirección ejercía en aquel momento la Comintem, enemiga de apoyar una revolución que barruntaba como eminentemente burguesa.